La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi, se complacen en invitarle a la conferencia Costa Rica ¿Extensión territorial? por el Dr. Enrique Castillo B.
El pasado jueves 6 de agosto, en Costa Rica, se desarrolló una manifestación cívica de considerable importancia simbólica, por su composición, su convocatoria y su proclama: un plantón «Por la defensa de la democracia y la justicia».
Fue inicialmente convocado por sectores de la ciudadanía y organizaciones sociales, a los que luego se fueron sumando grupos universitarios, autoridades y personas funcionarias del Poder Judicial, organizaciones sindicales y diversas organizaciones de la sociedad civil, además de representantes de los partidos opositores al actual Gobierno. La convocatoria reunió a miles de personas en la Plaza de la Democracia en San José y tuvo también expresiones menores en el resto del país.
Esta manifestación surge en el contexto de diversas presiones y acciones realizadas por figuras del actual Gobierno de la República, protagonizadas por la presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia y de Hacienda y expresidente Rodrigo Chaves. Entre ellas se encuentran los recortes presupuestarios que han afectado al Poder Judicial; el apoyo oficialista a trasladar a la Asamblea Legislativa la elección de la persona titular de la Fiscalía General; el bloqueo legislativo al nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional; y, más recientemente, las acusaciones públicas contra magistrados constitucionales y las acciones penales anunciadas contra algunos de ellos a raíz de una resolución de la Sala Constitucional (se habló incluso de un ‘golpe de Estado judicial’).
A propósito de este contexto, un grupo de 54 profesoras y profesores de Derecho de la Universidad de Costa Rica publicamos un pronunciamiento titulado “En defensa de la Justicia Constitucional y del Estado Constitucional de Derecho costarricense”, visible acá:
Ahora bien, pasada la emoción tras la exitosa convocatoria, de mi parte entiendo que vale la pena subrayar que, en todo caso, mi apoyo a las instituciones del Poder Judicial, el Ministerio Público y otros órganos relacionados es de índole crítica. Ello alcanza también al pronunciamiento que con convicción firmé junto con otras profesoras y profesores.
No se trata, de mi parte, de una crítica centralmente dirigida a las personas que ocupan esos puestos (aunque puede existir) y, por ello, su resolución no apunta tampoco a un mero recambio de autoridades. El punto, en cambio, es que las instituciones que ejercen la potestad jurisdiccional y las potestades de persecución penal en Costa Rica cargan con un conjunto de problemas y dificultades relevantes, que afectan tanto la eficiencia en el desempeño de sus funciones como la vigencia de los principios constitucionales que las legitiman. Localizar las estructuras institucionales que hacen probables estos problemas y dificultades es aquello sobre lo que ha de recaer la crítica institucional y constitucional, que es la que a mí me parece de prioritaria atención. Entiendo que esta crítica es a un tiempo, profunda y ponderada.
Profunda, porque va a las estructuras que hacen probables ciertos actos y prácticas institucionales problemáticas.
Ciertamente, todo el episodio de Celso Gamboa y las actuaciones de magistrados como Carlos Chinchilla y Jesús Ramírez en el denominado ‘Cementazo’, así como la crisis institucional que rodeó la salida del entonces fiscal general Jorge Chavarría, se encuentran aún presentes en la memoria colectiva de la comunidad política costarricense. Mal haría cualquier defensor del valor de dichas instituciones en desconocerlo.
Empero la pregunta institucional relevante es otra: ¿qué características del diseño de esas instituciones (sus procedimientos de nombramiento, sus controles y su organización interna) hicieron posibles o más probables estos episodios sucedieran y qué reformas permitirían reducir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir?
Ponderada, porque no cae en la descalificación generalizada de un entramado institucional que, con sus cargas históricas y sus bemoles contemporáneos, mantiene un funcionamiento regular y efectivo en múltiples ámbitos, de la mano de miles de personas funcionarias que día a día cumplen con su labor de la manera en que entienden que corresponde. La crítica institucional exige distinguir entre problemas estructurales, responsabilidades individuales y el funcionamiento ordinario de la institución.
En mi opinión, el apoyo ciudadano demostrado en los últimos días a dichas instituciones ante las preocupantes acciones de figuras del Poder Ejecutivo y Legislativo debería impulsar a sus autoridades, así como al bloque político opositor, a promover reformas largamente esperadas en sus estructuras institucionales fundamentales.
En síntesis, en este caso, la defensa frente a interferencias externas no debería entenderse como una defensa del statu quo vigente. Es precisamente porque la independencia judicial merece ser defendida, pues es clave para el ideal de la República democrática, que corresponde fortalecer las condiciones institucionales que la hacen probable. Para ello, sin embargo, requerimos realizar reformas claves a sus estructuras fundamentales.
