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Autor: María José Ferlini Cartín

El negocio de la fe: radiografía de la «simonía política» en Costa Rica

Por: Luis A. Monge

Entre las somnolencias matutinas de un despertar tempranero, me asaltó sin previo aviso, con alevosía y clara premeditación, una palabra: “simonía”. El término nos remite a Simón el Mago, aquel personaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles que ofreció dinero para comprar los poderes espirituales que Pedro y Juan habían recibido del maestro. Poniéndole mente al asunto, resulta evidente que este concepto antiguo ha cobrado una vigencia abrasadora en el centro del debate político y social costarricense; una verdadera papa caliente que quema las manos. Históricamente definida como la compraventa de lo sagrado, esta práctica se ha tropicalizado en nuestro terruño, dinamizando un millonario negocio de favores, prebendas y manipulación de la fe con fines estrictamente electorales.

La instrumentalización de las congregaciones como plataformas de campaña y el trueque de cuotas de poder por votos demuestran que las fronteras entre la Iglesia y el Estado atraviesan una de sus mayores crisis, revolviéndose y diluyéndose mutuamente ante nuestros ojos como un fresco de sirope, en clara contraposición a la conocida frase “Dad, pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”.

Los Pilares del Fenómeno

La Fe como Mercancía

A través de corrientes corporativas como la «Teología de la Prosperidad», ciertas estructuras religiosas movilizan y coaccionan a sus fieles bajo promesas de influencia gubernamental, beneficios económicos y privilegios. De este modo, transforman el fervor espiritual en una bandera utilitaria y en un señuelo para el intercambio político.

El Factor Fabricio Alvarado

El líder de Nueva República, históricamente el rostro más visible del neopentecostalismo político en el país y quien en su momento rozó la presidencia de la República, enfrenta hoy un escenario de severa decadencia. Tras perder su inmunidad parlamentaria, el Ministerio Público lo investiga formalmente por graves denuncias de presuntos delitos sexuales y hostigamiento. El reciente archivo de su expediente ético en el Congreso ha desatado una ola de indignación en colectivos feministas y organizaciones sociales, quienes acusan impunidad y un evidente «compadrazgo» de protección cruzada con la bancada oficialista subordinada al chavismo.

El Pacto de «Pueblo Soberano» bajo la Lupa del TSE

La mezcla pegajosa entre religión y política alcanzó de forma directa al partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) —plataforma que llevó a la presidencia a Laura Fernández—. La agrupación se encuentra bajo el escrutinio público tras revelarse un pacto político-religioso con el Foro Mi País (una organización ultraconservadora de pastores evangélicos) para asegurar el endoso de su caudal electoral. Este acuerdo incluyó la distribución de panfletos dentro de los templos, donde se instruía explícitamente a los feligreses a votar por el PPSO a cambio de asegurar cuotas de poder y representación en el gabinete. El hecho provocó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abriera una investigación de oficio por el presunto uso de la religión como mecanismo de coacción del voto.

Impacto y Metástasis en el Estado Costarricense

El avance de esta agenda conservadora y negociadora está provocando una metástasis profunda en el modelo democrático del país, profundizándose en cuatro áreas críticas:

1. Reconfiguración del Contrato Social

La agenda dogmática impulsa un enfoque restrictivo de «Familia Tradicional» con el fin de blindarlo legalmente frente a las realidades plurales del país. Esto marcha de la mano con una contrarreforma educativa que pretende desmantelar los programas de educación afectivo-sexual del Ministerio de Educación Pública (MEP), bajo la narrativa instrumental de combatir la «ideología de género».

2. Parálisis en la Política Pública

Los efectos se palpan en el freno sistemático a los derechos de salud pública y reproductiva (como el boicot a la norma técnica del aborto terapéutico). Existe, además, el riesgo latente de tercerizar la asistencia social a través de ONGs confesionales, lo que terminaría condicionando la ayuda estatal a la afinidad moral del beneficiario. En el plano legislativo, la dinámica corre el riesgo de tornarse en una actividad puramente transaccional, supeditando proyectos de desarrollo económico o fiscal a cambio de concesiones en la agenda de moralidad obligatoria.

3. Tensiones e Implosión Institucional

El aparato democrático sufre el debilitamiento del Estado laico por la vía de los hechos. Aunque la reforma constitucional formal sigue estancada, la entrega de cuotas de poder en ministerios estratégicos y entidades clave (Educación, Salud, INAMU o el PANI) opera una confesionalización de echo de las instituciones. Además, la saturación y los ataques sistemáticos dirigidos al TSE por fiscalizar los templos, sumados a la erosión de los comités de ética en la Asamblea, envían un peligroso mensaje: el músculo político y el populismo se imponen a rajatabla por encima de la justicia.

4. Retroceso en Derechos Humanos

Este fenómeno impacta directamente a las poblaciones más vulnerables. Se evidencian intentos normativos por revertir las conquistas de la población LGBTIQ+ (como el matrimonio civil igualitario) y un bloqueo sistemático a la legislación contra las llamadas «terapias de conversión». Paralelamente, el desmantelamiento institucional de género y la laxitud ante las denuncias de violencia machista en las altas esferas del poder precarizan la protección de las mujeres, erosionando el imaginario colectivo mediante una retórica de polarización y exclusión social.

Corte Plena defiende al Poder Judicial y responde al Ejecutivo

En la sesión de este lunes 6 de julio, la Corte Plena aprobó, por unanimidad, emitir el siguiente pronunciamiento en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la República en la conferencia de prensa del pasado miércoles 1 de julio:

Pronunciamiento de Corte Plena

La Corte Plena rechaza categóricamente las manifestaciones de la señora presidenta de la República respecto de una infiltración “hasta el tuétano” del crimen organizado en el Poder Judicial. En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado.

El Poder Judicial está conformada por más de 13.800 personas funcionarias que trabajan diariamente al servicio del país, con compromiso, responsabilidad y apego a los principios que rigen la administración de justicia.

Instamos a la señora mandataria a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la absoluta seguridad de que la institución hará la investigación correspondiente.

Reiteramos que en el Poder Judicial existe cero tolerancia a la corrupción y que nos mantendremos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular que se presente dentro de la institución.

6 de julio de 2026

Contraloría sostiene que recorte presupuestario comprometería la fiscalización y propone alternativas al Gobierno

La Contraloría General de la República (CGR) respondió oficialmente a la solicitud del Ministerio de Hacienda de reducir en un 5% su presupuesto vigente y ajustar en la misma proporción el límite máximo de gasto para 2027, advirtiendo que una medida de ese tipo comprometería seriamente su capacidad de cumplir las funciones constitucionales de fiscalización que le corresponden.

