CEJIL. El 18 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia de supervisión de cumplimiento en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, una sentencia emblemática que, 14 años después de haber sido emitida, continúa enfrentando desafíos importantes para su implementación integral.
El caso Sarayaku llegó a la Corte Interamericana tras la realización de actividades petroleras en su territorio ancestral sin consulta previa. Hace 14 años, la Corte reconoció violaciones a los derechos del pueblo Kichwa de Sarayaku y ordenó medidas de reparación que, hasta hoy, siguen pendientes de cumplimiento.
Durante la audiencia, representantes del Pueblo de Sarayaku, junto con sus representantes legales de hashtag#CEJIL y el Dr. Mario Melo, expusieron ante la Corte los incumplimientos que persisten por parte del Estado ecuatoriano, entre ellos la ausencia de una legislación adecuada sobre consulta previa, libre e informada; la falta de garantías efectivas para la consulta de medidas que puedan afectar al pueblo y el incumplimiento de la obligación de retirar la pentolita —un explosivo de alto poder – abandonada en su territorio ancestral hace más de dos décadas.
Las organizaciones representantes destacaron que este abierto desacato pone en riesgo la sobrevivencia del Pueblo, su derecho a la consulta y la justicia, y tiene importantes consecuencias para la respuesta a la emergencia climática en la Amazonía. Ya la Corte en su Opinión Consultiva 32 ha sostenido que la Amazonia tiene un rol fundamental para la regulación del clima para el planeta y su preservación depende en buena medida de la subsistencia y labor de los pueblos indígenas que son los guardianes de estos ecosistemas.
Dado el abierto incumplimiento, por más de catorce años, de la orden de la Corte Interamericana de retirar los explosivos que se mantienen en su territorio, el Pueblo Sarayaku manifestó que estaba dispuesto a no insistir en el cumplimiento de esta orden, solicitando que, a manera de reparación, el Estado reconozca el Kawsak Sacha (Selva Viviente) como sujeto de derechos, en línea con los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana.
El caso Sarayaku es uno de los precedentes más relevantes del Sistema Interamericano en materia de derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de aquella sentencia histórica, el cumplimiento integral de las medidas ordenadas sigue siendo esencial, no solo para garantizar los derechos del Pueblo Kichwa de Sarayaku, sino también para reafirmar la protección de la Amazonía, reconocer los saberes y propuestas de los pueblos indígenas y preservar los ecosistemas de los que depende nuestro futuro.
Visitas guiadas para familias, para jóvenes, adultos y adultos mayores
Lunes a viernes a las 9:00 a.m., 11:00 a.m., 2:00 p.m., 4:00 p.m.
Presentación de libros, recitales y presentaciones artistas
8 de julio, 4:00 p.m.
Presentación del libro «La mamá de San Vito» de Marconi Rojas Thiele
Actividad con la Embajada de Italia
Todo público
10 de julio, 4:00 p.m.
«Recital de Poesía y Canto» homenaje a a José Ramírez Saizar y Jesús Bonilla Chavarría, autores de la letra y música del Himno de la Anexión de Guanacaste»
Participan Marta Rojas Porras, Leda García, Elliette Ramírez, Julieta Dobles, Alba C. Molina, Natalia Esquivel Benítez, Rocío Campos Cantero, Patricia Gamboa Bolaños
Todo público
15 de julio, 4:00 p.m.
Presentación documental «Zulay Soto: una mujer de rompe y rasga»
Todo público
16 de julio, 10:00 a.m.
«Memoria, cuerpo y arte: La Casona Hacienda El Viejo» presentado por María Soledad Hernández historiadora y Rebeca Alvarado Soto, bailarina
Actividad dedicada a Guanacaste
Todo público
16 de julio, 4:00 p.m.
Conferencia virtual del ciclo con la Academia Morista Costarricense
Transmitida por el Facebook de la Biblioteca Nacional.
