Y en este territorio hay … algo mágico y especial; donde Las Musas arrullan a las madres para parir hijos e hijas brillantes, únicos. Inteligentes, virtuosos, hombres y mujeres de bien, que han de destacar por lo bueno, lo bello, sus valores. Mal haríamos en reducir a San Ramón como un terruño donde sólo han destacado políticos educadores, poetas, artistas, músicos, pensadores y deportistas. No. San Ramón es más que eso. Aquí también ha florecido el amor a la ciencia, investigación y la medicina.
Hoy les hablo de un niño como ustedes, que creció albergando en su pecho grandes sueños. Pero que para alcanzarlos establa claro que se requería disciplina, estudio y fuertes convicciones. Chapotéo en quebradas, persiguió sapos y renacuajos. Transito senderos y horadó montañas desconocidas Escuchó el trinar de las avecillas y miró absorto muchos tipos de insectos y bichos. Nunca dejó de ser curioso y mirar que las plantas, que si bien la mayoría son verdes, eran muy distintas, de variados tamaños, formas, fragancias, así como muchos colores multicolores.
Cursó estudios primarios en su natal San Ramón. Hizo la mayor parte de su secundaria en el colegio Horacio Mann, creado bajo la égida de don Julián Volio Llorente. Combina sus estudios secundarios con trabajar en las diferentes boticas que ya había en San Ramón. Con una aguda inteligencia aprende muy rápido de todo lo que ve. A los 16 años logra inscribirse en el prestigioso Liceo de Costa Rica, en San José, antes de que despuntara el nuevo siglo.
Poco después gracias a su tenacidad, esfuerzo y dedicación que ya muchos veían en él, le es otorgada una beca y parte a estudiar a Europa.
A los 20 años ya es un alumno destacado en París donde luego pasa a la famosa Universidad de Lausana en Suiza; y posteriormente a la universidad de Ginebra. Ávido de nuevos conocimientos también adquiere dominio sobre otras lenguas: francés, inglés, italiano, alemán y latín. Allí va forjando sus inclinaciones e inquietudes científicas. Mostrando un fuerte interés por las ciencias naturales. Particularmente la botánica.
Probablemente en Suiza, muchos de sus frecuentes viajes por veredas y travesías por picos montañosos, en los Alpes, sirvieron para ponerle en contacto con la flora de aquellas latitudes. Así como perfeccionar sus dotes de gran observador. Efectúa varias crónicas de viajes y es un gran traductor de artículos en alemán y en inglés.
De regreso a Costa Rica se destaca por su gran trabajo al lado del gran naturalista y científico Henry Pittier, quien fuese fundador del Instituto Geográfico Nacional (1889) y del Instituto Meteorológico Nacional (abril, 1888) y pionero de la cartografía nacional. También se desempeña como profesor de Ciencias Naturales y profesor universitario en la Facultad de Farmacia y en la Escuela Normal.
Durante esa época ante el autoritarismo y afrentas a la democracia propiciadas por los hermanos Tinoco, se opone a la dictadura y a sus excesos, por lo que es perseguido y cesado de su trabajo.
Tras la caída de la infame dictadura. Empieza a trabajar en el Museo Nacional (fundado en 1887) donde se constituirá como jefe de la sección de Botánica. Para ese entonces, la presidencia de la república ha sido asumida por el ramonense Julio Acosta García, quien depuso a los Tinoco, a los usurpadores del poder.
Durante toda su etapa en docencia destacó por efectuar constantes y frecuentes excursiones. Siempre impulsó en sus estudiantes el espíritu de observación. Tras mirar árboles, tallos, hojas, flores; luego plasmaban lo visto en fieles dibujos.
En esta etapa de su vida, la belleza, misterio y color de las orquídeas, capturan su interés y lo enamoran cada vez más.
Desde la Sección de Botánica del Museo Nacional, siempre que podía hacerlo visita San Ramón y se adentra en las profundidades de sus selvas: vírgenes, húmedas y solitarias. Allí el graznido del pájaro campana era su acompañante y testigo mudo. Conoció Zapotal, El Socorro, La Calera, como pocos, hacía trabajos de campo, desde las riberas del Tárcoles en su desembocadura hasta las fincas de Nicolas Orlich en Piedades Sur.
Cuando se jubila, deja una colección de poco más de 22 000 especímenes en el Herbario Nacional del Museo Nacional de Costa Rica, en 1944.
Sus estudios botánicos son más conocidos en otros lares que en nuestro propio país. Muchos de ellos dieron origen a diversos medicamentos que salvaron miles de vidas. Su obra sólida y fecunda le han hecho merecedor de múltiples homenajes en diversas partes el mundo.
Los científicos en el mundo siguen investigando en sus colecciones; esta se encuentra en diversos herbarios y jardines del mundo. Penoso es recordar que una de las mayores colecciones de orquídeas recolectadas por don Alberto Manuel Benes se encontraba en el Jardín Botánico de Berlín, que desafortunadamente fue destruido por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1944, un pueblo agradecido le erige este monumento, donde aparece una de las plantas estudiadas (cinchona) y que abundaban en las cercanías de Berlín y Llano Brenes. Don Alberto Manuel fallece 18 de mayo 1948.
Hoy en día su nombre y diversas investigaciones suyas aparecen en prestigiosas revistas científicas del mundo.
“Fue enterrado en su pueblo natal en una humilde fosa. Ante sus restos mortales desfilaron en apretadas filas de niños de las escuelas, que cubrían el camino con flores, como el último tributo que rendía la inocencia al máximo investigador de la flora costarricense. Tras el féretro caminaban cabizbajos José Figueres Ferrer, Fracisco J. Orlich, Fernando Valver Vega.” Los dos primeros, beneméritos de la patria.
En 1970, merecidamente fue declarado Benemérito de la Patria.
En 1975 se crea en San Ramón la Reserva Forestal que lleva su nombre. En 1993, con una extensión de 7 800 hectáreas es transformada en Reserva Biológica.
Actualmente dos escuelas llevan su nombre.
Hay un género de orquídeas que lleva su nombre Brennesias
Hay gente que nunca muere. Sólo aquellas como don Alberto Manuel Brenes, que son capaces de dejar una huella profunda, imborrable, imperecedera en su paso por esta tierra, pueden alcanzar la gloria de la inmortalidad y encontrar el camino hacia las estrellas”.
La grandeza de su admirable obra sólo es posible de ser dimensionada por ejemplos como el siguiente: En 1945 gracias a las características geofísicas y ambientales las de San Ramón, que lo convertían en un territorio único, semejante a una especie de Dorado, mítico poblado precolombino, añorado por los conquistadores ibéricos; dos afamados botánicos como Schlechter y Pupulin, encontraron en un solo árbol caído, 504 plantas de orquídeas de 39 especies.
Durante su vida también experimento la envidia y malicia de otros. No se doblegó ante la maledicencia de almas malvadas. Más bien escribió en setiembre de 1922 “Considero a las orquídeas lejos de las perversidades humanas, … mis amigas, tan inofensivas como bellas”.
Fabián Pacheco y Luz María Romero fueron reconocidos en la vigésima edición de los Premios ACAM por sus más recientes producciones musicales.
El Bloque Verde celebra el reconocimiento otorgado a dos artistas que, desde diferentes trayectorias y propuestas musicales, han acompañado y contribuido a las luchas por la defensa de la naturaleza, los territorios y los bienes comunes en Costa Rica.
La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) anunció anoche los resultados de la vigésima edición de los Premios ACAM, uno de los principales reconocimientos a la creación musical nacional, que celebra la diversidad de géneros y propuestas producidas en el país.
En esta edición fueron reconocidos Fabián Pacheco, ganador en la categoría Disco- Fusión Latina por Cantos de Batalla Vol. II, y Luz María Romero, ganadora en la categoría Disco- Música del Mundo por Entre Selvas y Desiertos.
Para el Bloque Verde, estos reconocimientos tienen un significado especial. Ambas producciones expresan, desde lenguajes musicales distintos, una profunda relación con la naturaleza, los territorios, la memoria y las luchas colectivas.
Una memoria musical de la resistencia ecologista. Fabián Pacheco, además de su trayectoria como músico, es uno de los fundadores y participantes activos del Bloque Verde y ha acompañado durante décadas distintas luchas ecologistas y territoriales en Costa Rica.
Al recibir el reconocimiento, Pacheco agradeció a las personas que han formado parte de la producción y recordó el vínculo entre la música y las luchas sociales: “Quiero agradecer a quienes han cantado durante estos treinta años de ecología social con nosotros en la calle, defendiendo Costa Rica de las represas, de las mineras, del extractivismo. Nuestro cantar es la memoria histórica musical de nuestra resistencia. Así que viva la música, viva la lucha ecologista”.
