Autor: María José Ferlini Cartín

Carlos Meneses Reyes

El columnista e investigador social Ariel Ávila presentó, en el mes de mayo del presente año de 2017, su libro “Seguridad y Justicia en tiempos de Paz” y en el que asegura que la Policía Nacional debe separarse del Ministerio de Defensa. Su propuesta de un profundo revolcón en la Policía Nacional la sustenta en la desigual distribución de los efectivos policiales en la ciudad y el campo, destacando que en 26 ciudades principales del país, que ocupan el 1% del territorio nacional asienta el 49 por ciento de la Policía lo cual implica que el 51% restante, en imposible y titánica labor debe suplir el cuido de un extenso territorio como el colombiano con un millón ciento cuarenta y dos (1.142) kilómetros cuadrados y población de cincuenta millones de habitantes; planteado dos jefaturas una rural y otra urbana. Con su investigación demuestra la necesidad de una reforma cuando en general el gobierno, los militares y los policías son conscientes de la urgencia de esa reforma; pero pesa más la tendencia militarista al seno de las fuerzas armadas que no lo ven con buenos ojos.

El acumulado bibliográfico sobre el tema de la militarización de la Policía Nacional abunda en que toda la estructura de la Policía Nacional debe modificarse. Denuncian la existencia de cacicazgos, a través de juntas de generales permisivas y cómplices en el acomodo de la planta de personal. La inexistencia de una aplicación de carrera policial, a la que se llegue por méritos cívicos, antecedentes en el servicio con la comunidad, capacidad operacional. El desconocimiento de beneficios prestacionales, y de equitativos balances de nivelación de sueldos, coartando sus días de descanso, sometiéndoles a jornadas de trabajo que atentan contra la dignidad humana, rompiendo la unidad y armonía de sus familias, denunciando el abuso sexual, tanto heterosexual como homosexual, el incremento de violencia de género en sus filas; así como alto índice de registro de suicidios. Torrentes de tinta escrita sobre la corrupción reinante y campante y el involucramiento de generales directores de la institución en investigaciones criminales. Todo ello unido al manipuleo de los ejercicios internos de contra inteligencia aplicados para mentir y desfigurar la verdadera realidad caótica de la institucionalidad policial.

Resumiendo, la Policía Nacional de Colombia (La Policía), hace parte de la Fuerza Pública. El artículo 216 (CPC), sentó: “La Fuerza Publica estará integrada por las Fuerzas militares y la Policía Nacional”. Según el artículo 218, inciso segundo, ibidem, “La policial nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación…”. Pero esto no le da vocación civilista; por el contrario, la integra a un carácter de policía militar. Asimilado su régimen de carrera, prestacional, disciplinario, de fuero especial y con identidad de cuerpo militar; no deliberante, sin poder ejercer la función del sufragio, al igual que los militares, por ser integrante de la Fuerza Pública. Los grados son los mismos del cuerpo militar. Ascienden al generalato. La romántica idea del policía del barrio, de la guarnición policial, del comandante del puesto, del servidor público con derecho a sus reivindicaciones sociales, laborales, no existe. La Policía no es un ente cívico. Su naturaleza es militar, pese al mandato constitucional inconsistente, que desdice de la índole con que la revistió el constituyente de 1991. A La Policía la circunscribe y prescribe el fuero penal militar. De manera que por más que la ley reorganice a La Policía, la índole real de su esencia es militar. Birlaron en la redacción de la Carta la voluntad soberana del Constituyente primario. De “país de cafres” los tildó una personalidad colombiana.

La carga histórica de la policía colombiana

La policía nacional de Colombia tiene una historia signada de odios partidarios, violencia política, sangre, asesinatos sin fin, endiosada impunidad, que el colectivo imaginario colombiano asocia en desconfianza por su criminalidad, a secas. La institución policial colombiana mantiene un peso histórico en la memoria de los colombianos de odio y terror, alimentada por excesos sucedáneos diarios que la colocan en el podio de ser la Policía más Cuestionada del Mundo.

