Este 17 de diciembre sea parte del Concierto Internacional de Bandas «Chomes Brilla en sus 500 Años».
El evento se realizará en la Plaza de Deportes Chomes, y contará con la participación de Jibao Latín Band de El Salvador y la Banda del Instituto Alfonso Guillén Zelaya de Honduras.
Sea parte de la música este 17 de diciembre del 2022 a partir de las 6:00 p.m.
El jueves 8 y viernes 9 de diciembre de 2022, se realizó el concierto «Un mestizaje increíble, una hibridez única», Fo Leon 101 discos indispensables en la música costarricense (2022), con el artista y grupo, Alvaro Fernandez Gonzalez / De camino Compadre en el Teatro Nico Baker.
El grupo Compadre está integrado por: Luis Monge, en los teclados; arreglos y dirección musical Oskar Molina; en los teclados Fernando Víquez; en el bajo Orlando Ramírez; en la batería Juan Carlos Espinoza; en la percusión y en las voces, Álvaro Fernández, Mafé Tulà y Fabrizio Walker.
En una noche llena de emociones y de música el artista Fernandez presentó su nueva obra, retomando el camino seguido desde 1976 con el disco Compadre, “de los más influyentes en la música costarricense de los años 70, y en general dentro del rock local”(CR Indie, 11dic16).
La presentación de los artistas costarricenses tuvo un repertorio de grandes éxitos:
Iniciando con Guatemala, poemas de José Martí del libro “Versos sencillos” de 1891.
Canción de cuna para despertar a un niño, un poema de Joaquín Gutiérrez de 1918.
Nosotros los hombres, poema de Jorge Debravo 1938.
Chabel,a poema de Joaquín Gutiérrez 1918.
Dulce viajera, letra y música de Álvaro Fernández
Ni una mosca, letra y música de Álvaro Fernández
Compadre, letra y música de Álvaro Fernández
¿Nunca has ido al sol?, letra y música de Álvaro Fernández
Como la siempreviva, poema de Roque Dalton 1935
Pericos, letra y música de Álvaro Fernández
Rap de Pericos, letra de Luis Monge
La música costarricense brilla bajo la interpretación de grandes músicos donde en el libro “101 discos indispensables en la música costarricense”, 2022, abarca obras de gran significancia para el país desde 1960 hasta el 2010, se menciona Compadre donde señala:
“un lenguaje propio que acorta las distancias entre el rock progresivo, la música latina y la nueva canción costarricense. (…)”, creando “una ruptura enorme en la lírica y temática de la música costarricense, con un rechazo de las estructuras clásicas de la canción, y un uso teatral de contrapuntos y melodías“.
Ingresar al enlace para mayor información: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid034QWjgjok43UpqCTnxHLKqsPwWTLBGVHE1ajGPMmyDS7sSxDbjsts4W6XsQPRf14ol&id=100004454023025&mibextid=qC1gEa
El pasado viernes 11 de noviembre, con una aplastante mayoría de 98 votos a favor y tan solo 17 en contra, la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones aprobó una resolución en la que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunciarse sobre los efectos de la ocupación y de la colonización de territorios palestinos por parte de Israel.
La resolución lleva como título «Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem» / «Prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental» (Nota 1).
En la segunda quincena de diciembre, este mismo texto deberá ser votado por la Asamblea General como tal una segunda vez.
La diplomacia de Israel: la historia (reiterada) de un aparato diplomático desplegando gestiones usando argumentos (reiterados).
Desde ya, la profunda molestia de Israel externada justo después del voto (véase articulo del Times of Israel, edición del 12 de noviembre) anunciaba gestiones diplomáticas al más alto nivel para intentar a toda costa evitar que sea ratificada esta resolución en un segundo voto: véase cable de la agencia Reuters del 29 de noviembre 2022 y esta nota publicada en Uruguay el 2 de diciembre del 2022 .
En el breve extracto de la carta dirigida a unos 50 jefes de Estado que aparece en esta nota del Times of Israel, se menciona la expresión «dangerous move» (sic), sin que quede claro cómo podría ser «peligroso» solicitar una opinión consultiva al juez internacional de La Haya. A menos que Israel reconozca tácitamente con esta misma carta oficial que sus acciones en territorio palestino son ilegales según el derecho internacional, lo cual en sí mismo, sería bastante sorprendente y ameritaría ser considerado como una verdadera «première«.
Al respecto, podemos recordar a nuestros estimables lectores dos textos recientes que emanan de dos órganos de importancia dentro del organigrama de Naciones Unidas, a saber:
– la resolución 2334 (ver texto) adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en diciembre de 2016 (gracias a la notable abstención de Estados Unidos, y con el voto afirmativo de los demás 14 integrantes del Consejo), y en particular la reafirmación de las diversas normas internacionales que el Consejo de Seguridad considera que Israel está violando en el territorio palestino ocupado. Como es ya lo usual, el delegado de Israel no encontró otra salida que la de afirmar que:
«those who had voted “yes” to the resolution had voted “no” to negotiations, to progress and to a chance for better lives for both Israelis and Palestinians, and to the possibility of peace» (véase comunicado oficial de Naciones Unidas que recoge intervenciones oídas durante la sesión).
– así como la resolución A/Res/76/82 aprobada en diciembre del 2021 por la Asamblea General, titulada «Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado«. Esta resolución contó con 147 votos a favor, 7 en contra (Canadá, Hungría, Liberia, Islas Marshall, Israel, Micronesia y Estados Unidos) y 20 abstenciones (véase detalle del voto). Tendremos en las líneas que siguen oportunidad de analizar con mayor detalle este pequeño grupo de Estados que acompañan de manera reiterada a Israel en sus contiendas diplomáticas en Naciones Unidas.
El entorno del 2022 en materia de agresiones militares
Como viene ya siendo usual en indiscutibles victorias de unos (y derrotas diplomáticas para otros), el voto de esta resolución el pasado 11 de noviembre no fue mayormente publicitada en los grandes medios de prensa internacionales.
Tratándose de un año como el 2022, en el que un Estado Miembro de Naciones Unidas como Ucrania que sufre una agresión militar por parte de Rusia desde el 24 de febrero, ha acaparado la atención de todos los medios internacionales, la omisión observada plantea algunas interrogantes muy válidas. Siendo además, varias las resoluciones de la misma Asamblea General adoptadas desde marzo del 2022 y ampliamente difundidas sobre el respeto a la integridad territorial de Ucrania, la obligación de discriminar objetivos militares de poblaciones civiles a la hora de ordenar una operación militar por parte de Rusia, la imperiosa necesidad de no destruir intencionalmente infraestructura pública que asegura servicios esenciales, y respetar por parte de Rusia las demás obligaciones que le incumbe derivadas de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario, las interrogantes son aún mayores.