En un oficio dirigido al ministro de Hacienda, la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, sostiene que la institución ha mantenido durante años una política de austeridad y disciplina fiscal, con presupuestos ajustados a los requerimientos esenciales de funcionamiento y niveles de ejecución cercanos al 98%, reconocidos por el propio Ministerio de Hacienda en sus evaluaciones y mediante comunicación del Viceministerio de Egresos.

Según la Contraloría, el comportamiento histórico evidencia que mientras el Presupuesto de la República creció un 57% durante la última década, el presupuesto de la institución aumentó apenas un 1,91%, pese a que el número de entidades, recursos públicos y obligaciones sujetas a fiscalización ha continuado incrementándose. Incluso señala que el límite presupuestario fijado para 2027 resulta inferior al presupuesto inicial aprobado para 2015.

La institución afirma que la reducción solicitada por Hacienda equivaldría a ₡1.055 millones, monto que, dadas las características de su presupuesto —del cual alrededor del 90% corresponde a remuneraciones—, provocaría en la práctica un «cierre técnico» de la institución e impediría atender nuevas obligaciones legales, entre ellas las derivadas de la reciente ampliación de competencias relacionadas con la fiscalización de declaraciones juradas.

Como parte de su argumentación, la Contraloría destaca que desde hace varios años eliminó partidas consideradas prescindibles, entre ellas consultorías, publicidad y propaganda, actividades protocolarias y sociales, gastos de representación y, desde 2021, viajes y transporte al exterior. Asimismo, recuerda que la implementación del salario global desde 2007 ha significado ahorros acumulados superiores a ₡30.000 millones para las finanzas públicas. Estos elementos también son sintetizados en la infografía divulgada por la institución.

Aun así, informa que, en un esfuerzo por contribuir a la contención del gasto público, identificó ₡100,3 millones susceptibles de rebajarse del presupuesto de 2026 sin afectar la operación institucional, monto muy inferior al recorte solicitado por el Ministerio de Hacienda. El detalle de esas rebajas se detalla en un anexo remitido junto con el oficio.

En lugar de aplicar una reducción que considera materialmente inviable, la Contraloría plantea alternativas que, a su juicio, permitirían generar ahorros muy superiores para las finanzas públicas.

Entre ellas menciona una mejor gestión del nivel de liquidez del Fondo General del Gobierno, señalando que mantener recursos ociosos tendría un costo estimado de al menos ₡40.000 millones en intereses durante el segundo semestre. Asimismo, propone acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público, conforme a la Ley N° 10495, medida que estima permitiría generar ahorros adicionales en el pago de intereses. También señala oportunidades de mejora en materia de recaudación tributaria, gestión de la deuda pública, seguimiento del gasto y conclusión del proyecto Hacienda Digital.

La institución sostiene que estas alternativas contribuirían a enfrentar la coyuntura fiscal sin debilitar la capacidad operativa de los órganos responsables de la fiscalización superior del Estado.

La Contraloría concluye reiterando su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones para fortalecer las finanzas públicas, pero sostiene que dichas medidas no deberían traducirse en recortes que limiten el cumplimiento de las funciones constitucionales de control y fiscalización que ejerce en beneficio de la ciudadanía.

Dos niños bonaerenses se clasifican a la final nacional de paratletismo

Por Uriel Rojas

✅La final será este 21 de julio en Siquirres, Limón.

Dos niños de la Escuela de Santa Cruz de Buenos Aires, Puntarenas, se clasificaron el pasado 10 de junio del año en curso para la Gran Final Nacional de Paratletismo Escolar que se llevará a cabo en Siquirres, Limón, el próximo 21 de julio.

Ambos estudiantes cursan el quinto año en este centro educativo, tienen 10 años de edad y con Diagnóstico de Síndrome de Down.

Los clasificados son: Jordany Kaleth Ramírez Benítez y Jordan José Vargas Ortíz.

Dicha clasificación la disputaron ante representantes de la Dirección Regional de Coto y Pérez Zeledón.

Ambos atletas son reconocidos por ser niños ordenados, sociables, nobles y enfocados en sus tareas académicas y deportivas.

Kaleth se clasificó en los 50 metros planos y a pesar de su diagnóstico, su madre, Sonia Benítez Bonilla lo define como un niño guerrero, que a pesar de su corta edad, ha superado múltiples dificultades de salud.

Por su parte, Jordan se clasificó en los 200 metros planos e Impulso de bala y actualmente ostenta el título de actual Campeón Nacional de Paratletismo Escolar en los 200 metros planos.

En esta edición competirá tanto en la pista como en el campo, en la disciplina de Impulso de bala.

Su madre, Marina Ortíz Morales lo define como un niño de carácter pasivo y reservado, que disfruta jugar al fútbol y estar con sus peluches.

Ambos estudiantes – atletas han recibido el respaldo incondicional de su profesora de Física, Aura Sequeira quien junto a los demás docentes se sienten muy orgullosos del logro alcanzado por ambos finalistas.

La Escuela Santa Cruz, pertenece a la Dirección Regional de Educación de Grande de Térraba (DREGT), está ubicada en Buenos Aires de Puntarenas y actualmente es encabezada por su director el MSc. José Lázaro Ortiz.

Nota: El uso de las fotografías de los atletas cuenta con el consentimiento de sus padres y la institución educativa.

La madre naturaleza

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Óscar Ávila

La madre naturaleza es implacable cuando los humanos, u otros agentes externos, no respetamos sus equilibrios establecidos. Desde los tiempos antiguos se dieron diluvios o grandes inundaciones, seguidas de fuertes sequías que la inteligencia humana no lograba explicar.

Por siglos se creyó que había una fuerza extraterrestre que intervenía para castigar a la humanidad por los daños causados por otros grupos sociales. Así, utilizamos el miedo para influir en las creencias filosóficas y religiosas de otros, a manera de instaurar fuertes controversias hasta crear grandes instituciones que llegarán a concentrar poderes casi absolutos, los que llegaron a constituir verdades incuestionables y divinas ante el conocimiento humano.

No obstante, a medida que la inteligencia humana investiga y va descubriendo las causas de cada fenómeno, se da por enterado de que no hay nada divino ni mágico en los hechos ocurridos. Que mucho de lo acontecido y, no todo, pero gran parte, son resultado de las actividades humanas.

Después de muchos años o siglos, sabemos que nuestro planeta Tierra no gira alrededor del sol de manera circular, sino elíptica.

Desde luego, racionalizamos y diferenciamos entre lo efectuado por las grandes mayorías y las minorías, estas, normalmente, privilegiadas.

