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Autor: María José Ferlini Cartín

Corto “Ilustre” lleva al cine la defensa del Humedal de Coris-Bermejo y la trayectoria del ecologista Ricardo Muñoz

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) informó que respalda la difusión del cortometraje “Ilustre”, producción seleccionada en la cuarta edición del Festival Shorts Costa Rica 2026, que retrata parte de la trayectoria del reconocido ecologista Ricardo “Ilustre” Muñoz y una de sus principales luchas: la defensa del Humedal de Coris-Bermejo, en Cartago.

Según explicó la organización, el corto utiliza el lenguaje audiovisual para acercar al público a una causa ambiental de gran relevancia nacional, al tiempo que rescata la historia de una figura comprometida con la protección de los ecosistemas. APREFLOFAS destacó además el valor del arte como herramienta de comunicación para la conservación y la transformación social.

Un humedal de alto valor ecológico

La asociación subrayó la importancia ambiental del Humedal de Coris-Bermejo, al señalar su riqueza ecológica, su valor ecosistémico y la presencia de aguas termales y especies propias de este entorno natural. Indicó además que la situación del humedal mantiene expedientes abiertos en distintas instancias, entre ellas la Sala Constitucional, la Fiscalía, la Municipalidad, SETENA y la Defensoría de los Habitantes.

Las personas interesadas pueden conocer más detalles sobre este ecosistema en el sitio web de APREFLOFAS:
https://www.apreflofas.or.cr/humedal-de-coris-bermejo/

Fechas y sedes de exhibición

El afiche informa que “Ilustre” estará disponible en CCM Cinemas Rohrmoser, San Carlos y San Ramón, con funciones programadas para:

  • 17 de abril – 6:30 p.m.

  • 23 de abril – 8:30 p.m.

Las entradas para el festival pueden adquirirse por los canales oficiales del evento.

Equipo de producción

  • Dirección: Mar Andrade

  • Producción: Lenin López

  • Iluminación: Rubén Jiménez

  • Sonido y edición: Antonio Moya

El proyecto cuenta con patrocinio de Paradise Rental y Paradise Fototienda, e invitación de APREFLOFAS, organización que este año celebra su 40 aniversario.

Cultiva plantas como terapia para reforzar su rehabilitación de aneurisma

Por Uriel Rojas

En el contexto del Día de la Persona Indígena Costarricense, publicamos la historia de una mujer indígena que ha demostrado su enorme capacidad de resiliencia ante tantas adversidades que ha superado.

Es una historia llena de inspiración a quienes en este momento se encuentran viviendo etapas muy difíciles en su vida.

Ella ha enfrentado una secuencia de tragedias e infortunios extremos, demostrando en todos los casos una capacidad enorme de resiliencia.

Esta heroína se llama María Victoria Lázaro Ortíz y sus estudios de secundaria los hizo sin tener transporte para llegar al colegio y regresar a su casa, situada en Rey Curré de Buenos Aires.

En 1992, a sus 25 años de edad empezó a trabajar como docente en una escuela rural indígena unidocente, donde tenía que caminar hasta tres horas a pie por la montaña, sorteando peligros para llegar a la escuela del lugar.

Por treinta años sirvió a la educación y se pensiona en el 2023, trabajando por 27 años en la Escuela Indígena Curré.

Sin embargo, en el 2014, sufrió la muerte de uno de sus hijos, quien falleció en un accidente de tránsito.

Esto le generó un enorme impacto emocional y el trabajar largas jornadas con grupos de estudiantes le fue desgastando su capacidad física y mental.

En el 2019, los doctores le detectaron que padecía de aneurisma cerebral, el cual es causado por el debilitamiento de la pared de una arteria en el cerebro, formando un abultamiento o «globo», que cuando se rompe, causa una hemorragia, liberando sangre en el espacio alrededor del cerebro, provocando daños en el tejido cerebral.

Tras estar un año internada en rehabilitación en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, usó luego un bastón por 8 meses para ayudar a estabilizar sus pasos y es en este contexto donde también surge la idea de cultivar las primeras plantas para estimular su recuperación de la motricidad fina y estimular áreas cerebrales relacionadas con la memoria y la resolución de problemas.

Y no es para menos, después de ir superando poco a poco la aneurisma cerebral en el 2021, va a enfrentar otro momento difícil: en diciembre de 2020 muere su madre y eso le vuelve a generar un impacto a su proceso de estabilidad emocional.

Cuando ya parecía volver a recuperarse de este impacto, muere su esposo, en noviembre de 2022 y de nuevo, sufre el dolor de perder a uno de sus seres queridos.

No obstante, su valentía, fe en Dios y resiliencia volvieron a ser los aliados de esta gran mujer para seguir adelante.

Pero la sombra de las tragedias continuó…

En diciembre de 2023, muere su padre y ocho días después fallece su hija menor en un accidente de tránsito.

A pesar de las secuencias de estos sucesos tan fatídicos, ella continuó cultivando más plantas florísticas y ornamentales, y las cuida cada una como si fueran sus propios seres que ha perdido.

En la actualidad posee más de 400 plantas, un jardín que transpira vida y esperanzas.

