Representantes del pueblo Bribri de Talamanca alertaron sobre el conflicto que ha generado dentro del territorio la negociación de un convenio relacionado con mercados de carbono y reiteraron que cualquier decisión sobre el uso y manejo de los bienes naturales debe respetar la libre determinación, la consulta y los mecanismos propios de gobierno indígena.
Las declaraciones fueron realizadas durante el programa Voces y Política de Radio Universidad, el pasado miércoles 8 de julio, dedicado a analizar la situación que vive actualmente el territorio indígena Bribri de Talamanca, a partir del debate sobre los mercados de carbono y los desafíos que enfrenta la autonomía indígena frente a nuevas presiones sobre el territorio.
Durante el programa, el educador y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Emanuel Buitrago Páez, señaló que la discusión no gira únicamente alrededor de un conflicto o contrato específico, sino sobre el derecho de las comunidades a decidir el futuro de su territorio.
«Lo que nosotros hemos defendido históricamente es nuestro proyecto de vida. Ese proyecto de vida está constituido por la tierra, los bosques, los ecosistemas, los ríos, nuestras formas de producción, nuestra alimentación y nuestras expresiones culturales.»
Buitrago explicó que, históricamente, Talamanca ha enfrentado distintas presiones vinculadas a intereses petroleros, madereros, hidroeléctricos y, más recientemente, a mecanismos de mercado asociados al carbono. En ese contexto, cuestionó que continúen impulsándose iniciativas sin que exista información suficiente ni procesos adecuados de consulta con las comunidades.
Asimismo, recordó que la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Talamanca (ADITIBRI) había eliminado en 2025 la posibilidad de negociar nuevos contratos relacionados con mercados de carbono y que, tras reabrirse la discusión este año, la Asamblea acordó la destitución de la Presidencia de la Asociación.
«La posición que han sostenido las comunidades ha sido muy clara: cualquier decisión de esta naturaleza debe ser informada, consultada y respetar plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.»
Por su parte, la lideresa indígena Faustina Torres destacó que el pueblo Bribri mantiene estructuras propias de organización y autoridades tradicionales que continúan orientando la vida comunitaria y la defensa del territorio.
«La comunidad es la que decide; la comunidad vela por los principios de la colectividad y por los derechos propios», afirmó, al explicar que la representación jurídica no sustituye las decisiones colectivas que corresponden al pueblo.
Torres también manifestó su preocupación por los efectos que estas disputas generan dentro del territorio y advirtió sobre las consecuencias sociales y culturales de las campañas de desinformación.
«Actualmente es muy triste ver a mi pueblo dividido, defendiendo intereses alejados de la verdad. Como indígenas tenemos que fortalecer nuestra forma de vivir, de pensar y de sentir esta realidad.»
La lideresa recordó que las amenazas sobre Talamanca no son nuevas y forman parte de una larga historia de defensa territorial frente a intereses externos.
«Así como nuestros mayores y nuestros ancestros lucharon para mantener este territorio y nuestra cultura, también nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo.»
Las personas participantes coincidieron en que el debate actual trasciende el tema de los mercados de carbono y plantea preguntas fundamentales sobre la autonomía indígena, la representación, el derecho a la consulta y la defensa del proyecto de vida del pueblo Bribri.
El Programa Voces y Políticaes una producción conjunta de la Escuela de Ciencias Políticas, el Observatorio de la Política Internacional, la Escuela de Estudios Generales y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Para conocer las entrevistas completas y el contexto del debate puede consultarse la edición correspondiente del programa Voces y Política: https://www.youtube.com/watch?v=0ROQEsLmXY8
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
Este lunes 13 de julio, el periódico La Nación y diversas redes sociales informaron que la delegación costarricense ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó expresamente los términos “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad”. La intervención tuvo lugar el pasado 8 de julio, después de que el Consejo aprobara por consenso una resolución sobre los derechos de las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias.
La diputada oficialista y pastora evangélica Kattia Mora se atribuyó públicamente la gestión que condujo a esa posición y agradeció a la presidenta Laura Fernández por ordenar que la delegación costarricense defendiera lo que ella denominó la “correcta conceptualización” del género, la masculinidad, la femineidad, la “familia natural” y la autoridad parental.
No estamos ante una simple discusión semántica, una cautela diplomática o una controversia académica acerca de la precisión de ciertas palabras. Estamos ante algo mucho más grave: el Gobierno de Costa Rica ha convertido una agenda religiosa conservadora en política exterior del Estado y pretende presentar esa regresión como defensa de la soberanía, la democracia y el ordenamiento jurídico nacional.
La operación es transparente. Primero se declaran superadas las desigualdades. Después se abandona los espacios internacionales que permiten examinarlas. Luego se debilita las instituciones nacionales encargadas de atenderlas. Finalmente, se intenta desacreditar las palabras indispensables para nombrarlas.
No se pretende corregir el lenguaje. Se pretende impedir que el lenguaje revele la realidad.
Los tratados no son diccionarios congelados
El argumento central expuesto por Costa Rica sostiene que “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad” no han sido definidos en tratados internacionales vinculantes y que su utilización podría constituir una expansión no autorizada de esos instrumentos.
El razonamiento parece jurídico, pero es profundamente engañoso.
Los tratados internacionales no son diccionarios cerrados ni cápsulas lingüísticas congeladas en el momento de su aprobación. Consagran derechos, obligaciones y principios generales que deben ser interpretados frente a nuevas realidades históricas. Si solamente pudieran reconocerse las violencias mencionadas literalmente en tratados redactados hace varias décadas, tampoco sería posible hablar de violencia digital, acoso virtual, discriminación algorítmica, violencia obstétrica o persecución mediante nuevas tecnologías.
Una resolución del Consejo de Derechos Humanos no tiene por sí misma la misma fuerza vinculante de un tratado. Eso es elemental. Pero de esa premisa correcta no se desprende que los conceptos empleados en ella sean ilegítimos, antijurídicos o contrarios a la soberanía nacional.
“No vinculante” no significa falso. “No definido en un tratado” no significa inexistente. “Interpretativo” no significa clandestino.
El Gobierno toma una verdad jurídica parcial y la utiliza para fabricar una conclusión ideológica. Convierte la necesaria prudencia frente a las fuentes del derecho internacional en una censura del conocimiento: solo podría reconocerse aquello que ya fue nombrado expresamente por los tratados.
Esa posición no protege el derecho. Lo condena a la ceguera.
La violencia reproductiva existe, aunque el Gobierno se niegue a nombrarla
La expresión “violencia reproductiva” no fue inventada para introducir una agenda extranjera por la “puerta del patio”. Designa conductas concretas: anticoncepción forzada o deliberadamente negada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización impuesta, ataques contra servicios de salud reproductiva y otras intervenciones violentas destinadas a controlar la capacidad reproductiva de una persona o de un grupo.
La resolución aprobada el 7 de julio constituye el primer documento negociado de Naciones Unidas que reconoce expresamente la violencia reproductiva como una categoría diferenciada de violencia de género. Varias de las conductas que comprende ya se encuentran prohibidas por el derecho penal internacional; lo novedoso es que ahora se las reúne bajo un concepto que permite identificarlas, documentarlas y enfrentarlas integralmente.
El término no crea la violencia. Hace visible una violencia que ya existe.
Por eso, la pregunta que el Gobierno debe responder no es si la expresión aparece literalmente en un tratado, sino qué pretende proteger negándose a llamar violencia reproductiva al embarazo forzado, la esterilización impuesta o la anticoncepción obligatoria.
Desde luego, no protege a las mujeres y niñas que padecen esas prácticas.
