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Autor: María José Ferlini Cartín

Marilena Chauí: La tarea del nuevo gobierno brasileño será enorme, difícil, y exige un punto de vista común de la izquierda en aspectos esenciales

Gilberto Lopes, en São Paulo

Convencida de que fue golpe el impeachment contra la presidente Dilma Rousseff, de que el proyecto “Ponte para el Futuro” –una ambiciosa propuesta neoliberal– impulsada por el entonces vicepresidente, Michel Temer, era un regreso al pasado, de que la operación Lava Jato buscaba destruir y entregar la petrolera brasileña Petrobras a intereses privados extranjeros, Marilena Chauí (filósofa, miembro fundadora del Partido de los Trabajadores – PT), analiza las perspectivas de un probable nuevo gobierno de Lula y advierte que se necesitará una visión común de la izquierda para enfrentar lo que considera las “dificultades gigantescas” de ese gobierno. Habrá que “rehacer el país”, afirma.

Lo que sigue es una versión editada de una entrevista realizada con Marilena Chauí, en São Paulo, el 15 de septiembre pasado.

Gilberto Lopes – Su diagnóstico es que Brasil sufrió un desmantelamiento institucional en los últimos cinco años y que la próxima disputa política será un test para la izquierda. ¿Cuál será la tarea de esa izquierda?

Marilena Chauí – Hay una visión ideologizada y, por tanto, ilusoria, de que la pluralidad de la izquierda representa una crisis. Yo pienso que, al contrario, la multiplicidad enriquece la concepción de la izquierda. Sin borrar las diferencias, ni pretender una falsa unidad, la reunión periódica de la izquierda, en determinadas circunstancias, es esencial. Hay momentos en que un sector se paraliza y otros actúan. De repente el PT se paraliza, pero eso es compensado por innovaciones del PSOL (Partido Socialismo y Libertad, aliado del PT en estas elecciones).

He insistido en que, por lo menos en el primer año de gobierno, tiene que haber un acuerdo, una perspectiva común, porque el gobierno va a enfrentar una dificultad gigantesca. Va a tener que rehacer el país.

Hay 33 millones de desempleados en Brasil, 30 millones de personas pasando hambre.

No hay como pensar en un plan económico y de reestructuración si la izquierda no trabaja en conjunto. Porque la oposición que enfrentará, tanto de la derecha como del centro, va a ser gigantesca. La tarea es enorme, difícil, lenta, y exige que la izquierda encuentre sus puntos en común.

GL – Ud. habla de tres o cuatro puntos comunes de una izquierda diversa. ¿Cuáles son esos puntos comunes?

MC – Hará falta recuperar una propuesta contra la economía neoliberal. Hay que recuperar el papel del fondo público y dirigirlo a atender los derechos sociales. El fondo público tiene que asumir nuevamente su papel de garantizar esos derechos.

Un segundo punto es retomar lo que fue una característica muy importante del primer gobierno de Lula: las conferencias nacionales. El PSOL las llama consulta continua a las bases. Hay que retomar, de forma más intensa, esas conferencias nacionales. El Poder Ejecutivo y una parte del Legislativo deben estar en contacto permanente con las demandas sociales.

Un tercer punto común es la idea de una reconfiguración del Legislativo. No se si tendrá éxito, ni si será posible, pero es necesario promover una reforma política, desde el inicio.

Un cuarto punto es el lugar destacado de la educación, retomar la educación y desmontar lo que trajo Olavo de Carvalho (un astrólogo, filósofo conservador, partidario de las teorías de conspiración, muy influyente en el gobierno de Jair Bolsonaro). No hubo siquiera un ministro de Educación en este gobierno que se salvara. No intervinieron contra la docencia, pero no hubo financiamiento para investigaciones, se desarmaron las universidades técnicas, un proyecto muy caro a la presidente Dilma.

