Ir al contenido principal

Autor: María José Ferlini Cartín

Alejandro Cordero compartirá reflexiones sobre poesía y Kung Fu en nueva edición de Alternativas

SURCOS comparte la siguiente información.

El programa Alternativas realizará el próximo 31 de julio de 2026 una nueva edición de su panel en vivo titulada «Alejandro Cordero: Todo es Kung Fu, todo es poesía», un espacio dedicado a explorar los vínculos entre la creación literaria, la práctica del Kung Fu y el compromiso social.

La transmisión se efectuará en vivo a las 18:00 horas (-6 UTC) y podrá seguirse mediante Facebook Live, YouTube y Spotify, además de las emisoras aliadas Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución Con Acento, 506 Ondas Alajuelita y 97.3 FM Voces Libertarias.

El panel tendrá como invitado principal a Alejandro Cordero Vargas, escritor, profesor de español para personas extranjeras y gestor cultural. Es graduado en Literatura y Lingüística por la Universidad Nacional, ha publicado cinco libros de poesía y participado en diversas antologías costarricenses y latinoamericanas. Además, es instructor de Kung Fu, adiestrador canino, practicante de medicina tradicional china y activista social.

Participarán también Tatiana Herrera Ávila, profesora de la Sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, y Luis Ángel Salazar Oses, profesor jubilado de Filosofía y Educación de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Estatal a Distancia.

La actividad forma parte de la programación permanente de Alternativas, espacio que promueve el análisis y el diálogo sobre cultura, pensamiento y realidad social.

Enemigos de la democracia sufren una derrota

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Si la presidenta Laura Fernández se dedicara a trabajar y no a andar levantando chismes de humo, cual si fuese una de «Las Fisgonas de Paso Ancho», después del horrible fin de semana que le provocó la detención del más buscado maleante del país, con el consecuente reconocimiento popular hacia las autoridades de la Fiscalía y el OIJ, su gestión quizá mejoraría.

Pero, ¡qué va!, no hay manera, pues con Chaves mandando abiertamente a su lado, se le ordenó salir a especular, junto al ministro de Hacienda (¿?), sobre detalles logísticos de procesos judiciales que evidentemente no le competen. Así que, al igual a como hubo que enseñarle a Chaves, a ella hay que contarle que existe en Costa Rica independencia y separación de poderes, y que, por tanto, los procesos y procedimientos judiciales son responsabilidad exclusiva del Poder Judicial y no del poder inquilino en Zapote.

Aunque lo hecho fue gravísimo, lo fue más cuando vemos que lo hizo para, infructuosamente, tratar de minimizar el acto heroico de los oficiales judiciales en que se abatió a un maleante prófugo de alta peligrosidad (no de «alta gama», como dijo ella), y la captura de dos de sus compinches, Diablo y Tan, peligrosísimos delincuentes que, por cierto, no juegan con pistolitas de plástico. No, ¡jamás!, sino con pesadas armas de guerra, de elevado poder destructivo.

El operativo Némesis demandó un intenso trabajo de investigación y planificación, estrictamente confidencial, para evitar que se filtrara información sensible hacia policías corruptos de Seguridad Pública, que poco a poco han ido cayendo en manos de la justicia.

Ante los cuestionamientos perversos de Chaves y Fernández, el señor fiscal general, don Carlo Díaz, señaló que «las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de libertad, el momento en que éstas son conducidas a los despachos judiciales, así como la modalidad en que se desarrollan las audiencias, responden exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad, definidos por las autoridades competentes del sistema de administración de justicia». Contundente lección de educación cívica.

Cabe anotar que, mientras se estaba tratando de justificar la solicitud de imposición de medidas cautelares sobre los delincuentes apresados, un abogado diputado, defensor también del ministro Chaves, estaba en ese mismo instante en los tribunales actuando para el bando contrario, en defensa de un presunto criminal ligado al narcotráfico.

Podría ser que, para esa diligencia, José Miguel Villalobos hubiese solicitado un día de vacaciones a la presidenta legislativa (pues sus colegas diputados estaban cumpliendo con una tarea junto a la presidenta Fernández en el Congreso), pero es extraño, al menos, que un legislador que tiene pesada influencia sobre la aprobación de nuevas normas sobre narcotráfico y el crimen organizado, con acceso indiscutible a información sensible, simultáneamente esté involucrado en la representación legal de supuestos mafiosos, así como en la campaña amarga de Chaves y Fernández contra el Poder Judicial.

