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Autor: María José Ferlini Cartín

Conversatorio analizará si la alimentación saludable es un derecho o un privilegio en Costa Rica

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita al conversatorio “Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?”, un espacio de reflexión sobre las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en el acceso a una alimentación adecuada en el país.

La actividad se realizará el lunes 22 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del sexto piso del edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

El conversatorio reunirá a personas provenientes de distintos ámbitos de experiencia y conocimiento para analizar los desafíos relacionados con la alimentación saludable, la producción de alimentos y las desigualdades que pueden limitar el acceso a una nutrición adecuada.

Entre las panelistas participará la Dra. Marcela Dumani, docente jubilada de la Escuela de Nutrición de la UCR, quien aportará una perspectiva especializada sobre alimentación, salud y nutrición.

También intervendrá Paula Escudero, agricultora, cuya participación permitirá incorporar la visión de quienes producen alimentos y enfrentan los retos del sector agrícola.

Asimismo, estará presente la M.Sc. Vania Solano, docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, quien contribuirá al análisis de las dimensiones sociales y culturales asociadas a los hábitos alimentarios y al acceso a los alimentos.

La actividad forma parte de iniciativas académicas impulsadas desde la Escuela de Sociología y busca promover el diálogo sobre temas vinculados con la seguridad alimentaria, la salud pública, la producción agrícola y las desigualdades sociales que inciden en la alimentación de la población costarricense.

El conversatorio es organizado por Andrea Espinoza, Aritsa Ureña, Kimi Burgos y María Fernanda Rivas, en el marco de los proyectos SO-1014 y ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

Detalles de la actividad

Tema: Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?
Fecha: Lunes 22 de junio
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio, piso 6, edificio de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica

Exponor: La Industria, las tecnologías, y la disyuntiva de la Guerra

Pablo Ruiz
www.derechoalapaz.org
SOAW-Chile

Entre los días 8 al 11 de junio, se realiza en la ciudad de Antofagasta, en Chile, la Exponor 2026 que en otras palabras es la “Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética”. De acuerdo a información del sitio Exponor este evento reunirá a más de 1.300 expositores, de 36 países, y “cuenta con un completo programa de actividades orientado a la generación de oportunidades de negocio”.

A esta Exponor 2026 vendrán, entre otros, representantes de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Finlandia, Francia, Bélgica, países que necesitan vender o comprar tecnología para su industria, y quienes también compran minerales a Chile, especialmente minerales críticos, para la producción de bienes de uso para su población. También, y debemos decirlo porque posiblemente no se mencionará, para seguir fabricando dispositivos tecnológicos militares, armas, tanques, aviones de combate, misiles, etc.

En estos tiempos convulsionados por guerras, para la fabricación y el desarrollo de armas y de nuevas armas, cada vez más precisas y efectivas, participan una serie de actores que intervienen en ese proceso donde se incluye por supuesto a las Industrias Tecnológicas y las Industrias Mineras que proporciona insumos para la fabricación de material bélico.

Como activistas por la paz, llamamos la atención sobre estos asuntos. Hemos participado en la Campaña Contra el Gasto Militar y contra la Guerra que impulsan organizaciones europeas y de América Latina. La guerra es la peor respuesta que se puede tomar cuando se tienen controversias territoriales con otros países. Es la búsqueda del diálogo y la resolución no violenta de los conflictos el camino correcto y humano.

Como muchos saben, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a los países de la OTAN aumentar su gasto en defensa mínimamente al 2% de su PIB. Alemania, incluso, tiene un plan ambicioso de rearme para los próximos años y tiene por objetivo, para el año 2029, destinar el 3,5 de su PIB para gasto militar. Al mismo tiempo, organizaciones han denunciado que Alemania tiene actualmente las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares.

En lo que respecta a nosotros, a Chile, la ex ministra de defensa, Adriana Delpiano, firmó un acuerdo con la embajadora de la República Federal de Alemania, Susanne Fries-Gaier, el que permitirá que Chile pase al nivel dos del sistema de catalogación con la OTAN para la venta y compra de material bélico con esta Alianza Militar. Nuestra respuesta fue escribirle al presidente de entonces, Gabriel Boric, para manifestarles nuestro rechazo a este acuerdo con esta Alianza Militar acusada de diversas intervenciones y crímenes.

Otro de los países que van a participar en esta Exponor 2026 es Finlandia, donde se debate sobre las armas nucleares, el gobierno finlandés quiere introducir enmiendas en su constitución para poder tenerlas. También estará Francia, donde su presidente, Emmanuel Macron, dijo que “el orden basado en reglas está en ruinas” y que “para ser libre hay que ser temido y para ser temido hay que ser poderoso” y ordenó el aumento del arsenal nuclear francés.

De nuestro continente, estará Brasil. Su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que en el actual escenario mundial había que prepararse ya que “si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade” e instó a que Brasil produzca sus propias armas de combate.

