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Autor: María José Ferlini Cartín

Hydration break

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Estoy seguro de que el fútbol es otra cosa. No esto.

Recuerdo, ahora que recuerdo tantos momentos vividos en el fútbol gracias a mi padre, la magia del Sócrates revolucionario de Brasil en 1982, el arte del segundo gol de Maradona contra Inglaterra en México 86, la alegría de todo un pueblo en el mítico mundial de 2014.

El ensayo transnacional que inventó la FIFA en este 2026 está siendo de todo menos exitoso en lo que la moral impone. Por eso digo que no es fútbol.

Es otra cosa.

Ante la más amplia cita mundialista de la historia, que significa ni más ni menos la circulación de millones de millones de dólares para sus arcas, se interpuso de una forma vulgar la restricción migratoria en Estados Unidos, la negación de una realidad violenta en México y la neutralidad irresponsable de un Canadá higiénico e inocente.

No sé ustedes, pero yo empiezo a dudar de las propiedades de ubicuidad del magnate de la FIFA Gianni Infantino, quien ha aparecido como si fuera un holograma en el palco de honor en todos los partidos. ¿cómo hace para moverse entre tantas restricciones migratorias?

Por supuesto, la pregunta es absolutamente irónica porque ni Infantino ni el buró ejecutivo de la FIFA son sometidos a los rigores y las vergüenzas migratorias que han sufrido delegaciones de países con las que Estados Unidos mantiene conflictos militares y diplomáticos, como el caso de la selección de Irán.

Pero es que no solo con Iran se ha descargado el ácido diplomático y migratorio estadounidense. Se cuentan por decenas los episodios de largos interrogatorios, visas denegadas, deportaciones express. Ante estos desplantes, la FIFA solo ha atinado a decir que en temas internos de los países no se inmiscuye. Y los millones de dólares siguen circulando a costas de estos maltratos e injustos procedimientos.

Al tiempo que rueda la pelota en Norteamérica, las “hieleras” en las que son confinados miles de migrantes detenidos en Estados Unidos siguen funcionando. En México continúan las desapariciones diarias y Canadá muestra su común y aséptico conformismo y pasividad.

El fútbol no es esto. Es más que esto. Por eso no es de extrañar que en todos los estadios se haya empezado a protestar por ese gazapo mercado técnico y vulgar llamado “tiempo de hidratación”, que no es más que un guiño a las televisoras oficiales de la Copa Mundial para que acrecienten sus ganancias, mientras loa jugadores son funcionalizados y utilizados como escaparates publicitarios en ese tiempo fuera. También ellos han empezado sus protestas.

El Sócrates revolucionario de Brasil 1982 era un activista por la democracia en su país, para entonces aquejado por una dictadura. Su inspiración siempre fue la vida en democracia y usaba el fútbol como instrumento. Alguna vez dijo: “Muchas veces pienso si podremos algún día dirigir este entusiasmo que gastamos en el fútbol hacia algo positivo para la humanidad…».

En tiempos como estos que nos tocó vivir, una figura como Sócrates hubiera negado esto en que han convertido al deporte Rey. Yo con gusto hubiera suscrito sus reflexiones, le seguiría tratando de encontrar esa magia secuestrada por los mercaderes y sus redes.

Valdría la pena construir algo más positivo para la humanidad. Ahora. Lo necesitamos todos.

Palestina: la dignidad y lucha de los pueblos

José A. Amesty Rivera

Durante años nos han dicho que Palestina es un conflicto lejano, complicado y difícil de entender, nos repiten que es un problema milenario lleno de matices que sólo los expertos pueden explicar, pero para muchos pueblos de América Latina la cuestión es bastante más sencilla de lo que pretenden hacernos creer.

Cuando un pueblo vive bajo ocupación, cuando su territorio se reduce cada año, cuando miles de familias son desplazadas, cuando los bombardeos destruyen escuelas, hospitales y viviendas, y cuando la comunidad internacional mira para otro lado, estamos frente a una injusticia que cualquier persona puede comprender.

Por eso Palestina ya no es solamente un tema de Medio Oriente, se ha convertido en una causa mundial, una causa que interpela a quienes creen en la soberanía de los pueblos, en la autodeterminación y en el derecho de las naciones a vivir libres de la dominación extranjera.

En América Latina esta realidad tiene un significado especial, ya que nuestros pueblos conocen bien lo que significa sufrir la intervención de potencias extranjeras, el saqueo de recursos naturales, los bloqueos económicos, las presiones diplomáticas y las campañas mediáticas destinadas a justificar lo injustificable.

Nuestra historia está marcada por siglos de colonialismo: primero fueron los imperios europeos, después llegaron nuevas formas de dependencia económica, política y cultural; cambiaron los métodos, pero muchas veces el objetivo siguió siendo el mismo, impedir que los pueblos decidan libremente su destino.

Por eso la causa palestina encuentra tanta solidaridad en nuestra región, no porque las realidades sean idénticas, sino porque existe una experiencia común de resistencia frente a formas de dominación, que adoptan distintos rostros según la época y el lugar.

