La Embajada de Italia en Costa Rica, el Instituto Dante Alighieri y la Benemérita Biblioteca Nacional, le invitan a la presentación del libro ”Ostinati e contrari” de Giovanni Falcone Paolo Borsellino, editado y presentado por Nando dalla Chiesa.
La actividad se realizará el lunes 28 de noviembre a las 5:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá en el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, le invitan a la presentación del libro ”La Iglesia de la Soledad” del Dr. Gustavo Soto Valverde. Esta es la décima sexta actividad del ciclo «Historia, cultura y democracia».
La actividad se realizará el miércoles 30 de noviembre a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y también se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
Información compartida con SURCOS por Maikol Hernández Arias
Durante más de cien años los trabajadores agrícolas han sido sometidos a condiciones de trabajo inaceptables por parte de las compañías extranjeras que en complicidad con el Estado costarricense, se apropiaron de las mejores tierras del país. ¿Por qué hoy prevalecen condiciones de trabajo semejantes a las de hace un siglo? ¿Por cuáles razones, después de tantos avances en instrumentos internacionales de derechos humanos, la realidad laboral sigue siendo muy semejante a la de un siglo atrás?
El 16 de noviembre de 2020, Costa Rica ha depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, convirtiéndose en el 47° país que ratifica el Protocolo a nivel mundial y el quinto a nivel de la región de América Latina y el Caribe.
Por otra parte, ha pasado más de un siglo del Convenio 11 de la OIT sobre el derecho de asociación sindical de los trabajadores agrícolas, y a pesar de ello, no ha sido posible que estos puedan organizarse en sindicatos. Fueron las administraciones a partir de la década de los años ochenta las responsables de la desarticulación del sindicalismo agrícola y la eliminación de toda forma de negociación colectiva. Esta fue sustituida por organizaciones solidaristas y comités empresariales de trabajadores denominados comités permanentes. Estos últimos en supuesta representación de los trabajadores sustituyen a los sindicatos y firman arreglos directos. Las empresas transnacionales no permiten la negociación colectiva y apenas dejan existir algunos sindicatos para dar la apariencia que permiten la libertad sindical.
A pesar de la ratificación de los Convenios de OIT, números 11, 87 y 98 sobre libertad sindical y el Convenio 30 y su protocolo, no existen políticas eficaces para acabar con las formas de trabajo forzoso, prevalece la explotación de los trabajadores con mayor repercusión en migrantes, mujeres y niños y otros grupos vulnerables.
El Protocolo requiere que los Estados adopten medidas efectivas para prevenir y combatir el trabajo forzoso, incluido el trabajo por servidumbre de deudas, el trabajo doméstico forzoso, o la trata de personas, y para proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas, tales como una indemnización. Sin embargo, el acceso a la justicia está muy limitado, resulta oneroso y esto se agrava cuando se trata de poblaciones en situación de pobreza y marginalidad, como lo es la mayoría de los trabajadores agrícolas del país.
El trabajo asalariado ha estado concentrado desde finales del siglo XIX en los productos agrícolas de exportación, especialmente banano, café, caña de azúcar y más recientemente palma aceitera, piñas y otras frutas tropicales. Así se formó el proletariado agrícola que ha trabajado para los latifundios y empresas transnacionales que se fueron apropiando de las mejores tierras del país y construyeron sus propios enclaves sin fiscalización estatal.
En las zonas de enclaves agroindustriales, las personas tienen imposibilidad de acceder a la educación formal superior y a la formación profesional, debido a la inexistencia de las instituciones públicas en estas regiones. Situación que provoca que los niveles educativos sean bajos y de esta forma garantiza el relevo generacional de mano de obra en condición de vulnerabilidad. Aprovechando su condición de únicos empleadores en las comunidades, los jóvenes solamente tienen la oportunidad laboral en la agroindustria. Esta es una realidad perversa.
Las plantaciones afectan además la agricultura de producción de alimentos de los costarricenses, fueron cosechados con trabajo familiar de un sector de campesinos pobres, que muchas veces no cuentan con los medios para impulsar empresas agrícolas exitosas. Muchos de ellos ocupan mano de obra temporal en cosecha, y los propios miembros de la familia incluidos los niños y las niñas.
