Vladimir de la Cruz
Desde el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, se ha insistido en fortalecer la Fuerza Pública, no tanto para combatir el narcotráfico y a las organizaciones narco delincuenciales, sino para desarrollar un particular grupo militar dentro de la organización civilista del Ministerio de Seguridad Pública, dependiente de manera directa del presidente, como se hizo con el grupo que se creó para Rodrigo Chaves, por gestión de uno de sus viceministros, Manuel Jiménez Steller, vice ministro de Unidades Especiales, quien incluso había firmado solicitudes de sobreseimiento para personas que habían atrapado con kilos de cocaína.
Para ello eliminó toda la organización y estructuración que existía desde antes, muy profesional en la lucha contra el narco en las costas, en la zona sur, en los puestos de fronteras. Cuando no la pudo eliminar del todo, la debilitó hasta donde pudo. Al personal que combatía en mar y costas lo desplazó al interior del país, sin siquiera poder practicar en piscina, como lo hacían en el mar.
A los patrulleros marítimos llegaron a cambiarles la capacidad de fuego en sus armas, de manera que sus fusiles que tenían un alcance satisfactorio en distancia, para disparar a los motores de las lanchas transportadoras de drogas, se los cambiaron casi literalmente por rifles de balines, haciéndolos perder su capacidad de fuego y de combate. Así no se podía “cazar” ni “pescar” a esas lanchas transportadoras de drogas. Así se dejaba pasar droga por el mar costarricense.
En la sección aérea no se atendía la información que se daba de penetración de aeronaves que volaban a baja altura, detectadas por los trabajadores de las torres de control aéreo, que monitorean todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, si una aeronave sospechosa entraba el territorio nacional, el operador de torre de control, informaba a la Oficina de Vigilancia Aérea, que debe darle seguimiento, y no se daba, por lo que el transporte aéreo de drogas fácilmente penetraba en el país. Esto sigue sucediendo. No hay control inmediato de los informes que se producen en esas Torres a Vigilancia aérea, ni de coordinación inmediata cuando así se procede con las oficinas policiales locales, ni se lleva a revisar los aeropuertos o pistas clandestinas o no reportadas oficialmente.
Un caso doloroso fue el accidente aéreo en el que cayó una nave en los cerros de Escazú hace poco tiempo. La Torre de Control informó de la desaparición de la nave, en el radar, a los instantes del accidente. Informó varias veces. Vigilancia aérea no reaccionó o se hizo “la tonta”, seguramente acostumbrada a no darle seguimiento a la desaparición en pantalla de esas naves pequeñas, la que se encontró gracias a una nave particular que la localizó.
En estos días se ha dicho de la inmensa cantidad de pistas privadas, no reportadas oficialmente, que operan prácticamente de manera clandestina en las zonas sensibles a los negocios del trasiego de drogas, en la zona sur como en el Caribe y otras partes del territorio nacional. Y, tan grave como eso, se ha señalado la detención de más de 100 funcionarios de la Fuerza Pública asociados o colaboradores directos de los grupos mafiosos vinculados al narcotráfico, donde se hizo énfasis que eran fundamentalmente de los que sustituyeron en esas zonas a los que eran altamente especializados en la lucha antinarco, que les habían cambiado sus especialidades de combate policial, improvisando experiencia en los nuevos puestos, debilitando el control del narco y facilitándolo. Así se procedía en el gobierno de Papá Chaves, como cariñosamente algunos se referían al Ejecutivo nacional.
Mar, aire y tierra en materia de lucha contra el narco estaba debilitado en el gobierno anterior. Era parte de la política oficial del gobierno en su negocio con los grupos narco delincuenciales. El gobierno de hecho había pactado con las organizaciones para la distribución regional del territorio, con la intención de disminuir las muertes y asesinatos de las luchas internas de esos grupos, evitar el escándalo nacional y la inseguridad que ello provocaba, a la vez que garantizaba el gran negocio de la comercialización de droga que desde aquí se hacía, internamente y al menudeo, y la que se sigue haciendo con destino a Europa, como constantemente se aprecia por las capturas que se hacen en puertos europeos, de lo que se envía desde Limón…curiosamente en los mismos empaques de piña, principalmente.