Defender a Palestina no significa estar contra el pueblo judío ni contra ninguna religión, esto es importante decirlo con claridad.

El pueblo judío sufrió algunas de las persecuciones más terribles de la historia, como el antisemitismo que provocó sufrimiento, discriminación y tragedias inmensas, culminando en el horror del Holocausto, este hecho debe ser reconocido y condenado sin ninguna ambigüedad.

Pero precisamente porque conocemos esta historia, también debemos afirmar algo fundamental, ningún sufrimiento histórico puede justificar la negación de los derechos de otro pueblo. La defensa de los derechos humanos no puede aplicarse según la conveniencia política de las grandes potencias; si creemos en la dignidad humana, debemos defenderla siempre y para todos.

Por esto rechazamos el antisemitismo con la misma fuerza con que rechazamos la islamofobia, el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

También rechazamos una práctica cada vez más utilizada, presentar cualquier crítica a las políticas del gobierno israelí, como si fuera un ataque contra todo el pueblo judío; una cosa es cuestionar las decisiones de un gobierno, y otra muy distinta es discriminar a una comunidad o una religión, ya que no son lo mismo.

Criticar las decisiones de un gobierno es un derecho democrático, de la misma manera que se cuestionan las políticas de Estados Unidos, Francia, Rusia, China o cualquier otro país, también pueden cuestionarse las acciones de Israel. Confundir deliberadamente estas cosas sólo sirve para bloquear el debate y evitar que se discutan problemas reales.

Otro aspecto que merece atención es el papel de los grandes medios de comunicación internacionales. Durante décadas, buena parte de la información sobre Palestina ha llegado al mundo filtrada por intereses políticos y geopolíticos muy concretos.

Las víctimas palestinas suelen aparecer reducidas a números, sus historias rara vez ocupan las primeras planas, sus voces son muchas veces invisibilizadas.

Mientras tanto, determinados relatos reciben una cobertura permanente y una legitimidad, que pocas veces se concede a otros pueblos que sufren conflictos similares.

No se trata de conspiraciones ni de explicaciones simplistas, se trata de reconocer que la información también es un terreno de disputa política, ya que los pueblos tienen derecho a conocer todas las versiones de los hechos para formar sus propias opiniones.

La cuestión palestina también nos obliga a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, durante muchos se intentó imponer la idea de que unas pocas potencias tenían derecho a decidir qué gobiernos eran legítimos, qué guerras eran aceptables y qué pueblos merecían solidaridad internacional.

Sin embargo, el mundo está cambiando, cada vez más países reclaman relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la igualdad soberana entre los Estados.

Para América Latina, esta discusión es especialmente importante. La independencia política conquistada en el siglo XIX, sigue siendo una tarea inconclusa mientras persistan formas de dependencia económica, financiera y tecnológica.

Por esto la integración regional sigue siendo una necesidad estratégica, Bolívar soñó con una América Latina unida, porque comprendía que nuestros países aislados serían más vulnerables frente a los intereses de las grandes potencias, dos siglos después, esta lección mantiene plena vigencia.

La defensa de Palestina también nos recuerda la importancia de construir un mundo multipolar, donde ninguna potencia pueda imponer unilateralmente sus intereses sobre el resto de la humanidad.

Un mundo donde el derecho internacional se aplique a todos por igual, un mundo donde los derechos humanos no dependan del poder militar, económico o diplomático de quien los viola.

Desde una perspectiva latinoamericanista, la solidaridad con Palestina forma parte de una disputa más amplia, es la misma lucha por la soberanía que libraron nuestros libertadores, el combate de los pueblos indígenas que defendieron sus territorios, la pelea de quienes enfrentaron dictaduras, bloqueos e intervenciones extranjeras, la batalla de quienes creen que la dignidad no se negocia.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad importante en este debate, debe mantener una posición firme en defensa de los derechos humanos sin caer en prejuicios religiosos, étnicos o culturales, debe denunciar las injusticias donde ocurran, sin dobles raseros y debe recordar que los principios sólo tienen valor cuando se aplican de manera coherente.

Si estamos contra la ocupación de territorios, debemos estarlo siempre, si defendemos la autodeterminación de los pueblos, debemos hacerlo sin excepciones, si creemos en la igualdad entre las naciones, no podemos aceptar que algunas tengan más derechos que otras.

Palestina interpela precisamente esta coherencia; nos obliga a preguntarnos si los derechos humanos son realmente universales o si dependen de intereses geopolíticos, nos obliga a decidir si la soberanía es un derecho para todos o un privilegio reservado para unos pocos y nos obliga a recordar que la solidaridad internacional no es una consigna vacía, es un compromiso concreto con quienes sufren injusticias.

Por esto la causa palestina sigue despertando apoyo en sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones populares, espacios culturales y comunidades de toda América Latina, ya que muchos reconocen en esta lucha algo que forma parte de nuestra propia memoria histórica.

