El crimen de Camilo Rodríguez y la democracia costarricense
Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com
Todo crimen es repudiable y ha de ser condenado por la sociedad en su conjunto. Cuando se trata del crimen de un periodista, como el acaecido el pasado 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, contra el comunicador Camilo Rodríguez es un hecho aún más grave para la sociedad. ¿Por qué?
La sociedad civil ha estado consternada, porque no nos podemos acostumbrar a algo tan atroz como lo ocurrido. El hecho no puede verse solamente como algo estrictamente criminal. Conlleva, además, un desprecio a las condiciones de libertad en las que mayormente se ha desarrollado la actividad del periodismo costarricense, aun con las notables excepciones conocidas; es una afrenta a la libertad de expresión que debe prevalecer en la sociedad; reprime y desdeña el derecho de la ciudadanía a estar informada, desde distintos puntos de vista. Por todo lo anterior la gravedad del homicidio interpela directamente al Estado costarricense, a las instituciones democráticas en su conjunto y consiguientemente a toda la sociedad.
Puede afirmarse, sin temor a equivocación que, en gran parte, en la cultura de los costarricenses nos hemos acostumbrado a contar nuestra historia en voz alta. El nuestro ha sido desde mediados del siglo pasado, un país sin ejército, con tribunales que han solventado las más de las veces, lo que en otras latitudes se resolvía a balazos; con periodistas que podían incomodar al poder sin jugarse la vida. Esa excepcionalidad, que nos ha enorgullecido tantas veces y que nos distinguía, pese a los ejemplos en contrario, que los ha habido, se quebró groseramente el pasado lunes 16 de noviembre de 2026 en una calle de San Miguel de Santo Domingo, Heredia.
Dos sicarios en motocicleta atacaron al periodista Camilo Rodríguez, a plena luz del día en una calle pública, disparándole a mansalva entre nueve y diez veces, el hombre perdió la vida ipso facto. Camilo Rodríguez Chaverri, contaba apenas con 50 años, y era padre de cuatro hijos. El lugar en que ocurrió el hecho está situado a pocos metros de donde en 2001 asesinaron a Parmenio Medina. Veinticinco años después, el sicariato volvió a buscar a un periodista en Costa Rica, enlutando a toda nuestra nación.
Entonces, no es un crimen más en la estadística de homicidios. Es un crimen contra la democracia en nuestro país.
El periodista incómodo
Camilo Rodríguez no era el periodista de manual. No escribía desde una redacción con editor y consejo de redacción. Grababa videos, subía denuncias, ponía nombres, apellidos y retrotraía apodos endilgados a tantos criminales. Señalaba a capos, a empresarios, a abogados y a políticos. Decía que entregaba sus informes a la DEA. Algunas de sus denuncias eran temerarias, otras nunca fueron probadas, y varias terminaron en tribunales. La hoy presidenta Laura Fernández Delgado lo querelló por difamación en 2025 cuando él afirmó que su casa había sido construida con dinero del narco.
Precisamente por eso el caso nos interpela. La libertad de expresión no existe tan solo para proteger a los periodistas prudentes, mesurados y simpáticos al poder. Existe para proteger, sobre todo, a los incómodos. Si solo defendemos la prensa que nos gusta, no estamos defendiendo la libertad, estamos defendiendo nuestra comodidad.
Rodríguez decía haber recibido amenazas de muerte. El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que había denunciado amenazas pero que rechazó acogerse a un programa de protección. Esa es la tragedia de muchos denunciantes en Costa Rica: denunciar sin protección, sabiendo que el Estado llega tarde o no llega. Camilo presintió su muerte, lo dijo en más de una ocasión, pero también expresó que no le temía.
Un país que ya venía retrocediendo
Sería ingenuo pensar que el asesinato de Camilo es un rayo en cielo despejado. Costa Rica venía cayendo en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras: del puesto 8 en 2022 al 38 en 2026. La encuesta PROLEDI de la Universidad de Costa Rica, publicada apenas cinco días antes del crimen, ya lo advertía: 54,7% de la población siente que la libertad de expresión está en riesgo y 58% cree que hacer periodismo en este país es peligroso.
La organización no Gubernamental internacional, con sede en París, Francia, “Reporteros Sin Fronteras” se refirió a lo acontecido advirtiendo que era una “señal de alarma”. Naciones Unidas por su parte, alzó la voz señalando que, el silenciamiento violento de un comunicador no solo arrebata una vida, sino que amedrenta a todo el gremio y lesiona el derecho de la sociedad a estar informada.
Y es que el deterioro no es solo violencia física. Es el insulto convertido en política de Estado. Es llamar “prensa canalla” a quien critica. Es restringir el acceso a la información pública. Es el clima de deslegitimación que hace que, poco a poco, el periodista piense dos veces antes de publicar o de hablar.
