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Autor: María José Ferlini Cartín

Ciclo de Diálogos: Páginas Premiadas con Antonio Yglesias sobre su obra «Las hormigas y otras piezas»

Páginas Premiadas: Acompañanos a conocer a Antonio Yglesias , Premio Nacional de Dramaturgia 2025. Vamos a profundizar en el libro Las hormigas y otras piezas,  una obra valorada por su madurez de escritura y su gran densidad dramática.
    • 🗓️ Martes 16 JUNIO
    • 🕙 10:00 a. m.
    • 📍 Biblioteca Nacional de Costa Rica
   🎙️ Conduce: Juan Hernández
  • Invitan: Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional y Colegio Costa Rica, de Sinabi

11 de junio Día Mundial del Cáncer de Próstata

Andrés Arley Vargas
Presidente
Asociación Costarricense de Cirugía Urológica

Información general y concientización

¿Qué es el Cáncer de Próstata?

La próstata es una glándula ubicada en la base de la vejiga urinaria cuya función principal es producir secreción que contribuye a formar el semen.

En la próstata podemos ver con frecuencia el agrandamiento benigno, las infecciones y el cáncer, que es el más frecuente en hombres en nuestro país.

Incidencia y Prevalencia en Costa Rica

En Costa Rica, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en cuanto a incidencia (45.6 por cada 100 000 habitantes, 26.4%). La prevalencia de cáncer de próstata en Costa Rica es del 30%. A nivel mundial, es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en hombres, superado solo por el cáncer de pulmón, con una incidencia del 14%.

Síntomas

En etapas tempranas, el cáncer suele no dar síntomas o bien, se confunden con los mismos del crecimiento prostático benigno.

  • Chorro intermitente, vacilación al orinar, chorro débil o lento

  • Nicturia (necesidad de orinar durante la noche) y urgencia

  • Hematuria (sangre en la orina) o hematospermia (sangre en el semen)

  • Anemia, pérdida de peso, dolor de huesos, especialmente en la columna vertebral, caderas o extremidades, en casos de metástasis óseas.

Factores de Riesgo

El principal factor de riesgo es la edad, siendo la incidencia mayor a partir de los 50 años. Otros factores incluyen:

Antecedente familiar de cáncer de próstata.

Factores genéticos hereditarios, como mutaciones en los genes BRCA2, CHEK2, ATM y BRCA1.

Etnia, con hombres de ascendencia africana mostrando un riesgo más alto.

Importancia del Antígeno Prostático Específico (APE)

El APE es una proteína producida por las células de la próstata. Un nivel elevado de APE no siempre significa cáncer, ya que también puede aumentar en condiciones benignas como el crecimiento prostático benigno o las infecciones, como la prostatitis. Sin embargo, es una herramienta importante para la detección temprana.

  • El valor máximo aceptable de APE es de 3.0 ng/mL; a partir de este valor, se justifica hacer estudios de confirmación diagnóstica. Es importante recalcar este punto, porque los laboratorios utilizan distintos rangos de referencia que pueden confundir a los pacientes.

  • El antígeno prostático se hace siempre una vez al año, ojalá en el mismo laboratorio. Se sugiere que el paciente esté 3 días sin eyacular para que la medición sea confiable.

Tacto Rectal

Permite identificar cambios en el tamaño, consistencia, presencia de nódulos o asimetrías en la próstata.

Recomendaciones

  • Hágase el examen de sangre una vez al año, a partir de los 40. Conserve los archivos en su poder, para ver cómo se va comportando el antígeno prostático año a año.

  • Vaya al urólogo a partir de los 40 años si usted es de etnia afrodescendiente o tiene herencia en línea directa de cáncer de próstata.

  • Puede esperar a los 45 – 50 años si usted no tiene herencia de cáncer prostático. Recuerde llevar siempre su examen de sangre listo, con un valor exacto.

Este comunicado tiene como objetivo crear conciencia sobre el cáncer de próstata y la importancia de la detección temprana. Se trata de un tumor curable cuando el diagnóstico es temprano.

Miguel Ángel Rodríguez y el tribunal de la historia

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

“La justicia juzga actos. La opinión pública suele juzgar personas enteras.”

Hay imágenes que una nación no debería olvidar. No para alimentar resentimientos ni para reabrir heridas, sino porque contienen lecciones que una democracia madura está obligada a aprender.

Una de esas imágenes pertenece a la memoria reciente de Costa Rica. El Dr. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República y secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), regresaba al país para enfrentar la justicia y nunca utilizó la importancia de su cargo para evadir los procedimientos judiciales.

Regresó. Y el país entero observó cómo era trasladado bajo custodia —en perrera— mientras grupos de personas golpeaban el vehículo en que viajaba, gritaban insultos y celebraban anticipadamente una condena que todavía no había sido pronunciada por ningún tribunal.

Para algunos, aquellas escenas fueron presentadas como una victoria contra la “impunidad”. La prensa, ciertamente, cumplió un papel indispensable al investigar hechos que merecían ser investigados. Precisamente por la importancia de esa función resulta legítimo preguntarse también por los límites y responsabilidades de ese poder, pues existe una diferencia fundamental entre una acusación y una sentencia, entre investigar y condenar. Cuando esas diferencias desaparecen, la verdad deja de ser el objetivo principal y pasa a serlo la satisfacción colectiva de ver a alguien caer.

La historia demuestra que las multitudes rara vez condenan por sí solas. Antes se construyó un relato, se seleccionaron los hechos que debían recordarse, se estableció quiénes serían los héroes y quiénes los villanos. La indignación colectiva suele tener arquitectos, aunque con frecuencia permanezcan fuera del foco público. Por eso toda democracia debería preguntarse no solo quién fue acusado, sino también quién tuvo el poder de moldear la percepción de quienes acusaban.

Veinticinco años después, los procesos siguieron su curso, los tribunales emitieron sus resoluciones y los expedientes se cerraron.

Por eso resulta tan pertinente la insistencia de don Miguel Ángel Rodríguez en la memoria histórica. No se trata de reivindicar privilegios. Se trata de recordar los hechos completos. Todos los hechos. No solamente aquellos que favorecían las tesis dominantes de un determinado momento.

La memoria histórica tiene una curiosa tendencia: recuerda perfectamente a los acusados y olvida con facilidad a los acusadores. Costa Rica recuerda los nombres de Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres. Pero pocos recuerdan hoy los nombres de quienes ejercían el poder de acusar, investigar, filtrar información o construir las narrativas públicas que marcaron aquellos años.

