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Autor: María José Ferlini Cartín

Instituciones publican más, pero información es difícil de ubicar y está desactualizada

Evaluación abarcó a 100 instituciones públicas y se realizó entre noviembre y diciembre de 2025

La Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica presentaron, esta mañana, los resultados de la evaluación piloto del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) 2.0, correspondiente al año 2025.

El Índice de Transparencia del Sector Público es una iniciativa impulsada, desde el 2015, por la Defensoría de los Habitantes y el CICAP-UCR. Esta versión 2.0 corresponde a un plan piloto de la nueva metodología de medición 2025, que incorpora innovaciones como el uso de inteligencia artificial, estándares legales recientes y una evaluación basada en la experiencia ciudadana al solicitar información.

Los hallazgos revelan que, si bien existe un avance en la publicación de información, persisten brechas críticas en la facilidad de acceso y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. La evaluación, que abarcó a 100 instituciones públicas, se realizó entre noviembre y diciembre de 2025, arrojando una calificación promedio institucional de 44.8.

El estudio destaca que la dimensión mejor calificada es la de «información institucional» (63.3), mientras que la de «presupuestos, puestos y contratación pública» es la que presenta el mayor rezago con una nota de apenas 28.0. También se analizó la participación y solicitudes de información, así como la rendición de cuentas.

El equipo evaluador identificó, entre otras cosas, que a pesar de que la información requerida suele estar publicada, su localización es compleja, la búsqueda de información requiere recorrer múltiples secciones y realizar varios “clics”, las instituciones redirigen a plataformas externas sin proporcionar enlaces específicos; además existen limitaciones en accesibilidad. Por otra parte, se identificó la presencia de documentos correspondientes a años anteriores y secciones sin actualización durante largos periodos.

Según esta medición, las cinco instituciones con mejores resultados bajo esta nueva metodología son:

Ministerio de Panificación Nacional y Política Económica (78.5)

Universidad de Costa Rica (76.7)

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (75.7)

Municipalidad de Heredia (73.1)

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (70.9)

Hemos avanzado en mostrar quiénes somos como instituciones, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer para mostrar, con claridad y calidad, qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué recursos, con qué resultados y con qué mecanismos de control ciudadano. La transparencia exige comprender algo fundamental: la información pública no pertenece a las instituciones; pertenece a la ciudadanía”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Concierto por los Tiburones de Costa Rica

Los Tiburones Son Vida Silvestre es nuestro lema en pro de la defensa de los tiburones como especie vulnerable de nuestro país.

Este próximo viernes 8 de mayo a las 7:30 pm en el Amón Solar, un grupo de ciudadanos y organizaciones como programa Geografía y Diálogo de saberes de la UCR, Fundación Paul Watson, Operation Rich Coast, Costa Rica por el Océano, Green Wolf y Bloque Verde en conjunto al Centro de rescate de especies marinas amenazadas CREMA tendremos un concierto para hacer un llamado urgente a la protección de los tiburones en Costa Rica.

El concierto es gratuito, con la posibilidad de realizar una contribución voluntaria. Además, durante la actividad se estarán recolectando firmas en apoyo a la causa. Disfrutaremos del talento nacional de cantautoras y músicos que defienden la naturaleza a través de propuestas artísticas comprometidas con la conservación. Nos acompañarán Luz Romero, Maf É Tulá, Fabián Pacheco, Francesco Bracci y Snowkap.

Será una noche armoniosa donde compartiremos sobre la vulnerable situación de los tiburones en Costa Rica en un espacio lleno de arte y buena compañía.

Situación crítica de los tiburones en Costa Rica: Un llamado urgente a la coherencia ambiental:

La situación de los tiburones en Costa Rica atraviesa un momento crítico que evidencia una profunda contradicción entre el discurso ambiental del país y la realidad de sus prácticas pesqueras y políticas públicas.

Costa Rica alberga cerca de treinta especies de tiburones, muchas de ellas en peligro de extinción, incluyendo el tiburón martillo, el tiburón zorro y el tiburón sedoso. Estas especies, fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas marinos, representan hasta el 40% de las capturas de la flota pesquera nacional, lo que evidencia una fuerte presión sobre sus poblaciones.

Según datos y denuncias de organizaciones como CREMA, entre 2015 y 2019 se descargaron más de un millón de tiburones en el país, muchos pertenecientes a especies amenazadas. Esta situación responde a un modelo pesquero que, lejos de reducir la mortalidad, ha intensificado la explotación de estas especies, acercándose peligrosamente a la extinción.

Estas especies no pueden sostener niveles altos de explotación debido a su baja tasa reproductiva. “Si no hacemos algo ya, el tiburón martillo podría estar extinto en 20 años”, advierte el biólogo marino especialista Randall Arauz.

Aunque la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia determinó en 2023 que los tiburones son vida silvestre y no deben ser tratados como especies comerciales, en la práctica continúan siendo capturados, comercializados e incluso exportados. En 2023, Costa Rica exportó más de 12 toneladas de tiburón martillo, lo que representa un posible desacato a la legislación vigente.