En el café, estos campesinos, con la orientación del Estado logran organizarse en cooperativas y vincularse al comercio internacional, conformando una clase media campesina. Los avances educativos y sanitarios promovidos por el Estado costarricense le permitirán junto al café, construir condiciones de vida y trabajo diferenciadas de los asalariados agrícolas.
Los trabajadores ocupados en las empresas agroindustriales donde la explotación capitalista impuso las condiciones de trabajo, un siglo después se encuentran en condiciones de miseria, sin posibilidad de tener acceso a la tierra y menos aún de aprovechar el desarrollo logrado por el país en materia de salud, educación y condiciones de vida.
Si los comparamos con otros sectores económicos, los trabajadores agrícolas están débilmente protegidos por las leyes laborales nacionales. En algunos casos esto se debe a que el alcance de la legislación es muy limitado para orientar las relaciones laborales, en donde prevalecen prácticas históricas de explotación y trabajo forzoso, que supone la explotación del trabajo de las mujeres, niños y niñas, población migrante y trabajadores indígenas.
En Costa Rica la legislación de protección simplemente no se cumple y las instituciones estatales son omisas o carecen de políticas públicas eficaces, porque prevalece la protección de estas empresas transnacionales, sus negocios, sobre los derechos laborales, la salud y el medio ambiente.
Además, la aplicación de la legislación, en general, es una problemática en las zonas rurales, donde los trabajadores, muchos de ellos migrantes, no están familiarizados con los detalles de la ley. Incluso cuando existe una legislación específica sobre jornadas de trabajo, salarios y formas de pago, contratación y alojamiento, mientras que la inspección y la aplicación tiende a ser débiles o inexistentes.
En el caso de las mujeres, la explotación se agrava por las distintas formas de violencia a que son sometidas. La mayor parte de las asalariadas agrícolas se caracteriza por la mala calidad de los empleos que se les ofrece, lo cual, redunda en los altos niveles de pobreza que persisten entre los trabajadores agrícolas.
Las mujeres no se encuentran en ningún puesto de mando. En la práctica realizan las mismas labores pesadas al igual que los demás trabajadores. Las líneas de ascenso no existen. No se regula en los acuerdos directos nada que tenga que ver con igualdad de género.
En este contexto se da mucha agresión sexual y contra el derecho a la intimidad de las trabajadoras. Los servicios sanitarios no están diferenciados ni existen en el campo. Las mujeres deben realizar sus necesidades fisiológicas en zanjas en condiciones humanamente inaceptables.
En cuanto a la salud laboral no se toman previsiones por su condición de mujeres. Deben trabajar con la misma intensidad que se les exige a sus compañeros de trabajo pues el pago es a destajo, el monto del pago depende del cumplimiento de la tarea asignada.
Sus empleos son mal remunerados y los salarios no les permiten satisfacer sus necesidades mínimas, a pesar de cumplir con extensas jornadas de trabajo. No obstante, estas condiciones, sus aportes son fundamentales para superar la pobreza del hogar.
En estos escenarios se trabaja para comer y no para vivir, reproduce al mismo tiempo una mano de obra que desde muy joven se engancha en el mismo estilo de vida, con los mismos patrones culturales y con un futuro de limitaciones fácilmente pronosticable. Aparte en la importante población migrante en la agricultura, muchas son víctimas de explotación y trata de personas.
Las tarifas salariales fijadas a las labores por destajo las imponen las empresas sin que medie tutela del Estado o el Consejo Nacional de Salarios. Las fórmulas utilizadas para fijar estas tarifas son desconocidas por los trabajadores y por el mismo gobierno. Situación que coloca a los trabajadores en estado de indefensión, ya que deben ejecutarlas al ritmo e intensidad que unilateralmente le imponga el patrono. Desde nuestro punto de vista, el salario a destajo es el principal riesgo de trabajo, ya que arrastra a los trabajadores a realizar sobre esfuerzos, exponerse a riesgos y desgastarse físicamente de forma acelerada.