La Defensoría de los Habitantes enfatizó que la falta de nombramiento de magistraturas suplentes, al menos de los mínimos necesarios, pone en altísimo riesgo el respeto de los derechos fundamentales de los y las habitantes.
En un informe remitido esta semana a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, la Defensoría alertó que la continuidad de la situación actual de parálisis de estos nombramientos implica un quiebre directo al principio de supremacía constitucional, en tanto un Tribunal Constitucional creado pero imposibilitado para ejercer su competencia resta toda eficacia a la Constitución Política, como norma suprema que da garantía a los derechos fundamentales de la población y que es el vértice de la pirámide de la que se nutre el resto del ordenamiento jurídico.
La Defensoría señaló que ha venido dándole puntual seguimiento a la elección de magistrados y magistradas suplentes de la Sala Constitucional, tema que fue objeto de discusión en la reunión de jefaturas de fracción llevada a cabo en la Asamblea Legislativa el jueves 4 de junio del año en curso; y que también fue referido por el diputado Gonzalo Ramírez en la presentación del informe anual de labores llevado a cabo en el Plenario Legislativo el pasado miércoles 24 de junio de 2026.
Del análisis de información solicitada por esta Defensoría a la Corte Suprema de Justicia se identificó que durante el año 2025 las magistraturas suplentes participaron en la votación de aproximadamente 43.144 expedientes, lo que evidencia su relevancia para el funcionamiento ordinario de la jurisdicción constitucional. Asimismo, la ausencia de magistraturas suplentes ya está produciendo afectaciones concretas en la prestación del servicio de justicia constitucional, existiendo al menos 87 asuntos pendientes de estudio y resolución definitiva por la imposibilidad de integrar el Tribunal.
“A nivel de riesgos existentes, valga indicar que esta situación impide la integración del Tribunal ante supuestos de inhibiciones, recusaciones, incapacidades, vacaciones u otras ausencias temporales de magistrados propietarios; provocando atrasos en casos urgentes como resolución de recursos de amparo, hábeas corpus, entre otros”, indicó la Defensoría a la Asamblea Legislativa.
A partir de lo anterior, se compromete el cumplimiento efectivo de una serie de derechos tales como: acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y protección oportuna de los derechos fundamentales. Sumado a lo anterior, se estarían generando las condiciones para la vulneración, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado costarricense e inserta en su ordenamiento jurídico mediante Ley N° 4534, vigente desde febrero de 1970; el cual tutela el derecho de toda persona a contar con recursos judiciales sencillos, rápidos y efectivos y el correlativo deber del Estado de asegurar su libre ejercicio sin obstáculos ni limitaciones.
La decisión del Consejo de Gobierno pone en riesgo el normal funcionamiento de la CCSS y el derecho a la salud de la población
El Movimiento Sindical de Costa Rica manifiesta su más enérgico rechazo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, mediante el cual se rechazó el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina como representante titular y de la señora Martha Elena Rodríguez González como representante suplente ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo el funcionamiento de su Junta Directiva.
Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
El Consejo de Gobierno ha sustituido, mediante valoraciones subjetivas y discrecionales, la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, arrogándose una facultad que la ley no le confiere. La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció.
El Movimiento Sindical reafirma que la representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la CCSS pertenece a las organizaciones sindicales y debe respetar la decisión adoptada democráticamente por estas, conforme al mandato de la Ley Constitutiva de la institución.
Por ello, anunciamos que agotaremos todas las vías de presión social, administrativas y judiciales nacionales e internacionales que el ordenamiento jurídico reconoce para la defensa de la autonomía sindical, la legalidad y el respeto al Estado Social de Derecho.
Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en defensa de su derecho a la salud, a las pensiones, a la vida y de la institucionalidad democrática que garantiza la CCSS.
La defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social también exige defender el respeto a la ley, la democracia y la representación legítima de las personas trabajadoras.