Al decir del inmolado senador Manuel Cepeda Vargas: “Colombia es el país de los odios heredados” y por ende su policía nacional. Las estadísticas muestran que, tratándose de crímenes cometidos por agentes policiales del Estado colombiano, la impunidad es del 98%, que refleja el cuadro de la corrupción en Colombia.

La vergonzosa historia de la policía colombiana raya en el cinismo cuando la oculta tan bien a nivel internacional, engañando a los pueblos que influencia con tolerancia borrega de mandatarios espurios. Como es posible que la Policía Nacional de Colombia pueda convertirse en una agencia internacional de la escuela del crimen bajo la ceguera de la comunidad internacional. La inteligencia ofensiva del régimen colombiano narco para Terrorista de Estado, sin poner orden en la seguridad ciudadana interna de su propia casa, se da a la tarea de aplicar una política de seguridad de exportación con intensa actividad de sus delegados policiales en las Embajadas.

Se conoce que la policía colombiana asesora e instruye a agentes policiales de 23 países. Una institución de peso específico criminal como la policía colombiana, actualmente está inhabilitada, bajo la filosofía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una rama del derecho Internacional Público, para aplicar el principio universal del Pro Homine: Por la Humanidad. Careciendo la policía colombiana de una vocación cívica, puesto que conforme a la Constitución Política de Colombia la policía colombiana es una institución de las fuerzas militares; en la alocada carrera armamentista, guerrerista de seguridad de exportación de la doctrina militar imperante en Colombia.

¡Este llamado de alerta! a la comunidad internacional obedece a impedir la desmemoria. A que no se entierre la memoria histórica del pueblo colombiano. Es resultado del proceso político y revolucionario incontenible por una Nueva Colombia, que dé al traste con sus instituciones Terroristas de Estado.

Se haría extenso reseñar y analizar el papel fratricida en los cien años de historia de la policía de Colombia. Da para mucho. Pero conviene no pisotear ni pasar por alto la Memoria Histórica. Colombia es un país desgarrado por la guerra civil no declarada que apunta con la violencia partidaria liberal- conservadora, en la que la llamada policía chulavita desgarró a la familia colombiana y a su tejido social, con más de trescientos mil muertos; más la guerra narco paramilitar y Terrorista de Estado que continuo en este siglo XXI y que denota la escalofriante cifra de doscientos cincuenta mil muertes más. Por ello, no es con facilismos de fórmulas descabelladas como se puede lograr la colaboración voluntaria, espontánea y solidaria de la población colombiana. Ello constituye un imposible en el actual escenario sangriento del conflicto militar, económico, político y social.

La memoria colectiva se ejerce bajo un poder racionalizador de la población, pero parte de la verdad histórica. Es más, el aún imperante régimen de la falsaria “seguridad democrática” de la horrible noche paramilitar uribeña, descarta la colaboración consiente, solidaria, espontánea de la ciudadanía ante el crimen y acude a imponer la vergonzosa cultura del sapeo, la traición, el asalto de las recompensas al erario, y la desvergüenza a la juventud colombiana, bajo la presión de la desmemoria histórica. Ello, de por sí es criminal. La presencia de unas instituciones (partidos políticos etc.) con debilidad estructural, carencia de identidad y de convocatoria popular a una participación democrática directa, refleja el caótico rumbo y derrotero que una política guerrerista de la oligarquía e intervencionista del Imperio. Ello les torna incapaces en la convocatoria de representación de los ciudadanos colombianos para afrontar la seguridad ciudadana.

La policía nacional de Colombia: ¡violadora de derechos humanos!

Asumir la responsabilidad de tamaña acusación a una institución centenaria colombiana, no obedece a obsesión por motivación de activismo político alguno. La comunidad internacional y la opinión mundial debieran centrar la atención en el mal endémico que la Policía Nacional de Colombia representa en un país- escenario de conflicto interno armado- con un tejido social roto, con índice creciente de homicidios, práctica de desaparecimientos, de ejecuciones extrajudiciales; que por la constante, permanencia, repetición, no modificabilidad, en una sociedad maltrecha y en un Estado fallido en el respeto a la vida, honra y demás derechos y libertades individuales y de la ciudadanía, los principios fundamentales de la Constitución Política Colombiana( CPC) son letra muerta.

