Ir al contenido principal

Autor: María José Ferlini Cartín

Entre la legitimidad electoral y la legitimidad constitucional: Reflexiones sobre la querella contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo H.Campos Hernández

Los acontecimientos políticos y jurídicos ocurridos en Costa Rica durante los últimos días constituyen uno de los episodios más significativos de tensión institucional desde la creación de la Sala Constitucional en 1989. La presentación de una querella por el supuesto delito de prevaricato contra cuatro magistrados constitucionales, encabezada por la presidenta de la Asamblea Legislativa y respaldada públicamente por la presidenta de la República, la totalidad de la fracción oficialista y un grupo de simpatizantes trasciende el ámbito estrictamente judicial. Lo que está en discusión no es únicamente una resolución de la Sala Constitucional, sino la manera en que comprendemos la distribución del poder dentro de un Estado constitucional de derecho.

La resolución cuestionada, mediante la cual la Sala acordó mantener en funciones a doce magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa resolvía los respectivos nombramientos, ha sido presentada por el oficialismo como una usurpación de competencias, un quebrantamiento del principio de separación de poderes e incluso como un «golpe a la democracia». Tales afirmaciones, pronunciadas desde las más altas esferas del poder político, merecen una reflexión serena y rigurosa, precisamente porque involucran conceptos cuya utilización no puede reducirse al terreno de la retórica política.

En una democracia constitucional, el desacuerdo entre poderes públicos no constituye una anomalía. Por el contrario, forma parte del diseño institucional. La teoría clásica de los frenos y contrapesos parte de la premisa de que ningún órgano del Estado concentra la totalidad del poder ni posee la última palabra en todos los asuntos. El Poder Legislativo legisla y controla políticamente; el Poder Ejecutivo administra y ejecuta las políticas públicas; el Poder Judicial resuelve controversias y garantiza la supremacía del orden constitucional. Las tensiones entre estos poderes son inevitables e incluso saludables cuando se desarrollan dentro del marco previsto por la Constitución.

Precisamente por ello conviene distinguir dos formas de legitimidad que con frecuencia se confunden en el debate público.

La primera es la legitimidad electoral. Los diputados y el Poder Ejecutivo reciben su mandato mediante el sufragio popular. Esa legitimidad es indispensable en toda democracia representativa y constituye el fundamento de su autoridad política.

La segunda es la legitimidad constitucional. Los tribunales constitucionales no compiten en elecciones ni pretenden sustituir la voluntad popular. Su legitimidad proviene de la propia Constitución, que les encomienda la función de controlar la constitucionalidad de los actos de los demás poderes del Estado, incluso cuando ello implique limitar decisiones adoptadas por mayorías democráticamente electas.

Reducir toda legitimidad al resultado electoral supondría desconocer uno de los principios esenciales del constitucionalismo contemporáneo: que las mayorías también están sometidas a la Constitución. Si bastara la existencia de una mayoría parlamentaria para definir el alcance de las competencias constitucionales, la jurisdicción constitucional perdería buena parte de su razón de ser.

En este contexto, resulta particularmente significativa una de las principales narrativas impulsadas desde el oficialismo: que «cuatro magistrados pretenden imponerse sobre treinta y un diputados elegidos por el pueblo». La fuerza política de esa afirmación es evidente; sin embargo, desde la perspectiva constitucional plantea una falsa oposición. La Sala Constitucional no disputa representación política con la Asamblea Legislativa. Ambas instituciones cumplen funciones distintas y complementarias. La primera controla la constitucionalidad de los actos del poder público; la segunda ejerce la representación política de la ciudadanía mediante la función legislativa y otras competencias expresamente previstas por la Constitución.

Tampoco puede perderse de vista la naturaleza de la decisión cuestionada. No se trata de la actuación individual o arbitraria de cuatro personas. La resolución fue emitida por un tribunal colegiado mediante un procedimiento institucional caracterizado por la deliberación, el intercambio de argumentos, la votación y la posibilidad de emitir votos salvados. Estos últimos, lejos de debilitar la legitimidad del tribunal, evidencian precisamente la existencia de un auténtico debate jurídico interno y fortalecen la transparencia del proceso decisorio.

Por ello, aunque la querella se dirija formalmente contra cuatro magistrados identificables como personas físicas, materialmente el cuestionamiento alcanza a la función jurisdiccional ejercida por la Sala Constitucional. Personalizar el conflicto puede resultar eficaz desde el punto de vista comunicacional, pero corre el riesgo de desplazar el verdadero objeto del debate: la interpretación constitucional realizada por el órgano competente para efectuar ese control.

Otro aspecto merece especial atención. El conflicto actual no puede comprenderse sin considerar el contexto institucional en que surge. Durante once oportunidades consecutivas la Asamblea Legislativa no logró concretar el nombramiento de los magistrados suplentes propuestos conforme al procedimiento correspondiente. Las razones de esa falta de acuerdo pertenecen al ámbito político y parlamentario. Sin embargo, la consecuencia objetiva de esa omisión prolongada consistió en colocar en riesgo el funcionamiento regular de la jurisdicción constitucional.

Este elemento resulta indispensable para comprender el razonamiento de la mayoría de la Sala. La discusión jurídica no consiste únicamente en determinar si el nombramiento de magistrados suplentes corresponde a la Asamblea Legislativa —competencia que nadie discute—, sino en establecer si la omisión reiterada de ese órgano podía comprometer el funcionamiento continuo del máximo tribunal constitucional y si, frente a esa situación excepcional, la Sala estaba facultada para adoptar una medida destinada a preservar la continuidad del servicio público de administración de justicia.

Es precisamente esa controversia jurídica la que debería ocupar el centro del debate nacional.

Sin embargo, el eje de la discusión parece haberse desplazado hacia otro terreno: la descalificación de los magistrados como supuestos «usurpadores», «golpistas» o responsables de un «golpe de Estado judicial». Este cambio de enfoque no es menor. Cuando el debate abandona el análisis de los argumentos constitucionales para concentrarse en la deslegitimación personal de quienes ejercen la jurisdicción, el riesgo consiste en transformar una controversia jurídica en un enfrentamiento político entre «el pueblo» y «cuatro magistrados». Se construye así una narrativa en la que el desacuerdo constitucional deja de presentarse como una diferencia interpretativa legítima y pasa a representarse como una confrontación moral entre quienes dicen defender la democracia y quienes supuestamente pretenden destruirla.

La teoría contemporánea del discurso político ha mostrado con claridad que las democracias no solo se disputan mediante leyes o elecciones, sino también mediante narrativas capaces de definir quién representa al pueblo, quién amenaza el orden institucional y quién merece confianza o desconfianza pública. Por ello resulta indispensable examinar críticamente los marcos interpretativos desde los cuales se presentan los conflictos constitucionales, especialmente cuando provienen de las más altas autoridades del Estado.