Autoridades judiciales que, pese a las acciones violentas y ofensivas lanzadas desde el corazón del fascismo tico, se mantienen con el noble pueblo costarricense a su lado, firmes en defensa de nuestra democrática patria, en un momento especialmente álgido cuando soplan aires dictatoriales cada vez más tormentosos.

Tribunal Contencioso Administrativo admite recurso contra el Consejo de Gobierno

UNDECA informa a las personas trabajadoras de la CCSS y a la opinión pública que el Tribunal Contencioso Administrativo ha admitido para trámite el recurso presentado contra la decisión del Consejo de Gobierno relacionada con la representación sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La admisión del recurso constituye un paso importante en la defensa de la legalidad, el debido proceso, la autonomía sindical y el respeto a la voluntad democráticamente expresada por el movimiento sindical.

Desde UNDECA reiteramos que la representación de las personas trabajadoras no puede quedar sujeta a decisiones políticas que desconozcan los acuerdos legítimamente adoptados por las organizaciones sindicales. La institucionalidad democrática exige que se respeten los procedimientos establecidos y la independencia de la representación de la clase trabajadora.

Continuaremos utilizando todas las vías legales e institucionales necesarias para defender los derechos de las personas trabajadoras y garantizar que prevalezcan el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la verdadera representatividad sindical.

¿Por qué llegamos hasta aquí?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Una comunicadora costarricense me hace esa pregunta “off the record” antes de interpelarme acerca del chisme como producto social.

– “ambos temas están conectados”-pienso. Pero le respondo desde dos lugares narrativos: el racional y el emocional.

En el plano racional es evidente que los enojos y la demandas sociales no fueron traducidos de forma oportuna por las diferentes opciones políticas en el pasado. A esta inoperancia debemos sumarle esa crisis de gobernabilidad en la que entro el aparataje institucional hace algunas décadas.

Por eso desde hace muchos años cuando se consultaba a la ciudadanía por las posibles respuestas ante esa maraña que no dejaba caminar al estado, empezaron a vislumbrarse opiniones acerca de la necesidad de contar con una figura fuerte que pusiera orden en el caos.

Entonces, como ahora, las opciones autoritarias y retorcidas campeaban por la región sin ningún rubor.

Y entonces vamos a lo segundo. Lo emocional. Han transcurrido prácticamente tres meses desde que asumiera el nuevo gobierno en Costa Rica y dos certezas van quedando en el camino.

La primera tiene que ver con la continuación de un estilo de comunicación insolente, irrespetuoso e intolerante. Alli hay trabajo profesional de por medio, estamos claros. Allí la construcción del chisme como recurso retórico toma un rol fundamental.

La segunda constatación es la de la voz masculina y exhultante continua bajo el mando de lo estratégico y operativo. El 8 de mayo la cosmética de un traspaso de poderes nos engañó a todos y todas.

Llegamos hasta aquí, entonces, porque ya no tenemos retorno y la respuesta ha sido lenta e inexistente. Por eso y porque hoy es otra sociedad la que vivimos y no la vimos venir. No de esta manera.

La dictadura de los propietarios

Lic. Rafael A. Ugalde Quirós*

Comienzo aclarando que no hay honestidad cuando presentamos la crisis entre el poder judicial y el resto de los poderes como sí fuera nueva y camináramos hacia una “dictadura” como la de Ortega en Nicaragua o el chavismo en Venezuela, enalteciendo el planteamiento burdo de los expresidentes ticos -como sí no los conociéramos- para quedar bien con Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano.

Consta, desde aquellos tiempos mozos en nuestra facultad de derecho, como sosteníamos junto a otros compañeros, que esos grandes edificios y los despachos de lujo terminarían por descarrilar e deshumanizar nuestro romántico principio de justicia pronta y cumplida, sumergiendo en la crisis el poder que, además, se había echado al hombro poco a poco tareas propias y correspondientes del ejército costarricense, antes del golpe de estado de 1948.

Entonces veíamos con absoluta claridad la imposibilidad humana que el número de magistrados y jueces pudieran resolver los problemas venidos de concentrar todo lo relacionado con funciones de policía, represión, investigación, acusación, inteligencia, planificación interna etc. en tan pocas manos.