Carta abierta al Ministro de Cultura

Los Premios Nacionales, la trazabilidad y una denuncia que no se acogió

Señor Jorge Rodríguez Vives

Ministro de Cultura y Juventud

Estimado Señor Ministro,

Quien suscribe, Paola Valverde Alier, con todo respeto, expongo:

Todavía recuerdo aquella mañana del 5 de febrero de 2025, un día después del anuncio de los Premios Nacionales de Cultura, correspondientes a la evaluación de las obras del 2024, cuando, por casualidad, junto a mi esposo, el escritor Dennis Ávila, lo encontramos a usted, feliz, presenciando el ensayo de una agrupación artística en el Ministerio de Cultura. Ambos nos acercamos para saludarlo y, gracias a su amabilidad, aproveché para comentarle las irregularidades que habían rodeado el proceso. Le conté que, apenas unos minutos después de publicar en mi perfil de Facebook un mensaje en el que felicitaba a las personas ganadoras, pero cuestionaba la ética del jurado (debido a la filtración indiscriminada de los resultados semanas antes de la premiación), recibí siete audios enviados por una integrante de dicho jurado.

Usted me escuchó. Y yo se lo agradecí.

En esos audios se describían situaciones que revelaban la opacidad del proceso. Entre ellas, la afirmación de que el premio iba a ser compartido conmigo, “pero no se pudo», y que mi libro había recibido una mención de honor.

Ese año las menciones de honor fueron eliminadas. Y, para ser sincera, ese reconocimiento nunca fue lo importante para mí. En 2015 recibí una mención de honor en un país donde, desde 1962, apenas trece mujeres han sido reconocidas con el Premio Aquileo J. Echeverría en Poesía, frente a más de cincuenta hombres. Entonces, lo que buscaba no era un diploma, sino comprender si el proceso había sido transparente.

Después de hablar con usted acudí a tres oficinas distintas del Ministerio para solicitar las actas del jurado. Quería saber si dicho jurado decía la verdad o no. Todavía sigo esperando respuesta al correo electrónico mediante el cual formalicé esa solicitud. En aquel momento debí citar el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica, que ampara a los costarricenses a obtener información de carácter público.

Yo tenía un desánimo muy grande. Me preocupó escuchar a esa integrante del jurado afirmar que el desorden provenía del propio Ministerio de Cultura y Juventud. Según relató, a ella le llegaron en una misma caja dos libros de un mismo autor, lo que implicaba que otra persona integrante del jurado no había recibido, al menos en un caso, uno de esos libros para evaluar. Lo contó con la ligereza de quien comenta la calidad de una fruta en una feria del agricultor.

Usted comprenderá, Señor Ministro, que para quienes hemos dedicado la vida a la literatura y a la gestión cultural esto es serio. Lo que para algunos puede parecer un trámite administrativo para otros significa años de formación, trabajo y disciplina. Usted es artista, sabe a qué me refiero.

Dicho jurado me habló de otras irregularidades, incluso de conversaciones que ella mantenía con su esposo sobre las obras en competencia, quien, según lo que relató en los audios, le ayudó a leer y enjuiciar los libros de cada participante. Es probable que usted haya conocido ese material, porque los siete audios fueron protocolizados ante notario público y aportados como prueba al recurso de nulidad presentado por el escritor y abogado José María Zonta.

Ese recurso no se sustentaba únicamente en esos audios. También incorporaba documentos oficiales y desarrollaba dieciséis motivos de nulidad. Su Despacho respondió mediante un oficio de apenas dos páginas, sin abrir un procedimiento administrativo para investigar los hechos y sin desarrollar la motivación del acto administrativo y sin analizar cada uno de los argumentos planteados.

El miércoles 1 de julio, Señor Ministro, lo escuché comparecer ante la Asamblea Legislativa para presentar la reforma a la Ley de Premios Nacionales. Usted habló de filtraciones. Habló1 de transparencia. Habló de libros que concursaban una y otra vez hasta obtener un premio, cambiando de portada o de casa editorial.

No pude evitar pensar que muchas de esas anomalías ya estaban contenidas en el recurso de nulidad2 presentado por José María Zonta. Me satisface comprobar que, al menos en esos aspectos, aquellas advertencias terminaron encontrando eco en la reforma que hoy impulsa el Ministerio.

Pero Señor Ministro: los reglamentos existen. El problema no fue la ausencia de reglas. El reglamento actual de los Premios Nacionales establece requisitos claros para la conformación de los jurados, para el desarrollo del proceso y para la valoración de las obras. El problema también es quién fiscaliza el cumplimiento de esas reglas.

El 11 de junio del 2026 fui invitada a una mesa de diálogo3 en el Centro Cultural de España, como parte del ciclo El Nuevo (Des) Orden Literario, sobre las tensiones en el campo literario costarricense. Para prepararla decidí revisar los expedientes de los Premios Nacionales de 2022, 2023 y 2025. Lo hice porque quería ofrecer una visión coherente y comparativa seria, respecto al proceso del 2024. Y mientras más documentos solicitaba, más preguntas aparecían. Descubrí que el Ministerio no conserva los registros audiovisuales correspondientes al año 2023, a pesar de ser una exigencia de la Ley General de Administración Pública. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. También recibí una respuesta oficial del SINABI indicando que los currículos de las personas que integraron los jurados de 2022 y 2023 no integran el acervo institucional, imposibilitando verificar posteriormente si cumplían con los requisitos reglamentarios.

De todo el material, hubo un hallazgo que me pareció anómalo.4 Al solicitar el listado de obras postuladas al Premio Aquileo J. Echeverría 2023 comprobé que ese mismo documento fue entregado de manera distinta al menos a otra persona que lo solicitó. Una copia conservaba visibles las anotaciones de los criterios de exclusión. La copia que recibí tenía esas mismas anotaciones cubiertas con tachones negros (Ver imágenes al final).

Hablo del mismo documento público distribuido en versiones diferentes, según quien lo pida. Desconozco el criterio de ocultación de esa información en una copia y en otra. Un documento público no puede ser modificado dependiendo de a quien se le entregue.

La transparencia, Señor Ministro, exige consistencia. Como documento público debió de ser entregado a quien lo solicitara en igualdad de condiciones.

Durante su comparecencia usted explicó que la reforma incorporará el ISBN como requisito para participar en la categoría de literatura. Señaló que ello permitirá dar trazabilidad a las obras y evitar que un mismo libro participe reiteradamente cambiando únicamente su portada. Celebro dicho propósito, pero creo que aquí conviene hacer una precisión técnica: el ISBN no identifica una obra, no constituye un diferenciador permanente de la obra intelectual.

Una misma novela puede tener un ISBN costarricense, otro español, otro argentino y otro mexicano, sin dejar de ser exactamente la misma obra.

