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Autor: María José Ferlini Cartín

Llaman a sindicatos a ampliar el debate y replantear la elección del representante laboral en la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Un pronunciamiento del ciudadano y trabajador de la CCSS Juan Carlos Durán Castro plantea la necesidad de que las dirigencias sindicales del país revisen de manera crítica y estratégica el proceso de elección del representante laboral ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El llamado subraya la importancia de ampliar el diálogo más allá de las estructuras sindicales tradicionales e incorporar a diversos sectores sociales en una discusión que considera clave para el futuro institucional.

El planteamiento propone generar un proceso de diálogo entre las distintas corrientes sindicales —tanto del ámbito formal como informal— y abrir ese intercambio hacia organizaciones sociales del agro, movimientos estudiantiles, sectores eclesiales, ambientalistas, organizaciones de mujeres y la academia. Según se expone, este enfoque permitiría construir consensos más amplios y estratégicos que trasciendan la lógica estrictamente formal del proceso de elección.

Asimismo, se plantea la necesidad de redefinir la comunicación política del movimiento sindical, adaptándola a un contexto nacional que demanda nuevas formas de articulación, confianza y visión de largo plazo. En ese sentido, se considera que una decisión bien orientada podría incidir en la dinámica de la Junta Directiva y en la relación con otros actores como el Poder Ejecutivo, el cooperativismo y el solidarismo.

El análisis advierte además sobre posibles escenarios de tensión en la gobernanza institucional de la CCSS en los próximos años, incluyendo disputas de poder, eventuales procesos de reorganización interna y la influencia de intereses financieros en la toma de decisiones. En ese marco, se sugiere prestar especial atención a los perfiles que podrían ocupar cargos estratégicos, tanto en la Junta Directiva como en niveles gerenciales.

Finalmente, el llamado insiste en que las dirigencias sindicales deben “leer el momento” y asumir decisiones que respondan a la complejidad del contexto actual, con una visión que fortalezca la defensa de la seguridad social y la representación efectiva del sector laboral.

Visa para la censura: autoritarismo criollo y complicidad imperial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Instituto sindical de formación política

Estados Unidos: ¿socio o cómplice?

La reciente anulación de visas a los directivos del periódico La Nación marca un antes y un después en la historia de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con Estados Unidos. Lo que debería ser un trámite administrativo rutinario se ha convertido, bajo la administración de Rodrigo Chaves, en un mecanismo más de persecución política. Pero lo más preocupante no es solo la maniobra vengativa del mandatario costarricense para acallar a la prensa crítica, sino el triste y bochornoso papel de los Estados Unidos, que al prestarse a este juego se transforman en cómplices del autoritarismo tropical. El imperio que presume de ser guardián de la democracia se ha convertido, irónicamente, en notario de la represión.

La fachada del “imperio de la ley”

Washington ha justificado la medida bajo el argumento técnico del cumplimiento migratorio. Una excusa tan frágil como un papel mojado. El gobierno de Chaves, experto en disfrazar de legalidad lo que es pura arbitrariedad, ha encontrado en la desgastada “democracia” del norte un socio silencioso. Al no intervenir ni cuestionar el fondo político de la decisión, Estados Unidos valida implícitamente la estrategia de un presidente que utiliza las herramientas del Estado como látigo contra quienes denuncian sus desplantes autoritarios.

No es un hecho aislado: es la continuación de una política de hostigamiento. Recordemos que en octubre de 2025 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente por 15 denuncias de “beligerancia política”. ¿Y cuál fue la reacción de Chaves? Insultar al Tribunal, acusarlo de “parcialidad” y advertir sobre una supuesta “guerra de sangre”. La ironía es brutal: un presidente que se proclama defensor de la ley, pero que la trata como papel higiénico cuando le incomoda.

La “pedagogía de la crueldad”

¿Qué intenta esconder Chaves al atacar a medios como La Nación? La respuesta está a la vista. Detrás de la retórica populista y las estupideces histriónicas con las que entretiene a sus seguidores, se esconde una gestión marcada por la opacidad y el debilitamiento institucional. Basta con observar cómo el Poder Judicial advirtió que sus afirmaciones sobre “fiscales corruptos” allanan el terreno para prácticas autoritarias.

El presidente parece seguir un manual clásico del populismo autoritario: cuando no puede gobernar con los votos —recordemos que no logró los 38 votos para quitarse la inmunidad en el caso BCIE—, intenta destruir a quienes lo fiscalizan. La anulación de visas a los directivos de La Nación es un escupitajo a la libertad de expresión. Es el gesto desesperado de un gobernante que ya no se molesta en ocultar su desprecio por la democracia, utilizando a Estados Unidos como ariete.

Estados Unidos: ¿socio o cómplice?

El silencio de Washington es ensordecedor. Mientras predica democracia en foros internacionales, en la práctica facilita que un mandatario centroamericano persiga a la prensa crítica. Este precedente es peligroso: se le dice a la región que se puede quebrantar el estado de derecho siempre que se tenga el visto bueno de la potencia hegemónica.

No estamos ante una “cruzada contra la corrupción”, como intenta vender Chaves con sus discursos soeces llenos de alabanzas a Dios y ataques vulgares. Estamos ante una cacería antidemocrática contra quienes se atreven a señalar que el Rey va desnudo.

La historia juzgará con severidad tanto a los funcionarios estadounidenses que firmaron estas órdenes de visa, como también a Rodrigo Chaves por su afán de acabar con la libertad de expresión. Mientras tanto, los costarricenses que aún creemos en la República debemos alzar la voz: no permitiremos que nos callen con visas ni con decretos. La prensa no se rinde, y los pueblos que lucharon por sus libertades no están dispuestos a cambiarlas por el capricho de un gobernante vengativo.

Entre símbolos, poder y hegemonía: notas sobre el nuevo escenario político costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Desde el 1° de mayo vengo pensando en lo que está pasando en la Asamblea, en la prensa y en el discurso político del país. Comparto esta reflexión, no para cerrar el debate, sino para abrirlo.

