1973…. Hace 52 años se vio el máximo cinismo de la comisión noruega que otorga ese “premio”, Henry Kissinger, en el mismo año en el que planeó el Golpe contra Allende y ordenó su asesinato y el de miles de chilenos… ganó en ese año el “Nobel de la Paz”.
Le Duc Tho, contraparte vietnamita de la guerra que usaron de excusa, por lo menos tuvo la hidalguía de rechazar el premio conjunto con el que pretendieron disimular…. El Premio Nobel de la Guerra dado al asesino Kissinger… ¿O será más bien el Nobel al Poder?
El ciudadano común —ese que madruga, que sueña con un mejor futuro para sus hijos, que carga con esperanzas rotas y aun así insiste en levantarse— vive hoy bajo un cielo cargado de tormentas. Las guerras, sean en el Báltico o en el Medio Oriente nos recuerdan que la humanidad sigue atrapada en la vieja lógica de la pólvora. La amenaza de invasión gringa a Venezuela, con otras potencias jugando a la geopolítica en el Caribe, convierte a nuestra Latinoamérica en tablero de ajedrez de intereses ajenos, aunque seguimos siendo “un pueblo sin piernas, pero que camina…”, como nos dijo Residente.
La Paradoja de gente que ve esperanza falsa en Trump que se auto postula como pacificador global y hasta como Nobel de la Paz, militariza ciudades enteras y oprime a las minorías en su propio país. La paradoja es brutal: quien predica paz afuera, siembra miedo adentro.
En el sur, los jubilados argentinos se han convertido en símbolo de dignidad. Con pancartas y bastones, enfrentan la política económica ultra libertaria de Milei, que los condena a la precariedad mientras desprecia el legado cultural de figuras como Charly García y olvida las lecciones que dejó la dictadura de Videla. La represión contra ancianos que apenas reclaman lo mínimo es un eco doloroso de los años más oscuros de la historia argentina.
Ah… y Centroamérica, mientras, retrocede en sus avances democráticos. Gobiernos que concentran poder, voces críticas silenciadas, instituciones debilitadas: la región parece caminar en reversa hacia un déjà vu de caudillos y dictadores.
Acá, en Costa Rica, la democracia más estable de la región, el hartazgo del tico con partidos desgastados abre espacio a los cantos de sirena del populismo y la autocracia. El desencanto se convierte en terreno fértil para discursos que prometen soluciones fáciles, pero que esconden riesgos profundos para su Estado Social de Derecho.
Todo esto no son hechos fortuito ni espontáneos. Son síntomas de una humanidad que va, inexorablemente, hacia un cambio de era: la consolidación de nuevas élites globales, armadas con sus IA que disputan el poder con métodos cada vez más virulentos, mientras la gente común se siente atrapada en un tablero donde nunca mueve las piezas.
Sin embargo, incluso en medio de la tormenta, hay semillas de esperanza. La nueva generación —esa que marcha por el clima o se lanza en botes a enfrentar un genocidio en un mar de incertidumbre, que defiende la diversidad, que exige transparencia y que parece no teme cuestionar a los poderosos— tiene la oportunidad de superar nuestros errores. Nuestra tarea es no dejarles un terreno arrasado, sino al menos un espacio donde puedan construir.
Quizá nuestra generación retrocedió más su humanismo de lo que avanzó en tecnología. Pero si ellos logran dar un paso más allá, si se atreven a soñar donde nosotros nos resignamos, entonces habrá valido la pena resistir. Porque la historia no se mide solo en derrotas: también en la capacidad de cada generación de recomenzar la esperanza.
Yo, por el momento, con más pasado que futuro, solo quiero dar mis últimas luchas, por mi hija y los hijos de todos…
Seamos claros: se acaba de otorgar un nuevo y cuestionado Premio Nobel de la Paz 2025, que es prácticamente una licencia para una próxima invasión militar del hegemon norteamericano contra una sitiada Venezuela.
