A diferencia de lo enseñado en la catequesis, en relación con un “infierno” repleto de “mal portados”, en nuestro país quienes venden el alma al diablo son muy “poquitos” y sumamente poderosos, con “letras de cambio” avaladas por toda la mayoría, por lo menos mientras andemos en este “valle de lágrimas”. Gústenos o no.
Ni siquiera calentaba el presente mes de junio, cuando la presidenta, Laura Fernández, nos afirmó públicamente que su ministro de Hacienda, el exmandatario, Rodrigo Chaves Robles, “alista” un plan fiscal para sortear el incremento la deuda pública.
Según datos oficiales a disposición de quien quiera enterarse, nuestra deuda pública del Gobierno Central está alrededor de un 60,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con un saldo estimado de unos 33,8 billones de colones.
Esto significa, a decir de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que más ha alertado a los costarricense por tan pesado fardo, unos ¢16.000 millones diarios. Convertido a dólares sonunos$31,2 millones al día solo por pago de intereses de la deuda pública., sostiene.
Para que el trabajador, el empleado público, el estudiante o el campesino tenga una noción de la magnitud de cualquier paquete fiscal, ese monto indicado es como sí cada hora tuviéramos que producir ¢666 millones destinados al pago, solo de intereses.
Visto con humor propio del “pura vida” tico equivale a una maquinita tirando ¢11,1 millones por minutos sin detenerse ni calentarse, ni siquiera durante las fiestas navideñas ni la romería a Cartago.
A semejante ritmo no hay fondos posibles para surtir de presupuesto justo a la educación pública de calidad para todos los costarricenses, menos para vivienda digna, salarios aceptables y disminuir velocidad brutal con que empujan a la Caja hasta su foso final, donde es esperada con los brazos abiertos por el negocio de la medicina privada.
Advertimos que este estudio no podía prever los acontecimientos habidos en Oriente Medio, a raíz de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a partir de febrero pasado, elevándose así abruptamente el precio mundial del petróleo, los alimentos y el valor del dólar estadounidense.
Sin embargo, no siempre esta situación es como ahora. Nos tocan la puerta todos los días como si fueran prestamistas del “gota a gota”, recordándonos el pago, No tiene sentido discutir si entregan o no factura electrónica. Las deudas que por años diligenciaron nuestras élites nos tienen agarrados del pescuezo.
Aquellos días de la gloriosa Costa Rica como “Suiza Centroamérica”, anteponiéndola como antítesis de la “Cuba comunista” llegó a su fin. Ahora es paga o paga. No hay vuelta atrás.
Solo entre 1960 y 1986, Estados Unidos desembolsó “ayudas” a la ejemplar democracia costarricense por cerca de $1.1 mil millones de dólares; es decir, la considerable “asistencia económica” de $1.100 millones.
Pero la mala suerte nos cayó encima. El imperio “raspa” a más no haber, similar como ocurre con los grandes banqueros, donde no existen amigos en el mundo de los negocios, evidenciando la mentira en torno la existencia de un “capitalismo” con “rostro humano”, “sostenible”, etc.
Ya para la década de los ochenta, recordaran como el gobierno estadounidense y la USAID centraron principalmente su estrategia en “estabilizar la economía costarricense y promover la democracia frente a los conflictos regionales.” (Consúltese: https://www.everycrsreport.com/reports/RL32487.html) .
Así, llegamos a un camino lleno de recovemos – un auténtico “infierno” para nuestro pueblo – construido exclusivamente por nuestras élites de todos los tiempos, independiente de que sus ayatolas tecnócratas llamen a este bulto “deuda privada” y a este otro “deuda pública”.
Ambas, usted las paga, independientemente de cuánto otros mal gastaron los recursos, cuánto se dejaron para sí, o en todo esto hay subfacturación, contrabando, evasión, exoneraciones repugnantes, transferencias financieras artificiales, usan paraísos fiscales y sociedades offshore con fines de estafa, recurren al llamado falso factureo y fidecomisos con fines de ardid contra Hacienda.
¿Acaso se preguntan cuántos seremos humanos podrían tratar su cáncer en laboratorios de aceleradores de partículas, si la Caja en todos sus hospitales provinciales fuera dotada de estos modernos aparatos de medina nuclear, que en el mercado privado cada sesión no baja de los $ 2000, como promedio?
Algunos, quienes dilapidaron en el pasado los recursos económicos del pueblo, se preguntarán ahora que ya empezaron a “sensibilizarnos” para que aceptemos aceptar aumento de 13% a 15% en el IVA en los alimento de consumo masivo, ¿cuántos barrios estigmatizados de “peligrosos”, de “narcomenudeos”, tendría hoy niños y jóvenes jugando felices, si a esas comunidades las hubieran dotado de parques y recreación sana?
Sí bien la manía de echar sobre las espaldas de los menos favorecidos, con excusa de la “sostenibilidad fiscal” no es nueva, desde la últimas dos administraciones – PAC de Carlos Alvarado (2018-2022) y Rodrigo Chaves, (2022- 2026), el asunto, en lugar de bajar endurece el leño.
Como se recuerda, mediante ley N° 9635 se ordenó que ningún salario público crecería por costo de vida, si la relación deuda/PIB del que hablamos líneas arriba, superaba el umbral del 60%. No hay por qué quejarse. Todo se hizo bajo el principio de la legalidad republicana, diversos diputados y líderes políticos de entonces dijeron sí. ¡Adelante, es parte de la institucionalidad democrática!
En aquella ocasión votaron en contra de la Ley de Empleo Público solo seis legisladores: Pedro Muñoz, del PUSC; Enrique Sánchez, del PAC; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio, y los independientes Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Paola Vega. (Fuente: https://www.diarioextra.com/noticia/diputados-aprueban-ley-de-empleo-publico/).
Ya como presidente, Rodrigo Chaves, con una pequeña representación en el congreso logra que, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, rechazara un proyecto de ley para romper el congelamientos de salarios propuesto por los diputados Rocío Alfaro, FA, Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, consignó el diario digital CR Hoy.
Así, la gran fiesta montada por años, llámese la deuda soberana, gubernamental o pública, como la externa – para efecto da lo mismo, porque hay que saldarla – va llegando a su fin. Y usted, olvídese, que va escaparse.
“El informe de la deuda: Costa Rica” es irrebatible. A manera de solo para que conserve un poco de memoria, ¡no lo olvide!, sí llegan a tocar su puerta por más plata, es porque la “fiesta” iniciada desde la década de 1970, terminó.
El gasto público generalmente superó los ingresos, lo que llevó a que nos endeudaran dentro y fuera del país.
La deuda aumentó rápidamente del 24% del PIB en 2008 al 49% en 2017, razón por la cual, el gobierno ni lerdo ni perezoso, adquirió en 2021 un préstamo de USD 1,8 mil millones del FMI, con las consecuentes medidas de austeridad que todos conocemos sobre quiénes pagan siempre “los platos rotos”.
Independientemente de la fuerza emanada desde las curules de la “Alianza de los 26” esta comunicó que rechaza desde ya impuestos sobre los productos de la canasta básica, los sueldos, el salario escolar y los premios de la lotería, entre otros (La Nación 04/6/ 2026); tendremos qué preguntarnos sí tienen escondido algún proyecto de “país soberano, independiente, solidario y anti injerencista”.
Alguna sorpresa guardada debe tenernos para ser tan categóricos. Ya era tiempo de tanta sumisión ante el Banco Mundial y el FMI.