La instalación de la nueva Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo no solo marca el inicio de un nuevo ciclo institucional en Costa Rica; constituye, además, un momento privilegiado para observar las tensiones profundas que atraviesan hoy la vida política nacional. Más allá de la configuración formal de mayorías y minorías, lo que se perfila es una disputa por el sentido: por definir qué es legítimo, qué es peligroso y quién tiene derecho a ocupar el espacio de lo político.

En términos estrictamente institucionales, el panorama es claro. El oficialismo, con una mayoría simple de 31 diputaciones, ha logrado consolidar el control de los principales órganos de dirección legislativa. Frente a ello, las fuerzas de oposición —integradas por diversas agrupaciones que, en conjunto, suman 26 escaños— han optado por una estrategia de coordinación orientada a contener eventuales reformas que puedan afectar el núcleo del Estado social de derecho. Esta configuración no responde a una afinidad ideológica plena, sino a una lógica de equilibrio y defensa institucional que encuentra precedentes en la propia historia política costarricense.

Sin embargo, la lectura de este escenario ha sido rápidamente capturada por una narrativa mediática que reduce la complejidad del momento a una clave simplificada: la amenaza de un supuesto “giro comunista” en la política nacional. Esta operación discursiva ha encontrado un punto de apoyo en hechos aislados —como la utilización de símbolos asociados históricamente al comunismo por parte de una diputada, o la participación de sectores juveniles en actividades internacionales vinculadas a la izquierda— para construir una imagen homogénea y descontextualizada de actores políticos que, en realidad, son internamente diversos.

En este punto, resulta útil recordar que el discurso político no es un mero reflejo de la realidad, sino una práctica que contribuye activamente a su configuración. Como señala Teun A. van Dijk, “los discursos influyen en la formación de opiniones, actitudes e ideologías sociales” (Van Dijk, 2003, p. 45), lo que implica que su función no es solo descriptiva, sino también performativa. En ese sentido, la categoría “comunismo” opera menos como un concepto analítico que como un dispositivo de deslegitimación.

En este contexto, las declaraciones de Patricia Mora, quien ha reivindicado la herencia de una izquierda que en la década de 1940 contribuyó a la construcción de las garantías sociales, han sido utilizadas para alimentar la tesis de un supuesto “encubrimiento ideológico”. Esta lectura ignora una distinción fundamental: la diferencia entre identidad histórica y definición programática actual. Reconocer una tradición no implica reproducirla doctrinariamente. Como ha señalado en múltiples ocasiones José María Villalta, el Frente Amplio no se define como un partido comunista en el presente. La aparente contradicción, por tanto, no es más que el resultado de una operación de simplificación que borra deliberadamente los matices.

Este borramiento no es inocente. Forma parte de una lógica más amplia en la que el lenguaje político delimita los contornos de lo pensable. En términos de hegemonía, como advierte Ernesto Laclau, “la política consiste en la construcción de significantes que articulan demandas y producen identidades colectivas” (Laclau, 2005, p. 93). Así, la invocación del “peligro comunista” no describe una realidad empírica verificable, sino que contribuye a organizar el campo político en torno a una frontera simbólica.

La paradoja alcanza un punto especialmente revelador cuando se observa el papel de ciertos medios de comunicación. La Nación, por ejemplo, ha contribuido a posicionar esta narrativa de sospecha sobre la oposición política, al tiempo que enfrenta acciones de poder —como la cancelación de visas a miembros de su directiva sin explicaciones públicas claras— que evidencian la fragilidad de su propia posición frente a dinámicas que trascienden el control mediático. Esta situación pone de manifiesto una característica fundamental del poder contemporáneo: su carácter funcional y contingente. En contextos de alta polarización, los alineamientos no son estables, y los mismos dispositivos discursivos que sirven para deslegitimar a unos pueden volverse contra otros.

A este cuadro se suman una serie de hechos recientes que no pueden ser analizados de forma aislada: el veto presidencial a iniciativas vinculadas a derechos del magisterio, el deterioro en los indicadores de libertad de prensa, y la creciente centralidad del discurso de seguridad como eje articulador de la política pública. Lejos de constituir episodios desconectados, estos elementos sugieren la configuración de un clima político en el que la apelación al orden, la estabilidad y la lucha contra el crimen organizado funciona como marco legitimador de prácticas que tensionan los equilibrios democráticos.

En este sentido, la disputa actual en Costa Rica no puede reducirse a una confrontación clásica entre izquierda y derecha. Más bien, se trata de una lucha por la hegemonía en un contexto de reconfiguración del modelo neoliberal, donde distintos actores —no siempre claramente diferenciados en términos ideológicos— compiten por definir los límites de lo posible. En este proceso, el recurso a categorías simplificadoras como “comunismo” cumple una función estratégica: delimitar el campo de lo aceptable y excluir determinadas posiciones del debate legítimo.

Como ya advertía Antonio Gramsci, la hegemonía no se sostiene únicamente por la coerción, sino por la capacidad de construir consenso y sentido común (Gramsci, 1971). En ese marco, la disputa contemporánea en Costa Rica parece orientarse menos a la eliminación del adversario que a su deslegitimación simbólica.

La historia política costarricense ofrece, sin embargo, una lección distinta. El Estado social de derecho que hoy se invoca como patrimonio común no fue el resultado de una pureza ideológica, sino de un pacto complejo en el que convergieron actores diversos, incluyendo sectores reformistas, religiosos y de izquierda. Reducir esa herencia a una etiqueta o convertirla en objeto de sospecha implica no solo una simplificación analítica, sino un empobrecimiento del debate democrático.

En tiempos de creciente polarización, la defensa de la democracia no pasa únicamente por la protección de las instituciones, sino también por el cuidado del lenguaje. Nombrar con precisión, reconocer la complejidad y resistir la tentación de la simplificación son, hoy más que nunca, actos profundamente políticos.

Porque, al final, la pregunta que subyace a todo este escenario no es quién tiene la mayoría, ni siquiera quién tiene la razón, sino algo más inquietante:

¿quién está definiendo, y con qué fines, los límites de lo que una democracia puede pensar y decir sobre sí misma?