Durante unas declaraciones vertidas en ocasión de la solicitud de presupuesto para nuestro poder judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, justificó la necesidad de más financiamiento, diciendo que en todos estos años anteriores hemos defendido el sistema económico.

Litigantes que esperan 10 años para obtener una sentencia laboral favorable a un pobre trabajador que un banco lo tiró a la calle, 6 o más meses para que un despacho judicial firme la “orden de giro” para que el abogado retire sus honorarios; ello por cuanto el funcionario encargado “hace trabajo desde la casa y viene a la oficina un dia a la semana”, juicios que se caen por investigaciones mal hechas., etc.

Según cifras oficiales, en materia civil de mayor cuantía, ningún juicio dura menos de dos años, mientras aproximadamente, el 90% de expedientes en materia penal no llegan a juicio oral, pues se quedan en la fase de investigación del Ministerio Público mediante resoluciones de desestimaciones, sobreseimientos o aplicación de soluciones alternas. ¡De cómo la están pasando de feo con la lentitud de la justicia sus agremiados, sí que debería ocuparse el Colegio respectivo y su fiscalía!

De feria, el gobierno liberacionista de Oscar Arias impulsa en 1989 una instancia judicial más, la llamada Sala IV, llegando a 22 quienes gobiernan el poder judicial, con facultades amplísimas. En el 2003, estando como presidente de la “oposición” Abel Pacheco, es a esta misma Sala la que nos dice que es válida constitucionalmente la reelección presidencial discontinua.

No hay por dónde perderse. Son los grupos de la misma élite que controlan todo. Lo que oímos, lo que pensamos y nos hace justicia a diario, dando a cada uno la “proporción que nos corresponde”.

La anterior definición de justicia dicha por Ulpiano, me faltaba someterla praxis, que me ha permitido ver que la mayor parte de esa proporción ya pertenece desde hace años a una minoría, mientras por la parte sobrante, la más pequeñita, ponen a las mayorías de una sociedad a arrancarse las mechas.

Samuel Stone, en la dinastía de los bandidos, perdón, “La dinastía de los conquistadores”, nos sigue dando una fotografía exacta de la “democracia”, la “división de poderes”, la “democracia” nuestra y la “alternancia” electoral, entre otras prácticas, ya no tanto de la denominada derecha fascista y macartista, obligada defender su “ institucionalidad”, sus privilegios de reportar cero ganancias en 2025 y lanzar sapos y culebras contra el sistema democrático de Cuba, Nicaragua o Venezuela, sino que ahora vemos unas cuantas cúpulas de la llamada izquierda local, ( van desde las que hace la revolución por whatsaap, pasando, según ella, por transformaciones profundas mandando gente con pancartas muy artísticamente decoradas, haciendo proyectos o atorados con bocadillos de caviar), cerrando filas con Rubio y el nuevo fichaje de Milei y Trump para Centroamérica, el narcotraficante hondureño Juan Orlando Hernández. Tal vez así no pierden la visa.

Sin embargo, sí desde 2022 un grupo de la burguesía que controla importaciones, los servicios y la mayor parte de la actividad financiera, desplazó en más de un 70% del poder a quienes se enriquecieron con la agroexportación de productos y la venta de materias prima, ello no es casualidad que ahora, después de aquel “volvamos a la tierra” con que embaucaron a Reymundo y a todo el mundo, traten ahora de salvar con todo los pocos refugios que aún conservan.

Defienden así, de forma camuflad el Estado Corporativo o gerencial, cuando dicen ser la oposición democrática, la otra gran alternativa, solo para retomar el poder, porque no tienen un “proyecto país” que no solo organice las bases populares, sino que las articule y obedezca en búsqueda de un modelo de democracia participativa y popular capaz de convertir el mercado, en una ampliación obligatoria de beneficios de la ganancia en pocas manos, en mejor seguridad social, salarios dignos, educación superior, ciencia y tecnología en función del pequeño y el mediano productor, desarrollo de nuestros océanos como fuente de alimentación, ayudar austeras ciencias médicas a que lleguen a las personas sin distinción de clase social, etc., en lugar de subirnos al último vagón destartalado de la innovación tecnológica.