Nombrar una violencia permite reconocer a sus víctimas, producir información, diseñar políticas públicas, establecer responsabilidades y construir mecanismos de reparación. Borrar el concepto fragmenta los daños, invisibiliza a quienes los sufren y facilita la impunidad.
Cuando el Gobierno rechaza la expresión, no elimina la violencia reproductiva. Elimina una herramienta para exigirle que actúe frente a ella.
La masculinidad patriarcal no es una acusación contra todos los hombres
El Gobierno también rechaza la expresión “masculinidad patriarcal”, como si se tratara de una condena indiscriminada contra los hombres o de una negación de la masculinidad. Eso es falso.
El concepto se refiere a un modelo cultural específico que vincula ser hombre con dominar, controlar, ejercer autoridad sobre las mujeres, reprimir las emociones, resolver los conflictos mediante la fuerza y considerar la igualdad como una amenaza. No afirma que todos los hombres sean violentos ni que la masculinidad sea esencialmente negativa. Cuestiona una forma histórica de socialización masculina que produce relaciones desiguales y normaliza determinadas violencias.
El propio Consejo de Derechos Humanos utilizó expresamente el concepto en una resolución de 2025, también adoptada sin votación. En ella exhortó a combatir estereotipos, normas y valores perjudiciales como la masculinidad patriarcal, el sexismo y la misoginia, y al mismo tiempo convocó a hombres y niños a actuar como aliados, beneficiarios y modelos positivos para la igualdad.
No se está acusando a los hombres. Se les está invitando a abandonar una forma de masculinidad basada en el poder y la subordinación.
La incomodidad del Gobierno con el concepto resulta todavía más reveladora cuando Naciones Unidas ha documentado que siete de cada diez mensajes de odio y discriminación analizados en Costa Rica durante 2025 fueron emitidos por hombres y que las “masculinidades agresivas” cumplen un papel determinante en la violencia de las redes sociales.
En lugar de examinar ese fenómeno, el Gobierno opta por negar la categoría que permite comprenderlo.
Rechazar la interseccionalidad es decidir no ver
La interseccionalidad tampoco es un nuevo derecho creado a espaldas de los Estados. Es una herramienta analítica que permite comprender que las discriminaciones no actúan siempre de manera separada.
Una mujer indígena, pobre, migrante y con discapacidad no experimenta cuatro discriminaciones completamente aisladas. Vive una situación específica, producida por la interacción entre el género, la condición económica, el origen étnico, la discapacidad y el estatus migratorio.
Una guía oficial de Naciones Unidas define la interseccionalidad como un marco que permite reconocer cómo distintas identidades y condiciones sociales se superponen y generan experiencias acumuladas de discriminación y opresión. La vincula directamente con los principios de igualdad y no discriminación y con la elaboración de políticas públicas eficaces.
Rechazarla no aumenta la seguridad jurídica. Reduce deliberadamente la capacidad del Estado para comprender a las personas que padecen varias desigualdades simultáneamente.
El Gobierno no está defendiendo la igualdad. Está defendiendo una versión abstracta de ella, tan general que termina borrando las diferencias reales entre las personas.
El Gobierno cita el derecho a medias
La intervención costarricense también invocó el artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la autonomía corporal y los derechos reproductivos no pueden desconocer la protección de la vida desde la concepción.
Pero omitió un detalle imposible de considerar secundario: la interpretación que la Corte Interamericana realizó precisamente en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica.
La Corte estableció que la expresión “en general”, contenida en el artículo 4.1 de la Convención, impide interpretar la protección de la vida prenatal como absoluta. Determinó que esa protección es gradual e incremental, que debe armonizarse con los demás derechos y que, para efectos de la Convención, la concepción se produce con la implantación del embrión en el útero. También afirmó que la defensa absoluta del embrión no puede utilizarse para anular completamente los derechos de otras personas.
La delegación no podía ignorar esa sentencia. Costa Rica fue el Estado condenado.
Citar el artículo 4.1 y omitir deliberadamente las palabras “en general”, el principio de protección gradual y la jurisprudencia dictada contra el propio país no constituye una interpretación jurídica completa. Es propaganda construida con fragmentos jurídicos.
Algo semejante ocurre con el Estatuto de Roma. El Gobierno pretende imponer la definición contenida en su artículo 7.3 como la única acepción admisible de género en todo el derecho internacional. Pero el propio artículo comienza indicando que esa definición rige “para los efectos del presente Estatuto”, es decir, dentro del ámbito específico de la responsabilidad penal internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha señalado, además, que la expresión “en el contexto de la sociedad” remite a construcciones y criterios sociales utilizados para definir el género.
Transformar una definición contextual del Estatuto de Roma en una prohibición universal de cualquier otra comprensión del género no es respetar el tratado. Es deformarlo para adaptarlo a una doctrina religiosa.
La autoridad parental no convierte a los hijos en propiedad ideológica
La representación costarricense también sostuvo que la educación sexual y el autocuidado no deben desplazar el derecho de los padres a orientar a sus hijos, e invocó el artículo 143 del Código de Familia.
Pero ese artículo no establece ningún derecho de veto de los progenitores sobre la educación científica, sanitaria o sexual que el Estado debe garantizar. Reconoce derechos y deberes de orientación, educación, cuidado, vigilancia y disciplina, pero también impone la obligación de proteger a las personas menores de edad frente a toda forma de violencia, incluidas las relaciones impropias. Incluso prohíbe expresamente el castigo corporal y los tratos humillantes.
La responsabilidad parental no es soberanía privada sobre la conciencia, el cuerpo o la información que reciben los hijos.
Las personas menores de edad son titulares de derechos. La educación sexual puede protegerlas contra el abuso, la manipulación, las relaciones impropias, las infecciones, los embarazos forzados y la desinformación. Y esos riesgos no siempre provienen de extraños. Muchas veces nacen dentro de los propios espacios familiares o religiosos que reclaman autoridad absoluta sobre ellas.
Presentar la educación sexual como una amenaza contra las familias no protege a la niñez. Protege el silencio del que se benefician quienes abusan de ella.
La mentira del país que ya está “al día”
Esta intervención tampoco aparece de la nada. Forma parte de una secuencia iniciada durante la administración de Rodrigo Chaves y profundizada por Laura Fernández.
El 7 de abril de 2026, cuando faltaba aproximadamente un mes para concluir el Gobierno anterior, Costa Rica se retiró del grupo de la Organización de Estados Americanos dedicado a los derechos de las personas LGBTIQ+. El entonces canciller Arnoldo André justificó la decisión alegando que el país había completado “la protección plena de los derechos de todas las minorías”.
Laura Fernández no corrigió esa ficción. La convirtió en doctrina gubernamental.
El 3 de junio afirmó que ya no quería ver a Costa Rica participando en foros relacionados con “derechos, diversidades y esas cosas”, porque el país estaba, “gracias a Dios, al día”. También declaró que no quería que la Agenda 2030 siguiera ingresando “por la puerta de la cocina”.
La frase “gracias a Dios” no fue accidental. Revela el marco desde el cual se está reorientando la política exterior: no desde el Estado social y democrático de derecho, no desde la evidencia y no desde las obligaciones internacionales, sino desde una lectura religiosa particular sobre cuáles derechos merecen discutirse y cuáles deben declararse concluidos.
Pero Costa Rica no está “al día”.
Durante 2025 se registraron más de 2,1 millones de mensajes de odio y discriminación en redes sociales. Los ataques contra personas LGBTIQ+ aumentaron un 344 %, el mayor crecimiento entre todas las categorías estudiadas. También continuaron creciendo los ataques contra mujeres, especialmente contra lideresas, defensoras de derechos y mujeres en posiciones públicas.