Cada día, doña María Victoria riega y chinea sus plantas, lo cual sirve como terapia permanente para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, fortaleciendo de paso su proceso de rehabilitación física, emocional y cognitiva.

“Gracias, disculpe las molestias”. A un año de su partida, recordamos el último susurro del Papa Francisco

Observatorio de Bienes Comunes

No fue un discurso… fue un gesto mínimo que revela una forma de estar en el mundo.

En ese instante final, no hubo solemnidad ni grandilocuencia. Hubo algo más hondo: reconocer al otro como centro, incluso en la propia fragilidad. Agradecer la presencia que cuida. Nombrar, con humildad, que vivir también toca y afecta la vida de los demás.

Desde ahí, esta nota abre preguntas urgentes para nuestro tiempo:

Algunas claves que atraviesan el texto:

* La cultura del encuentro como práctica cotidiana

* Frente al descarte: nadie sobra, nadie es prescindible

* Lo común se teje en lo pequeño: mirar, escuchar, detenerse

* El “poliedro” como forma de convivir en la diferencia

* ¿Qué tiene que ver todo esto con los bienes comunes?

Una lectura breve, pero necesaria.

Podés leerla aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/gracias-disculpe-las-molestias-el-ultimo-susurro-del-papa-francisco-y-su-legado-de-la-cultura-del-encuentro/

¿Me puedo ir?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En días pasados se hizo viral un video de una mujer hispana haciendo frente a un operativo cazamigrantes, en el que a fuerza de nombrar las enmiendas que la asistían en el tema de libre tránsito, logró su objetivo: no ser detenida por un funcionario del servicio de inmigración de Estados Unidos, acción común en aquel país.

El hecho, ya de por sí transgresor por la forma como la mujer responde y confronta, evidenció de nueva cuenta el papel que está jugando el perfilamiento racial en las detenciones arbitrarias de personas migrantes.

La mujer es interceptada cuando conducía y en apariencia no habría cometido ningún acto irregular para que un funcionario no autorizado para ello la detuviera. Su color de piel fue el justificante para ese hecho.

No sólo el perfilamiento racial saltó a la vista. El material audiovisual observado permite constatar una práctica común entre los funcionarios de migración de Estados Unidos: el uso del inglés como forma de amedrentamiento ante la comunidad hispana.

La mujer logró que el funcionario hablara en español. Nítido. Y a partir de allí el intercambio entre ambos (ella al volante y el fuera del vehículo, identidad protegida y empoderado) giró en torno a la legalidad del acto de detenerla y la normativa a la que se acogía en virtud de la poca claridad que presentaba el funcionario.

Su interpelación, ante la ambigüedad mostrada por el funcionario migratorio fue directa: “¿Estoy detenida o me puedo ir?”

En estos días de máxima tensión entre políticas racistas desquiciantes y prácticas de repuesta ciudadana en el caso de las personas migrantes, el acto de la mujer debe ser entendido en el marco de la resistencia política que ha empezado a levantarse en aquel país.

Son tiempos oscuros ciertamente. Pero acciones de reivindicación política como la de esta valiente mujer posicionan el acto de responder como un recurso politico al servicio de los que no lo tienen todo.

La lucha continúa siendo ideológica, discursiva y simbólica. Allí en ese plano, es que hay que enfrentar y derrotar los autoritarismos instalados en los últimos años en Estados Unidos y en otros contextos.

No hay otro camino.

Carta de apoyo a la Jueza de Ejecución de la Pena – para firmar

20 abril, 2025

Kattia Carballo Chacón

Jueza de Ejecución de la pena

Primer Circuito Judicial Alajuela

Estimada señora Jueza:

Reciba este mensaje como un abrazo colectivo, firme y solidario, de mujeres y organizaciones que reconocemos la gravedad de lo ocurrido y el momento que atraviesa el país.

La agresión que sufrió no puede entenderse como un hecho aislado. Ocurre en un contexto de creciente violencia, de polarización política y de discursos que han ido debilitando el respeto hacia quienes ejercen funciones públicas, especialmente cuando se trata de decisiones que incomodan o que defienden derechos fundamentales.

Sabemos que su labor no es sencilla. Implica sostener criterios jurídicos en medio de presiones, incomprensión y, cada vez más, exposición pública. Cumplir con el deber en esas condiciones requiere no solo conocimiento, sino también una enorme fortaleza personal.

Por eso hoy queremos expresarle respaldo, reconocimiento y sororidad. Ninguna mujer debería enfrentar agresiones por ejercer su trabajo. Ninguna funcionaria judicial debería ser convertida en blanco de ataques por cumplir con la ley.

Nos preocupa profundamente que las denuncias previas de hostigamiento no hayan sido atendidas con la urgencia necesaria. Nos preocupa el clima que permite que la violencia escale. Y nos preocupa, sobre todo, que se normalice.

Este no es solo un asunto individual. Es un llamado a la sociedad.

A no guardar silencio frente a la violencia.

A no justificar el odio cuando se disfraza de opinión.

A defender la institucionalidad, incluso cuando no compartimos todas sus decisiones.

La independencia judicial no es un privilegio de quienes administran justicia. Es una garantía para toda la ciudadanía.

Hoy más que nunca se requiere una reacción colectiva, clara y firme. No solo para acompañar a quien ha sido agredida, sino para evitar que estos hechos se repitan.