Tienen una memoria que asusta. Ya ni se acuerdan de aquel paquete de leyes que congeló salarios, repartió bozales, penalizó la protesta social etc. Olvidaron de un momento a otro que, en 2018, el gobierno PAC, de Carlos Alvarado, contó con el apoyo de la Sala Constitucional y 14 votos del Liberación Nacional,10 del oficialismo de entonces,8 socialcristianos, el de Zoila Rosa Volio, de Integración Nacional, y el “independiente” Erick Rodríguez.

Cuando se trata de defender la dictadura de los propietarios son cortados con la misma tijera. Puede llamarse presidenta Laura Fernández, los exgobernantes Oscar Arias, Rodrigo Chaves, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla, 53 diputados de la Asamblea Legislativa, el canciller Manuel Tovar etc. La lista de demócratas es interminable y no aparecen hasta en la sopa.

El reciente anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al decir que si los enemigos de la Revolución sandinista soñaban con el retorno al poder por vía de las elecciones como pensaba la oposición mandadera de Washington, se jodió. Anunció el envió de una ley a la Asamblea Nacional para regular este tipo de consultas, pero al poder, no volverán, dijo.

Terminamos con este tema de las elecciones en Nicaragua solo para dejar en evidencia que no hay tal oposición política en Costa Rica. Los que así se hacen llamar están unidos por el injerencismo imperial en las cuestiones internas de otros países.

Algunas personalidades tan preocupadas por la democracia en Nicaragua, Venezuela o Cuba – China, con un sistema electoral de único partido, la bajan un poquito por aquello de un viajecillo a Pekin- deberían calmar sus inquietudes quitando las fotos sonrientes junto a personas cuestionadas, o haber desmentido en su momento el periódico colombiano “El tiempo”, sobre donaciones recibidas en Miami.

¿Los has escuchado acaso levantar la voz contra el criminal bloqueo contra Cuba, y eso que se hacen pasar como defensores del derecho internacional y los derechos humanos?

¡Muchos de ellos, por dolo o culpa, son vocería oficialista de quienes dicen estas elecciones me gustan, son válidas o deben desconocerse, conforme lo que nos encargó el patroncito!

*Periodista.

Día Nacional de la Persona Trabajadora Bananera se celebrará en Siquirres el 8 de agosto

El próximo sábado 8 de agosto de 2026, a partir de las 9:00 a. m., se llevará a cabo la celebración del Día Nacional de la Persona Trabajadora Bananera en la Plaza de Siquirres, cantón de Siquirres, provincia de Limón.

La actividad se presenta como un espacio de celebración y reconocimiento a las personas que, con su trabajo cotidiano, sostienen la producción bananera del país.

Bajo el lema «Ven y celebra con nosotros», la convocatoria destaca la importancia de honrar el esfuerzo de quienes laboran en este sector productivo y de reconocer el aporte histórico, económico y social de las personas trabajadoras bananeras.

El encuentro tendrá lugar en la Plaza de Siquirres y está programado para iniciar a las 9:00 de la mañana del sábado 8 de agosto.

La invitación concluye resaltando que será una jornada para honrar el trabajo, la historia y el aporte de las personas trabajadoras bananeras, con lo que se reafirma el reconocimiento a quienes hacen posible una de las principales actividades agrícolas del país.

Cinpe-UNA: aumento del IVA al 13% afectaría más a familias de menos ingresos

UNA Comunica. Pasar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual al 13%, tendría una afectación mayor en los grupos de población de menores ingresos, frente a los más adinerados.

El estudio IVA a la canasta básica del 1% al 13% elaborado por Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), le da un contexto económico y social al impacto de una medida fiscal que el Gobierno tiene en valoración, como respuesta a la situación fiscal que atraviesa el país.

Aun y cuando se ha mencionado la formulación de un “IVA personalizado” para devolver eventualmente a los de menores ingresos el impuesto que se pagaría de más, el análisis contempla los riesgos de que una medida así cumpla con efectividad los fines propuestos.

¿Quién paga más?

Lo cierto del caso es que un aumento en el IVA sobre la canasta básica tendría un resultado preponderante en cuanto a la recaudación tributaria. Bajo un escenario de un incremento del 1% al 13% el monto recolectado pasaría de 42.065 millones de colones a 546.841 millones de colones. Esto representaría un 1% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, la factura social que se pagaría a cambio de ello golpearía de manera regresiva a los hogares.