Cantos de Batalla Vol. II continúa un esfuerzo por recuperar y mantener viva la memoria musical de las luchas ecologistas del país. Sus canciones recorren resistencias contra la minería y la explotación petrolera, la defensa del maíz y la milpa campesina, las luchas de los pueblos indígenas por sus territorios y la defensa de los ríos, los humedales y otros bienes comunes.
La producción reúne la participación de músicos y artistas invitados y construye un recorrido sonoro por algunas de las principales luchas socioambientales de las últimas décadas. La percusión y el canto colectivo dialogan con ritmos latinoamericanos e instrumentos tradicionales, incorporando también sonidos y paisajes de la naturaleza.
Música que une territorios, culturas y naturaleza. El Bloque Verde también celebra el reconocimiento otorgado a Luz María Romero, artista chilena radicada en Costa Rica desde hace varias décadas, quien ha acompañado en el último tiempo con su canto y su trabajo distintas actividades y propuestas vinculadas con la defensa de los bienes comunes y la naturaleza.
Su disco Entre Selvas y Desiertos propone un diálogo musical entre sus raíces en el norte de Chile y su vida en Costa Rica. La producción construye un puente entre el paisaje del desierto de Atacama y la riqueza natural y sonora del trópico costarricense, combinando tradiciones folclóricas chilenas y andinas con ritmos que han formado parte de su proceso de arraigo en Costa Rica.
Una de las piezas centrales del disco, “Florece Mundo”, cuenta con la colaboración de Guadalupe Urbina y constituye un homenaje a la biodiversidad, los bosques, los ríos y los mares de Costa Rica.
Al conocer el reconocimiento, Luz María Romero expresó: “Gracias a todas las personas que transitaron en la creación de mi disco Entre Selvas y Desiertos. Esta noche me voy con el corazón completo de que estoy en el lugar correcto. Gracias, Costa Rica”.
Cuando la música también defiende la vida. Desde el Bloque Verde celebramos estos premios no solamente como un reconocimiento a la calidad y creatividad de dos producciones musicales, sino también como una muestra de la importancia que puede tener el arte en la construcción de memoria, conciencia y compromiso colectivo.
En un momento en que desde el actual Gobierno se han multiplicado las descalificaciones, los insultos y otras formas de violencia contra conquistas sociales, la institucionalidad pública e importantes logros socioambientales construidos durante décadas por la sociedad costarricense, este reconocimiento adquiere un significado especial.
Durante décadas, la música ha acompañado las movilizaciones ecologistas, las luchas comunitarias y la defensa de los territorios. Ha estado presente en las calles, en las comunidades y en los espacios donde las personas se organizan para defender los ríos, los bosques, los mares y la vida.
Celebramos a Fabián Pacheco, por su trayectoria artística y su compromiso permanente con el movimiento ecologista y las luchas territoriales; y a Luz María Romero, por su valiosa colaboración y acompañamiento a distintas iniciativas en defensa de la naturaleza y los bienes comunes.
Estos reconocimientos nos recuerdan que la defensa ambiental también se canta y se celebra.
La Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría de los Habitantes, contra el artículo 17 de la Ley número 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, por considerar que la reforma introducida a la legislación municipal podría significar un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito local.
La acción, tramitada bajo el expediente número 26-030461-0007-CO, plantea que la modificación legal eliminó un nivel de protección normativa previamente reconocido, al suprimir la obligación de las municipalidades de garantizar la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, así como la potestad expresa de crear Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) con presupuesto propio.
Desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, estos cambios podrían debilitar los avances institucionales alcanzados en materia de igualdad sustantiva y participación de las mujeres en el ámbito municipal, al dejar la permanencia, el presupuesto y el personal de las OFIM sujetos a las decisiones de cada gobierno local.
La acción constitucional se sustenta, entre otros instrumentos, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, así como en el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos humanos.
Un elemento relevante señalado en al momento de la interposición de la acción, es que la Procuraduría General de la República, al pronunciarse previamente sobre la norma cuestionada, consideró que esta supone un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito local y que coloca al Estado en una situación de incumplimiento de sus obligaciones internacionales, por lo que estimó que la norma resulta inconstitucional.
Como parte del trámite, la Sala confirió audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
La Defensoría fundamentó su acción, además, en las preocupaciones expresadas por el CEDAW en sus observaciones de 2017 y 2023, particularmente respecto de la autoridad, mandato y capacidad de las OFIM.
Para la Defensoría, la discusión constitucional representa una oportunidad para examinar si el marco jurídico vigente garantiza adecuadamente la continuidad de los mecanismos institucionales destinados a promover la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en los gobiernos locales.
Importante destacar que, la admisión de la acción de inconstitucionalidad no significa que la Sala Constitucional haya declarado inconstitucional la norma cuestionada. El proceso continuará conforme al procedimiento establecido por la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Las organizaciones impulsoras del Pacto Nacional por la Educación Pública, respaldamos la movilización nacional por la educación pública convocada por las federaciones estudiantiles de las Universidades Públicas.
La agenda por el fortalecimiento de la educación pública desde distintos sectores sociales, académicos, estudiantiles, laborales y productivos hemos venido construyendo, ante una realidad que exige respuestas profundas, porque Costa Rica atraviesa una crisis educativa estructural y la educación pública no puede continuar utilizándose como variable de ajuste fiscal cada año.
El Décimo Informe Estado de la Educación 2025 nos alertó que durante el 2022-2024 la crisis educativa solo se agravó más; la mayor caída de la inversión educativa de los últimos 40 años, lo que expresa consecuencias en las condiciones materiales de la educación como en los aprendizajes. Por ejemplo; el curso lectivo 2026 inició con 872 órdenes sanitarias activas en centros educativos y, según las evaluaciones de 2024, apenas el 23% del estudiantado de sétimo año alcanzó los aprendizajes evaluados en lectura crítica; en décimo y undécimo año el resultado fue de 24%.
En la negociación de la Comisión de Enlace 2026 para el presupuesto 2027, la propuesta del Poder Ejecutivo es de 0% de incremento al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), lo anterior es una medida adicional del debilitamiento de la inversión educativa en Costa Rica, generando una contracción acumulada de los recursos públicos destinados a las universidades públicas durante los últimos cinco años.
En este contexto, necesitamos avanzar hacia el cumplimiento del 8% del PIB establecido constitucionalmente, mediante una ruta sostenida y verificable, que permita recuperar inversión, fortalecer los programas de equidad, atender la infraestructura educativa y garantizar el financiamiento sostenible de la educación superior pública, ha sido una demanda central del Pacto desde su origen en el 2022.
Por ello, solicitamos a las fracciones legislativas que la discusión y aprobación del Presupuesto Nacional no profundicen la pérdida de inversión educativa y que se adopten medidas concretas para recuperar progresivamente su financiamiento constitucional y evitar nuevos retrocesos.
Instamos a las fuerzas políticas honrar los compromisos asumidos con la educación pública constatadas en la Declaratoria del I Congreso Nacional por la Educación Pública 2025-2026, construida mediante encuentros regionales en todo el país, con la participación de más de 150 organizaciones sociales, productivas y académicas, estableciendo declarar la educación prioridad nacional, avanzar hacia el cumplimiento del 8% y construir un gran acuerdo nacional por la educación pública, a su vez solicitamos se facilite una mesa de trabajo y diálogo entre CONARE y la Comisión de Asuntos Hacendarios para lo correspondiente al presupuesto de educación superior.
Costa Rica necesita pasar de administrar la crisis a reconstruir su educación pública desde la inversión para las oportunidades, la movilidad social, la productividad, la democracia y la paz.
Educación hoy, paz mañana. Pacto Nacional por la Educación Pública
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Introducción
Un reciente informe realizado por la organización Coffee Watch y titulado «Detrás del ´Pura vida´ de Costa Rica: la amarga experiencia de los y las migrantes indígenas que cosechan el café» detalla en más de 50 páginas, el sistema de explotación laboral al que están sometidos muchos de los recolectores de café indígenas en Costa Rica.
Como bien se sabe, la industria del café costarricense es reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos, con un café «gourmet» de calidad superior a los demás, que alcanza los primeros puestos en muy diversas latitudes.
Menos conocido es el hecho que han sido reiteradas las denuncias sobre la situación de total indefensión de los recolectores indígenas Ngäbe Buglé cuando vienen para la época de la cosecha del café a Costa Rica, en proveniencia de Panamá.
El informe en breve
Tanto la versión de este informe de Coffee Watch en español como en inglés son de acceso libre y a disposición del público.
Se recomienda su lectura completa y, en particular, las diversas recomendaciones y conclusiones del mismo (ubicables a páginas 46-49 en la versión en español).