Muy posiblemente, en la EXPONOR 2026 nadie hable del doble propósito que tienen las tecnologías ni menos del uso de minerales chilenos para la fabricación de armas que asesinan a seres humanos de carne y hueso en otros rincones del mundo. Sin embargo, creo que la ciudadanía debe ser consciente de estas posibilidades y ser más conscientes todavía que la humanidad atraviesa un momento de tensión y aumento de la militarización que nos pueden llevar, esta vez, por la existencia de armas nucleares, a una tercera guerra mundial de consecuencias inimaginables.

* Pablo Ruiz es periodista egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). También es integrante de la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza CONVIDA-20. Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Conversatorio «Equidad, desigualdad y justicia social: miradas desde el pasado y el presente»

La Escuela de Filosofía y TC-769 de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al conversatorio Equidad, desigualdad y justicia social: miradas desde el pasado y el presente con la participación de Geovanna Fallas, Arqueóloga y Natasha Alpízar, Antropóloga Social de la Universidad de Costa Rica.

La actividad será el lunes 15 de junio a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

OMERCON: El consumidor financiero es el gran olvidado de la regulación costarricense

Usted deposita sus ahorros en un banco. Solicita un crédito para comprar una casa o pagar los estudios de sus hijos. Utiliza una tarjeta todos los días. Paga un seguro. Aporta a un fondo de pensiones. Usted participa, cada día, en el mercado financiero. Pero si algo sale mal —si le aplican un cobro que no autorizó, si la letra pequeña del contrato esconde condiciones que nadie le explicó, si su reclamo se pierde durante meses sin respuesta— ¿sabe usted a dónde puede acudir? La respuesta incómoda es esta: en Costa Rica, hoy, no existe ninguna institución cuyo mandato principal sea defenderlo a usted como consumidor financiero. Ninguna.

Esa brecha —reconocida por la OCDE, el Banco Mundial y los propios Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa— es exactamente la que busca cerrar el Proyecto de Ley N.° 24.616, Ley de Protección del Consumidor de Servicios y Productos Financieros. Y cerrarla ya no admite más espera.

Una distinción que los países avanzados aprendieron hace décadas

Existen en Costa Rica instituciones que supervisan si los bancos son solventes, si tienen suficiente capital, si el sistema financiero no corre riesgo de colapso. Esa labor es indispensable y nadie la cuestiona. Pero la solvencia de un banco y el trato justo a sus clientes son dos cosas distintas. Un banco puede estar perfectamente sano por dentro y, al mismo tiempo, cobrar comisiones no pactadas, ofrecer productos que el cliente no comprende, rechazar reclamos sin fundamento o usar cláusulas abusivas en sus contratos.

Los países de la OCDE lo entendieron hace muchos lustros: supervisar la salud del banco es una función, y vigilar que el banco trate bien a sus clientes es otra función diferente. Por eso separaron ambas tareas en instituciones distintas e independientes entre sí. No es una ocurrencia. No es un experimento. Es el modelo que aplican desde hace décadas economías como las del Reino Unido, Australia, los Países Bajos, Canadá y la mayoría de los países con los que Costa Rica aspira a compararse cuando habla de desarrollo.

Costa Rica aún no ha dado ese paso. Seguimos con una regulación pensada para proteger al sistema, no a las personas. Y mientras tanto, millones de ciudadanos negocian en clara desventaja frente a organizaciones financieras que cuentan con equipos jurídicos, contratos estandarizados y toda la asimetría de información a su favor.

Lo que pide el proyecto es sencillo

El Proyecto 24.616 no es una ley contra los bancos. No pretende sustituir a la SUGEF ni interferir con la supervisión prudencial. Lo que propone es crear una autoridad especializada —independiente de la regulación de solvencia— cuya única misión sea vigilar que bancos, financieras, aseguradoras y demás proveedores de servicios financieros traten a sus clientes de manera justa, transparente y honesta.

Que la información sea clara antes de firmar. Que las comisiones y condiciones se expliquen con tiempo. Que los reclamos reciban respuesta real. Que los abusos tengan consecuencias proporcionales. Y que esas consecuencias sean recurribles, primero en sede administrativa y luego ante los tribunales. Eso no es intervenir el mercado. Eso es restablecer un equilibrio que hoy no existe.

Una deuda con la ciudadanía que ya venció

Costa Rica se comprometió ante la OCDE a implementar los Principios de Alto Nivel de Protección al Consumidor Financiero. El plazo venció en 2023. Seguimos sin cumplirlo. La OCDE lo ha dicho con claridad: el país no cuenta con una institución que regule específicamente la protección al consumidor financiero, ni con un marco de supervisión de conducta para el sector. El Banco Mundial ha señalado lo mismo. Los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa han documentado el vacío.

Cuando tres fuentes tan distintas coinciden en el mismo diagnóstico, el problema no admite más debate sobre si existe. El debate que corresponde es cómo resolverlo bien y rápido.

