Desde una perspectiva política y democrática, el desacato sistemático a la Sala IV por parte del Poder Ejecutivo, representado por el Consejo de Gobierno, constituye un peligroso quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, que tiene como consecuencia una muy grave crisis institucional. Si esa crisis afecta a su vez el adecuado funcionamiento de la Caja, dicha desobediencia, ¡jamás antes visto en la historia costarricense!, agrede significativamente la atención a la salud y otros derechos de la seguridad social de los más pobres y vulnerables, principalmente, por medio de ese ataque corrosivo a nuestra invaluable democracia. Desconocer las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, mientras se lanza una campaña infame contra el Poder Judicial, es un evidente acto violatorio del orden constitucional, un gran paso hacia el establecimiento de una dictadura ultraderechista, que dolorosamente, algunos ticos engañados ven con buenos ojos, sin pensar en las consecuencias que tendría algo así para ellos y sus seres queridos.
Por ello, como sucediera antes por fuerza mayor y teniendo muy claro que el Poder Judicial como un todo, son la esperanza de un pueblo bueno y pacífico que mayoritariamente valora los logros que sustentan nuestra vilipendiada democracia, éste ha de actuar en defensa del bien común y de los Derechos Humanos.
Ante el caos institucional que el neofascismo chavista quiere seguir profundizando, como sucediera con la muy razonable conformación urgente, extraordinaria y temporal de la Sala Constitucional, para que la misma pudiera seguir vigente, las magistraturas tienen el deber supremo de hacer valer sus resoluciones patrióticas. Como alternativa a no hacer nada y permitir que esa violación directa al principio de legalidad y al orden democrático de Costa Rica, tenga consecuencias muy dolorosas contra un pueblo que ya sufre por la «enfermedad» que padece la jerarquía de la CCSS, la honorable Sala IV ha de actuar conforme a su conciencia, frente a las acciones destructivas que buscan paralizarla, con todo lo que ello significa.
Si Rodrigo Chaves ha ordenado a Laura Fernández y al resto de ministros del Consejo de Gobierno, tomar decisiones inconstitucionales, penalizables, irracionales también, para evitar que una representante de los trabajadores organizados ejerza sus derechos como parte de la junta directiva de la Caja, para cumplir además con la conformación del quórum estructural, la Sala IV debería actuar frente a tales acciones delictivas. Nadie más podría hacerlo pues la situación es inédita, sorpresiva, malintencionada, imprevista en la letra normativa, pero que obliga a reflexionar acerca de las responsabilidades de quienes ejercen la justicia. Está en juego el trámite de pensiones, el buen funcionamiento de las más de mil sedes sanitarias distribuidas por todo el país; el nombramiento de médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo; la adquisición de bienes y servicios; la gestión operativa y presupuestaria; la atención de los miles de pacientes incluidos en las inhumanas listas de espera… ¡Eso y mucho más por culpa de un Poder Ejecutivo con ínfulas autoritarias!
Aunque me siento por lo menos incómodo al escribir esta respetuosa petición, pues siento que podría estar irrespetando a los que precisamente veo que están siendo vilipendiados, insto muy respetuosamente a los señores magistrados a fallar a favor de los millones de costarricenses que están viendo amenazado su erosionado bienestar, su relativa tranquilidad, su escurridiza paz.
Si el Poder Ejecutivo anuncia que no revisará siquiera su intolerable actitud rebelde, destructiva, la Sala IV podría sustentar una resolución en que, considerando los hechos conocidos, proceda a avalar el nombramiento de la representante Rocío Alfaro Molina, como miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para evitar la amenaza de parálisis que se vislumbra a la vuelta de la esquina. Sería un homenaje al Dr. Calderón Guardia, a monseñor Sanabria y a don Manuel Mora, y a todos los que por 85 años han forjado esa insigne institución solidaria, ejemplo en el mundo.
“Hemos sido atacadas constantemente por ser mujeres, por ser indígenas y por ser rurales” (Dilia MargaritaCo-coy/Guatemala). Siempre hemos demostrado fuerza, memoria y liderazgo. Hay mujeres que han liderado revoluciones, marchas, han impulsado el compromiso global de defensa de sus territorios y de la vida.
El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta fecha se estableció en 1983 durante el II Encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiahuanacu, Bolivia, en honor a Bartolina Sisa, una valiente lideresa aymara que luchó contra la opresión y esclavitud colonial, liderando un ejército de hombres y mujeres; por su lucha por la liberación fue asesinada el 5 de septiembre de 1782.
Posteriormente la ONU la oficializó. Reconocer el 5 de septiembre día de la mujer indígena es un acto de justicia histórica para visibilizar el papel fundamental de las mujeres de los pueblos originarios. Es reconocer sus luchas por décadas y siglos de organización, incidencia y trabajo colectivo en la búsqueda de liberación, en la defensa de la cultura, del territorio y la construcción de la identidad nacional. Resarcir una deuda histórica implicaría reconocer como crimen del Estado, el cese de violencias, racismo y discriminación, la comprensión y aceptación de otras formas de vida y la aplicación de políticas públicas.
El asesinato de Bartolina Sisa fue un crimen del poder colonial. Estos crímenes hasta hoy no han sido resarcidos por ningún estado de los Andes. Fueron crímenes contra pueblos nativos para imponer un sistema de dominio y saqueo de tierras, territorios y las riquezas. Ese sistema colonial y crímenes, hoy en día han retornado con más fuerza con los gobiernos de ultraderecha instalados en el Abya Yala. Recordemos la masacre del 2025 a los pueblos de Otavalo y Saraguro.
Estos estados para mantenerse en el poder tienen que destruir las redes comunitarias para continuar fomentando una sociedad racista, más individualista, la cual no ofrece condiciones de vida digna a las personas, sino que favorece las desigualdades estructurales de la sociedad y la riqueza de grandes poderes. Los grandes capitales utilizan la estrategia de destruir los cuerpos de las mujeres quebrando así el tejido social, en el cual la mujer tiene un papel fundamental (Rita Segato, 2016).
Las mujeres son depositarias de conocimientos, defensoras de la vida, son cuidadoras y guardianas de la Madre Tierra, de las semillas, de las tierras, territorios, el Agua, la salud y la alimentación y la biodiversidad mundial. En reconocimiento de estas acciones, La Asamblea General de la ONU mediante Resolución A/RES/80/10 el 26 de noviembre de 2025 decidió que el 5 de septiembre de cada año se conmemore el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas del mundo.
Esta resolución permite visibilizar el liderazgo, las contribuciones y los desafíos a los que se enfrentan las mujeres y niñas indígenas. Por cuanto las mujeres y niñas de las comunidades, pueblos y nacionalidades están en primera línea cuidando la vida, la biodiversidad y los territorios; desempeñan un rol importante en la transmisión de los conocimientos, las lenguas y la medicina de generación en generación; luchan por una vida digna.