Un nuevo taller invita a aprender a observarlos y monitorear su salud
Una iniciativa de ciencia ciudadana abre un nuevo proceso de formación para que jóvenes, comunidades, organizaciones y personas interesadas puedan adquirir herramientas para monitorear el blanqueamiento de los corales y participar activamente en el cuidado de los ecosistemas marinos.
Quizás usted ha visto alguna vez un arrecife de coral. Tal vez ha nadado cerca de ellos, ha practicado buceo o simplemente ha escuchado hablar de estos ecosistemas. Pero, ¿se ha detenido alguna vez a observarlos realmente? ¿A reconocer cuándo un coral está sano y cuándo está enfrentando una situación de estrés? ¿Podría identificar un proceso de blanqueamiento y registrar lo que está ocurriendo para que esa información pueda ser utilizada en la protección del ecosistema?
Estas son algunas de las preguntas que motivan el nuevo taller “Monitoreo del blanqueamiento de corales desde la ciencia ciudadana”, una iniciativa que busca acercar el conocimiento sobre los arrecifes a jóvenes, comunidades, organizaciones y personas que viven cerca del mar o que simplemente quieren dar el paso para involucrarse más activamente en la protección de los ecosistemas marinos.
El taller se desarrollará de manera virtual durante tres sesiones, los viernes 14, 21 y 28 de agosto, de 7:00 p. m. a 8:40 p. m., y tendrá posteriormente un componente práctico de monitoreo en el mar, previsto para octubre en el Caribe.
La propuesta no requiere experiencia previa. Su objetivo es brindar herramientas básicas y prácticas para comprender la salud de los arrecifes, reconocer las causas y características del blanqueamiento coralino, registrar observaciones y utilizar herramientas digitales para recopilar y reportar información.
La idea es sencilla pero importante: conocer nuestros arrecifes también es una forma de involucrarnos en su protección.
Del conocimiento a la participación ciudadana
Los arrecifes de coral son ecosistemas pequeños en extensión, pero extraordinariamente importantes por la diversidad de formas de vida que albergan. Proporcionan refugio y alimento a numerosas especies marinas, contribuyen a la seguridad alimentaria y a las economías de comunidades costeras y ayudan a proteger las costas frente al impacto del oleaje.
Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan cada vez mayores presiones. El aumento de la temperatura del océano puede provocar episodios de blanqueamiento coralino, un fenómeno en el que los corales expulsan las algas microscópicas que viven en sus tejidos y que les proporcionan buena parte de su energía y coloración.
Un coral blanqueado no necesariamente está muerto. Se encuentra bajo una situación de estrés y queda más vulnerable a enfermedades y otros impactos, aunque en determinadas condiciones puede recuperarse.
Por eso, observar lo que está ocurriendo es fundamental. Y observar no significa necesariamente ser especialista. Precisamente uno de los objetivos de la ciencia ciudadana es que las personas puedan adquirir herramientas para generar información útil sobre los cambios que ocurren en sus propios territorios.
“Creemos que conocer nuestros arrecifes es también una forma de involucrarnos en su protección. La participación ciudadana es fundamental para generar conocimiento, dar seguimiento a los cambios que enfrentan los arrecifes y fortalecer las acciones para su cuidado y conservación”, señalan las personas organizadoras.
Ahora, el nuevo taller vuelve a abrir este espacio de formación, pero con un énfasis particular en el monitoreo del blanqueamiento de los corales y en las herramientas que pueden utilizar las personas participantes para registrar y reportar lo que observan.
La respuesta nuevamente ha sido significativa. Más de 130 personas de distintas regiones del país ya se han matriculado, superando ampliamente el cupo inicialmente previsto.
La modalidad virtual ha permitido ampliar la participación y recibir personas interesadas desde diferentes zonas del país. Las sesiones virtuales son gratuitas y la matrícula permanecerá abierta hasta el 13 de agosto.
La participación en las actividades prácticas de monitoreo en el mar implicará que cada persona participante asuma los costos asociados a su traslado y actividad en el sitio.
Aprender a mirar el mar
El taller busca que las personas participantes no solamente reciban información, sino que puedan desarrollar capacidades para observar y documentar lo que sucede en los ecosistemas marinos cercanos a sus comunidades.
Durante las sesiones se abordarán conceptos relacionados con la salud de los arrecifes y las causas del blanqueamiento coralino. También se conocerán métodos prácticos para registrar y reportar observaciones y herramientas digitales para recopilar información mediante formularios y plataformas de participación.
El enfoque estará orientado a que estos conocimientos puedan ser aplicados posteriormente en localidades tanto del Pacífico como del Caribe.
De esta manera, una persona que vive cerca del mar, una organización comunitaria, una ONG, una persona joven interesada en los ecosistemas marinos o alguien que simplemente quiere aprender más podrá contar con herramientas para pasar de la preocupación a la observación y de la observación a la participación.