Eso fue lo que ocurrió con la novela Donde Nadie del autor Carlos Villalobos, premiada en 20245. Dicha novela fue publicada primero en España con un ISBN otorgado a esa edición. Posteriormente fue publicada en Costa Rica por otra editorial con un ISBN completamente distinto. Ambos libros indicaban en su ficha catalográfica que eran “primera edición”. Siendo la del 2024 una “segunda edición”. Además, existen las dos boletas de postulación: una de 2023, donde el libro no fue premiado, y otra de 2024 donde obtuvo el galardón.

Me pregunto si el verdadero desafío consiste en incorporar ese número como requisito o en definir, con claridad, qué pretende controlar la ley. Porque el ISBN no basta por sí solo para identificar la historia completa de una obra.

Hay otro aspecto de la reforma que también me genera inquietud. Durante su comparecencia se planteó la posibilidad de convertir en jurados a las personas ganadoras de los Premios Nacionales. Comprendo la intención de aprovechar su experiencia y reconozco que muchas de ellas tienen una trayectoria impecable. Sin embargo, en un campo cultural tan pequeño como el costarricense, donde escritores, editores, gestores, docentes y jurados compartimos constantemente los mismos espacios, cualquier medida que amplíe las posibilidades de conflictos de interés merece ser analizada con cuidado. No se trata de cuestionar la honorabilidad de quienes han recibido un premio. Se trata de que las reglas de incompatibilidad, recusación y transparencia sean lo suficientemente claras como para proteger tanto a las instituciones como a quienes participan en los procesos.

Coincido con usted en algo fundamental, Señor Ministro, la calidad, la rigurosidad, la independencia y el prestigio de los jurados terminan transmitiendo, también, al prestigio de quienes reciben el premio. Precisamente por eso los jurados deben ser seleccionados con criterios objetivos y reglas claras para prevenir conflictos de interés.

Actualmente existe un Reglamento y es claro en ese punto.

También quisiera preguntarle por el proceso mediante el cual se construyó esta reforma. Participé en la primera mesa consultiva convocada por el Ministerio. Estuve sentada frente a usted y recuerdo que manifestó estar de acuerdo con los planteamientos presentados por el Movimiento Transparencia, que sostuvo la denuncia pública, firmada por dieciséis autores costarricenses.

Salí de aquella reunión convencida de que iniciaríamos un proceso amplio de diálogo con el sector cultural. Sin embargo, nunca recibí un correo de seguimiento, nunca recibí una llamada, nunca fui convocada nuevamente. Por eso quisiera preguntarle: ¿hubo una segunda o una tercera mesa de trabajo con el sector cultural? ¿Se volvió a consultar a quienes participamos en aquella primera reunión? ¿O el proyecto continuó sin ese diálogo?

Señor Ministro, a lo largo de estos años también le he reconocido públicamente los aciertos de su gestión. Le he agradecido su apertura al diálogo y la disposición para escuchar las preocupaciones del sector cultural. Precisamente por ese reconocimiento, y como creo que todavía estamos a tiempo de fortalecer nuestras instituciones, me permito hacerle una última petición: que el Ministerio de Cultura y Juventud abra un proceso administrativo para investigar los dieciséis motivos de nulidad documentados en el recurso presentado contra los Premios Nacionales 2024.6

Hace apenas unos días, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia7 dio un ejemplo importante para la institucionalidad cultural costarricense. Tras un procedimiento administrativo, anuló un premio literario al concluir que existió plagio y dejó sin efecto la publicación de la obra ganadora. La EUNED demostró que una institución pública puede revisar sus propias fallas.

Las instituciones se fortalecen cuando rinden cuentas a la ciudadanía.

Esta reforma representa una oportunidad histórica para modernizar el sistema de Premios Nacionales de Cultura, pero también puede convertirse en la oportunidad de demostrar que la transparencia no solo mira hacia el futuro, sino que también tiene la valentía de revisar el pasado cuando existen hechos documentados que merecen ser investigados mediante el debido proceso.

Paola Valverde Alier

Poeta y gestora cultural

4 Incluir las muestras en anexo

Panel analizará el enriquecimiento ambiental como estrategia para mejorar la salud mental

El programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, invita a participar en un nuevo panel titulado «Enriquecimiento ambiental como estrategia para mejorar la salud mental», un espacio dedicado a reflexionar sobre los aportes de distintas disciplinas para comprender y fortalecer la salud mental desde una perspectiva integral.

La actividad se realizará en vivo el viernes 3 de julio de 2026, a las 6:00 p.m. (UTC-6), y será transmitida a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.

Panelistas invitados

El panel contará con la participación de dos especialistas provenientes de las ciencias biológicas y de la salud.

Participará Andrey Sequeira Cordero, Ph.D. en Biología, investigador y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), especializado en genética humana, neurobiología del estrés y las bases biológicas de los trastornos.

También estará presente Jenny Vásquez Vásquez, enfermera y obstetra de la Universidad de Costa Rica, terapeuta holística y sexóloga en consulta privada.

El diálogo buscará abordar cómo el enriquecimiento ambiental puede contribuir al bienestar psicológico y emocional, integrando conocimientos provenientes de la biología, la salud, la neurociencia y la experiencia clínica.

Transmisión y emisoras aliadas

Además de las plataformas digitales del programa, la actividad cuenta con el respaldo de diversas emisoras comunitarias y culturales:

  • Guanacaste 106.1 FM.

  • Radio Soberanía.

  • Radio Revolución.

  • 506 Ondas Alajuelita.

  • Voces Libertarias 97.3 FM.

Las personas organizadoras invitan al público a seguir esta conversación y participar en un espacio de reflexión sobre alternativas para promover la salud mental desde enfoques interdisciplinarios y preventivos.

Educación crítica y formación democrática en Costa Rica: crisis educativa, complejidad y horizonte de futuro

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

¿Qué ocurre cuando una sociedad deja de saber para qué educa? Mi tesis es simple: la crisis educativa costarricense no es solo una crisis pedagógica; es una crisis democrática. Lo voy a evidenciar con lo que a continuación les voy a compartir:

La educación costarricense atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Los informes del Estado de la Educación muestran un deterioro sostenido en los aprendizajes, una disminución de la inversión pública, crecientes desigualdades y dificultades para responder a los desafíos contemporáneos.

Sin embargo, reducir esta situación a un problema de financiamiento, gestión o rendimiento académico sería insuficiente. La crisis educativa costarricense plantea preguntas más profundas acerca de la relación entre educación, democracia, ciudadanía y proyecto de sociedad.

Durante buena parte del siglo XX, la educación pública ocupó un lugar central en la construcción del Estado social costarricense. No solo se concebía como un mecanismo de movilidad social, sino también como una institución encargada de formar ciudadanos para la vida democrática. Obras como *La educación, fragua de nuestra democracia* reflejan esa convicción histórica.