Un quinto punto es la cuestión de género. No me parecía posible, en Brasil, el machismo exhibido en las formas más perversas como en estos últimos cinco años. No se trata solo del machismo, sino de la sexualidad, del género, de las mujeres. Conversé mucho con la gente del PSOL y con Luiza Erundina (exalcaldesa de São Paulo) y creo que si hay alguien capaz de unir a la izquierda, esa figura es ella (Chauí fue Secretaria Municipal de Cultura durante la administración de Erundina, entre 1989 y 1992).

GL – En su opinión, una burguesía nacional, carente de proyecto de nación, ha actuado de manera irresponsable. Bolsonaro no era el incompetente incontrolable para una extrema derecha que tiene una agenda. Era su punta de lanza. Es difícil vislumbrar la agenda de esa extrema derecha. Era fácil, cuando era anticomunista. Pero, ¿qué es ahora?

MC – Me lo he preguntado con frecuencia. La agenda anticomunista se vació y se subieron a la agenda Trump, que también se vació.

El desarme de esas dos perspectivas hizo que la extrema derecha se encaminara en dirección al totalitarismo (no al fascismo), mediante las iglesias evangélicas, que desarticulan la clase trabajadora, se apropian del precariado e impiden la organización de la base social.

Ese es el proyecto: impedir la organización de la base social, de la clase trabajadora. Ese era el programa de la “Escuela sin partido”, de Olavo de Carvalho.

Al mismo tiempo, la trayectoria política va a contemplar una amenaza permanente contra el gobierno, de intervención del legislativo y de amenaza cotidiana de golpe. Tengo miedo de lo que pueda pasar entre octubre o noviembre (fechas del primer turno o del segundo, si hubiera) y el 1 de enero (cuando asume el nuevo presidente). No solo por la posibilidad de un golpe, sino también del asesinato de Lula. Hay muchos voluntarios dispuestos a eso.

GL – ¿Qué representaría, en su opinión, una victoria de Lula en este escenario?

MC – Es la única posibilidad que tenemos de rehacer el país. Por un lado representa una exigencia social y política de encontrar una barrera para la extrema derecha y para las formas más perversas del neoliberalismo.

Yo veo a Lula como un estadista. Representa la percepción de Brasil en América Latina y en el mundo; de nuestro papel, que aparece con la creación del Mercosur y se desarrolla con nuestra presencia en grupos como el G-20 y el G-8, en nuestra política externa de afirmación y no de subordinación.

En términos populares, es la esperanza del retorno de los derechos sociales, de recomposición de la economía y de la educación, que se necesita reformar de arriba abajo.

Lula va a tener que negociar mucho. No por casualidad lleva como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin (un político del que estuvo distanciado). Lo veo capaz de percibir cuales son las negociaciones que garantizarán derechos a su base social. No se trata de una negociación para mantenerse en el poder, sino de definir cuáles son las exigencias básicas que deben ser negociadas. Lula es capaz de hacer eso.

GL – Hoy, ya clara la naturaleza política perversa de la Lava Jato, considerada en algún momento como un ejemplo de la lucha contra la corrupción en Brasil, ¿cuál es su evaluación de ese proyecto?

MC – En ningún momento le atribuí cualquier seriedad a la Lava Jato. Fui contra ese proyecto desde el primer instante, cuando todavía aparecía como algo honesto. Nunca dejé de relacionar el surgimiento del proyecto con las dificultades de la economía en el gobierno de Dilma. Había dificultades en el manejo de la economía, con el cambio de ministros, mientras la Lava Jato funcionaba. Dilma es una mujer de principios, que no negocia. No se desconocía, en el país, el antagonismo entre ella y el vicepresidente Temer. Ella lo toleró, pero no lo dejaba participar en nada del gobierno.

La Lava Jato me recordaba la figura de Carlos Lacerda (un líder de la derecha en Brasil que, en 1950, dijo, refiriéndose a una nueva candidatura de Vargas: –El señor Vargas, senador, no debe ser candidato a la presidencia. Candidato, no debe elegirse. Electo, no debe asumir. Si asume, debemos promover una revolución para impedirlo gobernar. Lacerda fue uno de los responsables de crear el clima político que llevó al suicidio de Vargas, en agosto de 1954).