Podemos afirmar que el poder de las transnacionales agroindustriales no permite ningún nivel de inspección o control por parte del Estado costarricense y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la administración de justicia, tampoco constituyen un límite para su violación de los derechos laborales y el trabajo forzoso, y por tanto realizan sus infracciones a las leyes y normas constitucionales con absoluta impunidad. Esto quedó demostrado durante la reciente pandemia de COVID-19 donde muchas empresas agroindustriales propiedad de transnacionales no permitieron el ingreso de autoridades de salud.
Así, por ejemplo, persiste el trabajo infantil, les retienen documentos a los trabajadores migrantes y los hacinan en cuartuchos, les cobran el transporte hasta la finca donde ese día laboran. También deben comprar su alimentación o prepararla en lugares insalubres.
Los trabajadores y trabajadoras están por su cuenta sin una participación activa del Estado en materia de control de la salud laboral. Adolecen de agua potable y hasta se les sanciona por exigirla, trabajan largas jornadas bajo el sol, siendo personas iletradas riegan venenos, los trabajadores indígenas de las bananeras suscriben sus contratos de trabajo en idioma español aún y cuando no lean este idioma. No podemos omitir en este documento, la forma indiscriminada con que se vierten los agrotóxicos en la tierra, se contaminan los ríos, se talan los bosques, se enferman los vecinos, sufren los animales y se afectan de forma indirecta a los pequeños agricultores de las comunidades quienes padecen los efectos de plagas y reducción de tierra.
El Estado es un gran ausente. El acceso a la salud, a la justicia y la inexistencia de controles en materia de inspección de trabajo para que se pague la seguridad social afecta gravemente las condiciones de trabajo que resultan indignas. Frente a todo esto los trabajadores y trabajadoras se les niega el acceso a la justicia, no solo porque para plantear una demanda laboral requieren contratar la asistencia legal de un profesional, lo que resulta costoso o significa disponer de la mitad de los que se le vaya a indemnizar, sino porque los juzgados están muchas veces a distancias importantes de los lugares donde se ubican las empresas. Esto afecta las denuncias administrativas y judiciales de riesgo de trabajo facilitando la impunidad empresarial.
Más grave aún, persisten condiciones favorables a la trata de personas por las migraciones descontroladas y la inacción del Estado y sus autoridades. Muchas de estas empresas están ubicadas a ambos lados de la frontera con Nicaragua y Panamá, y miles de trabajadores deambulan sin que existan estrictos controles fronterizos porque rigen las normas de libre circulación sin requisitos que exigen estos enclaves territoriales donde se siembran los monocultivos.
Todo esto sucede en un país donde las leyes, tratados y convenios internacionales, son letra muerta, mientras los trabajadores no pueden organizarse libremente en sindicatos. Mientras los sindicatos no operen con libertad en la agroindustria costarricense, seguirá imponiéndose la esclavitud y la violación a los derechos humanos.
El señor y la señora, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAGH) y Dania Bando Castillo, secretaria general adjunta, en el marco de la reunión sindical con Tomoya Obokata, Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, alzan la voz sobre las empresas agroindrustriales multinacionales y los mecanismos que utilizan estas para violentar los derechos humanos de los trabajadores, la forma en que estos afectan a las comunidades y el impedimento de la libertad sindical, esto ultimo es relevante pues sin libertad sindical no hay forma de revertir o luchar contra las nuevas formas de esclavitud en Costa Rica, según lo dicho por los representantes de la FENTRAGH.
Otros temas que se presentaron en la reunión fueron los de trabajadores migrantes, indígenas y el trabajo infantil en las agroindustrias. El tema de los migrantes es complejo pues estas poblaciones son invisibilizadas, y se les niega todo tipo de derecho laboral. La discriminación en la población indígena se presenta por medio de contratos en español, idioma que no manejan.