La pregunta que hoy emerge es si ese horizonte continúa vigente y, de no ser así, cuál lo ha sustituido.

La crisis educativa como fenómeno histórico

En este sentido, el deterioro educativo no puede comprenderse únicamente desde la coyuntura reciente. Desde la década de 1980, los programas de ajuste estructural, la reconfiguración del papel del Estado y la expansión de nuevas racionalidades económicas modificaron progresivamente las prioridades de las políticas públicas.

Desde esta perspectiva, autores como Pierre Bourdieu, Michael Apple y Henry Giroux permiten analizar la educación como un espacio atravesado por relaciones de poder, disputas culturales y mecanismos de reproducción social.

No obstante, limitar el análisis a la reproducción ideológica sería insuficiente. La educación también constituye un espacio de producción cultural, construcción democrática y transformación social.

Más allá de la reproducción: la pregunta por la formación humana

La crisis actual, entonces, no se manifiesta únicamente en indicadores educativos. También aparece en ámbitos profesionales concretos.

Las dificultades observadas en múltiples campos del ejercicio profesional, incluyendo el debate generado por los resultados recientes del examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas, obligan a preguntarnos por la calidad de los procesos formativos y por la relación entre los aprendizajes adquiridos y las competencias requeridas en contextos cada vez más complejos.

Esto permite formular una constatación inquietante.

Por una parte, la educación parece estar debilitando su función democrática al formar ciudadanos con menores herramientas para la deliberación crítica, la comprensión histórica y la participación informada.

Por otra, tampoco parece estar alcanzando plenamente los objetivos instrumentales que justifican muchas de las reformas impulsadas durante las últimas décadas.

La educación estaría fallando simultáneamente en la formación ciudadana y en la formación profesional.

La revolución tecnológica y la emergencia de una nueva cuestión educativa

La irrupción de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y la denominada cuarta revolución industrial ha transformado profundamente las condiciones de producción, circulación y validación del conocimiento.

Paradójicamente, cuanto más abundante se vuelve la información, más importantes resultan capacidades tradicionalmente asociadas a la formación humanística:

  • pensamiento crítico;

  • comprensión contextual;

  • juicio ético;

  • creatividad;

  • comunicación;

  • trabajo colaborativo;

  • comprensión de la complejidad.

La pregunta educativa deja entonces de ser exclusivamente qué conocimientos transmitir y pasa a ser qué capacidades necesitan las personas para orientarse en un mundo caracterizado por la incertidumbre y la sobreabundancia de información.

Edgar Morin y la educación para la complejidad

Las reflexiones de Edgar Morin resultan especialmente relevantes para comprender este escenario.

Los desafíos contemporáneos no pueden abordarse desde visiones fragmentadas del conocimiento. Problemas como la crisis ambiental, la transformación tecnológica, la desigualdad social o el debilitamiento democrático exigen formas de pensamiento capaces de articular dimensiones múltiples y reconocer la complejidad de los fenómenos humanos.

La educación aparece entonces como una práctica destinada no solo a transmitir información o desarrollar competencias laborales, sino a formar sujetos capaces de comprender el mundo que habitan y actuar responsablemente dentro de él.

La cuestión curricular como cuestión democrática

Toda propuesta educativa responde, explícita o implícitamente, a una pregunta fundamental:

¿Qué tipo de ser humano queremos formar?

Y detrás de esa pregunta existe otra aún más profunda:

¿Para qué tipo de sociedad?

Durante gran parte del siglo XX costarricense existió una relativa claridad respecto de estas interrogantes. La educación estaba vinculada a un proyecto nacional que articulaba ciudadanía, democracia, movilidad social y desarrollo.

En la actualidad, ese horizonte parece mucho más difuso.

Las discusiones sobre currículo, evaluación, tecnologías o competencias suelen desarrollarse sin una reflexión suficientemente profunda acerca del proyecto de sociedad que las orienta.

Sin embargo, la formación democrática exige algo más que la transmisión de conocimientos sobre instituciones políticas o derechos ciudadanos. Implica también desarrollar la capacidad de identificar críticamente las formas, muchas veces invisibles, mediante las cuales operan las relaciones de poder en la vida social.

Una experiencia vinculada a la organización de este mismo foro resulta ilustrativa. Diversas observaciones realizadas en redes sociales señalaron la ausencia de mujeres en la composición del panel. La observación es pertinente y merece ser tomada con seriedad. Lo relevante, sin embargo, no es únicamente la ausencia en sí misma, sino el hecho de que esta hubiera pasado inadvertida durante el proceso de organización, incluso entre personas comprometidas con los valores democráticos, los derechos humanos y la reflexión crítica.

Lejos de constituir una situación excepcional, este episodio confirma una de las principales tesis desarrolladas por Pierre Bourdieu (2000) acerca de la dominación masculina y los mecanismos de violencia simbólica: las estructuras sociales más eficaces son precisamente aquellas que logran naturalizarse hasta hacerse invisibles para quienes participan de ellas. El problema no radica necesariamente en decisiones conscientes de exclusión, sino en la forma en que determinados esquemas de percepción, reconocimiento y legitimación se incorporan a la vida cotidiana y terminan orientando nuestras prácticas sin que siempre seamos plenamente conscientes de ello.

Desde otra perspectiva, Sandra Harding (1991) sostiene que todo conocimiento se encuentra situado histórica y socialmente, y que la diversidad de experiencias amplía las posibilidades de comprensión de la realidad. En este sentido, la presencia de voces diversas no constituye únicamente una cuestión de representación, sino también una condición para enriquecer los procesos de deliberación y producción de conocimiento.

Del mismo modo, Iris Marion Young (1990) advirtió que muchas formas de exclusión no operan mediante actos explícitos de discriminación, sino a través de mecanismos estructurales que reproducen desigualdades aun cuando nadie tenga la intención consciente de producirlas.

Esta reflexión conduce además a una cuestión más amplia. La diversidad no se agota en la incorporación de una única categoría social. Una democracia plural está compuesta por múltiples experiencias históricas y culturales: mujeres, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, poblaciones migrantes, diversidades sexuales y de género, sectores rurales, juventudes, personas adultas mayores y muchos otros grupos que experimentan la realidad desde posiciones distintas.

Ningún panel académico, institución o espacio deliberativo puede representar plenamente la totalidad de esa diversidad. Como advertía Edgar Morin (1999), toda mirada sobre la realidad es necesariamente parcial, por lo que la conciencia de nuestros propios límites constituye una condición indispensable para el pensamiento complejo.

Precisamente por ello, la tarea democrática no consiste en alcanzar una representación perfecta e imposible, sino en desarrollar la conciencia crítica necesaria para reconocer las ausencias existentes y mantener abiertos los espacios para la incorporación de nuevas voces y perspectivas.