Maxime ahora que existen ya 120 países en el mundo experimentando nuevas vías de desarrollo independiente y convivencia pacífica.
*Periodista, abogado, notario por la U.C.R., miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.
UNA Comunica. Existen problemas para la atención de necesidades de salud mental y enfermedades físicas en personas adultas mayores, tanto en clínicas como en hospitales de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), a pesar de que se señalan fortalezas en cuanto a infraestructura física adecuada.
Las opiniones están más divididas al analizar aspectos como la disponibilidad de equipo médico y el trato respetuoso. No obstante, en términos generales, es mejor la percepción obtenida por los servicios en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) que con respecto a clínicas y hospitales.
Estos son parte de los resultados del estudio Percepción de la población sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores en Costa Rica, a cargo del programa Envejecimiento: cambios poblacionales y retos sociales del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).
Atención en salud
Ocho de cada diez personas califican como “nada” o “poca” la capacidad de atender las situaciones de salud mental de las personas adultas mayores. Un 64.3% opina lo mismo si se trata de padecimientos físicos.
Casi la mitad de las personas encuestadas (50.6%) estima que el personal está poco capacitado para atender a esta población. Un 37.7% dice que le da un valor de “mucho” a su grado de formación y un 13.7% indica que “nada”.
En su mayoría (58.3%) consideran como “poco o nada” la disponibilidad de equipo médico suficiente y de calidad destinado a este grupo etario.
Sobre el respeto que se brinda en las consultas, las opiniones están repartidas: 50.3% da una opinión favorable, mientras que el restante 49.7% le otorga un valor de “poco” o “nada”.
Donde las clínicas y hospitales públicos sí obtienen una buena nota es en infraestructura física, que contempla ascensores, rampas, señalización, barandas en las escaleras, pisos antideslizantes y baños adecuados, que permiten una adecuada accesibilidad y movilidad. En este ámbito, seis de cada 10 personas opinaron de manera positiva.
Si se trata de analizar los servicios médicos especializados, existe, en términos generales, una buena percepción. Un 68.8% está “muy de acuerdo y de acuerdo” con la atención en geriatría. Opina igual un 67.4%, cuando se incluyen áreas como odontología, oftalmología, audiología, geriatría y nutrición. El porcentaje de apoyo baja a un 51.7% si se trata de calificar los servicios de emergencia.
El IDESPO-UNA indagó si, desde la perspectiva ciudadana, algunos servicios han mejorado, empeorado o si se mantienen igual. De manera predominante, las notas sobre aspectos como los tiempos de espera, cobertura y capacidad hospitalaria, fueron, confirman que no han existido cambios.
Pero, al distinguir cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas adultas mayores en temas de salud, un 28.3% ubica en primer lugar los “tiempos de espera prolongados”, seguido de “trato inadecuado del personal de salud, falta de empatía y discriminación” con un 26% y “falta de capacitación del personal y atención especializada” con un 15.9%.
Infraestructura y transporte
La ciudadanía le da una de las calificaciones más negativas al acceso que tienen las personas adultas mayores a sitios públicos. Un 64% está “muy en desacuerdo y en desacuerdo” con la pregunta de si las aceras son aptas (lisas, niveladas y anchas).
El desacuerdo es similar cuando opinaron sobre la seguridad de las calles (cruces de semáforos, con tiempo suficiente e iluminación adecuada, con un 63.7%. Siempre en orden descendente, le siguen la ausencia de parques adecuados (61.5%), de calles accesibles (53.8%) y de espacios que les permitan compartir sus experiencias de vida con otras generaciones (50.8%).
Mejor valoración se otorga al indicar si en las ventanillas de las instituciones públicas se respeta el uso de espacios preferenciales (ocho de cada diez está de acuerdo y muy de acuerdo). Así piensan también en un 60% al determinar si los edificios (locales comerciales, oficinas) son accesibles.
También, un 52.4% coincide en que los espacios públicos tienen zonas verdes. Un 62.3% opina de la misma manera al señalar que están libres de malos olores y un 45.1% dice que están libres de ruidos.
En cuanto al transporte público, un 52.1% está “muy de acuerdo y de acuerdo” en que es apto para las personas adultas mayores y un 56.6% afirma que los choferes son respetuosos.
En el 2026, el Ministerio de Salud contabilizaba a 51 cantones como “ciudades amigables con los adultos mayores”. El Idespo-UNA quiso indagar cuánto conocen este concepto los ciudadanos. La respuesta no fue alentadora: ocho de cada 10 lo desconoce, mientras que un 18% relacionan el término con “accesibilidad física e infraestructura” y un 8.2% con “empatía, respeto y trato digno”.
Pensiones
En otro apartado del estudio, se identificó que casi nueve de cada 10 entrevistados estiman como “muy importante” cotizar para una pensión en la vejez. “Las principales razones por las cuales las personas consideran que es muy importante cotizar para la vejez se relacionan, en primer lugar, con la necesidad de garantizar su subsistencia durante esta etapa de la vida (40.5%); en segundo lugar, la búsqueda de seguridad y tranquilidad futura (22.3%) y en tercer lugar, la posibilidad de mantener la independencia y la dignidad personal”, afirma el estudio.
En momentos en que se discuten reformas a los regímenes de pensiones, como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con propuestas como la edad de retiro, los costarricenses consideran que el rango de edad ideal para pensionarse es entre los 60 y 64 años. Así opina un 54.6% de la muestra; un 23.5% está favor de que sea a los 65 años o más y un 15.4% se ubica entre 51 a 59 años.
La encuesta se realizó entre el 11 y el 19 de junio de 2025. En total, se realizaron 701 entrevistas con un error de muestreo de 3.7% hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.
La Defensoría de los Habitantes notificó oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe técnico que pone bajo la lupa el actual modelo de infraestructura escolar en Costa Rica.
El documento evidencia una realidad alarmante: estudiar en condiciones dignas y seguras se ha convertido en un desafío crítico en el país, lo que representa una vulneración directa a los Derechos Humanos de miles de estudiantes.
La situación es de extrema urgencia. El curso lectivo 2026 arrancó con 389 centros educativos que tienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados. A nivel nacional, el MEP acumula un total de 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en «categoría roja», lo que significa que tienen un riesgo inminente de cierre total por poner en peligro la vida de la comunidad escolar, concentrándose la mayoría de estos casos en la provincia de Limón.
Modelo agotado que traslada la responsabilidad a las Juntas
Para la Defensoría, el problema no es solo la falta de planificación y presupuesto, sino un sistema administrativo de gobernanza que no funciona. Actualmente, el Estado le transfiere dinero a las Juntas de Educación y Administrativas (integradas por vecinos y padres de familia voluntarios) para que ellos se encarguen de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras, cuyos presupuestos, en algunos casos, los superan los miles cientos de millones, por la magnitud de la obra.
Esta alarmante desconexión provoca que existan miles de millones de colones «atrapados» en las cuentas bancarias de Caja Única, mientras los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, en centros educativos en donde los proyectos constructivos iniciaron en el 2013 o 2015 y que, tras más de una década, los fondos siguen congelados y los proyectos sin terminarse.
En el informe, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, fue contundente al señalar de forma textual la raíz de esta crisis: «El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta’ está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, quien asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso.»
¿Por qué estamos así?
El análisis de la Defensoría de los Habitantes detalla que la crisis se sostiene sobre cuatro fallas estructurales:
Responsabilidad injusta: Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias.
Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.
Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.
Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.
Recomendaciones
En su informe, la Defensoría de los Habitantes no solo señaló las deficiencias, sino que extendió una ruta para una actuación inmediata del Ministerio de Educación Pública.
1. Planificación a largo plazo:El MEP debe diseñar e implementar una Programación Decenal (2026-2035). Esto significa crear un portafolio transparente de inversiones a 10 años que defina con nombre y apellido qué escuela se va a intervenir, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.
2. Devolver la responsabilidad al Estado.El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP de forma profesional, transformando a las juntas comunitarias en aliadas de vigilancia social y no en constructoras obligadas.
La Defensoría reiteró que el financiamiento del derecho a la educación no puede seguir dependiendo solo de la matrícula del centro educativo, sino que este debe enfocarse en criterios de la calidad misma de la educación y en este caso de la infraestructura, de la necesidad de generar un entorno seguro, limpio y digno acorde al modelo educativo.
-La verdadera preocupación no es lo que las máquinas serán capaces de hacer, sino lo que nosotros hemos dejado de hacer antes de su llegada. –
La reciente encíclica Magnifica Humanitas de León XIV constituye una reflexión lúcida, necesaria y profundamente esperanzadora sobre los desafíos que la inteligencia artificial (IA) plantea para la humanidad. Sus implicaciones son universales. La revolución tecnológica ya está transformando el mundo y ninguna sociedad podrá permanecer al margen de sus efectos económicos, culturales, educativos y políticos.
Sin embargo, la lectura de la encíclica me llevó inevitablemente a pensar en Costa Rica. Mientras buena parte del mundo debate los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial, tengo la impresión de que nosotros enfrentamos un desafío previo. Me preocupa que estemos observando el horizonte sin advertir la fragilidad del terreno que pisamos.
La preocupación de León XIV no se limita a los avances tecnológicos. En el fondo, la encíclica recupera una pregunta tan antigua como la filosofía misma: ¿qué es el ser humano y qué necesita para vivir una vida verdaderamente humana? Porque toda revolución tecnológica termina desembocando en una cuestión antropológica. Antes o después, la pregunta deja de ser qué pueden hacer las máquinas y vuelve a ser quiénes queremos ser nosotros.
Vista desde esa perspectiva, la dificultad principal no es tecnológica. Es humana. Veo estudiantes que llegan a la universidad con serias dificultades para comprender un texto sencillo. Veo personas incapaces de sostener la atención durante unos pocos minutos sin consultar el teléfono. Veo una creciente dependencia de contenidos breves e inmediatos, acompañada por el debilitamiento de hábitos que durante siglos fueron considerados indispensables para la formación intelectual: la lectura profunda, el estudio paciente y la reflexión crítica.
No se trata simplemente de un cambio de costumbres. Se trata de una transformación cultural más profunda. Una sociedad que pierde la capacidad de pensar críticamente se vuelve más vulnerable no solo a la manipulación tecnológica, sino a cualquier forma de poder.
Lo digo porque basta observar nuestras interacciones. Cada vez parece más difícil sostener un diálogo sereno e informado sobre cualquier tema. La discrepancia se transforma casi de inmediato en descalificación, el argumento cede ante el insulto y la búsqueda honesta de la verdad es reemplazada por la necesidad de imponerse. No importa si se trata de política, educación, religión o asuntos de interés nacional. Con frecuencia asistimos a un espectáculo de ataques personales y frases diseñadas para provocar aplausos o indignación.
Esta tendencia no se limita a las redes sociales. Se ha instalado también en algunos medios de comunicación, en espacios de opinión donde la confrontación genera más audiencia que la reflexión y en programas donde el espectáculo parece más importante que la información. Se manifiesta en dirigentes que desacreditan a quienes piensan distinto antes de responder a sus argumentos, en manifestaciones donde resulta más fácil pintar una pared que construir una razón y en una cultura que parece encontrar más satisfacción en señalar culpables que en buscar soluciones. Poco a poco hemos ido aceptando como normal una forma empobrecida de debatir, donde importa más quién grita más fuerte que quién tiene mejores razones.
El ruido ocupa el lugar de las ideas. La ocurrencia desplaza al conocimiento. La polémica genera más interés que la verdad. Y uno termina con la amarga impresión de que, mientras el mundo se prepara para desafíos cada vez más complejos, nosotros seguimos atrapados entre el circo, la maroma y el teatro.
Y hay algo más preocupante todavía. Hemos comenzado a confundir la autenticidad con la vulgaridad. Pareciera que hablar “como la gente” consiste en insultar, ridiculizar o descalificar. Como si la grosería fuera una prueba de cercanía con el pueblo y la agresividad una muestra de sinceridad. Sin embargo, una cosa es utilizar un lenguaje sencillo y directo, y otra muy distinta es empobrecer la conversación hasta convertirla en una sucesión de ofensas. Cuando las vulgaridades sustituyen a los argumentos, no estamos democratizando el debate; estamos degradándolo.
Por eso la llegada de la inteligencia artificial plantea una paradoja inquietante. En nuestra sociedad estas herramientas aparecen en un momento en que parecen debilitarse precisamente aquellas facultades que deberían orientarlas.
Nos preocupa que las máquinas puedan pensar por nosotros, cuando desde hace años estamos renunciando, poco a poco, al ejercicio de pensar por nosotros mismos.
Una sociedad no pierde su rumbo cuando aparecen nuevas tecnologías. Lo pierde cuando deja de cultivar las capacidades humanas necesarias para comprenderlas, juzgarlas y ponerlas al servicio del bien común.
Por eso la discusión, al menos en Costa Rica, sobre la IA no debería comenzar preguntándonos qué harán las máquinas en el futuro. Debería comenzar preguntándonos qué clase de personas y qué clase de sociedad estamos formando en el presente.
Miles de personas participaron en una marcha campesina realizada en la ciudad de Colón, Panamá, para expresar su rechazo al proyecto de embalse sobre el río Indio y a la posible reapertura de la mina de Donoso. La movilización reunió a comunidades rurales, organizaciones sociales, pueblos indígenas, gremios profesionales, trabajadores, docentes, estudiantes y sectores ciudadanos bajo la consigna: “Embalse y minería: la misma porquería”.
La manifestación fue convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE) y tuvo como eje central la defensa del agua, los territorios y los medios de vida de las comunidades potencialmente afectadas por ambos proyectos. Las organizaciones participantes sostienen que tanto el embalse proyectado sobre el río Indio como la minería metálica a cielo abierto representan amenazas para los ecosistemas, la producción de alimentos y las fuentes de agua que abastecen a las actuales y futuras generaciones.
Según los organizadores, los ríos constituyen fuentes irremplazables para la vida comunitaria y para la sostenibilidad ambiental del país. Por ello consideran inaceptable que sean intervenidos para favorecer actividades económicas que demandan grandes cantidades de agua dulce, como el comercio internacional vinculado al Canal de Panamá y la minería metálica a cielo abierto.
La marcha se desarrolló el sábado 6 de junio y recorrió aproximadamente 15 kilómetros por las calles de la ciudad de Colón. A lo largo del trayecto recibió muestras de apoyo de habitantes de distintos barrios y comunidades. Pese a las fuertes lluvias que acompañaron parte de la jornada, las personas participantes continuaron la movilización hasta llegar al sector del Cristo Redentor, donde concluyeron la actividad con un acto público, manifestaciones culturales y la lectura de un manifiesto dirigido al país.