La memoria de quienes resistieron la colonización, la memoria de quienes enfrentaron imperios, la memoria de quienes se negaron a aceptar que el poder de la fuerza estuviera por encima de la fuerza de la razón.

La solidaridad con Palestina no nace del odio hacia nadie, nace de una convicción profundamente humana y profundamente latinoamericana, que ningún pueblo debe vivir sometido, desplazado o privado de sus derechos fundamentales.

Y mientras exista un pueblo luchando por su tierra, por su soberanía y por su dignidad, esta causa seguirá encontrando eco en los corazones de millones de hombres y mujeres de Nuestra América.

Porque la lucha de Palestina, como todas las luchas por la libertad, nos recuerda una verdad sencilla pero poderosa, los pueblos pueden ser golpeados, pueden ser bloqueados, pueden ser silenciados durante un tiempo, pero nunca dejan de luchar cuando está en juego su derecho a existir y a decidir su propio destino.

Recital Virtual de Clausura del VIII Encuentro Internacional Poetas y Medio Ambiente, Biblioteca Nacional, Poetas y Medio Ambiente

El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi y Poetas y Medio Ambiente le invitan al Recital virtual de Clausura del VIII Encuentro Internacional Poetas y Medio Ambiente.

Este Encuentro es organizado por Luissiana Naranjo Abarca  y contará con la participación como invitados especiales de los poetas: Cristina Gufé (España), Lucía Cupertino (Italia), Robinson Rodríguez (Costa Rica), Christianne Tablada Bravo (Nicaragua), Gustavo Castillo (Costa Rica), Joshe Anthony Perabal Yax (Guatemala), Joaquín AÁvarez Pérez (Guatemala), Edgar Atencio Rodríguez (Ngabe Costa Rica), Isolda Dosamantes (México) y (Marianella Sáenz (Costa Rica)

Esta actividad será dedicada al Dr. Ricardo Russo, gran colaborador de este proyecto.

La actividad es virtual se realizará el jueves 25 de junio 2025, a las 4:00 p.m. y se transmite por el Facebook:Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Vera Mújina: la escultora de la URSS

Gabe Abrahams

Vera Mújina fue una artista genial del Realismo Socialista. Su figura y sus esculturas han trascendido en el tiempo. Esta es su historia.

Vera Mújina nació el 1 de julio de 1889 en Riga, una ciudad perteneciente por aquel entonces al Imperio ruso, en el seno de una familia de ricos comerciantes.

Mújina pasó su infancia y juventud en Feodosia, en la península de Crimea, lugar en el que recibió sus primeras clases de dibujo y pintura. Vivió allí hasta la muerte de su padre ocurrida en 1904.

Tras esa etapa, Vera Mújina y su hermana mayor, María, fueron acogidas por sus tíos y tías en Kursk. Y allí la futura artista cursó la escuela secundaria.

Acabados esos estudios, Mújina se trasladó a Moscú y estudió arte. Y, ya en 1912, se marchó a París, donde prosiguió sus estudios en la Académie de la Grande Chaumière, siendo uno de sus profesores el escultor Émile Antoine Bourdelle. En la capital francesa, descubrió los movimientos de la vanguardia de la época, gracias a la artista rusa Liubov Popova.

Después de su etapa parisina, Vera Mújina viajó a Italia por su deseo de conocer la pintura y la escultura del Renacimiento, finalizando su periplo europeo en el verano de 1914 con su regreso a Moscú, justo dos semanas antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

A partir de entonces, Mújina trabajó en un hospital militar por culpa de la guerra, conoció a su futuro marido Alexey Zamkov, con el cual se casaría en 1918, y fue asistente de la artista Aleksandra Ekster en el Teatro de Cámara de Aleksandr Taïrov.

En esos años, Vera Mújina apostó por el diseño de vestuario para proyectos teatrales, siguiendo la estela de los movimientos de vanguardia que había descubierto en París. Y el más impactante de entre sus diseños fue el que realizó para el Teatro de Cámara de Taïrov, es decir, el diseño del vestuario de la obra La Rosa y la Cruz del poeta y simbolista ruso Aleksandr Blok. La acción de La Rosa y la Cruz es caballeresca y se desarrolla en los tiempos de la cruzada contra los albigenses.

En esa etapa de su carrera artística, Mújina, además, vivió con entusiasmo por su condición de comunista el estallido de la Revolución Rusa de 1917 y el posterior triunfo de los bolcheviques. Al consumarse este, el nuevo Estado soviético realizó encargos a los artistas y ella fue una de las escogidas.

En la década de 1920, gracias a esa apuesta por el arte de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), Vera Mújina dejó atrás el diseño para el teatro, la pintura que también había cultivado y los movimientos de vanguardia y se decantó por la escultura y el movimiento conocido como Realismo Socialista, dedicado a mostrar la realidad y el socialismo.

En cierta ocasión, Iósif Stalin declaró que el Realismo Socialista era el arte de la URSS, describiendo a sus artistas como “ingenieros de las almas humanas”.