UNDECA- BUSSCO denuncian ante el pueblo costarricense la grave decisión del Consejo de Gobierno de rechazar el nombramiento de las compañeras Rocío Alfaro Molina y Martha Elena Rodríguez González como representantes del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afectando al Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática en la CCCSS y la continuidad del servicio público.
No estamos frente a una simple diferencia administrativa. Estamos frente a un precedente que amenaza el Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática de los sectores sociales y el modelo de gobernanza que ha fortalecido la CCSS durante más de ocho décadas.
La Ley Constitutiva de la CCSS es absolutamente clara: los representantes del sector sindical son electos por sus organizaciones mediante procesos democráticos propios. Esa decisión pertenece al movimiento sindical y no al Poder Ejecutivo. Ningún gobierno tiene autoridad para sustituir la voluntad libremente expresada por las organizaciones de trabajadores.
Lo ocurrido constituye un precedente sumamente peligroso para la institucionalidad democrática del país. Si hoy se pretende desconocer la representación sindical mediante interpretaciones administrativas y reglamentarias que consideramos contrarias a la Ley Constitutiva, mañana podría ponerse en riesgo el modelo solidario de seguridad social para favorecer intereses que históricamente han promovido la privatización de la salud y las pensiones.
Preocupa profundamente que el Consejo de Gobierno haya asumido competencias que la Ley Constitutiva nunca le otorgó. Los reglamentos no pueden modificar la ley, crear nuevas facultades para el Poder Ejecutivo ni convertirse en instrumentos para restringir la representación democrática de los sectores sociales. En un Estado de Derecho, la ley prevalece sobre cualquier decreto ejecutivo.
Resulta igualmente alarmante que altas autoridades del Poder Ejecutivo hayan manifestado públicamente que buscan determinados «perfiles» para integrar la Junta Directiva de la CCSS y que incluso hayan cuestionado el modelo tripartito establecido por la ley. La Junta Directiva de la Caja se integra conforme a la Ley Constitutiva de la CCSS, no conforme a las preferencias políticas del Gobierno de turno.
Durante décadas, el movimiento sindical ha sido uno de los principales defensores de la CCSS. Ha denunciado actos de corrupción, decisiones contrarias al interés público, procesos de privatización, falta de transparencia, debilitamiento institucional y las millonarias deudas del Estado con la seguridad social. Muchas de esas denuncias, inicialmente descalificadas, fueron posteriormente confirmadas por auditorías, investigaciones legislativas y actuaciones de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio Público y otros órganos de control.
La representación sindical en la Junta Directiva de la CCSS no existe para guardar silencio ni para convalidar decisiones. Existe para representar a las personas trabajadoras, ejercer control democrático, fiscalizar el manejo de los recursos públicos y señalar, con responsabilidad, aquellas actuaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio de la seguridad social.
¡La representación sindical no se negocia, no se condiciona y no es objeto de veto político!
“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo». Recordarán ustedes esta frase salida del más filósofo de los filósofos de los mandatarios contemporáneos.
Recordarán ustedes también sus indicaciones para exterminar el español en varios Estados de la unión americana, como mecanismo para extirpar el peso simbólico de la comunidad hispana en su país.
Muy por el contrario, el español goza de muy buena salud: se ha convertido en símbolo de resistencia en la misma entraña del país del filósofo en mención.
A cada operativo de ICE en el que la autoridad migratoria ha intentado someter en inglés a las personas detenidas, la mayoría de ellas de origen centroamericano, el español ha sido repuesta y herramienta.
Por otra parte, en un guiño colonial y comercialoide de poca monta, la FIFA industria y mercenaria del inicio Infantino, intentó torcer el brazo de los países hispanohablantes al obligar a realizar las conferencias de prensa en el marco del actual Campeonato Mundial de fútbol, en inglés.
Tuvo que rectificar, obviamente.
Nada más desacertado en un torneo organizado en tres países, dos de los cuales el español es hablado por miles de millones de personas.