Analicé la Lava Jato como una operación del Departamento de Estado norteamericano. La vi como una operación política, lo que luego quedó en evidencia total. El hecho de que su objetivo fuera la petrolera brasileña Petrobras (sabemos lo que eso quiere decir), deja claro lo que había detrás.

Investigué algo sobre la formación y el trabajo de los principales promotores de la Lava Jato. Ninguno de ellos era representante de lo que había de excelente en el mundo jurídico brasileño. Eran inexistentes.

GL – Ud. dice que las fuerzas armadas de 2022 no son las fuerzas armada de 1964 (año en que dieron un golpe militar). Que ellas perdieron su compromiso con la formación nacional. ¿Cómo explicar esa diferencia?

MC – Cuando se considera el golpe de 1964 es claro que ocurre bajo el paraguas de la Alianza para el Progreso, de la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del gobierno Kennedy. Militares brasileños, educados en Estados Unidos, trajeron la idea de que Cuba era una amenaza, vinieron con un proyecto, luego adaptado a la realidad brasileña.

Había, en el gobierno, gente bien formada, informada, con proyectos. No es lo que tenemos ahora. Al inicio del gobierno militar de Castelo Branco (1964) y en el período final de la dictadura, con el general Golbery do Couto e Silva, ellos tenían una idea de lo que era el Brasil, de lo que debía ser América Latina y de lo que debían hacer. La respuesta armada de la izquierda al gobierno militar provocó algo no previsto: el Acto Institucional número 5 (que renovó las medidas represivas, en 1968). Después de ese acto tienen que reelaborar el proyecto. Eso es lo que hace Golbery.

Hoy tenemos, en la activa, unas fuerzas armadas tradicionales, pero no se ve un proyecto nacional. Del lado del Ejecutivo tenemos simplemente una apropiación económica de los recursos del Estado. Bolsonaro cooptó, en el Poder Ejecutivo, a un sector de las fuerzas armadas. Hay casi diez mil militares en el gobierno. Por primera vez los militares se vieron en una posición de poder sobre el mundo civil y, mediante una corrupción sin fin, la posibilidad de hacerse realmente ricos.

Si hay golpe de Estado, los responsables serán los integrantes de ese grupo, que se encaramó en el poder del Estado y que no quiere perder los privilegios que consiguieron.

FIN

Imagen: https://lobosuelto.com

Ministra de Salud deberá informar sobre efectos del arsénico

Confraternidad Guanacasteca

Este lunes 26 de setiembre 2022 fuimos notificados de la sentencia de la Sala Constitucional donde se le ordena a la ministra de Salud dar respuestas sobre la afectación a la salud en las poblaciones donde se presenta agua con altos niveles de arsénico, desde hace muchos años.

La Asociación Confraternidad Guanacasteca lleva años, acompañando a las comunidades afectadas y dando la lucha legal, para que se atienda esta EMERGENCIA declarada así por DECRETO desde 2013.

Pensamos que el nuevo gobierno sería un cambio de actitud y de la transparencia y sería más responsable de este caso. Nos equivocamos.

En sentencia de julio de este año, la Sala Constitucional le dio un plazo máximo de 12 meses al AyA y Ministerio de Salud para DAR SOLUCIÓN DEFINITIVA al abastecimiento de agua potable a las comunidades afectadas.

Sin embargo, Salud no ha querido dar información sobre el estado de la salud de las poblaciones que un día tras otro usan, beben, cocinan, se bañan, con agua con altos niveles de arsénico.

Desde el 2013, donde se pretendió vía Decreto cambiar la norma, diciendo que el máximo de arsénico en el agua fijado por la OMS y vigente en Costa Rica, se podía quintuplicar.

Pasando por cerrar el espacio de dialogo que era la Comisión Agua Segura, donde estaban todos los actores del caso.