De las pocas notas de la prensa costarricense sobre este informe de Coffee Watch, podemos referir a una nota disponible en este enlace de ElMundocr, a esta otra en este enlace del Semanario Universidad. y a esta nota del medio Delfino.cr.
Más allá de la modicidad de la cobertura de la prensa costarricense con respecto al contenido de este informe, la importancia numérica de la migración desde Panamá hacia Costa Rica para la cosecha del café es conocida desde muchos años. En este informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) relacionado a la región de Tarrazú, se indica (página 27) que:
«Es importante señalar que la movilidad de esta población sigue el ritmo de la maduración del café: inicia en Coto Brus entre agosto y noviembre, se traslada hacia Tarrazú y el Valle Central de noviembre a febrero, y finalizada la cosecha, las familias regresan a Panamá (Kordick Rothe, 2021). Se calcula que cada año alrededor de quince mil personas Ngäbe-Buglé cruzan la frontera para trabajar en cafetales costarricenses, constituyendo el grupo con mayores índices de migración temporal hacia fincas agrícolas en el país (INDER, 2025). En este proceso influyen diversos factores que impulsan la salida de las personas hacia Costa Rica como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo y la inseguridad. Una característica particular de esta migración es que, a diferencia de la nicaragüense, suele realizarse con el núcleo familiar completo (Olguín, citado en OIM, 2023)»
Un «núcleo familiar completo» que migra hacia Costa Rica de manera regular cada cierto tiempo, debería conllevar una política pública de atención mucho más abarcativa e integral por parte de las autoridades costarricenses y del gremio cafetalero, que la de otras migraciones de trabajadores.
Foto de familia indígena en Coto Brus extraída de este enlace sobre un programa de Naciones Unidas del 2017, titulado «Joint Programme to Improve the Human Security of Ngöbe and Buglé Temporary Migrants in Costa Rica and Panama»
Cabe recordar que ya en el año 2016, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (DHR) denunció la situación de muchos de los recolectores Ngöbe Buglé, y se solicitaron informes al Poder Ejecutivo (véanse esta nota de Diario Extra del 02/03/2016 y esta otra nota de ElMundocr).
Desde la perspectiva jurídica internacional, son varias las advertencias que ha recibido Costa Rica como Estado sobre la situación de indefensión de las poblaciones indígenas costarricenses. A esta situación, se suma:
– el hecho que Costa Rica, hasta la fecha, no ha considerado oportuno ser Estado Parte de un convenio internacional de Naciones Unidas que busca precisamente proteger a los trabajadores migrantes y a sus familiares, y;
– el hecho que la agenda de derechos humanos ha venido gravemente desatendida en los últimos años en Costa Rica.
En las líneas que siguen intentaremos dar a conocer, desde la perspectiva jurídica internacional, algunas de estas advertencias y hallazgos con relación a la situación que enfrentan los recolectores Ngäbe Buglé, sin olvidar de mencionar valiosos proyectos realizados desde la sociedad civil y desde las universidades costarricenses en aras de paliar los vacíos del accionar gubernamental del Estado costarricense.
Un señalamiento que se añade a muchos más
En julio del 2026, se informó de un manifiesto colectivo de más de 500 organizaciones y personas en Costa Rica exigiendo que cese este sistema de explotación que afecta la vida de los recolectores indígenas y de sus familias: véanse esta nota publicada desde el mismo portal de la UCR, así como esta nota publicada en SURCOSDigital y este artículo publicado en el Tico Times. En este manifiesto colectivo, se lee, entre otros puntos, que:
«Resulta profundamente preocupante que una actividad económica reconocida internacionalmente por la calidad del café costarricense continúe dependiendo en buena parte, del trabajo de miles de personas indígenas migrantes que siguen enfrentando condiciones de vulnerabilidad incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La producción cafetalera no puede sostenerse sobre condiciones que comprometan la vida, la salud, el respeto de los derechos laborales y la dignidad de quienes hacen posible cada cosecha».
En una reciente entrevista realizada el 13 de agosto del 2026 por el programa Interferencia de la radio universitaria (véase enlace en Spotify), la directora de Coffee Watch denunció las amenazas recibidas por parte de los investigadores de su organización, que fueron impedidos de continuar su labor de campo en razón de las intimidaciones recibidas (escucharla a partir del minuto 49:20): salvo error de nuestra parte, no se ha conocido de investigaciones con respecto al origen de estas acciones intimidatorias, investigaciones que sería muy oportuno iniciar por parte de las autoridades costarricenses competentes.
Nótese que en el año 2020, en plena epidemia del COVID-19, fueron varias las entidades en exigirle a Costa Rica establecer condiciones mínimas de atención para garantizar la salud y la debida protección de las familias de recolectores Ngäbe Buglé a Costa Rica (véase comunicado publicado en Radio Temblor).
En un artículo publicado el 19 de agosto del 2026, se informó de la muerte de 37 niños indígenas en la única región cafetalera de Los Santos registrada por las mismas autoridades judiciales costarricenses (véase artículo): una investigación más profunda debiera indicar si esta tragedia se ha replicado en otras zonas cafetaleras de Costa Rica, y cuál es el porcentaje estimado de muertes de niños que son reportadas con respecto a las que no lo son. Reconocer desde ya la ocurrencia de estas muertes debido a graves negligencias del sector gubernamental y cafetalero de la zona e indemnizar, por parte del sector cafetalero, a las familias afectadas, sería un primer paso en la dirección correcta de las autoridades costarricenses. Un primer paso que posiblemente haya que acompañar desde los movimientos sociales costarricenses y si es del caso con el apoyo de los tribunales de justicia, dada la reacción iracunda del Estado costarricense al informe de Coffee Watch, que mencionaremos más adelante: advertimos desde ya a nuestros estimables lectores que se trata de una reacción fúrica raramente observada, lo cual debiera de plantear algunas interrogantes muy válidas.
En esta publicación de Coffee Watch sobre la situación en Brasil, una larga «lista sucia» de más de 3 páginas enlista a los productores de café brasileños detectados, en razón de prácticas sumamente graves en materia laboral, por las mismas autoridades brasileñas (véase páginas 9-12). ¿Existirá en Costa Rica una lista similar?
Como a menudo ocurre en situaciones de emergencia, de abuso o de indefensión, las mujeres son mucho más expuestas que los hombres. En este artículo publicado en el Semanario Universidad por una lideresa indígena, el pasado 30 de julio, se indica que:
«Por eso, cuando hablamos de las niñas y niños Ngäbe-Buglé que trabajan o acompañan a sus familias en las cosechas de café, no estamos hablando únicamente de una estadística. Estamos hablando de historias de vida, de sueños interrumpidos y de derechos que no están siendo garantizados.
También debemos hablar de la situación de las mujeres indígenas trabajadoras. Una compañera relataba recientemente cómo, siendo madre soltera y trabajando en los cafetales, enfrentó situaciones de abuso y vulnerabilidad. Contó cómo un empleador intentó violentarla sexualmente y, al defenderse, recibió como consecuencia la pérdida de su trabajo y de su salario«.
No se ha tenido acceso a algún informe de entidades públicas que trabajan en materia laboral y otras en materia de protección de las mujeres en Costa Rica para saber si han registrado denuncias de recolectoras de café indígenas Ngäbe Buglé.
Estos datos recientes (así como otros muchos menos recientes), revelan que la situación de extrema vulnerabilidad de las familias indígenas que vienen cada año desde Panamá para la época de la cosecha del café en Costa Rica y el sistema de explotación laboral que impera en algunas fincas, constituyen una persistente problemática en Costa Rica.
Desde ya se sugiere sistematizar en algún trabajo de investigación relatos y testimonios de estos recolectores en cuanto a los abusos de los que son víctimas, tanto como recolectores, como los abusos que sufren los integrantes de sus familias.
Un Estado costarricense inoperante en el campo
No está demás señalar la escasa y casi nula capacidad de fiscalización del Estado costarricense en materia laboral en alguna zonas alejadas de la capital costarricense y sus alrededores.
A modo de ejemplo, esta tesis de grado presentada en el 2024 en la Facultad de Derecho de la UCR (véase enlace) fue objeto de un artículo (véase enlace) publicado en el portal de la UCR que interpela a las autoridades y a la sociedad costarricense como tal, al titularse: «Hasta 84 horas de trabajo semanal en bananera de Limón. Condiciones sociales legitiman prácticas laborales ilegales en bananera de Valle la Estrella«.
Adicionalmente al tema de las familias de recolectores de café indígenas Ngäbe Buglé, el caminar por el centro de la capital costarricense (Correo Central-Banco Central-Mercado Central-Teatro Nacional) y ver la cantidad de mujeres indígenas Ngäbe Buglé en situación de mendicidad (usualmente acompañadas de uno o varios menores de edad), recuerda otro grave problema, señalado hace casi 20 años (en el 2007) en este artículo de la prensa panameña: una problemática que pareciera en estado de «desatención persistente» por parte de las autoridades costarricenses.