No obstante, en la actualidad nos enfrentamos a profundas desigualdades, pobreza e injusticia. Afectadas por las arraigadas desigualdades estructurales coloniales que han ocasionado la pobreza, el analfabetismo, el acceso precario y limitado a las tierras y territorios, la falta de acceso a la justicia, son víctimas de la trata y otras formas de violencia. Reconocer el aporte de las mujeres indígenas y apoyarlas es fundamental para la construcción de un mundo sostenible, inclusivo de toda la humanidad en armonía con el planeta. Y eso implica que los estados coloniales delineen políticas públicas y presupuesto para el ejercicio y fortalecimiento de sus derechos, porque el racismo, la discriminación, la pobreza y el saqueo siguen vigentes.
Por eso, este día es para alzar nuestras voces. No nos rendimos. El proceso es duro, pero cada paso que damos está cambiando la historia. A pesar de la hostilidad, la violencia y persecuciones estamos presentes. Necesitamos unidad para seguir trabajando y resistiendo en los espacios que nos toca. No es fácil, sin embargo, no perdemos de vista una vida digna.
Para continuar viviendo es importante reforzar y reconstruir el tejido social comunitario que ha sido desintegrado por la intervención colonial. Un tejido comunitario fuerte que fomente una economía recíproca y solidaria para combatir la destrucción de la vida.
Las mujeres indígenas estamos promoviendo cambios en la sociedad, con la defensa de la Madre Tierra, la defensa del Agua y de los páramos para la continuidad de las futuras generaciones, demostrando que es posible vivir en armonía y respetando a la Naturaleza. Hemos existido, existimos y seguirán existiendo mujeres aportando a la creación y apostando a la vida, la paz y la dignidad porque el conocimiento y la memoria es colectivo y trasciende solo si se enseña y se comparte.
Hay momentos en la historia en los que toca pensar con cabeza fría y Venezuela vive uno de ellos.
El 2 de septiembre de 2026, en el Palacio de Miraflores, el Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez firmó acuerdos energéticos con empresas de EEUU, Italia y Venezuela, en presencia del secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Los acuerdos abarcan petróleo, gas, electricidad, inversión, tecnología, empleo e infraestructura.
Es importante distinguir este momento del anuncio realizado el 28 de agosto, que planteó un marco general de cooperación petrolera entre Venezuela y EEUU. Los acuerdos del 2 de septiembre representan, en cambio, instrumentos concretos con empresas como Chevron, ENI, General Electric Vernova, Aspect Holdings y Primavera. La diferencia importa, los anuncios políticos expresan una orientación, los contratos concretos permiten evaluar qué se está negociando realmente.
Tanto los anuncios políticos como los contratos específicos, ya se ubican en extremos, para unos, Venezuela está entregando su soberanía, para otros, comienza simplemente su recuperación económica, ambas posiciones son simplistas, ya que Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados y capital para reconstruir una industria petrolera e infraestructura profundamente deterioradas. Pero la inversión extranjera no garantiza por sí misma desarrollo; la verdadera pregunta es cómo se negocia y cuánto beneficio queda en Venezuela.
Chevron, ENI y las demás empresas no llegan por caridad. Buscan rentabilidad, mercados y oportunidades y esto es normal. El problema no es que estas empresas ganen dinero; el problema sería que ganen ellas mientras Venezuela pierde. Por esto deben evaluarse los contratos, las regalías, los impuestos, la participación estatal, los empleos, los proveedores nacionales, la formación profesional, la protección ambiental y el destino de los ingresos.
La soberanía tampoco consiste únicamente en afirmar que el petróleo pertenece al Estado; la soberanía real significa tener capacidad para decidir qué se produce, con quién, bajo qué condiciones, cuánto recibe el país y cómo utiliza esos recursos.
El acuerdo con General Electric Vernova resulta especialmente importante porque la recuperación petrolera no puede sostenerse sobre un sistema eléctrico deteriorado. Recuperar generación, transmisión y distribución, junto con capacitar trabajadores venezolanos, podría tener un impacto tan importante como aumentar la producción de crudo.
Del mismo modo, la participación de empresas como Primavera y Aspect Holdings plantea la necesidad de fortalecer el talento nacional y reincorporar a profesionales venezolanos que emigraron.
EEUU tampoco actúa por desinterés. Necesita energía, mercados y oportunidades para sus empresas, además de fortalecer su posición geopolítica. Venezuela, por su parte, necesita inversión, tecnología y mercados. Aquí existe un espacio legítimo de negociación. No se trata de escoger entre Washington y Caracas, sino de lograr que Caracas pueda negociar con Washington defendiendo sus propios intereses.
Por otro lado, una izquierda seria no debería rechazar automáticamente la inversión extranjera. Debe preocuparse por evitar la subordinación económica y garantizar que la renta nacional sea distribuida justamente. La consigna no debería ser «fuera las transnacionales«, sino, transnacionales, pero negociando desde el interés nacional.
El desafío mayor es no repetir el viejo modelo rentista. Venezuela no necesita simplemente volver a producir millones de barriles para volver a depender del petróleo. Debe utilizar la riqueza petrolera para desarrollar agricultura, industria, tecnología, infraestructura, educación, salud y empleo. Paradójicamente, el objetivo de una política petrolera soberana debería ser utilizar el petróleo, para que Venezuela dependa cada vez menos del petróleo.
Por esto el éxito de estos acuerdos no debe medirse únicamente en barriles producidos o miles de millones invertidos. Deben medirse también en empleos dignos, salarios, electricidad estable, hospitales, escuelas, empresas nacionales, formación profesional, recuperación de comunidades y diversificación económica.
El Gobierno de Delcy Rodríguez tiene ahora una enorme responsabilidad; si promete más producción, habrá que medirla; si promete inversión, habrá que comprobarla; si promete empleo, habrá que verificarlo; si promete recuperación eléctrica, habrá que verla; y si habla de soberanía, habrá que examinar los contratos. Esto no es oposición, es ciudadanía, soberanía y fiscalización.
Venezuela puede y debe negociar con EEUU, China, India, Rusia, Europa, América Latina o cualquier otro país, ya que la independencia no significa aislarse del mundo, sino poder relacionarse con todos sin quedar subordinada a ninguno.
Los acuerdos de Miraflores pueden representar una oportunidad, pero todavía no constituyen una victoria; tampoco son, por sí mismos, una rendición. Las firmas son apenas el comienzo; la verdadera evaluación llegará con los contratos, la producción, la inversión, los ingresos fiscales, la electricidad, los empleos y, sobre todo, con aquello que finalmente quede en Venezuela.
La disyuntiva no es Chevron contra Venezuela, ni Washington contra Caracas, la verdadera cuestión es si Venezuela puede hacer prevalecer sus intereses dentro de esta nueva relación. Si lo logra, habrá negociación, si no, habrá otra forma de dependencia.
Por esto hoy no corresponde ni cantar victoria ni anunciar una rendición. Corresponde observar, exigir transparencia, medir resultados y defender el interés nacional. Ni rendidos, ni suicidas, soberanos.