Precisamente por ello, la educación crítica no consiste únicamente en cuestionar las prácticas de los gobiernos, las instituciones o los grupos de poder. También implica examinar permanentemente nuestros propios presupuestos, sesgos y puntos ciegos. La capacidad de someter a crítica nuestras propias prácticas constituye una condición indispensable para la construcción de una cultura democrática genuina.

La crisis educativa podría ser entonces también una manifestación de una crisis más amplia: la dificultad para construir consensos democráticos sobre el futuro colectivo y para desarrollar las herramientas intelectuales que permitan reconocer críticamente las múltiples formas, visibles e invisibles, en que operan las relaciones de poder en nuestras sociedades.

La cuestión no es quién puede hablar en nombre de todos. La cuestión es cómo construir una cultura democrática donde nadie pueda asumir que ya ha escuchado a todos.

Reflexión final

Quizás el problema central no sea únicamente que la educación costarricense esté en crisis.

Quizás la cuestión más profunda sea que aún no hemos definido colectivamente qué tipo de personas necesitamos formar para enfrentar los desafíos éticos, tecnológicos, democráticos y culturales del siglo XXI.

La pregunta ya no es solamente cómo mejorar indicadores educativos, incorporar nuevas tecnologías o aumentar la competitividad económica.

La pregunta es si somos capaces de deliberar democráticamente acerca del horizonte humano que deseamos construir.

Porque toda educación presupone una determinada idea de ser humano y toda sociedad, aun cuando no lo reconozca explícitamente, educa siempre para algún futuro.

La cuestión es si ese futuro será resultado de una decisión colectiva consciente o de la simple acumulación de fuerzas económicas, tecnológicas y políticas que terminen decidiendo por nosotros.

Las reflexiones desarrolladas a lo largo de este encuentro permiten advertir un elemento común que atraviesa problemáticas aparentemente diversas. Las discusiones sobre dignidad humana y pluralismo, la utilización política de las creencias religiosas, la polarización social, el desgaste institucional o las tendencias autoritarias que emergen en distintos contextos latinoamericanos remiten, en última instancia, a una misma pregunta: ¿cómo formamos ciudadanos capaces de convivir democráticamente en sociedades crecientemente complejas y diversas?

Con frecuencia estos fenómenos son analizados únicamente desde la ciencia política, el derecho o la sociología. Sin embargo, también poseen una dimensión profundamente educativa. La manera en que las personas aprenden a relacionarse con quienes piensan diferente, a reconocer la legitimidad del disenso, a evaluar críticamente los discursos de poder, a comprender la importancia de las instituciones democráticas y a ejercer responsablemente sus libertades constituye, en gran medida, el resultado de procesos formativos que se desarrollan dentro y fuera de los sistemas educativos.

Quizás uno de los mayores desafíos contemporáneos consista precisamente en recuperar la dimensión democrática de la educación. No para convertir las aulas en espacios de adoctrinamiento ideológico, sino para fortalecer las capacidades intelectuales y éticas necesarias para la deliberación pública, el pensamiento crítico, el respeto por la diversidad y la participación ciudadana informada.

Desde esta perspectiva, la crisis educativa costarricense no constituye un fenómeno aislado. Forma parte de una discusión más amplia acerca de la calidad de nuestra democracia, de la fortaleza de nuestra cultura cívica y de la capacidad colectiva para construir un proyecto común en medio de profundas diferencias sociales, culturales, religiosas y políticas.

La educación, en consecuencia, no puede ser entendida únicamente como preparación para el mercado laboral o como mecanismo de acumulación de competencias técnicas. También constituye uno de los principales espacios donde una sociedad aprende a ejercer la libertad, a gestionar sus conflictos y a construir democráticamente su futuro.

Mi recuerdo de la Librería Lehmann

Vladimir de la Cruz

El anuncio del cierre de la Librería Lehmann me produjo cierto dolor y nostalgia, de tristeza, de recordar momentos especiales que se remontan a mi infancia, adolescencia, juventud, época de estudiante en general, de buscador de libros en particular y de lector general, como especializado en temas históricos o sociales.

No exagero al señalar que cuando pasaba frente a la Lehman tenía el impulso nato de entrar a mirar los libros, cuando no a comprar, o a husmear que había de novedad. La sola existencia de la Librería Lehmann me producía una sensación de satisfacción. Como la Lehman igual me atraían como imanes las compraventas de libros, de las que sigo siendo asiduo visitante.

Las librerías de Costa Rica de los años cincuenta en adelante son la que recuerdo como emoción “prehistórica”.

Fui lector obligado desde pequeño. Mi madre, Zayda de Lemos Rodríguez, era la lectora oficial de mi niñez. Ella era lectora de oficio, militante de los libros, de literatura nacional, latinoamericana y de autores soviéticos o rusos. Junto con mi padre, Ignacio de la Cruz Martínez, tenían de jóvenes, en la década de los 40 una muy buena biblioteca, como se acostumbraba a tener generalmente, en aquellos años, en las casas. Ambos en aquellos años, jóvenes que pasaban los veinte años, yo nací cuando ellos tenían esa edad en 1946.

Ellos probablemente por su militancia comunista eran ávidos lectores, y estaban relacionados por generación con los mejores escritores de aquellos años, algunos de ellos también militantes comunistas, Adolfo Herrera García, Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles, Arturo Montero, Víctor Manuel Arroyo. Otros de su tiempo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, Arturo Agüero.

Vivimos un tiempo frente a la casa de Carmen Lyra, en la Pensión de mi tía abuela, Celina Martínez, que estaba al frente de su casa. Mi madre me contaba que con frecuencia iban a hablar con ella o a saludarla y que me llevaban “de brazos”, antes de cumplir los dos años, porque el exilio sacó a Carmen Lyra a México, y a mi padre lo llevó a Venezuela, con otros costarricenses como Francisco Fairén, el pintor Manuel de la Cruz González, el profesor universitario de aquellos años, el químico Fernando Chaves Molina. Mi padre en Venezuela se vinculó rápidamente a los círculos literarios y de escritores de Maracaibo, junto con Manuel de la Cruz, de donde admiraba sus “Lacas”, con aquellos colores intensos reflejando el calor de esa zona de los Lagos maracuchos. Así, la biblioteca casera de mis padres era para su época “voluminosa”, a pesar de las estrecheces económicas, que no afectaba para comprar libros. La Biblioteca de mis padres tenía incluso la colección completa del periódico Trabajo, órgano del Partido Comunista de Costa Rica, de rigurosa lectura familiar.