No está demás remitir a nuestros estimables lectores al informe (véase texto) presentado en el 2022 a raíz de su visita a Costa Rica por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas: su lectura completa se recomienda. La denuncia del experto de Naciones Unidas en cuanto a la existencia de un «racismo estructural» que permea a diversas entidades del Estado costarricense y sus recomendaciones, algunas de carácter urgente, fueron analizadas en su momento: véase nuestra notadel 2022titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«. Muchas de estas recomendaciones esperan desde entonces ser implementadas por el aparato estatal costarricense, en beneficio esta vez de los derechos de todas las comunidades indígenas costarricenses. El informe del experto contiene a partir del punto 90 conclusiones y recomendaciones a Costa Rica, en las que podemos leer (punto 91) que:
«El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».
En el 2023, este voto 24214-2023 de la Sala Constitucional (véase texto) condenó a las autoridades educativas en Paraiso de Chánguena (en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas), ordenando tomar medidas (en el plazo de un mes) para que los estudiantes de tercer ciclo reciban lecciones en su colegio de lengua materna y cultura indígena: la lectura completa de esta decisión se recomienda, al observarse un sinfín de argumentos desarrollados por las autoridades educativas que no convencieron a ningún integrante de la Sala Constitucional. De similar manera, en el voto 3645-2023 (véase texto), las autoridades recurridas tampoco lograron convencer de que su metodología para calcular el nivel de pobreza sí era aplicable a la realidad específica que enfrentan a diario las comunidades indígenas costarricenses. De igual manera el asegurar los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación para una mujer indígena embarazada, fue objeto del voto 34915-204 (véase texto) en el que las entidades de salud recurridas presentaron argumentos muy poco convincentes. Estos y muchos otros casos que llegan a conocimiento del juez constitucional vienen a confirmar que las recomendaciones emitidas desde el 2022 por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas requieren un seguimiento y una política sostenidas en el tiempo para implementarlas. En cuanto a la limitada capacidad del Estado costarricense para convencer con sus argumentos en materia de derechos de las comunidades indígenas, tuvimos la ocasión de verificarlo en el 2020, con ocasión de una comunicación de la comunidad indígena Térraba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: véase nuestra nota titulada «Comunidad indígena Térraba de Costa Rica: Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite petición«.
Volviendo a la problemática específica de los recolectores de café Ngäbe Buglé, en este artículo escrito por una lideresa indígena que desde su infancia ha cosechado café en Costa Rica, titulado «¿Cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?» y publicado el pasado 5 de agosto en el medio Delfino.cr, se lee en sus conclusiones que:
«Mientras la vida de un solo niño o una sola niña Ngäbe-Buglé siga estando en riesgo durante la migración cafetalera, ninguna cifra, ningún fondo y ningún comunicado podrán responder a la pregunta que realmente importa: ¿cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?»
Un persistente lunar en materia de derechos humanos que debería interpelar a la sociedad costarricense
Costa Rica se presenta usualmente ante el mundo como el Estado que ha ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Con relación a un instrumento internacional de Naciones Unidas que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado costarricense a dotarse paulatinamente de mayores controles sobre la situación laboral en algunos sectores de la economía costarricense, un instrumento de Naciones Unidas existe desde 1990, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: se trata de la «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares» (véase texto completo).
Desde 1990, la instrucción interna del Poder Ejecutivo al Embajador de turno de Costa Rica en Naciones Unidas (Nueva York) para que firme en nombre del Estado este tratado multilateral … espera. ¿Como así? Como se lee.
El estado oficial de ratificación de este tratado de 1990 (véase enlace oficial de Naciones Unidas) indica que casi toda América Latina lo ha ratificado, con excepción de Brasil, Costa Rica, Haití y Panamá. En el caso específico de Costa Rica, se trata de un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento en materia de derechos humanos de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación en el ámbito nacional.
Esta ausencia de Costa Rica es aún más llamativa tratándose de migrantes que viajan con todo el núcleo familiar cuando proceden de las comarcas indígenas de Panamá y se trasladan para la época de la cosecha del café en Costa Rica:
– en el 2020, en sus recomendaciones al informe presentado por Costa Rica, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano de supervisión y monitoreo de la Convención sobre los Derechos del Niño, recomendó a Costa Rica (véase observaciones finales, punto 49) que:
«49. The Committee recommends that the State party, in order to further strengthen the fulfilment of children’s rights, consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, to which it is not yet a party«.
– en el 2023, el Comité CEDAW (Comité sobre Derechos de la Mujer de Naciones Unidas), en sus observaciones finales al informe oficial presentado por Costa Rica (véase texto) señaló de igual manera (punto 53) que:
«53. El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos mejoraría el modo en que las mujeres disfrutan de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida, por lo que lo alienta a que ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, en la que todavía no es Parte».
No obstante, estas y muchas otras excitativas recibidas por parte de Costa Rica, a la fecha de hoy (1ero de septiembre del 2026), permanece sin tan siquiera haber firmado este instrumento multilateral.
Cabe precisar que los trabajadores migrantes, sea en situación regular o irregular, se encuentran en muy diversos sectores de la economía costarricense.
Como señalado anteriormente, una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2024 exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras.
¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)?
Un informe de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de muchos de sus trabajadores. Esta nota del 2023 indica que la situación persiste en las plantaciones de piña costarricenses.
Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que se noten mejorías notorias en las condiciones de trabajo, y sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
Con ocasión del día internacional de los derechos humanos en diciembre del 2024 habíamos tenido la ocasión detallar el abandono paulatino de la agenda en materia de derechos humanos en Costa Rica observada en los últimos años: remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota nuestra, titulada: «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempre más pesada».
De algunas iniciativas sumamente valiosas
Con respecto a las condiciones específicas relacionadas a la atención y al trabajo de las poblaciones Ngäbe Buglé que vienen a Costa Rica para época de la cosecha del café, han sido diversas las iniciativas, en particular desde el sector de la sociedad civil y universitario, para intentar mejorar esta situación.
A esta iniciativa de la Escuela de Comunicación de la UCR referenciada en el año 2008 (véase enlace), han surgido muchas otras, sin lograr del todo impactar realmente al sector cafetalero como tal.
En el 2018, este proyecto de vivienda temporal realizado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (véase enlace) buscaba proponer un conjunto de vivienda temporal y de espacio de cuido para los trabajadores Ngäbe Buglé y sus familias en una finca de Coto Brus.
La CCSS por su parte, gracias a la iniciativa del Doctor Pablo Ortiz Rosés, logro implementar un exitoso programa de atención médica a las poblaciones indígenas en la región de Coto Brus: en el 2024, con ocasión de su sentido fallecimiento, este texto escrito en homenaje al Doctor Ortiz, recuerda su valioso aporte.
En el 2022, este proyecto universitario (véase enlace) buscó enriquecer desde un enfoque intercultural la medicina convencional con los aportes de la medicina tradicional de la población Ngäbe Bugle.
Hace unos años, una tesis de la Facultad de Arquitectura de la UCR propuso al gremio caficultor costarricense un modelo de construcción de albergues que asegurasen a estas poblaciones indígenas un espacio más acorde con su cultura y con su cosmovisión durante los meses en los que recogen café en Costa Rica: véase enlace del mismo portal UCR del 2021 titulado «Innovador asentamiento mejoraría las condiciones laborales de la población Ngäbe en la caficultura. La propuesta se presentó como un trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura«.
No obstante estas y muchas otras iniciativas desde la sociedad civil costarricense y desde el sector académico, lo cierto es que el precitado informe de Coffee Watch viene a poner en evidencia la falta de interés por parte del Estado y del mismo gremio cafetalero con respecto a la situación laboral de los recolectores de café Ngäbe Buglé.
La reacción del Estado costarricense al informe de Coffee Watch
En una respuesta (véase texto) a algunas reacciones furibundas de autoridades gubernamentales y de algunos sectores productivos costarricenses, en particular este inusual comunicado del 7 de agosto suscrito en nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la dirección de Coffee Watch expresó que:
» Rechazamos respetuosamente la sugerencia de que Coffee Watch busca perjudicar al café costarricense o explotar a las comunidades vulnerables.
Nuestra organización ha publicado informes sobre abusos en múltiples países, como China, México, Brasil, Vietnam y Colombia, y ha cuestionado a algunas de las empresas cafetaleras más grandes del mundo, ninguna de las cuales tiene su sede en Costa Rica. Nuestro compromiso de impulsar que la industria cafetalera se vuelva ética es global.