En ese manifiesto, la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses reiteró su compromiso con la defensa de las tierras campesinas, la protección de la cuenca del río Indio y la preservación del Corredor Biológico Mesoamericano como garantía de la seguridad hídrica de Panamá. Asimismo, exigió la suspensión del proyecto de reservorio de río Indio y la apertura de una mesa de diálogo regional con participación de diversos sectores sociales.
Las organizaciones también rechazaron la eventual reapertura de la minería metálica a cielo abierto, al considerar que constituye una actividad incompatible con la protección de la vida, el ambiente, el agua y los derechos de las futuras generaciones.
Otro de los planteamientos contenidos en el manifiesto es el llamado a la ciudadanía a conocer y exigir la ejecución efectiva del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Colón aprobado en 2022, así como mantener la vigilancia sobre las reformas relacionadas con la seguridad social y las jubilaciones.
Además, las organizaciones expresaron su rechazo al Memorando de Entendimiento suscrito con el gobierno de Estados Unidos, al considerar que afecta la soberanía nacional, el multilateralismo y la condición de neutralidad permanente de Panamá.
Durante el acto de cierre, las personas participantes cuestionaron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al Gobierno Nacional por impulsar iniciativas que, según afirmaron, carecen de legitimidad social y presentan cuestionamientos legales y ambientales. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional para mantenerse vigilante ante las denuncias de las comunidades afectadas y ante posibles vulneraciones de derechos humanos derivadas de estos proyectos.
Las organizaciones sostienen que la defensa del agua, de los territorios y de los derechos de las comunidades constituye una prioridad frente a proyectos que consideran incompatibles con un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente justo.
Organizaciones y sectores participantes
Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE)
Organizaciones campesinas
Pueblos indígenas
Gremios profesionales
Organizaciones de trabajadores
Organizaciones docentes
Organizaciones estudiantiles
Comunidades afectadas por la falta de acceso al agua potable
Diversos sectores sociales y ciudadanos de las provincias de Colón, Coclé y Panamá
Fotografías: Aubrey Baxter y Aris Mariota / Guásimo Multimedia
Heredia, Costa Rica, 8 junio de 2026. El Consejo Académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), en sesión extraordinaria 02-2026 celebrada el 4 de junio de 2026, aprobó un pronunciamiento de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y la continuidad de la represión contra quienes defienden los derechos colectivos de sus pueblos.
El Instituto manifestó su profunda solidaridad con las comunidades indígenas y afrodescendientes que continúan resistiendo en sus territorios, así como con las personas que han debido exiliarse tras sufrir persecución, encarcelamiento, desapariciones forzadas, despojo territorial y otras formas de violencia ejercidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El pronunciamiento destaca la gravedad de la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, reconocido líder miskitu y defensor histórico de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, quien falleció bajo custodia estatal luego de permanecer casi tres años en condición de detención arbitraria y desaparición forzada.
Durante décadas, Rivera impulsó la defensa de la autonomía de la Costa Caribe, la protección de los territorios indígenas y la reivindicación de los derechos históricos de los pueblos originarios. Su detención se produjo después de denunciar ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en abril de 2023, la situación de violencia, invasiones territoriales y violaciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Para el IDELA, la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto de persecución política, criminalización de liderazgos indígenas y afrodescendientes, invasiones territoriales, desplazamientos forzados y exilio. Diversas organizaciones indígenas han advertido que estas acciones amenazan la supervivencia física, cultural y territorial de los pueblos originarios de la Costa Caribe.
El Consejo Académico también manifestó su preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o desaparecidas. En particular, exigió prueba de vida y la liberación inmediata de Steadman Fagot Müller y de los guardabosques mayangnas Celso Lino Argüello, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno, Ever Bruno Palacio, Tony Bruno Smith y Olivier Bruno Palacio.
Acuerdos del pronunciamiento
Ante estos hechos, el Consejo Académico del IDELA acordó:
Condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución, el encarcelamiento y la muerte de personas que demandan el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.
Demandar la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas en Nicaragua.
Exigir una investigación independiente que esclarezca las circunstancias que rodearon la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y establezca las responsabilidades correspondientes.
Exigir prueba de vida y la liberación inmediata de las personas indígenas actualmente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.
Reiterar su solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, especialmente con quienes viven en condición de desplazamiento y exilio forzado en Costa Rica.
El Instituto expresó además un mensaje de acompañamiento a las comunidades indígenas exiliadas en Costa Rica, reconociendo el dolor y la incertidumbre que enfrentan, pero también la larga memoria de resistencia construida frente al racismo, la colonización y el despojo territorial.
Finalmente, el Consejo Académico afirmó que la memoria de Brooklyn Rivera continuará presente en las luchas por la autonomía, la defensa de los territorios, la justicia y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y de toda Abya Yala.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR nboeglin@gmail.com
El pasado 21 de mayo, en el marco de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por el genocidio en curso en Gaza, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una ordenanza (véase texto en francés y en inglés) en la que le fija a Sudáfrica y a Israel, los plazos para la presentación de sus respectivos escritos de segunda ronda de alegatos.
En las líneas que siguen, analizaremos los alcances de esta decisión y la estrategia legal de Sudáfrica, no sin antes recordar las reglas sobre plazos y otros detalles que establece el procedimiento contencioso en la CIJ entre dos Estados, así como el repudio generalizado que ha causado y sigue causando Israel por su accionar militar insensato, que ya no se limita al territorio palestino ocupado. Al respecto el reciente fracaso diplomático de Alemania para acceder a una silla en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es ajeno a su incapacidad de condenar claramente las acciones ordenadas por las máximas autoridades de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: se trata de un aspecto notoriamente omitido en la prensa internacional, como por ejemplo en esta nota de la DW.
El procedimiento contencioso en La Haya: una secuencia de plazos
Cabe recordar que ante la CIJ, el procedimiento contencioso entre dos Estados prevé varias etapas: usualmente, los Estados proceden primero a dos rondas de alegatos escritos, que son seguidas luego de las audiencias orales que se celebran en La Haya, durante las cuales también es muy usual observar dos rondas de alegatos.
En la fase escrita, luego de entregar el Estado demandante una memoria, el Estado demandado deposita su contra memoria. Siguen luego el depósito de un segundo documento denominado «réplica» por parte del Estado demandante, y de una «dúplica» por parte del Estado demandado. Con respecto a las audiencias orales, que pueden durar varias semanas, es su conclusión oficial la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).
Para cada fase de este extenso contradictorio entre dos Estados, hay que fijar los plazos de presentación de los escritos, lo cual se materializa, previa consulta con las delegaciones de ambas partes, mediante la adopción de una ordenanza por parte del Presidente de la CIJ.
Con relación a Israel y a sus múltiples exacciones en Gaza, esta misma CIJ emitió una contundente opinión consultiva dada a conocer el 22 de octubre del 2025 sobre las obligaciones de Israel en Gaza como Estado Miembro de Naciones Unidas: véase el texto en francés y en inglés, y en particular el párrafo operativo final 223, en el que la CIJ le señala a Israel (entre muchos otros puntos) que no puede usar el hambre como arma de guerra. Como lo indicábamos al analizar los alcances de esta opinión consultiva (Nota 2), es la primera vez en la historia que la CIJ le recuerda a un Estado una obligación de esta índole.
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, «How do you curate a genocide», Magazine+972, edición del 21 de mayo del 2026. Texto disponible en este enlace.
