En el marco de la promoción del proyecto para extender las jornadas laborales, diversos dirigentes sindicales han expresado su descontento al asegurar que este tendría serias repercusiones para los trabajadores del campo. El señor Eric Lara García, dirigente sindical de SITRAP, comentó que “el proyecto es abusivo y podría tener consecuencias drásticas en la salud de las personas agricultoras”, también, el señor Roberto Reyes Silva explicó que “los trabajadores del campo no podrían soportar una jornada de 12 horas, porque es muy desgastante”. También, la preocupación de los dirigentes sindicales gira en torno a que el desgaste físico que generaría una jornada laboral de 12 horas podría representar problemas serios de salud.
Por su parte, el señor Albino Vargas, secretario general del ANEP, añadió que, en caso de consolidarse esta iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa de la República, la medida a tomar será acudir a la Sala Constitucional en defensa de la jornada laboral de 8 horas, ya que se considera “el proyecto violenta los derechos humanos y laborales de las personas y contraría a la Constitución Política”.
Si desea conocer más sobre esta información, puede consultar en el siguiente enlace:
Módulo I: Se abordará sobre el patrimonio bolivariano material e inmaterial en los territorios donde se esté desarrollando el diplomado, es decir, sobre la presencia histórica, vida y obra, legado que allí existe de Simón Bolívar el libertador, en las localidades, municipios y regiones.
Módulo II: Se estudia, analiza y divulga acerca de la primera y segunda república, revisada desde los documentos y obras literarias publicadas sobre la vida y obra del libertador
Módulo III: El contenido a estudiar, analiza, debate y divulga la significación de la visión continental y porvenirista de Simón Bolívar sobre la necesidad e importancia de la unidad de los americanos (ante las colonias españolas); la formación de Colombia, las contradicciones internas, las causas y consecuencias de su desintegración, entre otros temas.
El diplomado inicia el 24 de julio de 2022 y termina el 24 de julio de 2023 y estará certificado por el Centro de Estudios Simón Bolívar. Finalizando el mismo se continuará con la especialidad y luego maestría y por último doctorado.
Envía tus datos al 04121019701, fecha límite el 23 de julio de 2023.
La otra cara del pago por rendimiento es el rápido deterioro de la salud de las personas que trabajan en la agroindustria. El avance del extractivismo agroingustrial en Costa Rica, expresión de la modernidad insostenible, depredadora y colonial, consolida sistemas de trabajo que expresan una alta precariedad.
Frank Ulloa Royo
Veamos un primer ejemplo: la labor de cosechar el coyol* de la palma aceitera esparcido en el suelo, es un trabajo muy duro y esencialmente femenino. El sindicato inicialmente denunció la falta de condiciones higiénicas en las fincas, pero este fue el primer paso.
Esta labor se ejecuta en las fincas, a la intemperie, bajo el sol y con mucha intensidad de trabajo para completar tareas y metas.
Se trata de un trabajo riesgoso, sujeto a múltiples lesiones, picaduras de serpientes, donde también inciden negativamente la forma de organización y las cargas de labor repetitivas.
Las trabajadoras deben caminar por espacios de ocho hectáreas cuando hay poca fruta y permanecer agachadas recogiendo el producto durante toda la jornada. Transportar luego los sacos hasta la carretera, adonde los recoge un mulero con la carreta, a pesar de las limitaciones que establece el Convenio 127 de la OIT sobre peso máximo.
En la Compañía Coto 54, vinculada a la empresa Palma Tica, las trabajadoras empacan sacos de al menos 30 kilos de coyol. La meta mínima es de 320 kilos para completar su salario diario de 10.853 colones (unos 15 dólares diarios o 90 dólares semanales). Si no completan los 320 kilos pueden ser sancionadas.
Cambio salud por dinero
Para ganar más que el mínimo hay que recoger kilos adicionales a razón de 32 colones por kilo. Cada kilo adicional es un desgaste mayor después de muchas horas de trabajo.