¿Acaso no es de interés de cualquier Estado Miembro de Naciones Unidas y de la comunidad internacional como tal que estas mismas reglas invocadas, con justa razón, por Ucrania se apliquen de manera uniforme y sean debidamente respetadas por todos los demás Estados, incluyendo Israel (Nota 2) ? ¿Acaso no es una atribución de cualquier Estado el acudir a una instancia judicial internacional como la CIJ cuando se considera víctima de violaciones de reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional por parte de otro Estado?
El detalle de la votación en breve
En esta fotografía del registro del voto extraída de esta nota del Times of Israel (edición del 11 de noviembre del 2022), nuestros estimables lectores podrán apreciar cómo votaron cada uno de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas. Así como en esta nota publicada en el medio digital costarricense de Delfino.cr (una de las pocas publicadas – posiblemente la única – en Costa Rica al respecto, en la que no se explica oficialmente por qué razones Costa Rica optó por abstenerse).
¿Cuál podrá ser la frase de esta resolución que condujo a varios Estados en este 2022 a revisar su posición con relación a textos similares votados en años anteriores con su voto afirmativo? ¿Qué «temor» les puede causar en este 2022 el hecho de pedir al juez internacional examinar en detalle la ocupación ilegal del territorio palestino y los efectos de la colonización israelí a la luz de la normativa internacional vigente?
A los 98 votos a favor y a los 17 en contra, hay que contabilizar un total de 52 abstenciones así como 25 «No Show» (ausencia del delegado al momento de registrarse la votación).
En este 2022, en lo que concierne a América Latina, Israel y su fiel aliado norteamericano pudieron únicamente cosechar el voto negativo de Guatemala (y contar con las abstenciones de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras y Uruguay); mientras que en Europa, lograron obtener el voto negativo de Alemania, Austria, Estonia, Hungría, Italia, Lituania y de República Checa (así como obtener 25 abstenciones, incluidas las de España, Francia, Países Bajos y Reino Unido que votaron en el 2021 a favor). En el continente africano, únicamente Liberia votó en contra de esta resolución, al tiempo que nueve Estados africanos se abstuvieron.
Bolivia y Venezuela aparecen entre los «No Show«, con una diferencia no obstante que es necesario precisar: debido a atrasos en los pagos de su contribución anual como Estado Miembro, Venezuela no puede participar a votos en la Asamblea General.
Como indicado con anterioridad, el voto de esta resolución fue muy pocamente referenciado en los medios de prensa internacionales. Es de notar que un día anterior (10 de noviembre) el servicio de prensa de Naciones Unidas elaboró una nota informando de la votación a realizarse 24 horas después por parte de esta comisión del órgano plenario de Naciones Unidas (véase nota oficial de Naciones Unidas).
El voto a favor de esta resolución por parte de la delegación de Ucrania pareciera haber molestado profundamente a Israel: a modo de respuesta, Israel optó por abstenerse en una resolución posterior sobre la obligación de Rusia de compensar los daños causados en Ucrania desde que inició su denominada «operación militar especial » – término oficialmente utilizado en Rusia – el 24 de febrero (véase nota del Times of Israel y nuestra breve nota sobre esta resolución adoptada a favor de Ucrania el pasado 15 de noviembre). A menos que Israel, desde ya, considere que es mejor para sus interés el no reconocer que un Estado tiene la obligación de responder por hechos ilícitos internacionales y daños cometidos por sus autoridades en un territorio que no le pertenece.
La inquebrantable «coalición» en Naciones Unidas con la que Israel siempre puede contar
Como ya viene siendo habitual en este tipo de resoluciones, el núcleo duro de Estados opuestos a cualquier texto a favor de Palestina incluye a Australia, Canadá, las Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y Estados Unidos. En general, este núcleo consigue atraer algunos votos ocasionales (sea de Europa, de África así como de América Central).
Como ejemplo, entre otros muchos, cuando en noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina como «Estado Observador No Miembro«, adoptando la resolución A/Res/67/19 (138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones) (Nota 3), a esta extraña asociación de Estados se unieron Panamá y la República Checa (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). De forma similar (9 votos), en una votación sobre la obligación de no trasladar embajadas a Jerusalén que tuvo lugar en 2017, reuniendo 128 votos a favor y 35 abstenciones (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas).
Esta curiosa «coalición» según el término utilizado por el Washington Post en 2012 (véase artículo) se expresó también en 2021, durante la votación de la resolución A/RES/76/225 (véase texto), con sus 7 votos en contra, frente a 156 votos a favor y 15 abstenciones (véase detalle de la votación): lejos de ser una alianza de circunstancias, los lazos que unen a sus miembros parecen ser los de un frente real, duradero y bastante sólido.
En este año 2022, estos vínculos reaparecieron durante la votación de la resolución titulada «Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina» A/77/L.26, adoptada el 30 de noviembre de 2022 por 153 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones (véase detalle de la votación durante la cual Hungría y Liberia se unieron a la mencionada «coalición«, habiéndose abstenido finalmente Australia).
Este núcleo duro puede a veces verse algo reducido: una de las expresiones más modestas en número de votos de la llamada «coalición» (4 votos: Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Micronesia) es sin duda esta resolución votada en octubre de 2003 sobre la construcción del muro construido por Israel, adoptada con 144 votos a favor y 4 en contra (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas).
Con relación a Costa Rica, en los años 80 fueron varias las resoluciones en las que su voto aislado intentó segundar las posiciones de Israel: por ejemplo, nos encontramos con el voto en 1988 de la Resolución A/Res/43/176 titulada «Cuestión de Palestina«, en la que se cuenta con 138 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y 2 abstenciones: Canadá y Costa Rica (véase detalle del voto). Desde la administración (2006-2010) del Presidente Oscar Arias Sánchez, durante la cual Costa Rica reconoció oficialmente a Palestina como Estado (febrero del 2008), precediendo este gesto por el traslado de la embajada de Costa Rica de Jerusalén a Tel Aviv (agosto del 2006), la diplomacia costarricense ha cambiado notablemente su patrón de voto en el recinto de Naciones Unidas: una tendencia que se debería de confortar y asentar en vez de proceder en este año 2022 a «cambios» sin explicación alguna.
Como se ha podido observar a través del tiempo, este «núcleo duro» de Estados es lo único con lo que cuenta de manera automática Israel en la Asamblea General. Es muy probable que este núcleo sea llamado a solidarizarse nuevamente con Israel, esta vez con relación a los efectos que está causando su política represiva en los niños palestinos: en este final del año 2022, se informó al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, un órgano convencional de monitoreo y de supervisión, de los dramáticos estragos que causó durante el año 2022 la política represiva israelí en la niñez palestina (véase revelador informe de HumanRights Watch). Ya hacia mediados del 2022, la Alta Comisionada en persona para los Derechos Humanos de Naciones Unidas había alertado sobre esta faceta del drama que viven muchas familias palestinas en este 2022 (véase comunicado oficial de prensa).