Nuestros objetivos clave en nuestro informe «Detrás de la “Pura Vida” de Costa Rica: La amarga explotación de los(as) migrantes indígenas que cosechan café» son: apoyar a los(as) trabajadores(as) de las fincas cafetaleras, fortalecer las protecciones para las personas que trabajan en el sector del café, hacer que el café sea más sostenible y fomentar la transparencia —objetivos que creemos que Costa Rica comparte».
Resulta sumamente insólito leer en un comunicado de entidades del Estado costarricense expresiones tendientes a desacreditar y a desprestigiar a una entidad como Coffee Watch. La verdadera «arremetida» a la que hace alusión el titular de este artículo del Semanario Universidad sobre la reacción oficial de las tres precitadas entidades del Estado costarricense al informe de Coffee Watch pone en evidencia el profundo malestar que ha generado este informe.
A modo de conclusión
Más allá de amplios sectores de la economía costarricense que se benefician de un sistema de indefensión que muchas veces se materializa en un sistema de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular (y ello desde muchos años), este nuevo informe de una organización como Coffee Watch debería servir de base para entablar una discusión en aras de alcanzar soluciones con el sector cafetalero costarricense, y en particular con las cooperativas de café de las zonas señaladas. Ello en aras de sancionar a los agremiados cuyas fincas se prestan para mantener un sistema de explotación laboral al que someten a personas de la comunidad Ngäbe Buglé y a funcionarios del Estado costarricense (que, al parecer, no se percatan de nada anormal al visitar las fincas cafetaleras).
El tildar de «tendencioso» este reciente informe de Coffee Watch y considerar como «narrativas irresponsables» su contenido (dixit el comunicado conjunto MAG-MTSS-ICAFE del pasado 7 de agosto) y concluir que no es necesario atender sus recomendaciones, no puede sino contribuir a dañar la imagen de Costa Rica en el mundo del café, y de paso afectar la imagen de todo el sector cafetalero como tal: un sector en el que sí existen productores y cooperativas que logran albergar a estas poblaciones indígenas en condiciones dignas con sus familias, y que respetan la legislación laboral aplicable.
Ya en el 2014, se podía leer en las conclusiones de esta muy completa investigación conjunta FLACSO-OIM y titulada » La travesía laboral de la población Ngäbe y Buglé de Costa Rica a Panamá: Características y desafíos» que (página 100):
«Uno de los problemas observados en el estudio se relaciona con las formas de reclutamiento laboral, sometidas a mecanismos y prácticas propios de la informalidad, por una parte, y que también derivan en costos y riesgos que pueden incrementar las condiciones de vulnerabilidad de los colectivos en conjunto, pero de cada uno de los sujetos que los integran, en particular. La existencia de estos mecanismos de reclutamiento y contratación, al margen de la supervisión de los Estados costarricense y panameño, puede conducir, en algún momento, si no es que es que ya están presentes, a la imposición de prácticas laborales no deseables y otras formas de explotación o sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena».
Al ser la tendencia actual del mercado mundial la de una mayor sostenibilidad y la de un mayor respeto a los derechos laborales de los trabajadores, y al observarse cada vez más curiosidad por parte del consumidor con respecto a las condiciones del campo en el que se produce un producto (cual sea el producto importado), resulta innecesario señalar que este reciente informe de Coffee Watch constituye una nueva advertencia: una de varias anteriores, que bien podría (así como otros informes similares) empezar a interesar a órganos internacionales de derechos humanos (sea a nivel de Naciones Unidas, sea a nivel interamericano) así como a las asociaciones internacionales de consumidores sobre comercio justo y equitable en algunas otras latitudes, en las que se sigue apreciando y cotizando a un alto valor una taza conteniendo café costarricense.
Por JoseSo — Entre Verdades y Opiniones, para SURCOS
¿Qué es mejor, prevenir el delito o recoger el muerto?
En materia de seguridad ciudadana y defensa nacional, la respuesta nos parece obvia. Pensemos por un momento en lo que ocurrió cuando se ejecutó la desastrosa política de retirar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de nuestros puertos, aeropuertos y fronteras. Al abandonar la barrera preventiva, el país quedó ciego e inoperante, apostando por un modelo reactivo donde el Estado solo llegaba a lamentar el daño, recoger los escombros y contar las consecuencias del crimen organizado cuando la droga ya había cruzado nuestros umbrales.
Traslademos este mismo absurdo suicida al manejo de nuestros impuestos. Eso es, letra por letra, lo que el autodenominado “oficialismo Jaguar” ha pretendido hacer con la Contraloría General de la República (CGR) y la Hacienda Pública.
La estrategia para desarmar al vigilante
La intención de quitarle los frenos al vehículo del Estado no ha sido disimulada. Bajo la falsa premisa de que la fiscalización “detiene el progreso”, hemos sido testigos de una embestida sistemática para desarticular la defensa preventiva de los fondos públicos. Entre los intentos más peligrosos destacan:
La insistencia con la “Ley Jaguar” (en sus múltiples versiones): Proyectos de ley redactados con el objetivo quirúrgico de mutilar la Ley Orgánica de la Contraloría, arrebatándole la potestad de emitir órdenes vinculantes, advertencias previas y suspender actos irregulares antes de que se ejecuten.
La amenaza de reformas constitucionales: Solicitudes y presiones políticas para modificar la Constitución Política, buscando reducir a la CGR a un simple auditor de autopsias financieras que solo pueda emitir informes cuando la plata ya desapareció.
El uso de referéndums como arma de presión: Intentar someter a votación popular el desmantelamiento técnico de los controles de contratación administrativa, disfrazando la desregulación de “eficiencia”.
Cuando se apaga la luz: Los casos INA y Pista Oscura
Para entender por qué el control previo es vital, solo basta ver lo que sucede cuando se busca evadirlo o forzarlo mediante atajos legales. Tenemos dos ejemplos recientes y lapidarios:
El contrato INA – Open English: Una adjudicación millonaria otorgada bajo un esquema “llave en mano”, impulsada sin los estudios técnicos rigurosos que demostraran la viabilidad y efectividad del modelo para la población objetivo. Una licitación hecha a la medida que compromete decenas de millones de dólares del presupuesto institucional en plataformas de autoestudio.
El caso Pista Oscura (MOPT-MECO): La intervención en la pista del Aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, donde se utilizó la figura del decreto de emergencia y supuestas “ingenierías de valor” para saltarse los procedimientos ordinarios de licitación. El resultado es una investigación penal por presiones indebidas para modificar contratos a favor de la empresa MECO, ignorando criterios técnicos.
Si sumamos el potencial perjuicio económico y el riesgo a la Hacienda Pública de estos dos casos, sobrepasamos y duplicamos las cifras de daño que en su momento escandalizaron al país con el sonado caso ICE-ALCATEL. Y esto, apenas en dos expedientes.
Recoger el muerto financiero
Quitarle el control previo a la Contraloría es el equivalente administrativo a sacar a la PCD de las fronteras. Es pedirle al Estado que cierre los ojos ante las licitaciones a la medida, los decretos de conveniencia y los contratos “llave en mano”, para que la CGR solo pueda actuar años después, redactando informes sobre millones de dólares que ya no están y obras que se entregaron defectuosas.
La eficiencia del Estado no se logra abriendo la puerta al despilfarro. Prevenir siempre será más barato que lamentar.
Ayer aterricé en Chepe, ahora vivo transitoriamente en el campo, bastante lejos. Apenas salí de compromisos, fui obviamente a mi querida Biblioteca Nacional, sujeta a remodelaciones internas. Obviamente terminé en la Sección Libros de Reserva, donde Rosemary (quienes todos rogamos porque nunca se pensione) como siempre, resolvió la inexperiencia de las gentiles compañeras del Primer Piso. Prosigo. Sin ilusionarme mucho, caminé por el Parque Nacional hasta la Aduana@. La lluvia era molesta. El Cinema Magaly estaba a la derecha, pero decidí enfrentar el destino. Y claro fui a la Feria Internacional del Libro de Costa Rica 2026 #FILCR2026.
Así en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica (FILCR2026), —entre los saludos de viejos amigos, viejos dolores, pocas nuevas alegrías, leales complicidades, el abrazo leal del Poeta Alfredo Trejos (eso ya vale mucho), muecas de otros, y rechazos neuróticos e intrigas palaciegas qué me son ajenas—, me acomodé y busqué asiento en una maravillosa charla del reconocido cineasta, y ahora cuentista, Jurgen Ureña, junto al amigo cartago Fabián Coto, quién presentaba su nuevo libro de cuentos. Hablamos de la tradición narrativa oral rural costarricense, y de los Abuelos. Para un urbano pequeño-burgués de Barrio Amón, cuyo máximo referente tropical era el viejo Parque Zoológico Bolívar o La Sabana, reconozco que he mejorado algo con mi Autoexilio en Sarapiquí.