Hasta hoy 2022, donde se afirma que el récord de enfermos renales y otros, presentes en las comunidades, nada tienen que ver con el arsénico, pero no aportan pruebas y se niegan a realizar los análisis correspondientes.

Esta es la SEXTA SENTENCIA sobre el tema ARSÉNICO, donde Sala Constitucional nos da la razón. La primera fue en 2013.

Esperamos que ahora, la señora ministra respete a las comunidades y las órdenes judiciales y responda a todas las dudas y consultas formuladas.

La actual sentencia, que adjuntamos dice, en resumen:

Exp 22-018199-0007-CO

Res. N° 2022 – 022116

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintidós.

A favor de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, cédula jurídica 3002395766, contra el MINISTERIO DE SALUD.

PUNTOS

1.- Copia del PLAN DE ACCIONES para la atención a los afectados por la ingesta de arsénico.

2.- Medidas y análisis de arsénico en el cuerpo de los pobladores afectados.

3.- Evaluación de responsabilidades en las demoras de atención a este problema DECLARADO EMERGENCIA en 2013 y no solucionado completamente hoy en 2022.

4.- Cronograma definitivo para completar las obras pendientes de acueductos.

5.- Explicación del motivo de supresión de COMISIÓN AGUA SEGURA.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a los puntos 1, 2, 3, 4 y el 5 de la gestión del 18 de julio de 2022, la cual fue reiterada el 27 de julio de 2022. Se ordena a Joselyn Chacón Madrigal, en su condición de ministra de Salud, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atiendan como en derecho corresponda los puntos 1, 2, 3, 4 y el 5 de la gestión del 18 de julio de 2022, la cual fue reiterada el 27 de julio de 2022, y se le notifique lo correspondiente a la parte tutelada. Lo anterior salvaguardando los datos personales de acceso restringido, confidenciales y sensibles, de acuerdo con la normativa vigente.

El derecho a la salud y el derecho a la vida, son fundamentales y deben cumplirse en toda Costa Rica y en GUANACASTE TAMBIÉN.

P.D. La próxima semana estaremos informando sobre la respuesta que nos envíe la señora ministra de Salud.

La telaraña de la justicia contra la protesta social

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

A la opinión pública nacional e internacional

Uno de los juicios políticos contra la protesta social más largos de la historia latinoamericana, se efectúa en el país de la “pura vida”.

A sus 70 años de edad, el defensor de los derechos humanos y luchador social, Orlando Barrantes, es víctima de la persecución judicial del Estado centroamericano de Costa Rica desde hace 22 años y en el presente atraviesa por el octavo juicio, motivado por los aparatos judiciales del Estado costarricense.

La historia de Barrantes se remonta a principios del siglo XXI, cuando en diciembre del año dos mil, se encontraba un fuerte sector de la clase obrera costarricense en la provincia de Limón, haciendo uso del derecho humano universal de la protesta, según lo establece la carta universal de los derechos humanos

En esta protesta pacífica efectuada hace 22 años participaron ex trabajadores del ferrocarril, campesinos, transportistas individuales y del sector obrero que trabajaba en los muelles.

Estos sectores populares estaban exigiendo un apoyo contundente e insumos de apoyo de parte del Estado como responsable social del bienestar social de sus habitantes, ya que, para ese entonces, los campesinos habían tenido perdidas bastante significativas de sus cosechas, debido a los fuertes temporales lluviosos que azotaron el caribe costarricense.

Estas manifestaciones pacíficas se efectuaron en las regiones de Siquirres y Guápiles y en donde también participaron ex trabajadores bananeros afectados por el agro-químico del (DibromoCloroPropano o DBCP), más conocido como el nemagón, cuya sustancia toxica dañó irreversiblemente la salud de gran parte de la población centroamericana, y que fue usado por las grandes corporaciones bananeras de capital extranjero, a sabiendas de su peligrosidad.