Cuenta con nuestra solidaridad.

Firmado,

Colectivas feministas, organizaciones de mujeres y personas que no aceptan la violencia como forma de convivencia.

Le invitamos a unir tu firma: https://forms.gle/WBRJnqqiTJK2k7S66

Universidad de Costa Rica rechaza proyecto de ley sobre titularización de recursos minerales y energéticos

Representantes de Consejo Universitario Llaman a un debate y a una auditoría de la deuda pública

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión ordinaria n.° 6966, acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos” (Expediente N.° 24.285), tras identificar múltiples riesgos ambientales, sociales, económicos y jurídicos asociados a la iniciativa.

Este pronunciamiento se sustenta en un amplio proceso de análisis institucional a partir de observaciones de diversas instancias académicas, entre ellas el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, así como unidades de las Facultades de Ciencias y Ciencias Sociales.

¿Que propone el proyecto? La iniciativa propone titularizar flujos futuros derivados de concesiones de explotación, o incluso de no explotación, de recursos minerales y energéticos, con el fin de destinar dichos ingresos al pago de la deuda pública y a la reducción de tasas de interés. No obstante, el análisis académico advierte que esta lógica se sustenta en proyecciones inciertas y en supuestos que carecen de respaldo técnico y científico.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la Universidad destaca que la iniciativa “podría incentivar una mayor explotación de los recursos naturales con el fin de generar flujos financieros futuros”, lo cual “podría contradecir los principios de conservación y sostenibilidad que caracterizan a Costa Rica”. Asimismo, se advierte que estos flujos “se fundamentan en expectativas inciertas, sujetas a variaciones en los precios internacionales, cambios tecnológicos y contextos políticos”.

El Consejo Universitario también alertó que la titularización propuesta “podría comprometer ingresos del Estado a largo plazo y restringir la capacidad de maniobra financiera de futuras administraciones”, además de generar “dependencia de verificadores externos”, lo que abre la puerta a conflictos de interés y problemas de transparencia.

Desde el punto de vista técnico y jurídico, el proyecto presenta vacíos significativos: “resulta ambiguo en aspectos clave como la valorización de los recursos, la definición de figuras como el ‘verificador externo reconocido’ y los mecanismos de titularización”. A esto se suma el “riesgo de subvaloración de los recursos naturales”, especialmente considerando su potencial valor futuro.

En materia ambiental y de política pública, la UCR advierte que la iniciativa podría entrar en conflicto con normativa vigente y compromisos internacionales del país. En particular, “contradice el decreto ejecutivo n.° 41578-MINAE, que prohíbe la exploración petrolera hasta el 2050, así como la Ley n.° 8904 que declara a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”.

El análisis también enfatiza que el proyecto ignora lecciones históricas en la región: “la idea de que la explotación minera o petrolera permitirá pagar la deuda pública y reducir tasas de interés carece de evidencia y contradice experiencias ampliamente documentadas en América Latina, donde estas actividades no han generado mejoras sustantivas en las condiciones sociales y económicas”.

En esa línea, se advierte que la iniciativa “implica un incentivo perverso hacia una economía extractiva”, profundizando dinámicas de dependencia y “aumentando la deuda ecológica mediante la sobreexplotación de los recursos naturales”.

En este contexto, la Universidad reafirmó su posición histórica: “las moratorias a la explotación petrolera y la prohibición de la minería a cielo abierto son resultado de amplias luchas socioambientales y consensos políticos orientados a proteger el patrimonio natural del país”, por lo que cualquier retroceso en esta materia resulta altamente preocupante.

A debatir y auditar la deuda pública

Durante la discusión en el plenario, distintas personas del Consejo Universitario profundizaron en los vínculos entre la iniciativa y la gestión de la deuda pública, cuestionando el enfoque estructural del proyecto.

En palabras de la M.Sc. Esperanza Tasies Castro, académica que ha estudiado a profundidad los impactos de la deuda: “No puede el Estado destruir el ambiente para pagar a tenedores de bonos que, en muchos casos, definen las tasas de interés en función de sus propias expectativas”.

Tasies advirtió sobre el endeudamiento público, el sistema de la deuda y lo que se conoce como “deuda odiosa” y la “curva soberana”. El proyecto de ley dice que va a bajar los intereses, pero “eso es mentir descaradamente”. Asimismo, recordó que “el déficit creció en un 200% y se prestó para aprobar leyes que han debilitado al Estado y la inversión pública”.

Alertó además sobre los riesgos estructurales del endeudamiento: “la crisis de la deuda, al igual que en Grecia, podría estallar”, lo que refuerza la urgencia de abrir un debate de fondo. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una auditoría de la deuda pública desde la academia.

Por su parte, el director del Consejo Universitario, Dr. Keilor Rojas Jiménez, enfatizó la necesidad de replantear el enfoque del endeudamiento: “Como país, debemos preguntarnos si la salida es vender o comprometer nuestros recursos naturales, o más bien invertir en nuestro principal activo: las capacidades de las personas. Apostar por el conocimiento y la formación ha sido históricamente la vía para construir desarrollo sostenible”.