Porque frente a la transformación de los océanos, contar con más personas capaces de mirar, reconocer cambios, documentarlos y compartir información puede convertirse también en una forma de ejercer una ciudadanía marina más activa.
El taller será impartido por Ana María Arenas, tallerista en ciencia ciudadana para el monitoreo de arrecifes de coral e instructora de buceo, quien compartirá herramientas y conocimientos para comprender y participar activamente en el monitoreo del blanqueamiento de los corales.
La actividad es organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Voces y Política, de la Escuela de Ciencias Políticas, y Geografía y Diálogo de Saberes, de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Este nuevo proceso parte de una convicción: para cuidar un ecosistema primero necesitamos acercarnos a él, conocerlo y aprender a reconocer los cambios que está experimentando.
Y quizás ese sea el primer paso para muchas personas que nunca han tenido la oportunidad de hacerlo: entrar al mar con una mirada distinta, aprender a reconocer un arrecife y descubrir que también podemos participar en su cuidado.
Información e inscripción
Taller: Monitoreo del blanqueamiento de corales desde la ciencia ciudadana
Sesiones virtuales: viernes 14, 21 y 28 de agosto
Horario: 7:00 p. m. a 8:40 p. m.
Actividad práctica: monitoreo en el Caribe durante octubre
Modalidad: virtual, con componente práctico presencial
El informe «Seguimiento a la Gestión Pública sobre la inclusión del enfoque de resiliencia en la infraestructura pública vital para la prestación de los servicios públicos de movilidad, electricidad e hidrocarburos» (DFOE-SOS-SGP-00001-2026) evaluó a 21 instituciones responsables de estos servicios entre 2021 y 2025.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe de seguimiento a la gestión pública sobre la incorporación del enfoque de resiliencia en la infraestructura vital del país para los servicios de movilidad, suministro eléctrico e hidrocarburos, así como en los proyectos de reconstrucción ejecutados tras emergencias declaradas. El análisis abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.
Según el estudio, esta infraestructura es altamente vulnerable frente al cambio climático y a eventos hidrometeorológicos extremos, lo que ha generado pérdidas económicas superiores a los ¢859 mil millones entre 2011 y 2025, 57 personas fallecidas por desastres entre 2016 y 2024, y más de 2.300 personas afectadas solo en 2024.
El índice de madurez institucional global se ubicó en un nivel intermedio (56,02%), con el sector movilidad como el de menor desarrollo (55,47%), especialmente en los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Emergencias (51,96%). La Contraloría atribuye estos resultados a la persistencia de un modelo de gestión reactivo, orientado a la reparación y reconstrucción, en lugar de la prevención.
El informe identificó cuatro hallazgos principales:
Reproducción de vulnerabilidades en la infraestructura pública, al no evaluarse sistemáticamente los riesgos de múltiple amenaza (naturales, humanos y de cambio climático) a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. La evaluación de riesgos (EDR) obtuvo la calificación más baja del índice, con un nivel básico (42,42%); solo 2 de las 21 instituciones evaluadas (CNFL y ESPH) cuentan con un inventario de infraestructura crítica.
Asimetrías en la gobernanza, con dificultades técnicas para recopilar, compartir y garantizar el libre acceso a los datos, y un componente de gobernanza que apenas alcanzó nivel básico (47,24%).
Vinculación parcial entre resiliencia y gestión de proyectos: de 69 proyectos en operación entre 2021 y 2025, 16 no cuentan con un plan de operación y mantenimiento ni con los recursos para ejecutarlo, y en 49 el mantenimiento es parcial o nulo.
Deuda institucional con la resiliencia comunitaria, ya que 14 de las 21 instituciones evaluadas omiten la evaluación de efectos e impactos de sus proyectos sobre las poblaciones; el sector hidrocarburos (Recope) presenta el mayor rezago en esta área (57,78%), pues 11 de sus 12 proyectos no contemplan el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades.
El estudio también documentó marcadas disparidades entre instituciones de un mismo sector: mientras el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) alcanzó un nivel alto de madurez (80,66%), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) se ubicó en un nivel intermedio bajo (53,15%). Entre los gobiernos locales que ejecutan proyectos de reconstrucción por emergencias, municipalidades como Pérez Zeledón (87,83%) mostraron un desempeño alto, mientras que Coto Brus (30,30%) y Limón (21,90%, nivel inicial) presentaron los resultados más bajos.
Las instituciones evaluadas fueron el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en movilidad; el ICE, la ESPH, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), en electricidad; la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en hidrocarburos; y en proyectos de reconstrucción, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) junto con las municipalidades de Aserrí, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Desamparados, Dota, Guatuso, León Cortés, Limón, Osa, Pérez Zeledón, San Carlos y Sarapiquí.