El origen de la solicitud a la CIJ
Como señalado anteriormente, esta resolución que busca acercar a Palestina a la justicia internacional es muy similar a la adoptada en años anteriores por la Asamblea General de Naciones Unidas, con un único añadido significativo con respecto a la solicitud hecha a la CIJ para la versión de este 2022.
¿Cómo entonces explicar el súbito cambio de parecer de algunos Estados al respecto? ¿Tanto «temor» provocará en algunos Estados una solicitud de opinión consultiva a la CIJ? Cabe precisar que un segundo voto ya no de la Cuarta Comisión sino de la Asamblea General como tal tendrá lugar en la primera mitad del mes de diciembre, por lo que aún algunos Estados están a tiempo de rectificar o al menos, de reconsiderar su posición.
El argumento israelí según el cual esta iniciativa pone en riesgo el proceso de negociación (recientemente leído en esta nota de la prensa británica) y la solución de dos Estados es bastante cuestionable: es exactamente la misma explicación externada cuando se adoptó en el 2016 en el seno del Consejo de Seguridad la resolución 2334. Esta «explicación» omite (convenientemente) explicar que Palestina, como Estado, requiere que se respeten todas las normas que los Estados se deben los unos a los otros.
Un reciente artículo de la prensa uruguaya hace ver el cambio de posición del delegado de Uruguay en el 2022 con relación al voto del 2021 (véase nota de prensa de El Observador): una prensa más observadora en otras latitudes del continente confirmaría que este cambio de posición (una abstención en vez de un voto a favor) no es monopolio de Uruguay, y que en Centroamérica, así como en Europa también se dieron cambios de posición sin ningún tipo de explicación por parte de las autoridades gubernamentales (Nota 4).
Con relación a la solicitud hecha a la CIJ en la resolución del 2022, proviene del hecho siguiente, también escasamente difundido: un informe reciente dado a conocer – octubre del 2022 – por parte de una comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos sobre lo ocurrido en el 2021 en Palestina – (véase enlace oficial y texto en español) incluyó, en sus recomendaciones finales que:
«92. La Comisión recomienda que la Asamblea General:
En este año 2022, resulta llamativo que esta sugerencia con relación a la CIJ fuera inmediatamente endosada por un grupo de Estados, denotando una estrategia diplomática muy hábil y certera para obtener las cifras registradas durante la precitada votación del 11 de noviembre.
Nótese de igual forma la poca difusión hecha por algunos grandes medios de prensa al contenido de este informe presentado en octubre del 2022 por esta comisión de investigación, cuya lectura completa se recomienda. Como ya viene siendo su costumbre, el aparato diplomático de Israel no encontró nada mejor que el intentar desacreditar a los tres integrantes de esta comisión (véase artículo de PassBlue), una actitud que ya no impresiona mayormente a nadie dentro de Naciones Unidas. No está de más recordar también que las máximas autoridades de Israel calificaron en el 2021 a la Corte Penal Internacional (CPI) de ser «antisemita» (véase declaraciones recogidas en esta nota del Jerusalem Post, edición del 4 de marzo del 2021).
Años de graves violaciones del derecho internacional ante un Consejo de Seguridad en jaque
Esta comisión de investigación que dio a conocer su informe a Naciones Unidas en octubre del 2022 es muy similar a otras creadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el pasado:
– en el 2018, durante los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad israelíes contra manifestantes palestinos desarmados que participaban en la «Gran Marcha» (véase el enlace que permite acceder a su informe) ;
– en el 2014, tras la ofensiva militar en Gaza (70 muertos del lado israelí, entre ellos 67 soldados, el tiempo que se registró la muerte de 2251 del lado palestino, entre ellos 551 niños (véase enlace para acceder al informe y su resumen);
– o bien en el 2009, tras la ofensiva militar llevada a cabo en Gaza entre el 28 de diciembre de 2008 y el 17 de enero de 2009 por parte Israel (véase enlace), que se saldó con la muerte de 13 israelíes y la de aproximádamente 1.400 palestinos (Nota 5) (véase la sección «casualties» en los párrafos 352-364 del precitado informe).
Al releer la intervención del representante de Palestina en una sesión del Consejo de Seguridad realizada el pasado 28 de octubre (véase acta S/PV.8648 en páginas 5-6), precedida por la del funcionario de Naciones Unidas encargado de informar al Consejo de Seguridad sobre la realidad en el terreno, recordamos un artículo de 2009 «Gaza: le processus de paix en question» publicado en el Annuaire Français de Droit International (AFDI). En este último, se daba una idea de la estrategia de las autoridades israelíes, calificada de «gestión de la pudredumbre» (traducción libre del autor de la expresión «gestion du pourrissement«), y que consiste, segun lo explicado en este artículo, en:
«dejar las cosas como están, rechazando de hecho cualquier solución que conduzca al surgimiento de un verdadero Estado palestino, mientras se da la apariencia de buena voluntad, préstándose periódicamente al juego de la negociación«
(traducción libre del autor de: «à laisser les choses en l´état, en refusant en fait toute solution allant dans le sens de l´émergence d´un véritable Etat palestinien, tout en donnant l´apparence de la bonne volonté en se prêtant périodiquement au jeu de la négociation» (Nota 6).
En un artículo mucho más reciente sobre esta solicitud de opinión consultiva (véase el artículo publicado el 19 de noviembre de 2022 en ArabNews titulado «Israel has only itself to blame for its referral to ICJ «) se afirma lo siguiente:
«The occupying force is taking steps every single day to make a peace agreement based on a two-state solution impossible by enabling some of its population to settle in the Occupied Territories at the expense of Palestinians, while oppressing them, assaulting them and dispossessing them in contravention of international law, not to mention basic morality and common decency».
Las dos preguntas formuladas a la CIJ en la solicitud de opinión consultiva
En el texto de la resolución A/C.4/77/L.12/Rev.1, se lee en su parte resolutiva final, que la Asamblea General de Naciones Unidas:
«18. Decide, de conformidad con el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia, en virtud del Artículo 65 del Estatuto de la Corte, que emita una opinión consultiva sobre las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta las normas y los principios del derecho internacional, lo cual incluye la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, y la opinión consultiva de la Corte de fecha 9 de julio de 2004:
Se trata de una nueva solicitud de opinión consultiva que hace la Asamblea General de Naciones Unidas, después de otra hecha en el año 2003. Esta última dio lugar a la opinión consultiva del juez de La Haya de julio del 2004 sobre las consecuencias legales de la construcción de un muro por parte de Israel en el territorio palestino ocupado. La pregunta que había sido formulada al juez internacional en el 2003 por parte de la Asamblea General era la siguiente:
«¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción del muro que levanta Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, según se describe en el informe del Secretario General, teniendo en cuenta las normas y principios de derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General?«
En el texto de la opinión consultiva dada a conocer siete meses después, y cuya lectura integral se recomienda, se notará que la parte resolutiva – párrafo 163, 2) – se tomó con 14 votos a favor y tan solo uno en contra, el juez norteamericano Thomas Buergenthal (Nota 6). En este otro enlace de la misma CIJ, se puede leer también el texto en español de esta importante opinión consultiva del 2004.