Finalmente, se subrayó la importancia de abrir un debate más amplio sobre la deuda pública, incluyendo la posibilidad de impulsar -como señala Esperanza Tasies- una auditoría desde la academia.

Dictamen de acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1kQ8KAf84YywuTlsC1eCH22moeFZUrPtZ/view?usp=drive_link

Ordenando el desorden del mundo

Gilberto Lopes
San José, 19 de abril de 2026

Durmiendo en la acera

Salgo de casa por la mañana y lo encuentro a la vuelta de la esquina. El niño duerme en la orilla de la acera. Una frazada roja lo separa del piso de cemento. La madre, envuelta en la bandera de Venezuela, pide ayuda a los carros detenidos en el semáforo.

¿Cómo verá el mundo ese niño cuando se despierte en el piso de la acera? ¿Qué pensará? No sería raro que haya soñado con tener algo para comer. Quizás algo rico.

El 1 de mayo del año pasado, Valentina Oropeza publicó, en BBC Mundo, una entrevista con el economista Omar Zambrano sobre los hallazgos del estudio titulado «Crisis económica y el colapso del acervo de capital humano venezolano».

Zambrano dice que lo peor de la crisis fue la hiperinflación. Entre 2015 y 2017 nadie quería trabajar porque el salario no valía nada.

Los datos son abrumadores; el desorden, enorme: “Venezuela perdió 75% del tamaño de su economía entre 2013 y 2021. Una de las contracciones económicas más severas registradas en la historia moderna. Al menos 7,7 millones de personas emigraron durante la última década”, afirma.

“La depreciación de los salarios y la ola migratoria llevaron a más de cuatro millones de personas en edad de trabajar a salir del mercado laboral, incluidos los trabajadores más jóvenes, más calificados y con mayor experiencia”.

Venezuela: el desorden del mundo

¿Será parte de ese grupo la familia que ahora pide ayuda en las calles de San José?

En la entrevista no hay una sola palabra sobre las causas de este desorden. La periodista tampoco pregunta. Hay que buscar la información en otras fuentes. Por suerte, abundan. Cualquiera que quiera saber tiene a su disposición todo tipo de información, de las más diversas fuentes.

“Desde sus propios inicios, el gobierno de Hugo Chávez confrontó acciones imperiales destinadas a deponerlo. El gobierno de los Estados Unidos en todo momento ha apoyado política y financieramente los intentos de la derecha venezolana por derrocarlo, comenzando por el golpe de Estado de abril 2002 y el paro petrolero-lockout empresarial que prácticamente paralizó al país durante dos meses entre los años 2002 y 2003”, dijo el sociólogo venezolano Edgardo Lander. Chavista al inicio del proceso, hoy está más cerca de la oposición que encabeza María Corina Machado.

¿De qué modo puede un país tener un desarrollo político “normal”, donde cada sector tenga la representación que le corresponda, si un sector es avasallado por las presiones de Washington, mientras el otro cuenta con todo su respaldo? Es imposible.

El desequilibro que eso genera falsea el escenario político, generando, como en el caso de Venezuela, todo tipo de desorden. Primero, el económico, con sus dramáticas repercusiones, incluyendo la migración, de la que tanto reclama Trump. Pero también el político. ¿Cómo se puede pretender tener “elecciones libres” con un sector sometido a las mayores presiones económicas y políticas, que le hacen imposible gobernar? Y si gana la oposición, ese triunfo no representa un balance político interno, sino resultado del desequilibrio provocado por la intervención extranjera.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha sido permanente. Desde fines del siglo pasado, como ya vimos. En 2017, poco antes de dejar el poder, el presidente Barack Obama renovó la abusiva declaración de que Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Luego Trump, en su primer mandato, amplió el bloqueo financiero a Venezuela, extendiéndolo más allá de los Estados Unidos.

En febrero del 2021 la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los efectos de las sanciones a Venezuela, Alena Douhan, presentó un detallado informe sobre los efectos de esas medidas.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez con mayor frecuencia por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, han exacerbado los problemas”, afirma. Los ingresos del gobierno “se redujeron en un 99%, y actualmente el país vive con solo el 1% de los ingresos previos a las sanciones”.

Este no es un trabajo sobre la economía venezolana y no pretende, por lo tanto, discutir sobre las diversas interpretaciones sobre las causas y los orígenes de sus problemas. Nuestro interés es otro: mostrar el desorden que la intervención extranjera –norteamericana y europea principalmente– provocan en la vida de los venezolanos, en el funcionamiento de las instituciones del país.

En abril del 2019, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs expusieron en un trabajo sobre “Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela”, las consecuencias de esas políticas.

Constatamos que las sanciones han infligido, y siguen infligiendo cada vez más, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluyendo un estimado de más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018”, afirmaron.

Es imposible imaginar desorden mayor. No hace falta extendernos aquí sobre los desastrosos efectos de las sanciones sobre la vida política y económica del país, ni sobre la población venezolana.

Cuba: el desorden del mundo

El desorden más escandaloso en América Latina es el provocado por el embargo a que está sometida Cuba hace más de 60 años.

De nuevo, ¿cómo se puede pretender un desarrollo político “normal” –donde cada fuerza política interna tenga la representación que le corresponda– si el gobierno está sometido a sanciones que, en cualquier otro caso, no habría permitido a ningún gobierno de la región sobrevivir más que algunos meses?

