Ir al contenido principal

El país que puede esperar y el que ya no puede

Eduardo Piza Volio
20 de noviembre de 2026

Imaginemos a una mujer que ha salido de su casa antes del amanecer. Tiene cita en un hospital de la Caja y lleva en el bolso, doblada en cuatro, la orden de un examen que espera desde hace meses. El primer autobús viene lleno. Cuando llega el segundo, ya corre el riesgo de perder la cita. Si la pierde, alguien anotará su ausencia y acaso le indiquen que debe solicitar otra fecha. En los registros del hospital quedará una paciente que no se presentó. ¿Dónde quedarán registrados el madrugón, los dos pasajes y el día de trabajo que pidió prestado?

La mujer es imaginaria. El lector costarricense reconocerá sin dificultad sus circunstancias. Tal vez por eso, al terminar de leer el Informe Estado de la Nación 2026, pensé que una manera de ordenar nuestros problemas era preguntarse quién puede esperar y quién paga por la espera (Programa Estado de la Nación [PEN], 2026). Propongo aquí quince, de mayor a menor gravedad, según el daño que causan, el número de personas expuestas y la posibilidad de reparar mañana lo que hoy dejemos perder. Los datos proceden de las investigaciones citadas. Del orden respondo yo.

La calle, el aula, el consultorio

Pondría en primer lugar el crimen organizado y la violencia homicida. Hay una buena noticia que merece consignarse. Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 651 homicidios, frente a 737 durante los mismos meses de 2025 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2026). Hay también un mapa que aconseja moderar el optimismo. Las organizaciones criminales sobre las cuales el OIJ concluyó investigaciones en 2020 operaban en 17 cantones. Las correspondientes a 2025 operaban en 37 (PEN, 2026, pp. 54–55). El mapa recoge lo que la investigación policial pudo documentar. Más difícil de cartografiar es el momento en que un pulpero resuelve callarse algo que vio, o una madre cambia de camino para que su hijo evite cierta esquina. Cuando una banda consigue dictar esas pequeñas decisiones, ejerce ya una forma de gobierno. Por eso pongo este problema de primero.

La crisis de la educación pública ocupa el segundo lugar. Si el horizonte de estas páginas fuera el año 2046, le daría el primero. En la prueba PISA de 2022, el 77 % del estudiantado costarricense evaluado en lectura quedó en el nivel mínimo o por debajo de él (PEN, 2025). Quienes hemos enseñado matemática conocemos una escena que ayuda a entender esa cifra. Un muchacho lee dos veces el enunciado de un problema. Sabe multiplicar, dividir y despejar una incógnita. Lo que no logra averiguar es qué le están preguntando. Tiene el lápiz en la mano y carece de un punto de partida. Años después encontrará en una cláusula hipotecaria o en las instrucciones de una máquina la misma dificultad que la escuela tuvo ocasión de advertir. La familia con recursos puede contratar a quien vuelva a sentarse con él ante aquella página. Para muchas otras familias, esa segunda oportunidad depende enteramente de la escuela pública.

En tercer lugar sitúo las demoras de la Caja Costarricense de Seguro Social. En 2025 se contabilizaron 1.338.825 registros de espera. Una persona podía figurar en más de uno y el 59 % correspondía a procedimientos diagnósticos (PEN, 2026, p. 34). Este último dato me parece el más revelador. Buena parte de la espera transcurre antes de que el paciente sepa siquiera qué tiene. Durante esos meses debe decidir si sigue trabajando con dolor, si cuenta a sus hijos lo que teme o si compromete los ahorros de la casa para pagarse el examen. En Costa Rica hemos tenido el buen juicio de reconocer a todos el derecho a la atención médica. Nos falta resolver cuánto tiempo puede transcurrir antes de que ese derecho llegue demasiado tarde.

El cuarto problema es el debilitamiento de los contrapesos democráticos. En 2010, un 13 % de los costarricenses consultados por el Barómetro de las Américas consideraba justificable, en las circunstancias planteadas por la encuesta, que el presidente cerrara el Congreso. En 2025, la proporción alcanzó el 28 % (PEN, 2026). Conviene tomar en serio la impaciencia que puede volver atractiva esa idea. Después de años de oír que un puente sigue pendiente de un permiso, hasta el más paciente siente simpatía por quien promete tomar una decisión de una vez por todas. Le propondría, sin embargo, un pequeño ejercicio de imaginación política. Piense en el gobernante que menos confianza le inspira y pregúntese qué poderes estaría dispuesto a concederle. La respuesta ofrece una medida bastante sensata de los poderes que conviene otorgar también al gobernante de sus simpatías.

Las cuentas de la casa

El quinto problema es la escasez de empleo formal y bien remunerado en amplias zonas del país. Costa Rica ha logrado atraer empresas que producen bienes sofisticados y compiten en mercados exigentes. Es un mérito considerable. Ahora bien, desde la perspectiva de una joven que vive a dos autobuses de la planta, la existencia de una vacante depende de ciertos detalles que el anuncio suele omitir. ¿A qué hora sale el último bus? ¿Quién recoge al niño si el turno termina a las seis? ¿Cuánto queda del salario después de pagar el transporte y el cuido? Las diferencias de formación y las barreras para incorporarse al trabajo remunerado están bien documentadas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2025). Una oferta de empleo empieza a ser una oportunidad el día en que una persona de carne y hueso puede aceptarla.

