La América Latina sufrida que reclama victorias celebra con gran entusiasmo el resultado de las recientes elecciones en la hermana México. Una mujer defensora y luchadora progresista las ha ganado con un amplio margen de diferencia con sus inmediatos contrincantes.
Enorme contraste con lo sucedido en Argentina en donde un desequilibrado mental se ha hecho de la Presidencia. A cinco meses de esa monstruosidad sobran las razones para un Juicio Político de destitución. A alguien que, con sus temerarias acciones, está poniendo en grave riesgo la Paz Social de los argentinos y la propia Soberanía del país.
Ante esta cruda realidad nos surgen las siguientes preguntas:
¿Cuál es la razón por la cual no se somete ya a ese Juicio Político a alguien que no solo avergüenza a los argentinos sino a la gran mayoría de los Latinoamericanos que ven el fenómeno como algo inexplicable, un sinsentido total?
¿O es que el consabido orgullo argentino nos impide reconocer que permitimos tener un loco como presidente que un día sí y otro también habla barrabasadas, incluso en la materia que pregona dominar? (Opinión de destacados economistas en el mundo).
¿Masoquismo político?
Lo cierto es que se le está legitimando en el cargo al reducir la crítica solo a aspectos ideológicos y partidistas. Vergüenza no solo para Argentina sino para toda la América Latina y Caribeña.
En cuanto a las quejas constantes y a esas repetitivas expresiones de ánimo futbolero, que no van con la seriedad de la política, plagadas algunas de plañideras expresiones, ya cansan.
Bueno sería ante estas crudas circunstancias que los argentinos nos discutamos, tan siquiera un poco a nosotros mismos, poniéndole tal vez más atención a cómo nos ven los demás.
Las Instituciones Públicas, autónomas, (CCSS, ICE, ICCA, Universidades Públicas, Banca Nacionalizada…Los “templos de la democracia” en el ojo de los nuevos mercaderes.
Mainier Barboza Soto Movimiento Patriótico por Costa Rica
En el evangelio de Juan 2, 13-25, Jesús, “hizo un látigo con unas cuerdas y los echo a todos del templo, junto con las ovejas y los bueyes. Arrojó al suelo las monedas de los cambistas y les volcó las mesas.”. (biblia.net). surge la pregunta, ¿Cómo y a propósito de qué homologamos el texto bíblico y por qué la analogía, con nuestras instituciones?
Nuestras instituciones de servicios públicos, autónomas, han tenido un rol fundamental para los costarricenses, han significado un soporte a la estabilidad democrática que, ha caracterizado a Costa Rica, como país de paz, solidario, fraterno-bueno, es lo que se percibe-en las estructuras de la sociedad, especialmente la clase asalariada, así como la pequeña y mediana empresa, de los sectores primario y secundario de la economía; la clase media, mayoritariamente asentada en la base pública, posee grandes cualidades, pero todavía no termina de dar el paso, como una auténtica clase que es dependiente de un salario, al margen de este paso pendiente, juegan un papel central en la protección de estas instituciones, tienen el deber de acoger- y lo hacen-a toda la población de una forma, fraterna, amistosa, gregaria.
De este modo, nuestras instituciones, devienen en verdaderos templos, donde acude la gente, a que se resuelvan las más variadas necesidades: de educación, de salud, vivienda, servicios básicos; pero, además, se convirtieron en la base en la que la democracia costarricense, se apoya, dado el carácter de dichas instituciones, de servicios esenciales, que se transforman en capital social, donde la solidaridad es a su vez esencial, consolidando un Estado Social de Derecho, inmerso en el sistema capitalista de producción-que aceleradamente se está convirtiendo en un Estado controlado por el capital financiero, lo que permite el acceso de capitales que se han denominado opacos, (del estilo Panamá Papers); aun así, se cuenta con una democracia, representativa, en mucho, dependiente de la estabilidad de estas instituciones, que son “templos”, que representan el patrimonio que nos han legado las generaciones del trabajo, del campo, de la ciudad, de la Costa Rica rural y urbana.
Conviene que nuestra población, en primer lugar la clase asalariada, del sector público, del privado, del área rural, urbana, de los sectores de la economía: primario, secundario, terciario, el de servicios, en fin toda la población que ama esta patria, identifique con claridad, cuáles son esos mercaderes modernos y sin temor, construya ese “látigo” y eche a esos enemigos de los templos que son nuestras instituciones, que, además, como patrimonio, devienen en activos sociales, por tanto, ni están en venta, ni sujetas a privatización, tercerización, copagos, y otras fórmulas para destruirlas. Recordemos, que el “látigo” del evangelio se construyó, con la unión de varias cuerdas, el “látigo” de hoy, requiere la unión de todas las cuerdas necesarias, que analógica y simbólicamente, están representadas en todas las manos, los brazos, las cabezas, las ideas, las inteligencias de las personas y sus organizaciones sociales y del trabajo, cobijados bajo un manto común a toda la población, la defensa de la patria, sí, porque defender nuestros “templos institucionales” en estos tiempos, es defender nuestro país; así han iniciado los neoliberales y esos “mercaderes” en otras latitudes y ha terminado con sus países-América Latina es testigo de esos desalmados.
Hace casi exactamente 76 años, la Junta Fundadora de la Segunda República, el 20 de julio de 1948, en el Decreto Ley No. 106, discutió sobre la ciudadanía. La consideró “un derecho substancial que corresponde, de modo indiscutible, tanto a las personas nacidas en el territorio de la República de padres extranjeros como a los nacidos en el extranjero de padres costarricenses.”
Sobre este considerando señaló que la ciudadanía emanaba de esas circunstancias, por lo que “no debe tener otras limitaciones que la voluntad del interesado o de sus padres, en su minoridad, y las demás de carácter puramente formal que la ley establece”.
En ese sentido rectificó “el párrafo primero del artículo 9º de la ley No. 25 de 13 de mayo de 1889, reformada por la No. 207 de 26 de agosto de 1944, suprimiendo el impedimento que contempla en relación con la opción de la ciudadanía”, e introdujo al citado artículo 9º una reforma que le permitía al Poder Ejecutivo “previo examen de las condiciones personales del solicitante, conceder la carta de naturalización a los ciudadanos o súbditos de las naciones con las que Costa Rica hubiere estado en guerra, aun cuando no se haya firmado el correspondiente tratado de paz, siempre que los antecedentes, hábitos y procederes de quien la pidan, lo hagan digno, a juicio del Poder Ejecutivo, de ser costarricense.” Obvio era que, en 1944, la situación internacional en el marco de la II guerra Mundial, y la declaración de guerra que había establecido Costa Rica contra el imperio japonés, la Alemania Nazi y la Italia fascista, en diciembre de 1941, conducía a considerar la naturalización o adquisición de la ciudadanía costarricense para personas de países con los cuales estuviéramos en guerra o no hubiéramos firmado la paz.