No ha sido así en el caso de Cuba. Aquí tampoco voy a entrar a discutir si el gobierno ha acertado siempre. Pero es evidente que ha acertado en lo fundamental, de modo que ni las sanciones norteamericanas, ni el fin del mundo soviético, en el que estaba profundamente inserto, ha significado la caída del gobierno.

Inútil atribuir eso a la “represión”. Sabemos de sobra (y los casos latinoamericanos son prueba de eso) que ninguna represión, por sí misma, explica esa resistencia. Sugiero que las transformaciones realizadas son el fundamento de la explicación, pese el desorden monumental que las sanciones producen en la vida de los cubanos.

En 2024 el gobierno de Cuba presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas un informe sobre los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero a que está sometida, condenado ese año por 187 países, con solo dos votos a favor: el de Estados Unidos y el de Israel.

Solo entre marzo de 2023 y febrero de 2024 el bloqueo representó pérdidas a la isla por poco más de cinco mil millones de dólares. El informe cubano cifra, en dólares corrientes, en más de 164 mil millones los daños de las más de seis décadas de sanciones. Actualizada, la cifra es de 1,5 billones de dólares. Es fácil imaginar el desorden que sanciones como esas causan a cualquier economía.

El resultado es que el país siquiera es capaz hoy de mantener en funcionamiento un sistema eléctrico indispensable para que funcione su economía, sus hospitales, sus escuelas, para que los cubanos puedan mantener refrigeradoras funcionando en sus casas.

La intervención extranjera genera un desorden extraordinario que hace imposible un desarrollo político interno “normal”, que refleje el peso real de cada sector en la vida política del país.

Si la oposición cuenta con el apoyo tan formidable de Washington, ¿cómo pedir al gobierno cubano que juegue como si la cancha estuviera pareja? ¿Cómo pedirle elecciones “libres”, si durante 60 años el gobierno jamás ha podido desarrollar un proyecto sin el sabotaje externo?

El desorden en América Central

La historia de América Central –quizás con excepción de Costa Rica– es un buen ejemplo de los resultados de esas intervenciones.

Un caso especial es el de Guatemala, donde un golpe de Estado promovido por Washington, en 1954, empoderó a los militares, desarticuló la vida política del país, marginó la mayoritaria población indígena, cortó un desarrollo normal de reformas que los dueños de las bananeras norteamericanas en el país no estaban dispuestos a aceptar.

El desorden provocado por ese golpe repercute hasta hoy. El canciller del gobierno del derrocado gobierno de Jacobo Arbenz, Guillermo Toriello, cuenta esa historia en un libro notable, “La batalla de Guatemala”, texto indispensable, pero difícil hoy de conseguir. En todo caso, un texto más reciente, del periodista norteamericano Stephen Kinzer, excorresponsal del New York Times en Centroamérica (y en muchos otros países), cuenta esa historia en “Bitter Fruit: The Story of the American Coup in Guatemala”, publicado en 2005.

Kinzer también escribió sobre la guerra en Nicaragua –Blood of Brothers, publicado en 1991– donde la intervención norteamericana alimentó la guerra contra a revolución sandinista que, además de los miles de muertos y del desorden provocado en los programas de desarrollo del país, terminó resolviéndose en unas elecciones en las que los nicaragüenses estaban advertidos: si no gana la oposición Estados Unidos mantendrá la guerra contra un país ya exhausto y desangrado.

Ganó la oposición, pero el desorden político creado por esa victoria se mantiene hasta hoy, sin que el país haya podido volver a encontrar un equilibrio político, ni un adecuado modelo desarrollo. Por el contrario; como sabemos hoy imperan las duras reglas con las que el régimen de Ortega ha devorado hasta a sus más viejos y cercanos aliados. ¿Qué orden es ese, qué régimen puede sobrevivir en esas condiciones?

El desorden causado por genocidio de Gaza y la guerra contra Irán

El desorden en el mundo tiene otras expresiones más recientes, abrumadoras, de repercusiones universales.

Una es el genocidio de Gaza, dramática herencia que recuerda el genocidio producido por los alemanes en la II Guerra Mundial. Es abrumadora la evidencia de la devastación provocada por Israel, principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania.

En un artículo sobre la pobreza endémica en Gaza y Cisjordania, publicado el 30 de diciembre del 2004, la BBC decía: «Las estadísticas de muerte, destrucción y pobreza no llegan a transmitir el verdadero sufrimiento de la población en los territorios ocupados. Barrios enteros (…) han sido arrasados. En nuestras escuelas una generación completa crece en un ambiente de violencia aterradora. La maldición de la pobreza endémica alcanza ahora a dos tercios de la población».

¡Dicho en 2004! ¿Qué ha pasado desde entonces?

El informe de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos”, publicado en octubre pasado, muestra la dimensión del desorden causado.

La tortura se ha extendido mucho más allá de las prisiones y salas de interrogatorio. “El territorio palestino ocupado se ha convertido en un espacio de castigo colectivo”, dice. O sea, en un campo de concentración.

La complicidad internacional, en particular de Estados Unidos, ha contribuido al genocidio en Gaza, señala el informe. Solo la cifra de muertos en la franja de Gaza superaba ya los 75 mil, consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel desde hace más de dos años.