Este 4 de junio del 2026, en las afueras del Consejo de Seguridad, la Liga de Estados Árabes, la Organización de la Cooperación Islámica, Palestina y un nutrido grupo de representantes de diversos Estados, realizaron una conferencia de prensa (véase video), en la que denunciaron las exacciones de todo tipo de Israel en el territorio palestino registradas en las últimas semanas, aprovechando Israel el desvío de la atención internacional en razón de las fuertes tensiones en el Golfo Pérsico y así como en el Líbano.
Los plazos fijados en breve
En su ordenanza en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel por el genocidio en curso en Gaza (véase texto en francés y en inglés), los plazos fijados para el depósito de la réplica (Sudáfrica) y de la réplica (Israel) son:
– 22 de noviembre del 2027 para Sudáfrica
– 22 de mayo del 2029 para Israel.
En esta misma ordenanza se puede leer que mientras Israel no consideraba necesario proceder a una segunda vuelta de alegatos, Sudáfrica insistió en la importancia de mantener una segunda ronda de alegatos, pidiendo incluso un plazo bastante extenso de 18 meses para preparar su escrito, plazo que le fue concedido por la CIJ.
Como se podrá observar, se trata de un nuevo fracaso de la diplomacia israelí, al parecer extremadamente urgida en que este caso sea lo más rápidamente resuelto y archivado por parte de la CIJ (de manera a añadir una decisión más en su contra de la CIJ, irrespetada y desacatada de manera desvergonzada por Israel).
Cabe recordar que en una ordenanza similar sobre plazos de abril del 2024 entre Sudáfrica e Israel (véase texto), la CIJ había ordenado un plazo de nueve meses, plazo intermedio entre los doce meses que solicitaba Sudáfrica y los seis meses solicitados por Israel. En lo que respecta al plazo otorgado a Israel, una segunda ordenanza de la CIJ de abril del 2025 (véase texto) le otorgó a Israel una prórroga adicional, evidenciándose la improvisación y la poca preparación de Israel para respetar los plazos inicialmente fijados para la entrega de sus argumentos.
No es la primera vez que Israel improvisa sus participaciones ante los jueces de la CIJ de manera errática. En el marco esta vez del procedimiento consultivo que concluyó con la opinión de la CIJ del 19 de julio del 2024 sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino (véase texto completo), la jueza norteamericana de la CIJ notó en su opinión individual (véase texto) que:
« 4. Il est également regrettable qu’Israël n’ait pas réellement pris part à la présente procédure consultative. Celui-ci a soumis à la Cour un exposé écrit de cinq pages, assorti d’annexes. Il a choisi de ne pas participer à la procédure orale, bien que la Cour lui eût, jusqu’à l’ouverture des audiences, réservé trois heures pour présenter ses vues, soit un temps de parole égal à celui alloué à l’État observateur de Palestine et six fois supérieur à celui accordé à chacun des autres participants. La présente instance étant de nature consultative, aucun État n’avait l’obligation d’y prendre part, et Israël pas davantage qu’un autre. Cependant, la participation de ce dernier à la procédure orale eût été bénéfique pour la Cour.
../..
4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court.»
Es de notar que el pasado 28 de mayo, Israel evidenció el nivel de creatividad al que han llegado sus máximas autoridades, al decidir “romper sus relaciones” con el Secretario General de Naciones Unidas (véase nota de prensa del New York Times y tweet oficial de su aparato diplomático): salvo error de nuestra parte, se trata de una verdadera “première” en toda la historia de Naciones Unidas, al nunca haberse registrado con anterioridad a un Estado Miembro anunciando semejante “rompimiento” con el máximo representante de la organización. Al no contarse con precedente alguno, no se tiene muy claro cuáles serán las consecuencias exactas para Israel: al respecto, será de gran interés observar lo que precise, haga o bien deje de hacer, el delegado de Israel con ocasión de una próxima sesión del Consejo de Seguridad en presencia del Secretario General.
La demanda de Sudáfrica en breve
Como se recordará, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel el 29 de diciembre del 2023 por genocidio en Gaza (véase texto), acompañando su demanda de una solicitud urgente de medidas provisionales.
Esta primera solicitud urgente fue objeto de una respuesta de la CIJ, con una primera ordenanza emitida el 26 de enero del 2024 que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 3): desde enero del 2024, Israel desafía abiertamente la autoridad de la CIJ, al no haber en lo más mínimo modificado la forma de llevar a cabo sus operaciones militares en Gaza, tal como ordenado por la CIJ.
Cabe precisar que este caso contencioso que Sudáfrica a Israel ha propiciado solicitudes de intervención de varios Estados, en apoyo a la demanda sudafricana, siendo los últimos en hacerlo Países Bajos e Islandia, y que tuvimos la ocasión de detallar en cuanto a su contenido (Nota 4).
Por parte de América Latina, a diferencia de una diplomacia de Costa Rica inaudible y ausente cuando se trata de condenar las exacciones cometidas por Israel en Gaza y más generalmente, en el territorio palestino ocupado, los Estados que han presentado solicitudes de intervención en apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel son: Brasil en septiembre del 2025 (véase texto), Belice en enero del 2025 (véase texto), Cuba en enero del 2025 (véase texto), Bolivia en octubre del 2024 (véase texto), Chile en septiembre del 2024 (véase texto), México en mayo del 2024 (véase texto), y Colombia en abril del 2024 (véase texto). Es de recalcar además que el primer Estado europeo en haber presentado una solicitud similar fue España, en el mes de junio del 2025 (véase texto).
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israell, titulado “Rats, raw sewage, skin diseases: Israel’s siege is ravaging Gaza’s displaced”, Magazine+972, edición del 29 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Con relación a las tesis jurídicas de Israel aduciendo que la CIJ no tiene ninguna competencia al no observarse ningún genocidio en Gaza, Israel ha podido contar, como previsible, con las solicitudes de intervención presentadas en el mes de marzo de manera extrañamente coordinada: el mismo día el 12 de marzo del 2026 por parte de Estados Unidos (véase texto), Hungría (véase texto), Islas Fidji (véase texto), antecedidas por una solicitud remitida por Paraguay presentada el 2 de marzo (véase texto). La extrañeza resulta en la coincidencia exacta de fechas de tres Estados muy lejanos geográfica y políticamente (a saber Estados Unidos, Hungría e Islas Fidji), así como en el interés, algo súbito, en el mes de marzo del 2026, de presentar solicitudes en apoyo a Israel en el marco de un contencioso iniciado en diciembre del 2023.
El pasado 2 de junio del 2026, se informó de un intercambio de palabras bastante inusual entre el actual ocupante de la Casa Blanca y el Primer Ministro de Israel (véase nota de The Guardian) que pone en evidencia que todo tiene un límite en este bajo mundo (incluyendo la tolerancia del ocupante de la Casa Blanca ante las acciones insensatas del aparato militar de Israel): en esta entrevista de la cadena gala France24, se detalla la secuencia de fracasos de Israel de la que pareciera quererse ahora desmarcar el precitado ocupante.