Justicia internacional y Estados en breve
Como bien se sabe, ante la CIJ de La Haya, las opiniones consultivas solamente pueden ser solicitadas por órganos adscritos a Naciones Unidas (véase artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas) y no por los Estados. Estos últimos, en cambio, tienen la exclusividad del ius standi para activar el procedimiento contencioso ante el juez internacional de La Haya.
¿Por qué no presentar una demanda en materia contenciosa ante el juez internacional contra Israel por parte de Estados interesados en que Israel acate lo que dispone la normativa internacional? Simplemente porque jurídicamente, no hay manera de hacerlo: como se recordará, la justicia internacional se basa en el consentimiento previo de cada Estado. En el caso de Israel, sus autoridades mantienen sus distancias con la justicia internacional de La Haya, al no haber reconocido nunca la jurisdicción obligatoria de la CIJ mediante la declaración prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto (véase listado oficial de Estados que sí han hecho esta declaración). A su vez, la diplomacia de Israel ha evitado suscribir tratados (sean estos bilaterales, regionales o multilaterales), en los que una cláusula dispositiva permita recurrir a la CIJ como mecanismo de solución de controversias entre los Estados Parte.
Cabe señalar que desde el 2018, el Estado de Palestina ha entablado una demanda contenciosa contra Estados Unidos ante la CIJ, debido al traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén (véase texto de la demanda y enlace oficial). Resulta de interés señalar que la última ordenanza de la CIJ sobre este caso (véase ordenanza ) data del 15 de noviembre del 2018, fijando plazos de entrega de escritos a ambos Estados: 15 de mayo del 2019 para Palestina, 15 de noviembre del 2019 para Estados Unidos. En esta misma ordenanza, se lee que Estados Unidos optó por no participar a una reunión convocada por el Presidente de la CIJ con ambos Estados programada para el 5 de noviembre del 2018. No se tiene mayor información adicional sobre este caso desde entonces, lo cual plantea algunas interrogantes.
Más allá de la falta de información de la CIJ sobre el seguimiento de la demanda presentada por el Estado palestino contra Estados Unidos desde hace más de tres años, que debería suscitar interrogantes entre algunos observadores, cabe señalar que Australia decidió recientemente dejar de reconocer Jerusalén como capital de Israel (véase el comunicado oficial del 18 de octubre de 2022).
A modo de conclusión
Por segunda vez, mediante el procedimiento consultivo, Palestina y sus aliados tocan la puerta del Peace Palace que alberga la máxima instancia jurisdiccional de Naciones Unidas en La Haya, ante las violaciones de la normativa internacional a las que proceden las autoridades israelíes desde muchos años. A ese respecto, se recomienda la lectura de los considerandos de la precitada resolución A/C.4/77/L.12/Rev.1, en los que se enumeran los diversos informes de Naciones Unidas y de resoluciones adoptadas en años anteriores, y que Israel ignora en su accionar o busca desacreditar, a su manera.
El procedimiento en materia consultiva prevé la posibilidad para Estados y organizaciones de presentar su opinión a la CIJ (véase listado de opiniones recibidas en el 2004 por la CIJ), por lo que este nuevo ejercicio permitirá conocer el alcance que algunos Estados le reconocen a las normas internacionales cuya violación es denunciada en el caso de Ucrania (y debiera serlo de igual manera en el caso de Palestina). Revisando quienes votaron a favor y en contra de esta solicitud, y quienes se abstuvieron, es muy probable que los departamentos legales de algunos aparatos diplomáticos busquen desde ya cómo explicar que estas reglas aplican en un caso pero no necesariamente en otro: la consistencia y la coherencia serán sin lugar a dudas un notable desafío para quienes intenten segundar la posición de Israel ante el juez internacional de La Haya.
Con relación a otra jurisdicción internacional también situada en la capital holandesa, la Corte Penal Internacional (CPI), la cual juzga desde el punto de vista penal a individuos (y no a Estados), y que también ha sido solicitada en este 2022 por Ucrania (véase enlace), tuvimos la oportunidad de analizar los alcances de una decisión de la Sala en lo Preliminar de la CPI del 5 de febrero del 2021 con relación a Palestina (véase texto en inglés y en francés). En esta decisión, se declaró que la CPI es competente para examinar una petición hecha por Palestina contra mandos militares y políticos israelíes por sus actuaciones en todos los territorios palestinos ocupados, sin exclusión de ningún tipo. En nuestras reflexiones, en las que también referíamos a varios Estados que se sintieron obligados (¿presionados?) a justificar la posición defendida por Israel ante los jueces de la CPI (sin mayor éxito), concluíamos que:
«… con esta decisión, la justicia penal internacional ve despejado el camino para examinar todo lo observado, documentado y denunciado en el territorio palestino – y ello desde el mes de junio del 2014 -, que tiene enlutadas a tantas familias palestinas, esperando desde entonces por justicia y clamando por ella.
El hecho de que una jurisdicción internacional como la CPI —por primera vez en la historia del derecho internacional público— se pronuncie sobre el estatuto de Palestina como Estado y acepte examinar lo que ocurre dentro de su territorio confiere a esta decisión un alcance ya no solamente jurídico, sino altamente simbólico y esperanzador « (Nota 8).
Esta resolución adoptada el pasado 11 de noviembre del 2022 en la sede de Naciones Unidas de Nueva York por la Cuarta Comisión de la Asamblea General, y que deberá ser votada nuevamente (esta vez por la Asamblea General como tal en la segunda quincena de diciembre) va exactamente en el mismo sentido: devolver esperanzas a un pueblo que espera que los principios del derecho internacional público y que los mecanismos previstos cuando se violan, se apliquen también a sus legítimas reinvindicaciones.
En sí, la resolución constituye desde ya el primer peldaño de un procedimiento que permitirá, sin lugar a dudas, acercar un poco más la justicia internacional al drama humano que se vive desde muchos años en el territorio palestino ocupado, como consecuencia de una abierta, flagrante y reiterada violación a las reglas del ordenamiento jurídico internacional.