A propósito de Limón, dos recuerdos. El primero. Un día, el flamante ministro de seguridad Zamora anunció, con varios días de anterioridad a la acción policial, que se desarrollaría un operativo en Limón con varios cientos de policías, indicando toda el área que se cubriría. Llegó el día. Con toda la publicidad y despliegue policial en marcha el operativo terminó con agua en las manos. A nadie agarraron. Les habían avisado públicamente cuando llegarían.
El segundo. El día que pusieron a funcionar unos escáneres nuevos. Despliegue publicitario total. El presidente, si no se prestó para ello, fue usado vulgarmente. Las cámaras apuntaban a los escáneres y la fila de furgones o trailers, que iban a pasar, para detectar si iban o no cargados con drogas estaban listos para la función. Pasó un furgón. Con emoción se decía que iba limpio. El segundo trailer, igual emoción provocaba. El presidente igual se reía, hasta con cierto nerviosismo. Así pasaron, uno tras otro, hasta el quinto. Con éste demostraron que los trailers no llevaban cargamentos de drogas y que los escáneres funcionaban. Todo era fiesta. Pero, ¿la droga acaso iba a ir en los cinco trailers que estaban montados y escogidos para ese show? Por supuesto que a nadie iban a agarrar en ese espectáculo.
Cuando estas cosas suceden, ¿por qué organismos como la DEA, en su oficina local, sabiendo de estas fallas, va a confiar en las acciones del Gobierno? ¿Por qué el Gobierno protesta de que en las capturas importantes que se han hecho últimamente no se les ha informado por parte del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial? Es absolutamente claro que no se les informaba porque desde el mismo Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Seguridad se les avisaba a los líderes y pandilleros que se querían capturar, para que pudieran escapar. Eso es lo que le ha dolido al Poder Ejecutivo actual, a sus voceros, que como plañideras y plañideros, no han dejado de quejarse porque no les informaron de esas exitosas acciones policiales, que fueron acciones bien planificadas con conocimiento de la DEA, que tampoco quiso informarle al gobierno en sus autoridades ejecutivas y de seguridad nacional. Por algo será.
¿Por qué tanta preocupación y reclamo público por el traslado del delincuente más peligroso que tenía el país a entrevistas judiciales en San José? ¿Por qué tanta preocupación por el “delincuente” que se dice que había caído en combate y no hubo cadáver? ¿Y, si era un informante, que debía conservársele como anónimo o como esos testigos con los que se transa hasta una nueva personalidad?
¿Y la reacción de Papá Chaves cual fue? Anunciar el bloqueo económico al Poder Judicial, al Ministerio Público, al OIJ. ¿Por qué se empeña el copresidente Chaves y el gobierno en debilitar económicamente la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones en el país?
En la Fuerza Pública, en los destacamentos que se han ido preparando para las contingencias de manifestaciones, cada vez más se evidencia el carácter gorilesco con que los preparan, más represivos y agresivos físicamente. En la detención incluso agreden y golpean a los detenidos. Hasta dicen que se les realizan torturas. ¿Por qué están enseñando a torturar? ¿Quiénes son los entrenadores de torturas, nacionales o extranjeros? ¿O, a dónde están enviando a prepararse a oficiales y miembros de la Fuerza Pública? ¿A cuáles academias? ¿A Guantánamo? Les están destruyendo sus raíces civilistas.
El gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, declaró en 1986, el 1 de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército, lo que significó también de los elementos militares que todavía persistían en la organización policial, los rangos militares. Así, con su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, eliminó esos rangos que sustituyó por denominaciones civiles. Como elemento militar persiste la Unidad Especial de Intervención, UEI, que tiene comandos élite entrenados y preparados con fuerzas especiales de otros países, que pertenece a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, que depende del Ministerio de la Presidencia. Esta unidad está organizada militarmente, aunque oficialmente es una unidad policial civil.
Los rangos civiles se fortalecieron en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, quien también estabilizó más a la Fuerza Pública con el Estatuto Policial, que le dio más estabilidad y profesionalización a sus servidores. Ingresar a la Fuerza Pública significaba ir a la Escuela Nacional de Policía donde a la par de los conocimientos profesionales se les formaba con valores cívicos. En este período se estableció el uniforme civil, y no el militar.