Entre las recomendaciones, la CGR planteó integrar de forma transversal la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida de las obras públicas, estandarizar los modelos de gobernanza de proyectos y de datos, vincular la evaluación financiera y social al ciclo de vida de la infraestructura —asegurando recursos formales para operación y mantenimiento— y consolidar la consulta a las partes interesadas y la evaluación de impactos en los procesos de resiliencia comunitaria.
El seguimiento fue realizado por un equipo multidisciplinario del Área de Fiscalización de Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, dirigida por Lía Barrantes León.
En el abismo de hegemonía en que se ha hundido la sociedad costarricense, se ha producido la fuga de figuras políticas locales —alcaldes, regidores y representantes de microfeudos— desde los partidos tradicionales, cuyo poder territorial ha entrado en crisis, hacia las tiendas del oficialismo. No se trata simplemente del veletismo o el camaleonismo políticos, tan comunes en personajes que cambian de opinión, bandera o lealtad según la ocasión.
En el fondo, estamos ante una manifestación cada vez más elocuente de los niveles alcanzados por la crisis política y la depredación del poder. Ha habido, en otros momentos y bajo otra ética en la política, desertores de los partidos que han explicado racionalmente y con argumentos políticos las razones de su separación. Pero en esta coyuntura y en estos casos de fuga, en particular, estamos frente al vivo ejemplo del individualismo y del egoísmo político. Como dice Rafael Fraguas, estos son quienes “Prefieren los atajos y, como reza el dicho popular “no hay atajo sin trabajo”. Optan por lo fácil: corromperse. Mas nuevas tribulaciones aguardan al tránsfuga. Porque no se corrompen solo ante sus partidos, sino, sobre todo, lo hacen ante los que les entregaron los votos dentro de una formación distinta de la que adoptan en su fuga” (“Espejo de tránsfugas”, en El Obrero, 24 Marzo 2021).
Pero esto es, además, reflejo de la erosión continua de un viejo orden que se resiste a morir. De declinación de las formaciones del bipartidismo y los fracasados intentos de su reemplazo. En esa agonía surgen candidatos, movimientos, ideas y soluciones fáciles, movidos por los vientos de la oportunidad, capaces de capturar e incluso comprar puestos de poder y representación. Lejos de responder a la crisis, le añaden nuevas dimensiones que la agravan. No emerge nada nuevo, sino una continuidad todavía más perversa.
En la escala local, esa crisis también se manifiesta como fragilidad política territorial. Esto supone la debacle de las políticas de desarrollo y bienestar; la erosión y captura de las instituciones mediante nuevas formas de corrupción; la descomposición de la cultura cívica; la proliferación de arreglos espurios y, en muchos casos, la implantación de mecanismos antidemocráticos de concentración del poder en regiones y cantones del país.
Se fragmentan, así, las configuraciones que desde el siglo pasado conectaban el ejercicio de la hegemonía —es decir, la dirección y la dominación políticas— con la construcción de un orden territorial. Mediante distintas instituciones, organizaciones y redes sociales, ese orden articulaba al Estado y la cultura cívica con las dinámicas locales, la vida cotidiana y el sentido común de la población.
Casi una veintena de alcaldes tránsfugas, de los 84 que asumieron sus cargos en 2024, migraron desde sus respectivos partidos hacia el chavismo. Tampoco podemos reducir esta desbandada a simples maniobras personales para asegurar la continuidad en el puesto. Lo son, sin duda, pero expresan algo más profundo.
El grupo en el poder se ha propuesto reclutar las viejas redes clientelares locales y apropiarse de sus mecanismos de control de los aparatos políticos territoriales, sostenidos por palpables dispositivos de corrupción y encubrimiento. Aunque su narrativa moralizante ataca las estructuras del pasado y promete derribarlas, es sobre esas mismas bases territoriales donde el oficialismo está levantando su propio —y nada novedoso— sistema de dominación. No sabemos si logrará consolidarlo, pero, conforme pase el tiempo, el daño será cada vez mayor.
La proximidad de las elecciones municipales ofrecerá una oportunidad para medir el alcance de esa maniobra territorial del oficialismo. Sin embargo, quienes integran las fuerzas democráticas no deberían conformarse con contemplar ese desfile desde los balcones como si asistieran a un funeral.
Si la fragilidad territorial constituye una de las principales expresiones de la crisis de hegemonía, también es desde los territorios donde pueden comenzar a construirse respuestas capaces de alumbrar un nuevo orden social. No se trata, de ninguna manera, de retornar a lo viejo ni a lo viejo de los viejos partidos: eso sería otro retroceso.
El trabajo territorial tampoco debería reducirse al proselitismo político antichavista. Debe orientarse al fortalecimiento de redes, organizaciones y espacios democráticos y solidarios de encuentro y participación ciudadana. Hay que producir una nueva capilaridad territorial que conecte de nueva manera las vidas de las personas, sus expectativas y esperanzas desde sus universos cotidianos con un nuevo orden social, institucional y territorial.