No es menester un tratado de exposición extenso, aunque si hay mucho de qué hablar, tela de donde cortar, para sindicar a La Policía, como violadora de los derechos humanos. El expediente es extenso. Los sinnúmeros de papeles referentes a este asunto hablan por sí solos en su contra. Tanto a nivel de la juridicidad interna, cuyo estadio de investigación a sus sindicaciones e involucramientos en investigaciones de crímenes de lesa humanidad, inconclusos o no, bajo la égida de la impunidad; como la resonancia de casos asistidos en entes de investigación y justicia internacionales. Según la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la fuerza pública es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.

Claro está que, por tratarse de una institución, proviene la defensa de la “institucionalidad” para que la réplica y contrarréplica sea el que los crímenes cometidos por personal uniformado e integrante de La Policía son hechos aislados. Pero la carga histórica, la verdad histórica, afirman lo contrario.

Sobre la última masacre registrada

Por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito- PINIS– campesinos de la región del Alto del río Mira, vereda El Tandil, en Tumaco, Departamento de Nariño, protestaban el pasado 5 de octubre de 2017. Formaron una cadena humana impidiendo que el fatídico escuadrón de la Policía Nacional- El ESMAD- los desalojara de sus parcelas donde subsisten gracias al cultivo de coca. Se opusieron radicalmente a la erradicación forzada de esos cultivos para evitar que los policías y el ejército arrancaran las matas de sus suelos. En el enfrentamiento, miembros de la Policía Nacional dispararon a mansalva contra los manifestantes campesinos trayendo como resultado la muerte de nueve campesinos y más de 50 heridos. Entre telones las fuerzas represivas difundieron que habían sido atacados con tatucos o fusilería informal y hasta el vicepresidente colombiano sustentó tal esperpento. Mismo que fue desconocido por el Informe de Medicina Legal, que dictamina la causa de la muerte de los labriegos fue producida por proyectiles de alta velocidad, es decir, por tiros de fusil.

Dos días después, ante la denuncia de la masacre y versiones que en las tierras invadidas por la Policía Nacional un cadáver de un civil permanecía en estado putrefacto, una comisión de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, acompañados de representantes de las Naciones Unidas, la OEA, la Gobernación de Nariño, La Asociación Minga Somos Defensores y periodistas se acercaron al lugar de la masacre siendo recibidos a fuego por parte de la Policía Nacional. Esto generó nuevo repudio y categórico comunicado del representante de la ONU, denunciando el criminal incidente. Quedó así demostrada la ruptura del orden constitucional en un Estado que se da las ínfulas de calificarse como “Estado de Derecho”.

Fue dada la orden por parte del locuaz Trump, de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y el apéndice de una fuerza en el papel de invasor contra su propio pueblo, cumple con la orden de a sangre y fuego imponer la erradicación forzosa de cultivos de coca, con pasajes siniestros del Plan Colombia, desconociendo los alcances políticos de la implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, en noviembre de 2016, sobre esta materia. Esto no solo incumbe al Estado colombiano, como quiera que el plan de sustitución de cultivos es apoyado por la comunidad internacional.

La historia se repite

Potencial situación a la ocurrida en el Alto Mira, Tumaco, se presenta en El Catatumbo, por incumplimiento del gobierno a lo pactado con los campesinos. Allá la masa campesina está movilizada. Durante el paro campesino de 2013 asesinaron a cuatro campesinos- nuestros mártires- por francotiradores policiacos del escuadrón policial, el ESMAD, ensañados contra los manifestantes. Esa cuota de deuda por impunidad del terrorismo de estado es aún vigente. Han transcurrido cuatro años de negociaciones entre la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA-C), sin materializar los temas de reivindicaciones para ellos como son el cumplimento de erradicación voluntaria de los cultivos de hoja de coca con la comunidad. La implementación de las zonas de reserva campesina (ZRC).

La Asociación Campesina del Catatumbo- ASMCAT – permanentemente aboga por los prisioneros políticos capturados durante el Paro del Catatumbo: Elivaneth Uribe, Edgar León Sanguino y Ramón Elías Claro.

¡Crece…crece la audiencia, por la existencia de una policía civilista y cívica en Colombia!

Enviado por el autor.

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