Al cierre de ese mismo año, el Observatorio de Género del Poder Judicial registraba 33 femicidios y todavía analizaba otras 28 muertes violentas de mujeres para determinar si el género había intervenido en sus motivaciones.
Un país con esas cifras no puede declararse satisfecho. Un Gobierno que lo hace no demuestra optimismo: demuestra indiferencia o voluntad de ocultamiento.
La igualdad formal ante la ley no elimina la violencia por prejuicio, la discriminación laboral, el acoso, los femicidios, la expulsión familiar, los discursos religiosos de odio ni las desigualdades estructurales.
Declarar que todos los derechos ya están garantizados permite abandonar los espacios internacionales, reducir el escrutinio y dejar de rendir cuentas. Esa es la verdadera función política del discurso del país “al día”.
La hipocresía sentada en el centro del poder
La posición gubernamental resulta todavía más hipócrita al observar quién ocupa actualmente dos de los cargos más poderosos del Poder Ejecutivo.
Rodrigo Chaves, expresidente de la República, fue nombrado por Laura Fernández ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda. Desde esas posiciones coordina simultáneamente la articulación política y económica del Gobierno.
Antes de llegar al poder en Costa Rica, Chaves fue sancionado administrativamente por el Banco Mundial por conductas inapropiadas de naturaleza sexual. El Tribunal Administrativo del organismo reprochó que Recursos Humanos no hubiera determinado expresamente si esas actuaciones constituían acoso sexual, reconoció que la conducta era de naturaleza sexual y que Chaves sabía o debía saber que no era bienvenida. El propio Banco Mundial admitió posteriormente que habría sido razonable concluir que los hechos sustentaban una determinación de acoso sexual.
Debe decirse con precisión: no se trató de una condena penal. Pero tampoco existió la absolución que Chaves ha pretendido presentar públicamente.
Resulta grotesco que un Gobierno que concentra semejante poder en un hombre sancionado por conductas sexuales inapropiadas pretenda ahora eliminar del lenguaje internacional los conceptos utilizados para analizar el acoso, las jerarquías de género, la autonomía corporal y las relaciones patriarcales de poder.
Se combate el concepto, pero se rehabilita al poderoso. Se desacredita el lenguaje de las víctimas, pero se premia políticamente al sancionado.
Esa no es una contradicción accidental. Es el funcionamiento habitual de un poder que exige silencio a quienes denuncian y absoluta indulgencia para quienes mandan.
Desmantelar al INAMU y después negar la violencia
La negación discursiva ha avanzado paralelamente con el debilitamiento material de la institucionalidad encargada de proteger a las mujeres.
Durante la administración anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres quedó sometido a cuestionamientos por politización, inacción frente a la violencia femicida, utilización dudosa de recursos y una reestructuración prevista para culminar en 2026. Esa reorganización contempla el cierre de la oficina que atendía la enorme mayoría de los casos de violencia. El programa Puntos Violeta había consumido al menos ₡535 millones sin producir los resultados esperados.
No estamos ante una simple reorganización administrativa. Estamos ante un proceso de desmantelamiento político, presupuestario, técnico y epistemológico.
Se debilita la institución que debe prevenir la violencia. Se desarticulan sus capacidades de atención. Se cuestiona el enfoque de género. Se sustituyen políticas especializadas por programas publicitarios. Después se proclama que los derechos ya están garantizados y que las categorías internacionales son innecesarias.
Primero se incapacita al Estado para ver. Luego se utiliza su ceguera como prueba de que nada ocurre.
La ofensiva contra las palabras y el debilitamiento del INAMU son partes de una misma política: reducir la capacidad pública de reconocer la desigualdad, atender a las víctimas y responsabilizar a los agresores.
Kattia Mora: del púlpito a la política exterior
La participación de la diputada Kattia Mora tampoco puede tratarse como un detalle anecdótico.
El problema no es que una persona religiosa llegue a la Asamblea Legislativa. En una democracia, creyentes y no creyentes poseen los mismos derechos políticos. El problema surge cuando una autoridad religiosa utiliza el poder estatal para convertir su doctrina particular en política obligatoria para toda la sociedad.
Mora forma parte del bloque cristiano de la fracción oficialista. Durante la campaña trascendió una alianza entre Pueblo Soberano y organizaciones evangélicas vinculadas con Foro Mi País, cuyo dirigente afirmó que el partido había incorporado 24 candidaturas relacionadas con esos sectores. Mora fue identificada como pastora evangélica e integrante de ese bloque; también es esposa de un expresidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense.
El 18 de junio, Mora organizó en la Asamblea Legislativa una conferencia de prensa para atacar la sentencia 3787-E1-2026 del Tribunal Supremo de Elecciones. El fallo había declarado con lugar recursos de amparo contra Pueblo Soberano y el pastor Reinaldo Salazar por utilizar motivos religiosos para inducir el voto a favor del oficialismo. El TSE confirmó oficialmente que la actividad fue organizada por la diputada.
El caso incluía un folleto titulado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?”, del cual el partido financió 200.000 ejemplares para distribuirlos masivamente por medio de pastores y líderes religiosos. El Tribunal consideró que esa combinación de mensajes electorales, creencias religiosas y autoridad espiritual afectaba la libre determinación del electorado.
Durante la conferencia organizada por Mora, un asesor presidencial calificó la sentencia como “terrorismo de Estado”, acusó al TSE de actuar como partido de oposición y sugirió que sus magistrados eran “progres” y “ateos” que perseguían al pueblo cristiano.
La gravedad es evidente: una integrante del Poder Legislativo utilizó las instalaciones y la autoridad simbólica de la Asamblea para facilitar una ofensiva contra el órgano constitucional encargado de garantizar la libertad electoral.
Existe además un antecedente que demuestra que este conflicto no comenzó en 2026. En 2014, el TSE declaró con lugar un recurso contra la Federación Alianza Evangélica Costarricense por publicar propaganda que invocaba textos bíblicos, el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo para orientar el voto.
Ese antecedente no convierte a Mora en responsable de los hechos de 2014. Sí demuestra que determinados sectores político-religiosos mantienen desde hace años una disputa con los límites constitucionales que impiden utilizar la autoridad pastoral para condicionar el sufragio.
Menos de un mes después de organizar la ofensiva contra el TSE, Mora se atribuye haber conseguido que Costa Rica rechace ante Naciones Unidas los conceptos de violencia reproductiva, masculinidad patriarcal e interseccionalidad.
La secuencia no puede ser más clara:
autoridad religiosa utilizada para orientar el voto; candidaturas incorporadas mediante alianzas con organizaciones evangélicas; ataque al Tribunal que intenta hacer respetar los límites constitucionales; presión sobre el Poder Ejecutivo; y conversión de la doctrina religiosa en posición oficial de Costa Rica ante las Naciones Unidas.
Kattia Mora ya no se limita a representar a una comunidad creyente. Actúa como transmisora de una agenda confesional hacia el interior del Estado.
¿Quién dirige realmente la política exterior costarricense?
Una diputada tiene derecho a realizar gestiones, plantear posiciones y ejercer control político. Lo que no puede normalizarse es que un despacho legislativo, una pastora y organizaciones religiosas externas aparezcan determinando el contenido de la representación internacional de Costa Rica sin un proceso público, plural, técnico y transparente.
La pregunta es inevitable:
¿Quién definió la posición presentada en Ginebra?
¿Fue elaborada por especialistas en derecho internacional y derechos humanos? ¿Fue consultada con el INAMU, organizaciones de mujeres, instituciones académicas y sectores afectados? ¿Respondió a una directriz formal de la Cancillería? ¿O fue producto de gestiones políticas realizadas para satisfacer a la base religiosa del oficialismo?