Por esta forma de pago las trabajadoras intercambian salud por dinero al someterse a las reglas unilaterales de la empresa en cuanto a la intensidad del trabajo. Lo aceptan porque necesitan el empleo al no tener otras alternativas laborales en regiones dominadas por el monocultivo de la palma.
Estas tierras fueron concesionadas a la United Fruit Co. por el gobierno de Costa Rica para favorecer la colonización en su momento. Las empresas las han explotado, junto con sus gentes, por más de cien años y hoy es la segunda región más pobre y desigual del país.
La relación entre trabajo y salud sugiere que las cargas laborales, los patrones de desgaste asociados a la producción, la exposición a altas temperaturas y agrotóxicos, además de la intensificación productiva derivada de la forma de organización, afectan significativamente la salud de los trabajadores de la agroindustria de palma.
Fuera de la ley
Las trabajadoras, casi sin excepción, padecen en poco tiempo dolores osteomusculares (hombros, rodillas, columna y otros).
Los trabajadores del sector deberían ser cobijados por un régimen especial de protección conjugado con políticas de prevención en salud y seguridad en el trabajo y cobertura de protección social.
El trabajo a destajo o por rendimiento debe ser prohibido por las autoridades laborales. Los arreglos directos no son medios idóneos para crear normas y establecer las tarifas. Estas pierden vigencia rápidamente y las trabajadoras son sometidas a explotación laboral y trabajo forzoso, mientras las autoridades vuelven la vista para el otro lado.
Un estado ausente y cómplice
La legislación no regula las cargas y tampoco contempla normativas en cuanto a los pesos, movimientos repetitivos e intensidad del proceso de trabajo que puede realizar una trabajadora o trabajador en el desempeño de su labor.
Si bien la salud ocupacional es de interés público la labor preventiva en esta materia es nula. Menos aún la inspección de autoridades en cuanto a cargas e intensidad del trabajo.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debería prevenir todo daño que pueda ser causado a la salud, proteger a las trabajadoras y los trabajadores y mantenerlos en un empleo congruente con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas, según lo determina el Código de Trabajo.
El sindicato SITRAPA, así como la federación (FENTRAGH) y la Rel UITA, continuarán con las denuncias para eliminar el trabajo a destajo en la agricultura porque esta forma de pago es propia del trabajo forzoso y el país ratificó recientemente el protocolo contra estas formas de explotación laboral.
*Nota del Editor: El coyol es el fruto de la palmera que se cae al piso cuando se tiran los grandes racimos y que luego deben ser recogidos. Para ello las trabajadoras deben agacharse realizando movimientos repetitivos a lo largo de la jornada laboral, sin pausas para cumplir con las metas impuestas por el empleador y con consecuencias directas para su salud.
Camilo Retana Alvarado, docente de la Escuela de Filosofía e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
Culpar a gobiernos pasados de la situación del país dejará de ser un discurso creíble
No reconocer los méritos de administraciones pasadas es ponerse una soga al cuello
Varias medidas tomadas por la administración Chaves Robles en las últimas semanas tienen un aire tácito de revancha. Parte central de la narrativa de Chaves, ya desde el período de campaña, es que había llegado el tiempo de relevar a los que no habían dado la talla en los últimos treinta años; había llegado el tiempo de reemplazar a los culpables de las inoperancias del pasado.
Como discurso de campaña se trata de una estrategia efectiva, pues este tipo de argucia retórica no solo mete a todos los enemigos políticos en un mismo saco, sino que además los diferencia del enunciatario, quien se presenta como el Mesías llamado a enmendar los desastres de quienes lo precedieron. Se trata de un discurso agitador, pero que bien se podía atribuir a los furores desatados por toda coyuntura electoral. Se trata también, claro está, de un discurso esperable en virtud de sus altas posibilidades de éxito a la hora de movilizar descontentos en las urnas y de su capacidad de explicar cualquier cosa que no funcione reduciendo la complejidad de lo político a una cuestión de voluntad.