Referencias:

Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Van Dijk, T. A. (2003). Ideología y discurso. Ariel.

Festival “Grito por la Paz” recorrerá comunidades del país para promover cultura de convivencia y Buen Vivir

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Un grupo de 16 personas vinculadas a la iniciativa “Buen Vivir” se encuentra organizando el Festival “Grito por la Paz”, una propuesta comunitaria que iniciará en mayo y se extenderá durante varios meses en aproximadamente 20 cantones del país. La iniciativa busca fomentar una cultura de paz en la familia, las comunidades y la sociedad en general, mediante actividades participativas y de encuentro ciudadano.

El equipo organizador está integrado por personas de Naranjo, San Francisco de Dos Ríos, Moravia, Desamparados, Tibás, Mora y Paso Ancho, quienes han articulado esfuerzos para impulsar acciones culturales, educativas y comunitarias en distintos territorios.

Entre las actividades ya confirmadas destacan un intercambio de semillas y espacios para emprendimientos en San Ramón; una actividad cultural en el centro de San José; una peña cultural en Desamparados; y en Paso Ancho una jornada que incluirá Feria del Agricultor, talleres de pintura y macramé. Asimismo, se suma la participación de personas de Palmares en la organización general del festival.

También se prevé la realización de actividades dirigidas a personas adultas mayores, espacios de convivencia como picnics comunitarios y un “tendedero por la paz”, que se desarrollarán en lugares como la Biblioteca Emma Gamboa y el Parque Los Héroes. No obstante, aún se encuentran en proceso de confirmación múltiples grupos y comunidades que podrían integrarse a la iniciativa.

Las personas organizadoras señalan que este festival tiene como propósito central fortalecer una cultura de paz en los distintos ámbitos de la vida social, promoviendo el encuentro, la creatividad y la participación comunitaria.

Como antecedente reciente, el colectivo participó el pasado 1° de mayo en la marcha del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, donde se hicieron presentes con la bandera blanca como símbolo de paz.

Las personas interesadas en participar o conocer más sobre el Festival “Grito por la Paz” pueden comunicarse con el colectivo “Buen Vivir”.

Comunismo y democracia (3)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado
Parte 1: https://wp.me/p6rfbZ-yQy
Parte 2: https://wp.me/p6rfbZ-yRo

El socialismo, el verdadero, no el de Pedro Sánchez, siempre ha estado comprometido con los derechos democráticos y la libertad. Desde su misma cuna, Marx llamó a los comunistas a luchar por una democracia burguesa para Europa y, de hecho, los partidos comunistas (entonces llamados socialdemócratas) introdujeron en su programa una concepción de revolución por etapas, que contenía la intención de instaurar primero una democracia burguesa y, desde allí, avanzar hacia el socialismo (entendido este como esa primera etapa del comunismo). La razón es que las libertades propias de una democracia burguesa, que empezaba a despuntar en Europa, facilitaría la lucha de los partidos comunistas. No en balde el partido comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, luchó durante dos décadas para conquistar su legalidad, negada con posterioridad a la guerra civil de 1948. Esa legalidad se logró en 1976. Antes el partido había logrado participar, posiblemente de manera inconstitucional (¡vaya atentado contra la democracia!) en dos elecciones con al nombre de Partido Acción Socialista (el PASO), abrir locales sin ser molestados, tener una imprenta y un periódico legales, y más.

Lo que ocurre es que la lucha obrera por tal democracia siempre ha sido respondida con la represión más extrema por parte de la derecha. Y lo que ocurre también es que las libertades democráticas deben ser defendidas con todos los recursos. Un gobierno popular que no sabe defenderse no vale nada. Eso fue lo que ocurrió con el primer gobierno obrero de la historia, la Comuna de París de 1871. En sus 70 días, ese gobierno intentó estructurar la Francia más democrática de la historia, pero no supo defenderse. La Comuna cayó porque los comuneros, por su fe pacifista, no atacaron con tiempo a la reacción atrincherada en Versalles y porque esos mismos comuneros, confundidos por los discursos de defensa de la legalidad, no quisieron confiscar el Banco de Francia, dejando los recursos financieros del estado en manos de la reacción versallista.

La Comuna cayó por la indecisión de sus dirigentes, y a la Comuna siguió no un régimen democrático de los que defiende el diputado Villalta, sino una feroz dictadura que produjo en Francia un verdadero genocidio.

A propósito, ¿qué creen ustedes que seguiría a la caída de la Revolución Bolivariana en Venezuela? ¿Un gobierno como el de Carlos Alvarado? De ninguna manera. La reacción espera poder desplegar todo su poder criminal para acabar con el chavismo desde sus raíces. Esa oposición ya ha dado muestras de ellos. Será Una Comuna de París II, un nuevo Chile de Pinochet. No cabe duda. Poor esa razón, además de muchas otras, hay que cerrarle el paso a la oposición venezolana (debería decirse antivenezolana) a la que de manera tan tierna le pide afiliación el candidato del Frente Amplio. Es por defender las reformas económicas y sociales de dos décadas, pero también para defender los derechos humanos de los luchados sociales, de los patriotas.

La historia muestra que, una vez conquistado el poder en 1917, se estableció un régimen de libertades públicas como nunca se habían visto en Rusia. Pero de nuevo sobre la joven república de los sóviets cayó la agresión oligárquica nacional de internacional. Catorce ejércitos extranjeros y una poderosa unidad de fuerzas antisoviéticas sumieron al país en una espiral de muerte y destrucción que duró hasta 1923.

Diez años más tarde (durante los cuales la joven república tuvo que enfrentar la agresión japonesa) Hitler toma el poder en Alemania, dando origen a una nueva etapa de amenazas, sabotaje, espionaje y preparación de la población y el aparato militar para la guerra de defensa.

La guerra terminó en 1945 con una Rusia diezmada, destruida económicamente y con 20 millones de personas, sobre todo jóvenes, menos.