En sexto lugar pongo la pobreza y la desigualdad de oportunidades. En julio de 2026, el 15,4 % de los hogares vivía en pobreza por ingresos. Dentro de ese conjunto se encontraba el 3,8 % del total de hogares que sufría pobreza extrema (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2026a). Merece atención la palabra hogar. Bajo un mismo techo pueden vivir una persona que percibe salario, dos escolares y una abuela que necesita ayuda para levantarse. Si la abuela enferma, acaso haya que comprarle medicinas y, además, reducir las horas de trabajo de quien la acompaña. La misma encuesta permite apreciar cuánto pesa el lugar de residencia. Medida con el índice de pobreza multidimensional, la proporción de hogares afectados era del 6,3 % en la región Central y del 15,2 % en la Huetar Caribe (INEC, 2026a). Dos niños nacidos el mismo día, a unas horas de carretera uno del otro, pueden llegar a primer grado después de haber recorrido distancias sociales enormes.

La violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar ocupan el séptimo lugar. En 2025, al menos seis personas por hora, en promedio, acudieron en busca de medidas judiciales de protección por violencia intrafamiliar (Defensoría de los Habitantes de la República, 2026, p. 177). Intentemos seguir a una de ellas al salir del juzgado. Lleva una resolución favorable. Faltan unas horas para que oscurezca. Tiene que recoger a los hijos y decidir dónde dormirán. Quizá deba volver a la casa por los uniformes de la escuela, por sus documentos o por el dinero del autobús. La eficacia de la protección que acaba de obtener se juega en esas horas y en una pregunta que debería tener respuesta antes de que abandone el edificio. ¿A quién puede llamar esta noche y quién va a llegar?

El octavo problema es la fragilidad de las finanzas públicas. En una sociedad que conoce el valor de la prudencia doméstica, la palabra ahorro goza de merecido prestigio. También puede prestarse a equívocos. Si una junta de educación aplaza la reparación del techo y al cabo de dos inviernos debe reponer, además, los cielorrasos y varios pupitres, ¿en cuál ejercicio presupuestario anotamos el costo de aquella economía? El Estado de la Nación señala que parte de la mejora fiscal reciente descansó en la contención del gasto y el recorte de inversiones prioritarias (PEN, 2026, pp. 33–34). Quien propone un gasto tiene el deber de explicar cómo pagarlo. Me gustaría que exigiéramos parecida precisión a quien propone un recorte. ¿Cuánto ahorrará el país al cabo de cinco años y sobre quién recaerá la factura entretanto?

El país que se recorre a pie

En noveno lugar está la violencia vial. Entre enero y setiembre de 2026, la Policía de Tránsito contabilizó 459 personas fallecidas en el sitio del siniestro. La cifra deja fuera a quienes murieron después del traslado (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2026). Sugiero una modesta prueba para evaluar el diseño de una calle. Recórrasela a pie, ojalá junto a alguien que use bastón. Tarde o temprano se llegará a un punto donde la acera se interrumpe y el peatón, que hasta entonces obedecía las reglas haciendo lo que le correspondía, debe bajar a la calzada y confiar en que los conductores lo vean. Si allí ocurre una desgracia, se investigará con razón a qué velocidad circulaba el vehículo. Espero que alguien pregunte también por qué la acera terminaba precisamente allí.

El décimo problema es el transporte público deficiente y la congestión. Las dificultades de conectividad restringen el acceso al empleo y a los servicios (OCDE, 2025). Supongamos que dos personas cumplen idéntica jornada y reciben igual salario. Una tarda media hora en regresar a casa. La otra necesita dos horas. En cinco tardes, la segunda ha entregado siete horas y media adicionales, casi otra jornada laboral. De ese tiempo viven también sus hijos, sus estudios nocturnos y la madre a quien quisiera visitar. Hay argumentos económicos de peso para mejorar el transporte colectivo. A mí me bastaría este. Un buen enlace entre dos rutas puede devolverle a una familia la cena en común.

El undécimo problema es nuestra exposición a inundaciones, sequías y deslizamientos. Una lluvia torrencial dura unas horas. Un permiso de construcción en terreno inundable puede tener consecuencias durante medio siglo. El Estado de la Nación documenta las dificultades para coordinar la política ambiental con las autoridades y comunidades que conocen el territorio (PEN, 2026). En más de un pueblo habrá alguien capaz de señalar, sobre la pared de su casa, hasta dónde llegó el río en la última crecida. Quisiera saber si alguien lo escuchó antes de aprobar la urbanización vecina. Y quisiera saber qué alternativa se ofreció a la familia que conocía perfectamente el peligro, pero solo encontró un lote a su alcance en aquella ribera. Ambas preguntas pertenecen al mismo expediente, aunque se tramiten en oficinas distintas.