En 1922, centrada en ese movimiento, Mújina creó la escultura La llama soviética. Y, en 1927, la escultura Mujer campesina, una figura de bronce por la que recibió el primer premio en la exposición dedicada al décimo aniversario de la Revolución Rusa.

En 1937, Mújina tocó techo con la estatua El obrero y la koljosiana, que adornó el pabellón soviético en la Exposición Internacional de París de ese año. La prensa francesa definió la escultura como “la mayor obra escultural del siglo XX”, mientras que Pablo Picasso, que se encontraba en París pintando su célebre cuadro Guernica, elogió su hermosura.

El obrero y la koljosiana es una estatua de gran altura que representa a un hombre y una mujer sosteniendo una hoz y un martillo, símbolo de la alianza de los obreros y los campesinos en su camino hacia el socialismo. La escultura se convirtió en un icono de la URSS y en una de las obras más relevantes del Realismo Socialista e, incluso, del arte del siglo XX. Hoy, se encuentra en el Centro de Exposiciones de Moscú.

Otras obras importantes de Vera Mújina fueron las estatuas de Máximo Gorki de 1939 y 1952, situadas en Moscú y Gorki (actual Nizhni Nóvgorod), y la estatua del músico Tchaikovsky, que se colocó delante del Conservatorio de Moscú en 1954, a los pocos meses del fallecimiento de la artista.

Aparte de su obra más clásica, Vera Mújina experimentó con el vidrio, creando bustos figurativos de ese material, y desarrolló una técnica de escultura policromada. Decoró exposiciones, diseñó ropa, etc.

Entre 1941 y 1952, Mújina ganó el Premio Stalin cinco veces y, en 1943, fue nombrada Artista del Pueblo de la URSS. Recibió otras condecoraciones, tanto a lo largo de su vida como tras su fallecimiento.

Después de la muerte de Stalin en marzo de 1953, Mújina cayó en desgracia, porque no agradó a los nuevos dirigentes soviéticos. Pero sus penurias duraron poco, ya que falleció el 6 de octubre de 1953.

Pasado un tiempo, su figura fue reestablecida, trascendió al final de la Unión Soviética (1991) y acabó siendo reconocida en todo el mundo. En la actualidad, sigue igual.

En definitiva, Vera Mújina fue una artista genial del Realismo Socialista que dejó un legado para la posteridad, un testimonio de una escultura que, como afirmó la prensa francesa durante la Exposición Internacional de París de 1937, no conoció igual en el siglo XX.

El Enemigo a la Medida: Por qué el oficialismo prefiere atacar a la minoría

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

Por más que la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la segunda fuerza del Congreso reciba sus dosis de ataques —especialmente su jefe de bancada, Álvaro Ramírez—, hay un fenómeno político que desafía la lógica matemática, pero obedece a una estricta estrategia de manipulación de masas: la fijación visceral del aparato oficialista y su red de troles contra Claudia Dobles, una fracción unipersonal, y contra el Frente Amplio (FA).

Con una mayoría simple de 31 diputados, la presidenta Laura Fernández tiene los votos para gobernar. El expresidente Rodrigo Chaves, en su momento, justificaba su estilo pendenciero alegando que la oposición le “bloqueaba” el país. Hoy, esa excusa ya no existe. Sin embargo, la estrategia de polarización se ha intensificado. ¿Por qué el gobierno de Fernández invierte tanto capital político y digital en destruir a quienes numéricamente no pueden detener su agenda?

El PAC y el FA como catalizadores de ira

La respuesta radica en la psicología de masas y la naturaleza del populismo neoconservador. Liberación Nacional es un adversario tradicional, un gigante pesado que comparte ciertos dogmas económicos con el oficialismo. Atacar al PLN genera un debate institucional. Atacar a Claudia Dobles y al Frente Amplio, en cambio, genera emociones viscerales.

Dobles representa para el oficialismo el fantasma del Partido Acción Ciudadana (PAC) —ahora bajo la Coalición Agenda Ciudadana— y de la “élite progresista”. El aparato oficialista explota esta imagen a su favor, a pesar de la enorme paradoja histórica: el mayor costo político del segundo gobierno PAC, bajo Carlos Alvarado, fue precisamente haber pactado con el sector económico más neoliberal del PUSC de cara a la segunda ronda del 2018. Aquella alianza pragmática provocó que el PAC terminara en un fuego cruzado, siendo señalado y repudiado simultáneamente por los liberales económicos, los sectores ultraconservadores y por el mismo progresismo de izquierda. Aún así, para la narrativa oficialista de hoy, resulta útil omitir esa realidad y revivir la figura del PAC como el enemigo total.

El FA, por su parte, encarna el antagonismo ideológico absoluto. La maquinaria oficialista, aceitada desde el caso de Piero Calandrelli y las redes de mercenarios digitales, sabe que su base no se enardece discutiendo sobre macroeconomía con Álvaro Ramírez; se enardece agitando el miedo al comunismo. Dobles y el FA son el muñeco de paja perfecto para mantener a la gradería encendida.