Superado ese trance, con la victoria sobre el eje nazi fascista, en mayo de 1945, en Europa, y en setiembre, sobre el Japón imperial, ya en el marco inicial de la Guerra Fría, surgida desde esa finalización de la guerra en 1945, la Junta de Gobierno, sobre la consideración del artículo 9 de la ley No. 25 de 13 de mayo de 1889, reformada por la ley No. 207 de 26 de agosto de 1944, dispuso, en un solo artículo, por este Decreto No. 106, que el artículo 9 se leyera así:
“Artículo 9º. – No se concederá carta de naturalización a los ciudadanos súbditos de Nación con la que Costa Rica se halle en estado de guerra, ni los declarados judicialmente en otros países piratas, traficantes en esclavos, incendiarios, modernos falsos o falsificadores de billetes de banco u otros documentos de crédito público, ni a los asesinos, plagiarios o ladrones.
Es nula de pleno derecho la naturalización que fraudulentamente haya obtenido el extranjero en violación de la ley o de los reglamentos; y, en consecuencia, en cualquier momento en que se compruebe que al solicitar u obtener la carta, un individuo naturalizado dio algún dato falso, o que fue condenado antes por un delito que merezca pena de presidio, o que se ha valido de su calidad de costarricense naturalizado con posterioridad a su obtención, para propagandas contrarias al orden público o social en el interior o exterior del país, el Poder Ejecutivo podrá revocar el acuerdo que le concedió la nacionalidad costarricense y declarar nula la respectiva carta. La revocatoria se hará en resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se publicará en La Gaceta oficial y se comunicará al Registro Cívico para su anotación. Estos preceptos regirán en cuanto a las opciones de nacionalidad.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, el Poder Ejecutivo podrá conceder carta de naturalización a los ciudadanos o súbditos de las Naciones con las que Costa Rica haya estado en guerra, aun cuando no se haya firmado el correspondiente tratado de paz, si previo examen de las condiciones del solicitante, como antecedentes, vinculaciones, tiempo de permanencia en el país, hábitos y procederes, es digno de ser costarricense”.
Más claro no canta un gallo. La nacionalidad adquirida por nacionalización, por naturalización solicitada por un extranjero, ante la institucionalidad del Poder Ejecutivo, y del Estado de Derecho costarricense, podía ser revocada si caía en las causales señaladas. En esa época no existían las calificaciones de organizaciones criminales, de narcotráfico, de terroristas, que hoy existen, ni las condiciones de desarrollo de narco estados o estados fallidos por la presencia de este tipo de organizaciones, ni existían los carteles mafiosos internacionales como hoy se expresan. Ni tampoco sucedía la búsqueda de nacionalidades, a modo de escudos de protección, para líderes de esas organizaciones, mediando diversos ardides, entre ellos matrimonio con nacionales, como ocurre con casi 40 personas detectadas en el país que abusan de esta condición para no ser extraditadas a sus países originarios, o a terceros países, que los persiguen por participar en estas redes internacionales de criminalidad que afecta a esos países.
La nulidad de la naturalización así adquirida, mediante fraude o dolo, se podía realizar como un acto legítimo de todo derecho por el Poder Ejecutivo. En este sentido es que la Asamblea Legislativa podría modificar las disposiciones legales para anular la naturalización, o la carta de ciudadanía, de aquel extranjero, que caiga en esas categorías criminales y haya ocultado su participación o vínculo, para obtener la nacionalidad costarricense. Esta extradición solo afectaría a naturalizados, que perderían la nacionalidad costarricense, pues al quitarles la nacionalidad costarricense, quedan con la propia permitiría expulsarlos del país o extraditarlos, al país que los demande.
A los costarricenses de nacimiento no se les puede expulsar del territorio nacional ni se les puede extraditar, de acuerdo a nuestra Constitución Política.
Así, la discusión legislativa de extradición de mafiosos naturalizados y de posibles costarricenses que hubieren cometido delitos en otros países, por los que son requeridos, es claro que no está cubierta por la disposición constitucional del artículo 31 que señala expresamente que “nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense”, si fueran razones políticas las que causan su solicitud de extradición. Pero, quedan a descubierto de la persecución de delitos comunes y de las nuevas formas delictivas de las organizaciones criminales, anulándoles la nacionalidad, lo cual sí procedería.
La extradición tal como se discute en la Asamblea Legislativa debería concentrarse en la extradición de extranjeros que adquirieron dolosa o fraudulentamente la nacionalidad o la naturalización, y si carecen de medios de vida que se puedan constatar, por lo menos, por la Caja Costarricense del Seguro Social o por la Tributación Directa y el Ministerio de Hacienda. Si así operan, que se les cancele o anule la nacionalidad costarricense.
La extradición en Costa Rica en su momento final es una decisión del Poder Judicial, de conformidad al conocimiento que se tenga del requerido para ser extraditado.
El Poder Ejecutivo podría anular la nacionalidad del naturalizado, si esa anulación o cancelación se justifica legalmente, que es lo que procede realizar, modificar la ley advirtiendo a los extranjeros que quieren optar por la nacionalidad costarricense de las causales que les puede anular esta nacionalidad.
Los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron la decisión de anular la naturalización adquirida, mediante fraude o dolo, fueron, aquel 20 de julio de 1948, José Figueres, Benjamín Odio Odio, Fernando Valverde Vega, Uladislao Gámez Solano, Bruce Masis Diviasi, Benjamín Núñez Vargas, Gonzalo Facio Segreda, Alberto Martén Chavarría, Francisco José Orlich Bolmarcich, Raúl Blanco Cervantes y Edgar Cardona Quirós.
¿Acaso no hemos aprendido que en el Valle de Sula, Honduras, deberíamos tener ya un protocolo para saber qué hacer al tener encima los varios huracanes anunciados que vienen a partir de junio? Por ahora, estamos bajo un domo, que evita las precipitaciones atmosféricas.