La historia exige examinar con el mismo rigor todas las formas de influencia pública. La observación no busca desacreditar a nadie. Busca recordar que acusar también es ejercer poder.

Por eso el caso de Miguel Ángel Rodríguez trasciende la figura de un expresidente, pues existe además una dimensión que suele desaparecer detrás de los expedientes y los titulares. Quien es sometido a una condena pública anticipada no enfrenta únicamente un proceso judicial. Enfrenta la sospecha permanente, el deterioro de su reputación, el silencio de antiguos amigos, el sufrimiento de su familia y una forma particular de soledad que pocas veces aparece en las crónicas.

No se trata de debilitar a la prensa- soy orgullosamente periodista-. Sería un grave error. Se trata de recordar que ninguna institución puede reclamar para sí una autoridad moral exenta de responsabilidad. Ni los políticos. Ni los jueces. Ni los fiscales. Ni los periodistas. La democracia exige rendición de cuentas para todos.

Miguel Ángel Rodríguez acudió a los tribunales. Compareció ante la opinión pública y ante el juicio inquisitorial de otros políticos. La pregunta que permanece abierta es si quienes contribuyeron a aquella gigantesca maquinaria de acusación están dispuestos a comparecer con la misma honestidad ante el tribunal de la historia.

Sobre la marihuana y el patrocinio del alcohol a las actividades deportivas

Vladimir de la Cruz

Cuando estaba en la escuela Claudio González Rucavado, donde hice toda la primaria, en la década de 1950, con una sola maestra, como se acostumbraba, la niña Julieta de Vargas, que nunca he olvidado, que siempre la tengo presente en mi formación, se acostumbraba a llevarnos al Museo Nacional.

Una de esas visitas era para ir a visitar la parte del edificio que había que bajar, donde había, de entrada, en el sótano, unos carruajes tipo “diligencias” y pasar a un gran salón que permanecía literalmente a oscuras. Al centro del salón había una vitrina, que recuerdo tenía una luz naranja, que de esa manera se veía, custodiada por dos guardia civiles armados. En la vitrina, exhibida estaba una mata de marihuana. Allí nos explicaban brevemente el significado de la mata, su peligro, el daño y el por qué la tendían custodiada. Era una forma de advertirnos a los niños del peligro del consumo de drogas. Supongo que a jóvenes colegiales les repetían el tour al museo, con el mismo objetivo. El combate fundamental era la droga de la marihuana.

Drogas en Costa Rica existían desde mucho tiempo atrás. Así, por ejemplo, cuando trajeron chinos para trabajar en la construcción del ferrocarril al Atlántico, entre 1870 y 1884, en su contrato de trabajo se les autorizaba el consumo de opio, que obviamente lo traían los contratistas. De ese modo, empresarios, cafetaleros que contrataron chinos, y los empresarios e industriales a cargo de la construcción del ferrocarril, tenían que satisfacer las necesidades opiómanas de los trabajadores chinos. Por ello, debió haber habido un negocio de drogas, controlado o no, pero lo había.

Para la década de 1920-1930 ya se hablaba de la heroína en Costa Rica. Drogas fuertes que solo ricos, o personas adineradas, podían consumir. Drogas fuertes que solo ricos, o personas adineradas, podían consumir. Si había consumo, había negocio de traer y vender la heroína, como se trajo opio o como se producía marihuana.

Cuando estaba en la Universidad de Costa Rica, en los años 1967-1972, como estudiante enfrentábamos le penetración de la marihuana, el LSD y otras drogas que metían para el consumo de los estudiantes. Eran los tiempos de la asquerosa guerra colonial e imperialista en Vietnam. A los jóvenes soldados, el ejército estadounidense, y el Estado norteamericano, les facilitaban drogas para que pudieran combatir.

Así, las drogas de este tipo se generalizaron a la sociedad norteamericana y las esparcieron a todos los conglomerados juveniles y universitarios. En los Estados Unidos impulsaron festivales contra la Guerra de Vietnam y por la Paz, donde las drogas era pan cotidiano.

En la Universidad, en las luchas estudiantiles que iniciábamos, tuvimos que batallar contra esta “corriente” que se introducía para desorientar y desviar a los jóvenes de las luchas políticas, introducidas para embrutecerlos, para que perdieran sus funciones perceptivas, sus estados de ánimo, su conciencia y alteraran su comportamiento. Con el padre, el sacerdote Fernando Royo, dimos parte de esas batallas.

El sociólogo comunista Miguel Sobrado elaboró un afiche muy lindo para enfrentar a quienes metían droga y para ilustrar a los universitarios en el daño que se les hacía, y el comportamiento social que exhibían.

El afiche de Sobrado era con la imagen de un mono, juvenil, que exhibía a esos jóvenes drogados y aislados de las luchas políticas estudiantiles. El afiche se titulaba “el drogomono”.

La marihuana se fue distribuyendo cada vez en mayor escala, y se ligó a una imagen de “aceptación” social. con la marihuana introdujeron pastillas depresoras, estimulantes y alucinógenas. Se oía de heroína y metanfetaminas. La LSD era corriente. El alcohol y la cerveza se introdujeron en las celebraciones de las “semanas universitarias”. En una ocasión se llegó a decir que se había vendido más cerveza en una semana universitaria que en todo el mes de diciembre del año anterior en el país. A partir de allí se empezaron a establecer más controles en estos consumos en esas “semanas universitarias.”

Durante la lucha armada en Centroamérica, como resultado del triunfo de la revolución sandinista, el Ejército de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, empezaron a distribuir drogas en la región, ya no solo marihuana, sino especialmente cocaína, y otras, para que su venta contribuyera a financiar a los grupos paramilitares y contra revolucionarios en Centroamérica. Ello provocó el escándalo que fue conocido como Irán-Contras o Irangate, como se le llamó en Estados Unidos, entre 1985 y 1986, bajo el gobierno de Ronald Reagan. Así se vendían armas a cambio de rehenes, como sucedió en Líbano, y se desviaban fondos para financiar a los grupos contra revolucionarios en Nicaragua. A cargo de esta operación de traída y venta de drogas estaba Oliver North un alto miembro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En lo referente a Irán era para procurar la liberación de rehenes estadounidenses que tenían en Líbano. La venta de armas la hacían a través de Israel.