Igualmente preocupante resulta el anuncio realizado por representantes del oficialismo en el sentido de que no acatarán la resolución de la Sala Constitucional. Si tal posición llegara a materializarse, el problema dejaría de ser exclusivamente interpretativo para convertirse en una cuestión relacionada con el deber de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el órgano competente dentro del orden constitucional costarricense. En un Estado de derecho, las discrepancias jurídicas encuentran canales institucionales para su discusión y eventual revisión; la desobediencia institucional no constituye, en principio, uno de ellos.

La crítica a las decisiones judiciales forma parte de la vida democrática. Ningún tribunal, incluida la Sala Constitucional, está exento de escrutinio público, académico o político. Las sentencias pueden y deben ser discutidas cuando existan razones jurídicas para ello. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre criticar una resolución y criminalizar el ejercicio mismo de la función jurisdiccional. El Derecho Penal constituye la herramienta más intensa de que dispone el Estado y, por ello, su utilización frente a controversias de interpretación constitucional exige la mayor prudencia y una demostración particularmente rigurosa de los elementos que configuran el delito correspondiente.

Finalmente, conviene recordar una enseñanza fundamental del constitucionalismo: las instituciones no se diseñan pensando en los gobernantes del presente, sino en aquellos que ejercerán el poder en el futuro. Los precedentes que hoy se construyen sobrevivirán a las actuales mayorías parlamentarias, a los actuales magistrados y a las actuales autoridades del Poder Ejecutivo. La verdadera pregunta, por tanto, no es si una determinada actuación favorece o perjudica a un gobierno específico, sino si las reglas que hoy defendemos seguirían pareciéndonos aceptables cuando los protagonistas del conflicto fueran completamente distintos.

En tiempos de polarización política, el mayor desafío consiste en preservar la capacidad de distinguir entre la persona y el cargo, entre el órgano y quienes lo integran, entre la crítica jurídica y la deslegitimación institucional. Defender la Constitución no implica respaldar incondicionalmente a ninguno de los poderes del Estado. Significa, por el contrario, proteger el delicado equilibrio que ella establece entre legitimidad electoral y legitimidad constitucional, recordando que la fortaleza de una democracia no depende únicamente de la voluntad de las mayorías, sino también de la existencia de instituciones capaces de ejercer sus competencias con independencia, dentro de los límites que la propia Constitución les impone.

Solo desde esa comprensión será posible preservar un Estado constitucional en el que el conflicto entre poderes se resuelva mediante el Derecho y no mediante la sustitución de los argumentos jurídicos por narrativas que, lejos de fortalecer la democracia, terminen erosionando la confianza ciudadana en las instituciones llamadas precisamente a protegerla.

A 40 años de su fundación, MUSADE convoca a un diálogo nacional sobre democracia, derechos humanos y el futuro del movimiento de mujeres

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Asamblea constitutiva de MUSADE.

En el marco de la celebración de su 40 aniversario, la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) realizará el Encuentro Nacional «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Desafíos para Costa Rica», un espacio de diálogo y reflexión que reunirá a mujeres lideresas de distintas generaciones para analizar los principales aportes del movimiento de mujeres y los desafíos que enfrenta hoy la democracia, la igualdad y los derechos humanos en el país

El encuentro se realizará el próximo 28 de agosto, en el Mini Auditorio de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, en San Ramón, y contará con la participación de representantes de organizaciones sociales, instituciones públicas, universidades, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y movimientos de mujeres de diferentes regiones del país.

A lo largo de la jornada se reflexionará sobre la evolución del movimiento de mujeres en Costa Rica, los retos actuales para la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la participación política de las mujeres y la construcción de propuestas para enfrentar los desafíos del presente.

Uno de los momentos más significativos será la participación de Carmen Soto, integrante de la primera Junta Directiva de MUSADE en 1986, quien compartirá una mirada histórica sobre los primeros años de la organización y recordará cómo, hace cuatro décadas, organizar mujeres en las comunidades rurales era un verdadero acto de valentía.

Según Enid Cruz Ramírez, coordinadora general de MUSADE:

«Celebrar cuarenta años no significa únicamente mirar el pasado. Significa preguntarnos qué país queremos construir para las próximas generaciones. Este encuentro busca renovar nuestro compromiso con la democracia, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos de las mujeres.»

Como parte de los resultados del encuentro, MUSADE elaborará la publicación «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Reflexiones y desafíos para Costa Rica», que reunirá las principales ponencias, reflexiones y propuestas surgidas durante la jornada. Asimismo, estos aportes servirán de base para la Declaración Política del 40 aniversario de MUSADE, documento que será presentado el 6 de diciembre de 2026 como una contribución al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en Costa Rica.

El Encuentro Nacional forma parte de la Ruta hacia el 40 aniversario de MUSADE, bajo el lema: «Ni retrocesos ni silencios: historia, lucha y futuro.»

A cuarenta años de su fundación, MUSADE reafirma que la defensa de los derechos de las mujeres sigue siendo una tarea vigente. Este encuentro será una oportunidad para hacer memoria, dialogar entre generaciones y construir propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la igualdad y la justicia social en Costa Rica.

Legados del Encuentro Nacional

  • Publicación «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Reflexiones y desafíos para Costa Rica».

  • Declaración Política del 40 aniversario de MUSADE, que será presentada el 6 de diciembre de 2026.

  • Fortalecimiento del diálogo y la articulación entre mujeres de distintas generaciones, territorios y sectores sociales.

Información del evento

Encuentro Nacional
Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Desafíos para Costa Rica

📅 Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
🕤 Hora: 9:30 a. m. – 3:00 p. m.
📍 Lugar: Mini Auditorio, Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, San Ramón, Alajuela.
Organiza: Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE).

Sobre MUSADE

La Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) es una organización feminista fundada en San Ramón en 1986. Durante cuarenta años ha promovido los derechos humanos de las mujeres mediante procesos de organización comunitaria, atención integral, prevención de la violencia, liderazgo, educación popular e incidencia en políticas públicas.

Foro en vivo analizará la situación de las comunidades indígenas de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Portada.

La Alianza por una Vida Digna, la Escuela de Geografía, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, Kioscos Socioambientales y SURCOS Digital invitan al foro en vivo ¿Qué está ocurriendo en las comunidades indígenas de Costa Rica?, que se realizará el jueves 6 de agosto a las 6:00 p.m. mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

El espacio contará con la participación de:

  • Lesner Figueroa, integrante de la organización Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Salitre.

  • Byron Reyes, representante de la Recuperación de San Andrés, territorio Térraba.

  • Marcony Lacayo, Operación Maleku Ií úroteca.

  • María José Cabezas, psicóloga con enfoque social y trabajo con pueblos originarios.