En el caso específico de Costa Rica, cabe señalar una nueva incoherencia con respecto a los principios defendidos tradicionalmente en el ámbito internacional, relacionada esta vez a una muy cuestionada ley sobre la pena de muerte adoptada en Israel en el mes de marzo del 2026 (Nota 5): esta nueva inconsistencia, bastante notoria, se explica en razón del verdadero «alineamiento» de Costa Rica con Israel detallado en este artículo publicado el pasado 15 de mayo en El País (España), en el cual se indica la disposición de la nueva Presidenta de Costa Rica para el período (2026-2030) en trasladar la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén: de materializarse el traslado de su embajada, Costa Rica estaría violando abiertamente el consenso internacional acordado desde 1947 sobre el estatuto internacional particular de Jerusalén. Al respecto, no está de más indicar lo que se lee en el capitulo sobre el traslado de la embajada de Costa Rica a Tel Aviv y el reconocimiento de Palestina como Estado, en una obra publicada en el 2013 por parte del ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010). Al concluir este capítulo, cuya lectura completa se recomienda, al pasar en revista todas las resoluciones de Naciones Unidas que Costa Rica violó desde 1982 (año en que decidió trasladar su embajada de Tela Aviv a Jerusalén), el autor indica que:
«Al concluir el acto protocolar, me encontré rodeado de distintos miembros de la comunidad que venían a saludarme y felicitarme por mis palabras, mi valor y mi candor. Algunos no estaban necesariamente de acuerdo con mis planteamientos, pero respetaban nuestro modo de pensar. Otros se expresaron a favor, e incluso unos cuantos me abrazaron y dos lloraron sobre mis hombros. Fue un momento de catarsis. Al Ex–Presidente Monge no lo volví a ver, ni tenía muchas ganas de verlo. El 20 de mayo, sin embargo, publicaría un artículo en el cual, desprovisto de argumentos, arremetería contra los “neo-nazis” de la administración Arias Sánchez (Nota 27). Supongo que mis palabras no fueron de su entero agrado” (Nota 6).
Sudáfrica: una hábil estrategia legal ante la CIJ
Más allá de las incoherencias a las que Costa Rica se ha prestado en los últimos cuatro años cuando de proteger a Israel se trata en el ámbito internacional, poniendo en entredicho la imagen internacional que ha forjado en los últimos 60 años (Nota 7), es de saludar la ejemplar actitud de Sudáfrica, y ello desde que inició este procedimiento contencioso contra Israel ante la CIJ. Así como el apoyo recibido a su gestión por parte de varios Estados de América Latina, África y Europa (al que podrían sumarse más dada la pérdida de toda credibilidad de Israel y el repudio generalizado que ha provocado en el mundo la insensatez de su accionar en Gaza, pese al incondicional apoyo que ha recibido Israel por parte de Estados Unidos). Cabe señalar que previamente a la solicitud de intervención de Palestina del 31 de mayo del 2024 (véase texto en francés y en inglés), habían presentado su solicitud de intervención México (24 de mayo del 2024), Libia (10 de mayo) y Colombia (5 de abril).
En un primer momento (diciembre del 2023), Sudáfrica se empleó a encontrar la manera de frenar el ímpetu destructor e insensato del aparato militar de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, logrando obtener en tres ocasiones por parte de la CIJ (entre enero y mayo del 2024) medidas provisionales de carácter urgente ordenadas por la CIJ a Israel: se trata de tres ordenanzas que fueron una tras una, objeto de un desacato desvergonzado por parte de Israel, que no encontró mejor argumento que tildar de «antisemita» a la CIJ (véase nota de prensa del Jerusalem Post del 2024). Se recomienda, en particular a quiénes consideran en sus columnas de opinión que Israel respeta las reglas del derecho internacional, leer y si es del caso volver a leer;
– el párrafo operativo 86 de la ordenanza del 26 de enero del 2024 (véase texto);
– el párrafo 51 de la ordenanza del 28 de marzo del 2024 (véase texto) y;
– el párrafo operativo 57 de la ordenanza del 24 de mayo del 2024 (véase texto).
A partir de esta actitud de Israel consistiendo en desafiar abiertamente a la autoridad del máximo órgano judicial de Naciones Unidas, Sudáfrica ha optado por extender el procedimiento en el tiempo, de manera a exponer ante el mundo a Israel, y mantener al aparato diplomático de Israel con un incómodo «asunto pendiente por genocidio en Gaza» ante la justicia internacional de La Haya.
Esta exposición en el tiempo de Israel sobre lo que es capaz de hacer Israel en Gaza, y más generalmente en el territorio palestino ocupado, no invalida los hallazgos que puedan hacer otras entidades de Naciones Unidas. Más bien, puede incitar a mayores investigaciones sobre el drama indecible que vive Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, que permitirán a los jueces de la CIJ tener un panorama mucho más completo a la hora de dictaminar su decisión sobre el fondo.
A modo de ejemplo, el pasado 20 de abril se dio a conocer un informe del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) que cuantifica en más de 71.000 millones de US$ la destrucción causada por Israel en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
En esta entrevista de Democracy Now a uno de los mas renombrados expertos sobre el Holocausto realizada el 19 de mayo, se detalla la deriva genocida y supremacista que Israel ha emprendido en los últimos años y que debiera interpelar a muchos, incluyendo a los integrantes de la comunidad judía en todo el mundo: al respecto, resulta de cierto interés observar que un sector de la comunidad judía ha desarrollado una campaña mundial denominada «Not in our Name» (véase enlace), al tiempo que otras organizaciones judías como la UJFP en Francia han condenado a Israel por sus exacciones en Gaza (véase sitio), así como la Jewish Voice for Peace (véase sitio), y que se ha observado una importante cantidad de personas de ascendencia judía en las multitudinarias marchas de protestas en favor de las víctimas palestinas en Gaza en las principales capitales europeas, en Canadá y en Estados Unidos. No obstante, en otras latitudes, no se ha registrado crítica alguna a Israel ni manifestaciones colectivas de repudio: una de las pocas voces judías críticas en Costa Rica es la de una joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UCR (véase su artículo titulado «No en nuestro nombre» publicado en septiembre del 2024 y uno anterior sobre el uso del «antisemitismo» en Costa Rica para intentar descalificar a quienes exigen a Israel respetar las normas del derecho internacional).
Con relación al calificativo de «antisemita» agitado por Israel, cabe recordar que cuando la Fiscalía de la CPI anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, el primer ministro y el ministro de Defensa en Israel no encontraron mejor argumento que el de descalificar a la CPI indicando que es «antisemita» (véase la nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters). Ello como parte de las gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí cuando fracasa, y que ya no impresionan mayormente, salvo algunos pequeños círculos.
El 1ero de junio del 2026, un comunicado oficial conjunto de varios expertos de Naciones Unidas denuncia la «política de terror» que fomenta Israel en todo el territorio palestino ocupado, Jerusalén Oriental incluida (véase texto del comunicado). Es de notar que Israel ha aprovechado también de la confrontación contra Irán iniciada conjuntamente con Estados Unidos el 28 de febrero, para expandirse como nunca en el Sur del Líbano, con acciones que califican como crímenes de guerra y debieran poder interesar a la justicia penal internacional, si es que las actuales autoridades del Líbano así lo quisieran (Nota 8): en esta nota de prensa del 29 de mayo del 2026, el número de personas fallecidas en el Sur del Líbano desde inicios del mes de marzo del 2026 asciende a 3324, de las cuales 55 son menores de edad, con 15 de ellos habiendo sido ultimados por el ejército de Israel en una sola semana. Esta otra nota refiere a más de 10.000 personas heridas en el Líbano en razón de las acciones militares israelíes. Este 5 de junio, un colectivo de juristas en Francia denunció la estrategia de asesinatos deliberados de periodistas libaneses por parte de Israel, tendiente a evitar que el mundo esté informado de su accionar en el Sur del Líbano (véase comunicado). En esta entrevista de France24 del 6 de junio, se detalla la destrucción deliberada de sitios declarados patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO por parte de Israel en el Sur del Líbano.