A la destrucción de Gaza se sumó al cerco de Cisjordania, donde los colonos israelitas han ido ocupando territorio, destruyendo propiedades y asesinado a los antiguos habitantes.

El diciembre pasado la prensa informaba que niños palestinos se congelaban hasta la muerte en los campos de refugiados, mientras Israel bloqueaba la ayuda humanitaria, sin la que no pueden sobrevivir. Limitando el ingreso de alimentos, un cuidadoso plan del gobierno israelí implantó la hambruna en los territorios ocupados desde 1967.

El desorden impuesto en Medio Oriente por Israel y sus aliados es inimaginable. ¿Qué se pretende construir sobre esas ruinas? ¿Podrá el mundo seguir mirando para otro lado mucho tiempo más? Es imposible imaginar la solución de algún problema con el genocidio impuesto por Israel en Palestina.

Pero las bombas siguen estallando. Israel vuelve a atacar el Líbano. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Hasta hoy siguen las discusiones sobre los objetivos de esa guerra, sin que haya claridad sobre cuáles son.

Escuelas y hospitales en ruinas, estrecho de Ormuz cerrado

A mediados de abril se anunció un precario cese al fuego en la guerra que Estados Unidos libra contra Irán.

El New York Times decidió hacer también una pausa en la cobertura de la guerra y echar una mirada a la destrucción provocada por los bombardeos en Irán: “Iran’s Schools and Hospitals in Ruins, Times Analysis Shows”, se titula el artículo, publicado el 9 de abril.

Es probable que la escala de devastación sea mucho mayor que la estimada por el Times, dice la nota. La Sociedad de la Media Luna Roja declaró, el 2 de abril, que al menos 763 escuelas y 316 centros de salud habían resultado dañados o destruidos durante la guerra.

El primer día del ataque, el 28 de febrero, la escuela primaria Shajarah Tayyebeh, en la ciudad de Minab, al sur de Irán, fue bombardeada. El ataque dejó al menos a 175 personas muertas, la mayoría de ellas niños. Los militares habían catalogado la escuela como un objetivo militar, utilizando información desactualizada, de por lo menos diez años antes, dice el periódico.

El derecho internacional humanitario obliga a los comandantes militares a tener en cuenta los posibles daños colaterales a civiles e infraestructuras civiles cuando planifican un ataque, recuerda el Times.

El periódico utilizó imágenes aéreas de alta definición para analizar el resultado de los ataques. Las imágenes fueron mostrando el caos provocado: centenares de escuelas, hospitales, centros de salud, destruidos o dañados. Centenares de niños muertos.

Cerca de la mitad de las escuelas y centros de salud dañados se encontraban en Teherán, una ciudad densamente poblada, donde los bombardeos han sido intensos.

Trump prometió, en algún momento, enviar Irán a la “edad de la piedra”. Hoy, domingo 19 de abril, con las negociaciones entrampadas, amenaza de nuevo con destruir puentes y centrales eléctricas de Irán.

Sus fuerzas acaban de capturar un carguero de bandera iraní en el golfo de Omán. Difícil imaginar caos mayor que el provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. China, particularmente afectada por el cierre de la vía, ha pedido a Irán que la abra, pero ha indicado que la causa del cierre es la guerra provocada por Estados Unidos e Israel.

El 1 de abril, el diario español El País recordaba el caos provocado por la guerra de Irak en 2003, con el apoyo del español José María Aznar y del británico Tony Blair. “El declive de Bagdad dos décadas después de la guerra, espejo para Teherán”, dice el artículo. Caos similar provocó el asesinato del líder libio, Muamar el Kadafi, en octubre del 2011.

Aunque no han logrado el derrocamiento del gobierno iraní, intentado aun antes de la guerra por medio de protestas populares estimuladas por las dificultades económicas creadas en el país por las sanciones norteamericanas, los antecedentes citados muestran las caóticas consecuencias de esas guerras y sanciones.

La necesidad de un nuevo orden

Me parece que no deberíamos cerrar el recorrido por este caos sin mencionar el más reciente esfuerzo por crear un nuevo orden internacional, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó bajo la consigna del “No a la guerra”.

El 17 y 18 de abril, Sánchez celebró, en Barcelona, junto con los presidentes de Brasil, México, Colombia, Uruguay, Africa del Sur y una lista de representantes de diversos países y organizaciones políticas, una Cumbre Global Progresista.

Tiene particular relevancia para América Latina, donde Trump ha proclamado la pretensión de un renovado control sobre su “patio trasero”. Nunca ha dejado América Latina de serlo, sometida a la permanente presión de Washington y la sumisión de la “quinta columna” en la que se basa esa dominación.

Pero si nunca ha dejado de serlo, tampoco nunca ha dejado de haber resistencias. La cumbre de Barcelona revela lo persistente y renovadas que son. El mundo ha cambiado mucho para que las pretensiones anunciadas en 1823 de someter a América Latina puedan ser renovadas sin problemas hoy.

Nadie debe tener vergüenza de ser de izquierda, dijo Lula en Barcelona. Trump está jugando un juego muy peligroso, pensando que puede dictar sus reglas.