La Fundación Transformación en Tiempos Violentos y la Benemérita Biblioteca Nacional le invita a la inauguración de la exposición: Pintura y Poesía por la Paz, donde habrá un recital de poetas participantes y una presentación del Grupo Contrapunto. La exposición incluye las obras de 21 poetas y 21 artistas, y se realiza en conmemoración de la Abolición del Ejército.
La inauguración de la exposición se realizará el jueves 1 de diciembre a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá en vivo por los Facebook:
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional busca un/a oficial de incidencia para integrar el Área de Incidencia en el Programa de CEJIL Mesoamérica.
CEJIL es una organización regional cuya misión es la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano mediante el uso de las herramientas que brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y otros mecanismos de protección internacional.
En los últimos días la familia Bribri Sandí Morales, recuperador@s de un terreno ubicado en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà ha recibido información de fuente confiable, que los finqueros no indígenas del sector de Bolas, están organizando un grupo de personas que atacarían en turba y con armas de fuego a esta familia, ingresando por la montaña al terreno recuperado.
También, recibieron información, sobre la supuesta traída de personas no Indígenas que ocupan ilegalmente el Territorio Brörán de Térraba para atacar a esta familia a más tardar el próximo 26 de noviembre. Está coordinación supuestamente la está realizando el señor Luis Pérez Jiménez, quien ocupaba ilegalmente la tierra recuperada por la familia Sandí Morales.
Nos preocupa enormemente está situación, ya sabemos y el Gobierno ha sido informado por diversos medios de las múltiples amenazas de muerte en contra de la familia Sandí Morales y de la supuesta contratación de servicios de sicariato en su contra, hechos denunciados públicamente en las Alertas Tempranas emitidas por la familia, el Consejo Iríria Sätkök y la Coordinadora de Lucha Sur Sur y enviadas formalmente al Estado de Costa Rica los días 10 y 16 de noviembre.
Los días viernes 18, 19 y 20 de noviembre desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se enviaron 3 correos sobre está situación a la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos Indígenas y no han sido contestados de manera satisfactoria, ni se conoce una posición oficial al respecto.
Es de conocimiento del Estado de Costa Rica de las amenazas y alto riesgo en el que se encuentra la familia Sandí Morales.
Recordamos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad de los Pueblos Originarios. Por lo que exigimos:
El Poder Ejecutivo tome acciones inmediatas y efectivas para garantizar la vida e integridad de la familia recuperadora.
El Poder Ejecutivo coordine con el señor Pérez Jiménez el retiro definitivo de su ganado del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
El Poder Judicial haga cumplir de manera inmediata y efectiva las medidas cautelares que desde hace meses fueron dictadas contra Luis Pérez Jiménez y sus peones, pero que no se han cumplido y realice las investigaciones y diligencias necesarias para garantizar la vida e integridad de la Familia Sandí Morales.
Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud indica lo siguiente respecto a la aprobación del ajuste salarial en la CCSS: “Después de una lucha importante donde se formuló siempre la defensa y la autonomía constitucional especial de la Caja como un eje central, esa es la victoria más importante que hay que ubicar en esto que sucedió ayer. Decir que:
La Dirección de Recursos Humanos de la Caja en el transcurso de la mañana nos indica su propio director Don Walter Campos estará sacando una circular oficial con los datos de la fases en el momento en el que se vayan a agregar el aumento el salario base en la planilla en el sistema de planilla de la Caja y una fase segunda que sería la fecha de definición del pago del retroactivo.
Decir que esto es más allá del tema salarial, esto es un triunfo que golpea al Presidente de la República en su línea autoritaria de imponer muchas cosas y de paso golpea la Presidenta Ejecutiva que literalmente sale, para decir de forma coloquial, garroteada, puesto que la moción que había presentado el representante que hace poco colocó el Presidente en la junta directiva, el señor Roy Ignacio Vargas salió derrotada la moción, es decir, un siete a dos, quiere decir que hubo un alineamiento de los sectores sociales y por qué no decirlo, creemos que de la representación empresarial que ese es un elemento a analizar con bastante fineza puesto que ahí existen figuras como Marielos Alfaro y como Adrían Torrealba que siempre han tenido una posición pues bastante contraria a la clase trabajadora. Ese es un elemento a analizar bien puesto que una derrota de Rodrigo Cháves y Marta Eugenia Esquivel de siete a dos es, los trabajadores tienen que analizar eso con bastante detenimiento.