La actividad busca propiciar un espacio de diálogo sobre la situación que viven las comunidades indígenas de Costa Rica.

FESITRAES se solidariza con UDECO ante la persecución sindical en la cooperativa Dos Pinos

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

Desde las organizaciones sindicales de las universidades públicas costarricenses, articuladas en la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), manifestamos nuestra más enérgica condena ante los actos de persecución sindical ejecutados por la administración de la Cooperativa Dos Pinos contra el Sindicato UDECO y el compañero Ricardo Fallas.

Denunciamos:

  1. El despido arbitrario y político del compañero Ricardo Fallas, delegado sindical de la planta de concentrados, destacada figura en la organización de la personas trabajadoras en la cooperativa. Este ataque directo se disfrazó bajo la figura del artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, sin mediar explicación ni debido proceso, con la única intención de castigar la labor de representación sindical.

  2. La estrategia de hostigamiento sistemático de la gerencia de Dos Pinos, que utiliza el miedo y la presión para intentar desarticular el derecho legítimo de los trabajadores a defender sus intereses colectivos y la organización sindical.

Exigimos el cumplimiento irrestricto de la normativa:

  • La libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación como derechos innegociables y principios básicos dentro de las relaciones laborales y la organización sindical (Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación). No existe democracia laboral en un clima de amenazas y temor.

  • Protección contra la discriminación antisindical: los actos que condicionan el derecho al trabajo de las personas afiliadas o que buscan castigar la labor sindical, son a todas luces violatorias de la libertad sindical y ponen en riesgo la existencia misma de las organizaciones de la clase trabajadora. Estas situaciones son inadmisibles (Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva).

  • Fuero sindical y garantías para delegados: La protección es indispensable para los delegados sindicales, quienes deben ejercer su mandato con total independencia y sin represalias patronales (Convenio 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores). El despido de dirigentes sindicales busca amedrentar a toda la base trabajadora, lo que resulta inaceptable.

Por tanto, solicitamos:

  1. Reinstalación inmediata del compañero Ricardo Fallas en su puesto, con el pago de salarios caídos y el respeto pleno a su investidura sindical.

  2. Cese de ataques contra UDECO: Exigimos el fin de toda forma de acoso e intimidación contra los afiliados y dirigentes sindicales de UDECO por parte de la patronal de la Cooperativa Dos Pinos.

  3. Respeto a la autonomía sindical: Exigimos que la empresa debe abstenerse de cualquier injerencia en la administración y actividades del sindicato (Convenio 98 de la OIT).

FESITRAES brinda su respaldo al Sindicato UDECO y al trabajador despedido. La ley no puede ser usada como mazo para quebrar la voluntad de las personas trabajadoras.

¡Alto a las políticas antisindicales!

¡La solidaridad de la clase trabajadora no tiene límites institucionales ni sectoriales!

Confederación UAS respalda lucha de UDECO ante la persecución patronal

Escrito en . Publicado en Trabajo.

A las personas trabajadoras y al movimiento social de Costa Rica:

Desde la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), manifestamos nuestra firme, activa y categórica solidaridad de clase con las y los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa Dos Pinos (UDECO), ante la grave ofensiva desatada por la empresa Dos Pinos, contra la libertad sindical y el derecho constitucional a la negociación colectiva.

Denunciamos la táctica dilatoria del Departamento Jurídico del Ministerio de Trabajo al postergar indefinidamente el estudio de membresía sindical, sin causa justificable, paso indispensable para avanzar en la convención colectiva. De igual forma, rechazamos contundentemente la maniobra de la empresa Dos Pinos que busca instrumentalizar la legislación para identificar y vulnerar el fuero sindical de la dirigencia con intenciones de despido antisindical.

En la UAS, nos unimos y solidarizamos públicamente con la lucha de UDECO por la plena garantía de los derechos laborales, el respeto irrestricto al fuero sindical y el cese de la persecución patronal e institucional.

Reiteramos nuestro compromiso con la unidad de la clase trabajadora y de igual forma nos sumamos al llamado de UDECO, a respaldar activamente la manifestación pacífica convocada para el martes 11 de agosto de 2026 a las 14:30 horas en el Ministerio de Trabajo (Barrio Tournón, San José).

¡Respeto pleno a las garantías y derechos laborales!

CONFEDERACIÓN UNIDAD EN LA ACCIÓN SINDICAL
¡En defensa del Estado Social de Derecho!

San José, Costa Rica — 3 de agosto de 2026

“Las convenciones colectivas se respetan. Los acuerdos salariales se honran”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Los sindicatos SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED expresamos nuestra más firme solidaridad con el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y con toda la clase trabajadora de dicha universidad, ante la lucha que hoy libran en defensa del respeto irrestricto a la Convención Colectiva de Trabajo y el cumplimiento de los acuerdos legítimamente suscritos con la Administración Universitaria para el reconocimiento, sin discriminación alguna, del ajuste por costo de vida correspondiente al año 2026.

Las convenciones colectivas no constituyen simples declaraciones de intención ni compromisos sujetos a la conveniencia de una de las partes. Son instrumentos jurídicos de obligatorio cumplimiento, reconocidos por la Constitución Política, el Código de Trabajo, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia nacional.

Por ello, cuando una administración universitaria suscribe un acuerdo con la representación legítima de las personas trabajadoras, adquiere el deber jurídico, ético e institucional de cumplirlo de buena fe. La seguridad jurídica, la confianza institucional y la paz laboral descansan precisamente en el respeto de los acuerdos firmados. Desconocer o aplicar de manera discriminatoria acuerdos válidamente alcanzados debilita el diálogo social, erosiona la confianza entre las partes y envía un mensaje contrario a los principios que históricamente han distinguido a las universidades públicas costarricenses.

Resulta particularmente preocupante que el reconocimiento del ajuste por costo de vida pueda pretender aplicarse bajo criterios diferenciados que generan discriminación entre personas trabajadoras que forman parte de una misma comunidad universitaria. El costo de vida afecta por igual a quienes diariamente sostienen la docencia, la investigación, la acción social, la administración, los servicios, el mantenimiento, la seguridad y todas las labores que hacen posible el funcionamiento de las universidades públicas. Los derechos laborales no pueden fragmentarse ni administrarse con criterios de exclusión.

Reconocemos la firmeza, la responsabilidad y el compromiso con que el SINDEU ha asumido esta defensa. Su lucha no persigue privilegios ni beneficios indebidos. Por el contrario, exige el cumplimiento de obligaciones previamente reconocidas y de acuerdos alcanzados mediante los mecanismos institucionales de negociación colectiva. Defender el cumplimiento de la Convención Colectiva es defender la dignidad de la clase trabajadora.