«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué el reclamo de la infancia al respeto y al diálogo desarma la propaganda de la General Cañas y nos recuerda que la paz se practica con el ejemplo y no con la estricta estrategia del insulto.
Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ iluminando la carretera General Cañas mientras Costa Rica atraviesa uno de los períodos de mayor crispación política de sus últimas décadas.
La instalación lumínica de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) es hermosa, pero las palabras en el escenario público también funcionan como espejos. Esta imagen nos obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿es este despliegue un simple gesto patriótico o una flagrante contradicción política que pretende maquillar con propaganda la retórica oficialista de la confrontación?
El viejo refrán popular alberga una sabiduría implacable: «dime de qué presumes y te diré de qué careces». En este contexto, resulta contradictorio que el Poder Ejecutivo exalte la concordia en las carreteras mientras, en la práctica cotidiana, se cultiva el enfrentamiento permanente como método de gobierno.
Como hemos podido observar, durante la administración de Rodrigo Chaves, y ahora bajo la línea de continuidad de la presidenta Laura Fernández, el aparato estatal se ha concentrado en deslegitimar de forma sistemática a las instituciones que garantizan el equilibrio republicano. La Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la prensa independiente han sido convertidos en blancos recurrentes de descalificaciones y etiquetados oficiales desde el poder.
Frente a este ambiente de constante hostilidad que promueven las altas esferas gubernamentales, la verdadera sensatez cívica ha brotado desde las aulas escolares. Los actos del pasado 1ero. de setiembre en el cantón de Coronado quedaron marcados por la intervención de Keyla Chavarría Jiménez, una estudiante de segundo grado y apenas ocho años de edad, quien con enorme lucidez sacudió la complacencia de los adultos al recordarles una verdad medular:«la democracia no solamente se hereda, también se cuida». Su mensaje desarmó la propaganda política actual, evidenciando que la estabilidad de una nación no se decreta, sino que se construye tolerando la disidencia.
Lamentablemente, el comportamiento del Gobierno transita por el rumbo contrario. En el preciso momento en que la escolar recordaba que el civismo exige convivir en la diversidad al dictar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aun así se hablan con respeto», el ministro de Justicia y Paz utilizaba su papelería oficial para validar el rastreo y etiquetado de profesores y defensores civiles bajo la premisa de tenerlos «identificados». De manera simultánea, la presidenta de la República arremetía contra la independencia judicial, acusando públicamente a los veintidós magistrados de la Corte Suprema de amoldar sus fallos a conveniencias de continuidad de sus cargos.
Estos ataques rompen el tejido social elemental, dado que no puede haber paz institucional cuando se pretende arbitrariamente dividir al país entre «ciudadanos legítimos» que aplauden al oficialismo, y supuestos «enemigos de la patria» bajo registro y vigilancia estatal.
Por esa razón, las peticiones de Keyla constituyen un severo y directo emplazamiento ético a las autoridades del Estado. Al exhortar a los adultos a deponer los discursos de odio, Keyla sentenció: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».
Lamentablemente, el oficialismo actual intenta validar su opacidad y sus despliegues autoritarios bajo la premisa de que el triunfo en las urnas les concede un poder absoluto e incuestionable. Olvidan de forma voluntaria que en nuestro ordenamiento constitucional el gobernante es un simple administrador transitorio y que el verdadero soberano es el pueblo. Los frenos técnicos de los tribunales y la fiscalización del periodismo independiente no son obstáculos ni complots; son las salvaguardas que protegen la libertad de la ciudadanía frente a los abusos del mandatario de turno.
La paz, tal y como lo resumió de forma magistral la escolar, va mucho más allá del desarme militar: «La paz no significa solamente vivir en un país sin ejército; significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».
Siendo así, es claro que la auténtica fortaleza republicana no radica en gritar más fuerte desde un micrófono presidencial ni en atemorizar a la judicatura, sino en respetar la legalidad y actuar con la humildad de saber que el poder puede equivocarse.
Este próximo 14 de septiembre, cuando la ciudadanía responda a la convocatoria de participar activamente en la faroleada nacional portando luces y banderas blancas por la concordia, se estará enviando una advertencia contundente a las cúpulas políticas.
Es hora de que los inquilinos temporales de Casa Presidencial abandonen la estricta estrategia del insulto y demuestren con acciones que, tal como concluyó Keyla en Coronado, «todas las personas merecen ser tratadas con dignidad».
Imagen: Página de la CNFL en Facebook aportada por el autor.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario por la UCR
En la primera entrega se ve cómo un fallido intento de femicidio en Bolivia mostró serias sospechas de cómo la derecha se alzó con sonados triunfos en la zona, solo con excepción de México y Brasil.
Con toda clase de pruebas que van saliendo- ante casi indiferencia de la gran prensa estadounidense – la corrupción y complicidad de nuestras élites con fraudes, noticias falsas, lavado de dinero, entre otros aspectos, son ya irrebatibles.
Horas después de la captura de Cerimedo, aquel equipo de técnicos de los parlamentarios bolivianos, del que hablamos en la primera parte de estas entregas, descubrió que dicha cuenta principal fue vaciada casi por completo. Sostienen que el millonario argentino en cuestión de minutos pasó a tener menos de un dólar en cesa cuenta.
Para este equipo, sin embargo, este tipo de transacciones siempre deja una huella, por eso hay posibilidad de saber a dónde fueron esos fondos.
Para el senador Leonardo Roca, la fiscalía de Bolivia tiene la oportunidad de descubrir desde dónde provenían los dineros por actividades de criptominería o de estructuras de financiamiento opaco, dijo.
Dicho rastreo financiero complica entonces el escenario procesal de Cerimedo, quien es identificado por medios internacionales como ex estratega de campañas electorales de la derecha regional (incluyendo a Milei, Bolsonaro, Paz, Noboa, el hondureño Asfura y Trump, entre otros). El investigado ya enfrenta además una pesquisa de la fiscalía boliviana por la presunta comisión de los delitos de extorsión y tráfico de sustancias controladas.
Por declaraciones dadas recientemente por el expresidente Morales y recogidas por múltiples medios regionales, sabemos que entre las andanzas de Cerimedo están dos granjas de bots y algoritmos en Bolivia y Buenos Aires para posesionar gobiernos de ultraderecha.
El expresidente Evo Morales sostiene que Cerimedo es la punta del iceberg del fascismo en América Latina, bajo la cobertura de un nuevo Plan Condor, como el promovido por Estados Unidos a partir de 1975, recordó.
En este gobierno de Rodrigo Paz, Cerimedo actuaba como todo un canciller o intermediario de Estados Unidos, participando en decisiones del gabinete, enfatizó Morales.
En sus manifestaciones hace referencia a lo que llama persecución contra los líderes populares y los graves problemas de corrupción con fondos públicos, narcotráfico, así como la presunta complicidad de diversos sectores de poder en su país y la región.