El impacto de esta problemática trasciende lo ambiental. Los tiburones cumplen un rol clave como depredadores topes, regulando las cadenas alimenticias marinas. Su desaparición podría desencadenar desequilibrios ecológicos con efectos directos en la pesca artesanal, el turismo y la seguridad alimentaria de comunidades costeras.

Costa Rica enfrenta hoy una decisión clave: continuar con prácticas que comprometen su biodiversidad o asumir un liderazgo real y coherente en la protección de sus recursos marinos.

Arauz, R. (comunicaciones públicas, entrevistas y conferencias).

CREMA. (s.f.). Especies amenazadas de tiburones: el objetivo principal de la pesquería costarricense. Recuperado de https://www.cremacr.org

CREMA. (s.f.). Los tiburones de vuelta al plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Recuperado de https://www.cremacr.org

Mongabay. (2025). Exportación y comercio de tiburones en Costa Rica.

Radio UCR. (2025). Situación de los tiburones en Costa Rica.

El carnicero del Campo de Concentración y de Exterminio Étnico de Gaza debe ser detenido si viene a Costa Rica

Vladimir de la Cruz

El ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André anunció, hace varios días, que, como parte de la celebración de Traspaso de Gobierno, se habían circulado invitaciones internacionales, lo que es usual y parte del protocolo oficial, a personalidades políticas internacionales, jefes de Estado, primeros ministros, ministros de Relaciones Exteriores e invitados especiales como así se procede y acostumbra.

Al día, de hoy, 5 de mayo, a tres días del acto oficial de cambio de gobernantes del Poder Ejecutivo, no se ha hecho pública la lista oficial de quienes han confirmado su asistencia.

Se rumora que fue invitado a este magno evento nacional el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como también fueron invitados los presidentes del continente que hacen círculo político derechista, conservador con el de Israel, como son los presidentes de Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Honduras, de los cuales el Presidente Rodrigo Chaves se siente muy amigo de ellos, e identificado con sus respectivas políticas de gobierno Recientemente, incluso con Israel se aprobó un Tratado Bilateral de Comercio.

Al efecto de la posible llegada de Benjamín Netanyahu debemos, no solo recordar, sino tener presente que sobre Netanyahu pesa una orden de captura internacional de la Corte Penal Internacional, desde el 2024. Esta orden de captura está activa y vigente al 8 de mayo próximo. Es claro, entonces, que si Benjamín Netanyahu, llega a Costa Rica, en el aeropuerto internacional que llegue, el Daniel Oduber, de Liberia, o el Juan Santamaría, de Alajuela, las autoridades de migración, de esos aeropuertos, automáticamente deben proceder a su detención, deben capturarlo, salvo que el gobierno, en su parte Ejecutiva, haya dado seguridades al gobierno de Israel que por parte del gobierno no será detenido, lo cual es posible que hay sucedido.

Sin embargo, no impide que abogados y ciudadanos puedan interponer la acción judicial correspondiente, ante la Corte Suprema de Justicia, para que se ordene su captura en caso de que pise el suelo costarricense, para poner a Netanyahu ante la Justicia Internacional de La Haya.

Así, si el Poder Ejecutivo no actúa para su captura, de oficio como debiera ser, le corresponderá al Poder Judicial hacerlo. Como esto es una posibilidad real lo mejor que puede hacer el Carnicero del Campo de Concentración y Exterminio de Gaza, Benjamín Netanyahu, en no venir a Costa Rica, a la fotografía con el presidente Chaves, la presidenta Laura Fernández y los presidentes latinoamericanos de ese círculo político, Javier Milei, Nayib Bukele, Juan José Flores, Santiago Peña, José Raúl Mulino, Juan Asfura.

No debemos olvidar que Costa Rica desde el año 2002, bajo la Ley No. 8272, estableció en la legislación costarricense, los crímenes de guerra y de lesa humanidad como parte de la legislación nacional sobre lo que se debe velar, crímenes de los cuales se acusa a Netanyahu. También debemos recordar que somos parte del llamado Estatuto de Roma con 123 países más.

Desde el Derecho Internacional Público estamos obligados a capturar y detener, para someter a la justicia internacional a las personas, como Benjamín Netanyahu, que son requeridas por la Corte Penal Internacional.

El actual gobierno el 22 de marzo del 2023, en La Haya, y en diciembre del 2025, en la última Asamblea de Estados Parte al Estatuto de Roma, reunión celebrado en La Haya, ratificó y reafirmó el pleno apoyo al trabajo que realiza la Corte Penal Internacional, y se comprometió a brindar su apoyo consistente para cumplir con su mandato de “forma eficaz y coherente en todas las situaciones bajo su jurisdicción”, así señalado por el Canciller André.