Perfeccionar sí, desechar no

Las críticas al proyecto que circulan en ciertos medios y sectores merecen un análisis honesto. Algunas observaciones técnicas son legítimas. El marco sancionatorio puede precisarse. Los mecanismos de coordinación con las superintendencias pueden detallarse mejor. Para eso existe el proceso legislativo: para que las mejoras se incorporen al texto mediante mociones, sin sacrificar el objetivo central.

Ajustar la redacción de una sanción no es lo mismo que eliminar la ley. Confundir ambas cosas —o promover esa confusión— no es un argumento técnico: es una estrategia para mantener el vacío que hoy desprotege a los consumidores.

El actor más importante del mercado financiero no es el banco. No es la financiera. No es la aseguradora. Es la ciudadanía: los millones de personas que ahorran, trabajan, producen y confían sus recursos al sistema financiero todos los días.

Costa Rica necesita mercados fuertes. Y los mercados financieros son más fuertes cuando los consumidores están protegidos, informados y confían en las reglas.

El Proyecto 24.616 debe avanzar. Porque una economía fuerte requiere consumidores fuertes. Y porque ya es tiempo de que Costa Rica cumpla la deuda que tiene con su propia ciudadanía.

Los “justos” son condenados a pagar por unos pocos “pecadores”

Rafael A. Ugalde Q.*

A diferencia de lo enseñado en la catequesis, en relación con un “infierno” repleto de “mal portados”, en nuestro país quienes venden el alma al diablo son muy “poquitos” y sumamente poderosos, con “letras de cambio” avaladas por toda la mayoría, por lo menos mientras andemos en este “valle de lágrimas”. Gústenos o no.

Ni siquiera calentaba el presente mes de junio, cuando la presidenta, Laura Fernández, nos afirmó públicamente que su ministro de Hacienda, el exmandatario, Rodrigo Chaves Robles, “alista” un plan fiscal para sortear el incremento la deuda pública.

Según datos oficiales a disposición de quien quiera enterarse, nuestra deuda pública del Gobierno Central está alrededor de un 60,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con un saldo estimado de unos 33,8 billones de colones.

Esto significa, a decir de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que más ha alertado a los costarricense por tan pesado fardo, unos ¢16.000 millones diarios. Convertido a dólares son unos $31,2 millones al día solo por pago de intereses de la deuda pública., sostiene.

Para que el trabajador, el empleado público, el estudiante o el campesino tenga una noción de la magnitud de cualquier paquete fiscal, ese monto indicado es como sí cada hora tuviéramos que producir ¢666 millones destinados al pago, solo de intereses.

Visto con humor propio del “pura vida” tico equivale a una maquinita tirando ¢11,1 millones por minutos sin detenerse ni calentarse, ni siquiera durante las fiestas navideñas ni la romería a Cartago.

A semejante ritmo no hay fondos posibles para surtir de presupuesto justo a la educación pública de calidad para todos los costarricenses, menos para vivienda digna, salarios aceptables y disminuir velocidad brutal con que empujan a la Caja hasta su foso final, donde es esperada con los brazos abiertos por el negocio de la medicina privada.

Un dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vaticinó una baja de 60% de la deuda pública hasta finales de este año, en relación con PIB, según su Informe Perspectivas Económicas, con enfoque hacia América Latina. (Consúltese: https://semanariouniversidad.com/pais/ocde-preve-que-deuda-publica-de-costa-rica-baje-del-60-hasta-finales-de-2026/).

Advertimos que este estudio no podía prever los acontecimientos habidos en Oriente Medio, a raíz de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a partir de febrero pasado, elevándose así abruptamente el precio mundial del petróleo, los alimentos y el valor del dólar estadounidense.

Sin embargo, no siempre esta situación es como ahora. Nos tocan la puerta todos los días como si fueran prestamistas del “gota a gota”, recordándonos el pago, No tiene sentido discutir si entregan o no factura electrónica. Las deudas que por años diligenciaron nuestras élites nos tienen agarrados del pescuezo.

Aquellos días de la gloriosa Costa Rica como “Suiza Centroamérica”, anteponiéndola como antítesis de la “Cuba comunista” llegó a su fin. Ahora es paga o paga. No hay vuelta atrás.

Solo entre 1960 y 1986, Estados Unidos desembolsó “ayudas” a la ejemplar democracia costarricense por cerca de $1.1 mil millones de dólares; es decir, la considerable “asistencia económica” de $1.100 millones.

Pero la mala suerte nos cayó encima. El imperio “raspa” a más no haber, similar como ocurre con los grandes banqueros, donde no existen amigos en el mundo de los negocios, evidenciando la mentira en torno la existencia de un “capitalismo” con “rostro humano”, “sostenible”, etc.

Ya para la década de los ochenta, recordaran como el gobierno estadounidense y la USAID centraron principalmente su estrategia en “estabilizar la economía costarricense y promover la democracia frente a los conflictos regionales.” (Consúltese: https://www.everycrsreport.com/reports/RL32487.html) .