El caso Irangate, o Irán contras en Centroamérica, resultó en un escándalo político que puso en evidencia acciones criminales de los Estados Unidos donde se evidenció el flujo de drogas y armas para financiar actividades políticas y militares en la región, para tumbar gobiernos y enfrentar movimientos insurgentes, y para “embrutecer” a la juventud y alejarla de las luchas políticas antiimperialistas.

La cocaína adquirió su lugar de prestigio en la región desde aquellos años. La marihuana y otras drogas se mantuvieron, empacadas “socialmente” para grupos diversos, que justificaron y toleraron su consumo. A la marihuana le atribuyeron facultades medicinales para facilitar su consumo y venta. Venta no oficial ni médicamente autorizada.

En Estados Unidos abrieron la puerta para su consumo. Hay 24 Estados, en los Estados Unidos, donde la producción de marihuana es legal. Para uso comercial y personal. Incluido el Distrito de Columbia, donde está la capital de los Estados Unidos, en Washington DC.

En los Estados Unidos cada Estado regula su forma de comercialización y producción. El consumo personal lo justifican bajo dos rubros, recreativo y medicinal. De esta forma, 40 Estados, en Estados Unidos, venden y permiten el consumo del cannabis, la marihuana, si se toma en cuenta el permiso para su uso recreativo. Si no es “medicinal” su uso se considera en los Estados Unidos como “droga peligrosa”. Aunque la marihuana se sigue considerando “ilegal” a nivel federal, su consumo está regulado legalmente.

En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay tienen regulaciones para el uso de la marihuana o cannabis medicinal. El presidente Trump ha afirmado que flexibilizará las restricciones federales sobre la marihuana para reclasificarla como una droga menos peligrosa. En los Estados Unidos la marihuana la llaman popularmente “weed”, como “mala hierba”, que es la forma más común y universal de llamarla. También la refieren como “Pot” o “Grass”.

En los países donde se permite su uso recreativo se exige inscripción en un Registro Público de consumidores, bajo control de los Ministerios de Salud, personas que pueden “autocultivar” su marihuana. En Panamá y Costa Rica se permite el uso medicinal de la marihuana. No se permite para fines recreativos.

El consumo siempre estará determinado por el hábito, el presupuesto que se tenga para pagar la droga y el método de consumo. En Costa Rica, la situación legal de la marihuana depende de su uso. El consumo personal está despenalizado, aunque a veces lo controlan policialmente. El consumo de uso medicinal está regulado y el uso recreativo sigue siendo técnicamente ilegal. El uso medicinal hay que documentarlo.

Desde que se modificaron las leyes para no tener a quien porte una cantidad mínima, que se pueda justificar para uso personal, se facilitó de manera indirecta, pero real, que se comercialice la marihuana, y con ello que se produzca para esas ventas. La marihuana no es maná que caiga del cielo. Se produce, se distribuye para la venta y se promueve el mercado de consumo. Junto con las otras drogas, como la cocaína, produce también pleitos de bandas distribuidoras por controlar mercados de venta y consumo, y por controlar regiones. Así se realiza el gran negocio de las drogas, con facilidades institucionales y con complacencia o complicidad de autoridades policiales, de seguridad y políticas del Estado y de los gobiernos.

En la Asamblea Legislativa los intereses de las drogas están bien metidos, desde la llanura como desde las alturas gubernativas, y hasta con jugadores propios. Han querido ampliar el tema de la marihuana. Ahora es el del alcohol y las bebidas alcohólicas llevándolo bajo el Caballo de Troya del patrocinio de actividades deportivas.

Ahora quieren estimular el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas y similares a todo nivel, en toda la cancha nacional, en los estadios, en todos los sitios de concentración deportiva. Quieren asociar los deportes con el alcoholismo, con la bebida de licores de distinta naturaleza. Los estadios y los espacios quieren convertirlos en “Bares públicos”, con vallas, con ofrecimiento de licores, y de bebidas alcohólicas. La palabra BAR con la que se distingue el sitio donde las personas llegan a beber cervezas y otros licores, es un anglicismo que significa “Beer and Alcoholic Room”, dicho en sencillo, “lugar para beber cervezas y bebidas alcohólicas”.

Así los emborrachadores, los que pretender vender en exceso las bebidas alcohólicas, que ya hacen grandes negocios “emborrachando” personas, con lo que existe en el país, ahora dirigirán sus baterías de propaganda de consumo de bebidas alcohólicas a todo público, hacia los niños, los jóvenes, las mujeres y varones de todas las edades, engañándolos con que esa propaganda va a servir para ayudar a “combatir” el consumo dándole “dineros” de esas ventas de propaganda a clubes deportivos, asociaciones deportivas, a deportistas que anunciarán los licores y bebidas alcohólicas, a las instituciones sociales que atienden a los “enfermos” de alcoholismo.

Hoy el “alcoholismo” tiene categoría de enfermedad y a los “alcohólicos” hay que darles el trato de “personas enfermas”.

Las cifras de alcoholismo nacional son enormes. Las cifras de personas drogadictas son igualmente enormes. Esas personas “enfermas por el alcoholismo” son una gran tragedia para miles de familias costarricenses.

Me atrevo a decir que no hay una sola familia en el país que no conozca, o tenga, o haya sufrido, una situación de estas, de tener uno de esos “enfermos” alcohólicos. Con ellos también las familias se “enferman” de diversos males. Esa es la realidad. He vivido de cerca estas situaciones y no se las deseo a nadie.

“Ebrios” o “Beodos” los llaman para disimular socialmente. Borrachos muchas veces agresores de sus parejas matrimoniales, agresores de sus hijos, de sus hermanos, hermanas y padres. No tienen control cuando adquieren esa condición de borrachos.

En los Estados Unidos tienen hospitales para atender a los soldados afectados por las guerras en que participan, pero también los hay para desintoxicarlos del consumo de drogas que han hecho en el ejército para poder mantenerse combatiendo y matando. Se les llama en Estados Unidos Instalaciones de Tratamiento Militar, MTF.

Los centros de rehabilitación de adicciones, como espacios especializados para ofrecer tratamiento y acompañamiento de estas personas enfermas por las drogas o el alcohol, no reciben el suficiente apoyo estatal. Lo que se ofrece económicamente, a favor de este tipo de instituciones, y también deportivas, por aprobar los permisos para publicitar el consumo de bebidas alcohólicas en estadios, salones deportivos y en cualquier lugar es una verdadera mentira, una gran estafa nacional.