En medio de esta tempestad creada por este argentino, Beller lanzó recientemente más leña a la hoguera y públicamente reveló que en el domicilio que compartía con su expareja había también gran cantidad de dinero producto, según ella, de negocios oscuros.
Según afirma ella, en su red de Facebook e Instagram, dichos beneficios económicos vienen de la corrupción y comisiones ganadas por sus vínculos con el gobierno boliviano.
Ya el entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una gira por el interior de su país describió, lo él consideró, nexos de la derecha suramericana con la corrupción, el lavado de activos y el negocio de la droga, pero la región tenía otras prioridades.
Según Petro, en el sur continental funciona una “Junta del Narcotráfico” como una red criminal transnacional, que es uno de los poderes ocultos más influyentes en el negocio global de la cocaína.
Según, el hoy exgobernante colombiano, esta red mafiosa se originó a partir de una antigua «junta directiva del narcotráfico» vinculada inicialmente al negocio de las esmeraldas en Colombia, la cual se ha reconfigurado para operar ahora de manera global.
Actualmente, sostiene Petro, operaría activamente en Colombia, Ecuador, México, España, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, enfocada en sectores legales como el fútbol, y utilizando una estructura que garantiza el cumplimiento de acuerdos entre diversos grupos criminales dispersos.
Los conocidos analistas mexicanos, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, junto al experto español en redes sociales, Julián Macías Tovar, son del criterio que la conexión de Cerimedo y sus operaciones digitales van más allá de lo que hasta ahora trasciende.
Recuerdan que el argentino no estuvo solo en la fundación del periódico extremista “Derecha Diario”, donde figuró como socio el periodista español y protegido de la Casa Blanca, Javier Negre.
Por estos analistas mexicanos conocemos que a Negre lo asocian con grupos de extrema derecha y permanece actualmente bajo cobijo de la Administración Trump en Estados Unidos.
Ese diario, más el canal digital Estado de Alarma TV (EDATV) controlado por Negre, ganaron visibilidad y millones de dólares en un tiempo récord, gracias a la promoción de conocidos expositores del talante de Milei, Marco Rubio, Vicente Fox, Felipe Calderón, Nayid Bukele, Álvaro Uribe, Daniel Noboa, etc.
Además, ambos medios, con la visibilidad por toda América hispana, actuaban como una especie de laboratorio político para estar al tanto de la reacción colectiva en torno el apoyo hemisférico para Donald Trump y sus virulentos ataques contra el socialismo, Nicaragua, Cuba y conocidas caras revolucionarias.
Negre, actualmente cierra fila con el estratega estadounidense Brad Parscale, quien provee, según afirmó Macías a los dos periodistas mexicanos, tecnología avanzada y tácticas de desinformación (IA, granjas de bots) para campañas políticas de la extrema derecha a nivel global.
Macías expone que, más allá de la ideología, existe una industria lucrativa del odio y las fake news que opera con total impunidad. Detalla cómo estos operadores usan el tráfico de influencias, medios afines y el control del algoritmo para servir a los intereses de Estados Unidos e Israel.
Casi al final de la entrevista opinó sobre cómo estos personajes encuentran aliados locales en América Latina para instalar sus narrativas, aunque en muchos casos su influencia real es mucho menor de lo que presumen.
En conclusión, los exponentes coinciden en la necesidad de mayor soberanía digital y regulaciones institucionales para detener esta estructura global que, según Macías, viola flagrantemente los derechos humanos mediante la vigilancia y la manipulación psicológica.
Sobre esta misma línea de pensamiento – “Make Colonialism Great Again: La Casa Blanca convierte la recolonización en su doctrina global” – se advierte que a la derechización del continente le importa más la capacidad de obedecer que empatías, soberanía, nacionalidad, etc.
El planteamiento anterior encuentra sustento sí, por ejemplo, vemos como don Rodrigo Paz Pereira es gallego de pura cepa nacido en Santiago de Compostela un lejano 22 de septiembre de 1967 y designado presidente para el país andino de Bolivia en las elecciones, en octubre de 2025.
Militarizó las protestas populares a pocos días de asumir el gobierno y hoy distintas fuentes lo vinculan a las andanzas de Cerimedo, pero él lo niega. Si obedece a pie juntillas al Escudo de las América.
Protagoniza, una y otra vez, un ejercicio de amnesia selectiva digno de aplauso, intentando explicarnos que los millones de dólares hallados en manos de su entrañable cofrade y productor de bots, así como valijas brillando oro, oliendo a gasolina y otros negocios chuecos, son simples espejismos de la geopolítica.
El argentino Fernando Cerimedo apresado cuando intentaba viajar a su país. (F. Diario Noticias Bolivia).
Va otro. Desde la cruzada del “Tigre” desde el Norte, dónde juró lealtad como ciudadano de las barras y las estrellas en 2023, Abelardo de la Espriella, (nacido en Colombia en 1978), empezó a caminar hacia la Casa de Nariño, gracias a aquel granjero argentino, viajero incansable desde Chile y la Patagonia, pasando por Honduras o dónde lo llamaran.
Petro se cansó de gritar al viento que el software electoral albergaba un fraude inminente, pero cuando lo dijo, 48 horas antes de los comicios, las cartas ya estaban tiradas. A nadie importó; el algoritmo había calculado tan bien las cosas que ya incluía, como una línea de código inevitable, la aceptación del resultado en el pueblo y el extravío de al menos 33 mil boletas, según Iván Cepeda, candidato perdedor.
Daniel Noboa, el otro estadounidense – según Wikipedia – elegido para cuidar a Ecuador y a los ecuatorianos con la ley y la Constitución en la mano, nació en Miami el 30 de noviembre de 1987 y tiene a su haber aun tres años más para llenar los barcos con bananos de oro como el principal producto de exportación dirigidos a todo el mundo.
Así, los bots de Cerimedo, llegan hasta la mitad de mundo y se imponen a los anti “trumpsionistas” locales, las denuncias de desapariciones de personas, militarización de los comicios y las protestas populares.
Ese Estado profundo norteamericano —el engranaje invisible donde los hilos de la economía, la política y la brújula moral se anudan en el café de la madrugada— devolvió a Honduras el 26 de julio de 2026 al expresidente Juan Orlando Hernández, empaquetado en una sombra de hierro y entregado al trono de los señores de la bruma, como si la historia fuera una baraja vieja que siempre vuelve a caer en la misma mano manchada de lágrimas, sangre y pólvora.
La excandidata presidencial de Honduras por el Partido Libre, Rixi Moncada, no se cansó de advertir que venía una fraude contra el progresismo. El algoritmo sabía ya, que su memoria, sufriría un muy “breve” lapsus, pero suficiente para vivir la “fiesta democrática” en Honduras, el pasado 30 de noviembre de 2025.
Todavía a mediados de agosto anterior, en un comunicado divulgado en redes sociales, Moncada recordó que durante las elecciones de noviembre el fraude electoral se cantó por injerencia extranjera para desplazar a su fuerza política del poder.