Habiendo dicho esto, habiendo aceptado que español si como recurso y estrategia de respuesta, no debe obviarse que en muchos de nuestros países este idioma también ha constituido herramienta de dominación y sometimiento en contra de pueblos originarios.
El balón, decía el Maradona más político que existió, no debe ser manchado nunca. El español tampoco. Pero tampoco debe obviarse los siglos de vasallaje cultural que este idioma ha propiciado contra saberes ancestrales.
Porque Sí el español y los demás idiomas que nos tejen como región.
Esa debe ser la consigna. La política. La resistencia.
Las políticas de cuidado, la organización social de las familias y el fortalecimiento de la democracia fueron el eje de la conferencia «Cuidar, controlar y castigar: las políticas de familia en tiempos de erosión democrática», realizada el lunes 29 de junio de 2026 en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
La actividad fue organizada por el Posgrado Centroamericano en Sociología y la Red Interuniversitaria de Estudios sobre los Cuidados y sus Transformaciones, y contó con la participación de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR); la M.Sc. Laura Rivera Alfaro, coordinadora de la Iniciativa Puentes para la Educación de la Vicerrectoría de Acción Social y docente de la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente; y la Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología, quien moderó el encuentro.
Durante la apertura, Nancy Piedra destacó que la conferencia forma parte de un proceso sostenido de reflexión impulsado por el Posgrado y por la Red Interuniversitaria para analizar críticamente las transformaciones sociales que atraviesan América Latina. Señaló que el debate sobre los cuidados ha sido impulsado de manera decisiva por los movimientos feministas, así como por organismos internacionales y espacios académicos que han contribuido a colocar este tema en el centro de las políticas públicas.
Los cuidados como derecho humano y como disputa política
En su exposición, Juliana Martínez Franzoni planteó que América Latina atraviesa un momento decisivo para las políticas de cuidado. Recordó que la Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, universal y exigible, estableciendo que los Estados tienen la obligación de garantizar servicios de calidad, proteger a quienes cuidan y corregir las profundas desigualdades que caracterizan la organización social de los cuidados en la región.
Sin embargo, advirtió que ese importante avance normativo convive con una realidad profundamente desigual.
Explicó que la organización de los cuidados continúa descansando principalmente sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza, lo que limita sus oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal.
Para la investigadora, el cuidado debe entenderse no solamente como un componente de la política social, sino como una infraestructura política capaz de distribuir poder dentro de la sociedad.
Desde esa perspectiva, sostuvo que las políticas públicas pueden utilizarse para ampliar derechos y promover inclusión, pero también pueden convertirse en mecanismos de control social e incluso de castigo cuando las democracias experimentan procesos de deterioro institucional.
De cuidar para incluir a cuidar para controlar
Uno de los principales planteamientos de la conferencia fue la necesidad de comprender la evolución reciente de las políticas de familia en América Latina.
Martínez Franzoni explicó que durante los primeros quince años del siglo XXI numerosos países ampliaron la protección social mediante reformas en salud, asistencia social y sistemas de cuidado, incorporando a sectores históricamente excluidos y reconociendo los cuidados como un cuarto pilar de los sistemas de bienestar.
Ese proceso permitió ampliar licencias, fortalecer servicios comunitarios, reconocer el trabajo de cuidados y promover la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidades y familias.
No obstante, sostuvo que actualmente diversos países enfrentan un cambio de orientación política.
En ese nuevo contexto, afirmó, algunas políticas de familia dejan de orientarse prioritariamente hacia la inclusión y pasan a desempeñar funciones de vigilancia, disciplinamiento y control sobre determinados grupos sociales.
Según explicó, cuando el Estado reduce su papel como garante de derechos y fortalece enfoques autoritarios, se profundiza la división sexual del trabajo y se produce lo que diversos estudios denominan una «refamiliarización forzada» de los cuidados, trasladando nuevamente la mayor parte de estas responsabilidades a las familias y, particularmente, a las mujeres.