Asimismo, saludamos la amplia participación de personas trabajadoras que han manifestado su respaldo a esta causa, demostrando que la defensa de los derechos laborales constituye una convicción colectiva. Cuando cientos de personas levantan su voz para exigir respeto a la Convención Colectiva, lo que está en juego no es únicamente un derecho económico, sino la credibilidad de los compromisos institucionales, así como la vigencia efectiva de la negociación entre las personas trabajadoras y la patronal.

Desde el SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades de la Universidad de Costa Rica para que honren los compromisos adquiridos, respeten plenamente la Convención Colectiva de Trabajo y garanticen el reconocimiento del ajuste por costo de vida del año 2026 sin discriminación alguna. Cumplir los acuerdos alcanzados fortalece la institucionalidad universitaria, consolida la paz laboral y reafirma la confianza en el diálogo como mecanismo legítimo para resolver las diferencias.

A la clase trabajadora de la Universidad de Costa Rica y al SINDEU les reiteramos que no están solos. Su lucha trasciende la institución y representa la defensa de un principio que compete a todo el movimiento sindical costarricense: las convenciones colectivas se respetan, los acuerdos firmados se cumplen y los derechos conquistados mediante la negociación colectiva no pueden ser desconocidos ni debilitados.

¡Porque la unidad de la clase trabajadora seguirá siendo la mayor garantía para la defensa de nuestros derechos!

¡La lucha que hoy lleva adelante el SINDEU, también es nuestra lucha!

¡Solidaridad con el SINDEU! ¡Respeto a los acuerdos firmados! ¡Defensa de los derechos laborales!

SITUN – AFITEC – UTRAUTN – SIUNED

Plantón por la justicia y la democracia convoca a encender una luz en cada sede judicial del país

Escrito en . Publicado en Derechos.

Diversos sectores convocan a realizar un Plantón por la Justicia y la Democracia el próximo jueves 6 de agosto, a partir de las 4:30 p.m., en circuitos judiciales de todo el país, con el propósito de expresar respaldo al Poder Judicial y a la institucionalidad democrática.

La convocatoria plantea como mensaje central: “¡Que la luz de la justicia se encienda en cada sede judicial del país!”, e invita especialmente a las personas de las zonas alejadas del área metropolitana a organizar plantones de reflexión en cada circuito judicial después de las 4:30 de la tarde.

Las personas participantes son llamadas a llevar una vela como símbolo de la actividad y a promover expresiones de arte y cultura durante las concentraciones. Asimismo, se les invita a compartir fotografías de la jornada en redes sociales utilizando las etiquetas #Ningúngolpedeestado y #ApoyoalPoderJudicial.

La convocatoria destaca que la actividad se desarrollará en todo el país de manera simultánea y concluye con el mensaje:

“La justicia nos une. La democracia nos pertenece.”

El plantón se presenta como un llamado ciudadano a favor de la justicia, la democracia y la defensa de las instituciones judiciales.

Caballo desbocado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El manejo imprudente y falso de un colón fuerte, pese a conocerse la cascada de dólares producto del ilícito lavado, y la ilusa estadística macroeconómica, que según los incompetentes Chaves y Nogui reflejaban una «economía milagrosa de nación próspera», cerró los oídos a las advertencias de experimentados economistas que sí vislumbraban lo que era obvio:

– Que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central estaban, peligrosamente, «jugando de casita».

– Que las exportaciones pagadas con dólares artificialmente devaluados estaban golpeando los rubros de ingresos de múltiples empresas y personas «encadenadas» a procesos productivos otrora exitosos.

– Que el importante sector turismo, apenas recuperándose de las consecuencias de la pandemia del Covid-19, empezó a recibir dólares que se devaluaban todos los días, mientras el pago en colones de los empleados, así como de bienes y servicios, demandaban más dólares devaluados semana a semana, hasta obligarlos a hacer uso de sus reservas estratégicas.

Por otro lado, antes del ataque militar a Irán, el dólar barato solo se sentía en el pago de la importación de combustibles, pues Recope funciona sin fines de lucro, a diferencia de importadores de diversidad de artículos como automotores, medicamentos, productos alimenticios, maquinarias, etc., que, en aplicación de la normativa vigente, «no les da la gana» ajustar los precios hacia la baja.

En el caso de los empleados con salarios en dólares, como de servicios turísticos y «call centers», el golpe ha sido brutal, pues sus rebajas salariales ya alcanzan porcentajes casi criminales que rondan el 40 %.

La lista puede ser ampliada por muchos de los cientos de miles de afectados por esa «visión de estadistas» exhibida por «el mejor ministro de Hacienda del mundo», según los neoliberales salvajes de «The Banker», y exhibida también por el que dice tener «jugosas ofertas de trabajo en el exterior», gracias a sus muchos años en el Banco Mundial. ¡Así son de farsantes! Así se tiran aromáticas flores entre los dos, mientras los afectados por la incompetencia de ambos, solo quisieran despertar de esta pesadilla.

Y ahora el FMI, desde el trono supremo de la estadística macroeconómica, tira la toalla ante la evidente incapacidad de nuestros gobernantes de detener «el caballo desbocado» que ellos maltrataron para que así sucediera. Al FMI le disgusta que el Banco Central compre dólares para tratar de disminuir la velocidad de la carrera, pues quizá sus sabios estarán pensando en una dolarización forzada de nuestra maltrecha economía, aunque la inflación negativa (evidencia de un país improductivo) no puede ser manipulada como el usual argumento.

Cabe recordar que hace tan solo cuatro años el dólar costaba cerca de ¢700 (¡hoy cuesta ¢250 menos!). O sea, los asalariados en dólares están recibiendo casi un 40 % menos por su trabajo… ante la mirada complaciente de Nogui Acosta, Laura Fernández y la mirada «perdida» del ministro de Hacienda… que solo piensa en qué hará cuando se acabe el periodo presidencial que él está comandando, mientras el trote del caballo es cada vez más fuerte.

¿Así o más claro? La Constitución habló

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Cuando la Constitución debe ser leída en voz alta, es porque alguien ha dejado de escucharla.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

Hay discursos que pasan inadvertidos y hay otros que quedan registrados como una advertencia para la historia. Las palabras pronunciadas por el magistrado Jorge Araya García pertenecen a esta última categoría. No fueron el producto de la exaltación, la improvisación o el cálculo político. Fueron, por el contrario, el recordatorio sobrio y contundente de una verdad elemental: en una república, nadie está por encima de la Constitución.

La escena resultó tan insólita como reveladora. Un magistrado de la Sala Constitucional se vio obligado a recordarles al presidente de la República y a una de sus ministras el contenido de los artículos 148 y 149 de la Constitución Política, es decir, las normas que establecen la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

«Señor Chaves, usted juró defender la Constitución y las leyes. ¿O me equivoco?»