La guerra civil del 48 acabó con la Biblioteca de mis padres. Un día llegaron a confiscarla. Mi tía Enid de Lemos me dio la lista de los “muchachos universitarios”, que llegaron con esa misión informándole que la llevaban donde “el padre Núñez”, como era conocido el sacerdote Benjamín Núñez Vargas, alto dirigente de la Junta de Gobierno de Figueres, en el período de 1948-1949. Allí también se fue la colección de Trabajo. Años después, en la década de 1980, cuando fui Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y el Padre Núñez era Rector, me atreví a manifestarle lo que sabía de la Biblioteca de mis padres, que se la habían llevado a él. Simplemente me respondió: “Sabe, eso dicen de mi Biblioteca”, sin poder saber con certeza si tenía esos libros. Le dije que mi único interés era ver los libros que había en ella, los libros y autores que leían mis padres de jóvenes, si todavía tenía esa biblioteca confiscada. Me quedé con agua en las manos.

Lo importante del caso es que después de la guerra, mi madre empezó de nuevo a formar “su pequeña biblioteca”, como lectora empedernida que era, con el hábito, la costumbre, cuando no vicio de lectora que tenía. A veces leía o estudiaba sus textos de estudio colegial, nocturno o de Universidad, en voz alta. Me decía que ella necesitaba hacerlo así porque tenía “memoria auditiva”. Y en esas lecturas estaba yo oyéndola o cuando de esa forma me leía regularmente, antes de dormir, lo que era obligado. En su vejez, ya pensionada seguía leyendo de seis a ocho horas diarias. Impresionantemente así se entretenía. Me pedía que le facilitara libros, me solicitaba expresamente otros. Algunos que le facilitaba podían no gustarle y me decía: “ese no me gustó, pero lo leí hasta el final”. Así era su disciplina. Cuando la degeneración macular le afectó la vista y con ello la lectura, pasó al audio libro. Era yo el encargado de buscarle los libros, lo que hacía regularmente en la Librería Lehmann. Con estos también a veces me decía: “no me gusta el que lo lee. Cuando me traigas otro fíjate que no tenga ese lector”.

Esas visitas a la Lehman a finales del siglo pasado y principios de éste, me hacían recordar las visitas a la Librería que hacía mi madre a la Lehman, generalmente los sábados por la mañana, a “husmear” libros, a ver qué compraba para leerme o introducirme en la lectura. Recuerdo gráficamente como algunos de esos sábados estaban allí, en la Librería Lehmann, escritores nacionales, y otros escritores y asiduos lectores, donde se reunían informalmente de esa manera. Así conocí a esos escritores, incluso recuerdo levemente a Joaquín García Monge, cuya muerte en 1958 impactó mucho a mi madre por el cariño que le tenía y el buen trato que con él tenía, imagino desde los años 40, junto con mi padre, y en esos años de la década de la postguerra nacional.

Junto a la Librería Lehmann otras de visitas no tan obligadas eran las librerías o imprentas como la de Jaime Tormo, la compraventa El Erial, la Alsina, la Española, la de los Hermanos Trejos, la Librería Universal, la Librería López, la Casa de las Revistas, la Acrópolis, la Diliresa, que estaba ubicada cerca del restaurante Chalet Suizo, restaurante que empecé a visitar con alguna regularidad haciendo un gran sacrificio económico a principios de los años 70s.

Mi madre me introdujo de esa manera en la lectura, leyéndome y llevándome a las librerías, que ella visitaba, y “presentándome” a sus amigos escritores.

Adolescente me aficioné por la colección de estampillas y ligeramente de monedas. Las estampillas me llevaron con frecuencia a la Librería Lehmann porque allí vendían paquetes de estampillas de distintas partes del mundo, paquetes de 50, 100, 500 o más estampillas que cuando tenía el ahorro suficiente así lo invertía. También vendían las pestañitas, de color verde trasparente, que se usaba para pegarlas en álbumes u hojas.

De adolescente, colegial y entrado a la Universidad, en la década del 60, escribía con pluma de tinta. La tinta era verde y la conseguía en la Lehmann. Así la Lehmann formaba parte de mi vida.

Otra lectora influyente en mi vida fue mi abuelita Ofelia Rodríguez Rodríguez, quien había sido discípula del gran pintor Tomás Povedano. Ella de orientaciones filosóficas del rosacrucismo, filosófico y esotérico, buscando siempre la iluminación espiritual, alejada de la práctica religiosa, creyente fervorosa de Dios y de Cristo, pero nada con la Iglesia. En su práctica Rosa Cruz fue militante y me hizo acompañarla a ciertas ceremonias. Su padre, mi bisabuelo Rafael Rodríguez Salas, había sido masón y probablemente influyó en ella, junto con el Maestro Povedano en su acercamiento a estos estudios filosóficos.

En mi adolescencia, mi abuelita, con quien compartí mucho tiempo real, de estancia, de comidas, de conversaciones, finamente, después de almuerzo, ella hacía un ligero descanso, casi una siesta. Me pedía que en esos ratos le leyera libros que ella tenía de Madama Blavatsky, “La doctrina secreta”, “La voz del silencio” y otros textos. Probablemente quería me acercara al rosacrucismo que no me llamaba la atención filosófica. Yo iba por otros caminos, pero me complacía leerle a mi abuelita. En esta dirección filosófica también fueron lectura las obras de Camille Flammarion, otro espiritista, especialmente el libro de “Astronomía Popular”, del cual tenía una linda edición y “Urania”.

No recuerdo donde mi abuelita conseguía sus libros. No me los pedía a mí.

A la biblioteca de mi madre, se sumaron poco a poco los libros que yo iba usando, como lecturas obligatorias de colegio, cuando nos ponían a leer libros completos y no resúmenes, más los que por propia inquietud intelectual iba sumando por mis lecturas de joven, o por las que sugerían mis amigos jóvenes lectores como yo.

Mi período de estudiante colegial viví contiguo a una casa de un periodista, Antonio Zavaleta, y de su esposa Azihadée Estrada, ambos de gran cultura, de lectura obligada y d. Antonio, además, cultor de la música clásica, a la que le dedicaba la tarde de los sábados a su escucha de Radio Universitaria, según recuerdo. Sus hijos grandes amigos míos de juventud. Con Jorge competíamos en lecturas, él de Zane Grey, novelas de vaqueros, yo con Emilio Salgari y con Julio Verne. Eran tiempos de lectura. La Librería Lehmann era el punto obligado para ir a buscar los libros.