Nuestro controversial alcalde de San Pedro Sula debería tener un equipo de personas expertas para atender las emergencias que están a la vuelta de la esquina. Si no lo hace él, que lo haga el vicealcalde, pero que en lugar de estar en riña de gallos (o pollos), se pongan a trabajar, que por eso están allí, no para hacerse millonarios.
Tenemos un domo de muy altas temperaturas que parece haber llegado para quedarse. Nuestra población está sufriendo las consecuencias en su salud y ya hay adultos mayores fallecidos. Niños y ancianos son la población más vulnerables, pero no las únicas.
Los agricultores se quedarán con las semillas en la mano sin poder sembrarla, porque las tierras están muy secas, con su estructura casi petrificada. Los árboles qué no lograron profundizar sus raíces más de dos pies, están secos o a punto de morir. Nuestros alimentos básicos se van a escasear pronto. Ya estamos importando granos desde Nicaragua. Importamos mayores cantidades de verduras y otros alimentos desde Guatemala y El Salvador.
Si las tormentas y ciclones, previstos nos siguen azotando, ¿adónde nos refugiaremos, señor alcalde y vicealcalde?
Desde luego, sabemos que la población de La Lima se va a los bordos de los ríos y lagunas. Pero esas familias resisten plagas, enfermedades y hambre, hasta que pueden regresar a sacar el lodo de sus viviendas al dejar de llover. Mientras las autoridades, por no prevenir, se quedan con los brazos cruzados, confiados en la pasividad ciudadana y en sus propias fortunas mal habidas aguardan en paraísos fiscales.
Esperemos que no lleguen a azotarnos las inundaciones, ciclones y enfermedades, propias de esas temporadas. Sin embargo, la hipótesis de que las altas temperaturas no van a regresar al curso «normal» o anterior, donde se llegue a definir con claridad, adónde inicia y termina el invierno (lluvias) y el verano (periodo seco), ya no volverá y, que el calor seguirá siendo elevado, es preocupante.
Recientemente se ha escrito sobre si están pagando impuestos como deberían, pero pareciera que ese es el único aspecto que importa. Nadie cuestiona la utilidad de que existan y la cantidad de basura que ingresan a un país en donde el manejo de esta es más que deficiente. Cierto que se encuentran algunos productos de regular calidad, pero la mayoría son basura.
¿Qué sucede con los productos que no se venden, cómo se desechan, en dónde y por quiénes?
Existen países en el mundo depositarios de enormes cantidades de desechos en donde se extraen de celulares y computadoras metales y otros componentes reutilizables quedando al final montañas de basura que perdura.
¿Queremos convertirnos en uno de esos países?
Dado el número de ellos, se debería cuestionar si son negocios legítimos o son como las peluquerías vacías, dos por cada cuadra, salones de belleza y uñas, lavacarros por todo lado cuya función podría ser legitimar dinero.
En un análisis de la dinámica entre la legislación excesiva de un país y el adecuado funcionamiento de su democracia, se puede observar que un estado saturado de leyes, trámites y burocracia puede llegar a contradecir sus propios objetivos de orden y justicia. Este fenómeno puede entenderse desde la óptica del principio místico de la polaridad, que en tradiciones filosóficas milenarias como el Tao nos recuerda el yin y el yang, como polos opuestos y complementarios a la vez, que interactúan siempre y donde uno llevado a su extremo o en estado terminal, produce naturalmente su contrario.
Esto sugiere que la abundancia de normativas y procedimientos no solo complica la administración gubernamental, sino que también crea un entorno de confusión y caos, precisamente todo lo contrario a lo que busca. En este contexto, la anarquía y la anomia social se convierten en el estado dominante, y la sociedad pierde su sentido de dirección y cohesión, así como su fe en la democracia como el mejor de los sistemas para convivir en sociedad.
La anomia, entendida como la ausencia de normas por un lado, o su incumplimiento generalizado por otro, surge cuando las leyes y reglamentos se vuelven tan abundantes y complejos que resultan ineficaces. Los ciudadanos, frente a un sistema legal intrincado y contradictorio, empiezan a percibir la ley como un obstáculo en lugar de una guía. Esta percepción contribuye a un comportamiento social desorganizado, donde las reglas pierden su capacidad de orientar la conducta colectiva, y el individualismo radical sumado a mi interpretación de la realidad pasa a ser la única verdad válida, convirtiéndonos de esta manera en seres sectarios que compiten y no conviven en sociedad.
No es descabellado pensar que, frente a un estado profundamente enredado en su propia maraña de leyes y procedimientos, las personas busquen evolucionar hacia su estado contrario: lo rígido, lo simple y lo autoritario. Cuando la horizontalidad y la accesibilidad del sistema legal se ven comprometidas, y la burocracia asfixia la funcionalidad estatal, la sociedad puede anhelar un modelo de gobernanza más centralizado y autoritario. Este deseo de orden y simplicidad responde a la necesidad humana de claridad y estabilidad, que se pierde en un entorno burocrático excesivamente complicado que no da respuesta a las necesidades más básicas de las clases menos favorecidas por el modelo de desarrollo imperante.
Históricamente, este patrón ha sido observado en múltiples sociedades. En momentos de caos y anomia, la figura del líder autoritario suele emerger como una solución a la crisis de gobernabilidad. La promesa de restaurar el orden mediante la implementación de reglas claras y una autoridad fuerte apela a una población agotada por la incertidumbre y la ineficacia del sistema vigente. Así, el péndulo social oscila de la desorganización hacia la centralización del poder.
Esta premisa parece aplicarse con precisión a la situación actual de Costa Rica. En este país, la proliferación de leyes, trámites y una malentendida concepción de la democracia, donde cada individuo actúa según su propia voluntad sin considerar el bienestar colectivo (liberalismo radical), ha conducido a una degeneración del sistema. Esta degeneración ha provocado una búsqueda de orden que, en lugar de llevar a una regeneración equilibrada, ha resultado en una creciente tendencia autoritaria.
Karl Marx postuló que «la praxis es el criterio de la verdad», y en Costa Rica, la práctica diaria ha revelado la verdad del exceso de horizontalidad. La democracia, en su forma distorsionada, ha permitido que la falta de coherencia y disciplina en la administración pública y la vida social degeneren en un caos operativo. La respuesta a este desorden ha sido la emergencia de un gobierno que se presenta como el «ordenador» de esta anarquía. Sin embargo, esta figura de autoridad no ha logrado transformar la situación de manera positiva. En lugar de una regeneración consciente y equilibrada, lo que se ha manifestado es una degeneración autoritaria.