Lo que resulta sorprendente (¿lo resulta?) es que, transcurridas ya algunas semanas desde el comienzo de la nueva administración, ese discurso de la revancha no solo no se haya matizado, sino que haya aumentado sus decibeles. El mensaje a la ciudadanía y a la clase política es que no se dejará títere con cabeza, sin importar las bondades del títere. Los relevos en puestos, juntas y cargos discrecionales son prerrogativa de cada administración entrante y es lógico que un nuevo gobierno se interese en colocar operadores clave en ciertas zonas neurálgicas. La administración de Chaves, sin embargo, pareciera encadenar destituciones cuyo único denominador común son las viejas facturas que las explican. Es casi como si el revanchismo se elevara a estilo de gestión política.
No cabe duda de que hemos hecho muchas cosas mal en el país durante los últimos treinta años. Tampoco de que hay muchas cosas que podrían y deberían hacerse mejor. Pero es igualmente cierto que funcionarios de las administraciones anteriores han hecho su trabajo de manera esforzada y muchas veces destacada. El reconocimiento a algunos de esos funcionarios por parte de la ciudadanía es prueba suficiente de ello. Carecer de la generosidad política para reconocerlo no solo es señal de mezquindad, sino que implica ponerse la soga al cuello al generarle a la sociedad civil unas expectativas que a la postre resultan incumplibles. Por lo demás, desechar el conocimiento que muchos de esos actores políticos tienen de las instituciones en las cuales han trabajado, en algunos casos por décadas, pareciera reflejar una voluntad de botar al niño junto al agua sucia.
Para decirlo con pocas letras: si no por un criterio ético, al menos por un asunto de estrategia de cara al futuro, lo mejor para el actual gobierno sería dejar de escupir hacia arriba, pues llegará el momento en que seguir atribuyendo el estado actual de cosas a lo mal que lo hicieron los gobiernos pasados, dejará de ser un discurso creíble. En suma, si bien el revanchismo funcionó como estrategia electoral, habría que recordar al gobierno que ha pasado ya suficiente agua debajo del puente de las votaciones.
Camilo Retana Alvarado Docente de la Escuela de Filosofía e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UCR
Se invita a sintonizar el programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, el próximo viernes 22 de julio a las 6:00 p.m.
En esta edición, se hablará sobre lo que es un sindicato y para qué sirve en la actualidad costarricense.
Como personas invitadas participarán:
Jouseth Chaves Rodríguez, miembro del Partido de los Trabajadores.
Martha Elena Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y representante de las y los trabajadores del sector sindical.
Jorge Coronado Marroquín, sociólogo de la Universidad de Costa Rica y especialista en Economía Política de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín, Alemania.
Manuel Hernández, abogado y libertario.
Se le invita a ver el programa vía Facebook Live, YouTube, o a escuchar el programa por Radio 16, 1590 AM.
Sus preguntas y comentarios son parte importante del programa; se le insta a realizarlas en la sección de comentarios de las distintas redes sociales de Alternativas.
Compartimos la presentación al público del libro acerca de la “Geodinámica externa: Aspectos geomecánicos, climáticos y del riesgo», escrito por Sergio Mora Castro.
Lo puede adquirir en cualquiera de las siguientes tiendas y librerías electrónicas:
Se le invita a participar del foro virtual del Sistema Nacional de Pensiones: “Retos y Perspectivas”.
Este es un evento organizado por JUPEMA, Vida Plena y Caja Costarricense de Seguro Social. Se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de julio de 8:00 a.m. a 12:30p.m.
Podrá saber cómo se compone su pensión, características, beneficios y sostenibilidad a futuro del Sistema Nacional de Pensiones Costarricense.
La Curadora de ALDESA, María José Vicente Ureña, fue removida de su cargo. No presentó la documentación que le solicitaron. “Aparentemente perdió el interés al darse cuenta de que no hay nada que salvar, Aldesa es un cascarón”, señala Flora Fernández Amón.