En política exterior, respecto a Israel, Costa Rica no ha sido coherente con su tradición. No condenó como lo hicieron Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido, el recién establecimiento de la pena de muerte para condenados palestinos, en Israel, tampoco Costa Rica se sumó a la iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU del embargo de armas a Israel.

En setiembre del 2025 cuando Netanyahu se dirigía a hablar en el podio del foro de las Naciones Unidas, más de la mitad de los representantes diplomáticos se levantó en protesta y se retiró.

¿De venir Benjamín Netanyahu a Costa Rica, al traspaso de Gobierno, de no actuar el gobierno en su captura, habrá un juez costarricense, como lo hizo el Juez Baltazar Garzón que actuó en el 2012 contra el dictador Augusto Pinochet, que accionó en su contra, manteniéndole 16 meses detenido en Inglaterra, hasta que el gobierno inglés optó de dejarlo libre y no entregarlo a la Justicia Internacional, como era requerido?

Nuestra Gran Jueza que fue de la Corte Penal Internacional, Elizabeth Odio Benito, ¿estará tranquila con la llegada del Carnicero de Gaza a Costa Rica, requerido por la Justicia y por el Tribunal del que ella fue parte y en el cual se distinguió?

Netanyahu no debe ser bienvenido en Costa Rica.

Igual medida de captura debe hacerse contra cualquier delegado de Israel que venga al traspaso de gobierno y que esté acusado ante la Corte Penal Internacional, o sea requerido por crímenes de guerra o de lesa humanidad, como lo está el presidente del Estado de Israel Isaac Herzog.

Actuario solicita información a la CCSS y cuestiona calidad de datos del régimen de pensiones IVM

Un oficio remitido por el actuario matemático Rodrigo Arias López a la Gerencia de Pensiones y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) plantea cuestionamientos sobre la calidad y consistencia de la información entregada sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en un contexto en el que se discuten posibles reformas a este sistema.

La solicitud se produce en momentos en que distintos sectores han señalado la intención de impulsar nuevas modificaciones al IVM, incluyendo eventuales cambios en la edad de retiro, ajustes en los montos de pensión y otras medidas que impactarían a la población asegurada y pensionada, como poner a cotizar a las personas pensionados, esto, “habiendo transcurrido tan solo dos años de la última reforma que hizo sin escuchar a los sectores sociales”. En ese marco, el actuario solicita información depurada de la planilla de pensiones de IVM de diciembre de 2025 y conforme a la normativa vigente, así como la intervención de la Auditoría Interna ante posibles inconsistencias detectadas en los datos suministrados.

A continuación, el texto íntegro del oficio:

RAL-002-2026
1° de mayo de 2026

Señor Jaime Barrantes Espinoza, Gerente
Gerencia de Pensiones de la CCSS
Señor Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno
Auditoría Interna de la CCSS

Asunto: Solicitud de información de interés público e investigación

Estimados señores:

De conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 8422, la Ley de Regulación del Derecho de Petición y los artículos 5 y 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, solicito lo siguiente.

Considerando

Primero. Con mi oficio RAL-001-2026 de fecha 27 de marzo de 2026 solicité la planilla de pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con corte al 31 de diciembre de 2025.

Segundo. Con el oficio GP-DAP-0xx-2026 (Sic) del 21 de abril del 2026 suscrito por el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, director de la Dirección de Administración de Pensiones, me suministraron un archivo en formato Excel con 394.828 registros o pensiones y las variables solicitadas; no obstante, una vez revisado se encontró lo siguiente:

A) A pesar de que todas las pensiones entregadas tienen fecha de vigencia anterior al 1° de enero de 2026, aparecen 114.501 pensiones de beneficiarios y 155.654 pensiones de causantes con un monto de pensión igual a ₡162.295,5 el cual, según su oficio GP-0607-2026 del 09 de marzo de 2026, corresponde al monto de la pensión mínima que se canceló en el mes de febrero de 2026. En ese oficio usted informa que el monto de la pensión mínima de IVM vigente en diciembre de 2025 fue ₡159.692. Esto nos indica que posiblemente todos los montos de las pensiones de beneficiarios y de causantes que me entregaron con el oficio GP-DAP-0xx-2026, no corresponden a los montos vigentes al 31 de diciembre de 2025. En otras palabras, que el archivo entregado no corresponde a la planilla del 31 de diciembre de 2025, contrario a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026.

B) En adición, en el archivo aparecen 4.244 pensiones de beneficiarios que tienen un monto de pensión igual a cero, de las cuales 2.948 son de invalidez y vejez, que deberían tener una pensión igual al monto de pensión del causante y los 1.296 restantes son por muerte. Esto nos crea dudas sobre la calidad de la información; en particular, si los montos de pensión de los causantes y beneficiarios están correctos o tienen errores.