La Editorial qué acogió la actividad, es la del amigo teólogo Jose Chacón, a quién por fin pude conocer personalmente. La Presentación, el posterior diálogo, erudito, fino, ameno, cómplice, y la calidez humana extraordinaria, francamente me salvaron de la aburrida noche. Contrasta tanta hospitalidad con las muecas y delirios de otros viejos editores, totalmente neuróticos, como un humor de borracho de goma seca. Gente qué se esfuerza por darte la mano con asco, después de años de bohemia compartida y de mil aventuras.
Por cierto, ne gustó el local de la hermana República de Guatemala, el único Gobierno de vocación democrática de Centroamérica, recordando al Nóbel Miguel Ángel Asturias. Desgraciadamente lo descubrí tarde.
Contrastaron la belleza de los colores de las telas y decoración guatemaltecas, con el tipo del puesto del Semanario Universidad, quién a la par tenía un montón de ejemplares de cortesía, y a quién cortesmente le solicité por favor un ejemplar gratuito. Y me respondió irónicamente:
— Si quiere se lo voy a dejar a su casa.
—No creo que lleguen hasta El Mortero de Horquetas de Sarapiquí, respondí lapidario.
Lo demás fue esperado. Se me olvida que mi ciudad natal es la más cara de Latinoamérica. Las tortillas palmeadas a 5500 colones me lo recordaron. Somos potencia.
La «Librería Andante» a la vanguardia de textos teoría y academia, como corresponde a su dueño, un filósofo y compañero (Sí Francisco Víctor Aguilar). Un amigo (espero no crearle enemigos). Ahí adentro, descansó mi mochila un rato.
No encontré desgraciadamente a Nueva Década Editorial, otro clásico, aunque vi con alegría nuevos sellos editoriales jóvenes. Y claro, a las editoriales de las respectivas Universidades Públicas. La Editorial de la UNED – EUNED antes siempre destacaba.
Sé qué son épocas opacas, por decirlo gentilmente, que estamos casi a nivel de la Distopía de «Fahrenheit 451», tanto nacional, como internacionalmente. No es tiempo de comprar libros, dirán algunos. Ni la lluvia excesiva, ni el clima político autoritario y populista ayudan, y mucho menos la crisis económica. Sin embargo, a pesar de los pesares, vale la pena visitar la #FILCR2026, y formarse su propia opinión.
Continúo. Una actividad de presentación en un especie de ‘Mezzanine’ exterior (una especie de terraza externa), en el bello Edificio La Aduana ya estaba concluida. Vi a varios amigos y ex colegas de lejos. Mis saludos por persistir en su oficio.
Lo demás fueron más precios altos, algunos inalcanzables, pero en mi opinión, una pobre oferta con las excepciones y curiosidades del caso: Muchos vendedores de Biblias, libros de Autoayuda, venta de artesanías; máquinas de Café Britt qué descuenta su tarjeta, y no te dan el café (haga el reclamo por código QR, etc.); y la inefable sobrepresencia comercial de la poderosa Librería Internacional, al fondo del Edificio histórico. Obviamente no compré nada.
Ya saliendo, y con el café gratis de la Editorial ABYAD, me encontré con un personaje centroamericano y latinoamericano y universal, por su peso histórico artístico, cultural, político, y musical Luis E. Mejía Godoy. Tenía un bello puesto de serigrafías y diseño. (Vayan a verlo y comprarle).
Le mencioné a un par de amigos y amigas conocidos, y su amabilidad nica estalló. No ocupamos de más explicaciones. Le pregunté que si nos sería demasiado ridículo tomarnos una foto. Luis Enrique Mejia Godoy es un héroe desde mi juventud, y nunca me defraudó. Siempre consecuente, siempre revolucionario, siempre creativo, siempre humanista, y desafiante frente a todo Autoritaritarismo.
La respuesta del Cantautor fue brutal, sabia y existencial, por alguien, por aquel Bardo, que ha visto casi todo en la vida:
— Más ridículo sería no tomársela.
Esa es la historia de la foto con Luis Enrique, un honor camarada de la Luz.
Acuerda exigir información sobre la situación de personas indígenas y afrodescendientes desaparecidas o privadas de libertad e insta a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Registro Civil a realizar las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas indígenas transfronterizas.
San José, Costa Rica. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó, en la sesión N.° 7024, celebrada este 1.º de setiembre, un pronunciamiento en el que expresa su solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan y plantea una serie de acciones institucionales orientadas a la defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes que enfrentan situaciones de persecución, encarcelamiento, desaparición, desplazamiento y exilio.
Brooklyn Rivera Bryan fue uno de los principales dirigentes indígenas de la costa caribe nicaragüense y una figura histórica de los procesos de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Durante décadas impulsó la defensa de la autonomía regional, los territorios ancestrales, la participación política y las formas propias de organización comunitaria. Rivera falleció el 30 de mayo de 2026, después de haber permanecido más de 970 días privado de libertad, en una situación que había sido denunciada como desaparición forzada.
El Consejo Universitario condenó la persecución, el encarcelamiento arbitrario, la desaparición forzada y la muerte de Brooklyn Rivera, así como toda acción que atente contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Asimismo, reconoció su aporte histórico a las luchas por la autonomía, la autodeterminación y la defensa territorial de los pueblos de la costa caribe nicaragüense, y expresó su solidaridad con sus familiares, comunidades y organizaciones.
Preocupación por otras personas indígenas y afrodescendientes. El pronunciamiento también llama la atención sobre la situación de otras personas indígenas y afrodescendientes que continúan privadas de libertad o cuya situación actual ha generado preocupación entre organizaciones y mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos.De manera particular, el Consejo Universitario plantea exigir información sobre la situación y condición actual de estas personas, así como la liberación inmediata de quienes permanecen privadas de libertad por razones políticas en Nicaragua. Entre ellas se encuentran Steadman Fagot Müller y los guardabosques mayangnas Celso Lino Argüello, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno, Ever Bruno Palacio, Tony Bruno Smith y Olivier Bruno Palacio.
Espacios de diálogo y acompañamiento. Entre las acciones acordadas se encuentra la promoción de espacios de diálogo e intercambio entre la comunidad universitaria y organizaciones miskitas, mayangnas y afrodescendientes presentes en Costa Rica, con el propósito de conocer directamente sus experiencias, preocupaciones y propuestas.
También se plantea solicitar a la Rectoría, las vicerrectorías y las instancias universitarias competentes valorar mecanismos de apoyo académico, cultural, de investigación y acción social dirigidos a personas indígenas y afrodescendientes provenientes de la Muskitia que actualmente residen en Costa Rica.
La UCR propone, además, impulsar actividades académicas, culturales y de investigación sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense, la preservación y difusión de sus lenguas y culturas, así como sobre los fenómenos de desplazamiento forzado y movilidad humana en Centroamérica.
Asimismo, el pronunciamiento insta a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Registro Civil a realizar las acciones correspondientes para garantizar los derechos de las personas indígenas transfronterizas, de conformidad con la Ley N.° 9710, que establece mecanismos especiales relacionados con la nacionalidad, la residencia y la integración de estas poblaciones.
La Universidad de Costa Rica reafirma así su compromiso con la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, particularmente de aquellos pueblos y comunidades transfronterizas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, desplazamiento o exclusión.
Finalmente, el pronunciamiento plantea la organización de un espacio institucional de reflexión y diálogo sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas transfronterizos y las realidades que enfrentan actualmente las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense que viven en Costa Rica.
La propuesta fue presentada ante el Consejo Universitario por la Dra. Ilka Treminio Sánchez y los representantes Nickolás Guevara Díaz y Pablo Monteagudo Madrigal. Para su elaboración se contó con el apoyo de la Unidad de Estudios del Consejo Universitario y la colaboración del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.
El pronunciamiento de la UCR se suma a otras iniciativas de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua, entre ellas la promovida por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), ante la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y la continuidad de la represión contra quienes defienden los derechos colectivos de sus pueblos.
En Boruca de Buenos Aires hay un grupo integrado por 21 mujeres indígenas que una vez decidieron unir sus talentos, saberes e iniciativas para trabajar en beneficio de sus familias y la comunidad en general.
El espíritu luchador de esta agrupación femenina se alimenta de la naturaleza, del cual aseguran, obtienen todo lo que necesitan para ser felices.
SoCagrú en idioma boruca significa “señoras guerreras”, que practican un comercio solidario, donde el ingreso de una es para el beneficio de todas.
Ellas hacen textiles a base de algodón, máscaras, flechas, tambores, etc.