El cuidado también es desarrollo económico
La investigadora subrayó que los cuidados no deben analizarse únicamente desde la política social.
Argumentó que constituyen también un componente estratégico del desarrollo económico, ya que generan empleo, distribuyen ingresos y fortalecen la economía de servicios.
En ese sentido, propuso avanzar hacia políticas que integren tres dimensiones complementarias:
consolidar los cuidados como un cuarto pilar del bienestar;
reconocerlos como un sector productivo generador de empleo;
incorporarlos como un estándar transversal en las políticas laborales, sociales y ambientales.
A su juicio, solamente una estrategia integral permitirá convertir el reconocimiento jurídico del derecho al cuidado en transformaciones concretas para la población.
Defender las políticas públicas de cuidado
En los comentarios posteriores a la conferencia, Laura Rivera Alfaro destacó la importancia de comprender que las disputas actuales sobre las políticas de familia forman parte de debates más amplios acerca del papel del Estado, la democracia y los derechos sociales.
Señaló que muchas de las transformaciones recientes buscan reinstalar visiones tradicionales de la familia que trasladan nuevamente las responsabilidades del cuidado al ámbito privado, debilitando la responsabilidad pública en esta materia.
Rivera subrayó que defender las políticas de cuidado implica también defender la igualdad, la democracia y la posibilidad de construir sociedades más justas, capaces de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades que sostienen la vida cotidiana.
Un debate necesario
La actividad concluyó con un intercambio entre las expositoras y el público asistente, en el que se profundizó sobre los desafíos que enfrentan Costa Rica y América Latina para fortalecer políticas públicas de cuidado en un contexto marcado por restricciones fiscales, desigualdades persistentes y transformaciones políticas.
Las organizadoras señalaron que este tipo de espacios buscan aportar herramientas de análisis que permitan comprender las relaciones entre democracia, bienestar, políticas sociales y organización de los cuidados, promoviendo una discusión informada sobre uno de los temas centrales para el presente y el futuro de la región.
La conferencia completa puede verse en el siguiente enlace de YouTube:
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario Ciencias Económicas y Empresariales, Comercio Exterior, Administración Aduanera Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina, Escritor, Científico Social
La Universidad Técnica Nacional (UTN), creada mediante la Ley N.° 8638 en el año 2008, representa uno de los proyectos educativos más importantes impulsados por el Estado costarricense para fortalecer la educación superior técnica, tecnológica y científica. Desde su origen, la institución nació con el propósito de responder a las necesidades de formación del sector productivo nacional y de servir como puente entre la educación técnica y la educación universitaria, contribuyendo al desarrollo económico, social y tecnológico del país.
Después de casi dos décadas de existencia, la UTN ha logrado consolidar una presencia nacional significativa mediante sus sedes regionales y una oferta académica orientada a la empleabilidad y al fortalecimiento de sectores estratégicos de la economía. Su ubicación geográfica, particularmente en la provincia de Alajuela, le otorga ventajas competitivas extraordinarias debido a la cercanía con zonas francas, parques industriales, centros logísticos, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y corredores de comercio internacional que la conectan con los principales mercados del mundo.
Sin embargo, los desafíos de la segunda mitad del siglo XXI exigen una transformación más profunda. La acelerada evolución de la ciencia y la tecnología, la digitalización de la economía, la inteligencia artificial, la automatización, la sostenibilidad ambiental y la competencia global por el talento obligan a replantear la visión institucional. La meta ya no debe limitarse a ser una universidad nacional exitosa, sino convertirse progresivamente en una universidad tecnológica de referencia para América Latina y, eventualmente, en una institución de rango mundial.