Se está ofreciendo criminalizar a todos los ciudadanos y familias. La Asamblea Legislativa está a punto de aprobar la etiqueta criminal que es la autorización para la venta de bebidas alcohólicas en todo sitio público, deportivos y recreativos.

Solo les ha faltado ofrecer que con esas ventas de bebidas alcohólicas van a arreglar las 800 escuelas que quieren cerrar por sus pésimas condiciones sanitarias.

Solo les falta ofrecer unos dos hospitales especializados para atender a los alcohólicos y a los drogadictos, así como se tiene el Hospital Gerontológico, bastante maltrecho en sus finanzas, para atender en mayor escala a los futuros borrachos, beodos, ebrios, enfermos alcohólicos, y a sus familiares afectados por esa enfermedad del alcoholismo.

No se debe autorizar ese permiso para la propaganda masiva de consumir bebidas alcohólicas de ningún tipo. De por medio está el bien superior de la buena salud física y mental de las familias y sus integrante, esposas, esposos, hermanos, hermanas, hijos, hijas, nietos, nietas, abuelos y abuelas.

La Salud de las Familias es lo primero. No se trata de la buena salud de los empresarios y empresas que producen enfermos sociales, que ellos no atienden, ni hay capacidad nacional para atenderlos. No se debe aprobar el patrocinio de bebidas alcohólicas para el deporte. Si así lo deciden por borrachera en la Asamblea Legislativa, hay que llevar el caso a las Defensorías de los Habitantes, de los niños, de las mujeres y a la misma Sala IV.

Ciudadano solicita anular permisos y acciones administrativas en proyecto Puket con base en informe técnico del Tribunal Ambiental Administrativo

El ciudadano y activista ambiental Marco Vinicio Levy Virgo presentó un requerimiento formal ante diversas instituciones públicas para que adopten medidas inmediatas en relación con el denominado Proyecto Puket, ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y para que se declare la nulidad absoluta de cualquier acto administrativo que haya permitido intervenciones en el área desde el año 2011.

La gestión, dirigida al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a la Municipalidad de Talamanca y a la Contraloría General de la República, se fundamenta en un informe técnico elaborado por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) tras una inspección realizada en abril de 2011.

Según el documento presentado por Levy Virgo, el informe técnico TAA-DT-0048-011 constituye una prueba oficial del propio Estado que determinó hace más de una década que la propiedad inspeccionada se encuentra dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, que parte de los terrenos corresponden al Patrimonio Natural del Estado y a zona restringida de la zona marítimo-terrestre, y que en el sitio existían condiciones de bosque y humedal.

El informe también documentó alteraciones ambientales significativas, entre ellas la corta de sotobosque, la construcción de canales de drenaje, la introducción de pastos y especies exóticas y la preparación de terrenos para cambios de uso de suelo en aproximadamente 9,1 hectáreas.

De acuerdo con la exposición presentada, el informe técnico del Tribunal Ambiental Administrativo concluyó que el área afectada conserva características propias de bosque y humedal, pese a las intervenciones realizadas, y que parte de las acciones observadas respondían a prácticas recurrentes en la región para transformar ecosistemas naturales en terrenos aptos para otros usos.

Con base en estos hallazgos, Levy sostiene que las instituciones públicas contaban desde 2011 con información suficiente para actuar en defensa del área protegida y que la falta de acciones efectivas durante más de una década podría generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para las autoridades competentes de distintas épocas.

Entre las medidas solicitadas se encuentra la paralización inmediata de cualquier obra o actividad en el área objeto del informe, la adopción de medidas cautelares por parte del SINAC, la reactivación o continuación de procedimientos administrativos en el Tribunal Ambiental Administrativo, la revisión de eventuales servicios públicos brindados en la zona y una investigación por parte de la Contraloría General de la República sobre posibles omisiones institucionales.

Asimismo, el documento plantea la solicitud de declarar la nulidad absoluta de cualquier permiso, autorización, concesión o acto administrativo emitido con posterioridad al informe técnico de 2011 que haya permitido construcciones, cambios de uso del suelo, infraestructura u otras intervenciones en el área analizada.

La gestión forma parte de una serie de acciones ciudadanas relacionadas con la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde distintos sectores han venido cuestionando actuaciones estatales y decisiones administrativas vinculadas con el manejo de territorios protegidos, humedales y zonas de patrimonio natural.

En su escrito, Levy Virgo solicita respuestas institucionales dentro de plazos específicos y advierte que, de no obtenerlas, se reserva el derecho de acudir a distintas vías legales y administrativas para exigir el cumplimiento de las obligaciones de protección ambiental establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense.

SURCOS ha dado seguimiento durante los últimos meses a diversas gestiones, denuncias y resoluciones relacionadas con la protección ambiental en Gandoca-Manzanillo, un territorio que continúa generando debate nacional por la conservación de sus ecosistemas, humedales y áreas protegidas.

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 confirma el peligroso descenso de la producción nacional

German Masís

La Encuesta Nacional Agropecuaria del 2025, que recoge los datos para el 2024, revela una caída considerable de la producción agrícola, que ha llegado ha ser reconocida como una verdadera crisis de la actividad agrícola, con descensos de las áreas cultivadas y de la producción de cultivos importantes para el consumo interno como el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y el plátano y de cultivos de exportación como el banano, el café, la caña de azúcar, la naranja, el mango y la palma aceitera.

Las diferencias han sido significativas entre el 2024 y el 2023, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años. Pero las mayores diferencias se encuentran entre los años 2020 (ENA 20021) y 2024 (ENA 2025), en la mayoría de los productos mencionados al inicio.

En ese período, las diferencias en los cultivos para el mercado interno fueron de alrededor de 19,711 hectáreas menos sembradas y de 511,116 toneladas métricas menos de producción entre esos años, cifras significativas en la disponibilidad de la producción de alimentos para el consumo de la población.

El análisis de los cultivos de exportación no es menos preocupante, ya que las diferencias entre el 2020 y el 2024, señalan una reducción en el área sembrada de 33,634 has menos y de 829,654 toneladas métricas menos de producción en ese período, un descenso considerable en la producción exportable del país.