El gobierno, al intentar imponer un supuesto orden en medio de la desorganización, recurre a tácticas autoritarias y manipuladoras que socavan los principios democráticos fundamentales. Esta paradoja refleja la incapacidad del sistema para auto-regenerarse de manera efectiva, convirtiéndose en una mampara que oculta la continua decadencia y aceleración de la degeneración social, espiritual y política que sufre el país.
La experiencia de Costa Rica ilustra cómo la mala praxis de la democracia y la excesiva horizontalidad pueden llevar a una reacción opuesta, en la que el autoritarismo se presenta como una solución temporal pero ineficaz. En lugar de un renacimiento equilibrado y consciente de la gobernanza, lo que se obtiene es una degeneración acelerada que amenaza con desvirtuar aún más nuestros valores democráticos y la poca estabilidad social que nos queda.
Para evitar caer en esta trampa, es esencial que se fomente una democracia auténtica y funcional, basada en la claridad normativa, la eficiencia burocrática y el respeto por el bienestar colectivo. La regeneración verdadera requiere una reforma profunda del sistema, donde la horizontalidad se equilibre con una autoridad legítima y transparente que trabaje por el bien común.
El desafío, entonces, radica en encontrar un equilibrio entre un marco democrático robusto y funcional, y la simplicidad necesaria para que las normas sean comprendidas y respetadas por todos sin excepción. La eficiencia burocrática no debe sacrificarse en aras de la cantidad normativa; más bien, se debe buscar la calidad legislativa, donde cada ley y reglamento tenga un propósito claro y una aplicación práctica evidente.
La sobreabundancia de leyes y trámites puede llevar a una disfunción estatal y a una sociedad desorientada, donde la anomia se convierte en norma. Esta situación, lejos de ser ideal, puede provocar un giro hacia modelos autoritarios en busca de simplicidad y orden. Es imperativo que los sistemas de gobernanza contemporáneos trabajen para simplificar y clarificar sus marcos normativos, asegurando que las leyes sirvan a la sociedad de manera efectiva, evitando así la trampa de la anomia y la tentación del autoritarismo. Costa Rica aún tiene la oportunidad de despertar y transformar esta compleja realidad.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Tuve la posibilidad de asistir, en el marco de un coloquio sobre inclusión desarrollado en la Universidad de Angers en Francia, a dos excelentes mesas en las que expusieron la ama académica y el académico de la Universidad de Costa Rica, Mariana Mora y Mar Fournier.
Debo decir que ambas presentaciones me gustaron por su manejo teórico, pero sobre todo por asumir con responsabilidad y riesgo metodológico la implementación de herramientas desde la geografía política y social con enfoque feminista, la descripción de sendas realidades que desnudan una Costa Rica que hace tiempo dejó su excepcionalidad empacada al vacío.
En el caso de Mariana, dibuja una clara relación entre el aumento de los femicidios en Costa Rica y el grave nivel de impunidad, omisión y desatención estatal en la materia.
Producto de su tesis doctoral, la investigadora construye una herramienta digital necesaria por actual en la que se puede ubicar georeferenciadamente cómo se va construyendo la cartografía del dolor en el país.
Esta herramienta muestra tendencias de los lugares en los que ha recrudecido la violencia criminal en contra de las mujeres costarricenses y extranjeras a manos de sus compañeros, amigos y conocidos.
Mar Fournier, por su parte, plantea un interesante acercamiento sobre la construcción del poder material y simbólico en la ciudad de San José sobre los cuerpos de las disidencias económicas, sexuales y sociales.
Utilizando también herramientas de la cartografía social, Fournier dibuja esos puntos calientes en los que un poder biopolitico es ejercido con brutalidad, violencia e impunidad en grado sumo en contra de los cuerpos de esas personas excluidas por su identidad sexual, su marginalidad económica y su s orígenes en la ciudad capital.
Ambas presentaciones me dibujaron con absoluta claridad política un escenario de una Costa Rica, ya no imaginada, sino real, que ha iniciado un viaje sin retorno hacia su desintegración como comunidad política y social. Herramientas como las que Mora y Fournier trabajan en sus investigaciones dan cuenta con precisión que hace bastante tiempo el país dejó de ser la narrativa que era.
Asumir esta realidad es el primer paso para intentar reparar el daño que como sociedad ha infligido a sus poblaciones excluidas. Asumir y poner en práctica la consecuencia. Que tanta falta nos hace.
En Estados Unidos el ambiente electoral está que arde. El expresidente Trump contra el presidente Biden, son los ejes alrededor de cual giran los diferentes movimientos políticos, económicos, sociales, militares y electorales. A ello suman los inmigrantes que viven en Estados Unidos, las inmensas mayorías latinas y afrodescendientes, así como la situación de la clase trabajadora norteamericana, tradicionalmente muy ligada al Partido Demócrata, pero separada de ese partido desde la llegada de Trump a la presidencia.
El tema del empleo y el desempleo pesa en las decisiones electorales de la población estadounidense. Hoy también el tema de los gastos militares y el apoyo en este campo que brinda Estados Unidos a países en guerra, considerados sus aliados.
La situación económica en Estados Unidos pareciera brindar un mejor escenario a la postulación de Trump frente al presidente Biden. La parte frágil de Trump descansa en la amplitud de juicios y demandas que enfrenta, con la posibilidad de que su condición de expresidente le blinde de ciertos juicios o acusaciones que le allanen el camino a la presidencia. Por ahora, se ha ido imponiendo como el principal candidato dentro del Partido Republicano, según las formas como se escogen los candidatos presidenciales en ese país.
En el escenario del Partido Demócrata el presidente Biden se ha impuesto, de conformidad a la tradición electoral de darle oportunidad al presidente de su posible reelección.
Las edades de los dos candidatos, Trump y Biden, que giran en los 80 años, se han convertido parte de los elementos propagandísticos y de agitación electoral de ambas tiendas políticas. Más afecta a Biden por detalles de su compartimiento público donde sus años, un poco mayor que Trump, se le expresan más, lo que provoca la burla de Trump y de sus detractores. Aun así, no es causal negativa la edad. En cierta forma pesa con la edad la experiencia y madurez que se le atribuye a la cantidad de años.