Durante todo ese periodo, desde 1917 hasta 1945, se constituyó en la Rusia Soviética el gobierno más democrático y participativo de la historia. Pero demás está decir que en esas condiciones de guerra extrema exigir una mayor democrática era pedir demasiado. Las libertades ciudadanas se vieron mermadas en todos los países y, como mucha más razón, en una nación tan agredida como la joven república soviética. Pero esa restricción afectó en primer lugar a los enemigos de la revolución. Las clases populares disfrutaron siempre de más libertades que las que tuvieron nunca antes en la historia, bajo el poder de los oligarcas y el zarismo. Y ello en un contexto de grandes avances sociales, de la conquista de derechos de que no disfrutan ni disfrutan hoy los trabajadores de otras partes del mundo.

Pero esa restricción de las libertades públicas fue sobre todo la tónica de los países de Europa y América. ¿Tendré que recordarles a los olvidadizos que “gobiernos democráticos” no existieron en Europa sino hasta bien entrado el siglo XX y gracias, en inmensa parte, el impacto producido por la Revolución bolchevique de 1917? ¿Habrá que recordar que la revolución “americana” tardó dos siglos para instaurar algo parecido a los derechos de la minoría afrodescendiente, que en ese país la esclavitud de los negros, o formas parecidas a ella, pervivieron cien años después del triunfo de Abrahan Lincoln en la guerra de secesión de 1865?

La “democracia”, entendida como el régimen de sufragio y libertades públicas, esa que defiende como prototipo de gobierno ideal para todo el mundo, esa democracia abstracta y formal, asomó sus orejas en algunos países a finales del siglo XIX, pero tampoco duró mucho en Europa. En 1942, el Reino Unido y la Unión Soviética eran las dos únicas naciones libres del nazismo. Con Hitler se alineaban, más o menos claramente, más o menos voluntariamente, todas las demás. Y ese bloque del terror nazi, que no era otra cosa que el régimen del terror de los grandes capitalistas europeos, se había apoderado en primer lugar de Alemania, la nación más rica y poderosa del continente, y había ungido a su caravana a las dos Francias, la ocupada y la de Vichy, a Italia, España y Portugal, a Hungría y Austria, a los Balcanes, Bulgaria y Rumanía, a Grecia y a Finlandia, los Países Bajos, Bélgica, Noruega y otros, que ya es mucho citar. Esa es la democracia con que amenazan. Mucho tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial las dictaduras pululaban todavía en Europa. Bajo regímenes autoritarios (como suele decirse de manera apologética) se mantuvieron por muchos años Portugal, España, Grecia. La misma Alemania occidental sufría de un régimen fuertemente restrictivo. Ni qué decir en Estados Unidos y en casi todo el resto del continente.

Verdades muy simples, elementales, dirán ustedes, y yo coincidiré con los que lo piensan o lo dicen, pero es que pareciera que la madurez política en nuestro país se mantiene todavía a ese nivel, es decir, en pañales.

Y esa es una de las enseñanzas socialismo y consiste en constatar que los derechos democráticos siempre se ven afectados por las agresiones tanto internas como externas. Así ha sucedido siempre. Y es que las revoluciones tienen la obligación de defenderse. Muchos sueñan con mayor libertad de prensa en Cuba, pero no se paran a pensar en que la más mínima apertura de la legislación en este sentido permitiría que la isla se convirtiera en un altavoz de las grandes cadenas de radio, televisión, libros y periódicos. Porque a propaganda en esta materia no es neutral, sino que está inserta en un estado de guerra que esta pequeña nación sufre desde hace 70 años. Cuba tiene una pesadísima espada de Damocles sobre su cabeza, la más grande y pesada del mundo, y cualquier persona sensata y responsable comprende que muy mal haría en descuidarse, en no defenderse.

Como decía un comentarista del diario El Siglo del Partido Comunista de Chile: “Llamar dictadura a Cuba no es un análisis. Es una consigna. Y como toda consigna, sirve más para clausurar el debate que para comprender la realidad. Quienes desde la izquierda repiten ese rótulo sin cuestionar el contexto, el bloqueo y la violencia estructural que pesa sobre la isla, no están ampliando la defensa de los derechos humanos. Están, una vez más, alineándose con el relato del poder hegemónico. (Adrián Prieto, 27 de febrero de 2026).

Centroamérica ante la crisis climática: vulnerabilidad, conflictos y desafíos de integración

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introducción

Centroamérica se encuentra entre las regiones más vulnerables del mundo frente a la crisis climática, no por figurar entre las mayores emisoras de gases de efecto invernadero, sino por la convergencia de fragilidades ecológicas, desigualdades socioeconómicas y debilidades institucionales. Desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo a Belice el istmo experimenta con creciente intensidad fenómenos como sequías prolongadas, huracanes más destructivos, inundaciones, pérdida de biodiversidad y estrés hídrico.

Este ensayo sostiene que la crisis climática en Centroamérica no puede entenderse únicamente como un problema ambiental, sino como una crisis sistémica, donde confluyen modelos de desarrollo extractivistas, patrones históricos de desigualdad y limitaciones en la coordinación regional.

1. Una región altamente vulnerable

Centroamérica aporta menos del 1% de las emisiones globales de CO₂, es decir, una fracción mínima del total mundial, lo que contrasta con su alta exposición a los impactos del cambio climático. Este dato resulta aún más significativo si se considera que, incluso al desagregar la región, ningún país centroamericano representa individualmente una proporción relevante dentro del total global.

Esta vulnerabilidad responde a varios factores, entre otros citamos los siguientes:

  • Ubicación geográfica entre dos océanos, lo que la expone a tormentas tropicales y huracanes.

  • Alta dependencia de la agricultura de subsistencia.

  • Limitada infraestructura de adaptación climática.

  • Altos niveles de pobreza y desigualdad.

Eventos recientes han evidenciado esta fragilidad: huracanes como Eta e Iota (2020) devastaron amplias zonas del istmo, mientras que sequías recurrentes afectan gravemente al llamado Corredor Seco centroamericano.

2. El Corredor Seco: epicentro de la crisis

El Corredor Seco -que atraviesa buena parte del istmo centroamericano- se ha convertido en uno de los espacios más críticos de la región.