Eso exige abandonar las maniobras clientelares y las respuestas tecnocráticas que han mutilado las capacidades colectivas para crear formas propias de organización, deliberación y acción.
También exige atender las heridas sociales acumuladas. En numerosos territorios, las desigualdades, la violencia, la pérdida de oportunidades y el debilitamiento institucional han producido miedo, desconfianza y traumas colectivos que condicionan la vida comunitaria. Recuperar las capacidades para el encuentro y reconstruir la esperanza son condiciones indispensables para restablecer la confianza y abrir caminos hacia proyectos colectivos de futuro.
En última instancia, la tarea consiste en recuperar la capacidad de la sociedad para imaginar un futuro compartido. No basta con fortalecer instituciones o ampliar oportunidades económicas: hay que crear las condiciones para que las personas vuelvan a reconocerse como integrantes de una comunidad política capaz de construir, desde sus territorios, una democracia más cercana, inclusiva y esperanzadora.
La reconstrucción de Costa Rica no comenzará solamente en las instituciones nacionales. Comenzará allí donde las personas recuperen la capacidad de organizarse, confiar unas en otras, levantar proyectos comunes y devolverles la esperanza a sus territorios.
Ilustración tomada de El Obrero, 24 de marzo de 2021, “Espejo de Tránsfugas”.
Los caminos de la historia han llevado a nuestra Costa Rica a enfrentar una encrucijada, la primera de este siglo, como solamente las ha debido asumir dos veces en cada uno de los dos siglos de nuestra vida republicana, a saber, con nuestros próceres Braulio Carrillo y Juanito Mora en la construcción del Estado Nación en el siglo XIX y luego, en el siglo pasado, al verse obligada a enfrentar a la dictadura de los hermanos Tinoco y posteriormente la Guerra Civil de 1948. Todas estas encrucijadas quedaron registradas en los archivos de nuestra historia con letras de sangre, debido a los enfrentamientos militares que desgarraron a la familia costarricense.
La presente encrucijada que la historia nos ha deparado, tiene sus orígenes fuera de nuestras fronteras, en razón de la situación que atraviesa la humanidad con la decadencia y agonía de la hegemonía de Occidente en el mundo entero; vacío que está siendo llenado por China como emergente potencia mundial. Todo lo cual hace que la potencia que ha asumido el hegemón de Occidente, nuestros vecinos de América del Norte, vea reducido su poderío a Nuestra América, dado que el mundo se encamina hacia hegemonías regionales. Los grandes desafíos que enfrenta y ponen en riesgo su sobrevivencia, hacen que la humanidad tome conciencia de que sólo tiene un destino; pero paradójicamente, lejos de unirse, se fragmenta en regiones que se enfrentan, no sólo por motivos ideológicos sino por múltiples causas de índole cultural y lingüístico, religioso o simplemente geográfico. Este fenómeno explica lo que se da en las fronteras de las regiones geopolíticas, donde emergen nuevos polos hegemónicos al interior mismo de Occidente. Tal es el caso de la guerra en una región que nunca ha estado en paz, como es el Mediterráneo, en especial, el Mediterráneo Oriental. Otro tanto sucede en Nuestra América con el Mar Caribe, porque el que es dueño del Mar Caribe es dueño de todo el Continente, sobre todo, a partir de inicios del siglo pasado, con la construcción del Canal de Panamá, la vía interoceánica más importante del mundo.
Para enfrentar esta situación mundial, el gobierno de Trump ha recurrido de manera explícita y brutal, a la vieja Doctrina Monroe, que siempre ha sido la inspiración y guía de toda la política norteamericana hacia sus vecinos del Continente. Los Estados Unidos siempre han creído ser los sucesores de las potencias colonialistas que se repartieron Nuestra América: Inglaterra, España y Portugal. Es por eso que mantiene 78 bases militares en la región siendo así que no hay enemigos militares que puedan temer. En concreto, para Trump nuestras naciones no tienen derecho a la soberanía, somos tan sólo protectorados de su decadente imperio hoy reducido a una hegemonía regional. Para ello debe enfrentar una creciente oposición de nuestros pueblos.
Esto repercute en forma decisiva en la política doméstica de la pequeña Costa Rica, situada en una zona geopolíticamente de la mayor importancia en la política internacional. Todo lo cual nos permite comprender el porqué de la política que el gobierno actual pretende implementar de entero sometimiento a la hegemonía imperial yanqui. El todo poderoso expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, antiguo empleado del Banco Mundial, siguiendo instrucciones del Norte, ve al Estado Nación forjado en el siglo XIX, como su mayor enemigo. Su política consiste en destruir, no sólo el concepto de democracia forjado en el siglo XX como Estado Social de Derecho, sino el menor indicio de soberanía nacional. Eso explica el enfrentamiento con las dos familias más poderosas de la oligarquía nacional, como son la familia Arias Sánchez, a cuyo máximo representante, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, se le negó la visa de entrada a los Estados Unidos, lo mismo que a su hermano, Rodrigo, presidente entonces de la Asamblea Legislativa y la familia Jiménez Borbón, dueños de la empresa de comunicación tradicionalmente más influyente en la política nacional por ser el vocero de la oligarquía criolla. Ambas están en la actualidad enfrentadas con el régimen chavista, hegemónico en Zapote y Cuesta de Moras y que cuenta, hasta ahora, con una nada desdeñable base social de apoyo, sobre todo en zonas periféricas a la GAM.