Para alcanzar ese objetivo, la UTN debe orientar su crecimiento hacia áreas estratégicas de alta demanda internacional. Entre ellas destacan la Ciencia de Datos, la Inteligencia Artificial, la Computación Cuántica, la Ciberseguridad, las Energías Renovables, la Biotecnología, la Tecnología de Alimentos, la Industria 4.0 y 5.0, la Logística Inteligente y las Cadenas Globales de Suministro. Estas disciplinas constituyen la base de las economías más dinámicas y representan oportunidades reales para que Costa Rica fortalezca su competitividad internacional.
La internacionalización debe convertirse en un eje transversal de toda la estrategia institucional. Esto implica fortalecer el bilingüismo, promover programas de doble titulación, impulsar intercambios académicos, establecer convenios con universidades líderes del mundo y desarrollar una cultura universitaria orientada hacia estándares globales de excelencia. La capacidad de atraer profesores visitantes, investigadores internacionales y estudiantes extranjeros será un indicador clave del avance institucional.
Un componente fundamental de esta transformación es el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la innovación. La investigación universitaria debe responder prioritariamente a los problemas nacionales y regionales, contribuyendo a generar soluciones en áreas como sostenibilidad ambiental, salud pública, educación, productividad empresarial y desarrollo social. Más allá de la publicación de artículos científicos, la universidad debe enfocarse en generar impacto real mediante la transferencia tecnológica, la creación de patentes, la incubación de empresas, el emprendimiento innovador y la vinculación efectiva con los sectores productivos.
La sostenibilidad financiera constituye otro de los grandes desafíos institucionales. El financiamiento proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior seguirá siendo esencial, pero resulta necesario complementarlo mediante alianzas público-privadas, cooperación internacional, fondos de investigación, convenios con organismos multilaterales y mecanismos innovadores de captación de recursos. Instituciones como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y los programas europeos de investigación representan oportunidades relevantes para financiar proyectos estratégicos.
Asimismo, la universidad debe avanzar hacia una transformación digital integral. La implementación de plataformas inteligentes de gestión, sistemas de gobierno digital, analítica de datos institucionales y automatización de procesos permitirá mejorar la eficiencia administrativa y académica. La incorporación de tecnologías emergentes fortalecerá tanto la experiencia estudiantil como la capacidad institucional para responder a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada.
El desarrollo del talento humano será igualmente determinante. La calidad de una universidad depende en gran medida de la excelencia de sus docentes, investigadores, directivos y personal administrativo. Por ello, es indispensable fortalecer los procesos de selección basados en competencias, promover la capacitación continua, garantizar condiciones laborales competitivas y fomentar una cultura organizacional orientada a la innovación, la calidad y la rendición de cuentas. El liderazgo institucional deberá caracterizarse por una visión estratégica, capacidad de gestión y compromiso permanente con la excelencia académica.
La consolidación de la calidad requiere además sistemas rigurosos de evaluación, acreditación y mejora continua. La UTN debe medir su desempeño mediante indicadores internacionales, comparar sus resultados con universidades líderes y participar activamente en rankings académicos globales. No se trata únicamente de mejorar posiciones, sino de utilizar esos referentes para impulsar procesos permanentes de aprendizaje institucional y fortalecimiento de capacidades.
Una visión de largo plazo también exige proyectar el crecimiento de la infraestructura física y tecnológica. El desarrollo de ciudades tecnológicas sostenibles alrededor de las sedes universitarias, en alianza con empresas de alta tecnología y sectores productivos estratégicos, podría convertir a la UTN en un ecosistema de innovación capaz de integrar educación, investigación, emprendimiento y desarrollo regional. Esta visión permitiría atender una población estudiantil creciente y consolidar espacios para la experimentación tecnológica y la transferencia de conocimiento.
Convertirse en una universidad de clase mundial implica responder preguntas estratégicas fundamentales: cuál será su identidad diferenciadora, cómo se financiará su crecimiento, cuáles serán sus áreas prioritarias de especialización, cómo medirá el éxito institucional y qué alianzas nacionales e internacionales serán necesarias para alcanzar sus objetivos. La claridad en estas definiciones permitirá construir una hoja de ruta sólida y sostenible para las próximas décadas.