C) Las pensiones del riesgo de muerte se agruparon según el ID del causante, se sumaron las pensiones de los beneficiarios del causante y el resultado se dividió por el monto de la pensión del causante, a lo cual se le llamó la participación del núcleo familiar. Como el beneficio mínimo que concede el Reglamento de IVM es un 20% del monto de la pensión del causante, cuando un causante tiene 5 o más beneficiarios, la participación del núcleo familiar no puede ser menos del 100%, si son cuatro beneficiarios, la participación no puede ser inferior al 80% y así sucesivamente. Por otro lado, si solo hay un beneficiario, la participación no puede ser superior al 70%. Se encontraron 78 núcleos familiares cuya participación es inferior a la indicada por el Reglamento de IVM; 2.050 viudas(os) que son beneficiarios únicos con más de un 70% de participación y 17 núcleos familiares con más de un 100% de participación. También se encontraron bastantes casos de viudez, que siendo beneficiarios únicos están recibiendo menos de los porcentajes indicados en el reglamento según su edad (50% para menos de 50 años, 60% de 50 a 59 años y 70% de 60 años o más). Esto quiere decir que los datos de los montos de las pensiones del causante y/o del beneficiario del archivo entregado están incorrectos o que no se está respetando lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM.

D) Finalmente, se determinó que en el riesgo de muerte la fecha de nacimiento y el sexo de los causantes (que están ya fallecidos), coinciden con la fecha de nacimiento y el sexo de los beneficiarios (que están vivos), lo que significa con una alta probabilidad que no me entregaron la fecha de nacimiento ni el sexo de los causantes (fallecidos), sino que repitieron los datos de los beneficiarios.

Petición

Primero. Solicito al Sr. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, la entrega de la planilla de IVM con corte al 31 de diciembre de 2026 conforme a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026 del 27 de marzo de 2026, con la depuración de la información correspondiente, según lo indicado en las consideraciones de este oficio.

Segundo. Pido al Sr. Olger Sánchez Carrillo, Auditor interno de la CCSS, que investigue la calidad de la información que entregan las jefaturas de la CCSS y que almacenan en los sistemas de información de IVM, que revise que se esté cumpliendo con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM y tome las medidas pertinentes; no es la primera vez que lo solicito.

Atentamente,
Rodrigo Arias López

En la nota el actuario Arias López consigna su dirección de correo-e para que se le envíe toda la información solicitada.

Llaman a sindicatos a ampliar el debate y replantear la elección del representante laboral en la CCSS

Un pronunciamiento del ciudadano y trabajador de la CCSS Juan Carlos Durán Castro plantea la necesidad de que las dirigencias sindicales del país revisen de manera crítica y estratégica el proceso de elección del representante laboral ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El llamado subraya la importancia de ampliar el diálogo más allá de las estructuras sindicales tradicionales e incorporar a diversos sectores sociales en una discusión que considera clave para el futuro institucional.

El planteamiento propone generar un proceso de diálogo entre las distintas corrientes sindicales —tanto del ámbito formal como informal— y abrir ese intercambio hacia organizaciones sociales del agro, movimientos estudiantiles, sectores eclesiales, ambientalistas, organizaciones de mujeres y la academia. Según se expone, este enfoque permitiría construir consensos más amplios y estratégicos que trasciendan la lógica estrictamente formal del proceso de elección.

Asimismo, se plantea la necesidad de redefinir la comunicación política del movimiento sindical, adaptándola a un contexto nacional que demanda nuevas formas de articulación, confianza y visión de largo plazo. En ese sentido, se considera que una decisión bien orientada podría incidir en la dinámica de la Junta Directiva y en la relación con otros actores como el Poder Ejecutivo, el cooperativismo y el solidarismo.

El análisis advierte además sobre posibles escenarios de tensión en la gobernanza institucional de la CCSS en los próximos años, incluyendo disputas de poder, eventuales procesos de reorganización interna y la influencia de intereses financieros en la toma de decisiones. En ese marco, se sugiere prestar especial atención a los perfiles que podrían ocupar cargos estratégicos, tanto en la Junta Directiva como en niveles gerenciales.

Finalmente, el llamado insiste en que las dirigencias sindicales deben “leer el momento” y asumir decisiones que respondan a la complejidad del contexto actual, con una visión que fortalezca la defensa de la seguridad social y la representación efectiva del sector laboral.

Visa para la censura: autoritarismo criollo y complicidad imperial

Instituto sindical de formación política

Estados Unidos: ¿socio o cómplice?

La reciente anulación de visas a los directivos del periódico La Nación marca un antes y un después en la historia de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con Estados Unidos. Lo que debería ser un trámite administrativo rutinario se ha convertido, bajo la administración de Rodrigo Chaves, en un mecanismo más de persecución política. Pero lo más preocupante no es solo la maniobra vengativa del mandatario costarricense para acallar a la prensa crítica, sino el triste y bochornoso papel de los Estados Unidos, que al prestarse a este juego se transforman en cómplices del autoritarismo tropical. El imperio que presume de ser guardián de la democracia se ha convertido, irónicamente, en notario de la represión.