La pregunta cayó como un rayo en medio de un clima político caracterizado por la confrontación permanente, el descrédito sistemático de las instituciones y la creciente costumbre de presentar cualquier límite constitucional como si se tratara de un obstáculo para la voluntad del gobernante.

Pero el magistrado no emitió una opinión. Hizo algo mucho más grave y, al mismo tiempo, mucho más sencillo: leyó la Constitución.

Recordó el contenido del artículo 148, según el cual el presidente de la República es responsable del uso de las atribuciones que la Constitución le confiere y los ministros son responsables, junto con él, de las decisiones adoptadas. Más adelante, citó el artículo 149 y recordó que el presidente y sus ministros son responsables cuando impidan u obstaculicen el ejercicio de las funciones propias del Poder Judicial o cuando, por acción u omisión, violen una ley expresa.

No se trata de disposiciones secundarias ni de simples formalidades jurídicas. Constituyen el núcleo mismo del sistema republicano. Sin ellas, el poder dejaría de estar sometido a la ley y la democracia quedaría reducida a un simple ejercicio de fuerza política.

Lo preocupante es que el incidente no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio y más peligroso: la normalización del ataque a las instituciones de la República. El problema ya no radica únicamente en la existencia de desacuerdos políticos, algo natural en cualquier democracia, sino en la tentativa de erosionar la legitimidad de los órganos encargados de ejercer controles sobre el poder.

Cuando se desacredita a los jueces, se ridiculiza a la prensa, se menosprecia a las universidades y se debilita a los organismos de control, no se fortalece la democracia; se la vacía de contenido.

La estrategia no es nueva. Ha sido aplicada innumerables veces en distintas latitudes. Primero se identifica un adversario. Después se le atribuyen todos los males del país. Más tarde se alimenta el resentimiento y se promueve la idea de que el gobernante encarna la voluntad popular y que, por lo tanto, cualquier límite a su autoridad constituye una forma de sabotaje. Finalmente, la legalidad es presentada como un estorbo y la institucionalidad como un enemigo.

La historia demuestra que los regímenes autoritarios no suelen derribar las instituciones de un solo golpe. Prefieren debilitarlas poco a poco, desacreditarlas ante la opinión pública y privarlas de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Cuando la ciudadanía comprende lo que está ocurriendo, el daño ya suele ser considerable.

Por esa razón, las palabras finales del magistrado Araya adquirieron un significado que trasciende la coyuntura política:

«¿Qué podemos esperar? ¿Seguirá otro recorte? ¿Cuándo será? ¿Nos dejará terminar el año?».

No era la voz de un funcionario defendiendo un presupuesto. Era la voz de un juez defendiendo la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del poder político.

Y conviene decirlo con absoluta claridad: la independencia judicial no existe para proteger a los jueces, sino a los ciudadanos. Sin ella, la ley deja de ser un límite para el poder y se convierte en un simple instrumento de conveniencia.

La advertencia del magistrado también encierra una amarga paradoja. Un presidente que juró respetar la Constitución tuvo que escuchar, desde la más alta magistratura constitucional del país, la lectura de los artículos que definen los límites de su propio cargo.

Tal vez el momento más revelador haya sido aquel en que el magistrado expresó: «No estoy haciendo ningún juicio de valor; se los voy a leer». La frase contiene una enorme carga simbólica. Cuando la sola lectura de la Constitución se transforma en un acto de resistencia, es porque algo fundamental está ocurriendo en la vida política de una nación.

Costa Rica no puede darse el lujo de tratar estos episodios como simples anécdotas. Lo que está en juego no es la reputación de un gobierno ni la imagen de un magistrado. Lo que está en juego es la vigencia misma del pacto republicano.

Porque la Constitución no es un consejo, una recomendación ni una declaración de buenas intenciones. La Constitución es un límite. Y cuando el poder comienza a considerar los límites como una afrenta, la democracia empieza a caminar por un terreno extremadamente peligroso.

OES UNA: Primeros cinco meses del año reflejan deterioro fiscal del país

Escrito en . Publicado en Análisis.

· El deterioro de los ingresos tributarios y el repunte del gasto por intereses de deuda presionan nuevamente las finanzas públicas.

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presenta este análisis de la situación fiscal de Costa Rica con información disponible al cierre del quinto mes de 2026, con el propósito de aportar elementos que contribuyan a la discusión sobre la coyuntura fiscal y su incidencia en el desempeño de la economía nacional.

El documento analiza tres componentes fundamentales de las finanzas públicas: los ingresos del Gobierno Central, el gasto público y el resultado fiscal. Asimismo, presenta una actualización de las proyecciones sobre la trayectoria del endeudamiento público al cierre de 2026, elaboradas con base en la información más reciente disponible, con el fin de valorar las perspectivas de sostenibilidad fiscal en el corto plazo.

1. Ingresos del gobierno central

En cuanto a los ingresos del Gobierno Central, su comportamiento -expresado como porcentaje del PIB- muestra la siguiente evolución al cierre de mayo de cada año, para el período 2022-2026:

Cuadro 1

Gobierno Central: Ingresos con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

 

2022

2023

2024

2025

2026

INGRESOS TOTALES

6,45%

6,42%

6,20%

6,01%

5,70%

Ingresos Tributarios

5,56%

5,74%

5,49%

5,32%

5,01%

Impuesto a los ingresos y utilidades

2,23%

2,19%

1,94%

1,89%

1,81%

Sobre importaciones

0,14%

0,14%

0,14%

0,15%

0,14%

Sobre exportaciones

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

IVA

1,95%

2,07%

2,05%

2,02%

1,87%

Interno

1,25%

1,33%

1,31%

1,28%

1,20%

Aduanas

0,70%

0,74%

0,75%

0,73%

0,67%

Selectivo de Consumo

0,17%

0,23%

0,27%

0,24%

0,21%

Interno

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Aduanas

0,16%

0,22%

0,26%

0,23%

0,20%

Otros ingresos tributarios

0,97%

1,11%

1,08%

1,02%

0,97%

Contribuciones sociales

0,46%

0,48%

0,49%

0,49%

0,49%

Ingresos no tributarios

0,40%

0,18%

0,19%

0,18%

0,17%

Transferencias

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos del Gobierno Central, medidos como porcentaje del PIB, muestran una tendencia descendente al cierre de mayo durante el período 2022-2026 (Cuadro 1). En mayo de 2026, los ingresos totales representaron el 5,70% del PIB, inferior al 6,01% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,31 puntos porcentuales. Este resultado obedece exclusivamente a la disminución de los ingresos tributarios, que pasaron de 5,32% a 5,01% del PIB, constituyéndose tanto los ingresos tributarios como los ingresos totales en los niveles más bajos del período analizado.