Para el primer quintil (el más pobre), que percibe un ingreso promedio mensual de 321.351 colones, el cambio implicaría un 6.7% de los ingresos percibidos. Para el segundo quintil (el segundo más pobre y con un ingreso promedio de 604.749 colones en promedio), el efecto se rondaría entre un 4% y un 5%.

Si se considera que el primer quintil emplea un 44.1% de sus ingresos al mes en sufragar gastos por bienes de la canasta básica y el segundo quintil utiliza un 28.8%, el efecto toma otra dimensión. “Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”, indica el estudio.

Los tres restantes quintiles (tres, cuatro y cinco) percibirían efectos menores de aplicarse el ajuste en el IVA.

Para el tercer quintil la carga sobre sus ingresos sería entre un 2.5% y un 3.5%. Bajaría a un rango entre un 1.5% y un 2% en el cuarto quintil, y se ubicaría entre un 0.6% y un 1% en el quinto quintil.

A diferencia del primer quintil, que utiliza casi la mitad de sus ingresos para la compra de bienes de la canasta básica, el quinto quintil (el más adinerado), que percibe un ingreso promedio mensual de 2.675.743 colones, utiliza solo un 9.9% de ese monto a la adquisición de estos productos.

Eliminar la exoneración sobre la canasta básica fue una de las recomendaciones planteadas en mayo anterior por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Consulta del Artículo IV del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica, como una forma de asegurar la sostenilidad fiscal del país a mediano plazo. Desde entonces, el tema ha estado en el debate público, aunque el gobierno aún no ha presentado una propuesta formal en esa línea.

Efectos adversos

Aunque la recaudación de subir el IVA al 13% tiene un impacto en la recaudación del 1% del PIB, el análisis del investigador Leiner Vargas establece que, de entrada, habría un aumento directo del 11.9% en el precio final que paga el consumidor en bienes esenciales como arroz, frijoles, huevos, lácteos, panes y harinas y proteínas (pollo, res, cerdo, atún y sardinas).

Este incremento tendría una carga relativa sobre el primer decil de ingresos que corresponde hasta 12 veces más que la del decil más rico. Incluso, el estudio indica que, al aplicar una serie de indicadores que miden la desigualdad económica, la progresividad del impuesto y los efectos redistributivos, en todos los escenarios, el resultado sería pernicioso.

Mientras que la idea de aplicar un IVA personalizado, con un mecanismo de devolución del impuesto hacia los sectores más vulnerables, puede chocar de frente con la realidad. “Dadas las brechas de cobertura de los registros sociales y la experiencia regional con estos esquemas, la probabilidad de errores de exclusión en el primer quintil es suficientemente alta como para desaconsejar la medida en su formulación actual”, apunta el informe.

Entre esos riesgos, destacan por ejemplo el hecho de que pueda existir una población vulnerable sin estar registrada en los sistemas de focalización como Sinirube, la alta informalidad del mercado laboral en el país que afecta hasta 800 mil personas, la migración irregular y la población adulta mayor que no recibe ni siquiera una pensión no contributiva.

“La evidencia regional no es alentadora: los esquema de focalización de transferencias en América Latina, incluida la experiencia uruguaya con el IVA personalizado, registran errores de exclusión de entre el 20% y el 40% en el primer quintil y las brechas de cobertura de Sinirube, particularmente en la población informal, rural y migrante, sugieren que el país no está exento de ese patrón”, destaca el informe.

La conclusión es contundente: la homologación de la tarifa de la canasta básica al 13% debe rechazarse.

Al respecto, Vargas explora cinco medidas que deberían implementarse en caso de avanzar sobre esa ruta. La primera es verificar con una auditoría independiente los registros del primer y segundo quintil, seguida de la definición de un mecanismo de devolución automático, mensual y no condicionado.

En tercer lugar establecer una gradualidad de tarifas que puedan revertirse de acuerdo con indicadores de pobreza y seguridad alimentaria. La cuarta medida sería el análisis de medidas alternativas como por ejemplo una tarifa general menor con una base más amplia de la canasta básica. Finalmente, que se realice una evaluación independiente de los impacto percibidos con el compromiso de divulgación de resultados.