Adolescente tuve inquietudes políticas de izquierda, al calor de la Revolución Cuba, de la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, y de mi cercanía, por mi madre, con los dirigentes comunistas nacionales. Así me vinculé muy joven a esta organización y me inscribí en la Juventud Socialista Costarricense, cuyo secretario general era Rodolfo Cerdas Cruz. Con ellos constituimos una generación muy intensa en luchas políticas, compromisos sociales, en ilusiones socialistas. Alfonso Chase y Jorge Debravo, entre otros, se convirtieron en los guías de lecturas. En la Soda San Remo, 75 metros al norte del Edificio de Correos, nos reuníamos con tazas de café a leer poesía, a intercambiar opiniones literarias, de libros y lecturas políticas. Así nos formamos los jóvenes de los 60s, leyendo, discutiendo, intercambiando opiniones, militando en causas políticas y sociales.

Mi casa, la de mi madre, sirvió también para albergar dos bibliotecas muy especiales para mí por la riqueza del contenido de sus libros. La de mi amigo Luis Orlando Corrrales, que por un viaje al extranjero la dejó un tiempo conmigo, y la del esposo de mi tía Enid, Edgar Campos Cabezas, que también por trabajo en el extranjero, la dejó en la casa. Ambas, en distintos momentos, fueron centro intenso de atención, de búsqueda de lecturas y de disfrute intelectual. Ambas, en su momento, íntegramente fueron devueltas a sus legítimos dueños.

De estos años de la década de los 60s, una anécdota política. La Librería Lehmann en el mes de diciembre ponía un muñeco mecánico de Santa Claus, en una de sus vitrinas, que pasaba riéndose. Los jóvenes socialistas de esos días “regamos la bola” que ese Santa Claus se reía de lo que la gente y los niños que iban a verlo le pedían y no les podía dar. Era un humor negro cruel que trataba de combatir una imagen que considerábamos ajena a la tradición costarricense.

La librería Lehmann fue también un receptáculo para la presentación de libros de escritores nacionales y de otros artistas, que pudieron exponer en sus instalaciones. Recuerdo la exposición de la obra artística de la pintora Gloria Rivero que tuvo ese apoyo mecenazgo de la Librería Lehmann.

Algunas librerías actualmente presentan en sus instalaciones a un autor y su libro. Otras han desarrollado espacios para que allí puedan leerse libros, o niños puedan interactuar con los libros.

En los últimos años la organización de los pasillos de sus libros era una visita obligada. Bien ordenados, por temáticas o autores, era de un tránsito de personas, de autores y de especialistas en la búsqueda del saber intelectual que los llevaba a ese santuario, a ese espacio sagrado, a ese templo del saber literario. Sus vitrinas de libros, hacia la avenida central, especializados, exhibidos al público, eran una invitación obligada a entrar.

Durante años la Librería Lehmann publicó “La Cartilla Histórica” de Ricardo Fernández Guardia, una obra clásica, básica de la cultura histórica nacional, que se había convertido en un libro de consulta obligada de la historia nacional y de sus principales autoridades y obras de gobierno. Ese aporte fue muy importante para las generaciones que tuvimos que leer y estudiar ese texto, que sigue siendo básico, a modo de gran síntesis de la historia nacional, libro que se dejó de publicar.

La Librería Lehmann seguirá en la memoria nacional como un gran pilar de la cultura costarricense. En mi caso particular la Librería Lehmann se asocia a mi vocación de lector y a la gestación de mi Biblioteca personal.

Óscar Aguilar Bulgarelli cuestiona proyecto sobre nombramiento del fiscal general y pregunta: «¿Dónde está la plata?»

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que cuestiona recientes iniciativas y decisiones del Gobierno y plantea interrogantes sobre el manejo de las finanzas públicas, la independencia institucional y el uso de los recursos del Estado.

En su intervención, Aguilar Bulgarelli inicia refiriéndose al proyecto de ley presentado por la diputada Marta Esquivel para modificar el mecanismo de nombramiento de la persona que ocupe la Fiscalía General de la República.

Según el historiador, la propuesta implicaría trasladar esa competencia desde la Corte Suprema de Justicia hacia la Asamblea Legislativa, lo que, a su juicio, vulneraría el principio de división de poderes.

El analista sostiene que el proyecto responde al interés de favorecer a personas que enfrentan investigaciones judiciales y afirma que la iniciativa requiere 38 votos para ser aprobada, por lo que hizo un llamado a diversas fracciones legislativas para que no respalden la reforma.

Cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos

En una segunda parte de su análisis, Aguilar Bulgarelli comenta las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, acerca de la necesidad de adoptar medidas de contención del gasto público.

Frente a ello, el historiador expone una serie de decisiones gubernamentales que, según su criterio, explican la situación fiscal y contradicen el argumento de que no existen recursos suficientes.

Entre ellas menciona:

  • la reducción de impuestos aplicada a importaciones de arroz, que —según afirma— benefició a un reducido grupo de importadores;

  • modificaciones en la forma de calcular los impuestos para vehículos de lujo;

  • la contratación de una empresa extranjera para impartir cursos virtuales de inglés;

  • los recursos destinados a publicidad gubernamental;

  • y pagos efectuados a un programa de comunicación que, según sostiene, favorece la imagen del Gobierno.

Aguilar Bulgarelli presenta estas cifras para cuestionar las prioridades del gasto público y plantea que, antes de solicitar sacrificios a la ciudadanía, corresponde explicar el destino de esos recursos.

Críticas a la reducción de recursos para seguridad y educación

El historiador también critica la decisión de no girar recursos destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público, al considerar que ello afecta la capacidad institucional para enfrentar la delincuencia.

Asimismo, cuestiona la evolución de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sostiene que durante la actual administración aumentó el monto adeudado a la institución.

En materia educativa, afirma que el presupuesto destinado a educación se redujo respecto del porcentaje establecido constitucionalmente, situación que, según indica, repercute en el deterioro de la infraestructura educativa.

Crítica al discurso de la «economía jaguar»

Otro de los temas abordados es el uso de la expresión «economía jaguar», utilizada por el Gobierno para destacar el desempeño económico del país.

Aguilar Bulgarelli sostiene que dicha caracterización fue presentada como un reconocimiento internacional de mayor alcance del que realmente tuvo y considera que la situación fiscal actual contradice ese discurso.

En ese contexto, cuestiona los anuncios de que no habría aumentos salariales para el sector público y afirma que las políticas aplicadas durante los últimos años no produjeron los resultados prometidos.

«¿Dónde está la plata?»

En el cierre de su intervención, el historiador compara la situación costarricense con declaraciones realizadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre el manejo de los recursos públicos.

A partir de esa comparación, dirige una pregunta al presidente Rodrigo Chaves:

«¿Dónde diablos está la plata?»

Con esa interrogante concluye su análisis, señalando que, a su juicio, corresponde al Gobierno explicar el destino de los recursos públicos y las razones por las cuales, pese a las medidas adoptadas durante los últimos años, se afirma ahora que el Estado enfrenta limitaciones financieras.