Su agrupación progresista corrió la misma suerte en la región de otras “izquierdas” de alternancias y posiciones socialdemócratas.
Las advertencias de Moncada sobre conspiraciones palaciegas y pantallas alteradas resonaron como un eco lejano en una noche de luna llena, ranas y grillos.
Personas hondureñas viven la “fiesta democrática” en noviembre pasado. La excandidata presidencial, Dixi Moncada, pide investigar las andanzas de Cerimedo en su nación. (Foto de El País de España).
La red de Cerimedo en Honduras, a la luz de lo que está saliendo en Bolivia – reportó el periódico Los Tiempos -, debe investigarse a fondo, atribuyendo el párrafo a Moncada.
Ahora, el asesor argentino, nadie lo conoce en Honduras. Y en un acto de magia ya desapareció de la memoria colectiva. ¿Para quién trabajó?, ¿con quién se reunió?, ¿qué estructura digital operó? y ¿cuál fue su participación en el proceso electoral de 2025?, preguntó la dirigente política a las autoridades de su país, pero Cerimedo, se esfumó.
Los pueblos son los hacedores de democracia. Solo ellos la originan, siempre y cuando la identidad que los caracteriza no sea borrada por quienes dicen representarlos.
El Dr. Erick Rodríguez, ex ministro de Salud venezolano en 2007 y especialista en comportamiento humano, fue de los primeros especialistas en la región de rescatar la identidad de los pueblos como un valor supremo que los une, mientras la falta de esta autoestima conduce a ir remedialmente a su “disociación” y a descarrilarlos.
Dicho concepto transcurre nada pacífico por estos lados, cuando la experiencia liberal reduce toda esta vivencia a llamados comiciales cada cierto tiempo, cerrando después cualquier posibilidad de referéndum u otros modos de revocatoria a los administradores escogidos durante costosas campañas.
No es una observación antojadiza de alguien nacido y amamantado en una de las “democracias” más ejemplares del continente. Pertenece a la lúcida mente del escritor guatemalteco, Severo Martínez Peláez, con su rigor característico en su obra “La patria de los criollos”, cuando nota en el final del capítulo 1 como nuestras oligarquías y clases dominantes son “reaccionarias”, sí se trata de defender sus intereses dentro de la democracia configurada por ellas.
Es cuando estas clases se esfuerzan para que el hacedor de democracia cambie su “identidad” y termine convencido que otros son los aptos para gobernar, para que piensen por él, actúe como su encomendero autorizado.
Él siente, pues, que es indigno por qué no fue a la Universidad, tiene una vida de vivir ahogado con la tarjeta de crédito, sus poros lo convencen de que es torpe, borracho, “choricero”, “tortero”, etc.
Solo los pueblos que no logran que los “disocien” conservan su verdadera “identidad” para lograr su independencia real, la solidaridad entre ellos, la soberanía y las grandes transformaciones en todos los campos.
Los Partidos Liberal y Conservador cubanos, desde la muerte de José Martí en 1895, hicieron lo imposible por borrar el camino trazado por el padre de la cubanía.
Los esfuerzos contra los principios sembrados por Martí no pararon durante la época de la seudo república por parte de las grandes e influyentes familias dueña de la isla. La identidad de ese pueblo resiste hasta hoy, a pesar de que Trump no se explica por qué el” régimen” no cae.
No menos importante fue también el rescate de ese gigante que cabalgó Suramérica, llamado Simón Bolívar, en manos por muchos años, de las más rancias oligarquías, atrincheradas en los partidos socialcristianos y socialdemócratas.
Herederos ambos de las agrupaciones a que hizo referencia el prócer en 1830, cuando en su proclama expresó su deseo, tras de su muerte, que cesara ya las divisiones políticas y se centraran en la unidad venezolana. Nunca lo hicieron, defendieron un mamarracho de participación del pueblo, hasta 1998.
En Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia quisieron reivindicar al libertador, pero los dueños de latifundios y minas de toda clase creyeron innecesario fomentar a tan peligrosa identidad.
Honduras lucha en pleno siglo XXI por rescatar a su Francisco Morazán, pero todo ha resultado en vano y hasta peligroso.
En Nicaragua transcurrieron más de 40 años para que Sandino surgiera como héroe, pero nunca por quienes lo enterraron y no se cansaban de echar tierra sobre su memoria.
Cada 30 de setiembre, los verás en Costa Rica acordándose de Juan RafaelMoraPorras, no como padre legítimo de nuestra segunda independencia, sinocomo testimoniodel cumplimiento de la ley de los filibusteros de ayer y hoy. Su crimen está elevado casi a festejo, jamás de ejemplo y legado de soberanía y dignidad de todo un pueblo.
Una identidad que él, junto al internacionalista salvadoreño, el general José María Cañas, pagaron con la vida.
Universidad advierte que la iniciativa podría abrir la puerta a intervenciones de amplio alcance en áreas protegidas sin suficientes límites, salvaguardas ambientales ni criterios técnicos
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión N.° 7024, celebrada este 1.º de setiembre, recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el texto base del proyecto de ley denominado “Ley para flexibilizar la Ley de Servicio de Parques Nacionales, Ley N.° 6084 del 24 de agosto de 1977, en caso de desastres naturales y peligro inminente”, Expediente N.° 25.237.
La posición institucional surge luego del análisis realizado por instancias universitarias, entre ellas el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR) y la Red de Áreas Protegidas, cuyos aportes fueron considerados en la propuesta elevada al Consejo Universitario.
El proyecto de ley pretende atender una problemática real relacionada con la Ruta Nacional N.° 32, particularmente por las dificultades para realizar obras preventivas y de atención inmediata frente a derrumbes y deslizamientos en el sector que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo. La iniciativa busca flexibilizar determinadas prohibiciones de la Ley de Servicio de Parques Nacionales para permitir intervenciones relacionadas con la seguridad vial y la prevención de riesgos.
Sin embargo, el análisis universitario advierte que la propuestatrasciende ampliamente el problema específico de la Ruta 32 y del Parque Nacional Braulio Carrillo.
Una de las principales preocupaciones señaladas es que el proyecto no se limita a resolver las necesidades específicas de mantenimiento, seguridad y atención de emergencias en la Ruta Nacional N.° 32. Por el contrario, la redacción propuesta podría permitir intervenciones en parques nacionales y otras áreas protegidas ante situaciones de emergencia o peligro inminente, sin establecer límites suficientemente claros respecto al alcance, magnitud y tipo de obras que podrían ser autorizadas.
El documento advierte que conceptos como “peligro inminente”, “obras de retención” e “infraestructura preventiva” presentan un nivel de amplitud que podría dar lugar a interpretaciones extensivas.
La ausencia de una definición precisa del concepto de peligro inminente, por ejemplo, podría abrir la posibilidad de realizar obras de ampliación vial, tala de vegetación o remoción de tierra fuera de los límites estrictos del derecho de vía, incluso dentro de áreas protegidas, sin contar necesariamente con los controles ambientales mínimos correspondientes.