Los trabajadores colocaron este veneno en los campos bananeros, ya que, para ese entonces, ellos desconocían sus efectos secundarios en el organismo.

Todos estos sectores populares de la clase obrera costarricense, defendían sus derechos humanos y exigían justicia de los daños que habían sido víctimas por trabajar en estas corporaciones, cuyo capital transnacional es un brazo invisible del sistema capitalista atroz e inhumano que ha dañado a gran parte de Latinoamérica.

A raíz de este fuerte movimiento popular suscitado hace 22 años, el Estado de Costa Rica a través de sus aparatos de seguridad estatal, envío a sus emisarios de la represión para atacar a los manifestantes pacíficos y arrestar a la clase pobre y trabajadora, del único país del continente americano que no cuenta con militares.

Los luchadores sociales fueron puestos provisionalmente en los calabozos de la injusticia costarricense, mientras el Estado de Costa Rica iniciaba una acusación falsa contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, relacionándolo con falsos positivos.

Haciendo creer de esta forma, que el defensor de derechos humanos, Barrantes planificó esta protesta y todo lo que conllevó en ella, pese a que testigos oficiales ante los tribunales de Guápiles, comprueban que Barrantes no participó ni coordinó esta acción de protesta.

Por tal motivo, en los 22 años de enjuiciamiento nunca se ha logrado comprobar los cargos judiciales falsos en su contra, lo que significa una clara criminalización de la protesta social en Costa Rica, para infundir el miedo en el sector popular y luchador de esa nación. Paralizando así, sus movimientos de exigencia en la construcción social y dignificación humana del pueblo.

En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, señaló que; “Barrantes ha sido víctima sistemáticamente durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia de Costa Rica, plagado de arbitrariedad” también enfatizó que solidarizarse con esta lucha es garantizar el derecho legítimo a la protesta social y a la organización desde las comunidades.

Barrantes es un reconocido luchador social costarricense que siempre ha estado al lado de los oprimidos o de las grandes mayorías vilipendiadas en Costa Rica, su delito fue el defender los derechos humanos de la clase obrera y denunciar las injusticias y los trabajos inhumanos, a los que son subyugados los campesinos y toda la clase popular en Costa Rica.

Este defensor de la humanidad costarricense fungió como secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), es dirigente comunal del Bloque de Vivienda y Fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).

De igual manera es un distinguido miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y por ende amante de la vida, del prójimo e incansable buscador de la justicia para los pueblos sometidos de esta nación centroamericana.

Sin embargo, este extenso currículo de vida que posee Orlando Barrantes no es del agrado del Estado costarricense, puesto que sus operadores de justicia prefieren defender los intereses del capital extranjero transnacional, antes de buscar justicia para su propio pueblo.

En los juzgados de Guápiles actualmente se lleva a cabo el juicio número 8, contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, distintas organizaciones de derechos humanos, populares y ecologistas se encuentran apostadas frente a estos tribunales exigiendo la libertad absolutoria para Barrantes.

Una de estas organizaciones, es la Federación Ecologista (FECON) cuya militante Angelica Alvarado menciona que el luchador social Barrantes, es totalmente inocente de los cargos judiciales falsos que se le imputan aduciendo que; “Él nunca estuvo presente en la protesta de hace 22 años y tampoco coordinó la misma, es más, las personas que estuvieron en esa acción son los principales testigos ante los tribunales y aseguran que Barrantes, jamás participó en la protesta”.

Ante estos hechos de la persecución judicial contra Orlando Barrantes, es una clara estrategia de parte del Estado costarricense de generar falsos positivos tal y cual lo estableció en su momento el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia para perseguir y criminalizar la protesta social, contra los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el caso de Orlando Barrantes, se transforma en un pésimo precedente que ha debilitado el estado de derecho y democrático de Costa Rica, durante 22 años.