– Notas –
Nota 1: El texto de la resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de noviembre de 2022 está disponible en las distintas lenguas oficiales aquí. En cuanto a los pocos estudios realizados sobre esta resolución, véase el folleto de 13 preguntas elaborado por Diakonia, Centro de Derecho Internacional Humanitario (sin indicación de autores), «The ICJ advisory opinion on the legal consequences of Israel’s occupation of Palestinian territory«, noviembre de 2022, disponible aquí.
Nota 2: Sobre el caso de Ucrania y Rusia, remitimos a nuestro breve análisis sobre la no comparecencia de Rusia ante el juez de La Haya: BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza. A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 3: Sobre los alcances jurídicos de esta votación celebrada por muchos en Naciones Unidas el 29 de noviembre del 2012, véase BOEGLIN N. «Le nouveau statut de membre de la Palestine: une perspective latinomaméricaine«, Sciences-Po Paris (OPALC), Janvier 2013. Texto disponible y descargable en este enlace del OPALC. Con relación a la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), acaecida en el 2015, véase BOEGLIN N. «La reciente accesión de Palestina al Estatuto de Roma y a otros instrumentos internacionales: breve puesta en perspectiva«, Revista de Pensamiento Penal, 2015. Texto disponible aquí. En esta reciente nota de ArabNews del 21 de noviembre del 2022, se lee de los intensos esfuerzos que sigue desplegando la diplomacia de Palestina en aras de lograr ser reconocida como Estado Miembro de Naciones Unidas: para ello deberá superar el escollo que significa el veto norteamericano dentro del Consejo de Seguridad.
Nota 4: La resolución A/Res/76/82 de diciembre del 2021 titulada «Israeli practices and settlement activities affecting the rights of the Palestinian People and other Arabs of the occupied territories» puede leerse en este enlace y su contenido puede compararse con la resolución del 2022 A/C.4/77/L.12/Rev.1/. El detalle del voto de la resolución del 2021 (147 votos a favor, 17 en contra y 20 abstenciones) está disponible aquí. En el 2021, votaron a favor en América Latina los siguientes Estados: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se abstuvieron Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití y Honduras. Una comparación similar puede hacerse con relación a la resolución del 2021 numerada A/Res/76/89 y titulada «Palestine refugees’ properties and their revenues» adoptada con 159 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones (véase detalle del voto) y la resolución votada en el 2022. Así como la resolución del 2021 numerada A/Res/76/150 (véase texto) titulada «The right of the Palestinian people to self-determination» adoptada con el siguiente voto: 168 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones: ver detalle del voto registrado disponible aquí.
Nota 5: Las ONG palestinas ubican un rango superior a 1400 muertes, mientras que las ONG de Israel un rango ligeramente menor (1387). Se lee en el párrafo 361 con relación a la diferencia entre cifras y los descargos presentados por las autoridades de Israel que: «361. The Mission notes that the statistics from non-governmental sources are generally consistent. Statistics alleging that fewer than one out of five persons killed in an armed conflict was a combatant, such as those provided by PCHR and Al Mezan as a result of months of field research, raise very serious concerns about the way Israel conducted the military operations in Gaza. The counterclaims published by the Government of Israel fall far short of international law standards«.
Nota 6: Véase BOCKEL A., «Gaza: le processus de paix en question», AFDI (2009), pp. 173-187, p. 184. Artículo disponible – texto completo – aquí.
Nota 7: Sobre esta opinión consultiva de la CIJ del 2004 analizada desde la perspectiva jurídica internacional, véase en particular ABI-SAAB R. «Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé» : quelques réflexions préliminaires sur l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice«, Revue Internationale de la Croix Rouge (RICR), 2004, pp. 633-657. Texto completo disponible aquí; así como BADIA MARTÍ A., «La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en ele territorio palestino ocupado del 9 de julio del 2004«, Revista Electrónica de Estudios Internacionales (www.reei.org). Texto disponible en la red; FALK R. A., «Toward Authoritativeness: The ICJ Ruling on Israel’s Security Wall«, American Journal of International Law (AJIL), 2005, pp. 42-52 así como RIVIER R., «Conséquences juridiques de l´édification d´un mur dans le territoire palestinien occupé. Cour Internationale de Justice. Avis du 9 juillet 2004«, Annuaire Français de Droit International (AFDI) 2004, pp. 292-336. Texto completo disponible aquí.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Se despeja el camino para la justicia penal internacional, la CPI puede examinar lo que ocurre en Palestina«, Portal UCR, Sección Voz Experta, edición del 18 de febrero del 2021, disponible aquí.
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Una versión en francés de este texto está disponible en este enlace y fue publicada por la Société Québécoise pour le Droit International (SQDI).
Con la falacia de que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Setena, obstaculiza el desarrollo, al cumplir su función de propiciar el desarrollo sostenible garantizando que proyectos impactantes del medio, cumplan con viabilidades ambientales, un proyecto del gobierno descabeza su comisión plenaria interdisciplinaria y deposita todas sus funciones de mayor jerarquía en un funcionario apéndice del ministro de Ambiente.
Un Superman que cubriría las funciones de especialistas en agronomía, ingeniería sanitaria, desarrollo energético, hidrología, biología, ingeniería civil y un secretario general representante del ministro, sin poder contar con los criterios científicos y técnicos que demanda la ley y la lógica.
Cual si se tratara de una reforma estructural del Estado, y no de una inconstitucional REGRESIÓN AMBIENTAL, el ocurrente proyecto se tramita cual si se tratara de seis o siete menos funcionarios estatales, sin detenerse a reflexionar lo que sería un mensaje equivocado de Costa Rica, en momentos en que supuestamente el país está reafirmando su compromiso contra el muy destructivo cambio climático que presagia más catástrofes ambientales a nivel local, regional y planetaria.
Cuando es urgente reforzar las normas ambientales que se conocen muy bien, y en especial la Ley Orgánica del Ambiente aprobada en 1995, cual punta de lanza hacia la aspiración de un desarrollo sostenible, que permita heredar a nuestros hijos, nietos y demás generaciones, una Costa Rica habitable, ambientalmente equilibrada, capaz de sustentar una mejor calidad de vida que podríamos vislumbrar en el horizonte para ellos, con este proyecto de ley se camina en sentido contrario.
Hacia un país donde la emigración hacia «nowhere» parecería marcar su destino. Si nos dicen que eso sería un crimen imperdonable, dolorosamente tendríamos que asentir.
Así, en nombre de los que no pueden expresar su clamor por una Patria que les cobije cual madre amorosa, y por los que aún no han nacido, rogamos a Dios porque guíe las decisiones de los señores diputados a la hora de decidir sobre ese proyecto de ley, que por lo visto parece haber nacido huérfano en vista de que no levanta la mano para salir en su defensa, quien se lo ha propuesto al Presidente Chaves.