Es una asociación femenina que arrastran un linaje cuyos antecesores también fueron personas de gran presencia en la cultura indígena boruca.
Por su amor a la naturaleza, poseen un vasto conocimiento sobre los beneficios del buen uso de las plantas medicinales. Han construido unos viveros donde le enseñan a las nuevas generaciones sus saberes asociados a la tierra, al cuido de las fuentes de agua y a su seguridad alimentaria.
Ofrecen diversos tours que enseñan al visitante las bondades de la naturaleza, visitan cataratas, museos, talleres y el disfrute de una rica gastronomía.
SoCagrú es más que una asociación de turismo, son guardianas de la tierra, que conservan lo místico de su cultura ancestral.
Con frecuencia invierten en el mantenimiento de los recursos naturales y han sembrado más de 26,000 árboles en las cuencas de las nacientes de agua en la comunidad.
Poseen servicios de hospedaje para que la pases de manera confortable y con un entorno natural, disfrutando de una vivencia única, inmerso en el mundo de la cultura indígena boruca.
Para más detalles acerca de SoCagrú, sírvase comunicarse a los teléfonos 84121442 y 86502432.
Un comité promotor integrado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, junto con cientos de personas y organizaciones firmantes, presentó ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un manifiesto y petición formal en defensa de la autonomía institucional y del respeto a la representación sindical legítimamente electa. El documento exige la juramentación inmediata de Rocío Alfaro Molina como representante propietaria del movimiento sindical ante la Junta Directiva —cuya designación fue anulada por el Consejo de Gobierno pese a haber sido ratificada por la Sala Constitucional mediante el voto n.° 2026-031380 del 13 de agosto de 2026— y el cese del nombramiento pro tempore de Roger Rivera Mora en ese mismo espacio.
SURCOS le invita a leer y compartir el documento que publicamos íntegro:
COMITÉ PROMOTOR DEL COMPROMISO POR LA DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA CCSS
MANIFIESTO Y PETICIÓN FORMAL
Por el respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación legítima del movimiento sindical
Señoras y señores
Junta Directiva
Caja Costarricense de Seguro Social
Presente
Asunto: Solicitud de respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación sindical legítimamente elegida
Quien suscribe, Vera Victoria Sancho Mora, portadora de la cédula de identidad número 104111454, actuando como persona autorizada por el Comité Promotor del Compromiso por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social, conformado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, señala como medio para recibir notificaciones compromisoconlaccss@gmail.comy presenta formalmente ante esta Junta Directiva el siguiente manifiesto y petición, respaldados por las personas suscriptoras que se indican al final.
MANIFIESTO
Por el respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación legítima del movimiento sindical
El Comité Promotor del Compromiso por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social, conformado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, manifiesta su profunda preocupación y su firme rechazo ante la actuación del Poder Ejecutivo respecto al nombramiento de la representación del movimiento sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma, construida durante generaciones con el esfuerzo solidario de las y los costarricenses. Su Junta Directiva responde a un modelo de representación democrática en el que participan el Estado, el sector patronal y las personas trabajadoras. Esta integración no es una formalidad: constituye una garantía para que las decisiones sobre la seguridad social no queden concentradas en manos del gobierno de turno.
El 9 de junio de 2026, la Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente, para el periodo 2026-2030. Sin embargo, el Consejo de Gobierno rechazó esa designación, a pesar de que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que el Poder Ejecutivo no puede objetar los nombramientos efectuados por los sectores sindical y patronal.
La Sala Constitucional, mediante el voto n.° 2026-031380 del 13 de agosto de 2026, anuló por unanimidad el acuerdo del Consejo de Gobierno que rechazó el nombramiento de Rocío Alfaro. La resolución confirmó que el Poder Ejecutivo carecía de fundamento jurídico para desconocer la decisión adoptada por el movimiento sindical.
A pesar de ello, el gobierno nombró a Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore, y la Junta Directiva de la CCSS llegó a sesionar con su participación aun después de conocerse públicamente la resolución de la Sala Constitucional.
Lo ocurrido no puede considerarse un simple desacuerdo administrativo. Desconocer la elección realizada por el movimiento sindical, sustituirla por una persona nombrada temporalmente y prolongar esa situación después de una resolución constitucional constituye una grave injerencia en la representación legítima de las personas trabajadoras.
No corresponde al Poder Ejecutivo escoger cuál representación sindical le resulta conveniente. La persona que ocupa ese espacio debe ser elegida libremente por el sector al que representa.
La autonomía de la Caja se debilita cuando el gobierno pretende controlar o condicionar la integración de su máximo órgano de dirección. También se debilita cuando se desconocen las decisiones de los sectores representados y se retrasa el cumplimiento de las resoluciones de la Sala Constitucional.
PETICIONES
Por estas razones:
Rechazamos cualquier intento del Poder Ejecutivo de intervenir en la elección de las representaciones sindicales ante la Junta Directiva de la CCSS.
Exigimos el respeto a la decisión adoptada legítimamente por la Asamblea del Movimiento Sindical.
Solicitamos la inmediata juramentación de Rocío Alfaro Molina como representante propietaria del movimiento sindical y el reconocimiento de Marta Rodríguez González como representante suplente para el periodo correspondiente.
Demandamos que se deje sin efecto el nombramiento pro tempore realizado mientras exista una representación sindical legítimamente elegida.
Exigimos el cumplimiento pleno y sin dilaciones de lo resuelto por la Sala Constitucional.
Reafirmamos que la Ley Constitutiva, la autonomía y el modelo de representación democrática de la CCSS deben ser respetados por todo gobierno, independientemente de sus intereses o diferencias políticas.
Defender la autonomía de la Caja es defender la seguridad social, la democracia y el derecho de las personas trabajadoras a participar en las decisiones de una institución que pertenece a todo el pueblo costarricense.
La Junta Directiva de la CCSS toma decisiones que afectan la atención médica, las listas de espera, los medicamentos, las pensiones y la vida de millones de personas. Por eso, su integración no puede quedar sometida a la voluntad del Poder Ejecutivo.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, comunales, académicas y profesionales, así como a todas las personas comprometidas con la seguridad social, a pronunciarse ante estos hechos y a defender la autonomía de la Caja.
La Caja está en el corazón de Costa Rica. Su autonomía, su carácter público y su conducción democrática deben ser respetados y defendidos.
Por lo anterior, solicitamos a la Junta Directiva de la CCSS que tenga por presentado este manifiesto, lo incorpore al conocimiento del órgano colegiado y atienda las peticiones aquí formuladas.
San José, Costa Rica, martes 1 de setiembre del 2026.
Las personas abajo firmantes suscribimos y respaldamos este manifiesto y hacemos un llamado a defender la autonomía de la CCSS, el respeto a su integración democrática y el derecho de cada sector a elegir libremente a sus representantes, sin injerencias indebidas del Poder Ejecutivo.
Nombre Organización
Virginia Ramírez Cascante
Mujeres por Costa Rica
Eugenia Solís Umaña
Mujeres Por Costa Rica
Ana Isabel Chacón Mora
Observatorio GEMA
Sady Morales Zapata
Guillermo Vargas Solís
Patricia Salgado
La Caja es Nuestra (LCEN)
Francisca Raventos Vorst
Lena Mora Ordóñez
Laura Gómez Vasquez
Julia Vargas
María Cecilia Romero Aguero
Flor de María Monge Arroyo
RECOMM
Asdrúbal Duarte Esquivel
AJA
Christian Barrantes Herrera
SINASSASS
Mirna Infante Céspedes
María Flor Abarca Alpízar
Red feminista contra la violencia hacia las mujeres en CR
Carmen Brenes Sáenz
Parlamento Cívico Ambuental
Ana María Botey Sobrado
Mujeres por Costa Rica
Guiomar del Rocío Martín Tedman
Paula Cordoba Zumbado
María Catarina Goldoni Ruíz
Lilliana Zeledon Cambronero
La Caja es Nuestra
Hannia Franceschi Barraza
Ana María Trejos Trejos
Red feminista contra la violencia hacia las mujeres
Sandra Isabel Jara Castro
Juan Carlos Cruz Barrientos
Independiente
Isabel Elizondo
Lucrecia Leiton Arias
La Caja es Nuestra
Abelardo Morales Gamboa
Yolanda Rojas Rodríguez
Colectivo Mujeres por Costa Rica
Eugenio Chinchilla Miranda
Margarita Villalobos
Ivonne Durán Orozco
Marco Vinicio Fournier Facio
Red Naciomal por la Democracia
Nora Montero Quirós
Alejandra Marín Herrera
Jorge VINDAS
AFUP
Ana Chacón Mora
Observatorio GEMA
Roxana Vaglio Rivas
Adina Castro García
Unión Nacional de Trabajadores
Diana Fuster Baraona
Isabel Ducca Duran
Lízbeth Solano Alpízar
UTN y ASOINAMU
Herbert Chaves Sánchez
Janet Carrillo
Gerardo Cruz Zuchini
Marlene Rojas Valverde
Marta María Hernández Mendoza
CIUDADANA COMPROMETIDA.