Lo destacable de este proceso es que, en los Estados Unidos la alta edad, la mayoridad y la “ancianidad” no es un elemento que pesa negativamente para la escogencia y la disputa presidencial, como sucede en muchos otros países, entre ellos los latinoamericanos, y dentro de los llamados movimientos populistas que han surgido y se impulsan, que muchas veces atacan las viejas estructuras políticas y a viejos candidatos o “viejos” políticos, sean personas o partidos políticos, que usualmente califican también de tradicionales, cuando no con otros adjetivos más fuertes. No casualmente en Costa Rica los últimos presidentes han gravitado en edades bajas, y pareciera ser la tendencia hacia el proceso electoral nacional del 2026.
En la escogencia de las posibles candidaturas a la vicepresidencia de los Estados Unidos se han movido las tendencias hacia miembros del Congreso, el Senado y de las Gobernaciones.
La llamada ala izquierda del Partido Demócrata, todavía no se ha hecho sentir. El discurso de Bernie Sanders, de hace ocho, pareciera que se mantiene, aunque no esté izado. Su crítica al modelo neoliberal de esos días se concentraba en los siguientes elementos:
1.- que las personas, los ciudadanos y los trabajadores pagan más impuestos que los ricos,
2.- que el Estado concede exenciones tributarias generosas a las empresas elevando la carga tributaria a los asalariados. Trump mismo, había ofrecido rebajar la carga tributaria de las grandes empresas y de los ricos,
3.- que los impuestos son muy altos,
4.- que hay una reducción y encarecimiento de los servicios públicos,
5.- que han aumentado los costos de educación,
6.- que han aumentado los costos de salud,
7.- que se paga mucho en impuestos para mantener guerras lejanas, de allí también el planteamiento de Donald Trump de que sus aliados en bloques militares asumieran los costos reales de cada país, y que el peso de sus defensas no cayera sobre los Estados Unidos. Esta tesis la sigue manteniendo Trump, señalando incluso que los gastos de la OTAN los deben asumir principalmente los países miembros. En un momento llegó a afirmar, no hace mucho, que con él las guerras actuales se acabarían.
8.- que hay mucha hipocresía e impunidad, cuando no inmunidad, frente a estafadores bancarios,
9.- que se subvenciona a los barrios ricos, en detrimento o perjuicio de las grandes barriadas obreras y populares, en infraestructura, siendo la infraestructura de los barrios ricos muy buena, y muy mala la de las barriadas pobres,
10.- que los salarios mínimos están por debajo del costo de la vida,
11.- que los barrios ricos son seguros mientras los barrios pobres muy inseguros y violentos,
12.- que hay restricciones a la organización sindical,
13.- que hay una gran exclusión social, por falta de representación, en la toma de decisiones que afectan a la población en general y a los trabajadores en particular,
14.- que hay limitaciones al ejercicio de las libertades,
15.- que se hacen recortes importantes de financiación en inversiones públicas,
16.- que hay un incremento de desigualdades sociales y económicas,
17.- que hay incumplimiento de promesas electorales,
18.- que los grandes partidos prestan atención más a los grandes contribuyentes que a los millones de votantes,
19.- que se deteriora el descanso y la recreación de los trabajadores,
20.- que el Estado, como organización y sistema institucionalizado, está contra la mayoría de la gente y no a favor de la mayoría, como debería ser.
21.- la necesidad de reindustrializar los Estados Unidos, que era la clave del planteamiento de Donald Trump, de hacer regresar empresas a territorio norteamericano y de castigar tributariamente a las que quieran instalarse fuera de los Estados Unidos. Trump sigue manteniendo esto, con algunos matices.
22.- crear más puestos de trabajo y bien remunerados.
23.- ayudar a los desempleados y subempleados.
Muchos de los planteamientos aquí apenas señalados, se debatieron en los Estados Unidos, y son propios de los llamados movimientos populistas de derecha europeos. Reflejan la realidad de estos países y las nuestras, las de Latinoamérica y la de Costa Rica, lo que pueden seguir siendo caldo de cultivo para movimientos populistas en nuestros países si se hace un empleo demagógico de consignas y situaciones similares.
La campaña trumpista de los Estados Unidos, hace ocho años, alimentó esta posibilidad, exaltando sentimientos xenofóbicos, que los sigue atizando, situación que se ha agravado en Europa, y hay síntomas importantes en algunos países de América Latina.
Lo que suceda en Estados Unidos repercutirá directa e inevitablemente en el ambiente político nacional y latinoamericano. Estamos a cinco meses de que en se resuelva ese dilema, con las elecciones norteamericanas de noviembre.
En nuestro país pareciera que el debate girará entre el continuismo del actual Gobierno, para lo cual el presidente Chaves no tendrá limitaciones para expresar sus sentimientos y apoyos. Ya está en marcha, hacia ese proceso electoral, con ventaja sobre todos los demás partidos políticos nacionales.
Si el presidente Chaves antes del 2022 no era un líder ni un caudillo político, hoy en cierta forma ya tiene ese empaque, sólidamente consolidado con el apoyo que recibe en las encuestas, resultado de su discurso que lo identifica con las mayorías nacionales excluidas y pobres, a quien dirige sus discursos y arengas.
El espacio político del presidente Chaves está marcado por sus constantes giras al interior del país, que trata de acompañar con movilizaciones locales.
El presidente Chaves ha revalorado la categoría “pueblo”, con la cual él se identifica y habla en su nombre, señalando que está para defenderlo. Le ha arrebatado este concepto a las fuerzas políticas existentes, a los partidos políticos, a las fuerzas de izquierda en general, a las organizaciones y movimientos sociales como el sindicalismo, el cooperativismo, el solidarismo, el comunalismo, el municipalismo. En este último aspecto cuando el presidente Chaves viaja al interior del país se hace acompañar de gente movilizada de los cantones que visita, como ningún presidente anteriormente lo haya hecho. Sectorialmente todavía no llega. Lo demostró la protesta de los agricultores recientemente, que responde a otras causas, motivadas por las políticas económicas generales que se impulsan desde el Gobierno, a las protestas universitarias en defensa de su presupuesto y su autonomía, o las reacciones de los médicos, como se expresaron en sus paros y huelgas recientes. En estas últimas los partidos políticos estuvieron al margen. No fueron convocadas ni dirigidas por partidos políticos, lo que probablemente esos mismos movimientos hubieran rechazado. Tampoco fueron apoyadas públicamente por los partidos políticos. La vida política y partidaria nacional ha bajado tanto, y se ha devaluado ante la opinión pública, que los mismos partidos se abstienen de pronunciarse sobre temas nacionales o de identificación con sectores populares en sus protestas.