Arroz

El área sembrada estimada en el año 2024 fue de 13 067,6 hectáreas, la producción fue de 51 468,3 toneladas métricas; destinando el 98,9% a la venta. La producción se concentra principalmente en las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca

Según la ENA 2023, el año 2022 se sembró de arroz 33.586.4 has, que es el 53.2% de los ochos cultivos anuales estudiados y se obtuvo una producción de 145.302,5 toneladas métricas. Estas cifras reflejan que el arroz tuvo la mayor extensión sembrada, cosechada y la producción más alta de los cultivos anuales.

Comparando el área y la producción de arroz del año 2020 (encuesta nacional 2021), que fue de 38.112,7 hectáreas, hubo una reducción de casi 4 mil hectáreas entre el 2022 y el 2020, aunque en la producción que fue de 137.503,5 toneladas métricas en el 2020, si hubo un aumento de más de 7 mil toneladas métricas en el año 2022.

Sin embargo, si analizamos los datos en un período más amplio, entre el 2020 y el 2024, la diferencia en el área cultivada y la producción es considerable, porque entre ambos años la diferencia es de 25.045 has y de 86,035 Tm de producción menos, evidenciando la salida de una importante cantidad de productores de la actividad y el aumento del volumen importado.

Frijol

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 8 708,2 hectáreas, la producción obtenida fue de 3 761,7 toneladas métricas. El 76,7% de la producción total fue destinada a la venta. Su producción se concentra principalmente en las regiones Huetar Norte y Brunca.

Con respecto al cultivo de frijol, el área sembrada en el 2022 fue de 8.653,3 has sembradas y una producción de 6.000,2 toneladas métricas. Mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 9.452,3 hectáreas, 800 has más que en el último año y la producción obtenida fue de 5 308,4 toneladas métricas, un poco menor que la del 2022.

El análisis de las diferencias entre el 2020 y el 2024, indican que en frijol ha habido una reducción de 744 has y de 1,547 toneladas métricas de producción, lo que también es significativo y debió ser cubierto con mayores importaciones

Maíz

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 7 534,8 hectáreas, la producción obtenida fue de 17 627,8 toneladas métricas; donde el 79,4% fue vendida. Se cultiva en todas las regiones del país

En cuanto al maíz, en el 2022 se sembraron 7.175,9 ha sembradas y se tuvo una producción de 10.246,1 toneladas métricas, en tanto el área sembrada en 2020, fue de 8.376,2 hectáreas, es decir 1.200 has más que el 2022 y una a producción obtenida este año de 14.180,6 toneladas métricas, es decir cerca de 4 mil toneladas más en el 2020, resultado al parecer de un mayor rendimiento por hectárea.

En maíz, las diferencias entre 2020 y 2024, han sido de 842 has sembradas menos, pero se obtuvo, 3,447 toneladas métricas más de producción, probablemente debido a mejores rendimientos.

Papa

El área sembrada estimada en 2024 fue de 1 679,5 hectáreas, la producción obtenida fue de 30 228,5 toneladas métricas; donde el 92,4% fue destinado a la venta. Del total de la producción vendida, el 92,7% fue al por mayor. Las principales regiones productoras son la Central Oriental y la Central Occidental

En el caso de la papa se reportó para el 2022 un área de 2.912,4 ha, y una producción de 48.171,6 tm. para el 2022, en tanto para el 2020, el área sembrada fue de 2.816,3 hectáreas, y la producción obtenida fue de 47.619,3 toneladas métricas; con escasas diferencias entre un año y otro tanto en área como en producción.

La comparación en la producción de papa entre el 2020 y el 2024, señala una diferencia de 1,137 has sembradas menos y 17,391 toneladas métricas de producción menos, lo que es una diferencia enorme, que revela una incorporación menor de productores y un aumento considerable de la producción importada.

Cebolla

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 1 313,3 hectáreas la producción obtenida fue de 25 349,0 toneladas métricas; donde el 99,0% fue destinado a la venta. se produce principalmente en las regiones Central Sur, Central Oriental, Central Occidental y algunas zonas de la región Chorotega.

Por su parte para la cebolla, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 reveló una extensión sembrada de 1.422,8 ha y una producción de 32.184,4 toneladas métricas, mientras que en el año 2020, el área sembrada fue de 1.884,9 hectáreas y la producción obtenida fue de 36 546,3 toneladas métricas; con diferencias de más de 400 has y más de 4 mil toneladas métricas entre uno y otro año.

En el caso de la cebolla, las diferencias entre el año 2020 y 2024, es de 531 hectáreas sembradas menos y de 11,197 toneladas métricas menos de producción, lo que establece el descenso de la actividad en las áreas dedicadas y en la producción obtenida, claramente suplida por las grandes importaciones del producto.

Yuca

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 11 849,0 hectáreas, la producción obtenida fue de 111 743,5 toneladas métricas; donde el 91,7% fue para la venta y el 90,8% fue comercializado al por mayor. Las principales regiones en las que se produce son la Huetar Norte, la Huetar Atlántica y la Brunca.

Dentro de las raíces y tubérculos, destaca la yuca con un área sembrada de 7.084,4 ha y una producción de 78.275,6 toneladas métricas en el 2022, frente a un área de 11.161,1 hectáreas y una producción de 97.201,0 toneladas métricas en el 2020; que marca una diferencia de más de 4 mil has sembradas y de 18 mil ton. de producto entre aquel año y el 2022.

En cuanto a la yuca, la comparación entre los años 2020 y 2024, revelan un aumento del área en 688 has y de 14,542 Tm más de producción, revelando un crecimiento importante de la actividad.

Banano

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 46 028,7 hectáreas, en cuanto a la producción obtenida fue de 2 277 988,4 toneladas métricas. El 99,7% de la producción total fue para la venta. El principal destino de la producción es directamente al exterior, representando un 75,3% del total vendido, se concentra principalmente en las regiones Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca.

Seguidamente, el banano con un área sembrada de 48.369,2 ha sembradas y la producción obtenida de 2.307 933,3 toneladas métricas, cifras que eran mayores en el 2020, con el área sembrada de 54.783,6 hectáreas y la producción obtenida de 2,528.720,8 toneladas métricas. Es muy significativa la diferencia en el área sembrada entre uno y otro año, de más de 6 mil hectáreas.

El análisis de la evolución de la producción de banano entre el 2020 y el 2024, determina una reducción de 8,755 has y de 250,732 toneladas métricas menos entre ambos años, que muestra una situación complicada de la actividad debida según se ha mencionado por factores climáticos y el retiro de algunas empresas extranjeras.