Cuando el poder deslegitima a la prensa, no está ejerciendo libertad de expresión. Está preparando el terreno para que la violencia contra la prensa parezca comprensible. Nadie está acusando al gobierno de ordenar este crimen — sería irresponsable afirmarlo sin pruebas — pero sí hay que decirlo con claridad: quien gobierna tiene una responsabilidad especial en el clima que crea. Las palabras del poder no son palabras cualesquiera. Pesan, legitiman, envalentonan. Ya lo he señalado en otros de mis artículos más recientes, publicados en la Revista SURCOS.
La prueba de fuego: investigar
Después de acaecido el suceso, la presidenta Fernández calificó el crimen como “una mancha contra la libertad de expresión” e instruyó colaborar con la investigación. Desde el minuto uno, el Ministerio Público conformó un equipo especializado. Bien. Pero la democracia no se defiende con comunicados, se defiende con resultados.
El antecedente de Parmenio Medina nos recuerda que es posible: en 2003 hubo condena de 35 años contra quien ordenó el crimen. También nos recuerda lo frágil que puede ser la justicia: hoy ese condenado cumple casa por cárcel.
La investigación del caso Camilo es, en realidad, la investigación de la capacidad del Estado costarricense para protegerse a sí mismo. Si se esclarece quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, el país enviará un mensaje: aquí no se mata por denunciar. Si queda impune, el mensaje será el opuesto: querría decir que, aquí se puede matar por denunciar.
Y hay por añadidura, un punto que no podemos eludir. La investigación es del OIJ y de la Fiscalía, órganos del Poder Judicial. No es del Ejecutivo. El gobierno puede colaborar, debe colaborar, pero no puede apropiarse de un mérito que no le corresponde, y menos mientras impulsa recortes al presupuesto del Poder Judicial y del propio OIJ. No se puede debilitar con una mano a quien se le exigen resultados con la otra.
Del mito a la realidad
Durante décadas nos hemos contado el cuento de que éramos diferentes. El país que abolió el ejército, que recibía periodistas perseguidos de toda Centroamérica, que resolvía parte de sus conflictos votando. Hoy somos un país con una tasa de homicidios de alrededor de 17 por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la media mundial. Un país que pasó de ser puente del narcotráfico a ser centro logístico del narcotráfico en el continente.
El crimen de Camilo Rodríguez nos dice que el narco ya no solo disputa calles y puntos de venta. Disputa la palabra pública. Quiere decidir qué se puede decir y qué no. Y cuando el crimen organizado logra eso, ya no estamos frente a un problema de seguridad. Estamos frente a un problema de régimen, de sistema, una cuestión que atañe al Estado.
La democracia costarricense se fundó sobre una apuesta: la palabra vale más que la bala. Hemos querido creer que, un editorial puede más que un sicario. Que un voto puede más que una amenaza. Esa apuesta está hoy en juego.
¿Qué nos queda por hacer?
El comunicador Camilo Rodríguez, realizó denuncias públicas relacionadas con supuestas actividades del narcotráfico y del crimen organizado y posibles vinculaciones con personas que han ostentado posiciones de poder, antes y ahora. Y como se ha señalado también habló con claridad que había recibido amenazas contra su vida.
Por lo tanto, el crimen de Camilo nos deja, cuando menos, tres tareas ineludibles.
Primero, justicia. No basta con capturar a los sicarios. Hay que llegar hasta quien los mandó a matar. Sin eso, no hay disuasión.
Segundo, protección. El Estado debe garantizar mecanismos reales de protección a periodistas amenazados, sin exigirles que se callen para protegerlos. Proteger a un periodista no es esconderlo, es permitirle seguir hablando. Aunque el periodista no haya solicitado, o inclusive no haya querido recibir protección del Estado.
Tercero, rectificación. El poder político, empezando por la Presidencia, debe entender que la prensa crítica no es enemiga de la democracia, es su guardiana. Se puede discrepar, se puede refutar con datos, se puede acudir a tribunales. Lo que no se puede es contribuir, creando un clima propicio, a convertir al periodismo en blanco de ataque del sicariato y del crimen organizado, conculcador de la libertad y de los derechos democráticos de la ciudadanía.
Camilo Rodríguez ya no podrá seguir denunciando. Nos toca a los demás decidir si su muerte será una advertencia que nos paralice o un punto de inflexión que nos despierte.
Si Costa Rica permite que matar a un periodista salga barato, habremos perdido mucho más que una vida. Habremos perdido la idea misma de que aquí se puede hablar sin miedo. Y sin esa idea, la democracia costarricense se irá languideciendo hasta llegar a convertirse apenas en un cascarón.
La violencia letal contra un periodista que se da a la tarea de denunciar el crimen organizado y sus posibles vinculaciones constituye una amenaza potencial y real para la democracia y el conjunto del Estado.
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