El rechazo a todo el pasado político y electoral que hace el presidente Chaves es válido desde su perspectiva. Con él, como se percibe, está naciendo una nueva dimensión política. Todavía no proclama su Tercera República, pero no sería extraño que lo hiciera, una nueva era, una nueva época, que inicia con su gobierno, es lo que tiene enfocado. La imagen que está forjando es la de un pater familia, resultado de su acción política estatal, por sus políticas confundiendo su vida del gobernante y su actuación política con la del ejercicio del poder, y con la propia obra de gobierno.
Los populistas en algunos países se presentan como reformistas o grandes reformadores del Estado. El presidente chaves no se presenta todavía como un reformista., aunque constantemente señala que hay que reformar la institucionalidad del Estado para logar su mayor eficiencia gubernativa y más agilidad institucionalidad, lo que en términos generales es válido.
Me parece que el presidente Chaves está marcando un parteaguas político nacional. A esto que hay que ponerle atención. Electoralmente probablemente presione para que en su contra se estimulen ciertas coaliciones electorales en el 2026, todavía muy imprecisas e inmaduras. Como líder político solo está descollando el presidente Chaves. En la Asamblea Legislativa no hay, al menos por ahora, uno solo, que pinte con aire presidencial. Y algunos que se pavonean en esa dirección al menos para mí solo tienen por ahora las ínfulas de esa posibilidad. Es el caso de los socialcristianos, que han dejado de ser cristianos y sociales, para disputar las banderas neoliberales y auto proponerse como una fuerza de centroderecha. O los liberales de Feinzaig que van en el furgón de cola del tren presidencial, lo mismo que los nuevos republicanos de Fabricio Alvarado. De los liberacionistas del Congreso pareciera que no va a salir ningún candidato presidencial. En su propio partido han empezado a tocar tambores electorales otras personas, no menos neoliberales que las que hay en el gobierno y en las tiendas parlamentarias. La muerte de Liberación Nacional está anunciada con su renuncia a sus posturas social democráticas del pasado y a las banderas reformistas que alguna vez tenían izadas. El Frente amplio, en este escenario todavía luce apagado.
Fuera de la Asamblea legislativa no hay tribunos de la plebe a la vista, ni partidos políticos que se sientan activos y con voz ante los problemas nacionales.
Miguel Ángel Rodríguez es el único que clama por una coalición política nacional, muy alejada de lo que fue la alianza política de 1943, de comunistas, cristianos y republicanos, que llevó a la coalición del Bloque de la Victoria para las elecciones de 1943-1944, para continuar afirmando las grandes Reformas Sociales y el Código de Trabajo.
¿Por qué no tratar de impulsar hoy una coalición nacional patriótica, bajo una gran bandera de proyectos sociales y políticos que recuperen la calidad de vida y mejoren la vida política e institucional nacional?
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.
Foto del principal sospechoso (al centro) de colocar la bomba, extraída de nota de la BBC, » Peter Torbiornsson: My guilt over La Penca bombing». Foto del atentado extraída de artículo publicado en el Tico Times en el 2013. Orden de captura publicada en Costa Rica, foto extraída de reportaje del Tico Times (Costa Rica).
El pasado jueves 30 de mayo se conmemoró en Costa Rica (y en Nicaragua) el 40 aniversario del atentado de La Penca, en el cual encontraron la muerte 4 periodistas costarricenses y extranjeros y 22 resultaron heridos: el atentado se produjo el 30 de mayo de 1984 durante una conferencia de prensa realizada a orillas del río San Juan por el entonces comandante de la ARDE (Alianza Revolucionaria Democrática), Eden Pastora, en la localidad nicaragüense de La Penca (véase nota publicada para el 29 aniversario de CRHoy). Tratándose de un dirigente de la denominada «contra» nicaragüense, su eliminación física, en aquel momento, pudo ser el objetivo tanto de las autoridades gubernamentales en Nicaragua de la época, como del de las de Estados Unidos.
En este video, titulado «La Penca: narración de un sobreviviente«, uno de los periodistas costarricenses sobrevivientes que asistió a la conferencia de prensa de Edén Pastora en la que estalló un artefacto explosivo, relata lo acontecido. La nota publicada el 1ero de junio de 1984 por The Washington Post amerita también una relectura detallada, en la medida en que, como ha sucedido en la historia de manera reiterada de Estados Unidos, un grupo rebelde que inicialmente es apoyado en armas y municiones por parte de Estados Unidos, … es luego objeto de acciones para eliminar a sus dirigentes.
Si bien los hechos ocurrieron en Nicaragua en el período de guerra civil de inicios de los años 80, las víctimas costarricenses sobrevivientes y los familiares de las víctimas mortales han solicitado que se ordene investigar lo ocurrido, sin tener mayor respuesta a sus diversos requerimientos.
El gremio de los profesionales de la información de igual manera ha respaldado sus reclamos sin mayor éxito. Esta situación ha llevado a las víctimas a acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el cual, 40 años después de sucedidos los hechos, no ha logrado aún elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¿Como así? Como se lee.
En 1990, Costa Rica solicitó formalmente a Estados Unidos extraditar a un nacional norteamericano (véase nota del New York Times), sin lograr su extradición por parte de Estados Unidos. Se lee en este documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos titulado «G. DEA’s Investigation of Information It Received About Contras or Contra Sympathizers» que Costa Rica renovó dicha solicitud en 1993 contra esta persona por el atentado de La Penca:
«In March 1993, Costa Rica submitted a renewed request for Hull’s extradition which contained documents indicating that the Superior court in Costa Rica had dismissed the drug trafficking charge against Hull for lack of evidence and that his extradition was no longer sought for that offense. This left the «Hostile Acts» and murder charges against Hull. However, on reviewing the documentation supporting the murder charge, based on Hull’s alleged involvement in the La Penca bombing, the OIA found no evidence of Hull’s involvement in this crime, indeed no evidence that he even knew about the bombing before it occurred«.
En unas líneas siguientes, el precitado documento señala que, según cables de diplomáticos de Estados Unidos acreditados en Costa Rica:
«A «comment» by the cable’s author interprets Calderon’s statement as meaning that «On Hull, Calderon is putting us on notice that there’s no way he can turn a request off but is clearly hoping that Hull will not be extradited.«
Cronología de una larga batalla legal
En el mes de setiembre del año 2005, los sobrevivientes costarricenses y los familiares de las víctimas presentaron una demanda contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar debidamente este atentado (véase nota de La Nación): lo hubieran perfectamente podido hacer 20 años antes (1985), pero algo pasó para que … no lo hicieran.