En conclusión, la Universidad Técnica Nacional posee condiciones excepcionales para convertirse en un referente regional de educación superior tecnológica. Su origen, cobertura territorial, cercanía con los sectores productivos y orientación hacia la formación técnica constituyen fortalezas significativas. No obstante, alcanzar estándares internacionales requerirá una estrategia integral basada en innovación, investigación aplicada, internacionalización, transformación digital, sostenibilidad financiera y excelencia académica. El verdadero reto no consiste únicamente en ascender en los rankings mundiales, sino en formar profesionales altamente calificados, bilingües, innovadores y comprometidos con el desarrollo sostenible de Costa Rica. Si logra consolidar esta visión estratégica, la UTN podrá posicionarse como una universidad tecnológica líder en América Latina y proyectarse exitosamente hacia el escenario global.
La Defensoría de los Habitantes lanzó el octavo capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.
Este nuevo capítulo se enfoca el trabajo de las 31 Fiscalías con personal especializado que conocen materia de violencia de género, los retos en materia presupuestaria para su funcionamiento, las plazas requeridas para el fortalecimiento del trabajo de estas unidades, analizar los retos en materia de acceso a la justicia y el trabajo de la prevención de la violencia.
En el nuevo episodio se aborda el testimonio de un familiar de una víctima de femicidio, el acompañamiento recibido, cómo enfrentar el proceso y la solicitud de justicia.
Para la edición del podcast participan la fiscal adjunta de género del Poder Judicial, Debby Garay Boza y Laura Tacsan Ulate, hermana de una víctima de femicidio.
Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.
Destruir una estatua, eliminar un nombre de algún monumento o incluso prohibir que este se pronuncie, no borra su historia ni oculta su legado. Sin embargo, esta fue una práctica relativamente común en el Egipto antiguo y se volvió más notoria durante el Imperio Romano. La damnatio memoriae (condena de la memoria) fue una estrategia usada por el poder para tratar de “borrar” de su pasado, a figuras consideradas indignas por sus actos o por ser declaradas enemigas del Estado. Intentos semejantes se pueden advertir en la sociedad contemporánea con la destrucción de monumentos en naciones de la antigua URSS, en China o Irak, por mencionar ejemplos.
En analogía con aquella realidad clásica, los ensayos contemporáneos de damnatio memoriae no son menos ineficaces, pero pueden causar cierto efecto si se utilizan como estrategia política. En este sentido es claro que toda sociedad construye instituciones, pero también memorias sobre su pasado y muchas veces son estas representaciones las que actúan como fuente de legitimidad. Por ello, cuando un proyecto político busca establecer su concepción de mundo, generalmente se disputa el pasado. Y es justo esa disputa por la memoria y la posibilidad de reescribirla, lo que sustenta la analogía que se propone con la damnatio memoriae.
El poder hoy no ataca los monumentos, pero se enfoca en sus actores; hoy no prohíbe el uso de nombres, pero intenta descalificarlos; tampoco va en contra de la historia, pero impulsa su narrativa para reescribir la memoria histórica sobre el pasado y crear la sensación de un cambio que le dé legitimidad. Se trata entonces de colocar la memoria histórica al servicio del poder y por ello la “condena de la memoria” se vuelve simbólica y material al mismo tiempo. Una estrategia expone el pasado como responsable de la situación actual y otra promueve la transformación de las condiciones que presuntamente configuraron ese pasado.
Ahora bien, es necesario aclarar que no toda crítica del pasado puede ser comparada con una damnatio memoriae como se propone en esta analogía, pues la crítica histórica, sesuda, fundamentada y propositiva es lo que ha permitido a la democracia crecer como forma de gobierno y florecer como forma de vida. Además, es claro que toda fuerza política necesita hilvanar un relato que justifique su presente y lo proyecte hacia el futuro, pues así opera el poder. En este ejercicio, la estrategia actual ha sido la de confrontar a un pueblo “puro” con unas élites corruptas y esta confrontación ha sido estratégica para sentar la diferenciación entre la difusa categoría de “pueblo” con la de “ticos con corona”.