La campaña permanente como cortina de humo

Un gobierno con mayoría que prefiere pelear en lugar de proponer es un gobierno que intenta ocultar su incapacidad de gestión.

La administración Fernández, en un claro “enroque” del proyecto de Chaves, entiende que gobernar y resolver problemas estructurales conlleva un inmenso costo político. Al enfrascarse en disputas estériles y ataques personalizados a través de creadores de contenido a sueldo, el gobierno logra tres objetivos:

  1. Evadir la rendición de cuentas: Mientras el país discute el último tuit incendiario de un trol oficialista contra Claudia Dobles o los gritos en el Plenario hacia José María Villalta, nadie fiscaliza la ejecución presupuestaria o la falta de obra pública.

  2. Mantener la cohesión de su base: El populismo no sobrevive en la paz; requiere de un enemigo constante. Si el enemigo es numéricamente pequeño, pero altamente visible y articulado, la base siente que libra una batalla épica, aunque en la práctica el oficialismo tenga la aplanadora legislativa.

  3. Desgastar al adversario: Provocar a la oposición busca que esta reaccione desde la ira, proyectando una imagen de desorden y fragmentación que termina por validar la narrativa de que “los políticos de siempre solo saben quejarse”.

¿A quién favorece la polarización de Costa Rica?

La destrucción del tejido social y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas (la prensa, el Congreso, el Poder Judicial) no son daños colaterales; son el objetivo de esta estrategia. ¿Pero quién se beneficia en la sombra de un país dividido y un Estado distraído peleando en redes sociales?

El crimen organizado: Mientras el gobierno y el Congreso se paralizan en un teatro de confrontación ideológica, el narcotráfico avanza sin contrapesos reales. Un Estado que dedica sus recursos de inteligencia y comunicación a destruir a una diputada opositora es un Estado que deja las fronteras y los puertos a merced de los cárteles. La polarización es la mejor aliada de la narcocriminalidad.

El imperialismo MAGA y la Doctrina “Donroe”: En el plano geopolítico, esta estrategia no es un invento tico; es la importación directa del manual de la derecha neoconservadora (“alt-right”) global. La sintonía con la administración de Donald Trump y su renovada Doctrina Monroe 2.0 —la “Donroe”, como él mismo bromea— es innegable. Esta línea busca gobiernos satélites en América Latina que, bajo la fachada del nacionalismo, promuevan el libre mercado corporativo, anulen las agendas de derechos humanos y ambientales, y actúen como un bloque duro contra la influencia china. Deslegitimar voces como las de Dobles y el FA es un paso necesario para instaurar este conservadurismo autoritario sin resistencia.

El oficialismo no ataca a la minoría por debilidad, sino por cálculo. Entender esto es el primer paso para dejar de reaccionar a sus provocaciones y comenzar a desarmar su trampa.

Indígena cabécar ya es figura infantil en el ciclismo costarricense

Por Uriel Rojas

James Stephan Gómez Fernández, oriundo de la comunidad indígena de Ujarrás de Buenos Aires, es la nueva figura infantil del ciclismo nacional, al proclamarse este domingo 21 de junio campeón general de la categoría preinfantil en la Vuelta Infantil de Costa Rica.

Gómez Fernández tiene 12 años de edad, pertenece al clan cabécar Kibeglowak (serpiente) y forma parte del PZ Cycling Team.

Su dedicación, disciplina y pasión por los pedales lo ha llevado a alcanzar esta gran hazaña y ya escribió su nombre con letras doradas en el mundo del ciclismo nacional.

Foto: Crciclismo

Dirección Regional Educativa Grande del Térraba tendrá una nueva supervisora – Se encargará de atender el Circuito 11

Karol Adriana Rojas Portilla

Por Uriel Rojas

A partir de este viernes 19 de junio de 2026, la Dirección Regional Educativa Grande del Térraba tendrá una nueva Supervisora, que atenderá los centros educativos del Circuito 11.

Se trata de la M.Sc. Karol Adriana Rojas Portilla quien cuenta con 22 años de servicio para el Ministerio de Educación Pública y llegará en sustitución del anterior supervisor de este circuito quien se apegó a su jubilación.

Rojas Portilla acumula una amplia experiencia laboral en el campo de la docencia trabajando especialmente en territorios indígenas bribrí del cantón de Buenos Aires.

La nueva funcionaria atenderá a los centros educativos de primaria y secundaria del Circuito 11 en los territorios indígenas de Boruca y Rey Curré dado a que Ministerio de Educación Pública todavía se encuentra en proceso de establecer los circuitos educativos independientes para estos dos territorios indígenas, en acatamiento a lo resuelto por la Sala Constitucional en el 2025.

Rojas Portilla es de origen boruca, tiene 45 años de edad y reside en la comunidad indígena de Rey Curré.

El lado oculto de la “armonización” eléctrica

José Luis Amador.