Decir, en ese sentido, que este golpe que sufre el gobierno que es un triunfo para la clase trabajadora se encuadra dentro de varias cosas, en otros golpes que está sufriendo y ha venido sufriendo el gobierno, algunos anteriores. Empezar diciendo que:
El mismo Presidente ha dicho que va a incumplir la promesa de campaña de que los consejos de gobierno sean abiertos y que todo mundo los conozca, ahí se inventó una mentira piadosa tratando de adornarla con algunas narrativas inteligentes pero lo cierto del caso es que está incumpliendo la promesa de campaña.
En el tema de los Eurobonos, esa negociación, entre comillas, tiene retrocesos y también cosas que ha cedido el gobierno.
No es casual, el PUSC le da un espaldarazo al gobierno y dice que no va a apoyar la venta del BCR. Los arroceros, el Presidente tiene que retirar el proyecto que tenía que ver con la ruta del arroz, y por último este cierre de la votación en la Caja es lapidario para el gobierno, para don Rodrigo, y para Doña Marta Eugenia como decíamos. Pero esto revitaliza la institucionalidad, le da un nuevo aire al Estado Social de Derecho y sobre todo revitaliza un poco la democracia en el sentido de que los pesos y contrapesos dentro de una sociedad tienen que ser aceptados en este caso por el señor Presidente de la República. Nos parece que hay que contextualizar el acierto de la Caja de ayer en el marco más general y entender como clase trabajadora que eso es un triunfo de todo el movimiento laboral del país”.
El relator especial sobre formas contemporáneas de esclavitud externó inquietudes en temas de legislación al finalizar su misión (Foto de Katya Alvarado). Semanario Universidad.
Por Mario Bermúdez Vives
SURCOS comparte la siguiente producción del Semanario Universidad:
El Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud Tomayo Obokata, quien realizó una misión para evaluar las condiciones del país en esta materia del 16 al 25 de noviembre, externó una preocupación por la discusión del proyecto de Jornadas de 12 horas (conocido como jornada de doce horas, o jornada 4×3), que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 21.182.
Obokata incluyó el tema en el informe final de su misión, promovida por las Naciones Unidas, en la sección de desafíos. «El Relator Especial está preocupado por la discusión que hay en torno a un proyecto de ley que tiene por objeto reestructurar las jornadas de trabajo a 12 horas durante 4 días seguidas de 3 días de descanso».
Consultado sobre los temas de legislación que el país debe implementar para avanzar en la lucha contra formas de esclavitud modernas y las que se deberían evitar para no generar retrocesos, mencionó este proyecto, por los impactos que puede tener en la salud mental de los trabajadores y los posibles efectos en la salud física. Precisamente el tema de las jornadas extendidas en sectores como la agricultura fue otro de los elementos de preocupación citados en el informe.
Además, Obokata mencionó su inquietud por los efectos que puede tener esta normativa en responsabilidades de cuido de niños o adultos mayores que pueden tener los trabajadores, y que se verían afectadas, especialmente en los casos de las poblaciones más vulnerables.
En contraste, Obokata considera que el país debe impulsar discusiones en el Parlamento que propicien la defensa de comunidades marginales y garantizar el acceso a la justicia de posibles víctimas de formas de discriminación laboral. También recomendó fortalecer el área de inspección laboral, y las sanciones a las personas y empresas que violenten los derechos humanos.
El tema de las posibles afectaciones a los derechos humanos del proyecto de Jornadas Flexibles ha sido parte de la polémica alrededor de este texto, que el gobierno impulsa como una forma para modernizar las condiciones de trabajo. La legisladora oficialista Pilar Cisneros ha insistido en que se trata de una normativa que solo se adoptaría por consenso y limitado a pocos casos, y que permitiría generar más empleos.