Café

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 71 570,7 hectáreas, la producción obtenida fue de 360 502,3 toneladas métricas. El principal destino de la producción fue la venta, representando el 85,9% de la producción total. Las regiones del país donde se puede encontrar este cultivo son la Central Sur, Central Oriental, Central Occidental, Pacífico Central, Chorotega y la Brunca.

Para el café, el área sembrada en 2022, según la ENA fue de 77.352,5 ha sembradas y una producción de 436.473,3 toneladas métricas de producción, mientras que en el 2020, el área sembrada fue de 80.210,3 hectáreas y la producción obtenida fue de 400.042,1 toneladas métricas, con una diferencia de más de 2.800 has sembradas en el 2020, aunque la producción es mayor en el 2022, probablemente por una mayor productividad de las plantaciones.

En la actividad cafetalera, las diferencias entre los años 2020 y 2024, son significativas, con la reducción de 8,640 hectáreas sembradas y una producción de 39,540 toneladas métricas menos, que también revela un descenso considerable de la producción de café, atribuido en buena medida a factores climáticos y a cambios en la producción mundial del grano

Caña de azúcar

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 55 780,2 hectáreas, la producción obtenida fue de 3 929 987,7 toneladas métricas. De la producción vendida, el 98,8% fue destinado para la venta en la industria. En Costa Rica, la principal producción se encuentra en las regiones Chorotega, Central Occidental, Central Sur, Brunca, Huetar Atlántica y Pacífico Central.

Entre los cultivos permanentes, según los principales resultados de la ENA 2022, la caña tuvo un área sembrada 57.006,2 ha sembradas y una producción de 3,366.915,7, en tanto en 2020, el área sembrada fue de 60.750,0 hectáreas y la producción obtenida fue de 4, 194.596,7 toneladas métricas, con una diferencia que de más de 3.700 has sembradas.

La comparación en la actividad de la caña entre el 2020 y el 2024, evidencia una diferencia de 4,970 has menos sembradas y de 264,609 toneladas métricas menos de producción entre ambos años, que resulta significativa por la reducción de áreas que ha dado en las regiones productoras.

Chayote

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 461,4 hectáreas, de las cuales fueron cosechadas 336,4. La producción obtenida fue de 42 541,2 toneladas métricas. Del total de la producción el 99,0% fue destinada para la venta. Del total vendido, el 80,4% fue directamente al exterior. El cultivo se concentra principalmente en la región Central Oriental

Finalmente, el área sembrada de chayote fue 407,0 ha y la producción de 28.990,7 tm. en el 2022, en tanto en el 2020, el área sembrada fue de 493,6 hectáreas y la producción obtenida fue de 31.284,7 toneladas métricas, con una diferencia de más de 85 has sembradas y más de 2.200 toneladas métricas producidas en el 2020. (INEC, ENA,2022).

En el chayote, las diferencias son de 32 has sembradas menos, entre el 2020 y el 2024, pero un aumento de 11,257 Tm más de producción entre los dos años.

Mango

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 5 205,8 hectáreas, la producción obtenida fue de 18 846,5 toneladas métricas. Del total de la producción se vendió un 95,0%, y se destinó a la comercialización al por mayor el 69,6%. Las principales regiones productoras son la Central Sur, Central Occidental, Pacífico Central y la Chorotega

Respecto al mango, el área sembrada es de 6.217,4 ha área sembrada, y una producción 30.187,4 toneladas métricas de producción para el 2022, en tanto para el 2020 el área sembrada fue de 7. 482,5 hectáreas y una producción obtenida fue de 23.812,1 toneladas métricas, registrando una diferencia de más de 1,200 has sembradas ese año, aunque se tuvo una producción menor en el 2020.

Las diferencias en la producción de mango entre el 2020 y el 2024, son de 2,277 has menos y de 4,966 toneladas métricas menos entre los dos años, son importantes.

Naranja

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 10 678,4 hectáreas, La producción estimada fue de 128 069,5 toneladas métricas. El principal destino de la producción de este cultivo fue la venta con el 96,6% de la producción total. De la producción que se vendió, el 84,6% se destinó a la industria. Las zonas productoras del país son la Central Sur, Central Occidental, Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlántica

El caso de la naranja, el área sembrada fue de 13.220,7 hectáreas y la producción obtenida de 289.564,5 toneladas métricas en el 2022, mientras en el 2020 el área sembrada de 13.354,1 hectáreas y la producción estimada fue de 258.234,3 toneladas métricas, con áreas y producciones muy similares en los dos años, así como en el volumen que se vende en el mercado interno que es entre un 27 y un 30%.

Analizando las diferencias en la actividad de la naranja, encontramos una diferencia de 2,676 hectáreas menos sembradas y de 130,165 toneladas métricas menos de producción entre el 2020 y el 2024, mostrando un descenso considerable en la actividad.

Palmito

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 2 848,8 hectáreas, la producción fue de 2 681,3 toneladas métricas. El principal destino de la producción fue la venta, representando el 57.0% de la producción total. En el país se siembra en las regiones Huetar Caribe, Huetar Norte, Pacífico Central y Brunca

Mientras el área sembrada fue de 3.231,9 ha de sembradas y una producción de 3.203,3 toneladas métricas de producción en el 2022, mientras que el área sembrada fue de 3.866,3 hectáreas y la producción fue de 3.218,6 toneladas métricas en el 2020, con una diferencia de más de 600 has sembradas, pero un volumen de producción similar, en el palmito también una parte pequeña se destina al mercado nacional.

En el palmito, las diferencias entre el 2020 y el 2024, son de 1,018 hectáreas menos sembradas y de 537 toneladas métricas menos entre esos años, que indica una reducción mayor en las áreas y menor en la producción.

Plátano

La estimación del área sembrada en el año 2024 fue de 8 780,9 hectáreas, la producción obtenida fue de 72 277,9 toneladas métricas. El principal destino de la producción de este cultivo fue la venta, que representa el 85,4% del total producido. De la producción vendida, el 89,0% se destinó a la comercialización al por mayor. La principal zona productora del país es la región Huetar Caribe.

Por su parte, el plátano presentó en el 2022, un área sembrada de 10.697,3 y una producción de 72.083,3 toneladas métricas de producción, frente a un área sembrada de 10.860,3 hectáreas y una la producción obtenida de 84.412,8 toneladas métricas en el 2020, evidenciando áreas similares en ambos años, pero una producción mucho mayor en el 2020, de más de 12 mil toneladas métricas.