Por tal motivo la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), en el marco del diseño justo y digno que debe caracterizar a un Estado de derecho democrático en el mundo, rechaza y condena enérgicamente, la persecución estatal que esta siendo víctima el compañero Orlando Barrantes, quien ha sido víctima de un monstruoso ataque estatal durante 22 años.

La ACODEHU hace un llamado internacional a las instancias competentes que defienden los derechos humanos en el marco del concierto de naciones, que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que condenen esta persecución contra un defensor de derechos humanos como lo es, el compañero y luchador social, Orlando Barrantes.

De igual forma la ACODEHU invita a los organismos de derechos humanos internacionales, a que se unan a la condena de esta injusticia contra Orlando Barrantes, puesto que los aparatos judiciales de Costa Rica, tienen como objetivo primordial acallar las voces de los oprimidos.

Oprimidos que viven en un Estado que vende una falsa imagen de democracia y bienestar social ante el mundo, a través de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y del capital financiero transnacional que violenta la soberanía en Costa Rica.

A los veinte y siete días del mes de septiembre de 2022, en la ciudad de San José, Costa Rica, Centroamérica.

ANA CECILIA JIMÉNEZ ARCE
Junta Directiva
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)

Correo-e: derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

¡Libertad absolutoria para el compañero Orlando Barrantes, ya!

¿Tiene sentido?

José Luis Callaci

¿Tiene sentido discutir un hecho con personas que solo conocen una parte del mismo y se empeñan en juzgar el todo de ese hecho? ¿Que no tienen conocimientos, por ejemplo, de los antecedentes del actual conflicto entre Rusia y Ucrania?

¿La historia, los incumplimientos de acuerdos de no expandir la OTAN en las fronteras de Rusia, el Golpe de Estado del 2014 en Ucrania, los ataques genocidas a la población civil rusa que por más de 7 millones quedó atrapada por decisiones arbitrarias o inconsultas, al otorgarle su territorio, sus campos y sus ciudades a lo que hoy se llama Ucrania, los ocho largos años de interferencias a las negociaciones para encontrarle una solución pacífica al conflicto, incluidos los acuerdos de Minsk y del grupo de Normandía?

Creemos que no tiene sentido alguno hacerlo en esas condiciones. Sería cómo discutir con alguien que juzga una obra literaria habiendo leído solo un capítulo de la misma.

Los retos de las universidades públicas latinoamericanas

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica

Las universidades públicas son instituciones esenciales del estado social de derecho en nuestra América Latina. Las universidades han jugado y juegan papeles fundamentales en la región, como vías de movilidad social generadoras de oportunidades, centros productores de nuevo conocimiento y promotoras de desarrollo inclusivo y democrático mediante múltiples vínculos con la sociedad. Además, constituyen centros de reflexión crítica permanente, aportando a los debates sobre el devenir de nuestros pueblos y atisbando nuevas avenidas solidarias por las que transiten nuestras comunidades.

Pese a su importancia y significado, las universidades públicas de América Latina sufren un acoso sin precedentes por parte de los sectores políticos y económicos hegemónicos, acoso que se refleja en una creciente reducción de sus presupuestos, en el cuestionamiento de su carácter público y en los continuos embates contra su autonomía. La reciente negociación de los presupuestos de las universidades públicas en Costa Rica es un claro reflejo de estas tendencias, al violentarse preceptos constitucionales básicos, en el contexto de una política abiertamente hostil por parte de autoridades de gobierno.

El escenario actual de las universidades públicas latinoamericanas plantea enormes retos para estas instituciones. Por un lado, se requiere defender y fortalecer la autonomía y el carácter público de las mismas, renovando los principios de excelencia académica y procura del bien común como ejes centrales. Por otra parte, las universidades deben efectuar las transformaciones que los tiempos demandan, para depurar su funcionamiento, incrementar su trabajo académico y social y atender las urgentes necesidades de los más amplios sectores sociales de nuestros países.