O, como dijo la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum: México tiene como principios constitucionales “el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz”.

Estados Unidos está utilizando armas creadas para combatir el narcotráfico como instrumento de presión contra los que no comparten sus políticas en América Latina dijo, por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro.

¿Cuál es nuestra respuesta?, se preguntó: Rebelión. Esto es lo que ocurrirá si el gobierno norteamericano no revisa el caos provocado por sus políticas hacia América Latina, aseguró.

Podrá así ese niño, dormido en la acera en San José, despertar y descubrir otro mundo, donde tenga una cama donde dormir.

FIN

Organizaciones de derechos humanos piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos a Costa Rica

Más de cuarenta organizaciones nacionales e internacionales firmaron un pronunciamiento en el que solicitan al Estado costarricense detener los acuerdos que permiten deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica. El documento advierte que experiencias previas demostraron graves violaciones a derechos humanos de personas migrantes trasladadas al país, especialmente en el CATEM, y exige transparencia sobre cualquier nuevo memorando bilateral.

SURCOS presenta el texto del pronunciamiento:

● Experiencias anteriores demuestran que Costa Rica no está preparado para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad humana deportadas, aseguran las organizaciones.
● Así mismo, hacen un llamado al gobierno para que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo que permitiría deportaciones masivas de hasta 25 personas en movilidad humana desde Estados Unidos, por semana, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida relacionadas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

Costa Rica, 26 de marzo de 2025.- Las organizaciones firmantes, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, manifiestan su preocupación por el reciente anuncio hecho por el gobierno de Costa Rica según el cual ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos para la deportación semanal de hasta 25 personas extranjeras desde dicho país.

De implementarse el acuerdo, Costa Rica sería uno de los países del mundo que más personas de terceros países recibiría deportadas desde Estados Unidos, según se deduce tras revisar las cifras registradas, país por país, por el Observatorio de Deportaciones a Terceros Países (Third Country Deportation Watch).

Ello es particularmente grave porque ha quedado demostrado que no hay condiciones para la garantía de los derechos de estas personas. En febrero de 2025, cerca de 200 personas en movilidad humana, incluidos 80 niños y niñas de Rusia, Armenia, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades, fueron deportadas en dos vuelos provenientes de Estados Unidos y fueron privadas de su libertad en el Centro de Atención para Migrantes (CATEM) en Costa Rica. El Estado costarricense las detuvo arbitrariamente, les retiró indebidamente sus documentos de identidad, no les brindó atención médica oportuna, interpretación a sus idiomas, ni educación o instalaciones adecuadas para los niños y las niñas.

Hasta la fecha las organizaciones conocen sobre el paradero y la suerte de aproximadamente el 5% de las personas que estuvieron detenidas en el CATEM, y existen indicios de que un buen número de ellas fueron devueltas a sus países de origen, en donde su vida e integridad corren peligro, como el caso de una mujer de Rusia entrevistada por la organización Refugees International. Adicionalmente, información reciente reportada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica indica que de las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario (aunque la voluntariedad de estos retornos es cuestionable dada la coacción a la que estaban sometidas las personas), 34 personas lo hicieron tras presentar solicitudes de refugio y 57 más realizaron salidas voluntarias.

Según pudieron constatar organizaciones de la sociedad civil en 2025, estas personas no tuvieron acceso oportuno a la información sobre asilo u otros derechos en sus idiomas y se puso en riesgo a personas con necesidades de protección internacional.

En el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto por defensores de derechos humanos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró en junio de 2025 la vulneración del derecho a la libertad personal de estas personas, ordenó a las autoridades su liberación y determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda requerían por parte del Estado. En su decisión, la Sala Constitucional también condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Nueve meses después de la decisión de la Sala Constitucional, el Estado aún no ha realizado el análisis de las necesidades sociales. Quienes aún permanecen en Costa Rica han enfrentado múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales y han dependido de la solidaridad de la ciudadanía para permanecer en el país. Mientras las autoridades costarricenses siguen sin dar respuestas efectivas en materia de salud, vivienda, alimentación ni educación, estas personas conviven con los impactos de la detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

A la luz de este historial, las organizaciones manifiestan una gran preocupación de que, de aplicarse, este nuevo acuerdo repita las violaciones a derechos humanos que ya ocurrieron. Por eso, piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica.

Adicionalmente y según un comunicado de la presidenta electa, Laura Fernández, el acuerdo también facilita el retorno de las personas a sus países de origen, lo que podría implicar una violación al principio de no devolución (non-refoulement) en caso de que no se realicen valoraciones adecuadas del riesgo que corren las personas al ser regresadas a sus países.

Las organizaciones son enfáticas en afirmar que, de ejecutarse este nuevo acuerdo anunciado, Costa Rica incumpliría con sus obligaciones nacionales e internacionales, como el principio de no-devolución, se convertiría en cómplice de la implementación de políticas crueles que atentan contra la dignidad de las personas y desconocería el derecho a solicitar protección internacional, así como el derecho al debido proceso.