En este enlacede Primera Plana (Colegio de Periodistas de Costa Rica), se puede revisar el detalle de la acción interpuesta al año 2010.
En marzo del 2012, la demanda se amplío para extenderla también a los órganos de investigación del Estado en Nicaragua.
En junio del 2013, se solicitó a la Comisión incluir algunos testimonios encontrados en documentales recientes producidos sobre este caso, en particular las entrevistas de un cineasta sueco a funcionarios de Nicaragua (véase documental«Good Bye Nicaragua«).
Cabe señalar que a finales del año 2013, la Fiscalía de Costa Rica cerró una de las líneas de investigación, al confirmarse en Buenos Aires la muerte de uno de los nacionales de Argentina considerado como una de las posibles pistas y principal sospechoso de colocar la bomba que estalló aquel 30 de mayo de 1984 (véase artículo de La Nación del 3/12/2013). Se lee (ver nota de Teletica Canal 7) que:
«Jorge Chavarría, Fiscalía General de la República, “Se había reactivado la orden de captura en el 2008 a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), porque no sabía si había fallecido o no. Ahora ya lo tenemos claro y con eso cerramos esta línea de investigación, vamos a ordenar la cancelación del asiento de la captura internacional que se había dado a Roberto Vital”.
En un artículo de la Prensa Libre (Costa Rica) del mismo día se leía que:
«Con base en restos óseos que fueron recolectados luego del asalto al cuartel la Tablada en Argentina, en 1989, que estaban conservados por las autoridades de ese país, se realizaron análisis de ADN. De acuerdo con las conclusiones a las que llegan los médicos forenses de la Corte Suprema de la Nación de Argentina, se establece con un 99,99% de certeza que un grupo de los restos óseos pertenecen a Roberto Vital Gaguine”, afirmó el fiscal general Chavarría.»
Mientras que en el 2013 las autoridades costarricenses anuncian el cierre de una línea de investigación, resulta que ya en un artículo del 1ero de agosto de 1993 de The Independent (Reino Unido) se hacia referencia a la muerte de este sospechoso en el año de 1989 cuando se precisa que:
«Gauguine’s family knew nothing of his involvement with La Penca, but others have furnished details of his life: he came from a middle-class family and his ERP nom de guerre was Martin el Ingles. He arrived in Britain in 1978, where he later applied for asylum. By 1980 his whereabouts were again unknown. He will never be brought to justice:in 1989, he died, with 18 others, in a guerrilla attack on an army barracks on the outskirts of Buenos Aires«.
Los 10 años que separan el artículo de The Independent y las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación en Costa Rica plantean interrogantes muy válidas.
En el 2018, se indicó en la prensa costarricense que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «acogió» la denuncia, pero sin que se haga público algún documento oficial de la misma (véase nota del Semanario Universidad).
Los 40 años de La Penca: víctimas, prensa y ciudadanía costarricense en espera de justicia
Para los 30 años del atentado de La Penca, el 29 de mayo del 2014, algunos diputados de la Asamblea Legislativa declararon ante cámaras apoyar las gestiones del Colegio de Periodistas de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver video).
El mismo 30 de mayo del 2014, emisiones radiales matutinas muy oídas fueron dedicadas al tema como Hablando Clarode Vilma Ibarra y Boris Ramírez y Nuestra Vozde Amelia Rueda, con un amplio material multimedia puesto a disposición del público costarricense en aquel momento.
Como parte de las conmemoraciones de los 30 años, el Canal 15 de la UCR de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó el documental: “Goodbye Nicaragua” (Nota 1) del director sueco Peter Torbiörnsson. La película, que incluye entrevistas del cineasta en Bolivia, Costa Rica, Cuba, Francia y Nicaragua, causó cierto impacto y reacciones en Nicaragua cuando fue presentada en el 2011 (véase notadel Semanario Universidad de Costa Rica).
Nos permitimos, en una nota publicada en un portal jurídico costarricense, reunir estas y otras informaciones, pocos días después de conmemorarse los 30 años del atentado de La Penca (Nota 2).
También el viernes 30 de mayo del 2014 se transmitió el documental “La Penca: Onda Expansiva”, (véase enlace) una producción conjunta del Colegio de Periodistas (COLPER) y del Canal 15 de la UCR, que incluye entrevistas a personeros del sistema judicial costarricense a cargo de la investigación realizada (documental producido en el año 2004 para conmemorar el 20 aniversario).
En estas entrevistas, se indica que las gestiones oficiales realizadas ante Estados Unidos para extraditar a dos personas no concluyeron debido a errores del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en su tramitación (véase video, a mn 32:27). En esa misma entrevista se indica además que documentos enviados desde los Estados Unidos a las autoridades judiciales de Costa Rica llegaron …tachados, imposibilitando la lectura de nombres, lugares y fechas.
Nótese no obstante la existencia – en línea – de esta publicación colgada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos (véase enlace) , titulado «La Penca, Pastora, the press and the CIA» en el que una multitud de datos reunidos ofrecen algunas pistas sin del todo poder corroborarlas. Al tratarse de una agencia de inteligencia cuyas autoridades tenían interés, en 1984, en eliminar físicamente a Eden Pastora, todo lo que aparezca en su sitio merece cautela. Cabe precisar que en la parte final del documento se lee: «Approved for release 2010/09/15«. Lo cual evidencia que durante largos años desde 1984, este documento se mantuvo sin estar colgado por parte de dicha entidad, por razones que se desconocen y sería de enorme interés conocer. ¿Qué habrá sido lo que ocurrió en el 2010 que no ocurrió antes, imposibilitando la puesta en línea de esta publicación por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos?
En un artículo del New York Times de 1993 se lee que:
«A Costa Rican prosecutor, Jorge Chaverria, said that he had no plans to withdraw the charges against the two men. His investigation in the late 1980’s found no evidence to point to the Sandinistas, and he said he was not convinced that the Sandinistas alone were behind the bombing«.
Por su parte, el cineasta sueco con su documental «Goodbye Nicaragua» presentado en el año 2011 sugiere descartar definitivamente la pista de que se trate de una acción comanditada por los servicios de inteligencia norteamericana y señala claramente la responsabilidad directa de miembros del aparato de inteligencia de Nicaragua en este doloroso episodio ocurrido en 1984, y el brazo ejecutor a cargo de llevarlo a cabo. Para las víctimas y sus familiares, se trata de un documental que aporta algunas luces sobre posibles responsables intelectuales de este atentado.