La diputada afirma que su despacho intervino. Una organización pastoral agradece que las preocupaciones de determinados sectores fueran canalizadas hacia las autoridades. La presidenta celebra el cierre de espacios internacionales sobre derechos y diversidad. La delegación reproduce argumentos característicos del conservadurismo religioso.
No se necesita imaginar una conspiración. Los propios protagonistas están describiendo públicamente el mecanismo de influencia.
La política exterior de Costa Rica no puede convertirse en la prolongación internacional de un púlpito.
La soberanía como coartada
Los defensores del Gobierno alegarán que Costa Rica tiene derecho a formular reservas, proteger su soberanía y evitar que resoluciones no vinculantes modifiquen el ordenamiento interno sin intervención de la Asamblea Legislativa.
Nadie discute ese derecho.
Costa Rica podía precisar los alcances jurídicos de la resolución, solicitar definiciones, señalar que determinadas recomendaciones requerían desarrollo legislativo o explicar cuáles medidas debían adoptarse mediante procedimientos internos.
Pero no hizo solamente eso.
Desacreditó conceptos utilizados por los organismos internacionales para comprender violencias reales. Omitió la jurisprudencia interamericana dictada contra el propio país. Universalizó indebidamente una definición contextual del Estatuto de Roma. Presentó la educación sexual como amenaza a la autoridad parental. Y permitió que una agenda religiosa particular fuera exhibida como la única interpretación jurídicamente correcta de la familia, el género y la vida.
Eso no es defensa de la soberanía.
Es utilizar la soberanía como coartada para sustraer al Estado del escrutinio internacional y convertir una moral religiosa particular en norma pública.
La soberanía democrática pertenece al pueblo plural, no a una iglesia, a una pastora, a una alianza electoral ni a la mayoría circunstancial que ocupa el Gobierno.
No se borran palabras: se abandonan personas
El Gobierno declara que los derechos ya están garantizados mientras crecen los discursos de odio. Abandona los foros internacionales mientras persisten los femicidios y la violencia contra las personas LGBTIQ+. Debilita al INAMU mientras las mujeres siguen siendo asesinadas. Rechaza la expresión “masculinidad patriarcal” mientras concentra un enorme poder en un hombre sancionado por conductas sexuales inapropiadas. Invoca la protección de la niñez mientras combate las herramientas educativas que permiten reconocer el abuso. Y habla de neutralidad mientras una diputada-pastora celebra haber convertido su doctrina en posición oficial del Estado.
No existe neutralidad en esa conducta.
Existe una política coherente de negación.
El Gobierno no está librando una batalla contra palabras imprecisas. Está librando una batalla contra los marcos jurídicos y conceptuales que permiten a las mujeres, a las personas sexualmente diversas y a otros grupos discriminados nombrar lo que padecen, exigir protección y reclamar responsabilidades.
Por eso debemos decirlo sin eufemismos: la intervención de Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos constituye una regresión deliberada, una vergüenza diplomática y una peligrosa confesionalización del Estado.
Cuando se borran las palabras con las que se nombra una injusticia, la injusticia no desaparece. Desaparecen las víctimas del campo de visión del poder.
Y cuando un Gobierno necesita prohibir las palabras con las que se identifica una violencia, generalmente no es porque la violencia haya terminado, sino porque ha decidido dejar de responder por ella.
Feministas Picos Rojos Costa Rica advirtió sobre el debilitamiento de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia de género, al señalar la eliminación del Departamento de Violencia de Género del INAMU, la ineficacia de los «Puntos Violeta» y el aumento de los femicidios.
13 de julio de 2026. El colectivo Feministas Picos Rojos Costa Rica denuncia “con profunda preocupación” el deterioro sistemático del Estado Social y Democrático de Derecho en el país, el cual afecta de manera directa y desproporcionada la seguridad y los derechos fundamentales de las mujeres.
A través de un manifiesto público, la organización señala que las decisiones políticas actuales están desmantelando las capacidades institucionales históricas de Costa Rica. Entre los retrocesos más graves destacan la eliminación del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la ineficacia de alternativas recientes como los «Puntos Violeta», mecanismos que han dejado desprotegidas a cientos de víctimas en un contexto nacional crítico.
La organización resalta que estas medidas ocurren en medio de una crisis de violencia extrema. Las cifras registradas muestran un preocupante incremento en los delitos de odio contra las mujeres, contabilizando 36 femicidios y 78 muertes violentas en investigación al cierre del periodo anual 2025, lo que equivale al asesinato por razones de género de una mujer aproximadamente cada cinco días.
Asimismo, el colectivo alerta sobre el impacto a largo plazo de la eliminación de los programas de educación para la afectividad y sexualidad en el sistema educativo, así como el alarmante auge de discursos misóginos y de violencia política emitidos desde las más altas esferas del poder público.
«Defender las políticas de igualdad significa proteger la democracia. Una sociedad que tolera la violencia hacia las mujeres y debilita su red de protección deja de garantizar derechos para todas las personas», puntualiza el manifiesto. Feministas Picos Rojos Costa Rica exige al Estado costarricense el cumplimiento inmediato de sus obligaciones jurídicas internacionales, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, para frenar la impunidad y asegurar la vida de las ciudadanas.
La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi, se complacen en invitarle a la conferencia “El general José Ignacio Arancibia” por Carlos Borge Carvajal, Antropólogo
Durante las últimas semanas, la discusión sobre la construcción de un aeropuerto internacional en Palmar Sur de Osa se ha centrado casi exclusivamente en la presencia o ausencia de hallazgos arqueológicos en el sitio donde se pretende desarrollar la pista del proyecto. Sin duda, la protección del patrimonio arqueológico es fundamental. Sin embargo, reducir la discusión a ese único aspecto invisibiliza otros impactos ambientales, sociales, territoriales y económicos igualmente relevantes.
Aún queda un largo camino para determinar si un proyecto de esta magnitud es ambiental y socialmente viable. Cualquier propuesta debería ser evaluada de manera integral, incluyendo el análisis de sus posibles implicaciones para el Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad de las Esferas del Diquís y para el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional.
Desde hace más de veinte años existe el interés de construir este aeropuerto en un territorio ubicado entre las comunidades campesinas de Finca 9 y Finca 10, muy cerca del Humedal Nacional Térraba-Sierpe y del conjunto de sitios arqueológicos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en Finca 6.
Más allá del debate arqueológico, y a pesar de que hay una importante lista de cuestionamientos, existen al menos cinco razones de fondo para cuestionar este proyecto.
1. Implicaría el desplazamiento de comunidades campesinas y la pérdida de un territorio con identidad propia
El aeropuerto no se construiría sobre un territorio vacío. En Finca 9 y Finca 10 viven familias campesinas que durante décadas han construido comunidad, desarrollado formas de producción agrícola y tejido una memoria colectiva ligada al territorio. Estas familias han permanecido en estas dos comunidades desde que la Compañía Bananera de Costa Rica abandonó la zona en 1984.
No se trata únicamente de reubicar viviendas. El desplazamiento de estas comunidades significaría afectar formas de vida, redes de solidaridad, conocimientos campesinos y una identidad territorial construida durante generaciones, que ahora se ve amenazada de desaparecer. Cualquier discusión sobre infraestructura debe comenzar preguntándose quiénes asumen los costos del llamado «desarrollo» y quiénes reciben sus beneficios.
2. Pondría en riesgo la producción de alimentos y el modelo de desarrollo local
Las comunidades afectadas constituyen un importante territorio de producción agrícola que abastece mercados locales y sostiene economías familiares campesinas.
La sustitución de tierras agrícolas por infraestructura aeroportuaria y los desarrollos asociados implicaría reducir la capacidad productiva de la región y favorecer un modelo basado en la expansión inmobiliaria, el turismo masivo y los servicios, en detrimento de la agricultura y la soberanía alimentaria.