Así, llegamos a un camino lleno de recovemos – un auténtico “infierno” para nuestro pueblo – construido exclusivamente por nuestras élites de todos los tiempos, independiente de que sus ayatolas tecnócratas llamen a este bulto “deuda privada” y a este otro “deuda pública”.

Ambas, usted las paga, independientemente de cuánto otros mal gastaron los recursos, cuánto se dejaron para sí, o en todo esto hay subfacturación, contrabando, evasión, exoneraciones repugnantes, transferencias financieras artificiales, usan paraísos fiscales y sociedades offshore con fines de estafa, recurren al llamado falso factureo y fidecomisos con fines de ardid contra Hacienda.

¿Acaso se preguntan cuántos seremos humanos podrían tratar su cáncer en laboratorios de aceleradores de partículas, si la Caja en todos sus hospitales provinciales fuera dotada de estos modernos aparatos de medina nuclear, que en el mercado privado cada sesión no baja de los $ 2000, como promedio?

Algunos, quienes dilapidaron en el pasado los recursos económicos del pueblo, se preguntarán ahora que ya empezaron a “sensibilizarnos” para que aceptemos aceptar aumento de 13% a 15% en el IVA en los alimento de consumo masivo, ¿cuántos barrios estigmatizados de “peligrosos”, de “narcomenudeos”, tendría hoy niños y jóvenes jugando felices, si a esas comunidades las hubieran dotado de parques y recreación sana?

Sí bien la manía de echar sobre las espaldas de los menos favorecidos, con excusa de la “sostenibilidad fiscal” no es nueva, desde la últimas dos administraciones – PAC de Carlos Alvarado (2018-2022) y Rodrigo Chaves, (2022- 2026), el asunto, en lugar de bajar endurece el leño.

Como se recuerda, mediante ley N° 9635 se ordenó que ningún salario público crecería por costo de vida, si la relación deuda/PIB del que hablamos líneas arriba, superaba el umbral del 60%. No hay por qué quejarse. Todo se hizo bajo el principio de la legalidad republicana, diversos diputados y líderes políticos de entonces dijeron sí. ¡Adelante, es parte de la institucionalidad democrática!

En aquella ocasión votaron en contra de la Ley de Empleo Público solo seis legisladores: Pedro Muñoz, del PUSC; Enrique Sánchez, del PAC; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio, y los independientes Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Paola Vega. (Fuente: https://www.diarioextra.com/noticia/diputados-aprueban-ley-de-empleo-publico/).

Ya como presidente, Rodrigo Chaves, con una pequeña representación en el congreso logra que, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, rechazara un proyecto de ley para romper el congelamientos de salarios propuesto por los diputados Rocío Alfaro, FA, Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, consignó el diario digital CR Hoy.

Así, la gran fiesta montada por años, llámese la deuda soberana, gubernamental o pública, como la externa – para efecto da lo mismo, porque hay que saldarla – va llegando a su fin. Y usted, olvídese, que va escaparse.

El informe de la deuda: Costa Rica” es irrebatible. A manera de solo para que conserve un poco de memoria, ¡no lo olvide!, sí llegan a tocar su puerta por más plata, es porque la “fiesta” iniciada desde la década de 1970, terminó.

El gasto público generalmente superó los ingresos, lo que llevó a que nos endeudaran dentro y fuera del país.

La deuda aumentó rápidamente del 24% del PIB en 2008 al 49% en 2017, razón por la cual, el gobierno ni lerdo ni perezoso, adquirió en 2021 un préstamo de USD 1,8 mil millones del FMI, con las consecuentes medidas de austeridad que todos conocemos sobre quiénes pagan siempre “los platos rotos”.

En 2025, el FMI, siempre servicial con quienes nos han gobernado, otorga otra línea crediticia por USD 1,5 mil millones. (Fuente: http://www.google.com/search?q=quienes+son+los+principales+acreedores+de+nuestra+deuda+p%C3%BAblica&oq=quienes+son+los).

Independientemente de la fuerza emanada desde las curules de la “Alianza de los 26” esta comunicó que rechaza desde ya impuestos sobre los productos de la canasta básica, los sueldos, el salario escolar y los premios de la lotería, entre otros (La Nación 04/6/ 2026); tendremos qué preguntarnos sí tienen escondido algún proyecto de “país soberano, independiente, solidario y anti injerencista”.

Alguna sorpresa guardada debe tenernos para ser tan categóricos. Ya era tiempo de tanta sumisión ante el Banco Mundial y el FMI.

Maxime ahora que existen ya 120 países en el mundo experimentando nuevas vías de desarrollo independiente y convivencia pacífica.

*Periodista, abogado, notario por la U.C.R., miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.

Percepción ciudadana: hospitales y clínicas fallan en capacidades de atención a personas adultas mayores

UNA Comunica. Existen problemas para la atención de necesidades de salud mental y enfermedades físicas en personas adultas mayores, tanto en clínicas como en hospitales de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), a pesar de que se señalan fortalezas en cuanto a infraestructura física adecuada.