Por favor, sin entrar a defender o no al gobierno de Maduro ni al cuestionado proceso electoral bolivariano, pero ¿cómo se puede pedir una intervención militar extranjera contra su propia patria? ¿Cómo puede ser una supuesta líder política tan cipaya y servil? ¿Puede ser la ocupación extranjera imperial mejor que el régimen actual, bajo constante ataque económico y mediático de Estados Unidos y Occidente?
Hasta Henrique Capriles Radonski, excandidato de oposición a Maduro, condenó públicamente la amenaza de intervención militar de Trump y Marco Rubio. Muchos otros sectores de la oposición venezolana también condenan esas amenazas.
Pero seamos honestos: más allá de las simpatías o antipatías hacia el gobierno de Maduro, ¿realmente alguien cree que al gobierno de Estados Unidos le interesan los derechos humanos de los venezolanos o la “democracia”? ¿O se trata solo de su petróleo, de sus tierras raras y de sus recursos naturales?
¿Premiar así a una líder de extrema derecha, acusada de golpista y de promover la posible intervención militar norteamericana y occidental? ¿Una ficha geopolítica de Trump maquillada que gana un Premio Nobel de la Paz? Esto es una clásica inversión axiológica (Franz Hinkelammert), al mejor estilo de la novela 1984: un montaje internacional, un show mediático y una burda maniobra geopolítica.
¿A quién beneficia esta polarización extrema: María Corina vs. Maduro/Diosdado? No ciertamente al pueblo de Venezuela, agredido por esta guerra híbrida internacional, cuyas víctimas económicas son las propias comunidades civiles.
Trump queda doblemente expuesto, porque su incondicional “alfil” venezolano se convirtió en reina y le arrebató, sin querer queriendo, la corona y los laureles mediáticos que tanto necesitaba para frenar la caída de su popularidad interna. ¿Funcionará su pax imperial sobre los cadáveres de los niños, mujeres y civiles de Gaza, frente a la voracidad de la limpieza étnica de su socio Netanyahu, acusado internacionalmente de crímenes de guerra y de lesa humanidad?
Pero volvamos al Gran Caribe bajo la hegemonía norteamericana. No se trata de legitimar o no al gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; se trata de no legitimar una inminente invasión militar de Trump a Venezuela.
Hagamos memoria: ¿qué salió de “bueno” para la humanidad de las invasiones a Granada, Panamá, Irak (Bush padre y Bush hijo), la antigua Yugoslavia, Afganistán, Somalia, Libia, Siria o Yemen, por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos e Israel? ¿Blood for oil?
¿Qué resultado dejaron sus guerras “proxy”, como la de Ucrania frente a la invasión rusa? Miles de jóvenes muertos, un país devastado, dos pueblos hermanos enemistados y una gran venta de armas y nuevas tecnologías militares; además de, paradójicamente, consolidar la posición geopolítica de Rusia y del gobierno de Putin, pese a las sanciones occidentales.
¿Dejó de ser la Federación Rusa una amenaza militar o China Popular una superpotencia económica cada vez más consolidada? No. Tanto los gobiernos de Biden como los de Trump, con sus matices, parecen haber equivocado su política exterior belicista contra Rusia y China. ¿Se debilitaron los BRICS+ o se fortalecieron? La respuesta es obvia: se fortalecieron, igual que la búsqueda de un mundo multipolar.
En cambio, ¿ayudaron estas masacres imperialistas a consolidar un mundo más justo y multipolar, o solo reforzaron el viejo unilateralismo norteamericano y su dependencia del complejo militar-industrial?
Nada nuevo bajo el sol: el Premio Nobel de la Paz, después de figuras tan polémicas como Henry Kissinger, ya estaba devaluado. Pero para este complejo 2025, ¿realmente no había una persona más decente y coherente para recibirlo?
¿Qué hay de quienes han luchado pacíficamente contra el genocidio en Gaza? Por ejemplo, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Ocupados, ha desarrollado una labor meticulosa y humanista frente a un genocidio televisado a vista de los poderosos.