La pregunta de fondo es ¿qué modelo de desarrollo quiere construirse para la Zona Sur?
3. Aumentaría la presión sobre uno de los humedales más importantes de Centroamérica
A menos de un kilómetro del proyecto se encuentra el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, uno de los complejos de manglar más importantes del Pacífico centroamericano y catalogado como sitio Ramsar de importancia internacional desde 1995.
El impacto no se limitaría a la construcción de una pista, aunque resulta cuestionable la posibilidad de armonizar vuelos y despegues de aviones con pasos de aves migratorias, donde el humedal forma parte de su hábitat. Un aeropuerto internacional suele inducir carreteras, hoteles, comercios, centros logísticos, urbanizaciones y nuevos servicios que incrementan la presión sobre los ecosistemas, la demanda de tierra, agua, la generación de residuos y la contaminación.
La magnitud de estas transformaciones exige una evaluación integral de sus efectos acumulativos y sinérgicos sobre el humedal y sobre todo el territorio.
4. El patrimonio arqueológico debe entenderse como parte de un paisaje cultural
El patrimonio arqueológico del Diquís no está compuesto por sitios aislados, sino por un paisaje cultural de valor excepcional reconocido por la UNESCO.
Más allá de los hallazgos dentro del área del aeropuerto, se deben considerar los impactos indirectos derivados del incremento del tránsito, las vibraciones, la expansión urbana y la infraestructura asociada, que pueden alterar el contexto donde este patrimonio adquiere sentido.
La discusión no puede limitarse al punto exacto donde se construiría la pista, sino abarcar el conjunto del paisaje cultural y sus relaciones con el territorio. La pregunta acá es ¿Está dispuesto el Estado costarricense a que la declaratoria de patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO para las esferas de piedra se vea amenazada y con posibilidades de ser retirada?
5. Es un territorio vulnerable y sin condiciones adecuadas de planificación
La zona propuesta fue y de alguna forma sigue siendo humedal (tipo de ecosistemas, inundable, suelos, etc) y por lo tanto presenta una alta vulnerabilidad frente a inundaciones y otros riesgos asociados al cambio climático, lo que obligaría a realizar importantes obras de drenaje y modificación hidrológica, con elevados costos económicos y ambientales. Por ejemplo, la pista de aterrizaje debería estar al menos a 3 o 4 metros más arriba de la topografía actual, ya que, en eventos como la Tormenta Nate del 2017, el agua llegó hasta a 2 metros de altura en la zona del proyecto.
La Fila Costeña está sometida a un fuerte proceso de especulación inmobiliaria. Un aeropuerto internacional modificaría el modelo de ecoturismo y la vocación agrícola de la zona, dando lugar a un turismo masivo, residencias de lujo y finalmente, turistificación y gentrificación.
A ello se suma que el cantón de Osa aún carece de un instrumento de ordenamiento territorial plenamente consolidado que permita orientar el crecimiento urbano y turístico que inevitablemente acompañaría un aeropuerto internacional. La experiencia demuestra que, cuando la planificación llega después de las grandes inversiones, buena parte de los impactos ya son irreversibles: fragmentación de bosques, pérdida de humedales, apertura de caminos, expansión inmobiliaria y especulación y concentración de la tierra. Para la Zona Sur, el costo ambiental podría ser muy alto si se considera el papel determinante de la naturaleza dentro de actividades económicas como el ecoturismo y el turismo rural comunitario.
El debate debe ser mucho más amplio
La discusión sobre el aeropuerto de Palmar Sur no puede reducirse a la existencia o no de hallazgos arqueológicos en un punto específico del terreno.
Lo que está en juego es el futuro de uno de los paisajes bioculturales más importantes de Costa Rica: ¿La Guanacastización de Osa? la permanencia de comunidades campesinas, la producción de alimentos, la protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, la conservación del patrimonio arqueológico y cultural, la gestión de los riesgos ambientales y el modelo de desarrollo que se quiere impulsar para la Zona Sur.
Costa Rica debe preguntarse no solo si es posible construir un aeropuerto en ese sitio, sino si ese es el lugar adecuado para una infraestructura de esa magnitud y si los beneficios públicos justifican los costos sociales, ambientales y culturales que podría generar.
Porque el patrimonio no se limita a las esferas de piedra. También lo conforman las comunidades que habitan el territorio, los humedales que sostienen la biodiversidad, la soberanía alimentaria, los paisajes culturales que conservan la memoria y los bienes comunes que pertenecen a toda la sociedad.
* El Programa Kioscos Socioambientales desarrolló proyectos de Acción Social de la UCR en las comunidades de Finca 9, Finca 10, Térraba y Chánguena, en Palmar Sur de Osa, entre 2011 y 2019. Estos procesos fortalecieron organizaciones campesinas mediante el rescate de la memoria histórica del antiguo enclave bananero, la promoción de prácticas agroecológicas y el análisis de las transformaciones territoriales de la región. En este trabajo se abordaron temas como la conservación del Humedal Térraba-Sierpe, el patrimonio arqueológico de las esferas de piedra, la expansión de la palma aceitera, la gestión del riesgo por inundaciones y las implicaciones de la propuesta de construcción de un aeropuerto internacional. Asimismo, el Programa participó en la comisión institucional de la UCR encargada de valorar el estudio de impacto ambiental del proyecto aeroportuario (expediente D1-11752-2013-SETENA). Actualmente, el proyecto ED-3526 Geografía y Diálogo de Saberes acompaña a la Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta en la defensa de la Fila Costeña frente al desarrollo inmobiliario. Durante estos años se llevaron a cabo una serie de producciones académicas: ver lista completa
Imelda Fernández Reyes es una gestora local originaria del territorio indígena Cabécar de Talamanca. En 2022, se graduó del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios, impartido por el Programa de Gestión Local de la UNED. Madre y abuela, Imelda se ha destacado como una líder ejemplar, caracterizada por su mística de trabajo, disciplina y constancia.
Desde la fundación de la Asociación de Mujeres Kábata Könana en 2016, ha sido una persona fundamental en la organización, y actualmente se desempeña como presidenta de su junta directiva. La misión esencial de Kábata Könana es impulsar el empoderamiento femenino como una condición indispensable para consolidar sociedades igualitarias, fundadas en la justicia social y los valores democráticos.
Actualmente, la asociación agrupa a 247 mujeres de las 9 comunidades del territorio Cabécar en Talamanca. Este espacio nació con el propósito de promover el desarrollo económico, social y ambiental con una profunda pertinencia cultural. Es precisamente en este entorno donde Imelda ha puesto en práctica todos los conocimientos y experiencias adquiridos durante su formación técnica.
A lo largo de su trayectoria, ha liderado y colaborado en la organización de múltiples ferias, talleres, encuentros y conversatorios comunitarios enfocados en la soberanía alimentaria, la protección de los bienes naturales, el ecoturismo, el rescate de las tradiciones, la cosmovisión, la agronomía sostenible y la gastronomía milenaria. Entre sus iniciativas destacan la coordinación de los juegos y deportes ancestrales indígenas anuales, su participación en el estanco indígena de trueque virtual productivo y el impulso al programa de energía solar.
Gracias a este esfuerzo colectivo, en 2021 la asociación fue galardonada con el prestigioso Premio Ecuatorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un reconocimiento otorgado por implementar soluciones locales e innovadoras que hacen frente a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático en favor del desarrollo local.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Cátedra Centroamérica y la Fundación Heinrich Böll Stiftung Centroamérica, invita a la presentación del IV Informe sobre Libertad de Expresión y Periodismo en Centroamérica, una investigación que analiza las condiciones actuales para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en la región.