Otro de los aspectos centrales señalados por la Universidad es la necesidad de establecer una distinción clara entre las intervenciones inmediatas necesarias para atender una emergencia y las obras permanentes de infraestructura.
Según las observaciones técnicas, las intervenciones de carácter permanente, como estabilización de taludes, drenajes, obras de retención e infraestructura preventiva, pueden tener impactos ambientales significativos y, por tanto, deberían estar sujetas a los instrumentos de evaluación ambiental correspondientes.
Asimismo, se advierte que el proyecto no desarrolla con suficiente precisión los procedimientos técnicos previos ni las diferencias entre una intervención inmediata de emergencia y una obra permanente, lo que podría generar interpretaciones amplias y afectar el principio de no regresividad ambiental.
Entre los elementos que deberían estar claramente definidos se encuentran la evaluación ambiental previa cuando corresponda, los planes de restauración, la delimitación física del área intervenida, los plazos de intervención y los mecanismos de control posterior.
La UCR reconoce la necesidad de contar con mecanismos ágiles para proteger la vida de las personas y atender situaciones de riesgo, especialmente en una vía tan importante como la Ruta Nacional N.° 32.
No obstante, considera que la respuesta a esta problemática debe construirse mediante procedimientos técnicos claramente delimitados que permitan atender las emergencias sin debilitar innecesariamente el régimen de protección de los parques nacionales y otras áreas protegidas.
En ese sentido, se recomienda que cualquier modificación normativa delimite estrictamente las intervenciones al derecho de vía legalmente constituido y establezca salvaguardas que impidan ampliar o modificar el régimen de protección de los parques nacionales mediante disposiciones excepcionales relacionadas con situaciones de emergencia.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
El Centro de Investigación y Docencia en Educación de la UNA llama a revisar el Presupuesto Nacional 2027 y plantea convertir el cambio demográfico en una oportunidad para fortalecer la educación y preparar al país para las próximas décadas.
Costa Rica atraviesa una transformación demográfica que obliga a mirar las decisiones públicas mucho más allá del próximo presupuesto. Tenemos menos nacimientos, vivimos más años y avanzamos aceleradamente hacia una sociedad con más personas adultas mayores. Para 2050, aproximadamente una de cada cuatro personas en nuestro país tendrá 65 años o más.
Si en el futuro tendremos proporcionalmente menos personas en edad de trabajar, necesitamos garantizar desde ahora que esas generaciones sean más saludables, mejor educadas, altamente calificadas, productivas y capaces de acceder a empleos de calidad y mejores ingresos.
Por ello, preocupa que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contemple una reducción de aproximadamente ₡19.000 millones para el Ministerio de Educación Pública respecto del presupuesto vigente de 2026, así como un Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) con un crecimiento nominal para las universidades públicas.
En el caso del MEP, Programas de Equidad, que financia alimentación, transporte y apoyos para estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad, se estima una reducción de ₡2.382 millones respecto al 2026. Esto a pesar de que nuestras poblaciones estudiantiles crecen en comunidades atravesadas por desigualdades, pobreza, violencia y una presencia creciente del narcotráfico y del crimen organizado.
El problema no debe analizarse únicamente desde las necesidades financieras inmediatas del Estado. Se trata de preguntarnos qué Costa Rica estamos construyendo para dentro de veinte, treinta y cuarenta años.
Economistas y demógrafos de reconocido prestigio internacional como James J. Heckman, Ronald Lee, Andrew Mason, David E. Bloom, Michael Kuhn y Klaus Prettner han mostrado, desde diferentes perspectivas, una idea coincidente: en sociedades con baja fecundidad y creciente envejecimiento, invertir en salud, educación y desarrollo del capital humano de las nuevas generaciones resulta indispensable para mantener la productividad, el crecimiento económico y la sostenibilidad futura de los sistemas de protección social. Es decir, que el envejecimiento poblacional no constituye un argumento para invertir menos en las nuevas generaciones; todo lo contrario, es precisamente una razón para invertir más y mejor en ellas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, Costa Rica) y el Programa Estado de la Nación, aportan evidencias que deberían incorporarse a esta discusión nacional.
En primera infancia, Costa Rica mantiene una cobertura muy baja de servicios educativos y de cuido para la niñez menor de tres años. Ampliarlos no solamente favorece el desarrollo infantil temprano; también permite una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, incrementa la población económicamente activa y contribuye a enfrentar las presiones fiscales futuras derivadas del envejecimiento.
En educación preescolar y primaria, el desafío ya no consiste únicamente en garantizar acceso. Necesitamos asegurar aprendizajes fundamentales. Persisten dificultades importantes en lectura, escritura y comprensión, por lo que la reducción de las cohortes estudiantiles producto de la baja natalidad debería convertirse en una oportunidad para brindar mayor atención individualizada, reducir el tamaño de los grupos, fortalecer la formación docente y garantizar que ningún niño o niña avance en el sistema educativo acumulando rezagos.
En secundaria tenemos todavía importantes desafíos de permanencia, inclusión y calidad de los aprendizajes. Una proporción significativa de personas jóvenes no completa este nivel y los resultados internacionales muestran importantes rezagos en matemática, ciencias y lectura. Paralelamente, la OCDE advierte que Costa Rica enfrenta déficits de técnicos y profesionales altamente calificados que pueden limitar nuestra competitividad y la capacidad para atraer actividades productivas de mayor valor agregado.
Para la educación superior el reto es igualmente estratégico. Costa Rica requiere aumentar significativamente la proporción de población con formación técnica y universitaria, particularmente en áreas científicas, tecnológicas y profesionales vinculadas con las necesidades futuras del país. La evidencia de la OCDE muestra además una fuerte relación entre educación terciaria y mayores ingresos laborales.
Esto es particularmente relevante en una sociedad más longeva, pues, mayor formación permite elevar la productividad, mejorar los salarios, ampliar la capacidad contributiva y fortalecer los ingresos que financian la seguridad social y los servicios públicos.
La disminución de la natalidad podría convertirse incluso en una oportunidad histórica. Tener cohortes más pequeñas debería permitirle a Costa Rica invertir más y con calidad en cada persona, ofrecer grupos menos numerosos, fortalecer el acompañamiento pedagógico, universalizar progresivamente los servicios de primera infancia y cuido, recuperar aprendizajes, mejorar infraestructura, fortalecer idiomas y competencias científicas y digitales, ampliar la educación técnica y aumentar el acceso y conclusión de la educación universitaria.
Convertir la reducción demográfica simplemente en una oportunidad para reducir el presupuesto educativo sería una decisión de muy corto alcance. Cuando nacen menos niños y niñas, cada uno de ellos adquiere todavía mayor importancia para el futuro colectivo del país.
Resulta especialmente preocupante cualquier discurso que plantee que, ante el envejecimiento poblacional, Costa Rica debe priorizar a las personas adultas mayores en detrimento de la niñez y la juventud. No se protege a las personas adultas mayores debilitando las oportunidades de las generaciones más jóvenes.