Las opiniones están más divididas al analizar aspectos como la disponibilidad de equipo médico y el trato respetuoso. No obstante, en términos generales, es mejor la percepción obtenida por los servicios en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) que con respecto a clínicas y hospitales.

Estos son parte de los resultados del estudio Percepción de la población sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores en Costa Rica, a cargo del programa Envejecimiento: cambios poblacionales y retos sociales del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).

Atención en salud

Ocho de cada diez personas califican como “nada” o “poca” la capacidad de atender las situaciones de salud mental de las personas adultas mayores. Un 64.3% opina lo mismo si se trata de padecimientos físicos.

Casi la mitad de las personas encuestadas (50.6%) estima que el personal está poco capacitado para atender a esta población. Un 37.7% dice que le da un valor de “mucho” a su grado de formación y un 13.7% indica que “nada”.

En su mayoría (58.3%) consideran como “poco o nada” la disponibilidad de equipo médico suficiente y de calidad destinado a este grupo etario.

Sobre el respeto que se brinda en las consultas, las opiniones están repartidas: 50.3% da una opinión favorable, mientras que el restante 49.7% le otorga un valor de “poco” o “nada”.

Donde las clínicas y hospitales públicos sí obtienen una buena nota es en infraestructura física, que contempla ascensores, rampas, señalización, barandas en las escaleras, pisos antideslizantes y baños adecuados, que permiten una adecuada accesibilidad y movilidad. En este ámbito, seis de cada 10 personas opinaron de manera positiva.

Si se trata de analizar los servicios médicos especializados, existe, en términos generales, una buena percepción. Un 68.8% está “muy de acuerdo y de acuerdo” con la atención en geriatría. Opina igual un 67.4%, cuando se incluyen áreas como odontología, oftalmología, audiología, geriatría y nutrición. El porcentaje de apoyo baja a un 51.7% si se trata de calificar los servicios de emergencia.

El IDESPO-UNA indagó si, desde la perspectiva ciudadana, algunos servicios han mejorado, empeorado o si se mantienen igual. De manera predominante, las notas sobre aspectos como los tiempos de espera, cobertura y capacidad hospitalaria, fueron, confirman que no han existido cambios.

Pero, al distinguir cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas adultas mayores en temas de salud, un 28.3% ubica en primer lugar los “tiempos de espera prolongados”, seguido de “trato inadecuado del personal de salud, falta de empatía y discriminación” con un 26% y “falta de capacitación del personal y atención especializada” con un 15.9%.

Infraestructura y transporte

La ciudadanía le da una de las calificaciones más negativas al acceso que tienen las personas adultas mayores a sitios públicos. Un 64% está “muy en desacuerdo y en desacuerdo” con la pregunta de si las aceras son aptas (lisas, niveladas y anchas).

El desacuerdo es similar cuando opinaron sobre la seguridad de las calles (cruces de semáforos, con tiempo suficiente e iluminación adecuada, con un 63.7%. Siempre en orden descendente, le siguen la ausencia de parques adecuados (61.5%), de calles accesibles (53.8%) y de espacios que les permitan compartir sus experiencias de vida con otras generaciones (50.8%).

Mejor valoración se otorga al indicar si en las ventanillas de las instituciones públicas se respeta el uso de espacios preferenciales (ocho de cada diez está de acuerdo y muy de acuerdo). Así piensan también en un 60% al determinar si los edificios (locales comerciales, oficinas) son accesibles.

También, un 52.4% coincide en que los espacios públicos tienen zonas verdes. Un 62.3% opina de la misma manera al señalar que están libres de malos olores y un 45.1% dice que están libres de ruidos.

En cuanto al transporte público, un 52.1% está “muy de acuerdo y de acuerdo” en que es apto para las personas adultas mayores y un 56.6% afirma que los choferes son respetuosos.

En el 2026, el Ministerio de Salud contabilizaba a 51 cantones como “ciudades amigables con los adultos mayores”. El Idespo-UNA quiso indagar cuánto conocen este concepto los ciudadanos. La respuesta no fue alentadora: ocho de cada 10 lo desconoce, mientras que un 18% relacionan el término con “accesibilidad física e infraestructura” y un 8.2% con “empatía, respeto y trato digno”.

Pensiones

En otro apartado del estudio, se identificó que casi nueve de cada 10 entrevistados estiman como “muy importante” cotizar para una pensión en la vejez. “Las principales razones por las cuales las personas consideran que es muy importante cotizar para la vejez se relacionan, en primer lugar, con la necesidad de garantizar su subsistencia durante esta etapa de la vida (40.5%); en segundo lugar, la búsqueda de seguridad y tranquilidad futura (22.3%) y en tercer lugar, la posibilidad de mantener la independencia y la dignidad personal”, afirma el estudio.

En momentos en que se discuten reformas a los regímenes de pensiones, como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con propuestas como la edad de retiro, los costarricenses consideran que el rango de edad ideal para pensionarse es entre los 60 y 64 años. Así opina un 54.6% de la muestra; un 23.5% está favor de que sea a los 65 años o más y un 15.4% se ubica entre 51 a 59 años.