Leiner Vargas Alfaro amplía sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=24k6mlG_je8

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

CGR ordena al ICE cesar el uso de alianzas empresariales para ejecutar contratos directos entre entes públicos

El órgano contralor determinó que el ICE recurrió sistemáticamente a asociaciones con empresas privadas para cumplir contrataciones amparadas en la excepción de contratación directa entre entidades públicas, trasladando a terceros la ejecución sustantiva de los servicios. La CGR giró órdenes tanto al ICE como a diez instituciones contratantes.

La Contraloría General de la República (CGR) determinó, mediante dos investigaciones relacionadas, que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) utilizó de forma irregular la figura de «asociación empresarial» o «alianza estratégica» —habilitada por la Ley N.° 8660 para que el ICE compita en el mercado abierto de telecomunicaciones— como mecanismo para ejecutar contrataciones directas con otras entidades públicas, amparadas en la excepción de contratación entre entes de derecho público (artículo 2 inciso c) de la derogada Ley N.° 7494 y artículo 3 inciso b) de la vigente Ley General de Contratación Pública N.° 9986).

Los hallazgos quedaron plasmados en dos órdenes emitidas el 28 de julio de 2026 por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa: la DFOE-CIU-ORD-00002-2026, dirigida al ICE y a diez entidades que lo contrataron directamente, y la DFOE-CIU-ORD-00003-2026, centrada en la gobernanza interna de las 16 alianzas empresariales vigentes del sector telecomunicaciones del ICE.

Empresas privadas ejecutan lo que el ICE debía hacer por sí mismo

Según la CGR, la excepción de contratación directa entre entes públicos exige que la entidad contratada —en este caso el ICE— posea la idoneidad técnica para ejecutar el objeto contractual por sí misma, cubriendo al menos el 50% del objeto bajo la normativa anterior o el 70% bajo la ley vigente. Sin embargo, el análisis de dieciséis acuerdos comerciales reveló que, en la práctica, empresas como Corporación FONT S.A., Grupo CESA-Control Electrónico, SONDA Tecnologías de Información, Continex Continental, SWAT Consulting Services, Componentes El Orbe, Productive Business Solutions (PBS), SPC Internacional, GBM de Costa Rica y el Grupo GEA asumieron el suministro, instalación y mantenimiento del hardware y software, mientras el ICE se limitó a labores de coordinación, facturación y traslado de fondos al socio comercial.

La Contraloría documentó casos concretos con diez instituciones: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, con los proyectos EDUS y REDIMED), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Museo de Arte Costarricense (MAC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Upala, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). En la mayoría de los casos, el ICE suscribió el acuerdo comercial con la empresa privada después de haber sido ya adjudicado en el contrato directo con la entidad estatal, lo que la CGR interpreta como evidencia de que el ICE no contaba, de previo, con la capacidad técnica requerida para prestar el servicio.

Márgenes de pérdida y falta de control interno

La orden dirigida específicamente al ICE (DFOE-CIU-ORD-00003-2026) profundiza en fallas de gobernanza corporativa. La CGR encontró que, en varios acuerdos, el socio privado recibió entre el 65% y el 88% de los beneficios económicos —mientras el ICE asumía la mayor parte del riesgo—, y que al menos seis acuerdos comerciales presentaron márgenes de utilidad por debajo del costo de capital estimado por el propio ICE (9,3%-10% en dólares) o de la tasa de utilidad media del sector calculada por la SUTEL (13,43%). En el caso del acuerdo con Componentes El Orbe S.A., el ICE registró nueve meses consecutivos de pérdidas mientras trasladaba cerca del 83% de los ingresos al socio comercial, y aun así este recibió una calificación de desempeño del 100% en su evaluación semestral, ya que la rúbrica utilizada no consideraba la implementación real del servicio al cliente final.

La Contraloría también halló expedientes desordenados, sin foliar ni digitalizar formalmente, y un caso —el acuerdo con Datasys Group (AC-023-19)— que ni siquiera había sido reportado al órgano contralor. Asimismo, constató la ausencia de cláusulas anticorrupción específicas en los contratos, pese a que la versión más reciente del reglamento interno del ICE ya las contempla.