La actividad se realizará el martes 21 de julio de 2026, a las 10:00 a. m., en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Esta cuarta edición del informe examina el estado de la libertad de expresión, la libertad de prensa y las condiciones del ejercicio periodístico en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mediante un enfoque comparado que permite identificar tendencias regionales, patrones de presión contra el periodismo y transformaciones recientes en el ecosistema mediático centroamericano.
De acuerdo con las entidades organizadoras, la investigación combina un análisis del contexto regional sobre libertad de expresión y periodismo con los resultados de una encuesta aplicada a periodistas de esta región y entrevistas realizadas a representantes de medios de comunicación. El propósito es aportar evidencia sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente el ejercicio periodístico en Centroamérica.
La presentación constituye un espacio para compartir los principales hallazgos del estudio y promover la reflexión sobre la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en la región, en un contexto marcado por cambios políticos, sociales y tecnológicos que inciden en el trabajo de la prensa.
La actividad es gratuita y también será transmitida en vivo a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Las personas que deseen asistir de manera presencial deben completar previamente el formulario de inscripción disponible en:
La organización invita a estudiantes, periodistas, personas investigadoras, representantes de medios de comunicación y público interesado a participar en esta presentación y conocer los resultados del informe regional.
(Una mirada marxista latinoamericana ante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán)
Hipótesis para el Debate y la Discusión:
Cuando los grandes medios hablan de las guerras, casi siempre nos cuentan que todo se debe al odio entre pueblos, a diferencias religiosas o a rivalidades que vienen de hace mucho tiempo. Pero esta explicación apenas muestra una parte de la realidad. Detrás de los grandes conflictos casi siempre hay intereses económicos, militares y geopolíticos mucho más profundos.
Desde una mirada marxista latinoamericana, las guerras no pueden entenderse separadas de la lucha por el poder, los recursos naturales, las rutas comerciales, los mercados y el control político. En el capitalismo, sobre todo en su etapa imperialista, la guerra deja de ser algo excepcional y pasa a ser una herramienta para defender intereses económicos y estratégicos. El conflicto entre EEUU, Israel e Irán deja ver con bastante claridad esta realidad.
Cada cierto tiempo escuchamos que hay un alto al fuego, que vuelven las negociaciones o que las tensiones han bajado, sin embargo, poco después regresan los bombardeos, las amenazas y las acusaciones. ¿Por qué pasa esto una y otra vez?
Porque las causas de fondo siguen ahí, no estamos viendo solo una pelea entre gobiernos, lo que está en juego es el control de una de las regiones más importantes del mundo desde el punto de vista energético, comercial y militar; Medio Oriente concentra enormes reservas de petróleo y gas, además de rutas estratégicas por donde pasa buena parte de la energía que mueve la economía mundial.
Quien tenga mayor control sobre esa región también tiene una enorme capacidad para influir en la economía mundial; durante décadas, EEUU ha construido una fuerte presencia militar en Medio Oriente: bases militares, alianzas, acuerdos de seguridad y tecnología de punta forman parte de una estrategia para mantener su lugar como la principal potencia del mundo.
Dentro de esta estrategia, Israel ocupa un papel clave, más allá de los vínculos históricos y políticos entre ambos países, es uno de los principales aliados militares de Washington en la región.
Por su parte, Irán busca aumentar su influencia política y militar, fortalecer su capacidad para resistir las presiones externas y consolidarse como una potencia regional capaz de desafiar el orden impulsado por EEUU.
EEUU cuenta con un poder económico, militar, financiero y tecnológico que ningún otro actor involucrado posee, tiene capacidad para imponer sanciones económicas, intervenir militarmente, influir en organismos internacionales y presionar a numerosos gobiernos alrededor del mundo.
En América Latina conocemos bastante bien cómo funciona esa relación desigual, nuestra historia está llena de bloqueos económicos, golpes de Estado, intervenciones militares, operaciones encubiertas y presiones diplomáticas, casi siempre justificadas en nombre de la democracia, la seguridad o la defensa de determinados intereses.
Por eso muchos pueblos latinoamericanos miran con desconfianza cualquier intervención de las grandes potencias, no se trata de un prejuicio; se trata de memoria histórica.
Otro tema del que se habla poco es el papel del capital; cada guerra mueve cantidades enormes de dinero, mientras millones de personas pierden sus casas, sus familias o sus vidas, otros multiplican sus ganancias.
La industria militar vende aviones, misiles, drones, radares, sistemas de defensa, municiones, satélites y tecnología de vigilancia; cada vez que aumentan las tensiones internacionales, los grandes fabricantes de armas consiguen contratos multimillonarios.
Esto no quiere decir que las guerras existan únicamente para vender armas, esta sería una explicación demasiado simple, pero tampoco puede ignorarse que existe un enorme negocio que obtiene beneficios cada vez que los conflictos continúan.
Hace más de medio siglo, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower advirtió sobre el enorme poder que podía llegar a tener el llamado complejo militar-industrial sobre las decisiones políticas de su país; con el paso del tiempo, aquella advertencia parece tener todavía más sentido.
La guerra también cumple otra función dentro del capitalismo actual, sirve para justificar grandes presupuestos militares, fortalecer los aparatos de seguridad, ampliar los sistemas de vigilancia y reforzar alianzas políticas, bajo la idea constante de que existe una amenaza externa, así, el miedo termina convirtiéndose en una herramienta política.
Tampoco hay que olvidar la política interna; los gobiernos no toman decisiones pensando solo en lo que ocurre fuera de sus fronteras, también responden a intereses económicos nacionales, grupos empresariales, sectores militares y cálculos electorales. Muchas veces resulta más conveniente mostrarse como un líder firme que como un gobernante dispuesto a negociar, esto ocurre en EEUU e Israel.
Por eso los altos al fuego suelen ser tan frágiles, no representan una solución definitiva, ya que son apenas pausas dentro de un conflicto que sigue abierto porque ninguno de los problemas de fondo ha sido resuelto.
Las sanciones económicas continúan, la disputa por el programa nuclear sigue vigente, la presencia militar estadounidense permanece en la región, las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz siguen siendo claves para el comercio mundial y la competencia por el liderazgo regional no desaparece; mientras estas contradicciones sigan existiendo, cualquier tregua será temporal.
Desde una perspectiva marxista latinoamericana, la paz no puede entenderse simplemente como el silencio de las armas, una paz verdadera exige cambiar las relaciones de dominación que generan los conflictos. No puede haber una paz duradera mientras unos pocos Estados, pretendan decidir el destino del resto del mundo mediante la fuerza militar, las sanciones económicas o la presión diplomática.
Tampoco puede consolidarse una paz estable mientras las disputas por los recursos naturales, las fuentes de energía y los mercados sigan resolviéndose mediante la confrontación.
La experiencia latinoamericana también deja otra enseñanza. El derecho internacional pierde credibilidad cuando se aplica con una medida para los aliados de las grandes potencias y con otra muy distinta para quienes desafían sus intereses; este doble rasero alimenta la desconfianza y debilita cualquier intento de construir un orden internacional basado en reglas iguales para todos.
Por esto la defensa de la soberanía de los pueblos debe ser un principio válido sin excepciones; y quizás la principal enseñanza sea desconfiar de las explicaciones fáciles.
Las guerras no empiezan simplemente porque haya gobernantes buenos y malos, tampoco terminan con la firma de un acuerdo; detrás de cada conflicto hay intereses materiales, relaciones de poder y disputas económicas que necesitan ser analizadas con espíritu crítico.