La fachada del “imperio de la ley”

Washington ha justificado la medida bajo el argumento técnico del cumplimiento migratorio. Una excusa tan frágil como un papel mojado. El gobierno de Chaves, experto en disfrazar de legalidad lo que es pura arbitrariedad, ha encontrado en la desgastada “democracia” del norte un socio silencioso. Al no intervenir ni cuestionar el fondo político de la decisión, Estados Unidos valida implícitamente la estrategia de un presidente que utiliza las herramientas del Estado como látigo contra quienes denuncian sus desplantes autoritarios.

No es un hecho aislado: es la continuación de una política de hostigamiento. Recordemos que en octubre de 2025 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente por 15 denuncias de “beligerancia política”. ¿Y cuál fue la reacción de Chaves? Insultar al Tribunal, acusarlo de “parcialidad” y advertir sobre una supuesta “guerra de sangre”. La ironía es brutal: un presidente que se proclama defensor de la ley, pero que la trata como papel higiénico cuando le incomoda.

La “pedagogía de la crueldad”

¿Qué intenta esconder Chaves al atacar a medios como La Nación? La respuesta está a la vista. Detrás de la retórica populista y las estupideces histriónicas con las que entretiene a sus seguidores, se esconde una gestión marcada por la opacidad y el debilitamiento institucional. Basta con observar cómo el Poder Judicial advirtió que sus afirmaciones sobre “fiscales corruptos” allanan el terreno para prácticas autoritarias.

El presidente parece seguir un manual clásico del populismo autoritario: cuando no puede gobernar con los votos —recordemos que no logró los 38 votos para quitarse la inmunidad en el caso BCIE—, intenta destruir a quienes lo fiscalizan. La anulación de visas a los directivos de La Nación es un escupitajo a la libertad de expresión. Es el gesto desesperado de un gobernante que ya no se molesta en ocultar su desprecio por la democracia, utilizando a Estados Unidos como ariete.

Estados Unidos: ¿socio o cómplice?

El silencio de Washington es ensordecedor. Mientras predica democracia en foros internacionales, en la práctica facilita que un mandatario centroamericano persiga a la prensa crítica. Este precedente es peligroso: se le dice a la región que se puede quebrantar el estado de derecho siempre que se tenga el visto bueno de la potencia hegemónica.

No estamos ante una “cruzada contra la corrupción”, como intenta vender Chaves con sus discursos soeces llenos de alabanzas a Dios y ataques vulgares. Estamos ante una cacería antidemocrática contra quienes se atreven a señalar que el Rey va desnudo.

La historia juzgará con severidad tanto a los funcionarios estadounidenses que firmaron estas órdenes de visa, como también a Rodrigo Chaves por su afán de acabar con la libertad de expresión. Mientras tanto, los costarricenses que aún creemos en la República debemos alzar la voz: no permitiremos que nos callen con visas ni con decretos. La prensa no se rinde, y los pueblos que lucharon por sus libertades no están dispuestos a cambiarlas por el capricho de un gobernante vengativo.

Entre símbolos, poder y hegemonía: notas sobre el nuevo escenario político costarricense

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Desde el 1° de mayo vengo pensando en lo que está pasando en la Asamblea, en la prensa y en el discurso político del país. Comparto esta reflexión, no para cerrar el debate, sino para abrirlo.

La instalación de la nueva Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo no solo marca el inicio de un nuevo ciclo institucional en Costa Rica; constituye, además, un momento privilegiado para observar las tensiones profundas que atraviesan hoy la vida política nacional. Más allá de la configuración formal de mayorías y minorías, lo que se perfila es una disputa por el sentido: por definir qué es legítimo, qué es peligroso y quién tiene derecho a ocupar el espacio de lo político.

En términos estrictamente institucionales, el panorama es claro. El oficialismo, con una mayoría simple de 31 diputaciones, ha logrado consolidar el control de los principales órganos de dirección legislativa. Frente a ello, las fuerzas de oposición —integradas por diversas agrupaciones que, en conjunto, suman 26 escaños— han optado por una estrategia de coordinación orientada a contener eventuales reformas que puedan afectar el núcleo del Estado social de derecho. Esta configuración no responde a una afinidad ideológica plena, sino a una lógica de equilibrio y defensa institucional que encuentra precedentes en la propia historia política costarricense.

Sin embargo, la lectura de este escenario ha sido rápidamente capturada por una narrativa mediática que reduce la complejidad del momento a una clave simplificada: la amenaza de un supuesto “giro comunista” en la política nacional. Esta operación discursiva ha encontrado un punto de apoyo en hechos aislados —como la utilización de símbolos asociados históricamente al comunismo por parte de una diputada, o la participación de sectores juveniles en actividades internacionales vinculadas a la izquierda— para construir una imagen homogénea y descontextualizada de actores políticos que, en realidad, son internamente diversos.