Allí se concentran:

  • Sequías prolongadas

  • Pérdidas recurrentes de cosechas (maíz y frijol)

  • Inseguridad alimentaria crónica

  • Migraciones forzadas

La crisis climática intensifica fenómenos preexistentes de pobreza rural, generando lo que algunos analistas describen como una “tormenta perfecta” socioambiental.

3. Deforestación y degradación ambiental

Aunque la región mantiene importantes reservas de biodiversidad, la deforestación continúa siendo un problema grave. Las principales causas incluyen:

  • Expansión de la frontera agrícola (ganadería y monocultivos)

  • Tala ilegal

  • Proyectos extractivos

  • Urbanización desordenada

En términos generales, la región ha experimentado en las últimas décadas una pérdida sostenida de cobertura forestal, con algunas excepciones puntuales asociadas a políticas exitosas de conservación. La deforestación no solo reduce la capacidad de captura de carbono, sino que también altera los ciclos hidrológicos y aumenta la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones.

4. Matriz energética y contradicciones del desarrollo

Centroamérica presenta una matriz energética relativamente más limpia que otras regiones en desarrollo, especialmente por el peso de las energías renovables, en particular la hidroeléctrica, la geotérmica y la eólica.

Sin embargo, esta aparente ventaja oculta tensiones importantes:

  • Conflictos socioambientales asociados a proyectos energéticos

  • Persistencia de un modelo extractivista

  • Dependencia de combustibles fósiles en el transporte

Estas contradicciones evidencian los límites de una transición energética que no siempre incorpora criterios de justicia social y sostenibilidad territorial.

5. Conflictos socioambientales y resistencias

La crisis climática también se expresa en conflictos entre comunidades locales, Estados y empresas.

En diversos territorios del istmo han surgido disputas en torno a:

  • Proyectos mineros

  • Represas hidroeléctricas

  • Expansión agroindustrial

Comunidades indígenas y campesinas han articulado formas de resistencia que no solo defienden sus territorios, sino que proponen alternativas de relación con la naturaleza, más equilibradas y sostenibles. Estas luchas se inscriben en una dinámica más amplia latinoamericana, donde la defensa del territorio se convierte en una respuesta directa a la crisis ecológica.

6. ¿Hacia una integración regional más sólida?

La magnitud de la crisis plantea una pregunta clave ¿pueden los Estados centroamericanos enfrentar estos desafíos de manera aislada?

La respuesta parece ser negativa. La crisis climática exige:

  • Coordinación regional en políticas hídricas

  • Integración de sistemas energéticos

  • Estrategias conjuntas de adaptación

  • Fortalecimiento de instituciones regionales

Sin embargo, los avances en integración han sido limitados, debido a:

  • Fragmentación política

  • Asimetrías económicas

  • Debilidad institucional

Aun así, la crisis podría actuar como catalizador de nuevas formas de cooperación.

7. Nuevas narrativas colectivas

Más allá de las respuestas técnicas, la crisis climática plantea un desafío cultural y político: la necesidad de construir nuevas narrativas colectivas.

Esto implica:

  • Superar la idea de crecimiento ilimitado

  • Replantear la relación sociedad-naturaleza

  • Reconocer el valor de los saberes locales

  • Promover modelos de desarrollo sostenibles, sustentables y equitativos con la vida, la naturaleza y los ecosistemas

No se trata de un cambio automático derivado de la crisis, sino de un proceso que depende de la acción consciente de los actores sociales y políticos. Por lo pronto, especialmente los actores políticos, no se ven dispuestos a acometer un desarrollo como el descrito que, supere las inequidades, la corrupción, el autoritarismo y el modelo altamente consumista que caracteriza la región habitualmente.

Conclusión

Centroamérica enfrenta la crisis climática desde una posición de alta vulnerabilidad estructural, pero también con importantes potencialidades. La región combina riqueza ecológica, experiencias relevantes de conservación y una creciente conciencia social sobre los límites del modelo de desarrollo vigente.

El futuro dependerá de la capacidad de articular respuestas integrales que combinen:

  • justicia social,

  • sostenibilidad ambiental,

  • y cooperación regional.

La crisis climática no es únicamente una amenaza: también es una oportunidad para redefinir el rumbo histórico del istmo.

Municipalidad de Puntarenas aprueba moratoria para proteger el río Guacimal

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Municipalidad de Puntarenas aprueba moratoria para proteger el río Guacimal mientras que comunidades destacan intervención de la Defensoría de los Habitantes

Puntarenas, Costa Rica. Comunidades, ASADAS y organizaciones socioambientales de la cuenca del río Guacimal celebraron la aprobación unánime, por parte del Concejo Municipal de Puntarenas, de una moción para declarar una moratoria municipal sobre la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, dentro del territorio del cantón central de Puntarenas. La medida fue aprobada en la sesión extraordinaria N.° 171.

La moratoria responde a una solicitud presentada desde noviembre de 2025 por comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS, ante la preocupación por el incremento de solicitudes de concesión minera en cauce para la extracción de piedra y arena en el río Guacimal. Durante la sesión municipal, el regidor Mario Rodríguez Morales recordó que la moción responde a una solicitud de las comunidades y destacó que el estudio jurídico sobre la viabilidad técnico-legal de la moratoria fue elaborado por la abogada Gabriela Cruz Alaniz.

Según la información disponible en Dirección de Geología y Minas del 2025 existen 11 solicitudes de concesión entre los sectores de Guacimal y Chomes, de las cuales dos ya se encuentran en operación y el resto en trámite. En conjunto, estas solicitudes abarcarían cerca de 20 kilómetros de extracción casi continua, lo que representa más de la mitad del río.

La medida aprobada por el Concejo Municipal se plantea como una acción preventiva de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y tutela ambiental, ante la existencia de riesgos razonables de daños graves o irreversibles al ambiente, al recurso hídrico, a la salud pública, a los medios de vida y a las comunidades. En ese sentido, ordena suspender la recepción, trámite, análisis, aprobación, renovación y refrendo de solicitudes municipales relacionadas con la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, mientras se mantenga vigente la moratoria.