En una huelga, muy fuerte que había en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, con una gran marcha que terminó en Zapote, se había dispuesto que el personal de la Casa Presidencial se retirara. El presidente Rodríguez permaneció allí hasta que un Oficial se le acercó para comunicarle que tenían información que los manifestantes iban a tratar de ocupar el edificio y que había que sacarlo. Llevaron al presidente al patio de atrás para llevárselo en helicóptero. Antes de abordar el presidente reunió a la Policía del edificio presidencial. Les pidió hacer una oración por Costa Rica y les dirigió unas breves palabras enfatizando en su papel protector del edificio y de la seguridad del personal que quedaba. Al finalizar les dijo. “Ante todo, no se les olvide que las personas que están allí, refiriéndose a los manifestantes, son costarricenses y son personas como ustedes”. Un mensaje claro de ese sentimiento civilista con el que se ha construido Costa Rica.
En otra huelga a Casa Presidencial, del sector magisterial, gigantesca huelga, en el gobierno de José María Figueres, en circunstancia parecida un Oficial se dirigió a él diciéndole: “Presidente, tenemos información que van a tratar de tomar el edificio. Podemos evitarlo”. El presidente Figueres le manifestó: “Déjelos entrar, que ocupen los jardines si quieren, pero el edificio es suyo” … No entraron… Otra manifestación pacífica de un gobernante que instruía claramente que no reprimieran aún en los jardines de la Casa Presidencial.
Este civilismo se está perdiendo con la Fuerza Pública. El actual gobierno de la copresidente Fernández está proponiendo restablecer los rangos militares. Así los nombres de Comisario de Policía/Director general de la Fuerza Pública, Comisionado de Policía, Comandante de Policía, Capitán de Policía, Intendente, Subintendente, Sargento de Policía, Inspector, Agente 2, Agente 1, Agente 1, quieren cambiarse por coronel, teniente coronel, mayor, teniente, subteniente, cabo y raso “de policía”.
Con los nombres se viene su contenido militar. Es un asunto implícito, conceptual de carácter de doctrina militar. Se trata de imponer no más respeto ni disciplina. Se trata de imponer miedo, terror, mayor presencia autoritaria. Se trata de imponer lo que se conoce como Temor Reverencial, lo que se refuerza por el entorno cultural televisivo, de cine, de noticias relacionado con la violencia que ejercen los militares amparados a sus uniformes, al abuso con que pueden actuar, que ya se está practicando finamente en los cuerpos policiales. Con el cambio de nombre en los cargos y en el tipo de uniforme se cambia también la mentalidad de quien lo ostenta. Y van a cambiar con ellos los contenidos de los cursos para volver al entrenamiento de soldados y no de policías. Se trata de modificar los valores culturales, pacíficos, antimilitaristas con que se han venido preparando los miembros de la Policía Nacional. Esto hay que evitarlo. La Fuerza Pública hay que mantenerla en el ideario y la doctrina democrática, civilista, antimilitarista, en el conocimiento de la Historia Patria, los Valores cívicos, culturales y de Derechos Humanos que conforman hoy la cultura y la sociedad costarricense, como una cultura de paz.
Las organizaciones militares no se usan para combatir la delincuencia ni el narcotráficos. Tienen un carácter altamente represivo, opresivo. Tampoco acaban con la violencia. En cierta forma la complementan.
Este año, en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó una vez más, que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las policías civiles al margen o fuera de las estrategias militares. Junto a esto propuso también contribuir a mejorar y fortalecer la investigación y la cooperación policial y judicial.
La presidenta Laura Fernández debe pensar muy bien esto que está impulsando. Con este paso retrocede el país, nacional e internacionalmente. Y se coloca ella del lado equivocado de la trayectoria pacifista y antimilitarista de la Historia Nacional, que desde el siglo XIX marcó este rumbo que culminó con un país sin Ejército. ¿Por qué camuflarlo? Estas instituciones, el Ejército y el militarismo, sí son los embriones y los vehículos hacia cualquier tipo de Golpe de Estado, como los son los ejércitos en todo el continente.