Las diferencias en la producción de plátano entre el 2020 y el 2024, son de 2,080 has menos en el período y de 12,135 toneladas métricas menos de producción, diferencias significativas en esta actividad.

Palma aceitera

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 67 600,5 hectáreas, en cuanto a la producción obtenida fue de 999 761,6 toneladas métricas. El principal destino fue la venta en el exterior, representando el 72,4% de la producción total. Las principales regiones productoras son la Pacífico Central, Brunca y la Huetar Atlántica

En cuanto a la palma aceitera, el área sembrada fue de 68.288,5 ha sembradas con una producción 1,040.239,3 toneladas métricas en el 2022, frente al área sembrada de 72.898,1 hectáreas y una producción obtenida de 1,138.886,8 toneladas métricas en el 2020, cuya comparación revela un área sembrada mayor en este año de más de 2.600 has, con respecto al 2022.

En lo que respecta a la palma aceitera, las diferencias entre el 2020 y el 2024, son de 5,298 has menos sembradas y 139,105 toneladas métricas de producción entre ambos años, lo que representa cambios importantes en esta actividad

Las diferencias en el área sembrada y en la producción de las actividades analizadas en la ENA 2025, revelan descensos muy importantes en la producción agrícola para el mercado interno y para la exportación, que marcan una peligrosa la tendencia hacia la reducción de las áreas agrícolas que ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria 2021 y 2023.

Esta reducción en el área y en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre la disponibilidad interna de alimentos, sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, sobre el aumento de las importaciones y sobre el decrecimiento de las exportaciones agrícolas y la generación de divisas, ya que en algunas de ellas como se ha mencionado anteriormente, podría estarse llegando a límites mínimos de producción, que un descenso mayor podría llevar a un desabastecimiento peligroso y a la dependencia de las importaciones como ha ocurrido en otros países.

Conversatorio analizará si la alimentación saludable es un derecho o un privilegio en Costa Rica

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita al conversatorio “Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?”, un espacio de reflexión sobre las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en el acceso a una alimentación adecuada en el país.

La actividad se realizará el lunes 22 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del sexto piso del edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

El conversatorio reunirá a personas provenientes de distintos ámbitos de experiencia y conocimiento para analizar los desafíos relacionados con la alimentación saludable, la producción de alimentos y las desigualdades que pueden limitar el acceso a una nutrición adecuada.

Entre las panelistas participará la Dra. Marcela Dumani, docente jubilada de la Escuela de Nutrición de la UCR, quien aportará una perspectiva especializada sobre alimentación, salud y nutrición.

También intervendrá Paula Escudero, agricultora, cuya participación permitirá incorporar la visión de quienes producen alimentos y enfrentan los retos del sector agrícola.

Asimismo, estará presente la M.Sc. Vania Solano, docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, quien contribuirá al análisis de las dimensiones sociales y culturales asociadas a los hábitos alimentarios y al acceso a los alimentos.

La actividad forma parte de iniciativas académicas impulsadas desde la Escuela de Sociología y busca promover el diálogo sobre temas vinculados con la seguridad alimentaria, la salud pública, la producción agrícola y las desigualdades sociales que inciden en la alimentación de la población costarricense.

El conversatorio es organizado por Andrea Espinoza, Aritsa Ureña, Kimi Burgos y María Fernanda Rivas, en el marco de los proyectos SO-1014 y ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

Detalles de la actividad

Tema: Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?
Fecha: Lunes 22 de junio
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio, piso 6, edificio de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica

Exponor: La Industria, las tecnologías, y la disyuntiva de la Guerra

Pablo Ruiz
www.derechoalapaz.org
SOAW-Chile

Entre los días 8 al 11 de junio, se realiza en la ciudad de Antofagasta, en Chile, la Exponor 2026 que en otras palabras es la “Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética”. De acuerdo a información del sitio Exponor este evento reunirá a más de 1.300 expositores, de 36 países, y “cuenta con un completo programa de actividades orientado a la generación de oportunidades de negocio”.

A esta Exponor 2026 vendrán, entre otros, representantes de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Finlandia, Francia, Bélgica, países que necesitan vender o comprar tecnología para su industria, y quienes también compran minerales a Chile, especialmente minerales críticos, para la producción de bienes de uso para su población. También, y debemos decirlo porque posiblemente no se mencionará, para seguir fabricando dispositivos tecnológicos militares, armas, tanques, aviones de combate, misiles, etc.

En estos tiempos convulsionados por guerras, para la fabricación y el desarrollo de armas y de nuevas armas, cada vez más precisas y efectivas, participan una serie de actores que intervienen en ese proceso donde se incluye por supuesto a las Industrias Tecnológicas y las Industrias Mineras que proporciona insumos para la fabricación de material bélico.

Como activistas por la paz, llamamos la atención sobre estos asuntos. Hemos participado en la Campaña Contra el Gasto Militar y contra la Guerra que impulsan organizaciones europeas y de América Latina. La guerra es la peor respuesta que se puede tomar cuando se tienen controversias territoriales con otros países. Es la búsqueda del diálogo y la resolución no violenta de los conflictos el camino correcto y humano.

Como muchos saben, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a los países de la OTAN aumentar su gasto en defensa mínimamente al 2% de su PIB. Alemania, incluso, tiene un plan ambicioso de rearme para los próximos años y tiene por objetivo, para el año 2029, destinar el 3,5 de su PIB para gasto militar. Al mismo tiempo, organizaciones han denunciado que Alemania tiene actualmente las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares.

En lo que respecta a nosotros, a Chile, la ex ministra de defensa, Adriana Delpiano, firmó un acuerdo con la embajadora de la República Federal de Alemania, Susanne Fries-Gaier, el que permitirá que Chile pase al nivel dos del sistema de catalogación con la OTAN para la venta y compra de material bélico con esta Alianza Militar. Nuestra respuesta fue escribirle al presidente de entonces, Gabriel Boric, para manifestarles nuestro rechazo a este acuerdo con esta Alianza Militar acusada de diversas intervenciones y crímenes.

Otro de los países que van a participar en esta Exponor 2026 es Finlandia, donde se debate sobre las armas nucleares, el gobierno finlandés quiere introducir enmiendas en su constitución para poder tenerlas. También estará Francia, donde su presidente, Emmanuel Macron, dijo que “el orden basado en reglas está en ruinas” y que “para ser libre hay que ser temido y para ser temido hay que ser poderoso” y ordenó el aumento del arsenal nuclear francés.