José Luis Amador

Los políticos empresarios y sus afines dicen que hacen falta más empresarios privados produciendo energía porque, el ICE, por sí solo, no puede producir y financiar la energía que está requiriendo el país. Pero el problema es que ya existe una ley de cogeneración eléctrica, donde estos empresarios han estado generando y vendiendo energía al ICE a precios exorbitantes, haciendo un gran negocio, por cierto. Pero ese no es el punto.

El asunto es que ahora quieren más.

Ahora van por todo.

El problema es que, con su deseada ley, los empresarios dejan de ser cogeneradores y pasan a dirigir el negocio eléctrico. Ahora, las funciones de planeación y administración del negocio eléctrico, que por mandato de la Constitución han estado exitosamente en manos del ICE, pasarán de manera solapada al control de los empresarios privados.

Con esta ley el ICE se convierte en un actor secundario mientras se está entregando la rectoría del negocio a los intereses privados y afines. Esto echa por tierra los principios de servicio público y precio al costo establecidos por la constitución y garantizados por el ICE. Los únicos beneficiados serán los empresarios y los “grandes consumidores”.

Actualmente, las ventas de energía a Centroamérica las hace el ICE y los recursos así obtenidos se aplica a la institución lo que redunda en baja de las tarifas. En la nueva ley los empresarios privados podrán vender directamente a Centroamérica o a grandes consumidores, obteniendo para sí los beneficios que antes se distribuían colectivamente en provecho del usuario. Lo que antes era para el usuario ahora es para el empresario.

Depende de usted ciudadano. Si gentilmente y por puro amor a los políticos empresarios como Oscar Arias, José Ma. Figueres y otros generadores privados, entregamos esta Institución del Estado que tanto nos ha dado y sigue dando, y dejamos que se convierta en un cascarón al servicio de los grandes empresarios,

Una suculenta e innecesaria dádiva del pueblo costarricense a los generadores privados: ticos con corona.

Todo un retroceso histórico.

En la imagen podemos apreciar la represa de la planta Cachí, una de las grandes obras del ICE.

A Genaro Gutiérrez se le cae su arrebato contra Pablo Sivas Sivas

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo catedrático TEC, ecologista FECON

Lo que se da y se quita…se vuelve cuita”. Tal parece que ese viejo dicho se le está cumpliendo a cabalidad a Genaro Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral -ADI- de Térraba, en el caso del despojo que le quiere hacer a Pablo Sivas Sivas de su tierra en San Andrés, Potrero Grande de Buenos Aires. Este abuso de autoridad se le ha convertido en un “cuitero” legal ya que se siguen sumando evidencias que desdicen su rabieta. Y ni qué decir de la pérdida de su condición ética.

La ADI legitimó la propiedad de Pablo Sivas

Como relatamos en agosto del 2025 en “La tierra de Pablo Sivas Sivas y la turbulenta legitimidad de una ADI”, el 7 de agosto 2025 la Junta Directiva de la ADI de Térraba, acordó “Extender CERTIFICADO DE USO DE SUELO en terreno dentro de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires a la señora Arelys Flores Rosales…”, finca que hasta ese día era propiedad incuestionada del indígena Bröran Pablo Sivas Sivas, pues la negoció con el señor Leitano Nájera, otro indígena, lo cual es legal según la Ley Indígena. Ese trato fue reconocido por todas las personas de Térraba y por supuesto por sus colindantes.

A partir de ese certificado que firmó Gutiérrez en favor de la señora Flores, Sivas Sivas, defendió sus derechos violentados. El asunto está en tribunales, pero hasta ahora no se había considerado un elemento fundamental que desdice cualquier duda sobre la legitimidad de la propiedad de Pablo Sivas Sivas de ese terreno. De igual manera, con esa evidencia, se reafirma que la actuación del presidente de la ADI, es contraria a cualquier compromiso con la justicia, la mediación asertiva que debería ejercer entre la gente indígena de acuerdo con su cargo legal, y su resistencia permanente a los procesos de recuperación de la tierra por parte de la población que fue desterrada por “sikuas”/no indígenas, incluso con ayuda de la ADI, como ha sido denunciado repetidamente por personas indígenas de Térraba y otros territorios.

La prueba que se está sumando al proceso es una “CONSTANCIA DE POSESIÓN” de la ADI de Térraba (así está en el original) en la que se dice: “Hace constar: Que el señor (a) Pablo Gerardo Sivas Sivas, cédula de identidad número 6-123-262, es indígena miembro de esta Comunidad. Asimismo, se hace constar, que la persona anteriormente indicada, es poseedor (a) legítimo del terreno que a continuación se describe” , y se indican los linderos de la finca de San Andrés de Sivas Sivas. Además, la ADI certificó que “El terreno mide: 10 hectáreas. Se deja constancia expresa, con vista en la declaración jurada del interesado (a), así como la información comunal existente, que el terreno ha sido poseído en forma pacífica, pública e ininterrumpida, durante 05 años, y que a la fecha no se conocen otros poseedores con igual o mejor derecho sobre el terreno, ni litigios judiciales o administrativos”. Este documento, firmado por la entonces presidenta de la ADI de Térraba, Geini Gutiérrez Navas, está fechado en Térraba el 28 de noviembre del año 2013. En el mismo se incluye una declaración jurada de Pablo Sivas Sivas en la que reconoce los alcances legales de la constancia y acepta lo formalizado por la presidenta de la ADI.