Cinco riesgos identificados por la Contraloría

En la orden dirigida a las entidades contratantes, la CGR resume cinco riesgos derivados de este esquema: el ingreso de empresas privadas al manejo de fondos públicos sin pasar por ningún proceso competitivo; la distorsión del mercado al excluir a otros posibles oferentes; la imposibilidad de que la entidad contratante evalúe la idoneidad legal y técnica del «socio» que en realidad ejecuta el servicio; la evasión de la formalidad contractual, pues el contrato lo firma solo el ICE y no el aliado privado; y el debilitamiento de las garantías, ya que el tercero que presta el servicio sustantivo no asume responsabilidad contractual directa ante la institución pública.

La CGR aclaró que no cuestiona la potestad del ICE de suscribir alianzas estratégicas para competir en el mercado abierto de telecomunicaciones, ni descarta la subcontratación de servicios accesorios o especializados; el problema señalado es específicamente el uso de estas figuras dentro de contrataciones amparadas en la excepción entre entes públicos.

Las órdenes de la Contraloría

Al Consejo Directivo del ICE se le ordenó:

  • Cesar de inmediato el uso de asociaciones empresariales con privados en contrataciones directas entre entes públicos, e instruir formalmente a sus dependencias internas (plazo: 28 de agosto de 2026).

  • Establecer mecanismos de control que garanticen que el ICE ejecute por sí mismo al menos el 70% del objeto contractual en futuras contrataciones directas, limitando la subcontratación a labores accesorias bajo los procedimientos ordinarios de la Ley N.° 8660 (plazo: 27 de noviembre de 2026).

  • Fortalecer la gobernanza y el control documental de las alianzas vigentes, e incorporar protocolos anticorrupción (plazo: 31 de agosto de 2026).

  • Elaborar, junto con la Gerencia de Finanzas, un estudio técnico y financiero de los acuerdos vigentes con márgenes bajos o negativos, con miras a aplicar medidas correctivas (plazos: 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026).

A las diez instituciones contratantes (Asamblea Legislativa, CCSS, AyA, ICT, INAMU, INS, MINAE, Ministerio de Hacienda, Municipalidad de Upala y MAC) se les ordenó establecer controles para verificar la idoneidad técnica y legal del ICE antes de recurrir a la excepción de contratación directa, y definir planes de transición que garanticen la continuidad de los servicios brindados a la ciudadanía (plazos entre el 21 de setiembre y el 27 de noviembre de 2026).

La CGR advirtió que, de incumplirse lo ordenado, se aplicará el artículo 69 de su Ley Orgánica (Ley N.° 7428), que contempla la suspensión o destitución del funcionario responsable en caso de desobediencia reiterada.

Puede descargar los dos informes de la CGR desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/SIGYD_D_2026011978.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/SIGYD_D_2026012083.pdf

Festival Internacional La Papeña 2026: Cartago vive la música latinoamericana

Cartago será el punto de encuentro de la música latinoamericana el 8 y 9 de agosto con el Festival Internacional La Papeña 2026, que se realizará en el Parque Central de Cartago a partir de las 10:00 a. m., con la participación de artistas de Colombia, México y Costa Rica, además de talleres, conversatorios, un mercado de artesanías y diversas actividades culturales gratuitas y abiertas a todo público.

La Asociación Vergel Cultural anuncia esta nueva edición del festival, un encuentro comunitario que durante más de 16 años ha convertido a Cartago en un espacio para la celebración de la música, el arte y la convivencia. La edición 2026 se realiza en el marco de la Semana Internacional de las Juventudes, reafirmando su compromiso con la participación activa de las personas jóvenes en la vida cultural. Asimismo, el festival se suma a la conmemoración de La Puebla de los Pardos como sitio de memoria histórica, reconociendo el legado de las comunidades afrodescendientes que contribuyeron a la construcción de la identidad cartaginesa y costarricense, un eje que —señala la organización— da un significado especial a la programación artística al promover el diálogo intercultural.

«Queremos invitar a toda la diáspora colombiana, a las personas jóvenes del cantón de Cartago y de todo el país, así como a todas las familias y amantes de la música, a ser parte del Festival Internacional La Papeña. Les espera un fin de semana lleno de música latinoamericana, actividades culturales y espacios para compartir, disfrutar y celebrar la diversidad», indicó Lucía González Paniagua, presidenta de la Asociación Vergel Cultural.