Sandra Chacón Jiménez
Sindicato de Administradores y afines CCSS
Mar Fernanda Schifani García
Lorena Mora Rodríguez
Damaris Rodríguez Lara
Asociación rescate de la Zona Marítima Terrestre.
Albert Espinoza Sánchez
Gustavo Araya Martínez
Silvia Vindas García
Luís Fernando Mayorga Acuña
Isabella López Campos
Lucia Chaves
María Elena López
La Caja es Nuestra
Saray Elena Loáiciga Brenes
Universidad Nacional
Anabelle Aguilar Brealey
Jessica Succar
María Enriqueta Guardia Yglesias
Andrea Montero Váysque
Elizabeth Garbanzo Huertas
Kathia Ortega Borloz
Ana Virginia Granados Rojas
Andrea Sagastuy
Elizabeth Barrantes Garita
Emilia Mora
Karol Segura Obando
UNDECA
Denis Angulo Alguera
Partido Acción Ciudadana
Neddy Zamora
Denis José Angulo Alguera
Partido Acción Ciudadana
Evelyn Silva
La Caja es Nuestra
Carmen Carro Barrantes
Junta de Salud Carmen/Montes de Oca
Amelia Castells Solis
Priscilla García
Cristian Brenes P
Rebeca Brenes Roldán
Ana Hernández
Paula Isabel Salas Salinas
La Caja es Nuestra
Sonia Montero Díaz
CFIA
Alberto Salas Salinas
Frente Amplio
Luis Guillermo Fernández Valverde
Norma Guzmán Torres
Marcela Eduarte Rodríguez
Camille Haylock Facetti
Aleida Devandas Aguilar
Frente Amplio
Ana Patricia Sánchez Calvo
Marta Arroyo
Frente de Lucha por Nuevo Hospital de Cartago
Johanna María Méndez Trejos
María Eugenia Quirós Gamboa
Oficina de la Mujer
Virginia Borloz Soto
Priscilla Gutiérrez Castillo
Michelle Midence Araya
Socorro Vargas Araya
Mario Villalobos Arias
Centro de Amigos para la Paz
Carmen Ma Chacón Mora
María Lorena Molina M
Mario Céspedes Avalos
La Caja es Nuestra
Ana Lorena Camacho De la O
Colectiva Acción Feminista
Pablo Zúñiga Morales
Sagrario Agüero Badilla
FRENASS
Nubia María Cabrera Chaves
ANDE- COLYPRO- SINAPRO.
Kattia Isabel Castro Flores
Emilia Molina Cruz
Alicia Avendaño
Junta de salud de Hospital Nacional de Gereatria
Marta Iris Muñoz Cascante
SITRAJUD
Leda Sánchez Vindas
María Angelina Pérez Gutiérrez
Dr. Santiago Chaves Aguilar
Universidad de Costa Rica
Isabel Avendaño
Eugenia Salazar
Kinndle Blanco Peña
Edgar Miranda Molina
Ivette Guier Serrano
Roxana Rojas Campos
Asociación Desarrollo Integral Las Magnolias, Goicoechea
Shirley Unfried Acevedo
Gloria Salas Hernández
Habib Succar Guzmán
Rosanna Velit Suárez
Isabel Sánchez Cordero
Henry Mora Jiménez
Álvaro González V
Frente Amplio
Ana Elena Badilla Gómez
Rodrigo Jiménez
Zaida Camacho Aguilar
Diana Mora
Edwin Mora
Rosario Sánchez Barquero.
Alicia Cascante Mora
Georgina Hidalgo Rojas
Junta de Salud
Amalia Vargas Rojas
ANDE
Randall Cabrera Garita
Unión Médica Nacional
Luz María Elizondo Fallas
Sara Núñez Mata
Mary Alice Mora Jiménez
Patricia Barboza
Rosa Ramírez González
Sebastián Pérez Carmona
Mauricio M. Méndez Vega
Rafael Rivas Ducca
Frente Amplio Goicoechea.
William Castillo Elizondo
Irene Ulloa Golcher
Sergio Ortíz Pérez
ACOTEL
María Mora Moya
Amari López Lackwood
Teodora Tsijli
Melania Monge Rodríguez
Mujeres por Costa Rica
Rafaela Varela
Cintya Romano Dorado
Rosa María Mata Mora
Junta de Salud
Indira Jara Piedra
Gerardo Arias Elizondo
María Antonieta López Gómez
David Zúñiga Rodríguez
Junta de salud Carmen Montes de Oca. Unión médica nacional
Sergio Reuben-Soto
Pensionados en Acción
Jorge Cordero Rodríguez
Teresita Ramellini Centella
Nora
Colegio de Trabajadores Sociales
Elizabeth Gutiérrez
Anargeri Solano Siles
Mercedes Solano Rivas
Olga Castro Vargas
Junta de Salud Zapote Catedral
José Manuel Cerdas Albertazzi
Rodolfo Acosta Campos
Grace Redondo Vargas
Trilce Altamirano
Raúl Sánchez Alfaro
Miriam Sandí Murcia
Mary Mora Jiménez
Ligia Arias Alegría
Ana Lorena Jiménez Rivera
Katty León Obando
Consejo del distrito de Birrisito concejal
Hilda Gamboa Haeberle
Marjorie Smith Venegas
Gustavo Chen Quesada
S de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD)
Roxana Madrigal
Yamileth Achong Ching
Alberto Gómez Vargas
Carolina Leitón Rodríguez
Baudilio Mora Mora
Mario Leon Barth
Efraín ARTAVIA LORIA
Nydia Amador Brenes
Colegio de Médicos y Cirujanos
Gloria Navas
Defensa de la Democracia!!
Patricia Allen Flores
Sonia Sandi Zuñiga
SITRAJUD
Elías Jaén López
SITRAJUD Sindicato de trabajadores Judiciales
Teresita Arrieta Araya
Aura Hernández Rojas
Edgar Vargas Alfaro
Miguel. Cespedes Araya
Asoc de Desarrollo Integral. Barrio el. Bosque. Oreamuno
María del Rocio Hernández Moya
Luana María González Ibarra
Emiliano Céspedes Villalobos
José Pablo Chacón Fernández
Kattia Barquero Rojas
COOPETRAVEN R. L
Jorge Chaves Villalobos
Giohana Ibarra Salas
Luis José López Miranda
Yolanda Chaves Chaves
Rosa Brenes Roldan
Aliaxis Latinoamérica
Marjorie Monge Muñoz
Ana Moreira
Carlos Jaime Gutiérrez Trejos
ADIMAPLA
Yanderel Méndez Carvajal
Iarara Cruz Santos
SEC
Luis Guillermo Vargas Solis
Darcy Araya Solano
Anastasia Solano Sáenz
Argery Sánchez Hdez
Diana Masís Porras
Giancarlo Mathieu Jiménez
Vera Laura Rodríguez Fernández
Albin Chaves Matamoros
La Red por CR
María Ureña Gutiérrez
SEC, ANDE
Silvia Matamoros
Isidro Boniche Quiros
Patricia Francesa Blanco
SOCIPROT IVM
Pilar Vargas Ramírez
Adriana Jiménez Castro
ANPE
Luis Felipe Arauz Cavallini
Erick Sojo Marín
Radio Zurquí
Lucia Rescia
Yanira Solís Montero
ANDE Sindicato
Yamileth Duarte Esquivel
Seguimiento del Compromiso
Astrid Noffal Tassara
Paolo Duarte Sancho
Harold Hidalgo Umaña
SITRAS
Franklin Quesada Campos
Sindicato Salud y Seguridad Social
Fanny Calderón Contreras
Evelyn Flores Aguilar
Sindicato de la Salud y la Seguridad Social SISSS
María Trejos Montero
MTC
Édison Valverde Araya
Comunidad Buen Vivir
Isabel Avendaño-Flores
Facultad de Ciencias Sociales UCR
Jeyner Aguilar Bermúdez
Grupo sol P. Z.
Roslyn Badilla Sánchez
Sandra Cartin Herrera
Colectivo Mujeres por Costa Rica
Ángelo Monge Montero
Fundación Nomada Costa Rica
Emmanuel Buitrago Páez
Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI
Oscar Beita Quesada
Movimiento Ríos Vivos
ANDRÉS CASTILLO SABORÍO
Lilliana Sánchez Bolaños
RENASES
Félix López Zambrana
Asociación de Comunidades Unidas para la salud Guácimo