El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ₡106.000 millones menos. Cabe señalar que marzo de 2023 constituye el mejor referente reciente en términos de recaudación de este impuesto, por lo que la magnitud de la reducción evidencia una desaceleración significativa en el rendimiento del principal tributo del Gobierno Central.

La menor recaudación del impuesto sobre la renta se explica, principalmente, por la evolución de dos de sus componentes. Por un lado, el impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas acumuló una contracción del 2,0% al cierre de mayo, en contraste con el crecimiento del 3,0% observado en igual período de 2025. Por otro lado, el impuesto sobre remesas al exterior, aplicado a los ingresos obtenidos por personas no residentes, registró una disminución del 2,7%, comportamiento asociado, entre otros factores, a la apreciación del colón durante los primeros meses de 2026, que redujo el valor en colones de las operaciones gravadas. En contraste, la recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas físicas permaneció prácticamente estancada, al registrar una leve disminución del 0,03%, mientras que en el mismo período del año anterior mostraba un crecimiento del 5,9%.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), su recaudación también muestra una pérdida de dinamismo durante 2026. Al cierre de mayo, este tributo representó 1,87% del PIB, inferior al 2,02% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,15 puntos porcentuales del PIB. Esta disminución refleja un menor crecimiento de la recaudación en comparación con el observado el año anterior y se manifiesta tanto en el IVA aplicado a las transacciones internas como en el recaudado en aduanas.

En términos nominales, la recaudación del IVA acumuló una contracción de 3,8% a mayo de 2026, mientras que en igual período de 2025 registraba un crecimiento de 3,5%. Como resultado, la participación del IVA interno disminuyó de 1,28% a 1,20% del PIB, en tanto que el IVA de aduanas pasó de 0,73% a 0,67% del PIB, evidenciando que la desaceleración de este impuesto responde tanto al comportamiento de la actividad económica interna como al menor dinamismo de las importaciones.

Por su parte, el impuesto selectivo de consumo también redujo su participación dentro de los ingresos tributarios. Al cierre de mayo de 2026, este impuesto representó 0,21% del PIB, frente al 0,24% observado en el mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica, principalmente, por el efecto de la apreciación del colón sobre la recaudación asociada a bienes importados y por las modificaciones introducidas en la metodología de valoración de los vehículos usados.

La disminución se concentra en el impuesto selectivo de consumo recaudado en aduanas, cuya participación pasó de 0,23% a 0,20% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026, mientras que el componente aplicado a las transacciones internas se mantuvo prácticamente sin variación.

En el rubro de otros ingresos tributarios, que agrupa diversos impuestos de menor peso relativo y dentro del cual el impuesto único a los combustibles constituye el principal componente, la recaudación también disminuyó como porcentaje del PIB. Este rubro pasó de representar 1,02% del PIB en mayo de 2025 a 0,97% en igual período de 2026.

A pesar de esta reducción agregada, el impuesto único a los combustibles —que aporta aproximadamente el 64% de la recaudación clasificada en este rubro— mostró un comportamiento relativamente favorable. Su recaudación alcanzó el 0,53% del PIB al cierre de mayo de 2026, superior al 0,51% del PIB registrado un año antes. No obstante, el ritmo de crecimiento de este impuesto se desaceleró de forma importante: mientras que en los primeros cinco meses de 2025 aumentaba un 20,2% interanual, en el mismo período de 2026 el crecimiento fue de apenas 8,0%.

El segundo componente más relevante de este grupo corresponde al impuesto sobre la propiedad de vehículos, cuya recaudación pasó de 0,13% del PIB en mayo de 2025 a 0,09% del PIB en mayo de 2026. Esta disminución responde, principalmente, a la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023, la cual redujo la carga tributaria asociada a este gravamen. Como resultado, aunque las importaciones de vehículos han mantenido un fuerte crecimiento en los últimos años, ello no se ha traducido en un aumento proporcional de la recaudación de este impuesto.

En términos nominales, el impuesto sobre la propiedad de vehículos registró una contracción interanual del 33,1% al cierre de mayo de 2026, en contraste con el crecimiento del 33,1% observado en el mismo período del año anterior. Este cambio refleja el impacto de la reforma tributaria sobre el rendimiento de este gravamen y explica parte de la reducción observada en el rubro de otros ingresos tributarios.

El OES complementa el análisis de los ingresos tributarios mediante el seguimiento de la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos doce meses de los distintos tipos de impuestos. Este enfoque permite identificar con mayor oportunidad los cambios en la dinámica de los ingresos fiscales y anticipar posibles efectos sobre las finanzas públicas antes del cierre del ejercicio presupuestario.

Como se observa en el Gráfico 1, el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios comenzó a desacelerarse a partir de abril de 2025 y, desde marzo de 2026, las tasas de variación interanual pasaron a ser negativas, lo que significa que la recaudación tributaria es inferior a la registrada en los mismos meses del año previo. Si bien una situación similar se presentó entre marzo y julio de 2024, en aquella ocasión estuvo explicada principalmente por la menor recaudación del impuesto sobre la renta y por la fuerte contracción del impuesto sobre la propiedad de vehículos.

En contraste, la desaceleración observada en 2026 tiene un origen más amplio, ya que responde simultáneamente a la disminución en la recaudación del impuesto sobre la renta, del IVA y del impuesto selectivo de consumo, es decir, tres de las principales fuentes de ingresos tributarios del Gobierno Central.

De mantenerse esta tendencia durante el resto de 2026, es previsible una nueva reducción de la carga tributaria al cierre del año, al igual que ocurrió en 2025. En consecuencia, el Gobierno Central enfrentaría menores ingresos en relación con el tamaño de la economía, lo que presionaría al alza el déficit fiscal, reduciría el superávit primario y limitaría la velocidad de disminución de la deuda pública como porcentaje del PIB, e incluso podría traducirse en un incremento de esta relación si el deterioro de los ingresos no es compensado por una reducción del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Al analizar el comportamiento interanual de los principales impuestos se observa un deterioro generalizado en la dinámica de la recaudación, aunque con diferencias importantes entre los distintos tributos.

En el caso del impuesto sobre la renta, la desaceleración de la recaudación se ha intensificado desde marzo de 2026, reflejando un menor dinamismo de las utilidades gravables y un deterioro en el rendimiento del principal impuesto del Gobierno Central.

Por su parte, el IVA evidencia un comportamiento aún más preocupante. Además de la desaceleración observada desde mediados de 2025, el tributo acumula seis meses consecutivos de variaciones interanuales negativas, lo que confirma una tendencia de deterioro sostenido. Esta pérdida de dinamismo se presenta tanto en la recaudación del IVA sobre las transacciones internas como en la correspondiente a las importaciones.