Lamentable. Realmente lamentable. Será un craso error estratégico con consecuencias a largo plazo para la legitimidad democrática de los gobiernos del norte global. Sus propios pueblos, más allá de la desinformación sistemática, comenzarán a sospechar más y más de sus gobiernos y de sus élites.
Como es arriba, es abajo, dijo Hermes Trismegisto. Este arrogante gesto geopolítico imperial traerá consecuencias. Se desenmascaran radicalmente ciertas instituciones nacionales e internacionales.
Las consecuencias de esta acelerada quiebra de legitimidad democrática, sumadas a la apatía colectiva, la desconfianza institucional y el crecimiento de la desigualdad estructural, pueden resultar letales para las democracias representativas, el ideal del Estado social de derecho y los ecosistemas del planeta.
Muy pocas figuras penales tienen el privilegio de ser mencionadas en la Constitución Política, sin duda por la relevancia y gravedad que tienen para la estabilidad de la República y la convivencia democrática. Es el caso del delito de Traición contemplado en el artículo 3 (Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de Traición a la Patria); de igual manera se menciona el delito de Sediciónen el artículo 4 siguiente (Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición). Las prohibiciones se dirigen a no usurpar la soberanía, que reside en “la nación”, ni “al pueblo” como depositario natural y último de esa soberanía. En ninguno de estos dos supuestos se contempla una sanción a aplicar, razón por la cual hay que descender a la ley ordinaria (Código Penal) para completar su perfeccionamiento como conductas previstas en tipos penales específicos.
La Sedición se relaciona con una amplia gama de conductas particulares que están debidamente tipificadas en la ley. Conviene recapitular algunas para estar alerta. Tales son, por ejemplo, los casos de la Instigación Pública, art. 280 (para el que instigare a otro a cometer un delito que afecte la tranquilidad pública sin que el hecho necesariamente se produzca); la Apología del delito, art. 283 (el que hiciere públicamente la apología de un delito o de una persona condenada por un delito); la Traición, art. 284 (para el costarricense que tomare armas contra la nación o se uniere a sus enemigos…); la Conspiración para Traición del art. 288 (el que tomare parte en una conspiración de tres o más personas para cometer Traición). Asimismo la Sedición se relaciona con el delito de Rebelión, art. 301 (para quienes se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer algunos de los órganos del Estado o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales); además está el delito de Propaganda contra el orden constitucional, art. 303 (para el que hiciere propaganda pública para sustituir, por medios inconstitucionales, los órganos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales que ella consagra.); el Motín (para quien se alzare públicamente en número de diez o más, para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos o para obligarles a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión.). También está el delito de Conspiración, art. 307 (para el que tomare parte en una conspiración de tres o más personas para cometer el delito de rebelión); la Seducción de fuerzas de seguridad, art. 308 (para el que seduzca fuerzas de seguridad o usurpare el mando de ellas… para cometer una rebelión o motín…); y la Infracción al deber de resistencia, art. 309 (para los funcionarios públicos que no hubieren resistido una rebelión o motín por todos los medios legales a su alcance).
Todos estos delitos están sancionados con penas de prisión que pueden ir hasta los diez años de privación de libertad. Buscan tutelar bienes jurídicos fundamentales como la tranquilidad pública, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional. Se trata, por otra parte, de figuras dolosas que exigen el conocimiento y la voluntad expresa de realizar la conducta prohibida, y admiten las formas de participación básicas: la autoría-coautoría, la instigación genérica y la complicidad.
En Costa Rica hemos asistido en los últimos años, en el contexto de decisiones constitucionalmente legítimas, -tomadas o a tomar-, por la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema, la Sala Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría General y otros órganos constitucionales, a ver que los chavistas, con el Presidente a la cabeza, en medios de comunicación, redes sociales y hasta desde despachos ministeriales y curules diputadiles, han insinuado venganzas, amenazado con expatriar costarricenses e instigado a la desobediencia, la rebelión y el motín; han hecho llamados explícitos al odio y la violencia contra instituciones y funcionarios públicos; y lo peor, se han apoyado en el delirio de que ellos son los únicos que representan al pueblo y encarnan su voluntad, evidente falacia ad populum que no resiste el más mínimo análisis lógico, puesto que, por muchos que fueran (lo que está por verse), no les autoriza, porque es delito, arrogarse la exclusiva propiedad de la soberanía nacional, ni el monopolio de la representación popular. Esas aspiraciones son ebrias ambiciones de tiranuelos.