Por el contrario, la mejor garantía que podemos construir hoy para la calidad de vida de las personas adultas mayores de 2050 y 2060, es una generación futura saludable, educada, productiva, innovadora, con buenos empleos y capacidad para sostener solidariamente la seguridad social.
Quienes hoy somos personas adultas formaremos parte de esa Costa Rica de personas adultas mayores en el 2050. Nuestro bienestar futuro dependerá también de las oportunidades que hayamos sido capaces de ofrecer a quienes hoy son niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Reconocemos la importancia de mantener finanzas públicas responsables y atender la deuda del país. Pero una política fiscal verdaderamente responsable debe preguntarse cómo reducir las obligaciones presentes y cómo aumentar la capacidad futura del país para generar riqueza.
Por ello, desde el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional, instamos al Poder Ejecutivo y a las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa, en el marco de sus respectivas competencias, a revisar las asignaciones contenidas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2027 y a adoptar las decisiones necesarias para:
1. Impulsar un diálogo nacional amplio, plural y vinculante sobre la sostenibilidad de la inversión social y educativa del país, que permita trascender la lógica de las decisiones presupuestarias anuales y construir acuerdos de Estado de mediano y largo plazo sobre la Costa Rica que queremos y sobre la inversión pública necesaria para hacerla posible. Este diálogo debe incorporar al sector educativo, social, económico, productivo y político, a las comunidades y territorios, y a las propias poblaciones destinatarias de las políticas públicas, reconociéndolas como participantes activas en la construcción de las decisiones que afectan su presente y su futuro.
2. Proteger integralmente la inversión social destinada a la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud, comprendiendo que educación, salud, nutrición, cuido, seguridad y protección social son dimensiones interdependientes del desarrollo humano y que el debilitamiento de una de ellas repercute directamente sobre las posibilidades de las demás.
3. Convertir la transición demográfica en una oportunidad para mejorar sustantivamente la calidad de la educación, aprovechando la reducción progresiva de las cohortes estudiantiles para brindar mayor atención individualizada, fortalecer el acompañamiento pedagógico, mejorar las condiciones para el aprendizaje y garantizar que ninguna persona avance en el sistema educativo acumulando rezagos que comprometan sus oportunidades futuras.
4. Proteger y fortalecer la inversión pública en educación en todos sus niveles, desde la primera infancia hasta la educación superior, avanzando progresivamente hacia el cumplimiento efectivo del mandato constitucional establecido para el financiamiento de la educación pública costarricense.
Atender nuestra deuda financiera es importante pero también debemos evitar contraer una deuda mucho más difícil de pagar: la deuda que significaría no haber desarrollado plenamente el potencial de las generaciones que deberán sostener Costa Rica dentro de treinta y cuarenta años.
Cuidar hoy a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes es cuidar el futuro del país. Invertir en las nuevas generaciones es también invertir en nuestra propia vejez.
Hace apenas unos días, Gioconda Belli fue reconocida con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026. El jurado destacó que se trata de una de las voces latinoamericanas contemporáneas más poderosas, rasgo de la autora nicaragüense particularmente evidente en Un silencio lleno de murmullos, novela que terminé de leer recientemente.
Hay libros que parecen encontrar a quien lee en un momento particular, pero también hay libros que obligan a mirar hacia atrás: hacia nuestra historia personal, hacia los vínculos que nos constituyen y hacia la memoria colectiva que compartimos. Un silencio lleno de murmullos pertenece, para mí, a esta segunda categoría. Es una novela sobre una madre y una hija, pero también sobre Nicaragua; sobre la militancia y sus costos; sobre el exilio y la derrota; sobre los ideales que alguna vez parecieron posibles y sobre qué hacemos cuando la historia los convierte en otra cosa.
No parece casual que antes de entrar en la narración Gioconda Belli coloque como umbral un fragmento de La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Tampoco parece casual el nombre de su protagonista: Penélope. El diálogo con La Odisea abre otra posibilidad de lectura. Esta Penélope también está marcada por una ausencia y por una espera, pero, sobre todo, por un ejercicio de reconstrucción: debe tejer, a partir de recuerdos, escritos y silencios, la historia de una mujer a quien creyó conocer y que, sin embargo, se le revela como una desconocida.
Esa mujer es Valeria, su madre. Después de su muerte en España, Penélope debe enfrentarse no solo al duelo, sino a las memorias que Valeria dejó escritas. Surge entonces una de las preguntas que más me acompañó durante la lectura: ¿es realmente posible para una hija conocer a su madre? No a la madre como función, como presencia o ausencia en nuestra infancia, sino a la mujer que existía antes, durante y más allá de la maternidad.
La relación entre ambas está atravesada por heridas antiguas. Valeria fue militante, revolucionaria, una mujer comprometida con la transformación de Nicaragua. Penélope, entretanto, creció sintiendo el peso de sus ausencias. Sin embargo, Belli evita la comodidad de construir culpables. A medida que la hija reconstruye la historia de su madre, aquella figura aparentemente conocida comienza a resquebrajarse y detrás de ella aparecen el miedo, el deseo, la fragilidad y las contradicciones.
Tal vez allí se encuentre uno de los movimientos más hermosos de la novela, para reconciliarse de algún modo con su madre, Penélope necesita dejar de verla solamente como madre. Comprender no significa negar el abandono ni borrar las heridas. Significa admitir que nuestras ancestras tuvieron una existencia que no comenzó con nosotras; que fueron personas atravesadas por deseos, temores, decisiones y circunstancias históricas que muchas veces desconocemos.
Pero la memoria individual pronto se vuelve memoria política. Valeria pertenece a una generación que creyó en la posibilidad de transformar Nicaragua. El triunfo de la Revolución Sandinista representó la materialización de una utopía por la que muchas personas estuvieron dispuestas a arriesgarlo todo. Décadas después, aquella esperanza se enfrenta a una paradoja dolorosa: el proyecto que había prometido liberación termina asociado a nuevas formas de autoritarismo y represión.
La historia reciente de Nicaragua atraviesa así la novela como una herida todavía abierta. Las protestas de 2018, la persecución política y el exilio no funcionan únicamente como telón de fondo, sino que dialogan con la historia familiar de sus protagonistas y obligan a preguntarse qué ocurre cuando una generación contempla la derrota o la transformación de los ideales a los que entregó buena parte de su vida. Quizá pocos duelos sean tan difíciles como el duelo por una utopía.
La novela plantea también una pregunta incómoda acerca de la militancia: ¿cuánto exige una causa política de quienes deciden entregarse a ella? La militancia es necesaria en sociedades capitalistas y patriarcales que requieren transformación, pero reconocer su importancia no debería impedirnos preguntarnos por sus tensiones y sus costos en la vida íntima. En Valeria esas dimensiones no se excluyen, puede haber sido una mujer profundamente comprometida con su país y, al mismo tiempo, una madre cuya ausencia produjo heridas reales. Es justamente esa contradicción la que vuelve tan humanos a los personajes.