Para enfrentar a la grave crisis que atraviesa el mundo actualmente y cuya repercusión vivimos dramáticamente en nuestro país, sólo cabe una solución y así poder salir airosos de esta encrucijada que nos ha deparado la historia. Esta solución consiste en forjar un frente político en el que se unan todos aquellos que se oponen a que nuestra patria se convierta en un protectorado del Tío Sam y que, por el contrario, sea la heredera de quienes murieron en la Guerra Patria de 1856 para darnos una patria soberana. Para ello se requiere que este frente patriótico se inspire en un programa de gobierno que profundice las conquistas que nos han permitido disfrutar de un régimen democrático definido como Estado Social de Derecho, actualmente tan deteriorado debido a las políticas neoliberales que han implementado los gobiernos en lo que llevamos de este siglo. La época de las divisiones inspiradas en criterios meramente ideológicos ha terminado. Los partidos políticos deben dejar de ser simples empresas que se dedican a hacer “marketing” electoral; pero que sólo existen ante el pueblo durante los meses previos a las elecciones y que durante el resto del tiempo sólo se expresan a través de sus bancadas parlamentarias. La muestra más fehaciente de la voluntad popular se hizo patente en las multitudinarias manifestaciones del jueves 6 de agosto – fecha que pasará a la historia – que se escenificaron en todos los rincones de la geografía nacional. Estas multitudes, cobijadas por la bandera tricolor, entonaron el Himno Nacional y la Patriótica Costarricense.
El protagonismo de ese movimiento patriótico nacional, debe trascender el quehacer de los partidos políticos tradicionales y ser liderado por los movimientos sociales, surgidos en la sociedad civil al calor de las luchas populares. Esto no quiere decir que los partidos políticos deban desaparecer. Al contrario, los partidos políticos deben ser activos todo el tiempo, pues no sólo se trata de enfrentar a la política apátrida del régimen imperante, sino, ante todo, de contribuir a elevar la conciencia cívica del pueblo, a fin de que no se deje seducir por los cantos de sirena de una poderosa maquinaria politiquera que, con los recursos del erario público, pretende seducirlos con espejismos que sólo llevan al abismo y al fin de nuestras libertades democráticas, invaluable patrimonio heredado de nuestros próceres. La nueva y auténtica democracia, más que una “tercera república”, sólo será posible si se nutre de los valores cívicos. Para lograr lo cual los medios de comunicación, tanto de alcance nacional como regional, juegan un papel imprescindible. El diálogo permanente entre la dirigencia y los diputados con todos los ciudadanos y no sólo con quienes los eligieron, es igualmente imprescindible. Hemos vuelto a 1856. La unidad de todos los patriotas formando un frente común, constituye la única vía para hacer realidad aquí y ahora la Patria por la que vivió y murió Juanito Mora.
El pronunciamiento solicita una investigación integral, una auditoría nacional de infraestructura y un fortalecimiento verificable del SINAC.
San José, Costa Rica, 12 de agosto de 2026. — El Parlamento Cívico Ambiental emitió una alerta pública ante las descargas de aguas residuales y materia fecal provenientes de la Estación Biológica Sirena hacia cuerpos de agua dentro del Parque Nacional Corcovado, comprobadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Salud.
Para el colectivo ciudadano, lo ocurrido no puede considerarse una falla técnica menor. El caso evidencia una crisis más profunda en la gestión, el mantenimiento, el financiamiento y la fiscalización de las áreas silvestres protegidas del país que se ha prolongado desde la administración anterior y durante los primeros cien días de la actual.
“Corcovado no es solamente un parque nacional. Es agua, bosque, biodiversidad y una promesa que Costa Rica ha hecho al mundo y a las futuras generaciones. Hoy esa promesa está en riesgo”.
El Parlamento advirtió además que la situación se habría prolongado pese a advertencias sanitarias, informes técnicos y conocimiento institucional previo. Cuando los controles llegan tarde y las responsabilidades se diluyen, señaló, la conservación deja de ser una garantía y se convierte en un discurso.
El pronunciamiento recuerda que esta situación compromete el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política.