En duodécimo lugar están el abastecimiento de agua y el saneamiento. Pocas cosas resultan tan desconcertantes como oír llover toda la noche y abrir por la mañana un tubo del que apenas sale aire. Las pérdidas en las redes y el envejecimiento de la infraestructura ayudan a explicar esa aparente paradoja (OCDE, 2025). El agua exige, además, una cortesía elemental entre comunidades. Quien vive río abajo tiene tanto derecho como quien vive río arriba a recibirla limpia. Una tubería enterrada ofrece escasas oportunidades para el lucimiento y una planta de tratamiento rara vez despierta entusiasmo electoral. De ambas depende algo tan íntimo como el agua con que una familia prepara el desayuno.

El decimotercer problema es la vivienda inadecuada. El Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025, reseñado por Vargas Rojas (2026), identificó 152.288 viviendas con problemas que requerían atención. Cuando se habla de política habitacional, es natural imaginar una casa recién construida y una familia que recibe las llaves. Hay otra escena que merece un lugar en la discusión. Una mujer, en mitad de un aguacero, mueve la cama de su hija para apartarla de una gotera. Para esa familia, una buena política de vivienda podría consistir en reparar el techo de la casa en la que ya vive, cerca de la escuela y de la abuela que cuida a la niña. Esas cercanías también forman parte de su patrimonio. Conviene contarlas antes de proponerle una casa nueva a dos horas de distancia.

Los años que vienen

En decimocuarto lugar sitúo la insuficiente preparación para el envejecimiento de la población. Vivir más años es una de las mejores noticias que ha recibido Costa Rica en su historia. Las proyecciones demográficas permiten prever sus consecuencias para el mercado de trabajo, las pensiones y las familias (Banco Central de Costa Rica, 2026; INEC, 2026b). Entre todas ellas hay una que fácilmente se da por resuelta. Alguien acompañará al adulto mayor al baño, lo llevará a la cita y se quedará con él si pasa mala noche. ¿Quién es ese alguien? ¿De qué vive? ¿Quién cotiza para su propia vejez mientras dedica sus mejores años a cuidar la de otro? Un país que ha logrado prolongar la vida tiene ahora la responsabilidad de pensar en la persona que acerca el vaso de agua, además de pensar en quien lo recibe.

Dejo en el decimoquinto lugar la dificultad del Estado para llevar sus decisiones hasta el final. La dejo de última porque ya la hemos encontrado, con diversos nombres, en el consultorio, en la acera y en la orilla del río. El informe de este año examina el caso de Crucitas, donde convergen la minería ilegal, el daño ambiental y viejos rezagos sociales (PEN, 2026). Cada institución puede delimitar con buenos argumentos la parte que le corresponde. El vecino de Crucitas vive en el territorio entero. Después de escuchar a los funcionarios, tiene derecho a formular una pregunta sencilla y a obtener como respuesta un nombre y una fecha. ¿Quién volverá aquí a explicarnos lo que se hizo?

Al terminar estas páginas, sigo dudando entre el primero y el segundo puesto. Para el barrio donde una banda decide quién puede hablar, la seguridad tiene la urgencia de esta noche. Para el niño que acaba de leer tres veces un problema sin entender qué le preguntan, la educación tiene una urgencia más discreta. Puede pasar inadvertida durante años, hasta el día en que aquel niño, ya adulto, firme algo que apenas comprende. Quien lleva meses esperando una biopsia tendría, por su parte, razones de sobra para empezar esta lista por la Caja. Aceptaría de buen grado las tres enmiendas.

Vuelvo a la mujer del autobús. Me gustaría que llegara a tiempo, que le hicieran el examen y que pudiera volver a casa con una respuesta. Después de tantas cifras, tal aspiración podría parecer modesta. Para ella y para quienes la esperan esa noche, es el asunto más importante de Costa Rica.

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2026, 2 de noviembre). Acta de la sesión plenaria ordinaria n.º 89⁠.

Banco Central de Costa Rica. (2026). Informe de política monetaria: Julio de 2026⁠.

Defensoría de los Habitantes de la República. (2026). Informe anual 2025–2026: La Costa Rica que estamos construyendo.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026a). Encuesta Nacional de Hogares, julio 2026: Resultados generales⁠.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026b). Proceso de envejecimiento en Costa Rica: Evolución de la población de 65 años y más⁠.

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2026, 8 de octubre). Setiembre reportó la cifra más baja de decesos en carretera desde octubre 2025.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica 2025. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e6d0420b-es⁠

Programa Estado de la Nación. (2025). Décimo Estado de la Educación 2025⁠. Consejo Nacional de Rectores.

Programa Estado de la Nación. (2026). Informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible 2026: Resumen. Consejo Nacional de Rectores.

Vargas Rojas, L. D. (2026, 16 de setiembre). Las viviendas con problemas y los asentamientos informales evidencian los retos habitacionales del país⁠. Universidad de Costa Rica.

contrapesos democráticos, crimen organizado, cuidados, desigualdad territorial, Eduardo Piza Volio, educación pública, Informe Estado de la Nación, listas de espera, pobreza, violencia contra las mujeres