En este punto, resulta útil recordar que el discurso político no es un mero reflejo de la realidad, sino una práctica que contribuye activamente a su configuración. Como señala Teun A. van Dijk, “los discursos influyen en la formación de opiniones, actitudes e ideologías sociales” (Van Dijk, 2003, p. 45), lo que implica que su función no es solo descriptiva, sino también performativa. En ese sentido, la categoría “comunismo” opera menos como un concepto analítico que como un dispositivo de deslegitimación.

En este contexto, las declaraciones de Patricia Mora, quien ha reivindicado la herencia de una izquierda que en la década de 1940 contribuyó a la construcción de las garantías sociales, han sido utilizadas para alimentar la tesis de un supuesto “encubrimiento ideológico”. Esta lectura ignora una distinción fundamental: la diferencia entre identidad histórica y definición programática actual. Reconocer una tradición no implica reproducirla doctrinariamente. Como ha señalado en múltiples ocasiones José María Villalta, el Frente Amplio no se define como un partido comunista en el presente. La aparente contradicción, por tanto, no es más que el resultado de una operación de simplificación que borra deliberadamente los matices.

Este borramiento no es inocente. Forma parte de una lógica más amplia en la que el lenguaje político delimita los contornos de lo pensable. En términos de hegemonía, como advierte Ernesto Laclau, “la política consiste en la construcción de significantes que articulan demandas y producen identidades colectivas” (Laclau, 2005, p. 93). Así, la invocación del “peligro comunista” no describe una realidad empírica verificable, sino que contribuye a organizar el campo político en torno a una frontera simbólica.

La paradoja alcanza un punto especialmente revelador cuando se observa el papel de ciertos medios de comunicación. La Nación, por ejemplo, ha contribuido a posicionar esta narrativa de sospecha sobre la oposición política, al tiempo que enfrenta acciones de poder —como la cancelación de visas a miembros de su directiva sin explicaciones públicas claras— que evidencian la fragilidad de su propia posición frente a dinámicas que trascienden el control mediático. Esta situación pone de manifiesto una característica fundamental del poder contemporáneo: su carácter funcional y contingente. En contextos de alta polarización, los alineamientos no son estables, y los mismos dispositivos discursivos que sirven para deslegitimar a unos pueden volverse contra otros.

A este cuadro se suman una serie de hechos recientes que no pueden ser analizados de forma aislada: el veto presidencial a iniciativas vinculadas a derechos del magisterio, el deterioro en los indicadores de libertad de prensa, y la creciente centralidad del discurso de seguridad como eje articulador de la política pública. Lejos de constituir episodios desconectados, estos elementos sugieren la configuración de un clima político en el que la apelación al orden, la estabilidad y la lucha contra el crimen organizado funciona como marco legitimador de prácticas que tensionan los equilibrios democráticos.

En este sentido, la disputa actual en Costa Rica no puede reducirse a una confrontación clásica entre izquierda y derecha. Más bien, se trata de una lucha por la hegemonía en un contexto de reconfiguración del modelo neoliberal, donde distintos actores —no siempre claramente diferenciados en términos ideológicos— compiten por definir los límites de lo posible. En este proceso, el recurso a categorías simplificadoras como “comunismo” cumple una función estratégica: delimitar el campo de lo aceptable y excluir determinadas posiciones del debate legítimo.

Como ya advertía Antonio Gramsci, la hegemonía no se sostiene únicamente por la coerción, sino por la capacidad de construir consenso y sentido común (Gramsci, 1971). En ese marco, la disputa contemporánea en Costa Rica parece orientarse menos a la eliminación del adversario que a su deslegitimación simbólica.

La historia política costarricense ofrece, sin embargo, una lección distinta. El Estado social de derecho que hoy se invoca como patrimonio común no fue el resultado de una pureza ideológica, sino de un pacto complejo en el que convergieron actores diversos, incluyendo sectores reformistas, religiosos y de izquierda. Reducir esa herencia a una etiqueta o convertirla en objeto de sospecha implica no solo una simplificación analítica, sino un empobrecimiento del debate democrático.

En tiempos de creciente polarización, la defensa de la democracia no pasa únicamente por la protección de las instituciones, sino también por el cuidado del lenguaje. Nombrar con precisión, reconocer la complejidad y resistir la tentación de la simplificación son, hoy más que nunca, actos profundamente políticos.

Porque, al final, la pregunta que subyace a todo este escenario no es quién tiene la mayoría, ni siquiera quién tiene la razón, sino algo más inquietante:

¿quién está definiendo, y con qué fines, los límites de lo que una democracia puede pensar y decir sobre sí misma?

Referencias:

Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Van Dijk, T. A. (2003). Ideología y discurso. Ariel.

Festival “Grito por la Paz” recorrerá comunidades del país para promover cultura de convivencia y Buen Vivir

Un grupo de 16 personas vinculadas a la iniciativa “Buen Vivir” se encuentra organizando el Festival “Grito por la Paz”, una propuesta comunitaria que iniciará en mayo y se extenderá durante varios meses en aproximadamente 20 cantones del país. La iniciativa busca fomentar una cultura de paz en la familia, las comunidades y la sociedad en general, mediante actividades participativas y de encuentro ciudadano.