Desde una mirada marxista latinoamericana, el imperialismo sigue siendo una pieza fundamental para entender muchos de los grandes conflictos actuales. Una política verdaderamente emancipadora exige mantener una mirada crítica sobre todos los Estados, defender el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y rechazar cualquier forma de dominación.
Porque, al final, quienes siempre pagan el costo de las guerras no son los grandes empresarios, los fabricantes de armas ni las élites políticas, son los trabajadores, las familias humildes, los campesinos, los jóvenes enviados al frente de batalla y los pueblos que ven destruidas sus ciudades mientras otros se disputan el poder.
Esta sigue siendo, probablemente, la mayor lección que América Latina puede ofrecer al mundo: la paz solo será duradera cuando la vida de los pueblos valga más que los intereses del capital, de los imperios y de quienes han convertido la guerra en un negocio permanente.
El Territorio Indígena Térraba, en Puntarenas, será escenario del Festival Cultural Filomena Navas, Volumen 01, una actividad que rendirá homenaje a Filomena Navas Salazar, recientemente declarada Benemérita de la Patria, mediante una programación que combina patrimonio cultural, memoria histórica, arte y saberes indígenas.
El festival se realizará los días 24 y 25 de julio de 2026 y ofrecerá una amplia agenda de actividades abiertas al público, orientadas a fortalecer el reconocimiento de la identidad cultural del pueblo térraba y de la trayectoria de una de sus figuras más representativas.
Filomena Navas Salazar fue declarada Benemérita de la Patria el 24 de marzo de 2026, como reconocimiento a su legado en favor de la preservación de la cultura, la identidad y los derechos del pueblo indígena Térraba. Esa declaratoria constituyó un reconocimiento nacional a una vida dedicada a la transmisión de conocimientos, la defensa de la memoria colectiva y el fortalecimiento de las tradiciones de su comunidad.
El festival busca precisamente proyectar ese legado hacia las nuevas generaciones mediante espacios de encuentro entre la cultura ancestral, el patrimonio arqueológico, las expresiones artísticas y la participación comunitaria.
Amplia programación cultural
Durante los dos días del festival se desarrollarán diversas actividades, entre ellas:
exhibición del Museo del Oro con su colección precolombina;
exposición del Museo Indígena Contemporáneo;
presentación de grupos de danzas culturales;
talleres;
exposición y venta de artesanías;
exposición y venta de productos agrícolas;
exhibición y venta de máscaras;
conversatorios;
caminatas;
camping.
La organización informa que todas estas actividades se realizarán en el Territorio Indígena Térraba, en la provincia de Puntarenas.
Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse al teléfono +506 8419 0156.
El Festival Cultural Filomena Navas nace con el propósito de consolidarse como un espacio permanente de encuentro en torno a la memoria, la cultura y la identidad indígena, teniendo como inspiración el legado de Filomena Navas Salazar, cuya trayectoria continúa siendo un referente para la preservación del patrimonio cultural costarricense.
Si Costa Rica puede endeudarse por aproximadamente setecientos setenta millones de dólares para modernizar la carretera San José–San Ramón, ¿por qué se presenta como inevitable buscar un inversionista privado —probablemente extranjero— para financiar una Marina y Terminal de Cruceros en Limón cuyo costo se aproxima a los novecientos millones de dólares?
La pregunta no es caprichosa. Tampoco nace del rechazo automático a la inversión privada ni de una visión cerrada frente al capital internacional. Surge de una contradicción que el país tiene la obligación de explicar con transparencia: para algunas obras públicas, el Estado aparece con toda su fuerza financiera, su garantía soberana, su capacidad de endeudamiento y el respaldo del presupuesto nacional; pero cuando se trata de desarrollar el patrimonio estratégico de Limón, el mismo Estado parece llegar con los bolsillos vacíos, dispuesto a ofrecer terrenos, infraestructura, derechos de explotación e ingresos futuros para convencer a un tercero de que haga lo que Costa Rica ni siquiera se ha propuesto intentar directamente.
Ahí está el verdadero problema.
El financiamiento de la carretera San José–San Ramón demuestra que el país conserva capacidad para contratar créditos internacionales de gran magnitud. El dinero tampoco nace dentro de nuestras fronteras: proviene de organismos financieros internacionales. Sin embargo, en ese caso es la República la que negocia, se endeuda y responde. El Estado costarricense conserva la titularidad de la infraestructura y asume la responsabilidad de ejecutar una obra considerada estratégica para el desarrollo nacional.
Para Limón, en cambio, se impulsa otra narrativa: que la Marina y Terminal de Cruceros requiere necesariamente un socio estratégico que aporte el capital, asuma el financiamiento y recupere su inversión mediante la explotación económica del proyecto durante varias décadas.
Pero el capital privado no llega como peregrino ni como benefactor. Llega buscando rentabilidad.
Quien aporte centenares de millones de dólares exigirá condiciones suficientes para recuperar su inversión, cubrir sus costos financieros, compensar los riesgos asumidos y obtener ganancias. Eso es normal dentro de la lógica empresarial. Lo que no es normal es que el Estado omita discutir, con la misma seriedad, cuánto patrimonio público deberá comprometerse, cuáles ingresos se compartirán, qué decisiones dejará de controlar JAPDEVA y cuánto valor económico saldrá de Limón durante el periodo contractual.
El inversionista pondrá dinero. Limón pondrá el territorio, la ubicación, el litoral, la infraestructura, el acceso marítimo, la vocación portuaria, la actividad turística y la posibilidad misma de hacer rentable el negocio.
No puede hablarse entonces como si solamente una de las partes estuviera aportando valor.
Una carretera recibe garantía soberana; Limón recibe una promesa
Para financiar la carretera, el Estado ofrece su respaldo soberano. No necesita hipotecar físicamente cada kilómetro del corredor porque detrás del préstamo se encuentra la capacidad fiscal, presupuestaria e institucional de toda la República.
Para financiar el proyecto limonense, por el contrario, se pretende que JAPDEVA llegue a la mesa aportando sus bienes, su patrimonio y sus posibilidades de explotación, mientras el inversionista aporta el financiamiento.
La diferencia no es menor.
En un modelo, el Estado se endeuda para conservar la obra pública. En el otro, procura evitar el endeudamiento directo permitiendo que un tercero participe durante décadas en el aprovechamiento económico del proyecto.
La pregunta que debe formularse el país es sencilla: ¿resulta verdaderamente más barato evitar una deuda pública si el precio consiste en compartir por cuarenta años los ingresos, el control y las decisiones sobre activos públicos de enorme valor?
Una obligación financiera aparece claramente en los presupuestos. La pérdida gradual del control sobre el patrimonio público suele esconderse entre contratos, cláusulas de exclusividad, garantías de ingresos, compromisos de largo plazo y fórmulas financieras difíciles de comprender para la ciudadanía.
Una deuda se ve. Una mala alianza puede disfrazarse de progreso hasta que sea demasiado tarde.
No se trata de cerrarle la puerta a la inversión
Limón necesita inversión. Muchísima.
Necesita infraestructura turística, portuaria y urbana. Necesita empleo de calidad, encadenamientos productivos, formación técnica, nuevos servicios, revitalización comercial y oportunidades para sus comunidades. Negarse de manera absoluta a la participación privada sería tan irresponsable como entregar el proyecto sin comparar alternativas.
El debate serio no consiste en escoger entre inversión o abandono. Consiste en decidir bajo qué condiciones se invierte, quién dirige el desarrollo, cómo se distribuyen las ganancias y qué permanece en manos públicas.
La inversión privada podría participar en la construcción de hoteles, comercios, restaurantes, servicios turísticos, operación de determinados componentes o desarrollos inmobiliarios complementarios. También podría integrarse mediante contratos específicos, concursos transparentes y obligaciones claras de inversión.