En el caso costarricense se observa que la estrategia simbólica se enfoca en las élites que abusaron del poder para beneficio propio, aprovechándose de lo que el discurso del poder ha llamado la “dictadura” perfecta de la democracia. Es claro que tal mensaje no alude solo a las élites como fuente del poder hegemónico en determinado contexto, sino que cuestiona el modelo de sociedad que se construyó bajo un liderazgo de “canallas, corruptos y comunistas”. La otra estrategia que se visualiza es más elaborada y compleja. Esta propone que eliminar privilegios, modernizar al país y cambiar las instituciones “capturadas” por las élites corruptas, necesita, irónicamente, del control del poder como lo hicieron las élites que critican. La paradoja de esta propuesta es que la responsabilidad del cambio no es del gobierno de turno, sino de la población que debe aportar la legitimidad para hacerlo. En el caso costarricense, esta paradoja quedó claramente retratada en la búsqueda de los 38 diputados como requisito para lograr el cambio.
Este proceso de damnatio memoriae “a la tica” claramente no va contra los vestigios del pasado. La analogía de este proceso reside en un plano simbólico que pone en entredicho algunos aspectos de ese pasado. Por ejemplo, la democracia costarricense que otrora hacía sentir orgullo de esta tierra es cada vez más cuestionada por un porcentaje creciente del “pueblo”. Ver con beneplácito la existencia de mandatos de corte autoritario, aceptar la concentración del poder o incluso respaldar la erosión de las instituciones que han protegido los derechos de los costarricenses, es un síntoma de la manera en que la memoria histórica del costarricense empieza a “disputarse”. En ese juego de “resignificación” de la memoria, el Estado de Bienestar pasa a ser directamente responsable de tener ticos con corona, mientras que al Estado Social de Derecho es co-culpable de la impunidad y corrupción actuales. De esta forma, la estrategia se ocupa en replantear la imagen de villanos y héroes, así como de consignar responsabilidades sobre el pasado en un intento por reescribir la memoria.
Al “pueblo” se le convence de que la capacidad de sobreponerse a ese pasado supone el camino para una transformación social que se ha postergado por años, al tiempo que se expulsa del escenario político a los responsables de los males descritos. Aquí entra el viejo bipartidismo y todas sus ramificaciones, pero especialmente el “fantasma” del comunismo que dejó de ser un discurso de campañas políticas y ahora es presentado como una amenaza real, parlamentaria, peligrosa y opuesta a ese cambio anhelado por el “pueblo”. Este giro es fundamental, pues el enemigo se materializa, ya no es solo parte de la memoria.
Estamos por tanto ante una estrategia que tiene como objetivo cuestionar la memoria que desde mediados del siglo XX se ha construido sobre la Costa Rica que conocemos hoy. Para ello se vale de un discurso de ruptura y cambio que intenta hacer de la memoria histórica, un recurso al servicio del poder. Lamentablemente, el éxito de esta tendencia se alimenta de los reclamos, válidos, de muchos sectores que por años no recibieron la atención debida. Entretanto, el movimiento actual se presenta como el que escucha, mientras construye sus propias élites, incrementa el control del poder y trabaja en desmotar lo que queda de ese pasado con el fin de asumir el rol hegemónico.
De esta manera, aunque las sociedades no olvidan todo, la “condena de la memoria” se convierte en una herramienta de quienes buscan convencer a la sociedad sobre lo que debe o merece ser recordado. Ahí reside el peligro para la memoria histórica, la cual, una vez debilitada, erosiona la cohesión social, afecta la identidad colectiva y vuelve a la sociedad vulnerable ante la manipulación.
* Profesor e investigador de la Escuela de Historia, Universidad Nacional.
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