El equipo organizador está integrado por personas de Naranjo, San Francisco de Dos Ríos, Moravia, Desamparados, Tibás, Mora y Paso Ancho, quienes han articulado esfuerzos para impulsar acciones culturales, educativas y comunitarias en distintos territorios.

Entre las actividades ya confirmadas destacan un intercambio de semillas y espacios para emprendimientos en San Ramón; una actividad cultural en el centro de San José; una peña cultural en Desamparados; y en Paso Ancho una jornada que incluirá Feria del Agricultor, talleres de pintura y macramé. Asimismo, se suma la participación de personas de Palmares en la organización general del festival.

También se prevé la realización de actividades dirigidas a personas adultas mayores, espacios de convivencia como picnics comunitarios y un “tendedero por la paz”, que se desarrollarán en lugares como la Biblioteca Emma Gamboa y el Parque Los Héroes. No obstante, aún se encuentran en proceso de confirmación múltiples grupos y comunidades que podrían integrarse a la iniciativa.

Las personas organizadoras señalan que este festival tiene como propósito central fortalecer una cultura de paz en los distintos ámbitos de la vida social, promoviendo el encuentro, la creatividad y la participación comunitaria.

Como antecedente reciente, el colectivo participó el pasado 1° de mayo en la marcha del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, donde se hicieron presentes con la bandera blanca como símbolo de paz.

Las personas interesadas en participar o conocer más sobre el Festival “Grito por la Paz” pueden comunicarse con el colectivo “Buen Vivir”.

Comunismo y democracia (3)

Manuel Delgado
Parte 1:
https://wp.me/p6rfbZ-yQy
Parte 2:
https://wp.me/p6rfbZ-yRo

El socialismo, el verdadero, no el de Pedro Sánchez, siempre ha estado comprometido con los derechos democráticos y la libertad. Desde su misma cuna, Marx llamó a los comunistas a luchar por una democracia burguesa para Europa y, de hecho, los partidos comunistas (entonces llamados socialdemócratas) introdujeron en su programa una concepción de revolución por etapas, que contenía la intención de instaurar primero una democracia burguesa y, desde allí, avanzar hacia el socialismo (entendido este como esa primera etapa del comunismo). La razón es que las libertades propias de una democracia burguesa, que empezaba a despuntar en Europa, facilitaría la lucha de los partidos comunistas. No en balde el partido comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, luchó durante dos décadas para conquistar su legalidad, negada con posterioridad a la guerra civil de 1948. Esa legalidad se logró en 1976. Antes el partido había logrado participar, posiblemente de manera inconstitucional (¡vaya atentado contra la democracia!) en dos elecciones con al nombre de Partido Acción Socialista (el PASO), abrir locales sin ser molestados, tener una imprenta y un periódico legales, y más.

Lo que ocurre es que la lucha obrera por tal democracia siempre ha sido respondida con la represión más extrema por parte de la derecha. Y lo que ocurre también es que las libertades democráticas deben ser defendidas con todos los recursos. Un gobierno popular que no sabe defenderse no vale nada. Eso fue lo que ocurrió con el primer gobierno obrero de la historia, la Comuna de París de 1871. En sus 70 días, ese gobierno intentó estructurar la Francia más democrática de la historia, pero no supo defenderse. La Comuna cayó porque los comuneros, por su fe pacifista, no atacaron con tiempo a la reacción atrincherada en Versalles y porque esos mismos comuneros, confundidos por los discursos de defensa de la legalidad, no quisieron confiscar el Banco de Francia, dejando los recursos financieros del estado en manos de la reacción versallista.

La Comuna cayó por la indecisión de sus dirigentes, y a la Comuna siguió no un régimen democrático de los que defiende el diputado Villalta, sino una feroz dictadura que produjo en Francia un verdadero genocidio.

A propósito, ¿qué creen ustedes que seguiría a la caída de la Revolución Bolivariana en Venezuela? ¿Un gobierno como el de Carlos Alvarado? De ninguna manera. La reacción espera poder desplegar todo su poder criminal para acabar con el chavismo desde sus raíces. Esa oposición ya ha dado muestras de ellos. Será Una Comuna de París II, un nuevo Chile de Pinochet. No cabe duda. Poor esa razón, además de muchas otras, hay que cerrarle el paso a la oposición venezolana (debería decirse antivenezolana) a la que de manera tan tierna le pide afiliación el candidato del Frente Amplio. Es por defender las reformas económicas y sociales de dos décadas, pero también para defender los derechos humanos de los luchados sociales, de los patriotas.