De nuestro continente, estará Brasil. Su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que en el actual escenario mundial había que prepararse ya que “si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade” e instó a que Brasil produzca sus propias armas de combate.

Muy posiblemente, en la EXPONOR 2026 nadie hable del doble propósito que tienen las tecnologías ni menos del uso de minerales chilenos para la fabricación de armas que asesinan a seres humanos de carne y hueso en otros rincones del mundo. Sin embargo, creo que la ciudadanía debe ser consciente de estas posibilidades y ser más conscientes todavía que la humanidad atraviesa un momento de tensión y aumento de la militarización que nos pueden llevar, esta vez, por la existencia de armas nucleares, a una tercera guerra mundial de consecuencias inimaginables.

* Pablo Ruiz es periodista egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). También es integrante de la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza CONVIDA-20. Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Conversatorio «Equidad, desigualdad y justicia social: miradas desde el pasado y el presente»

La Escuela de Filosofía y TC-769 de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al conversatorio Equidad, desigualdad y justicia social: miradas desde el pasado y el presente con la participación de Geovanna Fallas, Arqueóloga y Natasha Alpízar, Antropóloga Social de la Universidad de Costa Rica.

La actividad será el lunes 15 de junio a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

OMERCON: El consumidor financiero es el gran olvidado de la regulación costarricense

Usted deposita sus ahorros en un banco. Solicita un crédito para comprar una casa o pagar los estudios de sus hijos. Utiliza una tarjeta todos los días. Paga un seguro. Aporta a un fondo de pensiones. Usted participa, cada día, en el mercado financiero. Pero si algo sale mal —si le aplican un cobro que no autorizó, si la letra pequeña del contrato esconde condiciones que nadie le explicó, si su reclamo se pierde durante meses sin respuesta— ¿sabe usted a dónde puede acudir? La respuesta incómoda es esta: en Costa Rica, hoy, no existe ninguna institución cuyo mandato principal sea defenderlo a usted como consumidor financiero. Ninguna.

Esa brecha —reconocida por la OCDE, el Banco Mundial y los propios Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa— es exactamente la que busca cerrar el Proyecto de Ley N.° 24.616, Ley de Protección del Consumidor de Servicios y Productos Financieros. Y cerrarla ya no admite más espera.

Una distinción que los países avanzados aprendieron hace décadas

Existen en Costa Rica instituciones que supervisan si los bancos son solventes, si tienen suficiente capital, si el sistema financiero no corre riesgo de colapso. Esa labor es indispensable y nadie la cuestiona. Pero la solvencia de un banco y el trato justo a sus clientes son dos cosas distintas. Un banco puede estar perfectamente sano por dentro y, al mismo tiempo, cobrar comisiones no pactadas, ofrecer productos que el cliente no comprende, rechazar reclamos sin fundamento o usar cláusulas abusivas en sus contratos.

Los países de la OCDE lo entendieron hace muchos lustros: supervisar la salud del banco es una función, y vigilar que el banco trate bien a sus clientes es otra función diferente. Por eso separaron ambas tareas en instituciones distintas e independientes entre sí. No es una ocurrencia. No es un experimento. Es el modelo que aplican desde hace décadas economías como las del Reino Unido, Australia, los Países Bajos, Canadá y la mayoría de los países con los que Costa Rica aspira a compararse cuando habla de desarrollo.

Costa Rica aún no ha dado ese paso. Seguimos con una regulación pensada para proteger al sistema, no a las personas. Y mientras tanto, millones de ciudadanos negocian en clara desventaja frente a organizaciones financieras que cuentan con equipos jurídicos, contratos estandarizados y toda la asimetría de información a su favor.

Lo que pide el proyecto es sencillo

El Proyecto 24.616 no es una ley contra los bancos. No pretende sustituir a la SUGEF ni interferir con la supervisión prudencial. Lo que propone es crear una autoridad especializada —independiente de la regulación de solvencia— cuya única misión sea vigilar que bancos, financieras, aseguradoras y demás proveedores de servicios financieros traten a sus clientes de manera justa, transparente y honesta.

Que la información sea clara antes de firmar. Que las comisiones y condiciones se expliquen con tiempo. Que los reclamos reciban respuesta real. Que los abusos tengan consecuencias proporcionales. Y que esas consecuencias sean recurribles, primero en sede administrativa y luego ante los tribunales. Eso no es intervenir el mercado. Eso es restablecer un equilibrio que hoy no existe.

Una deuda con la ciudadanía que ya venció

Costa Rica se comprometió ante la OCDE a implementar los Principios de Alto Nivel de Protección al Consumidor Financiero. El plazo venció en 2023. Seguimos sin cumplirlo. La OCDE lo ha dicho con claridad: el país no cuenta con una institución que regule específicamente la protección al consumidor financiero, ni con un marco de supervisión de conducta para el sector. El Banco Mundial ha señalado lo mismo. Los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa han documentado el vacío.

Cuando tres fuentes tan distintas coinciden en el mismo diagnóstico, el problema no admite más debate sobre si existe. El debate que corresponde es cómo resolverlo bien y rápido.

Perfeccionar sí, desechar no

Las críticas al proyecto que circulan en ciertos medios y sectores merecen un análisis honesto. Algunas observaciones técnicas son legítimas. El marco sancionatorio puede precisarse. Los mecanismos de coordinación con las superintendencias pueden detallarse mejor. Para eso existe el proceso legislativo: para que las mejoras se incorporen al texto mediante mociones, sin sacrificar el objetivo central.

Ajustar la redacción de una sanción no es lo mismo que eliminar la ley. Confundir ambas cosas —o promover esa confusión— no es un argumento técnico: es una estrategia para mantener el vacío que hoy desprotege a los consumidores.

El actor más importante del mercado financiero no es el banco. No es la financiera. No es la aseguradora. Es la ciudadanía: los millones de personas que ahorran, trabajan, producen y confían sus recursos al sistema financiero todos los días.

Costa Rica necesita mercados fuertes. Y los mercados financieros son más fuertes cuando los consumidores están protegidos, informados y confían en las reglas.

El Proyecto 24.616 debe avanzar. Porque una economía fuerte requiere consumidores fuertes. Y porque ya es tiempo de que Costa Rica cumpla la deuda que tiene con su propia ciudadanía.