Lo que debe rechazarse es la idea de que para recibir inversión Limón tiene que entregar el timón.
La experiencia histórica aconseja prudencia. Los grandes proyectos suelen anunciar empleo, prosperidad, modernización y oportunidades. Sin embargo, cuando la estructura contractual está mal diseñada, las comunidades terminan recibiendo empleos periféricos mientras las utilidades, las decisiones estratégicas y los negocios de mayor valor quedan en otras manos.
Limón no puede conformarse con cargar maletas, limpiar habitaciones, vigilar instalaciones o vender recuerdos alrededor de un proyecto construido sobre su propio territorio.
Debe participar en la propiedad, en la dirección, en los servicios, en las cadenas de suministro y en la riqueza generada.
El Estado debe llegar a negociar con capital y con autoridad
El peor escenario no es la presencia de un inversionista extranjero. El peor escenario es un Estado débil negociando con una corporación poderosa.
Cuando el Estado llega sin financiamiento, sin estudios independientes, sin alternativas y con urgencia política por anunciar el proyecto, deja de negociar desde una posición soberana. Comienza a negociar desde la necesidad.
Y quien negocia necesitado casi siempre concede más de lo que debería.
Por eso, antes de escoger una alianza estratégica, Costa Rica debió estudiar y presentar públicamente todas las opciones posibles: financiamiento soberano, créditos multilaterales para JAPDEVA, ejecución por etapas, fideicomisos públicos, emisión de bonos respaldados por los ingresos futuros del proyecto, participación de la banca estatal, inversión de fondos institucionales bajo condiciones prudentes y alianzas específicas para componentes determinados.
No se trata de afirmar que cualquiera de estas opciones sea automáticamente mejor. Se trata de exigir que sean comparadas con números, plazos, riesgos y beneficios.
¿Cuánto costaría el financiamiento público?
¿Cuánto recibiría el socio privado?
¿Qué porcentaje de los ingresos conservaría JAPDEVA?
¿Cuáles bienes se aportarían?
¿Qué garantías exigiría el inversionista?
¿Quién asumiría los sobrecostos?
¿Qué ocurriría si el flujo de cruceros o turistas resulta menor al proyectado?
¿Cuáles actividades quedarían reservadas para empresas limonenses?
¿Cuánto empleo permanente se generaría realmente?
¿Quién controlaría las tarifas, los alquileres y los servicios?
Sin respuestas claras, hablar de una alianza estratégica es pedirle al pueblo que entregue confianza a cambio de una maqueta.
Limón no es un terreno baldío a la espera de un salvador
Existe una vieja costumbre nacional de tratar a Limón como si su territorio estuviera disponible para el próximo gran proyecto concebido desde fuera.
Se habla del Caribe como plataforma logística, puerto, corredor, enclave turístico o espacio de inversión. Muy pocas veces se habla de Limón como sujeto del desarrollo, con capacidad para decidir su propio futuro y participar directamente en la riqueza que produce.
La provincia ha aportado puertos, ferrocarril, banano, cacao, turismo, biodiversidad, cultura y una ubicación estratégica invaluable. A cambio, ha soportado desempleo, deterioro de infraestructura, desigualdad, contaminación y promesas repetidas.
Por eso, una Marina y Terminal de Cruceros no puede ser presentada únicamente como una obra arquitectónica. Debe ser concebida como una herramienta para reconstruir la economía regional.
Si el proyecto solamente sirve para que una compañía explote durante décadas un punto privilegiado del litoral mientras JAPDEVA recibe una participación secundaria, habremos construido infraestructura sin construir desarrollo.
Y una obra enorme puede seguir siendo pequeña cuando sus beneficios no alcanzan al pueblo.
La misma confianza que se le otorga al centro del país
La carretera San José–San Ramón es considerada suficientemente importante para recibir financiamiento internacional con garantía soberana. El Estado acepta asumir deuda porque entiende que la infraestructura generará beneficios económicos y sociales de largo plazo.
¿Por qué no puede aplicarse un razonamiento semejante a Limón?
Una Marina y Terminal de Cruceros podría producir ingresos propios mediante servicios portuarios, turismo, comercio, alquileres, hoteles, restaurantes y otras actividades. Es decir, no se trata necesariamente de una obra sin capacidad de repago.
Si el proyecto es financieramente atractivo para un inversionista privado, también debería ser suficientemente atractivo para estudiar una participación pública robusta.
Si existen ingresos capaces de devolver centenares de millones de dólares al inversionista y producirle utilidades, entonces existen ingresos que podrían respaldar una estructura pública, institucional o mixta en la que JAPDEVA conserve una posición dominante.
No es razonable socializar la infraestructura y privatizar la rentabilidad.
Tampoco es aceptable que el Estado utilice toda su fuerza para respaldar obras en el centro del país, mientras en Limón se limita a ofrecer el patrimonio público para seducir capital extranjero.
Invertir sin entregar
Costa Rica necesita cooperación internacional, financiamiento externo y capital privado. Ningún país serio puede encerrarse en sí mismo.
Pero abrirse al mundo no significa arrodillarse ante el capital.
Una alianza verdadera exige equilibrio. Cada parte aporta, cada parte arriesga y cada parte recibe una proporción justa de los beneficios. Para alcanzar ese equilibrio, el Estado no puede presentarse como propietario pobre de un patrimonio rico.
Debe llegar con estudios propios, capacidad técnica, financiamiento parcial, alternativas reales y reglas previamente definidas.
Debe establecer que los bienes públicos no se transfieren ni se comprometen más allá de lo estrictamente necesario.
Debe garantizar que los ingresos de JAPDEVA crezcan y no se conviertan en una compensación simbólica.
Debe proteger el ambiente, el acceso público al litoral y el interés de las generaciones futuras.
La inversión que llega para complementar al Estado puede ser bienvenida. La inversión que pretende sustituirlo, condicionarlo o desplazarlo debe ser examinada con lupa.
Limón no necesita otro dueño
Esta es, en el fondo, una discusión sobre soberanía económica.
No basta con afirmar que la propiedad formal continuará siendo pública si, durante décadas, la capacidad real de explotar, decidir y obtener beneficios queda condicionada por un socio privado.
La soberanía no se conserva únicamente con un título inscrito. También se ejerce controlando las decisiones, los ingresos, los plazos y el destino de la riqueza.
Limón no necesita que una corporación extranjera venga a descubrir el valor de su costa. Ese valor lo conocen desde hace generaciones quienes han vivido, trabajado y sostenido la provincia.
Tampoco necesita discursos que presenten cualquier inversión como salvación. El desarrollo no puede construirse desde la gratitud hacia quien llega con dinero, sino desde la dignidad de quien sabe lo que aporta a la negociación.
El país debe decidir si la Marina y Terminal de Cruceros será una obra pública con participación privada o un negocio privado sostenido sobre patrimonio público.
Esa diferencia determinará quién recogerá sus frutos durante las próximas décadas.
La pregunta inicial sigue en pie: si Costa Rica puede movilizar setecientos setenta millones de dólares para una carretera, ¿por qué no puede construir una solución financiera sólida para el principal proyecto turístico y portuario de Limón?
La respuesta no puede ser simplemente que no hay dinero.
Hay capacidad de endeudamiento cuando existe voluntad política. Hay garantía soberana cuando el Gobierno considera prioritaria una obra. Hay creatividad financiera cuando el poder decide encontrarla.
Lo que Limón exige no es aislamiento, rechazo al capital ni privilegios. Exige igualdad en la manera en que el Estado respalda el desarrollo nacional.
Porque Limón no necesita otro dueño.
Necesita inversión, planificación y un Estado que no llegue con las manos vacías a negociar sobre patrimonio público.
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