La historia muestra que, una vez conquistado el poder en 1917, se estableció un régimen de libertades públicas como nunca se habían visto en Rusia. Pero de nuevo sobre la joven república de los sóviets cayó la agresión oligárquica nacional de internacional. Catorce ejércitos extranjeros y una poderosa unidad de fuerzas antisoviéticas sumieron al país en una espiral de muerte y destrucción que duró hasta 1923.

Diez años más tarde (durante los cuales la joven república tuvo que enfrentar la agresión japonesa) Hitler toma el poder en Alemania, dando origen a una nueva etapa de amenazas, sabotaje, espionaje y preparación de la población y el aparato militar para la guerra de defensa.

La guerra terminó en 1945 con una Rusia diezmada, destruida económicamente y con 20 millones de personas, sobre todo jóvenes, menos.

Durante todo ese periodo, desde 1917 hasta 1945, se constituyó en la Rusia Soviética el gobierno más democrático y participativo de la historia. Pero demás está decir que en esas condiciones de guerra extrema exigir una mayor democrática era pedir demasiado. Las libertades ciudadanas se vieron mermadas en todos los países y, como mucha más razón, en una nación tan agredida como la joven república soviética. Pero esa restricción afectó en primer lugar a los enemigos de la revolución. Las clases populares disfrutaron siempre de más libertades que las que tuvieron nunca antes en la historia, bajo el poder de los oligarcas y el zarismo. Y ello en un contexto de grandes avances sociales, de la conquista de derechos de que no disfrutan ni disfrutan hoy los trabajadores de otras partes del mundo.

Pero esa restricción de las libertades públicas fue sobre todo la tónica de los países de Europa y América. ¿Tendré que recordarles a los olvidadizos que “gobiernos democráticos” no existieron en Europa sino hasta bien entrado el siglo XX y gracias, en inmensa parte, el impacto producido por la Revolución bolchevique de 1917? ¿Habrá que recordar que la revolución “americana” tardó dos siglos para instaurar algo parecido a los derechos de la minoría afrodescendiente, que en ese país la esclavitud de los negros, o formas parecidas a ella, pervivieron cien años después del triunfo de Abrahan Lincoln en la guerra de secesión de 1865?

La “democracia”, entendida como el régimen de sufragio y libertades públicas, esa que defiende como prototipo de gobierno ideal para todo el mundo, esa democracia abstracta y formal, asomó sus orejas en algunos países a finales del siglo XIX, pero tampoco duró mucho en Europa. En 1942, el Reino Unido y la Unión Soviética eran las dos únicas naciones libres del nazismo. Con Hitler se alineaban, más o menos claramente, más o menos voluntariamente, todas las demás. Y ese bloque del terror nazi, que no era otra cosa que el régimen del terror de los grandes capitalistas europeos, se había apoderado en primer lugar de Alemania, la nación más rica y poderosa del continente, y había ungido a su caravana a las dos Francias, la ocupada y la de Vichy, a Italia, España y Portugal, a Hungría y Austria, a los Balcanes, Bulgaria y Rumanía, a Grecia y a Finlandia, los Países Bajos, Bélgica, Noruega y otros, que ya es mucho citar. Esa es la democracia con que amenazan. Mucho tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial las dictaduras pululaban todavía en Europa. Bajo regímenes autoritarios (como suele decirse de manera apologética) se mantuvieron por muchos años Portugal, España, Grecia. La misma Alemania occidental sufría de un régimen fuertemente restrictivo. Ni qué decir en Estados Unidos y en casi todo el resto del continente.

Verdades muy simples, elementales, dirán ustedes, y yo coincidiré con los que lo piensan o lo dicen, pero es que pareciera que la madurez política en nuestro país se mantiene todavía a ese nivel, es decir, en pañales.

Y esa es una de las enseñanzas socialismo y consiste en constatar que los derechos democráticos siempre se ven afectados por las agresiones tanto internas como externas. Así ha sucedido siempre. Y es que las revoluciones tienen la obligación de defenderse. Muchos sueñan con mayor libertad de prensa en Cuba, pero no se paran a pensar en que la más mínima apertura de la legislación en este sentido permitiría que la isla se convirtiera en un altavoz de las grandes cadenas de radio, televisión, libros y periódicos. Porque a propaganda en esta materia no es neutral, sino que está inserta en un estado de guerra que esta pequeña nación sufre desde hace 70 años. Cuba tiene una pesadísima espada de Damocles sobre su cabeza, la más grande y pesada del mundo, y cualquier persona sensata y responsable comprende que muy mal haría en descuidarse, en no defenderse.

Como decía un comentarista del diario El Siglo del Partido Comunista de Chile: “Llamar dictadura a Cuba no es un análisis. Es una consigna. Y como toda consigna, sirve más para clausurar el debate que para comprender la realidad. Quienes desde la izquierda repiten ese rótulo sin cuestionar el contexto, el bloqueo y la violencia estructural que pesa sobre la isla, no están ampliando la defensa de los derechos humanos. Están, una vez más, alineándose con el relato del poder hegemónico. (Adrián Prieto, 27 de febrero de 2026).