Artistas que estarán presentes

Además de las representaciones internacionales Tribu Baharú y La Oveja Arisca (Colombia) y el Pablo Loaiza Trío (México-Costa Rica), el festival contará con la participación de agrupaciones nacionales como Social Ska Jazz Collective, Junior y sus Calypsonians y Paracaídas, ofreciendo un recorrido por la riqueza y diversidad de la música costarricense, desde el calypso y el ska-jazz hasta las propuestas contemporáneas de la escena independiente.

Sobre la agrupación colombiana Tribu Baharú, la organización destaca que la potencia rítmica de la champeta afrocolombiana no es solo una invitación a la fiesta, sino una puerta de entrada para reconocer y celebrar las raíces afromestizas que son parte constitutiva, aunque a menudo silenciada, de la historia cartaginesa y costarricense; su presentación en Cartago se describe como un acto de justicia simbólica y una oportunidad para enriquecer el imaginario local sobre lo afrodescendiente.

La Oveja Arisca, agrupación colombiana integrada por mujeres, representa —según la organización— la vanguardia de la música de fusión latinoamericana, al combinar ritmos tradicionales con elementos de rock, jazz y música electrónica, subrayando el compromiso del festival con la diversidad estética y la innovación artística.

El Pablo Loaiza Trío reúne al baterista y compositor costarricense Pablo Loaiza junto al pianista Jorge Méndez y el contrabajista Enrique Camacho, ambos destacados músicos de la escena del jazz en México. El ensamble presenta un repertorio de composiciones originales que fusiona la tradición del jazz con influencias latinoamericanas, privilegiando la improvisación y el diálogo musical.

Programación por día

Sábado 8 de agosto (Plaza Mayor, salvo donde se indique):

  • 10:00 a. m. — Feria de jóvenes emprendedores

  • 10:00 a. m. — Taller «Mirarme y ser mirada»: autorretratos expandidos, con la artista Mat Kar

  • 11:00 a. m. — Creación de collage (mesa abierta)

  • 1:00 p. m. — Círculo de malabares

  • 2:30 p. m. — Conversatorio «Mujeres en la música latinoamericana», en Casa Jiménez Sancho, con aforo limitado, con la participación de La Oveja Arisca (Colombia), Daniela Meza Sonidero y Barrio Fátima (Costa Rica), moderado por Karol Barboza (Costa Rica)

  • 4:00 p. m. — Compañía Nacional de Danza, agrupación Seres Danzantes por la Paz

  • 5:00 p. m. — Concierto de Paracaídas (Costa Rica)

  • 6:00 p. m. — Concierto de Pablo Loaiza y Película Imaginaria (México)

  • 7:00 p. m. — Concierto de La Oveja Arisca (Colombia)

Domingo 9 de agosto (Plaza Mayor):

  • 10:00 a. m. — Feria de jóvenes emprendedores

  • 10:00 a. m. — Clase de yoga, en el interior de las Ruina

  • 11:00 a. m. — Creación de collage (mesa abierta)

  • 1:00 p. m. — Círculo de malabares

  • 2:00 p. m. — Movimiento creativo para infancias

  • 3:00 p. m. — Danza Anubis

  • 4:00 p. m. — Concierto de Social Ska Jazz Collective (Costa Rica)

  • 5:00 p. m. — Concierto de Junior y sus Calypsonians (Costa Rica)

  • 6:00 p. m. — Concierto de Tribu Baharú (Colombia)

Apoyo institucional

El festival cuenta con el respaldo del Programa Ibermúsicas, el Comité Cantonal de la Persona Joven de Cartago, la Municipalidad de Cartago, el Área Social de la Municipalidad de Cartago, El Arrabal Centro Cultural y la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM), además de otros aliados institucionales, comunitarios y organizaciones culturales.

Sobre la Asociación Vergel Cultural

Vergel Cultural es una organización nacida en 2008, con 18 años de trayectoria, ganadora del Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2024, otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud. Procura construir espacios inclusivos y participativos vinculados con diversas expresiones artísticas y culturales, bajo principios de comunidad, horizontalidad, bien común y equidad.

Concierto “Celebremos la Anexión del Partido de Nicoya con música Guanacasteca”

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Banda Nacional de San José y la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi,  se complacen en invitarle al Concierto Celebremos la Anexión del Partido de Nicoya con música Guanacasteca con la Benemérita Banda Nacional de San José

La actividad será presencial el viernes 31 de julio a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/