Las memorias que Valeria deja escritas adquieren entonces una importancia que excede la historia familiar. Frente al peligro del olvido, escribir se convierte en una manera de conservar aquello que de otro modo desaparecería. En América Latina sabemos que la memoria nunca es un asunto inocente. Recordar las dictaduras, las revoluciones, las resistencias y las derrotas significa también disputar los relatos con los que se construye el presente.
Un silencio lleno de murmullos habla, en ese sentido, de varias formas del duelo: el de una hija por su madre, el de una generación por una revolución que no llegó a ser lo que soñó, el de un país atravesado por la dictadura y el exilio y, como una atmósfera que envuelve la narración, el duelo colectivo dejado por la pandemia. Sin embargo, Belli no parece querer dejarnos en la derrota.
Quizá por eso el diálogo inicial con Calderón adquiere, al terminar la novela, una nueva resonancia. Y quizá por eso Penélope lleva precisamente ese nombre, porque recordar también consiste en tejer y destejer, regresar sobre lo vivido, modificar el dibujo y volver a empezar.
Un silencio lleno de murmullos me dejó pensando que hay silencios que no están realmente vacíos. En ellos permanecen las voces de nuestras madres, las historias que no alcanzamos a preguntar, las heridas de los países que dejamos o que nos obligaron a dejar, los ideales derrotados y las generaciones que todavía necesitan contar lo que vivieron. Tal vez hacer memoria sea precisamente prestar atención a esos murmullos para defender nuestro derecho a soñar de nuevo.
Cuando escuchamos al expresidente Rodrigo Chaves en las conferencias de prensa de casa presidencial, es casi inevitable asociar sus palabras con los discursos del viejo filósofo nazi Carl Schmitt, considerado “el enemigo del liberalismo más brillante del siglo XX” (*).
Su discurso se caracterizaba por un gran desprecio hacia las democracias parlamentarias y sus simpatías eran muy claras por la existencia de un líder autoritario en las sociedades modernas de su época.
Además, Carl Schmitt sentía gran desprecio por conceptos como la “separación de poderes” y los “derechos humanos universales”, bases de la democracia moderna. Al referirse a la vida política alemana durante el gobierno de Adolfo Hitter, lo avalaba diciendo: “dime quien es tu enemigo y te diré quién eres”.
Esta frase, por cierto, nos parece que encaja bastante bien con el discurso radical, irrespetuoso y neofascista del presidente de facto, Chaves Robles.
No nos llamemos a engaño, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, hoy estamos en las puertas de una era neofascista en nuestro país, arrastrados por un monstruo bicéfalo, de un lado la presidenta en ejercicio y “asistenta” y, del otro, un ministro de la Presidencia que se desempeña como un presidente de facto, ambos torciendo a su antojo los destinos de la democracia costarricense. Y lo peor, empujados por algunos sectores de nuestro país, especialmente por un sector de la clase trabajadora débil y empobrecida, cuyo desencanto por la ausencia de soluciones verdaderas a sus problemas de sobrevivencia, avalan ese discurso de odio de “los presidentes”, quienes parecen fantasear, un día sí y otro también, con las ideas del pensador nazi Carl Schmitt.
La ciudadanía costarricense debe de avocarse ya a construir alternativas que nos alejen de semejante despeñadero. ¡Cómo decían nuestros abuelos, para mañana es tarde!
(*). Rachman, Gideon(s.f.) La era de los líderes autoritarios. Editorial Crítica. (pp. 294 y siguientes)
Sala Constitucional otorga tres días de audiencia a autoridades de Salud y AyA tras gestión presentada por el ecologista Fabián Pacheco.
El Frente EcoCipreses denuncia que persisten nacientes donde se violan los 200 metros de protección legal.
Califican de indignante que el Laboratorio Nacional de Aguas continúe sin capacidad técnica para monitorear metabolitos degradados de clorotalonil.
Organizaciones ambientales y comunidades afectadas por la contaminación de fuentes de agua en la zona norte de Cartago denunciaron el desacato sistemático del Estado costarricense ante las órdenes emitidas por la Sala Constitucional. Mediante resolución del pasado 27 de agosto de 2026, el alto tribunal confirió un plazo perentorio de tres días a las jerarquías del Ministerio de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno para que respondan ante la acusación de desobediencia formulada en el expediente 22-026649-0007-CO.
La gestión fue interpuesta por el agrobiólogo y ecologista defensor del agua, Fabián Pacheco Rodríguez, señalando que las instituciones han incumplido la sentencia N° 2023013384 del 6 de junio de 2023. Dicho fallo ordenó adoptar y ejecutar de forma inmediata y en un plazo máximo de seis meses las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil» (emitido conjuntamente por Salud, MINAE y AyA el 14 de abril de 2023), con el fin primordial de tutelar la vida y la salud pública de la población afectada.
Incapacidad técnica y negligencia institucional
El colectivo ambientalista Frente EcoCipreses y comunidades organizadas fustigaron con vehemencia la inacción gubernamental. «Es absolutamente indignante que hayan transcurrido los años y el Laboratorio Nacional de Aguas siga sin contar con la capacidad técnica requerida para monitorear los productos degradados (metabolitos) del agrotóxico clorotalonil en las fuentes de consumo humano. La Sala Constitucional fue enfática y categórica: el Estado debía resolver este vacío técnico e implementar las recomendaciones oficiales, pero han optado por la negligencia y la dilación», manifestó Fabián Pacheco.
La ausencia de equipo y protocolos analíticos oficiales para cuantificar los metabolitos del plaguicida perpetúa la vulnerabilidad sanitaria de miles de personas, impidiendo verificar por parte del AyA con certeza científica si las tomas de agua son aptas para el consumo o si siguen comprometiendo la salud de las familias en Costa Rica.
Violación flagrante de las zonas de protección
Asimismo, el Frente EcoCipreses advirtió que la desprotección no es solo química y analítica, sino también territorial: en la zona continúan existiendo nacientes y tomas de agua donde no se respeta la franja de protección ecológica de 200 metros estipulada en la Ley de Aguas. Las actividades agrícolas intensivas continúan realizándose al límite mismo de los manantiales en la Zona Norte de Cartago, favoreciendo la escorrentía directa de agroquímicos hacia el manto acuífero y perpetuando la crisis hídrica.
Advertencia penal por delito de desobediencia
En su resolución reciente, el magistrado instructor Jorge Araya García recordó de manera expresa a las autoridades recurridas que, de comprobarse la desobediencia a lo ordenado en la sentencia constitucional, se abrirán procedimientos administrativos sancionatorios y se procederá al testimonio de piezas ante el Ministerio Público para el juzgamiento penal por el delito tipificado en los artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Las comunidades y colectivos ecologistas reiteraron que no cesarán en la movilización legal y social hasta que se garantice agua potable limpia, libre de venenos, con zonas de nacientes rigurosamente delimitadas y con un monitoreo toxicológico riguroso que no dependa de la desidia gubernamental.
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