Las ADIs fueron impuestas por el Estado

Dentro de algunos de los territorios indígenas desde hace mucho tiempo se asumió que las ADIs no son representaciones legítimas de las culturas originarias. De acuerdo con Marina Navas Obando, recuperadora Bröran, que por cuatro años ha participado en un proceso de estudio sobre derechos de los Pueblos Originarios, auspiciado por el proyecto “Pueblos Originarios-Universidades Públicas”, una de las principales razones del malestar en el pueblo indígena es la imposición por parte del Estado de las Asociaciones de Desarrollo Integral en las comunidades indígenas, como si fueran figuras de representación legítimas”. Entre las quejas fundamentales se incluye que las ADI son las propietarias de las tierras indígenas en el Registro Público de la Propiedad y con ese “título” de “propietarios del territorio”, y apoyados por el Estado, las Juntas Directivas de las ADIs son la “parte ejecutora del Estado” por medio de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). Incluso, las ADIs “han abierto portones para que ingresen personas no indígenas al territorio”. De hecho, en el proceso de estudio mencionado, uno de los asuntos de mayor debate y exposición entre indígenas de los pueblos del sur del país como Salitre, Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), China Kichá, Bröran, Térraba y Ngäbe, se anota como particularidad de la ADI de Térraba, que en muchas ocasiones entre sus afiliados ha habido más “sikuas” que indígenas y más personas que viven fuera que dentro del territorio, todo lo cual es conocido pero no corregido por DINADECO, lo que reafirma que hay una clara colusión de fines entre esa ADI y la entidad gubernamental.

Las controversias con y dentro de la ADI de Térraba tienen larguísima historia. El 26 abril de 2022 Cindy Vargas Ortiz y Heylin Figueroa Calderón, indígenas Bröran de Térraba y Bribri de Salitre, en su artículo “ADIs en Térraba y Salitre: figura ilegítima administra tierras indígenas” explicaron que “Térraba, por su lado, ha sido administrado por una ADI que lleva más de 23 años cooptada por una familia (la de Genaro Gutiérrez Reyes) aliada de los terratenientes no indígenas de la zona, familia que ha apoyado proyectos extractivistas en el territorio desde la década de 1980, ha sido cómplice del encarcelamiento de indígenas defensores del ambiente y ha dictado de manera arbitraria quiénes pueden afiliarse a la ADI, excluyendo a las personas indígenas que se oponen a sus intereses”.

En total concordancia con lo indicado por las mujeres indígenas citadas, en el año 2010 el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, en un informe titulado “La Situación del Pueblo Indígena Térraba de Costa Rica: Una Solicitud para Consideración bajo el Procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación”, había indicado que “la ADI (de Térraba) tiene el título de su territorio y el grupo que controla la ADI, rutinariamente toma decisiones sin informar al pueblo y en algunos casos el presidente toma decisiones sin siquiera consultar al resto de la junta directiva de la ADI. Las solicitudes de información presentadas por los miembros de la comunidad indígena acerca de las decisiones tomadas por la ADI de Térraba son continuamente ignoradas”.

En ese documento de Naciones Unidas quedó señalado lo que se ha reiterado durante décadas desde los Pueblos Originarios, y que también, permanentemente, ha sido ignorado por las autoridades de gobierno que se relacionan con las poblaciones indígenas, como DINADECO: “los pueblos indígenas, incluyendo el pueblo Térraba, han cuestionado la imposición y operación de las ADIs en sus territorios argumentando una negación de su derecho al autogobierno a través de sus propias instituciones y a la gobernanza de sus tierras y comunidades”

En resumen, Genaro Gutiérrez Reyes, presidente de la ADI de Térraba, escondió, negó, desconoció o simplemente no le importó, que su misma asociación, en aquel momento presidida por su sobrina, hubiera reconocido y validado mediante una “CONSTANCIA DE POSESIÓN” el derecho de Pablo Sivas Sivas a la tierra que ahora está empeñado en arrebatarle. Que un tribunal externo dicte sentencias sobre este asunto mediante un “interdicto agrario” es lo que la normalidad jurídica “sikua” dicta, pero eso no resuelve éste ni ningún otro conflicto. Eso más bien reafirma la no aplicación de la Ley indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de numerosas sentencias judiciales sobre la propiedad y la administración de la tierra dentro de los territorios indígenas. Pero que sea un indígena, que en buena teoría debería defender a su pueblo, el que se ensañe contra las personas indígenas recuperadoras, debe anotarse con todas las letras y nunca ser olvidado.