Las medidas que trasladan las responsabilidades de la gobernanza migratoria entre Estados incrementan los riesgos de violaciones de derechos humanos para las personas en movilidad humana, y posicionan a Costa Rica como un Estado cómplice -y también responsable directo- de las violaciones que está cometiendo Estados Unidos al realizar deportaciones en cadena sin el debido proceso, como lo han identificado las organizaciones Human Rights First y Refugees International en su informe “This is an order from Trump” (Esta es una orden de Trump).

Estas políticas de expulsiones en cadena se han traducido en tratos inhumanos, humillantes y degradantes durante los procesos de detención y deportación, separaciones familiares, falta de confianza en el acceso a la justicia y a los servicios sociales básicos a los que toda persona tiene derecho.

Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a que su integridad, su vida y su dignidad sea garantizada. Este deber se ve reforzado respecto de aquellas personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad, como las personas en movilidad, especialmente niños y niñas y personas con necesidades de protección internacional.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado al Estado de Costa Rica a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la protección de las personas en situación de movilidad humana. Asimismo, le exigen al Estado que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo al que ha llegado con Estados Unidos, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida concretas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

A la sociedad en general, las organizaciones piden expresar su solidaridad con las personas en movilidad humana que han sido o están en riesgo de ser detenidas y deportadas desde Estados Unidos, y hacer un llamado de atención al gobierno para que implemente soluciones reales que fomenten la libertad, la seguridad y el bienestar para todas las personas y familias.

Firmas de organizaciones

Alianza Américas
American Friends Service Committee (AFSC)
Arrecife
Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA), Argentina
Bloque Latinoamericano sobre Migración
Buen Vivir Costa Rica
Canadian Centre Universal for Human Rights Society
CAREF
Center for Engagement and Advocacy in the Americas (CEDA)
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Centro de Amigos para la Paz (Costa Rica)
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CISAS
Consejo Global de Litigio Estratégico
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
Corporación Alianza Migrante
Feministas Picos Rojos, Costa Rica
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Justicia y Género
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de trabajo Agenda CEDAW
Hope Border Institute
Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras (IDESMULH)
Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)
Latin America/Caribbean Committee (LACC) of Loretto Community
Núcleo de investigación y acción en psicología y violencia
Observatorio de Medios de Comunicación y Género (GEMA)
OTRANS-RN
Plataforma Social Moraviana
Red CLAMOR
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Red Jesuita con Migrantes (RJM)
Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México
Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA)
Refugees International
Remunic
Servicio Jesuita para Migrantes – Costa Rica
Unitarian Universalist Service Committee
Universidad Bíblica Latinoamericana

Imagen de cabecera: Defensoría de los Habitantes

Convocan protesta para defender bosque de Playa Panamá

El movimiento ciudadano Salvemos Playa Panamá convocó a una protesta para el miércoles 22 a las 4:00 p.m., en la segunda entrada a Playa Panamá, como respuesta a la anunciada afectación de aproximadamente 700 árboles en esa zona costera de Guanacaste.

Según la convocatoria difundida por la organización, la manifestación surge luego de que autoridades del SINAC y el MINAE habrían firmado decisiones que permitirían la intervención del bosque, situación que las personas defensoras del territorio califican como una “sentencia de muerte” para una importante cobertura arbórea en el lugar.

El movimiento también señala que el caso se desarrolla en medio de una investigación penal y de un proceso en la Sala Constitucional (Sala IV), elementos que, según sostienen, vuelven aún más preocupante cualquier autorización de tala o modificación ambiental mientras existen asuntos legales pendientes.

La protesta busca visibilizar la defensa del bosque, la biodiversidad y el acceso ciudadano a información transparente sobre decisiones que impactan ecosistemas costeros de alto valor ecológico y social. Playa Panamá es una de las zonas de mayor atractivo turístico del Pacífico norte, por lo que el conflicto también pone en debate el modelo de desarrollo en áreas sensibles.

Las personas organizadoras llaman a comunidades, organizaciones ambientales y ciudadanía en general a sumarse a la movilización para exigir protección del bosque y respeto a los procesos legales en curso.

Nueva sentencia contra expsicólogo reaviva llamado a justicia para sobrevivientes

Diversos sectores celebraron la nueva sentencia dictada este 15 de abril contra Carlos Garita, expsicólogo del Hospital Roberto Chacón Paut, en un caso presentado como símbolo de la lucha contra la violencia y la impunidad dentro de instituciones públicas. El pronunciamiento destaca que la resolución judicial representa un paso importante para las sobrevivientes, luego de un proceso calificado como largo, doloroso y revictimizante.

Según el texto difundido, las denunciantes debieron enfrentar nuevamente el proceso tras la anulación de una sentencia previa en 2024 por errores técnicos. Esa decisión obligó a repetir declaraciones y prolongó durante años el desgaste emocional provocado por el caso, además de exponer fallas estructurales del sistema judicial en la atención a personas sobrevivientes.

El mensaje reconoce especialmente la valentía de Melissa y Karen, señaladas como ejemplo de dignidad y perseverancia por sostener sus testimonios a pesar de los obstáculos enfrentados. También subraya que su búsqueda de justicia trascendió el ámbito personal, al contribuir a la protección de otras personas usuarias del sistema de salud.

La consigna final del comunicado, “¡Hasta que la dignidad sea costumbre!”, resume el reclamo por una justicia más sensible, eficaz y libre de revictimización para quienes denuncian violencia.