Con relación a Gaza, resulta oportuno recordar que en septiembre del 2025, una comisión de investigación de Naciones Unidas concluyó a la perpetración de un genocidio en Gaza, siempre en curso (véase el texto completo de este informe y el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas). Este informe de septiembre del 2025 confirmó los hallazgos anteriores de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, en su informe (véase texto) titulado «Anatomía de un genocidio» presentado en julio del 2024. Imperturbable, pese a sufrir una fuerte campaña de desprestigio en su contra propiciada por Israel, Estados Unidos (y por los círculos de influencia que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en todo el mundo) con incluso sanciones en su contra ordenadas por Estados Unidos y, en febrero del 2026, aparatos diplomáticos en Europa extremadamente hacendosos para desacreditarla (Nota 9), en el mes de marzo del 2026 esta valiente jurista italiana presentó un informe adicional, titulado «Tortura y genocidio» (véase texto).
Con respecto a Costa Rica, resulta oportuno señalar que, al finalizar el mes de febrero del 2026, la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció el otorgamiento de su máxima distinción académica a Francesca Albanese (véase anuncio oficial de la UCR): un apoyo a su valentía y a su labor que bien podría replicarse en otros recintos universitarios. El pasado 2 de abril, se informó que esta valiente jurista recibió también la máxima distinción académica remitida por tres universidades en Bélgica (véase nota de prensa). En Costa Rica, personalidades e intelectuales han saludado esta llamativa iniciativa de la UCR (véase artículo de opinión publicado el pasado 29 de marzo en La Extra y este otro publicado con anterioridad en Delfino.cr, entre muchos más), al tiempo que otros han considerado oportuno repetir en artículos de opinión el guion del aparato diplomático israelí y las falacias que ha difundido en contra de Francesca Albanese, y ello desde su primer informe antes mencionado y titulado «Anatomía de un genocidio«, cuya lectura integral se les recomienda.
Como parte de esfuerzos (no gubernamentales) para dar a conocer a la opinión pública de Costa Rica lo que ocurre en Gaza, la película La Voz de Hind Rajab, ganadora de varios premios internacionales, se presentó en Costa Rica por vez primera, a partir del 5 de junio del 2026 en el Cine Magaly (véanse enlace de anuncio del Cine Magaly, así como este video de la larga ovación vivida durante la presentación de esta conmovedora película durante el Festival de Venezia, así como esta nota de prensa). En este enlace de una fundación que lleva su nombre, el detalle del asesinato de esta niña palestina ocurrido el 29 de enero del 2024 en Gaza permite entender mucho mejor las razones por las que esta película ha conmovido a tantas personas en todo el mundo. En este otro enlace de una fundación que lleva su nombre, se enlista parte de los 24 militares israelíes involucrados en el asesinato de Hind Rajab y de su familia, así como el de dos socorristas cuya ambulancia fue bombardeada horas después de llegar cerca del vehículo en el que se encontraba esta pequeña niña palestina aún en vida.
A modo de conclusión
Ante el drama indecible que se vive en Gaza desde hace más de dos años y medio, y la extrema urgencia de la situación para muchas familias palestinas, la justicia internacional de La Haya cuenta con un procedimiento contencioso que no hay cómo modificar, alterar o agilizar.
Este procedimiento contencioso se extiende durante varios años, en razón de las reglas procesales aplicables: como muchas veces ocurre con la misma justicia a nivel nacional, la justicia internacional puede llegar en algún momento, pero no es necesariamente una justicia pronta, como se quisiera. Desde este punto de vista, la justicia internacional no escapa a lo que pareciera ser una verdadera patología de la justicia en el plano nacional.
Ahora bien, desde el 26 de enero del 2024, fecha de la primera ordenanza de la CIJ, fueron en total tres los intentos de Sudáfrica de solicitarle medidas urgentes a la CIJ sobre el genocidio en curso en Gaza, siendo la última la ordenanza de la CIJ del mes de mayo del 2024, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 10): conforme pase el tiempo, y se registren más exacciones de Israel en Gaza, la actitud desafiante de Israel puede contribuir a garantizarle a Sudáfrica una futura sentencia de la CIJ particularmente contundente y ejemplarizante. Paralelamente, los diversos informes de Naciones Unidas ya elaborados (y por elaborar) así como otros informes preparados por otras entidades de la sociedad civil, como por ejemplo uno reciente elaborado sobre lo que viven las personas palestinas detenidas en las cárceles israelíes (Nota 11), permitirán, sin lugar a dudas, a los jueces de la CIJ contar con elementos adicionales para condenar con mayor dureza a Israel como Estado: desde este preciso punto de vista, hay que saludar la magistral estrategia legal de Sudáfrica contra la que no pueden hacer mayor cosa, ni Israel, ni sus influyentes círculos de influencia, como tampoco su incondicional aliado norteamericano.
Este último por cierto, no encontró nada mejor que atacar conjuntamente con Israel a Irán, el 28 de febrero del 2026, tres días después de haber sido notificado por la CIJ de la apertura de la fase de compensación en el marco esta vez de otro caso: la demanda interpuesta por Irán contra Estados Unidos en el 2018 relativa al secuestro ilegal de sus activos bancarios en Estados Unidos (véase texto en francés y en inglés de la ordenanza de la CIJ del 25 de febrero del 2026).
– Notas –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 26 de enero del 2024. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Países Bajos e Islandia solicitan intervención en el marco la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza», 11 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: En efecto, en marzo del 2026, mientras que toda la comunidad internacional repudió la adopción de una polémica ley en Israel instaurando la pena de muerte de manera discriminatoria, al ser aplicable únicamente para condenados palestinos (véanse entre muchos comunicados oficiales, el de España, de Francia, de la misma Unión Europeay el comunicado conjuntode Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido así como este comunicado de varios expertos de Naciones Unidas), el aparato diplomático costarricense se mantuvo totalmente omiso y enmudecido. En este comunicado, un colectivo de juristas en Francia denominado JURDI concluye de manera muy certera, que:»La loi israélienne du 30 mars 2026 ne constitue pas une simple modification de politique pénale. En réintroduisant la peine de mort dans un système marqué par l’occupation, la colonisation, la ségrégation raciale et l’apartheid, mais aussi un génocide à Gaza, elle contrevient aux exigences fondamentales du DIDH, du DIH et du droit international pénal. Elle s’analyse moins comme une réponse au « terrorisme » que comme un instrument d’aggravation de la répression exercée contre le peuple palestinien, renforçant un régime de domination institutionnalisée«. Mientras el repudio ha sido generalizado con respecto a esta ley votada en Israel el 30 de marzo del 2026, … resulta oportuno leer lo que decía el comunicado oficial de Costa Rica en el año 2024, para conmemorar el día internacional de la abolición de la pena de muerte: reafirmaba entonces su defensa de los principios … pasados completamente por alto tratándose de Israel en este 2026 con relación a la penal capital.
Nota 6: Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 74-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas«, 22 de diciembre. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 8: Véase al respecto BOEGLIN N., «La justice pénale internationale et la CPI au Moyen Orient: bilan et perspectives, notamment au vu de ce qui se passe au Liban«, 11 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace .
Nota 9: Véase al respecto este comunicado de febrero del 2026 de Amnistía Internacional denunciando el burdo montaje a partir del cual Austria, Francia y República Checa pidieron sanciones contra Francesca Albanese. El 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo y grosero que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre su capacidad de lectura y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del Presidente de la ONG francesa JURDI con fecha del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian la maniobra de la que fue víctima Francesca Albanese. Se recomienda leer el texto de la misma Francesca Albanese publicado en Le Monde Diplomatique (número de marzo 2026), titulado «Réponse a mes détracteurs» y (cuyo texto integral esta disponible desde el 1 ero de abril del 2026).
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas «. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 11: Véase el informe presentado por una ONG en Ginebra en abril del 2026 titulado «Another genocide behind walls”: New report documents testimonies of rape and sexual violence in Israeli prisons«. En materia de tortura, el pasado 16 de mayo, fue el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura el que envió una misiva urgente a Israel (véase carta), objeto incluso de un comunicado oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado del 19 de mayo del 2026 titulado “Special Rapporteur on torture warns of persistent risks for Palestinian detainees, implores Israel to change course”). Como ya viene siendo costumbre desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, este comunicado de prensa no fue referenciado en prácticamente ningún medio de prensa internacional ni nacional en Costa Rica, por razones que sería de sumo interés conocer.
Resolución acredita que las advertencias realizadas por UNDECA fueron ignoradas y que la implementación forzada del ERP-SAP generó una crisis sistémica en áreas críticas de la institución.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) recibe con satisfacción la resolución final emitida por la Defensoría de los Habitantes sobre la denuncia presentada por nuestra organización el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se alertó oportunamente sobre los riesgos de implementar de forma forzada el sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También esta denuncia fue presentada en su momento ante la Contraloría General de la República.
La investigación de la Defensoría concluye que las advertencias realizadas por UNDECA eran fundadas y que la decisión de poner en funcionamiento el sistema el 2 de junio de 2025 se tomó pese a múltiples alertas técnicas, generando una crisis institucional que impactó simultáneamente la gestión financiera, logística, farmacéutica y administrativa de la Caja.
Entre los principales hallazgos señalados por la Defensoría destacan:
• La acumulación de más de 109.000 facturas pendientes de trámite y una brecha de más de ₡1,59 billones entre obligaciones registradas y pagos realizados.
• Discrepancias en inventarios superiores a ₡112.000 millones y una pérdida temporal de visibilidad sobre existencias y movimientos de suministros institucionales.
• Problemas que afectaron la trazabilidad de medicamentos, incluyendo fármacos sujetos a control especial por la Ley de Estupefacientes.
• La imposibilidad de generar estados financieros confiables durante meses debido a fallas en la implementación y migración de datos.
• Costos extraordinarios superiores a ₡1.340 millones para contratar personal temporal y realizar procesos manuales que el sistema debía ejecutar automáticamente.
La Defensoría también reconoce que la continuidad de los servicios de salud no fue producto del éxito del ERP-SAP, sino del enorme esfuerzo y compromiso de las personas trabajadoras de la CCSS, quienes sostuvieron la operación institucional mediante jornadas extraordinarias, controles manuales y mecanismos de contingencia para evitar una afectación directa a la población.
UNDECA destaca que esta resolución constituye una reivindicación de la labor sindical responsable y comprometida con la defensa de la seguridad social costarricense. Cuando nuestra organización denunció los riesgos del proyecto, lo hizo pensando en la protección de los recursos públicos, la estabilidad institucional, las condiciones laborales del personal y, sobre todo, en la atención de calidad que merecen las personas usuarias de la Caja.
Los hechos acreditados por la Defensoría demuestran que las alertas sindicales no obedecían a intereses particulares ni políticos, sino a preocupaciones legítimas respaldadas por informes técnicos y por el conocimiento de quienes diariamente sostienen el funcionamiento de la institución.
UNDECA exige ahora que las recomendaciones emitidas por la Defensoría sean acatadas en su totalidad, que se determinen las responsabilidades correspondientes por las decisiones adoptadas y que se garantice la transparencia en el proceso de corrección de las fallas detectadas.
La defensa de la CCSS, de sus trabajadores y trabajadoras, y del derecho a la salud de la población seguirá siendo una prioridad irrenunciable para nuestra organización.
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) presentó el primer episodio de su nuevo podcast Seres Endémicos, una iniciativa desarrollada junto con Cucumelo Films para promover la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y la protección de la vida silvestre en Costa Rica.
El episodio inaugural aborda una práctica frecuente en playas, parques nacionales, carreteras y zonas turísticas del país: la alimentación de animales silvestres por parte de personas visitantes y residentes. Aunque muchas veces se realiza con buenas intenciones, especialistas advierten que esta conducta provoca graves alteraciones en la salud y el comportamiento de numerosas especies.
Para analizar esta problemática, el programa contó con la participación de la Dra. Laura Porras, investigadora del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS) de la Universidad Nacional, quien expone evidencia científica acumulada durante décadas sobre los efectos negativos de alimentar fauna silvestre.
Durante la conversación se explica cómo especies como los mapaches, los monos cara blanca y los cocodrilos han modificado sus patrones de comportamiento debido a la disponibilidad de alimentos proporcionados por seres humanos. Entre las consecuencias documentadas se encuentran alteraciones nutricionales, problemas de salud, dependencia alimentaria, cambios en los horarios de actividad y un aumento de los conflictos entre personas y animales.
Uno de los casos analizados corresponde a investigaciones realizadas en el Parque Nacional Manuel Antonio, donde se ha observado que algunos mapaches han adaptado sus rutinas a los horarios de mayor presencia turística para obtener alimentos. Según se explica en el programa, el problema no radica en la especie, sino en los cambios que genera la disponibilidad de comida no natural para estos animales.
La entrevista también aborda los efectos del consumo de alimentos procesados y azucarados en especies silvestres. Como ejemplo, se mencionan los monos cara blanca que reciben golosinas, frutas procesadas u otros productos destinados al consumo humano, situación que puede afectar su salud y modificar sus hábitos naturales.
Otro de los temas desarrollados es el riesgo que implica alimentar cocodrilos. La práctica puede provocar que estos animales asocien la presencia humana con la obtención de alimento, aumentando el peligro de incidentes y ataques en zonas donde existe interacción frecuente entre personas y fauna silvestre.
La Dra. Porras destaca además la necesidad de fortalecer la educación ambiental y la divulgación científica para que más personas comprendan por qué no deben alimentar animales silvestres y cuáles son las consecuencias ecológicas de hacerlo.
El episodio recuerda que la alimentación de fauna silvestre está prohibida por la Ley de Conservación de Vida Silvestre de Costa Rica. De acuerdo con el artículo 116 de la normativa, esta conducta puede ser sancionada con multas cercanas a los 150.000 colones.
Asimismo, se informa que las personas pueden denunciar estos hechos mediante la línea telefónica 1192 o a través del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Con el lanzamiento de Seres Endémicos, APREFLOFAS busca contribuir a la sensibilización ciudadana sobre la importancia de proteger la biodiversidad y promover prácticas responsables de convivencia con la fauna silvestre.
El primer episodio ya se encuentra disponible en YouTube:
El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Banda Nacional de San José y la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al Concierto Viejo mi querido Viejo: Celebrando el Día del Padre con la Benemérita Banda Nacional de San José.
La actividad será presencial el jueves 11 de junio a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
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