La moratoria tendría una vigencia de 24 meses, prorrogable mediante acuerdo municipal, y solo podría levantarse si existen estudios técnicos integrales que valoren la capacidad de carga, los riesgos ambientales, hídricos, geomorfológicos y socioeconómicos, así como la ausencia comprobada de daños graves o irreversibles. También deberá garantizarse la protección del recurso hídrico, el bienestar de las comunidades, la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información.

Este avance municipal se suma a la admisión, por parte de la Defensoría de los Habitantes, de una solicitud de intervención presentada por la Alianza Hidrica (Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua) mediante los oficios N.° 04900-2026-DHR y N.° 04901-2026-DHR, ambos del 27 de abril de 2026, la Defensoría solicitó informes a la Municipalidad de Puntarenas y a SETENA sobre la situación del río Guacimal, las solicitudes de concesión, los posibles impactos acumulativos y el estado de los incidentes de nulidad presentados contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de WSP Constructora S.A.

En particular, la Defensoría solicitó a SETENA informar el estado actual de los recursos de nulidad presentados contra la resolución N.° 0100-2025-SETENA, indicar si se han adoptado medidas preventivas mientras dichos recursos se encuentran pendientes, remitir copia del Estudio de Impacto Ambiental del expediente D1-0483-2023, señalar si se ha iniciado algún procedimiento de revisión, corrección o eventual anulación de la viabilidad ambiental, e informar si se ha realizado o se prevé realizar una evaluación de impactos acumulativos considerando las múltiples solicitudes de concesión en el río Guacimal.

Asimismo, la Defensoría solicitó a la Municipalidad de Puntarenas referirse a la moratoria solicitada por las comunidades, detallar las acciones realizadas para atender el riesgo asociado con la extracción de materiales en el río Guacimal, informar si se han realizado análisis técnicos, jurídicos o ambientales sobre la procedencia de la moratoria, y señalar si existe algún mecanismo de coordinación interinstitucional o comunal para proteger el río y garantizar el abastecimiento de agua de las ASADAS ubicadas río abajo.

Las comunidades han advertido que el río Guacimal es esencial para la seguridad hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, cuyas fuentes y pozos dependen directamente de este recurso. Además, la cuenca cumple una función ecológica estratégica al formar parte del Corredor Biológico Pájaro Campana, que conecta bosques nubosos con manglares costeros y permite la movilidad de especies silvestres, incluyendo fauna en categorías de amenaza.

La preocupación comunitaria también se relaciona con el proyecto de WSP Constructora S.A., que pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de gestionar una concesión para extraer material del cauce. En los documentos remitidos a la Defensoría se señalan posibles vicios de forma y fondo en el expediente ambiental, incluyendo inconsistencias en la información del proyecto, ausencia de consulta pública y cuestionamientos sobre la evaluación de impactos acumulativos.

Las comunidades y organizaciones solicitantes hicieron un llamado a la Municipalidad de Puntarenas para actuar con debida diligencia, garantizar el acceso a la información pública, atender las preocupaciones de las ASADAS y comunidades locales, y asegurar que cualquier decisión sobre el río Guacimal se adopte con base en criterios técnicos, participación ciudadana efectiva y protección prioritaria del recurso hídrico.

¿Circo y caridad, o políticas públicas?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La actividad política en Costa Rica se parece cada vez más a la presentación inicial de un gran escenario circense: exóticos especímenes circulando; maromeros y saltimbanquis brincando de aquí para allá; expertos equilibristas esforzándose por no caer; perversos lanzadores de puñales contra mujeres atadas; engendros con dos cabezas; domadores de fieras enjaulados… y por supuesto payasos (empezando por el director del espectáculo), muchos payasos de todos los tamaños y colores, azules, verdes, celestes y turquesas.

Hoy quiero abordar lo que percibo en un rincón de ese alborotado jolgorio. Me refiero a la supuesta “caridad cristiana” convertida en manipulación de la buena fe de la gente, e instrumento burdo de la peor politiquería.

Porque sí, cuando la caridad pacta con el poder político-económico, se presta para la foto y bendice a un gobierno o partido a cambio de dinero, deja de ser una misión desinteresada y altruista, para convertirse en una de las formas más peligrosas de pasar por bueno y santo, lo que está contaminado y en proceso de descomposición.

En nuestros días, sobre todo, la acumulación de privilegios como donaciones extraordinarias de gente poderosa, la traslación desmedida de recursos públicos a ciertas organizaciones, la promulgación de leyes hechas a la medida, sólo pueden terminar, tarde o temprano, mal, muy mal.

Los riesgos son muchos, desde el secretismo y la ausencia de controles y auditorías confiables (porque no se obligan las supervisiones de lo público y porque todo se hace en nombre de Dios), hasta abusos, enriquecimientos personales o de allegados, y cuidado, mucho cuidado, captación de donaciones que no se sabe con exactitud de dónde proceden y que se podrían blanquear mediante sacrosantos métodos.

Pero lo peor de lo peor en esa estrategia, muy acomodada al neoliberalismo en auge, es barrer al Estado y las políticas públicas, como agentes constitucionales imprescindibles en la atención y promoción de los sectores más débiles de la sociedad: infantes, mujeres y familias en condiciones de pobreza, marginados, jóvenes en conflicto con la ley penal. Todo para entregarlo a manos particulares que, en resumen, sustituyen las obligaciones estatales, usurpan sus funciones básicas, lavan conciencias, y por supuesto, montan el show frente a las cámaras, exhibiendo lo buenos que son, lo bien que lo están haciendo. En la gaveta queda aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha (Mateo 6; 1-4) porque las enseñanzas del Evangelio también son grotescamente burladas.

Cuando pase esta ya larga noche, los costarricenses tendremos que retomar la senda de auténticos próceres y líderes políticos que apostaron por la construcción de un Estado de Derecho, de una instrucción pública de calidad para todos y todas; de leyes laborales avanzadas; de casas baratas para las familias de escasos recursos; de seguridad social y atención médica pública, financiada por los aportes solidarios de trabajadores, patronos y el propio Estado. Una estrategia de convivencia democrática que, entre otras instituciones clave, creó el Patronato Nacional de la Infancia, al que hay que fortalecer como principal recurso estratégico para la atención de la niñez necesitada, en lugar de socavarlo, sustituirlo o desfinanciarlo.