En el siguiente video el secretario general del SINAE Afines, el señor Lenin Hernández Navas, explica cómo la decisión del Consejo de Gobierno de remover a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja atenta contra la institucionalidad y la autonomía, pues esta decisión arbitraria va en contra del artículo 147 constitucional y a los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley Constitutiva de la Caja se determina cómo se nombran a los miembros.
Esta decisión, explica, deja a la Junta Directiva de la Caja sin la capacidad de sesionar, pues no cuenta con el quorum necesario, lo que ocasiona un atraso en las decisiones que no se están pudiendo tomar.
Se atribuye esta decisión por parte del Consejo de Gobierno como una medida revanchista por el justo y legal aumento salarial a los empleados de la Caja, medida a la que el gobierno se opuso.
A continuación puede observar el pronunciamiento completo.
El Seguro Social es una conquista del pueblo, alcanzada con grandes luchas, movilizaciones y sacrificios.
Es un patrimonio del pueblo costarricense y motivo de orgullo en el mundo entero. Es tal que en el acta No. 126, del 9 de agosto de 1949, el constituyente propuso y finalmente aprobó que la administración y gobierno de los seguros sociales estuviese a cargo de una institución autónoma (CCSS), la cual “desempeñaría sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo”.
No existe precedente alguno en la historia republicana de nuestro país, desde la creación de la institución más emblemática de los costarricenses, donde un presidente o gobierno se haya atrevido a mancillar la autonomía que la Constitución Política y la Ley Constitutiva le otorgó a la CCSS.
A este gobierno y a la presidenta ejecutiva les estorba la autonomía y la misión previsionaria de la salud y por ese motivo, presentó un proyecto de ley No. 22.266 para reformar la Constitución Política para limitar la autonomía, desmantelar financieramente a la institución y subordinarla a los vaivenes políticos del gobierno de turno.
Adicionalmente, el gobierno presentó dos mociones, una en setiembre y otra en noviembre de este año, con la intención de someter a la Caja a la nociva regla fiscal, que en defensa de la propia institución y el derecho a la salud fue rechazada reiteradamente, por los hoy estigmatizados representantes de la Junta Directiva, con los cuales nos solidarizamos.
Esta institución ha sido sujeta a amenazas, a la infamia, al desprestigio infundado, a los intereses mercantilistas, a las deudas del gobierno, la privatización y otros desafíos, por lo que, entre todos, debemos defender a la madre de la salud costarricense.
El presidente Chaves ha pisoteado, de la manera más arbitraria y antidemocrática, la institución insigne, símbolo de los más grandes valores familiares y humanos, que el pueblo costarricense atesora en el corazón.
San José, 8 de diciembre de 2022.
Información: Luis Chavarría Vega 83672737, Deivis Ovares Morales 83167487.
Frente a los pésimos síntomas que padece nuestro Estado democrático, por las intentonas de quien ejerce, pero irrespeta la primera magistratura, que abiertamente desconoce la vocación democrática de nuestro pueblo, intentando imponer su caprichosa e ilegal voluntad a costa de cualquier precio, expresamos nuestros rechazo a estas reprochables actuaciones.
Improbable e iluso sería pensar que la decisión de irrumpir contra la autonomía de la CCSS fue obra de consensos, ya que ante la demostrada prepotencia y arrogancia del Presidente Chaves, se evidencian que sus subordinados tienen poca o nula probabilidad de disentir y mucho menos discrepar con los dictados presidenciales sin consecuencias. La conducta del Presidente Chaves evidencian que el ego es tanto, que se intenta ubicar por encima de la legalidad y de la misma Constitución Política.
En FRENASS repudiamos la intromisión violenta en la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, que evidentemente pretende facilitar la imposición de políticas económicas restrictivas como la Regla Fiscal, en nuestra benemérita institución y facilitar los procesos de desmantelamiento, privatización y deterioro sistemático de los Servicios Públicos de Salud, cuyo fin último es acabar con el bastión de la conquista histórica de nuestra Reforma Social, alcanzada con vidas y sangre de nuestro pueblo en los años 40 del siglo pasado.
Emplazamos al Consejo de Gobierno y al Presidente de la República a ajustarse, consecuentes al juramento del 08 de mayo, a la institucionalidad democrática y bloque de legalidad. Exigimos el respeto irrestricto a la autonomía de la CCSS y exigimos el pago inmediato de la multimillonaria deuda del Estado, de forma que no se afecten la prestación de los servicios obligación ineludible establecida en nuestra Carta Magna.
San José, 08 de diciembre de 2022.
Lo de si un país es caro o barato, es, en mucho, un asunto relativo. Pongámoslo así: supóngase un país F donde el kilo de arroz vale el equivalente a ₡1000 y otro país G en el cual vale ₡500. O sea: parece que el arroz es el doble de caro en F. Supóngase, además, que el salario promedio mensual en F es ₡100.000, mientras en G es ₡5.000. Así las cosas, el arroz resulta realmente más barato en F que en G, puesto que en el primero una persona que gane el salario promedio podrá adquirir hasta 100 kilos de arroz, mientras en el segundo solo 10 kilos.
Decimos habitualmente que Costa Rica es un país caro. Y hay sectores en que posiblemente sí lo es, sobre todo ahí donde predominan estructuras de mercado dominadas por un pequeño grupo de empresas oligopólicas. Sucede seguramente con los medicamentos, y posiblemente también con alimentos tan básicos como el frijol. En ambos casos estamos en manos de un pequeño grupo de empresas importadoras. Gracias a los desatinos de Rodrigo Chaves, probablemente hacia ahí irá también el arroz.
Si uno hace comparaciones con base en parámetros internacionales estandarizados, observaremos que no es cierto que somos un país caro. Hice un pequeño ejercicio de ese tipo con una muestra de 13 países: desde Noruega, con el PIB por habitante más alto, hasta Nicaragua, con el más bajo. Nicaragua y Honduras son primero y segundo entre los más baratos; Costa Rica, el quinto más barato. Noruega el más caro de todos.
Y, sin embargo, Noruega es, con mucho, el país que tiene el más alto nivel de vida en ese grupo de 13 países. Es el más caro, y, sin embargo, y paradójicamente, es también el más barato, en el sentido de que su población tiene posibilidades de mayor confort material.
El tema es, a fin de cuentas, un asunto de mayor productividad de la economía, con base en lo cual lograr mayores niveles de ingreso y un nivel de vida más elevado. Pero, si queremos meter el bisturí más a fondo, también es un asunto de equidad distributiva, ya que, como ocurre con algunos países petroleros, poco se gana con un alto PIB, si todo queda en manos de una monarquía de jeques. Y también en ese particular, Noruega tiene una gran ventaja, puesto que es uno de los países más igualitarios del mundo.