Esta tesitura debe servir para desarrollar procesos de análisis y reflexión crítica y autocrítica en el seno de las universidades y mediante diálogos permanentes con diversos sectores de la sociedad. La revista UNIVERSIDADES, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), ha publicado un número especial sobre el futuro de las universidades públicas en la región. En dicha publicación se incluye el artículo que se adjunta, que ofrece reflexiones sobre estos temas, centrados en la experiencia de Costa Rica.

El número completo en el que se publica esta contribución está accesible en el siguiente enlace: http://udualerreu.org/index.php/universidades

Nota editorial.
SURCOS comparte además el documento en formato PDF:

ADI de Térraba amenaza con invadir Finca San Andrés

Comunicado*

Alerta Temprana
Territorio Ancestral Brörán de Térraba.

A los Pueblos hermanos
Al Estado de Costa Rica

Lunes 26 de setiembre de 2022. Desde hace una semana aproximadamente, las familias Brörán del terreno recuperado, conocido como Finca San Andrés han estado escuchando y recibiendo información de fuentes locales y cantonales y se han enterado de reuniones de miembros de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Brörán de Térraba (Costa Rica), en las que se ha estado comentando y planificando por parte de la ADI, allegados y finqueros la intención de invadir Finca San Andrés.

Una de las reuniones se realizó en la casa de Demecio Flores Valderramos, conocido como Mecho Flores, persona no indígena que vive cerca de San Andrés y que desde hace años ha estado hostigando y tratando de hacer negocios con esas tierras.

Desde agosto de 2022, nuevamente Genaro Gutiérrez Reyes es el presidente de la ADI, él y su familia han manejado de forma irregular la ADI de Térraba desde hace 3 décadas y ha sido denunciado pública y judicialmente por múltiples hechos de corrupción, además, siempre ha defendido los intereses de personas no indígenas que ocupan de forma ilegal el Territorio Brörán de Térraba y otros Territorios de la zona sur de Costa Rica.

Uno de estos hechos fue la entrega y venta de las tierras de Finca Volcancito a personas no indígenas por parte de la ADI en los años 2006 y 2007; actualmente Rigoberto Montero Badilla, aliado de Genaro Gutiérrez ha vendido y continúa vendiendo terrenos de Finca Volcancito, finca comprada con recursos públicos; todo esto con la participación y complicidad de la ADI.

En el año 2015 y ante los actos de corrupción de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba (ADI), que ya habían entregado parte de los terrenos y bienes comunes de Finca San Andrés a empresas y personas no indígenas y teniendo como antecedente lo de Finca Volcancito; un grupo de más de 30 familias decidieron tomar posesión de las 350 hectáreas de Finca San Andrés, amparados en el derecho humano a la tierra, el bloque de constitucionalidad y la legislación nacional e internacional.

Desde entonces, la ADI ha puesto todo tipo de obstáculos para que estas familias puedan tener acceso a bonos de vivienda, servicios de electricidad y agua potable; además las han hostigado y amenazado constantemente, en este sentido, vari@s parceler@s fueron denunciados por la ADI por el supuesto delito de usurpación Exp. 16-200119-0634-PE, causa que fue desestimada, ya que se comprobó que todas las personas denunciadas pertenecen al Pueblo Brörán de Térraba.

En esta causa participó como testigo Jonathan Espinoza, dando un testimonio falso contra las y los parceleros; Espinoza es una persona no indígena que respalda a quienes ocupan ilegalmente los Territorios Indígenas y actualmente apoya el trabajo de la ADI de Térraba.

Ante estas amenazas demandamos del Estado de Costa Rica;

  1. Que el Ejecutivo tome las medidas preventivas necesarias para garantizar la vida e integridad física, psicológica y territorial de las familias Brörán de Finca San Andrés; medidas que deberán ser construidas y acordadas en conjunto.
  2. Que la totalidad de Finca San Andrés sea entregada de forma inmediata a las familias que las habitan y cultivan.
  3. Que todas las instancias del Ejecutivo reconozcan a estas familias como legítimos dueños de estas tierras para todos los trámites pertinentes y para cualquier proceso relacionado al Plan RTI, procesos de expropiación, declaración de poseedores de buena fe o desalojos administrativos, gobernanza y consulta e intercedan para que las instituciones autónomas también las reconozcan.
  4. Que se investigue la venta y/o otros actos irregulares en los que ha incurrido la ADI de Térraba y Rigoberto Montero Badilla con respecto a Finca Volcancito.