Está del todo claro que Pablo Sivas Sivas era y es el único y legítimo dueño de la tierra de San Andrés. Eso lo reconoció la ADI y esa constancia sigue vigente. A pesar de eso Genaro Gutiérrez está empecinado en quitarle su derecho no sólo a Sivas Sivas, sino a muchas más personas recuperadoras de otras tierras, por cuya recuperación nunca movió ni una pestaña cuando eran los sikuas/usurpadores quienes las explotaban. Sin embargo, como “lo que se da y se quita…se vuelve cuita”, ahora parece que Genaro deambula descalzo en un suamposo piso de gallinero porque escogió, contra todo principio de protección de su gente, comprometerse con el despojo y el desconocimiento de los derechos de su propio pueblo. Una vez más su condición ética queda del todo cuestionada. Es por eso que, ya sea por sikuas o por gente de esta estirpe, que estas expresiones del racismo siguen marcando la vida de los Pueblos Originarios de Costa Rica.

“Terrorismo de Estado” y el desborde del lenguaje político en la vida pública

Pbro. Glenm Gómez Álvarez

En política, las palabras no solo describen la realidad: también la empujan, la tensan y, a veces, la deforman.

Donald Trump, por ejemplo, contribuye a normalizar un lenguaje en el que el adversario deja de ser simplemente un opositor y pasa a ser nombrado con etiquetas cargadas de juicio moral o de amenaza: “terroristas domésticos”, “agitadores”, “radical left”. Expresiones que no solo señalan desacuerdo, sino que desplazan la disputa hacia un terreno de sospecha permanente, donde el otro deja de ser un ciudadano con ideas distintas para convertirse en una figura peligrosa por definición.

Ese modo de nombrar no se queda en la política. Con frecuencia se filtra hacia otros ámbitos, incluso el religioso radical, sin suficiente distancia crítica. En algunos casos, ciertos discursos cristianos comienzan a reproducir esa lógica de etiquetas y enemistad, haciendo de las instituciones herejes ideológicos y olvidando que el núcleo del mensaje de Jesús no reduce al otro a una caricatura ni a un enemigo.

En Costa Rica, estas tensiones se han hecho visibles recientemente en el cruce entre política, sectores protestantes e instituciones públicas. A propósito de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) vinculada a recursos de amparo electoral relacionados con el pastor Reinaldo Salazar y el partido Pueblo Soberano (PPSO), en el contexto de señalamientos sobre propaganda dirigida a electores evangélicos en la campaña de 2026, una “vocería” de las partes “afectadas” calificó la decisión como “terrorismo de Estado”.

La expresión, fuerte y cargada, muestra hasta qué punto el lenguaje político contemporáneo no solo disputa hechos, sino también el sentido mismo de lo que está ocurriendo. Y es ahí donde el debate deja de ser solo institucional y se vuelve más profundo: cuando las palabras se endurecen, también cambia la forma en que una sociedad se mira a sí misma.

Conviene precisar algo elemental: el terrorismo de Estado no es la recepción de una resolución adversa de un tribunal. Es la desaparición forzada, la persecución sistemática, el secuestro de personas por agentes del propio Estado, la tortura en centros clandestinos, el miedo convertido en método de gobierno. Es la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, preguntando durante años por sus hijos desaparecidos; es la violencia organizada desde el poder para borrar cuerpos y voces. Todo lo demás exige otros nombres.

Desde ahí, el uso de esa categoría en disputas institucionales actuales no solo desborda la proporción del lenguaje: también diluye el peso histórico de aquello que intenta nombrar. Y abre, además, una pregunta incómoda sobre la responsabilidad de la palabra pública cuando distintos actores compiten por influencia y legitimidad en el espacio político y religioso.

En este escenario, la proliferación de partidos evangélicos —muchos de ellos reciclajes sucesivos entre sí— y su articulación con distintas cúpulas de poder muestra un campo político fragmentado, donde la disputa por representación convive con estrategias de posicionamiento cada vez más móviles. En ese contexto, ciertos sectores cuentan con amplios márgenes de acción pública: pueden convocar conferencias de prensa, predicar libremente, acudir a los tribunales, participar en elecciones y cuestionar decisiones institucionales.

Disponer de esos espacios no equivale a vivir bajo “terrorismo de Estado”. Puede haber desacuerdo, incluso malestar legítimo frente a decisiones judiciales, pero otra cosa es la apropiación de categorías históricas que remiten a experiencias extremas de violencia estatal. No es casual que la Iglesia Católica, conocedora de esa historia, respetuosa de la Institucionalidad y de la densidad del lenguaje humano, no entre ni apoye lógicas de sobredimensión retórica ni de confrontación política directa, precisamente para no vaciar de sentido experiencias y palabras que cargan un peso histórico específico.

No es este un análisis jurídico —no es mi campo, y corresponderá a los que saben establecer sus propias valoraciones—, sino una reflexión de orden moral sobre el uso del lenguaje público. Porque no todo conflicto institucional justifica cualquier forma de nombrarlo, ni toda disputa política puede elevarse sin medida al plano de las grandes categorías históricas.

En el trasfondo de la tradición cristiana, la lealtad última no se ordena a los intereses circunstanciales del poder, sino a Dios mismo como criterio de discernimiento: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5, 29).