¿Por qué sentimos que somos un país caro? Dicho de forma muy simplificada, la razón es la siguiente: no es tanto que los precios sean altos, sino que los ingresos de la población son bajos. O sea: es un caso como el del país G que mencioné en el primer párrafo. Y siendo que Noruega tiene un nivel de precios bastante más alto que el de Costa Rica, también tiene un nivel de vida muy superior. Y eso es posible, porque su productividad promedio es mucho más alta.
Por cierto, nada de esto se resuelve con “apps” para comparar precios.
SURCOS comparte la siguiente información:
Reiteramos la invitación a personas, organizaciones y colectiv@s, dentro y fuera de Costa Rica, a suscribir este comunicado público con la alerta ante las amenazas dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vignet.
Fecha de cierre de recolección de firmas: 13 dic 2022.
https://bit.ly/3UEXyOK
COMUNICADO PÚBLICO
ALERTA SOBRE RIESGO A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE DEFENSORES DE LA TIERRA-TERRITORIO Y DE DERECHOS HUMANOS
Martes 6 de diciembre del 2022. Nosotras y nosotros que pertenecemos al “Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok”, alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el riesgo inminente que corren las vidas e integridad física de : 1) la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak, recuperadora de tierra-territorio en el Territorio Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) y; 2) el defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, que apoya a la CLSS y es interlocutor entre esta instancia y el Estado de Costa Rica.
La alerta y nuestra profunda preocupación se originan a partir de las numerosas denuncias que se han realizado a la situación de tensión, agresión y violencia racista que se vive en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) . Este contexto surgió tras la respuesta violenta del ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez, ante la recuperación del terreno que ocupaba y del cual obtenía beneficios de forma ilegal desde que lo adquirió -también por medios ilegales- en 2012; un poco más de dos décadas desde la vigencia de la Ley Indígena de 1977 en Costa Rica y que convierten a Pérez no sólo ocupante ilegal sino de mala fe y, por tanto, no es sujeto de indemnización.
Las agresiones han sido múltiples y profundamente violentas desde que la familia Sandí Morales decidió hacer valer su derecho al acceso y disfrute de la tierra-territorio en abril del 2021. Derecho consagrado en: 1) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 2) la Ley Indígena de 1977; 3) el marco constitucional costarricense y; 4) el fallo No 20222024725 del miércoles 19 de octubre del 2022, de la Sala Constitucional, en el que se reafirma la nulidad de todas las compra-ventas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas. Las agresiones por parte de Luis Ángel Pérez y sus peones han ido desde el hostigamiento y acoso constante, insultos racistas, hasta las amenazas de muerte, amenazas agravadas (con arma en mano) y escaló con disparos al cuerpo de las personas recuperadoras el pasado 04 de noviembre; día en el que la familia Sandí Morales pudo completar el proceso de recuperación y la expulsión definitiva del ocupante ilegal y sus peones.
Esta situación se agrava, todavía más, ante los hechos denunciados el pasado miércoles 30 de noviembre del 2022 por la familia Bribri -del Clan Duri Wak- Sandí Morales y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Ambas partes, recibieron información sobre la filtración y difusión de imágenes del Informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires de Puntarenas y del Informe policial de la Delegación de la Fuerza Pública del mismo cantón sobre los hechos que tuvieron lugar durante los días 4 y 5 de noviembre -del año en curso- en el terreno recuperado por parte de la Familia Sandi Morales del clan Duriwak en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). Días en los que, como se mencionó anteriormente, la familia Sandí pudo completar el proceso de recuperación de tierra-territorio.
Estas imágenes, fueron difundidas de forma masiva por medio del grupo de Whatsapp «GrupoUnidosApoyoDeHuelgas» y en las mismas se dan detalles que ponen en riesgo la vida e integridad de la familia Sandí Morales y del Defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet , de quien se muestra su rostro e información personal. Estas imágenes fueron acompañadas de un audio del señor Leonel Arburola en el grupo de whatsapp señalado; audio en el que una vez más emite información falsa y ataca el honor del señor Oreamuno Vignet.
Según la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ésta es la segunda ocasión en la que un informe de investigación judicial es filtrado. La primera vez fue durante los días 21 y 22 de enero del 2021 cuando el medio de comunicación CrHoy.com filtró información del caso por el homicidio por razones políticas del líder Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwák; expediente judicial 19-0000178-0990-PE.
Estas filtraciones no sólo levantan sospechas de que en el Poder Judicial se encuentran intereses coludidos a favor de los ocupantes ilegales y terratenientes sino que también inciden en el debido proceso, en el buen desarrollo de las investigaciones y pesquisas judiciales correspondientes.
Además, como si esto fuera poco, pone en riesgo a las personas que pertenecen a los Pueblos Originarios y no que están implicadas. Quienes son las mismas personas que tras más de 12 años de resistencia, han sobrevivido a la violencia racista con la que responden los ocupantes ilegales a los procesos de recuperación de tierra-territorio. Violencia, por mucho, mortífera y que al día de hoy logró acabar con la vida de los líderes Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak y del Territorio Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera Brörán de Térraba.
Es importante recordar que la familia Sandí Morales ha recibido ataques donde les han quemado su casa y destruido cultivos; y que desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se emitieron las Alertas Tempranas los días 10, 16 y 22 de noviembre del año en curso, sobre posible contratación de servicios de sicariato y agresiones contra la familia Sandí Morales.
Así insistimos: los hechos hablan por sí mismos y el riesgo a la vida y a la integridad física de la familia Bribri Rivera Sandí Morales y de Gustavo Oreamuno Vignet es real, preocupante y urgente de atender. Ante las constantes amenazas y ataques al honor de Gustavo Oreamuno Vignet, esta persona interpuso las respectivas denuncias judiciales por amenazas contra personas afines a los intereses de los ocupantes ilegales de Territorios Indígenas, denuncias que se tramitan ante la Fiscalía de Asuntos Indígenas en los expedientes #20-006343-0042-PE y #21-0000003-1214-PE.
Ante ello, las organizaciones y personas solidarias y firmantes de este comunicado EXIGIMOS:
1- Que a la brevedad se brinde un informe sobre la filtración de las fotografías de estos documentos que en teoría corresponden a un expediente propio de una investigación y compendio de información exclusivo del Organismo de Investigación Judicial. Además, que se lleven hasta las últimas consecuencias administrativas y judiciales a las personas implicadas.
2- Que la Fuerza Pública se haga presente en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) de forma inmediata y permanente y que garantice la integridad física y vida de la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak.