El impuesto selectivo de consumo también mantiene una trayectoria descendente. Desde junio de 2025 registra caídas interanuales de forma prácticamente continua, luego de varios años de un sólido crecimiento. Este comportamiento está estrechamente vinculado con la desaceleración de las importaciones de vehículos, actividad que perdió dinamismo durante 2025 y continuó mostrando un menor ritmo de crecimiento en los primeros meses de 2026, reduciendo la base imponible de este gravamen.

En contraste, el impuesto sobre la propiedad de vehículos ha mantenido tasas de crecimiento interanual positivas durante los primeros meses de 2026. No obstante, el ritmo de expansión ha comenzado a moderarse gradualmente, por lo que será necesario observar su evolución durante el resto del año para determinar el impacto final sobre la recaudación anual, especialmente considerando los efectos de la reforma aplicada a este tributo en 2023.

Finalmente, la recaudación del impuesto único a los combustibles muestra una recuperación durante 2026, tras el deterioro experimentado a lo largo de 2025. Este comportamiento podría estar asociado a un aumento en el consumo de combustibles, que habría compensado parcialmente la volatilidad observada en los precios internacionales del petróleo, influenciados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, será necesario dar seguimiento a este impuesto en los próximos meses, dado que su evolución dependerá tanto del comportamiento de la demanda interna como de las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

1. Gasto público

El comportamiento del gasto público durante los primeros cinco meses de 2026 muestra una dinámica distinta a la observada en los años previos. Aunque el gasto continúa creciendo, su ritmo de expansión se ha moderado y se observa un cambio en la composición de los rubros que impulsan dicho crecimiento. En particular, el gasto en remuneraciones mantiene un crecimiento contenido, las transferencias corrientes muestran una reducción tanto hacia el sector público como hacia el sector privado, el gasto de capital presenta escasas variaciones y el pago de intereses de la deuda vuelve a cobrar protagonismo como uno de los principales factores de expansión del gasto.

Este cambio resulta relevante porque el gasto por intereses fue el componente que registró la mayor reducción durante 2025 y, sin embargo, en 2026 ha retomado una trayectoria ascendente. De mantenerse esta tendencia durante el resto del año, el pago de intereses aumentaría como porcentaje del PIB, lo que ejercerá una mayor presión sobre el déficit financiero y limitará el margen de maniobra de la política fiscal.

En el caso del gasto en remuneraciones, su participación con respecto al PIB muestra una ligera disminución al cierre de mayo de 2026. Mientras que en igual período de 2025 este rubro representaba el 2,36% del PIB, en 2026 alcanzó el 2,35%, variación que podría estar asociada, entre otros factores, al proceso de migración de funcionarios al esquema de salario global establecido por la Ley Marco de Empleo Público. No obstante, en términos nominales el gasto en remuneraciones acumuló un crecimiento interanual del 3,0%, superior al 0,9% registrado en los primeros cinco meses de 2025, lo que refleja que el menor peso relativo sobre el PIB también responde al crecimiento de la economía nominal.

Por su parte, el gasto por intereses de la deuda volvió a incrementarse como porcentaje del PIB al cierre de mayo de 2026. Este rubro alcanzó el 1,83% del PIB, frente al 1,79% observado en el mismo período del año anterior. Asimismo, su crecimiento interanual pasó de una contracción del 5,2% en mayo de 2025 a un aumento del 6,0% en mayo de 2026, confirmando un cambio de tendencia respecto al año previo.

Al desagregar el pago de intereses según el origen de la deuda, se observa que el aumento proviene exclusivamente del servicio de la deuda interna. Los intereses pagados por este concepto pasaron de 1,38% a 1,47% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En contraste, los intereses correspondientes a la deuda externa disminuyeron de 0,41% a 0,36% del PIB, favorecidos por la apreciación del colón registrada durante los primeros meses de 2026, la cual redujo el costo en colones del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera. En consecuencia, el incremento del gasto total por intereses responde al mayor costo del financiamiento interno, mientras que la evolución del tipo de cambio contribuyó a contener el gasto asociado a la deuda externa.

Cuadro 2.

Gobierno Central: gasto público con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

 

2022

2023

2024

2025

2026

GASTOS TOTALES

7,21%

7,26%

7,55%

7,10%

6,98%

Gastos totales sin intereses

5,41%

5,36%

5,55%

5,31%

5,15%

Gastos corrientes

6,85%

6,84%

7,08%

6,68%

6,53%

Remuneraciones

2,48%

2,40%

2,47%

2,36%

2,35%

Bienes y Servicios

0,22%

0,21%

0,20%

0,20%

0,21%

Intereses

1,81%

1,90%

1,99%

1,79%

1,83%

Deuda Interna

1,51%

1,53%

1,52%

1,38%

1,47%

Deuda externa

0,30%

0,37%

0,47%

0,41%

0,36%

Transferencias

2,34%

2,33%

2,41%

2,32%

2,13%

Sector Privado

0,84%

0,80%

0,78%

0,74%

0,71%

Sector Publico

1,50%

1,48%

1,63%

1,57%

1,42%

Sector Externo

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Gastos de Capital

0,36%

0,41%

0,46%

0,41%

0,45%

Inversión

0,14%

0,20%

0,15%

0,13%

0,12%

Transferencias

0,22%

0,21%

0,31%

0,28%

0,33%

Transferencias con recurso externo

0,06%

0,00%

0,02%

0,04%

0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

La partida de transferencias corrientes es la que registra la mayor variación dentro del gasto público durante 2026. Al cierre de mayo, este rubro representó 2,13% del PIB, inferior al 2,32% del PIB observado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,19 puntos porcentuales del PIB. En términos nominales, las transferencias corrientes acumularon una disminución interanual del 5,0%, mientras que en igual período del año anterior registraban un crecimiento del 1,7%.

La reducción se explica tanto por el comportamiento de las transferencias al sector privado como por las destinadas al sector público. Las transferencias corrientes al sector privado, integradas principalmente por el pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, disminuyeron de 0,74% a 0,71% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Esta tendencia responde al efecto de las reformas aprobadas en años anteriores para limitar el crecimiento de las pensiones financiadas con recursos del presupuesto, cuyos efectos continúan reflejándose en la evolución de este componente del gasto.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público, que comprenden los recursos que el Gobierno Central transfiere a instituciones descentralizadas y otros entes públicos para financiar el funcionamiento y diversos programas sociales, registraron una reducción aún más significativa. Su participación pasó de 1,57% a 1,42% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Este comportamiento refleja el efecto de las medidas de contención del gasto implementadas en los últimos años y evidencia las restricciones que enfrenta el financiamiento de programas públicos y sociales bajo el actual marco de consolidación fiscal.