Basta ya de manipular los legítimos sentimientos religiosos de las personas con propósitos políticos, en todos los ámbitos. Debemos aprender a desconfiar de autoridades y líderes que aseguran tener línea directa con Dios, que les dicta lo que deben hacer, y que todo el que los critique o se les oponga, es poco menos que demonizado y escarnecido.

El gobierno de Rodrigo Chaves y el desempeño de KOLBI

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gerardo Fumero Paniagua

El Sector de Telecomunicaciones del ICE inició este gobierno con la promesa de «encender el 5G»; terminó, sin embargo, sin 5G, con uno de los peores conflictos de gobernanza de su vida institucional, con su marca Kolbi superada por la competencia por primera vez y con el nivel de ingresos de 15 años atrás.

Aunque prometió celeridad, el proceso 5G se estancó por decisiones políticas y técnicas. En primer lugar, se obligó al ICE a adquirir equipos de países miembros del Convenio de Budapest, alegando “razones de ciberseguridad”, lo cual excluyó a Huawei de la competencia, generando una batalla legal y diplomática que retrasó las licitaciones, elevó los costos y destrozó la planificación.

El Convenio de Budapest es una herramienta de derecho penal y procesal, no un estándar técnico, por lo que no garantiza seguridad técnica de ninguna red, y el 5G ni siquiera existía cuando se redactó, en el 2001. Es un tratado internacional que tipifica delitos y procedimientos, en aras de armonizar las leyes penales de los países miembros y promueve la cooperación para el intercambio de información entre los países que persiguen la ciberdelincuencia. La ciberseguridad del 5G depende de protocolos técnicos (3GPP, encriptación, etc.) pero no de leyes penales, así que el argumento del gobierno no tiene ningún fundamento técnico.

En segundo lugar, las licitaciones sufrieron múltiples apelaciones y declaratorias de «desierto» o anulaciones parciales, ante un proceso cuestionado y sin transparencia, que indispuso a muchos ingenieros honestos del ICE que debieron seguir órdenes absurdas.

Pero mientras toda esa batalla legal acontecía en el ICE, Liberty y Claro avanzaron con servicios 5G, dejándolo completamente rezagado. Ironía inconcebible, porque desde el año 2019 el ICE pudo haber implementado 5G actualizando la red 4G y 4.5G de Huawei; pero necesitaba dilucidar antes la disputa por el espectro radioeléctrico que le exigían devolver, lo cual retrasó la compra.

El gobierno de Chaves resolvió el conflicto entregando parte del espectro del ICE y de Racsa, y ya con esa definición el ICE comenzó negociaciones para hacer un «upgrade» a 5G, que era la ruta correcta, pues ya conocía los equipos, tenía el personal capacitado, repuestos y una relación comercial consolidada con Huawei. Además, hubiera pagado una fracción del costo de cambiar toda la red para instalar otra, y por supuesto habría mantenido un primerísimo lugar en el mercado, adelantándose a la competencia en brindar 5G.

Pero en vísperas de ese upgrade, en agosto del 2023, la General Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU. visitó Costa Rica y anunció una donación de $10 millones para ciberseguridad, expresando abiertamente su preocupación por la participación de China en infraestructura crítica -puertos y 5G-.

Días después, el 29 de agosto del 2023, Chaves se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden, para discutir temas de migración, economía y, fundamentalmente, seguridad digital. El 31 de agosto del 2023 Chaves firmó el Decreto de Ciberseguridad, No. 44196-MSP-MICITT y el 4 de septiembre del 2023 se publicó en La Gaceta y entonces ¡todo cambió! Las negociaciones con Huawei se terminaron y comenzó un calvario de desaciertos hasta la fecha.

A partir de entonces, se han cuestionado las múltiples reuniones que se llevaron a cabo en Casa Presidencial y el MICITT, donde se habría diseñado la estrategia para favorecer a ciertos proveedores tecnológicos (Datasys-Cisco) con el argumento de la «seguridad nacional», lo cual no es otra cosa que una «intervención política» de una institución autónoma. En los últimos 4 años se le han adjudicado a ese proveedor $77 millones, en «contrataciones directa o procesos por excepción”.

La sumisión del ICE ha sido irresponsable y catastrófica. A inicios del 2025 su misma Auditoría Interna le advirtió que la Institución perdería competitividad total para el 2026, si no se desplegaba 5G. El resultado es que Kolbi, en el 2025 tuvo un ingreso de 533 mil millones de colones, equivalente a los ingresos del 2010, un retroceso de 15 años.

Concomitantemente, informes de la SUTEL, de diciembre del 2025, señalan que el ICE se ha quedado rezagado en la velocidad de descarga en 4G. Mientras Claro lidera ese indicador con 55 Mbps, Kölbi promedia apenas 36 Mbps y, mientras el ICE tenía un 71.8% de cobertura, -por debajo del 90% que exige el reglamento- Liberty tenía un 93%.

La gobernanza en el ICE -otra de sus debilidades- durante estos 4 años, ha sido una de las más conflictivas de su historia. La Auditoría Interna ha señalado nombramientos «a dedo» en la Gerencia de Telecomunicaciones y Jefaturas de División. Sin embargo, ante cualquier cuestionamiento, la administración central respondió no corrigiendo nada, sino cuestionado a la Auditoría y creando parálisis administrativa.

Consecuentemente, ha habido una altísima rotación en puestos clave, la Gerencia General estuvo ocupada por Luis Diego Abarca hasta el 2023, por Harold Cordero Villalobos hasta el 2026 y hoy la ejerce como recargo, el Presidente Ejecutivo, Marco Acuña Mora.

En la Gerencia de Telecomunicaciones la situación no ha sido diferente. En menos de 4 años ha habido tres jerarcas distintos: Mauricio Rojas Cartín, de enero 2020 a julio 2022, Luis Diego Abarca Fernández, de julio 2022 a mayo 2024, hasta llegar a la concentración de poder que hoy tenemos en la Presidencia Ejecutiva.