Un artículo publicado en el 2014 sobre el atentado de La Penca refiere a otras muertes de periodistas acaecidas en Costa Rica después de 1984, y se titula «El país de las impunidades a 30 años de La Penca: Costa Rica«.
No está demás indicar lo que escribe una de las autoras de un libro que le significó a ella y su esposo una acción en difamación ante los tribunales por parte un ciudadano norteamericano que Estados Unidos luego se negó a extraditar hacia Costa Rica (véase artículo de 1991 del Washington Post titulado «The man Washington doesn’t want to extradite«), cuando señala en este artículo publicado en el Tico Times en el 2013, que:
«And, during Arias’ tenure, Costa Rica’s Legislative Assembly carried out investigations that implicated North, Hull, the U.S. ambassador and CIA station chief, and others in Contra-related drug trafficking and other “hostile acts” against Costa Rica. Judicial authorities reopened the stalled La Penca investigation, ultimately bringing murder charges against both Hull and CIA operative Felipe Vidal. Both fled the country.
However, unanswered questions about the La Penca bombing have continued to haunt us«.
Como indicado, la autora escribió un libro que fue publicado e inmediatamente objeto de una demanda por difamación que finalmente no prosperó. El texto integral está disponible en este enlace.
A modo de conclusión
A la fecha del 30 de mayo del 2024, las investigaciones realizadas por otras entidades distintas a los órganos de investigación de Costa Rica y de Nicaragua no han logrado identificar a los autores intelectuales de este atendado: conjeturas de todo tipo siguen sin lograr verse validadas por un expediente de algun tribunal.
Ante las maniobras de todo tipo para frenar o complicar las investigaciones llevadas a cabo desde el Poder Judicial costarricense, y los errores de tramitación dentro del mismo aparato estatal costarricense, investigaciones externas por parte de periodistas no han permitido tampoco llegar a conclusiones validadas por los hechos.
Desde el 30 de mayo del 2104, así como desde el 30 de mayo del 2014, es muy poco en lo que se ha avanzado. Este 31 de mayo del 2024, el Relator sobre Libertad de Prensa en el sistema interamericano prometió reactivar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo en evidencia que este órgano no ha sido de mayor eficacia a la hora de tramitar esta denuncia que le fue presentada inicialmente en el 2005 (véase nota del Semanario Universidad): salvo error de nuestra parte, no se tiene registro de una denuncia planteada ante el sistema interamericano de derechos humanos y que, en 19 años, no haya dado lugar a un informe sobre su admisibilidad por parte de la Comisión.
Con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pareciera, por razones dificiles de explicar, que sus integrantes no saben a cuáles aparatos estatales solicitar información sobre este caso: desde el 2005, salvo error de nuestra parte, no se le conoce decisión hecha pública con respecto a este preciso caso. Si la denuncia inicialmente se hizo contra Costa Rica, y luego se extendió a Nicaragua, no se conoce a la fecha de un informe del órgano interamericano sobre las gestiones realizadas a ambos Estados de su parte. Y muchos menos de un informe de admisibilidad de la denuncia (si existe, por alguna razón no está disponible en el sitio de este órgano del sistema interamericano de derechos humanos).
En el programa Hablando Claro de Vilma Ibarra y de Boris Ramirez realizado este 31 de mayo, se pudo escuchar una muy extensa entrevista a uno de los sobrevivientes del atentado de La Penca (véase enlace a esta emisión radial).
Ante el sufrimiento que ha causado en las víctimas y familiares de las víctimas, estos 40 años que han transcurrido bien podrían ser la ocasión para que algunas conciencias liberen algunos secretos que mantienen muy bien guardados, y para que algunos documentos clasificados archivados en algunas embajadas en Centroamérica sean finalmente desclasificados: se trata de una solicitud que tuvimos la oportunidad de expresar también con ocasión de la fecha en la que se conmemoraron los 40 años de la muerte de la jóven estudiante Viviana Gallardo, en julio del 2021 (Nota 3).
Si estos documentos ya no están en estas embajadas, puede solicitarse a algunas capitales ordenar su desclasificación, dado el extenso plazo de tiempo que ha corrido desde aquel fatídico 30 de mayo de 1984: se trata de gestiones diplomáticas que cualquier Estado puede realizar ante otro Estado en el que se sospecha que hay información que permita esclarecer algún asunto de interés público. En este sentido, el esclarecer las sombras y las dudas que persisten en Costa Rica sobre el atentado de La Penca es un asunto de interés público.
A menos que la impunidad campante con la cual algunos parecieran, tanto en Costa Rica como fuera de ella, mantener este trágico episodio, se termine por imponer con el transcurrir del tiempo.
– -Notas – –
Nota 1: El trailer del documental “Goodbye Nicaragua” está disponible aquí. La última parte del documental (parte 3), subtitulada en español, está de igual forma disponible en Youtube y disponible aquí.
Nota 2 : Véase BOEGLIN N., «El Atentado de la Penca 30 años después: conmemoración y preguntas sin responder«, DerechoalDía, edición del 5 de junio del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Al cumplirse los 40 años desde el asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica: breves apuntes«, 1ero de julio del 2021. Texto disponible aquí.
La Ley de Concesión de Obra Pública es la ABERRACIÓN más grande de la historia patria, junto a otras igualmente deplorables, es la base del saqueo y corrupción con la cual se enriquecen unos pocos.
Creada en 1998, en el gobierno del PLN de José María Figueres Olsen, siendo Rodolfo Silva Vargas Ministro de Obras Públicas y Transportes y Marco A. Vargas D. Ministro de la Presidencia. Sancionada el 14 de mayo de 1998 y publicada el 22 de mayo el el Diario La Gaceta: 98 Alcance: 17.
Con esta Ley se le cortó «brazos y piernas» a la institucionalidad pública, miles de trabajadores fueron tirados a la calle y todo lo convirtieron en negocio de sujetos como este se volvieron multimillonarios.
Las obras que construía el Estado, que eran de mayor calidad y más económicas, pasaron a ser TODO lo contrario, de menor calidad y más costosas. Pero, sobre todo, fomentó la corrupción, la compra de conciencias.
Imperativo es la eliminación de la Ley de Concesión de Obra Pública N°7762, fortalecer la institucionalidad pública y fomentar el VERDADERO desarrollo nacional, fomentar el empleo de calidad, los salarios dignos, los derechos humanos, por sobre el lucro, la evasión, elusión y contrabando.
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