En cuanto al gasto de capital, este mostró una leve recuperación respecto al año anterior. Al cierre de mayo de 2026 alcanzó el 0,45% del PIB, superior al 0,41% registrado en el mismo período de 2025, aunque todavía ligeramente inferior al 0,46% observado en 2024. En términos nominales, el gasto de capital acumuló un crecimiento interanual del 13,2%, contrastando con la contracción del 5,3% registrada un año antes.

A pesar de esta recuperación, la inversión pública continúa representando una proporción reducida del PIB, lo que limita su capacidad para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país. Además, este componente del gasto mantiene una elevada volatilidad, asociada a los distintos ritmos de ejecución de los proyectos de infraestructura, especialmente en el ámbito vial. De cara a 2027, la aplicación de la regla fiscal podría volver a restringir el crecimiento de la inversión pública, limitando el margen para incrementar el gasto de capital.

Al igual que en el caso de los ingresos, el OES complementa el análisis del gasto público mediante el seguimiento de la evolución del gasto acumulado de los últimos doce meses. Este enfoque permite identificar con mayor claridad los cambios en la tendencia del gasto, reduciendo la volatilidad propia de la ejecución mensual.

Como se observa en el Gráfico 3, el gasto público inició un proceso de desaceleración a partir de abril de 2025, llegando incluso a registrar tasas de crecimiento negativas durante algunos meses de ese año y en el primer trimestre de 2026. No obstante, en abril y mayo de 2026 esta tendencia comenzó a revertirse, debido principalmente a la recuperación del gasto de capital y al repunte del pago de intereses de la deuda interna, componentes que explican la aceleración más reciente del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en el comportamiento observado durante los primeros cinco meses del año, se estima que el gasto público crecerá a un ritmo inferior al del PIB nominal en 2026. En consecuencia, su participación relativa dentro de la economía volvería a disminuir al cierre del año. Esta evolución contribuiría a contener el déficit financiero y favorecer el mantenimiento del superávit primario. Sin embargo, este efecto positivo sería parcialmente compensado por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios, por lo que la evolución final del balance fiscal dependerá, en buena medida, del comportamiento que mantenga la recaudación durante el segundo semestre del año.

La evolución interanual de las principales partidas del gasto público evidencia comportamientos diferenciados durante los últimos meses. En el caso de las remuneraciones, el ritmo de crecimiento se ha acelerado con respecto a los primeros meses del año, aunque continúa siendo moderado en comparación con otros períodos. Por su parte, el gasto por intereses mantiene una tasa de variación interanual inferior a la observada en años anteriores; sin embargo, su crecimiento ha venido recuperándose gradualmente tras la fuerte contracción registrada en 2025. En contraste, las transferencias corrientes presentan tasas de crecimiento interanual negativas desde el inicio de 2026, lo que ha reducido progresivamente su participación dentro del gasto total del Gobierno Central.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en las tendencias observadas hasta mayo, se prevé que al cierre de 2026 tanto el gasto en remuneraciones como las transferencias corrientes reduzcan ligeramente su participación con respecto al PIB. En el caso del gasto por intereses, la trayectoria apunta a un aumento de su peso relativo dentro del gasto público, aunque su magnitud dependerá, en buena medida, de la evolución del tipo de cambio durante el segundo semestre del año. Una eventual depreciación del colón incrementaría el costo en moneda nacional del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera, presionando al alza el gasto por intereses y, en consecuencia, el déficit financiero.

En cuanto al gasto de capital, este ha mostrado una evolución más favorable desde finales de 2025, con tasas de crecimiento interanual de dos dígitos que reflejan una aceleración en la ejecución de proyectos de inversión pública. De mantenerse esta tendencia, al cierre de 2026 la inversión pública aumentaría ligeramente como porcentaje del PIB. No obstante, aun con esta mejora, el gasto de capital continuaría ubicándose por debajo de los niveles más altos registrados durante las últimas dos décadas, lo que limita su capacidad para cerrar las brechas de infraestructura y potenciar el crecimiento económico de largo plazo.

1. RESULTADO FISCAL

Al cierre de mayo de 2026, las finanzas públicas muestran un deterioro con respecto al mismo período del año anterior, explicado principalmente por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios. El superávit primario alcanzó 0,55% del PIB, inferior al 0,70% del PIB registrado a mayo de 2025, reflejando que la reducción de los ingresos ha superado el efecto de la moderación observada en el crecimiento del gasto público.

Por su parte, el déficit financiero se ubicó en 1,29% del PIB, superior al 1,09% del PIB observado en igual período del año anterior. Este incremento responde tanto a la menor recaudación tributaria como al repunte del gasto por intereses de la deuda, factores que han reducido el margen de mejora alcanzado en los últimos años sobre el balance de las finanzas públicas.

Con base en la información disponible al cierre de mayo, el Observatorio Económico y Social estima que el déficit financiero podría ubicarse entre 3,7% y 3,8% del PIB al finalizar 2026, mientras que el superávit primario se situaría entre 0,5% y 0,6% del PIB. Asimismo, se proyecta que la deuda del Gobierno Central cierre el año entre 60,7% y 61,0% del PIB. Estas estimaciones parten del supuesto de que el crecimiento económico se mantendrá en línea con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (vigentes al 28 de julio de 2026), que no se producirán cambios significativos en la inflación ni en el tipo de cambio durante el segundo semestre del año y que las tendencias observadas en los ingresos y el gasto público se mantendrán durante el resto del ejercicio fiscal. El OES actualizará estas proyecciones en el último trimestre de 2026, conforme se disponga de nueva información.

Los resultados observados durante los primeros cinco meses del año evidencian un deterioro gradual de la posición fiscal del Gobierno Central. La reducción de la carga tributaria, combinada con un nivel de deuda pública cercano al 60% del PIB, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad de generación de ingresos del Estado para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y responder a las crecientes demandas de la población.

En este contexto, el OES considera necesario avanzar en una revisión integral del sistema tributario, orientada tanto a fortalecer la recaudación como a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración tributaria. Un sistema tributario con mayor capacidad recaudatoria contribuiría a fortalecer la sostenibilidad fiscal y a generar el espacio necesario para atender áreas estratégicas como la seguridad ciudadana, la educación pública, la inversión en infraestructura y los programas de protección social.

De igual forma, resulta prioritario impulsar medidas que contribuyan a reducir el costo del financiamiento de la deuda pública. El crecimiento esperado del gasto por intereses durante 2026 limita la disponibilidad de recursos para financiar políticas públicas e inversión social. Reducir ese costo permitiría liberar recursos presupuestarios que podrían destinarse a fortalecer la provisión de servicios públicos y promover el desarrollo económico y social. En este sentido, las acciones orientadas a mejorar la recaudación tributaria, fortalecer las potestades de control y fiscalización de la Administración Tributaria y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas adquieren un carácter prioritario para evitar un mayor deterioro de la situación fiscal en los próximos años.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
28 de julio de 2026

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica