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Autor: María José Ferlini Cartín

Ya son doce las municipalidades que rechazan el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Municipalidades de La Unión y San José se suman a los gobiernos locales que han manifestado su oposición al expediente legislativo N.° 23.414

Las municipalidades de La Unión y San José se sumaron recientemente a los gobiernos locales que han expresado su oposición al proyecto de ley expediente N.° 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que ha generado preocupación en diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios.

Con estos pronunciamientos ya son doce las municipalidades del país que han manifestado su rechazo al proyecto o han solicitado que no sea aprobado en su forma actual, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que históricamente ha garantizado el acceso universal a la electricidad en Costa Rica.

En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo N.° 3888, mediante el cual manifestó expresamente que no apoya el proyecto de ley por considerar que afecta el sistema solidario brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), promueve la apertura y control del mercado eléctrico y pone en riesgo la soberanía energética construida durante décadas en beneficio de toda la población costarricense.

Por su parte, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción en la que se manifiesta oposición al expediente legislativo N.° 23.414 y se insta respetuosamente a la Asamblea Legislativa a no aprobar la iniciativa en su forma actual. La moción señala que existen advertencias formuladas por instituciones académicas, organizaciones sindicales, entidades técnicas y órganos especializados sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en el acceso equitativo a la electricidad, la planificación energética nacional y el modelo solidario que caracteriza al sistema eléctrico costarricense.

Entre los argumentos incluidos en la moción aprobada por el Concejo Municipal de San José se citan pronunciamientos del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, criterios técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, observaciones de la Procuraduría General de la República y posiciones institucionales del Grupo ICE, las cuales advierten sobre cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Estos nuevos acuerdos se suman a los pronunciamientos previamente emitidos por otros gobiernos locales de distintas regiones del país, reflejando una creciente preocupación municipal ante una propuesta legislativa que podría transformar profundamente el modelo eléctrico nacional.

Las organizaciones y personas que impulsan la defensa del modelo eléctrico solidario consideran que estos acuerdos evidencian que la discusión sobre el expediente 23.414 trasciende el ámbito técnico y constituye un tema de interés público relacionado con el acceso a servicios esenciales, la soberanía energética, la planificación nacional y el desarrollo equilibrado de las comunidades.

Las organizaciones firmantes reiteran su llamado a las diputadas y diputados de la República para que escuchen las preocupaciones expresadas por gobiernos locales, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores técnicos antes de avanzar en la aprobación de una iniciativa que podría modificar de manera sustancial uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense.

La campaña es promovida por la Red de Mujeres Costeras, Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica por el Océano, Movimiento Ríos Vivos, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y Causa Sur, organizaciones que han hecho un llamado a fortalecer el debate público sobre el futuro del sistema eléctrico nacional y a ampliar la participación de los gobiernos locales y las comunidades en esta discusión.

Museo Indígena de Boruca presentará una charla sobre el libro del Indio Venancio

Por Uriel Rojas

✅Será este jueves 11 de junio.

El Museo Comunitario Indígena de Boruca presentará este jueves 11 de junio, a partir de las 4 de la tarde, una charla con el antropólogo José Luis Amador, quien es el autor del libro “Venancio Mora y el Árbol Mágico de Palmar Sur”.

Será un espacio para conversar con los vecinos de la comunidad sobre la vida y legado de este personaje boruca, que emigró hacia las tierras de Palmar Sur a principios del siglo XX, vivió el impacto de la época bananera y murió en 1967 en Caña Blancal de Osa, junto a su familia.

La charla está orientada a develar aspectos históricos y simbólicos que se describen en el libro y busca también, devolver parte de la información de la obra a la comunidad.

El Museo Comunitario Indígena de Boruca se ubica en Boruca centro, 25 metros al norte del Salón Comunal de la comunidad.

Para más información pueden contactarse al 2730-1089 o al 8819-1281

Correo electrónico: laflordeboruca@gmail.com

No habrá réquiem por quienes quieren que olvidemos / Parte 3

Rafael A. Ugalde. Q.*

“Hay gente que no es consciente, hay gente que no entiende, hay gente, incluso, que no entenderá jamás. Hay gente que no entiende lo que es la patria ni lo que es la independencia; hay gente que no entiende qué es la historia, cuáles son las raíces de un pueblo; hay gente que no entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria; hay gente que no entiende los procesos políticos y cuáles son los problemas objetivos” Fidel siempre vigente más que nunca con sus 100 años a cuesta, a partir de este 13 de agosto.

¡Son tiempos difíciles! El personaje de la comedia de la televisión ya no está con nosotros. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, en medio de esta confusión.

Estamos varados hace rato, otra cosa es el rechazo de esta realidad. Nos agobia a muy pocos – hay que decirlo sin rodeos – un “presente” indefinido, largo como sí estuviera dormido, a veces tiene rasgos de pasado y sí a él sirve, se nos viene encima como futuro inmediato.

En contraste a lo dicho anteriormente, encontraremos mayorías importantes viviendo de ese presente y los pies sobre su propio “cielo “levantado a su medida por años de préstamos millonarios, compra de fuerza de trabajo en promoción y repleto de música celestial.

La otra mitad de este importante bloque va con todo por su propio futuro y su “gloria” construida sobre los escombros celestiales dejados por aquel presente que ya es pasado, pero futuro al fin y al cabo lleno de arcángeles y querubines elevados a “gerentes” y Rasputín de la economía y las finanzas.

Así, entre quienes defienden el presente y el futuro podemos vaticinar desde ahora unas movidas elecciones municipales en 2028 y comicios presidenciales para 2030 como nunca vistos en la democracia de unos y otros. ¿Por qué tendría que ser distintas?

En un amplio documento público hecho circular por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) se convoca a cerrar filas alrededor del Pacto Patriótico Costarricense y defender el Estado Social de derecho, así como impulsar políticas sociales en beneficio de la población.

Entre las organizaciones que forman esta instancia figuran asociaciones y sindicatos de maestros, pequeños y medianos productores agropecuarios de Limón, empleados públicos y privados, entre otras. (Consúltese SURCOS Digital).

A estas múltiples organizaciones sociales aglutinados en la RENASES se sumó el Pacto Patriótico Nacional de reciente actividades e integrado por diputados contrarios a la actual administración encabezada por la presidenta Laura Fernández.

De entrada, no más tienen frente sí el proyecto de ley para liberar la generación privada de electricidad y al parecer un paquetazo fiscal por nuestro gobierno en el exterior que ese no perdona: el FMI.

Es de destacar que dentro de la organización indicada figuran importantes grupos movilizados junto a otros actores, en ocasión de la aprobación del TLC en 2007 y la privatización de las telecomunicaciones en 2008, reformas impulsadas por el gobierno del liberacionista Oscar Arias.

No está de más recordar que dicho mandatario seguramente no tuvo el tiempo necesario para dotar del “carro popular” a Reimundo y todo el mundo; tampoco -por cuestiones de tiempo – nos hizo la “primera nación desarrollada” en Latinoamérica, como prometió en una de las gradas de la Catedral Metropolitana.

Contrariamente, dos décadas después de sus afirmaciones, seguimos desarrollando músculos de brazos y espalda como si estuviéramos en clases de Tai Chi, porque seguimos braceando fuerte para no ahogarnos en aguas tempestuosas.

Sí, veinte años no son nada, como decía Gardel. Un proyecto de armonización de la producción privada sin límites de electricidad tiene el mismo actor dos décadas después, solo que ahora no son ya las telecomunicaciones. Este negocio es prueba superada.

Importantes playas ya no son nuestras. Cualquiera pone una aguja y te obliga a pagar por su Resort si quieres arena y olas.

Por su parte, la Confederación Sindical Internacional “descubre” en su edición 13 de su Índice Global de Derechos 2026, como fundar un sindicato en el sector privado no es equivale a degustar jamón o caviar.

Primero combatieron por todos los medios aquellos sindicatos “rojos” que no le aflojaban a los llamados a profundizar la lucha de clases, exigían transformaciones socioeconómicas y sentaban en el banquillo de los acusados al “imperialismo como enemigo de los pueblos”, hasta llevarlos casi a su extinción.

“No hay tal capitalismo bueno ni imperialismo bueno. Son cortados con las mismas tijeras”, explicaba “Serranito” de grata memoria a los trabajadores de una famosa fábrica en Curridabat, antes de que lo pillaran y echaran a la calle junto a los futuros 25 miembros del sindicato.

Luego siguieron con las organizaciones llamadas “sindicatos blancos” -generalmente afines al gobierno de turno – hasta que les pusieron competencia a modo de asociaciones para estimular, con el dinero de sus agremiados, toda clase de consumo. No sigo. No me gusta hacer leña del árbol caído.

Entrevistado para esta III y última entrega, el historiador ramonense, dirigente popular e internacionalista, Oscar Barrantes, sobre qué falló en estas luchas post Alcoa, expresó que “el pueblo en el caso del TLC y contra el Combo del ICE respondió con creces, pero “quizá falló la dirigencia”. Explicó que los niveles de conciencia surgen de las condiciones materiales de la vida y las relaciones sociales, nunca viene por generación espontánea, señaló

Requerido, entonces, sobre qué había pasado en la lucha contra ALCOA, precisó que le parecía que en ella hubo claridad y estrategia política.

Después de esta lucha nació Pueblo Unido y hubo conciencia sobrada hasta para que muchos ticos integraran las columnas revolucionarias para luchar en Nicaragua, recordó.

Muchos alcanzaron tal grado de conciencia que mueren luchando en Honduras y El Salvador, rememoró.

Periodista: ¿Siguiendo su línea de pensamiento qué hicimos tan mal para acabar todos en este atolladero, con un presente plantado, estacando; en tanto el futuro ya estamos viviéndolo con 13 regímenes de orientación fascista y bajo tutela política absoluta del “Escudo de las América”?

Movilización sindical contra el llamado Combo del ICE (Semanario Universidad).

R/ “Para hacer una aproximación a la realidad social e histórica, es necesario la visión creadora de acción política, pensamiento y praxis social.

El problema central está en relación con la contradicción determinante en la época. Las contradicciones sociales y la contradicción sistémica fundamental de cada época, porque la hay, es el nudo de coordenadas qué deben orientar el proceder de la lucha social, sindical y política.

Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la necesaria e imprescindible unidad de los movimientos populares, sindicales y fuerzas motrices del cambio político-social en el país. Todo el mundo habla de unidad.

Sin embargo, pareciera que no se encuentra el sendero iluminado que nos lleve a la unidad. Es más, a menudo vemos las ácidas experiencias de movimientos sociales unitarios y a alianzas de pueblo organizado en pelea por reivindicaciones y derechos resquebrajarse y mandar el paquete completo al canasto de la basura.

Después los lloros y las excusas de «yo no fui», «que los principios», «somos unitarios, pero, nos están matando la gente», «la vanidad, el egoísmo y las mezquindades de aquellos» etc. Un lavado de manos general y, «si te vi, no me acuerdo».

Grandes y gigantescas movilizaciones de confrontación social real y emocionantes expectativas se fueron por el caño en Costa Rica en los últimos 26 años, del entrado en décadas, siglo XXI. No las enumeraré, quienes están en el ojo de la política y la lucha social popular las conocen.

Periodista:/ Podría explicar a los trabajadores, a los campesinos sin tierra, a la madre sin casa, a los jóvenes estigmatizados como criminales por no vivir en condominios ubicados en Escalante, Monterán o Dent, ¿dónde queda la política y hasta dónde llega entonces la politiquería?

R./ Ese es el quid del asunto. Es la cuestión de la política. No hablo de politiquería eleccionaria. Me refiero a la política como una categoría científica de lucha por el poder.

Por ende, se comprende que se mueve en los factores internos, contradicciones y entorno de la sociedad, como un complejo de relaciones productivas, sociales y políticas en dinamismo explosivo.

Lucha por derechos universales, inalienables, esenciales en la perspectiva de humanidad. Lucha nacional de los pueblos y lucha de clases.

Lo más concreto nos acerca a un nodo sensible y determinante del diario hacer por el cambio social, del vórtice de la conmoción social, es la acción política.

No podemos separar con un tajo de soberbia del dirigente ególatra y «sábelo todo» – como la cabeza de un cuerpo – la política de la lucha social, sindical, popular.

Descarrilar el justo descontento de las masas – violentados sus derechos – imponiendo falacias como la de que «las movilizaciones sociales y las reivindicaciones populares son ajenas por naturaleza a la esfera política.

Esa tesis revisionista de origen economista en el sindicalismo – como el tradeunionismo inglés y europeo – se extendió a los movimientos sociales y populares en general. No pormenorizaré en este extremo.

Para construir unidad social, popular, juvenil sindical, de combate por la liberación nacional de las cadenas del imperialismo y lucha por la soberanía legítima y originaria, es imprescindible partir de la apreciación correcta de la realidad y las premisas sociales y políticas, tener una doctrina política del movimiento de transformación social, una estrategia y amalgama táctica oportuna y flexible que posibilite las alianzas coyunturales.

De más o menor elongación, según los momentos del curso de la lucha y desenvolvimiento de las contradicciones, fuerzas motrices y correlación de las mismas.

Nos referimos a la dirección o conducción política ineludible de los movimientos sociales y populares. De esa cualidad o capacidad es de lo que ha adolecido el movimiento social, popular y sindical costarricense en las últimas cuatro décadas”, concluyó.

A manera de colofón de este brevísimo recorrido por Nuestra América de tres entregas, los hechos son hechos y aunque a veces creemos no hablan, son como un expediente judicial: nos plática, respiran, sudan y exigen justicia, no importa los años de silencio impuesto.

Sin embargo, cuando un pueblo sale de ese armario, de esa carpeta y borra el número que le habían asignado, aprende inmediatamente la lección: no hay amenazas ni represión que los pare, simplemente avanza como actor histórico.

Sin mecenas, sin intermediarios, exactamente como están plantados ahora los pueblos de Cuba, Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras etc., peleando por su dignidad y a la espera de los que vienen de camino. ¡Qué vendrán, vendrán!

*Periodista, abogado y notario por la UCR, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los Pueblos.

Los hechos no hablan solos – Colombia

José A. Amesty Rivera

En muchos países de América Latina ocurre algo que llama la atención de la gente, gobiernos o movimientos políticos de izquierda llegan con mucha fuerza al poder, impulsan reformas, crean programas sociales, mejoran servicios públicos y promueven cambios que consideran importantes para la mayoría de la población, sin embargo, cuando llegan nuevas elecciones, muchas veces encuentran dificultades para mantener el apoyo de los votantes.

¿Por qué algunos gobiernos hacen cambios importantes y aun así tienen dificultades para ganar elecciones?

Algunas personas creen que esto ocurre porque gobernaron mal, o porque cometieron demasiados errores, pero la realidad suele ser más complicada.

Las elecciones no funcionan como un examen de matemáticas, donde se suman aciertos y errores para obtener una nota final. Las personas votan influenciadas por muchas cosas, como, lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten, lo que conversan con sus vecinos/as, lo que reciben por redes sociales y, sobre todo, por la idea que tienen sobre el rumbo del país.

Por eso, entender una elección requiere mirar mucho más allá de los números y las estadísticas, por ejemplo, la situación actual de Colombia es un buen modelo de ello.

La disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no enfrenta únicamente dos candidatos, también refleja debates que vienen de muchos años atrás, a saber, la violencia política, el conflicto armado, las desigualdades sociales, el proceso de paz, las diferencias entre regiones, el papel de los medios de comunicación y las distintas ideas sobre el futuro del país, entre otros.

Existe una situación que se repite en muchos gobiernos que buscan hacer cambios profundos, dedican enormes esfuerzos a mejorar programas sociales, ampliar derechos, fortalecer la educación, la salud o las oportunidades para los sectores más vulnerables.

Pero esos cambios casi nunca producen resultados inmediatos; una reforma educativa puede tardar años en mostrar resultados, una política para reducir la pobreza puede necesitar varios gobiernos para consolidarse, una transformación económica no ocurre de la noche a la mañana.

Mientras tanto, la gente sigue enfrentando problemas cotidianos; si una persona siente inseguridad en su barrio, le preocupa el precio de los alimentos o teme perder su empleo, esas preocupaciones pueden pesar más que otros avances que no percibe directamente.

Por esto muchas veces los gobiernos, son juzgados no por todo lo que hicieron, sino por los problemas que la población considera más urgentes. Y esto ha ocurrido en distintos países.

En Brasil, muchos ciudadanos/as reconocían avances sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero el desgaste político terminó favoreciendo a Jair Bolsonaro en 2018.

En Ecuador, una parte de la población valoraba logros del Correísmo, pero otra parte quería un cambio de rumbo.

En Argentina, el deseo de alternancia ayudó a llevar a Mauricio Macri a la presidencia.

Pero también existen casos contrarios, veamos…

Lula volvió a ganar en Brasil en 2022, Gabriel Boric triunfó en Chile, Gustavo Petro llegó a la presidencia en Colombia en 2022.

Esto demuestra que el problema no es simplemente ser de izquierda o de derecha. La verdadera pregunta es otra, ¿Quién logra convencer a más personas de que su plan para el futuro es mejor?

En el caso de la política colombiana, para entenderla hay que mirar hacia atrás, durante décadas, Colombia vivió marcada por el conflicto armado, la violencia política, el narcotráfico y enormes desigualdades sociales; millones de colombianos/as crecieron escuchando noticias sobre guerrillas, paramilitares, secuestros, atentados y enfrentamientos, y esta historia dejó huellas profundas.

Por esto palabras como seguridad, paz, autoridad, orden, justicia o cambio no significan exactamente lo mismo para todos los colombianos/as. La firma del acuerdo de paz abrió una esperanza para muchos sectores de la sociedad, pero también generó dudas y preocupaciones en otros, y estas diferencias siguen presentes hoy.

Por esto las elecciones actuales no son solamente una evaluación del gobierno de Gustavo Petro, también son una discusión sobre qué país quieren construir los colombianos/as para las próximas décadas.

Y aquí aparece una idea muy importante, muchas personas que apoyan al gobierno de Petro sostienen que una parte de la población no conoce realmente muchos de los avances realizados durante estos años, y esta situación no es exclusiva de Colombia, ocurre en muchos países, por ejemplo:

Una carretera puede ser construida gracias a recursos del gobierno nacional, pero la gente piensa que fue obra de la alcaldía. Un programa social puede beneficiar a miles de familias, pero con el tiempo deja de verse como algo especial y pasa a considerarse normal. Una mejora económica puede atribuirse al esfuerzo personal y no a decisiones del gobierno.

En otras palabras, no basta con hacer las cosas, también hay que lograr que la gente sepa quién las hizo y por qué fueron importantes; si los ciudadanos no relacionan los cambios positivos con quienes los impulsaron, esos logros pueden desaparecer políticamente, aunque sigan existiendo en la realidad.

Y aquí aparece una de las mayores debilidades históricas de muchos movimientos progresistas en América Latina: han dedicado enormes esfuerzos a gobernar, pero muchas veces han prestado menos atención a comunicar. Durante años, una parte de la izquierda creyó que los hechos hablarían por sí solos, pensó que una buena gestión sería suficiente para convencer a la población.

Pero la política moderna funciona de otra manera, los hechos no hablan solos; alguien siempre los interpreta, los explica y les da significado. Mientras algunos gobiernos se concentran en ejecutar programas y reformas, otros actores políticos trabajan constantemente construyendo relatos, mensajes, símbolos y emociones, y muchas veces esos relatos terminan teniendo más fuerza que los propios hechos.

Otro problema frecuente es creer que una estadística puede derrotar una emoción, cuando una persona tiene miedo por la inseguridad, un gráfico no siempre cambia su percepción, cuando una familia siente dificultades económicas, un informe técnico puede parecer lejano a su realidad.

Las personas necesitan datos, pero también necesitan explicaciones sencillas que les ayuden a entender lo que está ocurriendo, la política no se mueve solamente por números, también se mueven por sentimientos, experiencias y esperanzas.

Por esto comunicar bien no significa hacer propaganda vacía, significa explicar claramente qué se hizo, por qué se hizo y cómo mejora la vida de la gente.

A su vez, hoy la comunicación política es mucho más complicada que hace veinte años; antes la información circulaba principalmente por televisión, radio y periódicos, ahora millones de personas reciben información por Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube y muchas otras plataformas.

Así en cuestión de minutos una noticia verdadera o falsa puede llegar a millones de personas, un video de treinta segundos puede tener más impacto que un informe de cien páginas.

Esto obliga a los gobiernos y a los movimientos políticos a adaptarse a una realidad completamente nueva; quien no entiende esta transformación corre el riesgo de perder la batalla de la opinión pública, incluso cuando tiene resultados para mostrar.

Existe otro factor que pocas veces se menciona; los gobiernos de cambio suelen despertar enormes esperanzas. Prometen combatir la desigualdad, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y transformar la economía, sin embargo, los cambios profundos necesitan tiempo.

Las instituciones avanzan lentamente, las reformas encuentran obstáculos, los resultados tardan en llegar. Cuando las expectativas crecen más rápido que los resultados, aparece la frustración; y muchas veces esa frustración surge precisamente entre quienes más esperaban del gobierno, por esto algunos proyectos políticos terminan siendo víctimas de sus propias promesas.

Otro elemento importante es que, tal vez la discusión más importante ocurre en un terreno que muchas veces pasa desapercibido, no basta con ganar elecciones, tampoco basta con gobernar, también es necesario ganar la batalla de las ideas.

Las personas construyen sus opiniones en muchos lugares, como, la familia, la escuela, la iglesia, las redes sociales, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones sociales, allí se forman las ideas sobre qué significa progreso, justicia, libertad, seguridad o democracia.

Quien logra influir en esas ideas tiene una enorme ventaja política, por esto algunos gobiernos logran ganar elecciones, pero no logran consolidar una visión compartida del país. Y cuando esto ocurre, cada elección vuelve a convertirse en una disputa desde cero.

Finalmente, la historia demuestra que los movimientos progresistas no están condenados a perder elecciones; existen muchos casos de derrotas, pero también numerosos ejemplos de victorias, sin embargo, sí parece existir un problema recurrente.

Muchos gobiernos logran hacer cambios importantes, pero encuentran dificultades para convertir esos cambios en una percepción positiva y duradera dentro de la sociedad. El caso colombiano muestra claramente este desafío.

La discusión sobre el gobierno de Gustavo Petro no gira solamente alrededor de lo que hizo o dejó de hacer, también gira alrededor de cómo esos resultados fueron comunicados, comprendidos y valorados por la ciudadanía. Aquí la principal lección quizás sea esta:

Gobernar bien es indispensable, pero en la política del siglo XXI no es suficiente, también hay que explicar, convencer, escuchar y construir una visión compartida del futuro, porque los hechos son importantes, pero los hechos, por sí solos, no hablan.

Un dato final, sin entrar en polémicas. En el caso de Iván Cepeda, muchas personas lo reconocen por su trabajo en temas de Derechos Humanos, y por hablar sobre la historia del conflicto armado en Colombia, esto le da importancia y reconocimiento en la política del país.

Sin embargo, en una elección nacional, el reto para un candidato con este perfil es lograr que esos temas se conviertan en mensajes claros, sobre lo que más preocupa a la gente todos los días, la seguridad, el empleo, la economía y el costo de vida.

En una segunda vuelta, esto suele ser muy importante; muchos ciudadanos no votan pensando tanto en ideologías o debates políticos complejos, sino en quién creen que puede ofrecer un mejor futuro para ellos y sus familias.

Por esto, en Colombia las segundas vueltas muchas veces no las gana quien tiene el plan más detallado, sino quien logra conectar mejor con las preocupaciones de la gente. Normalmente tiene ventaja el candidato que habla de forma sencilla, transmite confianza y hace sentir a los votantes que entiende sus problemas.

En este escenario, no basta con proponer cambios, también es necesario explicarlos de una manera fácil de entender y demostrar cómo pueden mejorar la vida diaria de las personas. Al final, suele ganar quien logra presentar una idea de futuro clara y cercana para la mayoría de los ciudadanos/as, incluso para quienes no pensaban votar por él desde el principio.

No estamos afirmando que esto ocurrió o vaya a ocurrir de una manera u otra, simplemente es una situación que suele aparecer en elecciones muy divididas y polarizadas.

Y afirmo categóricamente, ojalá, que sea así, que Ivan Cepeda gane las elecciones en Colombia, para que este país siga cambiando, para que los colombianos/as, tengan una sociedad de justicia, paz, prosperidad y tranquilidad, en fin, que sea un triunfo de la izquierda latinoamericana.

El Atlas de Desarrollo Humano 2025: el bajo desarrollo humano, la desigualdad y la inseguridad se conjugan en los cantones de las regiones periféricas

German Masís

Se presentó recientemente el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de2025 y entre los índices analizados se encuentran los índices de desarrollo humano, de desarrollo humano ajustado por desigualdad, de desigualdad de género y el de pobreza multidimensional, a los que se suma el índice de seguridad cantonal.

En esta oportunidad, el Atlas incorpora el Índice de Seguridad Ciudadana (ISC), que permite vincular a nivel cantonal el bienestar humano con la incidencia delictiva. Los resultados muestran que entre 2020 y 2023, un 70% de los cantones experimentaron una disminución en el valor del ISC y un aumento de la inseguridad.

La incorporación de esta dimensión dentro de los análisis sobre desarrollo humano responde a la necesidad de comprender cómo la violencia y el delito afectan el bienestar integral y sostenible de las comunidades.

Índice de Desarrollo Humano (IDH, señala al igual que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad IDH-D 2023 que la desigualdad territorial es persistente: los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) siguen rezagados con respecto a los del centro del país.

Según el IDH, los cantones con mayor desarrollo humano son: Escazú, Santa Ana, Belén y Montes de Oca; en contraste, los cantones con menor desarrollo humano son Talamanca, Los Chiles, Matina y Buenos Aires.

Al ser ajustado por desigualdad los cantones con mayor IDH-D son Belén, Montes de Oca, Curridabat, Santa Ana y Santo Domingo, mientras que Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires registran los valores más bajos.

En cuanto al IPM 2024, los mejores resultados (muy bajas privaciones) se ubican Montes de Oca, Flores, Santo Domingo, San Pablo y Belén. En el extremo opuesto, con mayor pobreza multidimensional, figuran La Cruz, Talamanca, Coto Brus y Los Chiles.

El IPM 2024 evidencia que el 3,8% de la población vive en cantones con alta pobreza multidimensional, concentrada principalmente en zonas fronterizas del norte y sureste del país. En contraste, la Región Central concentra la mayoría de los cantones con IPM bajo o muy bajo, reafirmando la disparidad territorial.

En igualdad de género, los avances son moderados: mejora el desempeño en educación y salud, pero persiste el rezago en la participación laboral femenina, lo que limita la autonomía económica y el rendimiento del desarrollo en varios territorios.

Según el IDH, los diez cantones con menor desarrollo humano son: Buenos Aires (posición 84), Matina, Los Chiles, Talamanca, Corredores, Guácimo, Parrita, Montes de Oro, La Cruz y Coto Brus.

A nivel provincial, se observa que todos los cantones de Limón se ubican por debajo del promedio nacional, situación que prevalece desde el primer lanzamiento del Atlas en el año 2007 . En Puntarenas, únicamente Puerto Jiménez se encuentra por encima de dicho promedio, mientras que en Guanacaste destacan Liberia y Tilarán como los únicos dos cantones que superan el promedio nacional

Si se analiza el IDH por región de planificación se observa una clara distinción entre la región Central y el resto de las regiones. Mientras que en la región Central solo ocho municipalidades (Acosta, Alajuelita, Dota, Jiménez, León Cortés, Puriscal, Sarchí, Tarrazú) se encuentra por debajo del promedio nacional, en el resto de las regiones solo cinco cantones se encuentran por arriba de dicho promedio: Liberia, Tilarán, Puerto Jiménez, San Carlos, San Mateo. Cabe destacar que la región Huetar Caribe no tiene ningún cantón por arriba del promedio nacional. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, Análisis de Resultados p.11)

Al ajustar el IDH por la desigualdad que viven las personas dentro de un mismo cantón en áreas como salud, educación y economía, se obtiene el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los 10 cantones con los menores índices son: Sarchí, Hojancha, Orotina, Golfito, Sarapiquí, Matina, Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires, en último lugar.

Igualmente, al observar geográficamente los cantones clasificados según la igualdad de género, nuevamente se tiene un patrón que deja en desventaja a aquellas personas que están en las zonas alejadas del centro del país, siendo la excepción algunas de la provincia de Guanacaste. Para este último año, se identifican 7 cantones con alta desigualdad, que son: Hojancha, Osa, Río Cuarto, Talamanca, Los Chiles, Turrialba y Coto Brus.

En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 2024, los cinco cantones que presentan un IPM alto (Upala, La Cruz, Talamanca, Coto Brus, Los Chiles, completan los 10 cantones con este nivel Siquirres, Guatuso, Buenos Aires, Sarapiquí, Turrialba y Upala.

El análisis de los cantones según el Índice de Seguridad Cantonal dejó en evidencia que los problemas de seguridad ciudadana se dan tanto dentro como fuera de la GAM, sin embargo, al ver la evolución en el tiempo (2020-2023), son los cantones fuera de la GAM los que están evidenciando un mayor deterioro.

Los cantones con la mayor pérdida de valor del índice son: Nicoya, Parrita, Santa Cruz, Cañas, Garabito, Los Chiles, Puerto Jiménez, Guatuso y Limón y en consecuencia con el mayor deterioro de la seguridad en el período.

En 59 cantones (70,2 %) el valor del índice disminuyó lo que evidencia el aumento de la inseguridad ciudadana en una buena parte de los cantones del país, que se suman a los anteriores que son: Osa, Garabito, Corredores, Talamanca, Matina, Quepos, Puntarenas, Golfito, Siquirres, Carrillo, San José, Abangares, Orotina, Pérez Zeledón, La Cruz, Pococí y Turrialba.

La inseguridad, no solo refleja la ausencia de control del delito, sino también la fragilidad de los vínculos comunitarios, la precariedad de los entornos urbanos y la limitada presencia del Estado. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2025, p.27)

La inseguridad ciudadana representa una barrera significativa para el desarrollo humano, al limitar las oportunidades, libertades y condiciones de vida de las personas en los cantones costeros, fronterizos y rurales.

No habrá réquiem por quienes quieren que olvidemos / Parte 2

Rafael A. Ugalde. Q.*

Fidel en sus cien años sigue fusil al hombro luchando contra el fascismo de ayer y hoy como “brazo armado y expresión más acabada del pensamiento reaccionario burgués e imperialista».

Sí alguna duda hubo en la edición anterior como el imperialismo europeo nos “premió” con quintas columnas para secar los intentos revolucionarios en Hispanoamérica, es cuestión de revisar como la Revolución mexicana de 1910 es reducida a simple “evolución” y “reformas”.

Es hasta que, en 2018, los mexicanos escogen entre el “neocorporativismo “como única opción de desarrollo por quienes se habían enriquecido sirviendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), o elegían con todo y el temor infundado por los medios de desinformación tradicionales, algo distinto que les devolviera patria, pusiera a los viejitos, los jóvenes sin becas y los obreros con salarios congelados, en el centro de todas las decisiones economicistas de sus tecnócratas.

La campaña entonces a favor de la familia, la religión y la democracia desatada por estas elites de la llamada “derecha” neoliberal encontró asidero incluso allende de las fronteras mexicanas con amenazas abiertas como retirar inversiones si el “comunismo” chavista y cubano – haciendo alusión a Venezuela y Cuba – tomaba el control de México.

Nada del desastre pronosticado por los multimillonarios organizados en el “corporativismo” ocurrió. Por el contrario, 13 millones de mexicanos fueron rescatados de la pobreza, empresas españolas que controlaban gran la producción de electricidad se les pagó sus inversiones y les dieron las gracias, las mañas introducidas por grupos de intereses acostumbrados a ordeñar la seguridad social, están bajo control y disminuyen, por ende, con asombro las muertes por falta de atención adecuada etc.

Ciertamente, México está remotamente lejos de derrotar cinco siglos de coloniaje y bandolerismo oficial, pero sin ser declarada nación “comunista” o “socialista” logra, modernizando su poder judicial, la Comisión Nacional Electoral de grosero servilismo pasado etc., devolver un poco de confianza a millones de nacionales bajo el zapato de “la dictadura perfecta” ideada por un achacoso y corrupto PRI.

Los “corporativistas” se identifican en todas partes como grupos poderosos con intereses económicos específicos, que logran aglutinarse alrededor de gobiernos de mano dura encabezados generalmente por un ejecutivo con competencias de “gerente”, mientras la llamada “derecha” Hispanoamericana tiene marcada debilidad por modelos reformistas, defensores de valores tradicionales como la religión, la paz social, la institucionalidad etc.

Ambos protagonistas son populistas por excelencia y se nutren principalmente de amplios sectores de la denominada clase media, por lo que es usual que en determinados momentos históricos juntos cierran filas con el fascismo, como expresión reaccionaria del imperialismo.

Así, por ejemplo, las luchas revolucionarias en República Dominicana, de vieja data desde antes de 1940 (México, Colombia, Venezuela, Argentina, etc., tuvieron sus propios líderes reformistas) fueron frenadas en seco como Joaquín Balaguer Ricardo, quien sirvió a los gringos durante 22 años, en la década de los sesenta como modelo a seguir en la región,

Allá como acá el esfuerzo fue titánico para borrar de nuestro ADN y la memoria colectiva, con leves excepciones, las grandes luchas populares desde principio del siglo XIX hasta mediados del XX.

Sin embargo, esa alma de resistir y luchar está allí, tapadita “es más bonita” para muchos, de vez en cuando se viste de pueblo paraguayo y dice basta ya de corrupción y evasión de impuestos por ustedes ricos malditos.

En Bolivia se trajean de Aymara y mineros para desgañitarse con su ¡yankis ustedes no mandan aquí!, mientras en Honduras los hijos de Lempira, Morazán y la Berta Cáceres advierten a Trump que ¡esta patria no es de tus nos narcos!, etc.

Y nuestro país no ha sido la excepción en Nuestra América, como cuando su pueblo triunfó sobre la “república bananera” de la “Yunai”, Todo un acontecimiento con un antes y un después para miles de trabajadores y trabajadoras, que, hoy, siguen beneficiándose.

En una entrevista para la agencia Prensa Latina en la década de los ochenta con el líder de los comunistas locales, Manuel Mora Valverde éste no titubeó en calificar dicha huelga como “histórica”, porque según enfatizó, “definió de una vez por todas el aguinaldo como un derecho ganado para todos los trabajadores de nuestro pueblo”.

Recuerdo perfectamente la rememoración hecha por él en su amplia biblioteca de su residencia de San Pedro, cuando narró que los jefes del enclave bananero habían ordenados a sus “esbirros” disparar contra los “subversivos” llegados desde San José para alterar “el orden” y la “paz” en aquellos confines.

  • ¿Sí es cómo usted dice, por lo que no me caben dudas, cuál fue entonces el secreto para mantener la cohesión de la huelga y en los trabajadores?

  • Re/. La solidaridad entre los trabajadores y el clarísimo convencimiento de ellos en cuanto a que su lucha no podía perderse. Fíjese que como había ordenes de eliminar a sus dirigentes, visitábamos por la noche a los trabajadores en sus barracones, mientras en el día escondíamos a nuestra gente en la montaña, muchas veces con hambre y bajo fuertes aguaceros”.

Eso es lo que quieren que te oculte. Ni como periodista, vecino de un barrio humille o simplemente como jovenzuelo aún, rehuiré a la trinchera en la que la vida me ponga. No señoritos ni señoritas. No importa si son nuevos “socialdemócratas “, “socialistas democráticos”, del “progresismo” o “corporativistas”. ¡No! ¡No pidan imposibles!

Estos bananeros y bananera, sin no otro título que la conciencia desarrollada por el constante choque con una dura realidad social no escogida por ellos, obtienen así, a fuerza de razón y alma, reajustes en sus salarios, pago de horas extras, vivienda digna para los bananeros y sus familias, así como servicios de electricidad y agua potable, entre otros. ¡Y sin ceder un solo principio!

Pero esta conciencia – tengo aún dudas si ella es posible alcanzarla hoy solo a través de correos electrónicos y WhatsApp – tiene su peligro para quienes no dejan las mañas de culpar al socialismo y el comunismo de todo lo malo que ocurre en el planeta (Ver Laura Fernández, presidenta de la república, conferencia de prensa 27/5/2026).

Sí fuera como afirma la mandataria de esta bendecida nación con más maestros que soldados – repito lo que me enseñaron desde la escuela y me enfatizaron en los Estudios Generales de la benemérita U.C.R – los comunistas de Vietnam tendrían a su pueblo viviendo en la época de las cavernas.

SÍ… Una “Suiza Centroamericana” que según el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe publicado en 2016, muestra gastó seguridad la escandalosa suma de 949.094.945 dólares, superior a la suma de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, con militares de carrera aglutinados alrededor del ejército. (Consúltese: https://actualidad.rt.com/actualidad/244484-pais-latinoamericano-tiene-altos-gastos-seguridad).

En contraste con la paz vivida, los comunistas de Vietnam sufrieron una guerra impuesta durante 20 años, pero se han repuesto y hoy ese país tiene una robusta industria farmacéutica. En su sistema integrado de seguridad social coexisten la medicina moderna, la tradicional con miles de años de curar gente y terapias propias de procedencia china e india.

No se han documentado todavía entre los vietnamitas que alguien haya muerto esperando un cateterismo ni que hayan fallecido personas esperando una cita con el especialista, que siguen vivos en la lista de espera, seis meses después de su entierro.

Otro ejemplo, que a muchos ilustrados y otros del bajo mundo preferirían no saber nada, tiene que ver – para desgracia de ambos sectores – con la siempre solidaria Cuba, bloqueada y asediada inmisericordemente por los verdaderos enemigo de los pueblos.

No está de más recordar que en ocasión de la pandemia del Covid 19 no solo inmunizó a su población con vacunas desarrolladas por su industria farmacológica, sino que cuando los ecuatorianos y bolivianos caían en las aceras, dijo presente.

Se trató de las inyectables Abdala, Soberana 02, Soberana Plus, Mambisa y Soberana 01, con las cuales inmunizaron a más de 11 millones de cubanos bloqueados.

Empaque de dosis inmunológicas contra el cáncer. (Información y foto tomada de https://insurgente.org/cuba-presento-hebersavax-un-producto-de-su-biotecnologia-con-grandes-potencialidades-en-la-lucha-co).

Siete años después de aquella pandemia, la ciencia médica cubana, en peores condiciones materiales que en 2019, pone nuevamente a disposición de los pueblos otra vacuna como terapia contra el cáncer.

Se trata de la CIMAvax- EGF desarrollada integralmente por el ya conocido mundialmente Centro de Inmunología Molecular, inaugurado desde 1994.

Las dosificaciones están orientadas s luchar contra el cáncer avanzado de pulmón. Esta aprobada actualmente en naciones como Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Bosnia y Kazajistán,

De esta manera, Cuba se pone a la cabeza en América Latina para dotar a su seguridad social de una terapia para ese mal in creciendo en el mundo.

Sin petróleo, su gente movilizada para enfrentar una posible invasión anunciada por Trump y ya sin inversionistas privados, esta isla resiste en dar semejante “mal ejemplo”, en cuanto a lo que son capaces de alcanzar los pueblos cuando son soberanos y verdaderamente independientes.

La hostilidad contra todo logro alcanzado por los pueblos alcanza incluso a la República Popular China, posesionándonos la idea que el Partido Comunista Chino tiene esclavizados de hambre a más de 1.400 millones de personas.

Juegan con tan poca nobleza contra el sentido común de la gente que nos llevan a que creamos que los chinos aún recurren a las señales de humo para que los habitantes de Pekín se comuniquen con los de Shanghái.

¡La mentira, sin duda alguna, tiene patas cortas!

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R, miembro deL Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.

Treinta y dos organizaciones solicitan prórroga para evitar el archivo del proyecto de ley sobre pasos de fauna

Un total de 32 organizaciones ambientales, comunitarias y de la sociedad civil solicitaron a la Asamblea Legislativa la ampliación del plazo cuatrienal del expediente legislativo 23.166, “Ley para garantizar pasos de fauna en infraestructura”, con el fin de evitar su archivo y permitir que sea sometido a segundo debate.

La petición fue presentada el 1 de junio de 2026 por la Coalición por los Pasos de Fauna y dirigida a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, así como a las jefaturas de fracción legislativa. El documento también fue remitido con copia al despacho de la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro del Valle.

Las organizaciones recuerdan que el proyecto fue aprobado en primer debate de forma unánime el pasado 21 de abril de 2026 con 47 votos a favor, reflejando un amplio consenso político sobre la necesidad de atender una problemática que durante años ha afectado a la fauna silvestre del país. Sin embargo, advierten que la iniciativa podría quedar archivada al vencer su plazo cuatrienal el próximo 9 de junio.

Según la exposición presentada ante el Congreso, el atropello y la electrocución constituyen dos de las principales causas de muerte de animales silvestres en Costa Rica. La situación ha sido documentada durante décadas por organizaciones especializadas, instituciones públicas, personas investigadoras y organizaciones de la sociedad civil.

Las agrupaciones sostienen que el problema tiene efectos directos sobre las poblaciones de fauna silvestre y genera impactos acumulativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Señalan que diversas investigaciones han registrado afectaciones a aproximadamente 140 especies, entre ellas felinos, primates, reptiles, anfibios, perezosos, armadillos, venados, pizotes, mapaches, dantas e iguanas.

La solicitud destaca además que la conservación de la biodiversidad tiene implicaciones económicas para el país, particularmente por la estrecha relación entre la salud de los ecosistemas y la actividad turística. Las organizaciones argumentan que la pérdida de fauna silvestre afecta la imagen internacional de Costa Rica como destino de turismo sostenible y repercute en empleos vinculados al turismo y a las áreas silvestres protegidas.

Asimismo, consideran que permitir el archivo de una iniciativa que ya superó casi cuatro años de trámite legislativo y que fue aprobada en primer debate representaría un desperdicio de recursos públicos y del trabajo realizado durante el proceso legislativo. Por ello, hacen un llamado a la responsabilidad ecológica y financiera de las diputadas y diputados para que aprueben la ampliación del plazo y permitan la votación definitiva del proyecto.

Las organizaciones indican que su solicitud se fundamenta en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que regula las ampliaciones del plazo cuatrienal de los proyectos de ley.

El documento señala además que la petición cuenta con el respaldo de más de 17.000 firmas ciudadanas recolectadas mediante una campaña electrónica en apoyo a la aprobación de la ley.

Las organizaciones firmantes son:

APREFLOFAS

Bloque Verde

SalveMonos

Savage Lands

Verde Mar

Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta

Alturas Wildlife Rescue Costa Rica

Alianza Escazú

Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

GuanaDefensoras

The Leatherback Trust

Asociación Civil Pro Natura

Asociación de Desarrollo Específico para la Conservación del Medio Ambiente Playa Grande

Comité Punta Pelencho

Fundación Fogaus

Un Puerto Limpio

Sol Sanctuary

Antigentrificación

Asociación de Desarrollo de Playa Brasilito

Asociación de Desarrollo de Playa Potrero

Fundación Halfway Home Tamarindo

Coalición Floresta

Fundación Orgánica

Colectivo Ecologista Liberiano

Asociación Sostenibilidad en Grande

Defensores de la Casa Común

Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral

Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

Mercado Bahía Ballena

Asociación Regenerativa Matzú Insigne

Capítulo Nacional Costa Rica del Foro Mundial de la Alimentación

Mar & Comercio

SURCOS pone a disposición de sus lectoras y lectores el documento completo:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/SOLICITUD-DE-PRORROGA-23166-TEXTO-SUSTITUTIVO.pdf

Las máscaras engañosas de un país verde

Frank Ulloa Royo

Costa Rica se ufana de su imagen internacional: país verde, democrático, garante de derechos humanos. Pero esa máscara, pulida para las vitrinas del mundo, se agrieta como porcelana vieja. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, la contradicción se vuelve aún más hiriente: el país que fue cogestor del Acuerdo de Escazú lo rechaza, profundizando su desprecio por la memoria ambiental que alguna vez lo distinguió.

Cuando la presidenta declara que la Agenda 2030 está superada y que estos temas son “una pérdida de tiempo”, cuando asegura que las mujeres y los niños “ya cuentan con todos sus derechos”, no solo niega la realidad: la reduce a un espejismo, un decorado de cartón que se desmorona con la primera lluvia.

Las cifras son contundentes y, al mismo tiempo, insuficientes. El INEC (2023) estimó que alrededor del 5 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica, unos 35 000 menores. Pero los sindicatos y maestros rurales advierten que la cifra oculta es mayor: 6–8 % en regiones agrícolas como Sarapiquí, Limón y Coto Brus, donde la migración nicaragüense y centroamericana es parte del tejido social.

Una maestra de Pocosol lo relataba con crudeza: cada tres o cuatro meses, las transnacionales o los subcontratistas despiden a los trabajadores de cosecha y las familias migran con sus hijos a otras regiones para recoger café o cortar caña de azúcar. Los niños abandonan la escuela —ni siquiera se llevan sus notas, como si la educación fuera un cuaderno olvidado en el barro— y se incorporan al trabajo. El ciclo se repite como una rueda oxidada que nunca se detiene. La inestabilidad laboral de los padres es el detonante del abandono escolar y de la incorporación temprana de los hijos al trabajo.

La deserción escolar en secundaria supera el 10 %, y en cantones rurales es aún mayor. Allí, la frontera entre estudio y trabajo se diluye: los niños que deberían estar en las aulas terminan cargando sacos de café más pesados que sus propios cuerpos, o cortando caña bajo un sol que parece castigarlos por haber nacido pobres. La estadística oficial apenas los roza, porque son invisibles: hijos de migrantes, sin registro, sin voz.

La contradicción es brutal: mientras la OIT y UNICEF insisten en que la erradicación del trabajo infantil es condición para el desarrollo humano, el discurso oficial lo minimiza, lo niega, lo oculta. Costa Rica firmó los Convenios 138 y 182 de la OIT, se comprometió con la Meta 8.7 de los ODS, y lanzó la Hoja de Ruta 2026–2030 para erradicar el trabajo infantil. Pero en la práctica, los compromisos internacionales se dejan de lado, y el país parece vivir de una imagen que poco a poco pierde sus máscaras, como un actor que ya ni siquiera se preocupa por fingir.

Al final, los niños migrantes agrícolas son tratados como marginales, como si fueran sombras que no merecen ser contadas. La retórica oficial se desentiende de ellos, mientras las cifras —ocultas, alarmantes— revelan que el trabajo infantil no es un residuo del pasado, sino una herida abierta en el presente.

Costa Rica abandona la hoja de ruta para ser un país libre de trabajo infantil, quizás se debate entre la apariencia y la realidad y mantengan algún maquillaje porque la más cara se le ha caído. Entre el discurso que presume derechos garantizados y la evidencia de miles de niños trabajando en plantaciones. Entre la firma de convenios internacionales y la negación política de la Agenda 2030. El país que se vende como ejemplo democrático carga con una deuda ética: reconocer y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las comunidades migrantes que sostienen la agricultura, y recuperar el rumbo ambiental que hoy, en el Día del Ambiente, parece haber sido arrojado al basurero de la cultura de protección de los derechos humanos.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita información financiera a la CCSS

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la CCSS información sobre los estados financieros auditados del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Seguro de Salud (SEM). La CCSS atendió la solicitud con los oficios GF-1058-2026 del 23 de abril de 2026 y el oficio SJD-0727-2026 del 29 de abril de 2026.

Consta en dicha información que la empresa auditora de los estados financieros de los seguros que administra la Caja es Deloitte & Touche S.A. a la cual la Caja le paga por período $127,872.00 por los servicios de auditoría del SEM; $101,525.00 por período auditado del IVM y $11,479.00 por período auditado del RNC. Sumando los cuatro períodos 2021-2024 se obtiene que la CCSS ha pagado $963,504.00 por estos servicios.

Debido a que presuntamente no fue entregada toda la información solicitada, la ACSS está gestionando ante la CCSS la entrega de la información pendiente y solicita otra información. A continuación, se transcribe el oficio ACSS-006-2026:

Señora Mónica Taylor Hernández

Presidenta Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 y la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, en relación con el oficio GF-1058-2026 del 23 de abril de 2026 y el oficio SJD-0727-2026 del 29 de abril de 2026, solicitamos la siguiente información de interés público:

Primero. En el oficio GF-1058-2026 se indica “Cabe señalar que la información relativa a los estados financieros auditados se encuentra debidamente divulgada y disponible para consulta pública a través de la página web institucional de la CCSS, en el apartado CCSS | Financiero.”

No obstante, consultada la página indicada, observamos que no se encuentran disponibles los estados financieros auditados del 31 de diciembre de 2024, por lo cual solicitamos su entrega.

Segundo. En el oficio SJD-0727-2026 se indica “De la revisión integral de las actas de Junta Directiva correspondientes al año 2023, no se registra el conocimiento de Estados Financieros Auditados.”.

Al respecto, se procedió a revisar la información suministrada y se determinó que en la sesión Nº 9510 celebrada el 08 de abril de 2025, la Junta Directiva de la CCSS sí conoció los estados financieros auditados del SEM con corte al 31 de diciembre de 2023. Además, notamos que en la información suministrada no constan las actas de la sesión de Junta Directiva en la que conoció los estados financieros de cada uno de los tres seguros o programas con corte al 31 de diciembre de 2024, motivo por el cual solicitamos su entrega. En el caso de que no hayan sido conocidos por la Junta Directiva, solicitamos que nos informen los motivos y que nos indiquen la fecha en la que los conocerán.

Tercero. En el oficio GF-1058-2026 se indica “Adicionalmente, respecto del período 2025, como es de conocimiento de esa estimable Presidencia, a la fecha no se dispone de una fiscalización externa concluida, por cuanto la emisión y disponibilidad de los Estados Financieros están en proceso de elaboración de junio a diciembre 2025, lo cual constituye un insumo esencial para el inicio y adecuado desarrollo del proceso de fiscalización correspondiente”. (Destacados se suplen).

Dado lo anterior, solicitamos que nos informen los motivos por los cuales a esta fecha aún no están disponibles los estados financieros no auditados de junio a diciembre de 2025 del RNC, IVM y SEM. Así mismo, que nos informen una fecha tentativa en la que estarán disponibles.

Cuarto. Solicitamos el nombre completo, el número de cédula jurídica de la empresa auditora que auditará los estados financieros al 31 de diciembre de 2025 del IVM, SEM y RNC, el monto que se le pagará en cada seguro o régimen según el contrato, el nombre completo de su representante legal en Costa Rica y su número de cédula.

Atentamente,

Dr. Alfredo Ramírez Montero
Lic. Carlos Eduardo González Arroyo
Lic. Jorge García Araya
M.Sc. Rodrigo Arias López

Para la ACSS esta información es muy importante en momentos que la CCSS anuncia otra reforma al seguro IVM para reducir beneficios y poner a cotizar a los pensionados, sin siquiera haber entrado en plena vigencia la reforma aprobada para el año 2024, ya que es hasta el año 2027 que se pensionarán todos los varones de 65 años de edad que no pudieron hacerlo antes y las mujeres de 63 años que tampoco pudieron retirarse antes debido a esa reciente reforma.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Poder Judicial reafirma su compromiso con la transparencia al aprobar alianza con el Estado de la Justicia

• Corte Plena acuerda trabajar de forma conjunta con el CONARE para la elaboración de un diagnóstico sobre la administración de justicia

La Corte Plena, integrada por las 22 magistraturas del Poder Judicial, acordó fortalecer los procesos de evaluación de la administración de justicia mediante su participación en el estudio que desarrolla el Informe Estado de la Justicia. Para ello, facilitará información, datos y colaboración técnica para la investigación académica.

Este lunes 1.º de junio de 2026, durante sesión ordinaria, el máximo órgano judicial aprobó la “Alianza Estratégica para la colaboración y participación entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Programa Estado de la Nación”.

Como objetivo general, la iniciativa busca identificar aspectos relacionados con la eficacia, eficiencia, fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y retos que enfrenta la institución, así como las acciones necesarias para fortalecer el desempeño judicial, a partir de información real, técnica y objetiva. Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas permitirá ofrecer al país una valoración integral del sistema de justicia.

La magistrada y presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, señaló que la continuidad de este proyecto, desarrollado desde 2015, demuestra el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas, siempre con el propósito de mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

“Existe un compromiso claro con el país de mejorar continuamente el servicio de administración de justicia. Hemos impulsado acciones y estrategias orientadas a ese objetivo, que han generado resultados importantes; sin embargo, aún quedan desafíos por atender. Por ello, es de suma importancia contar con una evaluación externa, técnica e imparcial que nos permita identificar oportunidades de mejora en procura de una mayor eficiencia y eficacia”, indicó.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Nacional (UNA), en representación de CONARE, suscribirán esta alianza estratégica, la cual tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por un período igual.

El acuerdo garantiza una articulación permanente entre ambas instituciones para el desarrollo de las investigaciones y la implementación de mecanismos efectivos de intercambio de información oportuna y completa.

Asimismo, mantiene el modelo de contrapartes técnicas, el establecimiento de mesas de trabajo con participación del Poder Judicial y la incorporación de profesionales especializados según las materias jurisdiccionales objeto de análisis.