Para cualquier comunicación: cfincasanandres@gmail.com

coordinadoraluchass@gmail.com

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

– Parceler@s de Finca San Andrés.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

* Fuente: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/606304880984914/

Festival de Cantautores: Raíz Divino Femenino

Se extiende invitación para el Festival de Cantautores y exposición de arte, a realizarse en el Centro Cultural Key Largo durante todo el mes de octubre.

La exposición de arte por parte del autor Oscar Espinoza y demás autores, comprende una serie de retratos femeninos que representan a distintas culturas autóctonas del continente americano.

Las presentaciones serán las siguientes:

  • 1 de octubre 7:00 p.m., Óscar Espinoza y David Maleku
  • 7 de octubre 7:00 p.m., Valeria Atkeys y Oscar Pino
  • 14 de octubre 7:00 p.m., Elizabeth Naranjo y Navi Hernández
  • 21 de octubre 7:00 p.m., Emma Brott y Josué Villalobos
  • 28 de octubre 7:00 p.m., Ericka Piedra y Felipe Aguilar

La entrada general tiene un costo de ₡3000 colones.

 

Compartido con SURCOS por Oscar Espinoza Ramos.

Declaraciones en el juicio de Orlando Barrantes

Tras las declaraciones del primer oficial antimotines, el cual declaró que, “Iván y Orlando no estaban en los hechos”, el juicio se torna en un proceso lento y a la espera de la declaración de tres oficiales más y la incorporación de cuatro testigos claves.

Se continuará el juicio a partir de este lunes 26 de setiembre a las 8:30 a.m. y la aceptación de los testigos a más tardar el martes 27 de setiembre.

¡Esperamos el apoyo de todos!

Cantón de Montes de Oca recibe reconocimiento internacional por su acción climática

El cantón de Montes de Oca recibe reconocimiento internacionalmente en el Desafío de Ciudades 2021-2022 por contar con un inventario de gases de efecto invernadero que guía sus esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como implementar acciones en este sentido.

La Municipalidad quedó entre las ciudades finalistas en América Latina junto a Buenos Aires (Argentina), Peñalolén (Chile), Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador), Iztapa (Guatemala), Ciudad de México (México) y Lima (Perú).

En el certamen, promovido por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), participaron 280 metrópolis de más de 50 países. Esta es una competencia bienal que busca impulsar la acción climática por parte de los gobiernos locales en procura del cumplimiento del Acuerdo de París.

El cantón de Montes de Oca ya participa del Pacto Global de Alcaldes, una plataforma integrada por gobiernos locales alrededor del mundo. En ésta, las ciudades ingresan los datos de métricas ambientales con el objetivo de que se les evalúe y de esta manera, se les brinde consejos y se visibilicen oportunidades de mejora.

Es importante que la ciudadanía conozca sobre este tipo de acciones que se realizan desde algunos gobiernos locales del país, asimismo, se espera que este compromiso que está asumiendo la Municipalidad de Montes de Oca sirva de ejemplo, iniciativa y guía para otros gobiernos locales. 

¡Por absolutoria definitiva para Orlando Barrantes Cartín!

Este lunes 26 de septiembre diferentes personas y grupos sociales continuaron con el acompañamiento hacia Orlando Barrantes en los Tribunales de Guápiles. 

Este acompañamiento viene a fortalecer la unidad y asimismo, busca reforzar el ejercicio pleno y colectivo al derecho a la protesta social en Costa Rica, un derecho humano que se necesita ejercer aún más en la coyuntura amenazante actual en la que se encuentra el país.