La encuesta se realizó entre el 11 y el 19 de junio de 2025. En total, se realizaron 701 entrevistas con un error de muestreo de 3.7% hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.

Enlace a la conferencia:
https://www.facebook.com/unacomunica.una/videos/2857404897930728

Defensoría urge frenar deterioro de instalaciones de escuelas y colegios

La Defensoría de los Habitantes notificó oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe técnico que pone bajo la lupa el actual modelo de infraestructura escolar en Costa Rica.

El documento evidencia una realidad alarmante: estudiar en condiciones dignas y seguras se ha convertido en un desafío crítico en el país, lo que representa una vulneración directa a los Derechos Humanos de miles de estudiantes.

La situación es de extrema urgencia. El curso lectivo 2026 arrancó con 389 centros educativos que tienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados. A nivel nacional, el MEP acumula un total de 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en «categoría roja», lo que significa que tienen un riesgo inminente de cierre total por poner en peligro la vida de la comunidad escolar, concentrándose la mayoría de estos casos en la provincia de Limón.

Modelo agotado que traslada la responsabilidad a las Juntas

Para la Defensoría, el problema no es solo la falta de planificación y presupuesto, sino un sistema administrativo de gobernanza que no funciona. Actualmente, el Estado le transfiere dinero a las Juntas de Educación y Administrativas (integradas por vecinos y padres de familia voluntarios) para que ellos se encarguen de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras, cuyos presupuestos, en algunos casos, los superan los miles cientos de millones, por la magnitud de la obra.

Esta alarmante desconexión provoca que existan miles de millones de colones «atrapados» en las cuentas bancarias de Caja Única, mientras los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, en centros educativos en donde los proyectos constructivos iniciaron en el 2013 o 2015 y que, tras más de una década, los fondos siguen congelados y los proyectos sin terminarse.

En el informe, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, fue contundente al señalar de forma textual la raíz de esta crisis: «El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta’ está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, quien asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso

¿Por qué estamos así?

El análisis de la Defensoría de los Habitantes detalla que la crisis se sostiene sobre cuatro fallas estructurales:

  • Responsabilidad injusta: Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias.

  • Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.

  • Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.

  • Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.

Recomendaciones

En su informe, la Defensoría de los Habitantes no solo señaló las deficiencias, sino que extendió una ruta para una actuación inmediata del Ministerio de Educación Pública.

1. Planificación a largo plazo: El MEP debe diseñar e implementar una Programación Decenal (2026-2035). Esto significa crear un portafolio transparente de inversiones a 10 años que defina con nombre y apellido qué escuela se va a intervenir, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.

2. Devolver la responsabilidad al Estado. El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP de forma profesional, transformando a las juntas comunitarias en aliadas de vigilancia social y no en constructoras obligadas.

La Defensoría reiteró que el financiamiento del derecho a la educación no puede seguir dependiendo solo de la matrícula del centro educativo, sino que este debe enfocarse en criterios de la calidad misma de la educación y en este caso de la infraestructura, de la necesidad de generar un entorno seguro, limpio y digno acorde al modelo educativo.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Llegamos en curva a la inteligencia artificial

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

-La verdadera preocupación no es lo que las máquinas serán capaces de hacer, sino lo que nosotros hemos dejado de hacer antes de su llegada. –

La reciente encíclica Magnifica Humanitas de León XIV constituye una reflexión lúcida, necesaria y profundamente esperanzadora sobre los desafíos que la inteligencia artificial (IA) plantea para la humanidad. Sus implicaciones son universales. La revolución tecnológica ya está transformando el mundo y ninguna sociedad podrá permanecer al margen de sus efectos económicos, culturales, educativos y políticos.

Sin embargo, la lectura de la encíclica me llevó inevitablemente a pensar en Costa Rica. Mientras buena parte del mundo debate los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial, tengo la impresión de que nosotros enfrentamos un desafío previo. Me preocupa que estemos observando el horizonte sin advertir la fragilidad del terreno que pisamos.

La preocupación de León XIV no se limita a los avances tecnológicos. En el fondo, la encíclica recupera una pregunta tan antigua como la filosofía misma: ¿qué es el ser humano y qué necesita para vivir una vida verdaderamente humana? Porque toda revolución tecnológica termina desembocando en una cuestión antropológica. Antes o después, la pregunta deja de ser qué pueden hacer las máquinas y vuelve a ser quiénes queremos ser nosotros.

Vista desde esa perspectiva, la dificultad principal no es tecnológica. Es humana. Veo estudiantes que llegan a la universidad con serias dificultades para comprender un texto sencillo. Veo personas incapaces de sostener la atención durante unos pocos minutos sin consultar el teléfono. Veo una creciente dependencia de contenidos breves e inmediatos, acompañada por el debilitamiento de hábitos que durante siglos fueron considerados indispensables para la formación intelectual: la lectura profunda, el estudio paciente y la reflexión crítica.