El impacto de todo este caos tiene gravísimas consecuencias principalmente en la proporción del mercado servido, en la calidad de los servicios móviles y en las finanzas. En relación con el Mercado, el ICE perdió el liderazgo a manos de Liberty, la cuota de mercado en pospago pasó de un 46% a un 35%. En relación con la Calidad, en el 2025 el ICE promediaba 36 Mbps en 4G, mientras Claro alcanzaba los 55 Mbps y la cobertura de Kolbi bajó del mínimo reglamentario. Y en relación con las Finanzas, los ingresos disminuyeron un 8% del 2022 al 2025.

El ICE mantuvo el liderazgo de los servicios móviles a pesar de la apertura del mercado, pero a este gobierno le cabe el honor de haberlo perdido, incluso para mediados de 2022, también perdió el liderazgo en los servicios de internet fijo.

La responsabilidad de esta debacle es en primer lugar, política, específicamente del Poder Ejecutivo y del MICITT. Dos hechos principales lo explican: 1) La decisión del gobierno de excluir a Huawei, lo que constituyó una barrera política que llevó a Kolbi a perder valiosos años frente a la competencia. 2) Las constantes reuniones en Casa Presidencial para dictar la «hoja de ruta» del 5G, erosionaron la independencia técnica del ICE, convirtiendo decisiones de ingeniería en decisiones políticas -corruptas-.

En segundo lugar, hay una responsabilidad administrativa que recae en la Presidencia Ejecutiva y las Gerencias del ICE. 1) La administración ha mantenido un conflicto abierto con la Auditoría Interna y en lugar de atender sus advertencias sobre la pérdida de competitividad, optó por cuestionar sus criterios. 2) El ICE perdió sus habilidades en gestión de proyectos, pues los múltiples fracasos en las licitaciones de 5G y la incapacidad de ejecutar inversiones a tiempo son responsabilidad directa de la Gerencia de Telecomunicaciones, la Gerencia General, la Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo.

El irrespeto a los criterios técnico-económicos y una “administración dividida”, solo pueden conducir al fracaso. Los informes internos de la Auditoría del ICE revelaron datos alarmantes sobre la nefasta gestión de Marco Acuña Mora y su equipo: 1) Se estima que el valor de mercado de la marca Kölbi ha caído un 12% en este cuatrienio. 2) Cerca de $20 millones invertidos en equipos Huawei quedaron en bodegas debido a los cambios de criterio técnico (impuesto políticamente) por el Decreto de Ciberseguridad. Se trata de hardware y licencias de software destinados a la modernización de las redes 4G y la preparación para 5G, (Servidores y Nodos de Red, Tarjetas de Expansión y Antenas, y Licencias de Software). En contraste, el ICE ha tenido que realizar compras de emergencia y contrataciones directas (que hizo a Datasys-Cisco), para la red de transporte y seguridad, en aras de llenar los vacíos técnicos dejados por el equipo de Huawei que se le prohibió usar.

De nuevo, la respuesta de la administración del ICE no fue corregir los errores, ni enderezar la senda y mucho menos disminuir el servilismo, sino recortar el presupuesto y limitar el acceso de la Auditoría a los sistemas de datos, en un nuevo intento por silenciarla. Incluso el propio Poder Ejecutivo se tomó la molestia de presentar una denuncia penal contra Ana Sofía Machuca Flores, Jefe de la Auditoría y contra la empresa Huawei, denuncia que fue desestimada el 20 de abril del 2026, por el Juzgado de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.

En el interín han sucedido una serie de actos espurios: 1) Se cuestionan visitas de proveedores tecnológicos específicos a Casa Presidencial que no pasaron por los canales oficiales de la Proveeduría del ICE. 2) El gobierno mantuvo una presión constante sobre la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, para acelerar la adjudicación del espectro para 5G. Finalmente se le adjudicaron a Liberty y a Claro 20 MHz en la Banda de 700 Mhz, 50 MHz en la Banda de 2.3 GHz, 100 MHz en la Banda de 3.5 GHz y 400 MHz en la Banda de 2.6 GHz. 3) La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa ha evidenciado que el ICE no tenía un plan de negocios real para recuperar la inversión en 5G con el nuevo equipo; por supuesto, si le fue impuesto por el gobierno en término de días a la Presidencia Ejecutiva, que gustosa lo aceptó. 4) También se denunció en esa Comisión que el retraso -intencional o por impericia técnica- le ha costado al país un 0.5% del PIB por falta de conectividad de alta velocidad.

De modo que tal desastre solo puede ser responsabilidad, primeramente, de la jerarquía política: 1) El Poder Ejecutivo, por imponer un cerco tecnológico, el Decreto de Ciberseguridad, (en defensa de espurios intereses comerciales de allegados e inversionistas en su campaña política cuando el presidente fue candidato), sin medir el impacto financiero en el ICE y priorizando la geopolítica sobre la viabilidad de la Institución. 2) La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MICITT, Paula Bogantes Zamora, quienes también firmaron dicho Decreto.

En segundo lugar, de la jerarquía administrativa del ICE: La Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y la Gerencia de Telecomunicaciones, que, siguiendo órdenes irracionales y financieramente suicidas, en vez de defender la autonomía técnica de la Institución, como les correspondía, se condujeron con sobrado servilismo y prefirieron entrar en un conflicto estéril con la Auditoría, que muy valientemente se atrevió -contra todo ellos-, a defender la Institución. Finalmente, la Gerencia de Telecomunicaciones se lució por su ineficiente ejecución de los carteles de licitación, que facilitaron constantes apelaciones y atrasos.

En resumen, en este cuatrienio Kolbi pasó de liderar el mercado móvil, con un 41% en el 2022, a un 37% en el 2025, dejó de percibir unos $120 millones en ingresos por servicios 5G, pasó de ser el referente de innovación a convertirse en un operador que «corre detrás» de la competencia -con Liberty liderando el mercado total con un 40.15%-, y con un nivel de ingresos de hace 15 años.