¿Quién nos está enseñando que esto es normal?

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

La pedagogía de la excepcionalidad en Costa Rica

Hace unos días comenté una noticia sobre Ariel Robles. Llegó a un juicio acompañado por dos agentes del OIJ y utilizando un chaleco antibalas. Las burlas no tardaron en aparecer. Mi comentario, quizá demasiado visceral, comparaba aquella reacción con la naturalidad con la que estamos aceptando los enormes dispositivos de seguridad que acompañan cotidianamente a la presidenta de la República y a otros altos funcionarios del Gobierno.

También recibí críticas. Algunas podían resumirse en una pregunta aparentemente irrebatible: ¿qué tiene de malo que la presidenta tenga protección?

Nada.

Una presidenta amenazada debe ser protegida. Un ministro amenazado debe ser protegido. Ariel Robles, si existe una valoración institucional de riesgo que así lo determina, también debe ser protegido.

Pero precisamente por eso creo que estamos haciendo la pregunta equivocada.

La cuestión no es si la presidenta debe tener escolta. La cuestión es cuándo comenzamos a considerar normal determinada representación del poder político en Costa Rica y cómo llegamos hasta aquí.

Durante décadas construimos una imagen de nosotros mismos como una sociedad civilista. Presidentes, ministros, diputados y otras autoridades podían ser vistos en espacios públicos con dispositivos de seguridad relativamente discretos. Eso no significa idealizar el pasado ni afirmar que nunca existieron escoltas o amenazas. Existieron. La pregunta es otra: ¿estamos asistiendo a un cambio en la forma en que el poder se presenta ante nosotros y en la manera en que nosotros aprendemos a interpretarlo?

Escoltas numerosas. Vehículos. Agentes armados. Fuerzas élite. Inteligencia. Amenazas de muerte. Seguridad nacional. Información declarada secreto de Estado.

Cada uno de esos elementos, considerado aisladamente, puede tener una explicación perfectamente razonable. Mi preocupación comienza cuando dejamos de observarlos aisladamente y los colocamos uno junto al otro.

Antes de asumir la Presidencia, Laura Fernández denunció el hallazgo de un supuesto micrófono en su oficina. Posteriormente conocimos que el dispositivo encontrado no tenía capacidad para grabar ni transmitir audio. Ya como presidenta ocurrió el episodio de Crucitas: una detonación, una evacuación inmediata y un enorme despliegue de seguridad. Después hemos conocido reiteradamente informaciones sobre amenazas contra su vida. Rodrigo Chaves también ha sido objeto de amenazas y mantiene protección estatal.

No afirmo que esas amenazas sean falsas.

Tampoco afirmo que exista una conspiración diseñada desde alguna oficina gubernamental para engañar a la ciudadanía.

Propongo una hipótesis y, sobre todo, algunas preguntas.

¿Qué sucede cuando la amenaza se convierte en un componente permanente de la representación pública del poder?

¿Puede una amenaza real ser, al mismo tiempo, utilizada políticamente?

¿Dónde termina la necesidad objetiva de protección y dónde comienza la representación simbólica de esa protección?

¿Quién determina cuánto dispositivo es proporcional al riesgo?

¿Cuánto cuesta?

¿Cuánto podemos conocer los ciudadanos sobre ese costo sin comprometer legítimos protocolos de seguridad?

¿Y qué aprendemos nosotros cuando vemos repetidamente esas imágenes?

Quizá estamos ante algo que podríamos llamar una pedagogía de la excepcionalidad.

Uso deliberadamente la palabra pedagogía, pero no porque pueda señalar a un pedagogo concreto. Precisamente esa es otra pregunta: ¿quién está enseñando?

¿El discurso gubernamental? ¿Los aparatos de comunicación? ¿Los dispositivos de seguridad? ¿Los medios? ¿Las redes sociales? ¿Nosotros mismos cuando reproducimos determinadas explicaciones hasta convertirlas en sentido común?

Gramsci comprendió muy bien que la hegemonía alcanza uno de sus mayores éxitos cuando una determinada interpretación del mundo deja de parecernos una interpretación y comienza simplemente a parecernos obvia.

Y quizá ahí radique lo que más me preocupa.

Cuando pregunté por los enormes dispositivos de protección presidencial, varias respuestas fueron esencialmente estas:

«¿Y qué tiene de malo? Es la presidenta. Tiene que estar protegida».

Otra vez: nada tiene de malo protegerla.

Pero observen el desplazamiento. Preguntar por la magnitud, proporcionalidad, costo y significado de un dispositivo de seguridad termina convertido en una supuesta discusión acerca de si debemos o no proteger a la presidenta.

Y entonces todas las demás preguntas desaparecen.

Tal vez allí la pedagogía comienza a producir resultados.

Lo excepcional se repite. La repetición produce familiaridad. La familiaridad disminuye nuestra extrañeza. Y finalmente aquello que alguna vez nos habría llamado poderosamente la atención termina provocando una respuesta sencillísima:

«¿Y qué tiene de raro?»

El episodio de Ariel Robles me resulta particularmente interesante por eso. No porque pretenda defender al exdiputado ni porque su situación sea necesariamente comparable en términos técnicos con la de la presidenta. Me interesa por la contradicción simbólica.

Si consideramos perfectamente razonable que una autoridad amenazada aparezca rodeada de un enorme dispositivo de protección, ¿por qué el chaleco antibalas y dos agentes que acompañan a otra persona amenazada pueden convertirse en objeto de burla?

Quizá no estamos juzgando solamente dispositivos de seguridad.

Quizá estamos decidiendo quién tiene derecho a representar públicamente su vulnerabilidad y quién no.

Y eso nos conduce nuevamente al problema del sentido común.

Una democracia no cambia necesariamente de un día para otro mediante un gran acontecimiento que todos podamos identificar. También puede cambiar mediante pequeñas habituaciones. Palabras que comenzamos a escuchar todos los días. Imágenes que dejamos de encontrar extrañas. Dispositivos excepcionales que empezamos a considerar necesarios.

• Amenaza.

• Inteligencia.

• Fuerza élite.

• Seguridad nacional.

• Secreto.

• Escoltas.

• Protección.

Cada palabra puede estar perfectamente justificada. Pero una democracia también tiene derecho a preguntarse qué relato construyen cuando comienzan a aparecer juntas y repetidamente.

Esta publicación no pretende demostrar que exista una estrategia deliberadamente diseñada para producir ese resultado. Mucho menos afirmar que las amenazas contra las autoridades sean ficticias. Es apenas una hipótesis de trabajo que merecería una investigación mucho más profunda de la que permite una publicación como esta.

Mi intención es otra: provocar discusión.

Porque tal vez estemos asistiendo a la construcción progresiva de un nuevo sentido común político en Costa Rica: uno en el cual la autoridad debe aparecer protegida, amenazada y rodeada por dispositivos extraordinarios de seguridad para que esa imagen nos resulte coherente con el ejercicio del poder.

Tal vez esté equivocado.

Ojalá.

Pero justamente porque las democracias se construyen también mediante símbolos, lenguajes, imágenes y hábitos, creo que vale la pena hacernos estas preguntas antes de que dejemos de hacérnoslas.

Porque quizás el problema nunca fue que la presidenta tuviera escoltas.

Quizá el verdadero problema comenzará el día en que miremos todo ese despliegue y ya no sintamos necesidad alguna de preguntar:

¿Cuándo aprendimos que esto era normal?