Vicente Ureña es abogada con especialidades en gerencia y gestión ambiental, es decir, aunque posee vasta experiencia en su ámbito, no tiene competencias en contaduría pública y temas bancarios.
A juicio de personas conocedoras del tema, no tenía las calificaciones necesarias ante un expediente muy voluminoso y difícil de entender.
No se encontraba en capacidad de «ilustrar a los inversionistas» sobre la situación real de ALDESA; muchas personas afectadas dominan mejor el tema. Entre la información que se incluyó en el caso había alguna que daba la impresión de haber sido copiada de panfletos publicitarios de ALDESA. Por ejemplo frases como :»… siendo ALDESA una empresa con amplios conocimientos en proyectos… «.
Estando frente a un caso bancario de tal magnitud, con esos antecedentes profesionales y académicos, así como el manejo general de la información, se solicitó a la jueza la remoción, aunque la decisión de la jueza no se relaciona directamente con esa petición, explicó Flora Fernández, sino que es una decisión autónoma de la jueza. Para la remoción se consideró el incumplimiento al no presentar el informe de legalizaciones.
En caso de mayor interés, se adjunta el documento completo de la sentencia N° 2022000188 de remoción de oficio de curadora a la Licda. María José Vicente Ureña dentro del proceso del caso ALDESA. Además, compartimos el video de Flora Fernández Amón donde explica a profundidad el caso desde la perspectiva de las personas afectadas.
Es evidente que la conferencia de prensa de los miércoles por parte del Consejo de Gobierno ha acaparado la atención de miles de personas.
Esto se debe a que desde que asumió el poder tanto el presidente como ministros y presidentes ejecutivos o directores de instituciones, dan a conocer noticias que en su mayoría son del agrado de los costarricenses, desde luego que no de todos porque siempre habrá a quienes no les guste, ni la forma ni el fondo de cómo se muestran las cosas en dichas conferencias.
El asunto es que, al parecer, el equipo de trabajo del gobierno, ministros, vice ministros y demás autoridades, han logrado una empatía con las pretensiones del presidente y esa empatía se evidencia por la forma en que ellos mismos atienden las peticiones del presidente.
Desde luego que no a todos les cae bien la toma de decisiones que se hacen. Por ejemplo, es fácil imaginar que hay molestia en quienes son los dueños de los edificios que han sido alquilados por el gobierno por muchas décadas y ahora se ha solicitado la rescisión contractual para no alquilarlos más y así ahorrar miles de millones de colones y de dólares.
De igual manera aquellos propietarios de edificaciones alquiladas en todo el país para oficinas de direcciones regionales y que de igual manera ya no se alquilarán más.
Pero es que, ¿quién puede dudar del beneficio para el país de tales decisiones, máxime cuando se nos indica que hay un edificio del gobierno desocupado desde hace años y que ahora albergará a los funcionarios de los edificios que ya no se alquilarán?
Quizá se requiera más comunicación respecto a lo que el Ejecutivo está haciendo con la relación que debe tener con la Asamblea Legislativa y por ello es extraña la ausencia de la ministra de la Presidencia, porque si algo se requiere para que el ejecutivo pueda actuar adecuadamente es una excelente relación con el poder legislativo. Es muy conveniente que la ministra de la Presidencia tenga una participación preponderante en dichas conferencias para hacer del conocimiento de las acciones con las fracciones legislativas y el directorio legislativo, máxime cuanto dentro de poco tiempo será el Congreso el que asuma la iniciativa de la agenda legislativa.
Es evidente también que algunos sectores no están conformes con lo que sucede y ya están tomando acciones para atacar al gobierno y tratar de que esas decisiones no se tomen o se siga en lo mismo de siempre.
Dios quiera que el gobierno pueda tomar las mejores decisiones, valientes pero honestas y transparentes, para salir adelante de la crisis económica y financiera en la que estamos y que muy pronto podamos ver resultados claros y específicos de dichas decisiones.