No se trata simplemente de un cambio de costumbres. Se trata de una transformación cultural más profunda. Una sociedad que pierde la capacidad de pensar críticamente se vuelve más vulnerable no solo a la manipulación tecnológica, sino a cualquier forma de poder.

Lo digo porque basta observar nuestras interacciones. Cada vez parece más difícil sostener un diálogo sereno e informado sobre cualquier tema. La discrepancia se transforma casi de inmediato en descalificación, el argumento cede ante el insulto y la búsqueda honesta de la verdad es reemplazada por la necesidad de imponerse. No importa si se trata de política, educación, religión o asuntos de interés nacional. Con frecuencia asistimos a un espectáculo de ataques personales y frases diseñadas para provocar aplausos o indignación.

Esta tendencia no se limita a las redes sociales. Se ha instalado también en algunos medios de comunicación, en espacios de opinión donde la confrontación genera más audiencia que la reflexión y en programas donde el espectáculo parece más importante que la información. Se manifiesta en dirigentes que desacreditan a quienes piensan distinto antes de responder a sus argumentos, en manifestaciones donde resulta más fácil pintar una pared que construir una razón y en una cultura que parece encontrar más satisfacción en señalar culpables que en buscar soluciones. Poco a poco hemos ido aceptando como normal una forma empobrecida de debatir, donde importa más quién grita más fuerte que quién tiene mejores razones.

El ruido ocupa el lugar de las ideas. La ocurrencia desplaza al conocimiento. La polémica genera más interés que la verdad. Y uno termina con la amarga impresión de que, mientras el mundo se prepara para desafíos cada vez más complejos, nosotros seguimos atrapados entre el circo, la maroma y el teatro.

Y hay algo más preocupante todavía. Hemos comenzado a confundir la autenticidad con la vulgaridad. Pareciera que hablar “como la gente” consiste en insultar, ridiculizar o descalificar. Como si la grosería fuera una prueba de cercanía con el pueblo y la agresividad una muestra de sinceridad. Sin embargo, una cosa es utilizar un lenguaje sencillo y directo, y otra muy distinta es empobrecer la conversación hasta convertirla en una sucesión de ofensas. Cuando las vulgaridades sustituyen a los argumentos, no estamos democratizando el debate; estamos degradándolo.

Por eso la llegada de la inteligencia artificial plantea una paradoja inquietante. En nuestra sociedad estas herramientas aparecen en un momento en que parecen debilitarse precisamente aquellas facultades que deberían orientarlas.

Nos preocupa que las máquinas puedan pensar por nosotros, cuando desde hace años estamos renunciando, poco a poco, al ejercicio de pensar por nosotros mismos.

Una sociedad no pierde su rumbo cuando aparecen nuevas tecnologías. Lo pierde cuando deja de cultivar las capacidades humanas necesarias para comprenderlas, juzgarlas y ponerlas al servicio del bien común.

Por eso la discusión, al menos en Costa Rica, sobre la IA no debería comenzar preguntándonos qué harán las máquinas en el futuro. Debería comenzar preguntándonos qué clase de personas y qué clase de sociedad estamos formando en el presente.

Campesinos marchan en Panamá contra embalses y minería y llaman a defender el agua, la tierra y la soberanía

Miles de personas participaron en una marcha campesina realizada en la ciudad de Colón, Panamá, para expresar su rechazo al proyecto de embalse sobre el río Indio y a la posible reapertura de la mina de Donoso. La movilización reunió a comunidades rurales, organizaciones sociales, pueblos indígenas, gremios profesionales, trabajadores, docentes, estudiantes y sectores ciudadanos bajo la consigna: “Embalse y minería: la misma porquería”.

La manifestación fue convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE) y tuvo como eje central la defensa del agua, los territorios y los medios de vida de las comunidades potencialmente afectadas por ambos proyectos. Las organizaciones participantes sostienen que tanto el embalse proyectado sobre el río Indio como la minería metálica a cielo abierto representan amenazas para los ecosistemas, la producción de alimentos y las fuentes de agua que abastecen a las actuales y futuras generaciones.

Según los organizadores, los ríos constituyen fuentes irremplazables para la vida comunitaria y para la sostenibilidad ambiental del país. Por ello consideran inaceptable que sean intervenidos para favorecer actividades económicas que demandan grandes cantidades de agua dulce, como el comercio internacional vinculado al Canal de Panamá y la minería metálica a cielo abierto.

La marcha se desarrolló el sábado 6 de junio y recorrió aproximadamente 15 kilómetros por las calles de la ciudad de Colón. A lo largo del trayecto recibió muestras de apoyo de habitantes de distintos barrios y comunidades. Pese a las fuertes lluvias que acompañaron parte de la jornada, las personas participantes continuaron la movilización hasta llegar al sector del Cristo Redentor, donde concluyeron la actividad con un acto público, manifestaciones culturales y la lectura de un manifiesto dirigido al país.