Sin embargo, organizaciones como el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica consideran que la propuesta viola protecciones constitucionales a la niñez y a la mujer. A su vez, estimaciones de INS y el INEC sobre la cantidad de trabajadores que podrían verse incluidos dentro de las nuevas condiciones van desde los 300.000 hasta el millón de asalariados, según datos publicados por UNIVERSIDAD.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El auge de los discursos políticos machistas y la violencia de género no ceden terreno en el mundo
Cada día en Costa Rica las mujeres que incursionan en los campos político, empresarial y comunitario enfrentan el menosprecio de sus colegas; mientras al mismo tiempo otras deben sortear cotidianamente el acoso sexual en los entornos de trabajo o viven bajo diversas formas de violencia doméstica que siguen llenando las fiscalías a lo largo del territorio nacional.
Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, instancia del Poder Judicial, durante el año 2021 cada día el Ministerio Público recibió 57 denuncias relacionadas con delitos contemplados en la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer (Ley #8589 y sus reformas) como maltrato físico, incumplimiento de medidas de protección, ofensas a la dignidad, amenazas contra mujeres y daño patrimonial. En total, el Poder Judicial recibió casi 21 mil denuncias al amparo de dicha normativa.
Durante ese mismo periodo, de la totalidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público la violencia sexual contra las mujeres fue la cuarta categoría de delitos en el ámbito nacional, pero al sumarla a los tipificados por la Ley #8589 y sus reformas son la segunda causa de denuncias, un 17%, solo superado por los delitos a la propiedad que superan el 40% de casos.
La violencia de género contra las mujeres se refiere a cualquier acto que cause daño, sufrimiento físico, sexual, emocional y en última instancia su muerte en razón de su género. Y aunque cada mes se solicitan 132 medidas de protección, al menos dos mujeres pierden la vida a mano de hombres con los que tuvieron algún tipo de vínculo emocional, y quienes sobreviven deben superar los efectos psicológicos posteriores.
Por eso, cada 25 de noviembre el mundo se reúne a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como un llamado un llamado global para reflexionar sobre la situación que viven millones de ellas. Al igual que en Costa Rica, de esta violenta pandemia no se exime ninguna nación, ya que según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el planeta una de cada tres mujeres es víctima de violencia de género y, con más alarma señala que cada 11 minutos ocurre un femicidio.
Aunque se intente normalizar las insinuaciones sexuales no deseadas, el acoso callejero y cibernético, e incluso la misma violencia física, la realidad es que la ONU considera los distintos tipos de violencias de género “como una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas”.
Para la Universidad de Costa Rica (UCR), mediante instancias de Acción Social (VAS) e Investigación (VINV), el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (Ciem-UCR) impulsa acciones formativas, de capacitación y acompañamiento en el diseño de políticas públicas para la prevención del hostigamiento sexual y el acompañamiento de las mujeres que sufren violencia de género. Una de esas iniciativas es el proyecto “Cero tolerancia al hostigamiento sexual, la violencia contra las mujeres y la discriminación en la Universidad de Costa Rica y la comunidad nacional” (EC-514), que se propone una transformación cultural para vivir en una sociedad donde priven la igualdad, el derecho a una vida libre de violencias y el pleno respeto a los Derechos Humanos.
Los femicidios son una epidemia silenciosa que afecta a todos los países del mundo, unidos estos delitos a otros como el tráfico de personas con fines explotación, las agresiones y falta de políticas públicas para lograr la equidad de género. Por ejemplo, a setiembre del 2022 en Costa Rica ya se registran 34 muertes violentas que involucran a mujeres, 12 ya se consideran como femicidios, mientras otras 17 están a la espera de pruebas periciales para su correspondiente clasificación.
“El proyecto está integrado en tres líneas de trabajo de este centro en materia de investigación y atención de víctimas de violencia, y éste es una tercera parte de la estrategia nuestra en el Ciem-UCR. La otra parte es la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, además de la labor de investigación, y las tres se articulan muy bien. El eje de acción social es uno de los que promovemos, pensando en una estrategia contra las violencias, y mediante el otro de difusión creamos y distribuimos materiales informativos entre la comunidad universitaria”, comentó la Lic. Paola Brenes Hernández.