-Ley agudizaría a la crisis hídrica de muchas comunidades para regar monocultivos contaminantes; -Proyecto carece de criterios técnicos que lo avalen e inconsistencias graves señaladas por la CGR;
(Bloque Verde, 21-07-2022) El Poder Ejecutivo ha convocado en la corriente legislativa el proyecto n.º22.709 y se encuentra en el orden del día en el Plenario. Este texto brinda amnistía a los pozos de agua y a las captaciones superficiales ilegales que operen en el país. La única información que brindarán los usurpadores de agua será una declaración jurada del caudal extraído. Este proyecto de ley tiene impactos inmediatos en zonas con alto estrés hídrico.
La Contraloría General de la República en su informe DFOE-SOS-0109 le hizo saber a los señores y señoras diputadas que este proyecto de ley incrementaría la vulnerabilidad de las comunidades que ya sufren de escasez de agua, líquido que pasaría a ser usado para regar plantaciones agrícolas descuidado el abastecimiento para el consumo humano. La CGR señala que esta iniciativa de ley conllevaría apropiaciones y privación de un recurso que es escaso, finito y vulnerable. Además la amnistía de pozos y captaciones superficiales ilegales de agua podría contravenir el orden constitucional del derecho humano al agua, el equilibro ecológico y el bienestar de los habitantes.
Lo más alarmante de todo es que la administración Chaves pretenda legalizar el saqueo del agua sin criterio técnico ni científico, convocando a la corriente legislativa un mamarracho de proyecto de ley que le da el agua a los monocultivos, al mismo tiempo que condena a la sequía y la salinización de las fuentes de aguas de poblaciones enteras.
Hay que recordar que la usurpación de bienes de dominio publico, como el agua superficial y subterránea es un delito, tipificado así en el Código Penal: “Artículo 226.- Usurpación de aguas. Se impondrá prisión de un mes a dos años y de diez a cien días multa al que, con propósito de lucro: 1) Desviare a su favor aguas públicas o privadas que no le corresponden, o las tomare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; …”
Rodrigo Chaves continua los pasos de su predecesor, Carlos Alvarado, en esta materia. No se diferencian en mucho ambas políticas, el fin de ambos enfoques es el mismo: es que el saqueo del agua siga sucediendo. Este proyecto de ley es muy similar a lo que propuso el último gobierno del PAC mediante el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG “Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas”. Decreto fue llevado ante los Tribunales de Justicia mediante una acción de in-constitucionalidad presentada por la Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza y el abogado Álvaro Sagot. En esta ocasión la Sala Constitucional falló a favor de los ecologistas en la resolución 2021025386, respaldando el argumento de que es inconstitucional perdonar los delitos de usurpación del agua. Es decir que va contra nuestra carta magna usurpar un bien de dominio público como es el líquido vital. .
Pese al fracaso de Carlos Alvarado, la administración Chaves insiste con legalizar el robo y otorgar estatus legal al saqueo del agua superficial y subterránea por parte de los grandes monocultivos. Esto significa privar al país del análisis científico que debe primar a la hora de otorgar una concesión de agua. Estas industrias no solo les estarían perdonando el delito sino además se les exonerará de evaluar el impacto ambiental de la extracción del agua.
El proyecto n.º 22.709 fue originalmente propuesto por el partido Restauración Nacional en la legislatura anterior. De aprobarse veremos más ríos secos y saqueados. En época de verano son frecuentes las noticias de ríos que desaparecen, se secan o que ya no llegan más al mar. La explotación de muchos de esos ríos da como resultado su extinción. Incluso el monumental Río Tempisque ha sido victima de este fenómeno. Pero muchas otras comunidades ven como los niveles de agua de los pozos que les abastecían han bajado o incluso se han quedado sin agua.
Lejos del Principio Precautorio, esta ley da rienda suelta a las más feroces fuerzas de saqueo del agua. El insaciable agro-negocio y el megaturismo serán los directos beneficiarios de una propuesta que ponen en riesgo el agua de miles de personas, en escenarios de crisis climática e inestabilidad.