3- Responsabilizamos al Estado costarricense ante cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad física, psicológica, emocional y la vida tanto de la familia Sandí Morales como la de Gustavo Oreamuno Vignet. Ello ante la actitud complaciente de las autoridades competentes por no velar el cumplimiento de la ley indigena, hacer cumplir la declaración de nulidad de la Sala constitucional ante la compraventa de tierras en territorios indígenas posterior a 1977 y el cumplimiento pleno de las medidas cautelares que organismos internacionales han impuesto como medida de protección a las personas recuperadoras.
Suscribimos este comunicado público:
– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
– Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
– Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
– Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha.
– Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba.
– Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.
– Asociación Voces Nuestras.
– Frente Tierra.
– La Juventud Vanguardista Costarricense.
– Sociedad Juglar Pacaqua.
– Mujeres por Costa Rica.
– Asociación de Escritoras Costarricenses.
– Buen Vivir Costa Rica.
– Confluencia Solidaria.
– Partido Vanguardia Popular.
– Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
– Bloque de Vivienda.
– Confederación Unitaria de Trabajadores.
– Fundación Pedagógica Nuestramérica.
– Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe.
En un reciente homenaje póstumo al escritor José León Sánchez, que se le ofreció en la Universidad de Costa Rica, su esposa, Ahiza Vega, expresó con sentimientos nostálgicos que a José León el país sí lo había reconocido como escritor, particularmente al haberle otorgado Premios Nacionales por su obra literaria en cinco ocasiones, así como el máximo galardón cultural, el Premio Magón. Sin embargo, no alcanzó a ponderar y reconocer sus cualidades humanas. Una persona que, a pesar de haber recibido una dura, prolongada e injusta pena carcelaria, no guardó odio alguno para quienes lo juzgaron, maltrataron y estigmatizaron, provocándole, más allá del flagelo físico, un sufrimiento todavía más profundo, el que toca las fibras del alma humana y busca envilecer su espíritu. Aunque acostumbraba a decir: “mi oficio es amar a México”, también supo amar entrañablemente a su pueblo natal de Río Cuarto y con él a toda Costa Rica.
Para el cantautor y poeta Julio Vindas, José León Sánchez, el poeta que escribía novelas, se vestía de ternura y tolerancia para no permitir que el odio y la venganza lo habitaran: “Alimenta con su pluma las ubres de la vida, camina intransigente, intransmutable, intransferible, inclaudicable, ¡trashumante!, con un fardo de tolerancia a cuestas, donde guarda el infinito dolor y la invaluable alegría de ser –sencillamente–, ¡él mismo! […] cuando le da la gana, se convierte en raíces podridas de silencio, se transforma en jaguar en celo, almizcle de colibrí, amamanta estrellas, enamora galaxias, y pregona su Amor por una Ahiza, tan infinita como bella, algo así como la presencia de todas las ausencias. José León no solo solloza nostalgia, ¡solloza ternura! […]”.
Tuve la feliz oportunidad de acompañar a José León y Ahiza en dos ocasiones a mi tierra natal, San Carlos, donde se le ofrecieron homenajes por parte de instituciones universitarias, tanto públicas como privadas. Personas como el doctor Álvaro Hidalgo, exdirector del Hospital San Carlos, y los profesores Rocío Murillo y Olivier Hernández de la Universidad Técnica Nacional (UTN), así como el profesor Gustavo Salas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), fueron claves en los homenajes que se le brindaron en vida a José León. Asimismo, los escritores sancarleños Adriano Corrales y Francisco Rodríguez, quienes siempre supieron destacar, reconocer y difundir los méritos de su obra literaria. La academia y el pueblo sancarleño abundaron en gestos de aprecio y reconocimiento al escritor costarricense más laureado y traducido internacionalmente, como persona de cualidades humanas, afectivas e intelectuales excepcionales.
En ambas oportunidades, fui testigo de esas cualidades: cercano, accesible y de una sensibilidad admirable para acoger con cariño a todas las personas. Esa era su manera más natural de actuar, y por consiguiente espiritual. Manuel Delgado destaca esa dimensión profundamente humana y afectiva: “M´ hijito nos decía a todos. Parecía mentira que un hombre que llevaba tras de sí tanto dolor y tanta injusticia pudiera guardar (y expresar) tanta dulzura, tanta humildad y, sobre todo, tanto amor por la vida. A mí siempre me intrigó por qué Chepeleón me mostraba tanto aprecio. Luego llegué a la convicción de que era la forma normal de ser y convivir, siempre y con todo ser humano”.
No solo estamos ante un escritor que se forjó en el crisol del sufrimiento, sino frente a un ser humano que supo dignificarse con múltiples gestos de gratuidad y su incansable lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos y la restitución de la rica herencia cultural de los pueblos originarios. En los últimos años, asumió con mística la defensa y dignificación de la mujer presidiaria, y junto a su esposa la recuperación de los aportes de los pueblos ancestrales de “La Gran Nicoya”, así como la traducción del “Quipu de Talamanca”.
¿Cómo explicar que ese gran escritor y ser humano no alcanzase a ser valorado, en su país de origen, como se lo merecía? Al respecto, cabe retomar lo que la insigne escritora Yolanda Oreamuno identificó como un rasgo cultural propio del costarricense: la actitud y el comportamiento de “bajar el piso” (“serruchapisos”), siempre procurando la medianía; esa predisposición para evitar que alguien trascienda la línea media, con lo bueno que podría tener para no endiosar o idolatrar, pero también con lo malo al no reconocer los méritos a quienes se destacan. En este último aspecto, la mezquindad y hasta la envidia nos delata en nuestra pobreza humana y espiritual. Para el filósofo y escritor Martín Buber “se puede calificar de humana a una sociedad en la medida en que sus miembros se confirman recíprocamente. La base de la convivencia humana es doble y sin embargo una sola: el deseo de todos los hombres de que los otros los confirmen como lo que son e incluso como lo que pueden llegar a ser y la capacidad innata de los hombres para confirmar de ese modo a sus semejantes. El hecho de que esta capacidad esté yerma en tan gran proporción constituye la verdadera debilidad y lo cuestionable de la raza humana. La verdadera humanidad solo se da allí donde esa capacidad se desarrolla”.
Quizá, para poder aquilatar las cualidades humanas y afectivas del escritor José León Sánchez, ahora que no podremos contar con sus calurosos gestos afirmativos de cariño y reconocimiento –y también de irreverencia sagrada–, haya que volver a sus obras, con otra mirada, especialmente atendiendo al perfil de sus personajes protagonistas: los niños, las mujeres, los campesinos, los presos, los pueblos originarios… Asimismo, atender a su apasionada búsqueda por reivindicar la dignidad de esos sectores discriminados y olvidados, para construir un mundo más inclusivo, solidario y amoroso.
Gracias, José León, por darnos una lección de humanidad y afectividad en estos tiempos donde azota el frío de la indiferencia y la violencia, que nos tienen al borde del precipicio como humanidad planetaria.
Imagen ilustrativa.