En ese manifiesto, la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses reiteró su compromiso con la defensa de las tierras campesinas, la protección de la cuenca del río Indio y la preservación del Corredor Biológico Mesoamericano como garantía de la seguridad hídrica de Panamá. Asimismo, exigió la suspensión del proyecto de reservorio de río Indio y la apertura de una mesa de diálogo regional con participación de diversos sectores sociales.

Las organizaciones también rechazaron la eventual reapertura de la minería metálica a cielo abierto, al considerar que constituye una actividad incompatible con la protección de la vida, el ambiente, el agua y los derechos de las futuras generaciones.

Otro de los planteamientos contenidos en el manifiesto es el llamado a la ciudadanía a conocer y exigir la ejecución efectiva del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Colón aprobado en 2022, así como mantener la vigilancia sobre las reformas relacionadas con la seguridad social y las jubilaciones.

Además, las organizaciones expresaron su rechazo al Memorando de Entendimiento suscrito con el gobierno de Estados Unidos, al considerar que afecta la soberanía nacional, el multilateralismo y la condición de neutralidad permanente de Panamá.

Durante el acto de cierre, las personas participantes cuestionaron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al Gobierno Nacional por impulsar iniciativas que, según afirmaron, carecen de legitimidad social y presentan cuestionamientos legales y ambientales. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional para mantenerse vigilante ante las denuncias de las comunidades afectadas y ante posibles vulneraciones de derechos humanos derivadas de estos proyectos.

Las organizaciones sostienen que la defensa del agua, de los territorios y de los derechos de las comunidades constituye una prioridad frente a proyectos que consideran incompatibles con un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente justo.

Organizaciones y sectores participantes

  • Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE)

  • Organizaciones campesinas

  • Pueblos indígenas

  • Gremios profesionales

  • Organizaciones de trabajadores

  • Organizaciones docentes

  • Organizaciones estudiantiles

  • Comunidades afectadas por la falta de acceso al agua potable

  • Diversos sectores sociales y ciudadanos de las provincias de Colón, Coclé y Panamá

Fotografías: Aubrey Baxter y Aris Mariota / Guásimo Multimedia

IDELA-UNA expresa solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera

Heredia, Costa Rica, 8 junio de 2026. El Consejo Académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), en sesión extraordinaria 02-2026 celebrada el 4 de junio de 2026, aprobó un pronunciamiento de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y la continuidad de la represión contra quienes defienden los derechos colectivos de sus pueblos.

El Instituto manifestó su profunda solidaridad con las comunidades indígenas y afrodescendientes que continúan resistiendo en sus territorios, así como con las personas que han debido exiliarse tras sufrir persecución, encarcelamiento, desapariciones forzadas, despojo territorial y otras formas de violencia ejercidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento destaca la gravedad de la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, reconocido líder miskitu y defensor histórico de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, quien falleció bajo custodia estatal luego de permanecer casi tres años en condición de detención arbitraria y desaparición forzada.

Durante décadas, Rivera impulsó la defensa de la autonomía de la Costa Caribe, la protección de los territorios indígenas y la reivindicación de los derechos históricos de los pueblos originarios. Su detención se produjo después de denunciar ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en abril de 2023, la situación de violencia, invasiones territoriales y violaciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Para el IDELA, la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto de persecución política, criminalización de liderazgos indígenas y afrodescendientes, invasiones territoriales, desplazamientos forzados y exilio. Diversas organizaciones indígenas han advertido que estas acciones amenazan la supervivencia física, cultural y territorial de los pueblos originarios de la Costa Caribe.

El Consejo Académico también manifestó su preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o desaparecidas. En particular, exigió prueba de vida y la liberación inmediata de Steadman Fagot Müller y de los guardabosques mayangnas Celso Lino Argüello, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno, Ever Bruno Palacio, Tony Bruno Smith y Olivier Bruno Palacio.

Acuerdos del pronunciamiento

Ante estos hechos, el Consejo Académico del IDELA acordó:

  • Condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución, el encarcelamiento y la muerte de personas que demandan el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

  • Demandar la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas en Nicaragua.

  • Exigir una investigación independiente que esclarezca las circunstancias que rodearon la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y establezca las responsabilidades correspondientes.

  • Exigir prueba de vida y la liberación inmediata de las personas indígenas actualmente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.

  • Reiterar su solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, especialmente con quienes viven en condición de desplazamiento y exilio forzado en Costa Rica.

El Instituto expresó además un mensaje de acompañamiento a las comunidades indígenas exiliadas en Costa Rica, reconociendo el dolor y la incertidumbre que enfrentan, pero también la larga memoria de resistencia construida frente al racismo, la colonización y el despojo territorial.

Finalmente, el Consejo Académico afirmó que la memoria de Brooklyn Rivera continuará presente en las luchas por la autonomía, la defensa de los territorios, la justicia y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y de toda Abya Yala.

Pronunciamiento completo.