Mujeres del mundo levantan la voz
Aunque los movimientos mundiales han levantado la voz, como el conocido #MeToo (#YoTambien, en español), fundado por Tarana Burke, tuvieron un gran impacto global; al mismo tiempo tomaron fuerza propuestas políticas que cuestionan los avances en los derechos humanos, e incluso proponen la eliminación de las acciones afirmativas para proteger a las mujeres y crear condiciones de equidad en el mundo. En la actualidad, las activistas en América Central, los Estados Unidos, América del Sur, Europa y otras regiones siguen levantado sus voces para denunciar estas iniciativas neoconservadoras que perciben a los derechos humanos contrarios a sus idearios políticos.
En ese sentido, el proyecto EC-514 es otra de las instancias desde las que el Ciem-UCR que trabaja intensamente todo el año para capacitar a estudiantes de secundaria, universitarias y personas funcionarias públicas en temas de prevención y atención de casos de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género.
“Nuestras actividades dentro y fuera de la universidad incluyen cursos, capacitaciones, acciones conjuntas con algunas organizaciones, otras dirigidas a fiscalías de colegios profesionales y personal de instituciones públicas. Entre las líneas estratégicas que tenemos es llegar a grupos u organizaciones con potencial multiplicador para el abordaje de prevención y otras iniciativas”, comentó la Lic. Brenes.
En materia de prevención, este año el proyecto ha organizado un total de 90 espacios de capacitación en las sedes de la UCR, tanto de manera presencial como virtual. Las mismas fueron solicitadas por unidades académicas, administrativas, por docentes, estudiantes y diversos grupos organizados dentro de la comunidad universitaria. “En este momento estamos cerrando el curso de Promotoras de Derechos de las Mujeres, que se ha impartido desde el 2014, y que busca darle a estudiantes actividades y herramientas en esta materia. Son 14 sesiones en las que aprenden sobre abordaje de la violencia contra las mujeres para que puedan aplicarlo en sus espacios de movimiento estudiantil, y hemos tenido muy buenos resultados”, añadió la investigadora.
Lo anterior es relevante ya que la última encuesta publicada por el Ciem-UCR en julio pasado reveló que el 80% de las estudiantes aseguró haber vivido algún tipo de violencia de género, tanto dentro de la universidad como fuera de ella, entre ellas violencia emocional, sexual, hostigamiento, agresiones físicas o patrimonial. El estudio consultó a 658 mujeres entre junio y julio de 2021, y sus resultados tienen un grado de confianza del 95%.
Otra de las líneas de acción en la que el proyecto se involucra es la Red Universitaria contra el Hostigamiento Sexual, cuyo objetivo es promover el trabajo conjunto con asociaciones estudiantiles para el intercambio de experiencias, estrategias, recomendaciones. En lo que va del año 2022 más de 15 asociaciones se sumaron a este esfuerzo.
Otro curso es sobre la Introducción Feminista a la Vida Universitaria que estaba orientada a estudiantes de primer ingreso que se realizó en abril 2022, y en esa misma línea de la mano de la iniciativa Costa Rica Aprende con la U Publica impulsaron tres cursos de mayo a junio, el primero dirigido a estudiantes de Derecho sobre la “Introducción a los instrumentos internacionales de derecho de mujeres aplicables en Costa Rica”, otro sobre “Introducción al feminismo: un espacio para aprender, acompañarse y resistir”, dirigido a estudiantes de secundaria”. Y finalmente el de “Violencia contra las mujeres y Prevención del Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia”, enfocado en personas estudiantes de instituciones universitarias publicas y privadas.
¡Aquí estamos!
Si alguna persona requiere acompañamiento o asesoría legal debido a actos relacionados con la violencia de género puede solicitarlo a la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, mediante la línea telefónica 2511-1909 o al correo electrónico defensoriahs@ucr.ac.cr
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
Comentar y conocer de manera accesible los derechos fundamentales de los costarricenses, fue el objetivo del libro “Una Constitución Política para todas y todos”, presentado el pasado 10 de noviembre en la Sala de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia del libro.