Cuatro medidas urgentes
Verdad y responsabilidad. Realizar una investigación integral de lo ocurrido, determinar responsabilidades, publicar los informes y las órdenes sanitarias, y reparar de manera inmediata y efectiva la infraestructura afectada.
Evaluación nacional. Ejecutar una auditoría pública, transparente y diferenciada de la infraestructura sanitaria, operativa y ambiental de las áreas silvestres protegidas, de acuerdo con su categoría de manejo, nivel de visitación y necesidades reales.
Recursos para proteger. Fortalecer de forma real y verificable el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), con personal suficiente, equipo adecuado, mantenimiento continuo y capacidad efectiva para prevenir, corregir y sancionar daños ambientales.
Conservación por encima del lucro. Revisar los permisos, las concesiones y las actividades económicas dentro de las áreas protegidas, acompañando este proceso con datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana y consecuencias ante el incumplimiento injustificado.
Un llamado a actuar ahora
El Parlamento Cívico Ambiental enfatizó que Corcovado no es el problema, sino la alerta. El país no puede normalizar que los lugares llamados a recibir la mayor protección funcionen con infraestructura deteriorada, servicios precarios, controles insuficientes y respuestas tardías.
El foro ciudadano también señaló que no es posible exigir resultados de conservación a instituciones debilitadas ni permitir que la negligencia, la presión turística o el interés económico pongan en riesgo el patrimonio común de la Nación.
“Defender Corcovado es defender el agua, la biodiversidad, la democracia ecológica y el futuro de Costa Rica. No mañana. Ahora”.
El próximo lunes 17 de agosto, a las 7:00 p.m., en el Cine Magaly, se realizará la proyección de los documentales El Río del Perro y Cantos de Batalla, dos producciones que, desde distintas geografías latinoamericanas, abordan la resistencia de las comunidades, la memoria colectiva y el registro de procesos históricos desde la experiencia cotidiana.
Al finalizar la función habrá un espacio para conversar sobre las obras.
Cantos de Batalla, cortometraje de 16 minutos, explora el papel de la música como herramienta de movilización social y defensa ambiental en Costa Rica. Cinco días de grabación permitieron registrar cantos vinculados con la historia de las marchas callejeras y la lucha musical por la naturaleza en el país.
En el documental participan Fabián Pacheco, Javier Alvarado, Anyul Arévalo, Óscar Jiménez, Fernando Calvo, Heriberto Román Chaves, Daniel Cuenca Alpízar, La Voz Nativa y Luz María Romero Miño.
El Río del Perro, de 70 minutos, lleva al público hasta Espino, un pueblo de los llanos venezolanos que queda aún más aislado después del colapso del puente que lo comunica con el resto del país. Las fincas ganaderas de los alrededores también enfrentan las consecuencias. La historia se desarrolla durante los inicios de la crisis venezolana, vivida desde lo más profundo de su territorio.
En esta producción participan Luigi Sciamanna, Víctor Rivero y Mayonecio.
La dirección corresponde a Carlos Gómez de la Espriella. Las producciones tienen como lugares de origen Costa Rica, Venezuela, EUA, México y República Dominicana, y se presentan en idioma original.
Las obras también cuentan con reconocimientos y participación en espacios internacionales. Cantos de Batalla recibió el LASA2026 Award of Merit in Film. El Río del Perro fue exhibido como parte de la Serie de Cine Global de Rivertown Film Society, en Nueva York, en 2025; fue Selección Oficial del Ícaro XXVIII Festival Internacional de Cine 2025, en Guatemala; y obtuvo una Mención del Jurado en el Venezuela Film Hub (VFH), Marché du Film, Festival de Cannes 2022.
Aunque uno se prepare mentalmente para iniciar una semana ocupada en otros menesteres, con estos desgobiernos que nos toca soportar, es casi imposible. Ahora doña Laura Virginia nos «regala” una de sus primorosas ocurrencias en un decreto ejecutivo, en el que declara secreto de Estado, hasta el menú de su desayuno. Pero dejando la ironía aparte, utilizada solo para bajar el estrés que nos produjo el susodicho decreto, el asunto es sumamente grave.
Cuando fui diputado entre 1982 y 1986, fui el primer legislador en la Historia de Costa Rica que llevó ante los Tribunales a un presidente de la República porque, en síntesis, Don Luis Alberto Monge no me quería entregar un informe sobre el sector agropecuario y por ello lo había declarado «secreto de Estado». Alegué que era un atentado al derecho de información y que, además, ese informe no era un secreto de Estado. Como no existía la Sala IV fue la Corte Plena la que dio el fallo a mi favor y lo más importante por lo que nos ocupa, definió qué es un secreto de Estado y dijo » …los secretos políticos y así también los de seguridad, sólo constituyen secretos de Estado cuando se refieren a los medios de defensa o a las relaciones exteriores…».
Entonces, de acuerdo con lo anteriormente dispuesto por la Corte Plena y por lo tanto creando jurisprudencia, no estarían incluidos aspectos como los procesos de contrataciones y de compra de equipos, los resultados de las pruebas del polígrafo y datos de la empresa que los hace y su costo; sin entrar a detallar la extensa lista de artículos, bienes y suministros protegidos como «secreto de Estado», debo mencionar uno de extrema gravedad: plataformas tecnológicas, infraestructura, consultorías y servicios especializados con obligación estricta de confidencialidad para los consultores, contratistas y demás sujetos privados que presten servicios, aunque sea en forma ad honorem.
Ajeno a que ese listado, que lleva a un manejo oculto y sin restricciones de una serie de procedimientos administrativos en las dependencias que estén bajo la dirección de la Presidencia de la República: la DIS y la Fuerza Elite, así como la Policía Fiscal y todo el componente del Ministerio de Seguridad Pública, hay un aspecto que no puede pasar inadvertido. Es fácil hacer creer al ciudadano que todo este aparataje es necesario para combatir el narcotráfico, y sí, en mucho puede ser cierto, pero no en todo. Porque detrás de ese montaje, está su seguridad personal y el uso indebido de sus datos, pues con este decreto podrían contratar, sin saberlo los costarricenses, a las agencias de espionaje israelí como el Mossad y Pegaso cuya intervención en los procesos electorales de Honduras, Argentina, Chile, Colombia, y los propios Estados Unidos es harto conocido. Fue Rodrigo Chaves, a cuyo cargo están los ministerios de Hacienda con la Policía Fiscal y el de la Presidencia con la DIS, por ejemplo, el que anunció su decisión de contratar el Mossad para perseguir a los evasores fiscales, cuando el tema hacendario dentro de la estructura de esa agencia casi no tiene importancia, como si lo tiene el de espionaje e intervención electoral por medio de plataformas tecnológicas y algoritmos. Además, resulta muy coincidente que Rodrigo Chaves como ministro haya pedido a la CCSS todos los datos de las personas aseguradas y de las empresas… luego, con un teclado, alguien podría pasarlos al Mossad.
Es obvio que el malhadado decreto de Laura Virginia, estructurado y escrito en otros ámbitos gubernamentales y llevado a su despacho para la firma, es sumamente peligroso, muchas aguas contaminadas corren por su cauce, con el peligro real de provocar con sus secretismos, una epidemia de autocratismo que mate nuestras libertades. Así que, como dicen: ojo al Cristo y mano a la chuspa.
Vivimos tiempos distópicos y complejos.Es una frase que he repetido en varias ocasiones a lo largo de esta columna que hemos escrito durante seis años ya.
También hemos reflexionado a propósito de acometer con recursos inter y transdiciplinarios esta realidad y sus resquicios.
Hemos aludido a la relación necesaria entre las ciencias sociales y las artes, como ese camino que nos llevará de la mano a explorar nuevas formas de hacernos preguntas y abordar con sensibilidad esto que nos tocó vivir.
Mirar desde ese otro lugar es justamente lo que ocurrió en la semana entre el 3 y el 7 de agosto en la Universidad Nacional en Costa Rica.
Organizada por la académica de la Escuela de Sociología y doctoranda Rebeca Espinoza, la actividad tuvo como objetivo conocer el proyecto “Un cuerpo por coser”, consistente en un libro de autoficción del mismo nombre escrito por la Doctora Edna Manotas Salcedo, acerca de su proceso corporal y emocional como resultado del cáncer de mama e ilustrado por la productora audiovisual, también doctora, Adriana Moreno Acosta.
El proyecto también contaba con una muestra fotográfica e ilustrada sobre frases y metáforas incluidas en el texto cuya puesta en escena se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Especializada en Ciencias Sociales.
A lo largo de los días Edna y Adriana compartieron talleres, charlas, lecturas de fragmentos del libro en voz alta y en y todas las actividades sobresalió la idea de impulsar la fuerza colectiva, desmontar los patrones históricos de socialización que inhiben expresar el dolor o mostrar esas corporalidades otras que no siguen el canon estético hegemónico y dominante. Es decir, desprogramarse para ser posible.
Cuando la mediación artística y la investigación-creación se vinculan, resulta inevitable mirar desde otros lugares los procesos y las dinámicas que nos atraviesan.
Soy convencido que el arte salva, el arte repara, el arte cose. Y que más evocación que este fragmento del prólogo escrito por Edna para convencernos de que al lado de la estética, el arte constituye el más político de los actos desarrollados por los seres humanos:
“Escribo para juntar mis pedazos. Los reparo con ellas, como un acto de memoria, para recordarme que perdí muchas cosas, que anhelé otras, que mi alma ha transitado por vacíos que he rellenado con colores, con amor…y a veces con rabia”.
Si. Yo también creo en otros mundos posibles. Poesibles además.
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