La producción del libro estuvo a cargo de la Sala Constitucional, la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS-UNA), el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER), el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, el Frente Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos de Costa Rica y el Editorial Progreso.
Este material contiene los artículos comentados de nuestra Constitución Política, que se pone a disposición del público, más allá de una propuesta unilateral de quienes tienen la responsabilidad de la autoría, busca abrir un diálogo plural con los insumos de los diversos contextos donde se ha debatido y reflexionado sobre el Estado Social de Derecho, su desarrollo institucional, la división de poderes y la independencia de la administración de justicia, en que transita y se sostiene nuestra democracia costarricense.
“La Constitución Política es vista por muchas personas como un libro para abogados, algo lejos de su realidad, pero lo cierto es que la Constitución Política es un libro para la población del país, ya que engloba los principios y valores que definen al costarricense”, comentó el máster Luis Ardón, Coordinador de Presidencia de la Sala Constitucional.
Para el director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, Dr. Ángel Ortega, participante del libro indicó que “El presente documento cobra importancia al comprender la Constitución Política, que se convierte en una obligación para todas y para todos, por cuanto representa la más alta norma que nos gobierna como país. Ser costarricenses implica tener derechos exigibles, pero también, deberes de mucha trascendencia dentro de los cuales se resalta, el respeto a la norma y a los valores que nos identifican como sociedad, los cuales están consagrados en nuestra Constitución Política”.
“Esta obra se convierte en una acción estratégica necesaria e ineludible, permite impulsar la apropiación de nuestra Carta Magna por toda la población y conocer el marco de referencia, para pensar en una serie de temas que deben verse de manera articulada y no como temas disimiles, asimismo, sacar el máximo provecho y clarificar el marco normativo actual, para diseñar y aplicar una serie de acciones que nos permita anticiparnos al futuro y transformarlo”, destacó el Master Francisco González, Rector de la UNA.
La master Sylvia Arredondo, académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y Coordinadora General Ideario Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional, expresó que “comprender con mayor claridad cada uno de los artículos de nuestra Constitución Política es una tarea ineludible, para animar a la sociedad como un todo a exigir transparencia en la gestión de lo público e incentivar un verdadero interés en los asuntos del Estado, entendiendo que todas y todos somos parte de él, y que la falta de transparencia y la opacidad de la gestión pública, también es responsabilidad de toda la ciudadanía”.
El Dr. Fernando Cruz, presidente interino de la Sala Constitucional, señaló que es fundamental que la ciudadanía conozca la Constitución, la línea de derechos y aspiraciones, ya que los derechos son de toda la población y a veces se respetan y a veces se ignoran o se desconocen.
La autoría de esta obra la comparten: Luis Ardón Acuña, Sylvia Arredondo, Ángel Ortega, Daniel Cavallini y Efraín Cavallini., los cuales consideran el contenido del libro como un producto con calidad científica y académica, que se constituye en una acción estratégica necesaria e ineludible, que permite dejar huella, para construir y fortalecer de manera abierta, transparente, inclusiva y desde la diversidad; las expresiones propias de la ciudadanía, en relación con su papel de protagonista en la construcción de los valores, que cimentan el bienestar, la solidaridad, la vida económica, social, educativa, cultural, ambiental, espiritual y política de Costa Rica.
Cabe resaltar que durante el acto se disfrutó de una actividad cultural a cargo del Dúo Tricopilia, con la participación de la soprano Stefany Vega, licenciada en canto de la Universidad Nacional y la pianista Zarhay Arroyo, ganadora del Premio Omar Dengo, el Premio Nacional de Innovación de CONARE, Premio Alborada de la Cámara de Comercio.
La obra se dio en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional y de la conmemoración del 73 aniversario de la Constitución Política de Costa Rica. Asimismo, se aprovechó este evento para poner a disposición del público el libro: «Jugando y Aprendiendo con la Constitución Política», que fue una producción realizada en el 2020 en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional y se reimprimieron 1000 ejemplares que se entregaron en esta oportunidad.