Ante semejante despropósito sólo queda un camino: las autoridades públicas, de toda calidad y rango, tienen que cumplir sus competencias y obligaciones con diligencia y voluntad férreas. Durante el régimen surgido a partir de 1948, no se habían vivido semejantes desafíos. Los ciudadanos conscientes, comunes y corrientes, tenemos que denunciar, organizar y resistir. La indiferencia o el temor sólo envalentonarán a los acosadores de todo pelaje. Esta democracia sólo sobrevivirá llamando a cuentas a quienes se han creído intocables y por encima de la ley.
Hay momentos en la vida de los pueblos en que el clima político deja de ser una simple disputa de ideas y se convierte en un campo emocional roto, donde ya nadie escucha, donde cada palabra es un arma y cada diferencia una traición. Costa Rica atraviesa hoy una de esas etapas. Lo que vivimos no es una discusión democrática más: es el peligroso preludio de un divorcio nacional. La polarización no es una estrategia electoral, es el síntoma de un quiebre social más profundo, el de una comunidad que perdió la capacidad de convivir.
Cuando una pareja se separa (algo cada vez más común en nuestra sociedad), no lo hace por un desacuerdo puntual, sino porque se ha quebrado algo más profundo: la confianza, el afecto, la voluntad de entenderse. Exactamente eso ocurre hoy entre el oficialismo y las oposiciones. Ya no se discute sobre proyectos o presupuestos, sino sobre la legitimidad del otro para existir en la esfera pública. En ese ambiente, la democracia deja de ser un espacio de deliberación y se transforma en una lucha por la supervivencia simbólica.
La comparación no es exagerada. En un matrimonio, el divorcio permite a cada parte tomar su camino, cambiar de casa, recomenzar. Pero en un país no existe esa salida. Todos habitamos el mismo territorio, usamos las mismas instituciones, compartimos un destino común. Y esa imposibilidad de “irse” hace que el conflicto sea más peligroso, más visceral. La lucha por el poder se transforma en una pelea por la casa: quién manda, quién se queda, quién tiene derecho a hablar.
Las recientes declaraciones del diputado oficialista Jorge Rojas, invitando a las oposiciones a abandonar el país porque, de lo contrario, los seguidores del chavismo los van a “desterrar”, son una señal inequívoca de ese divorcio. Ya no se trata de diferencias ideológicas, sino del lenguaje propio de una implosión en ciernes. Cuando se niega al otro la posibilidad de estar y disentir, lo que se anuncia no es el triunfo de una parte, sino el colapso de la comunidad política y el fin del pacto social.
Costa Rica, por décadas, fue ejemplo de moderación, equilibrio y respeto entre visiones distintas. Ese fue nuestro orgullo: que podíamos discutir sin rompernos. Pero algo se fracturó. En nombre de la libertad individual, por ejemplo, hemos desmantelado todos los vínculos que nos unían: la religión, la familia, los partidos políticos, la noción misma de comunidad, incluso la identidad nacional. Hoy la “libertad” se usa para justificar el aislamiento, la desconfianza hacia el régimen democrático y el desprecio mutuo. Hemos liberado al individuo de todo, incluso de su responsabilidad y conciencia colectiva.
En esa deriva, la palabra “libertad” ha sido prostituida hasta volverse sinónimo de aislamiento. Ya no significa participar, sino desprenderse; no implica responsabilidad, sino ruptura y ataque. Y una sociedad formada por individuos que sólo se representan a sí mismos, incapaces de reconocerse en algo común, está condenada a dividirse, a perder su alma cívica y ser liderada por tiranos.
El resultado de esto es un ciudadano sin raíces, sin memoria histórica, sin comunidad, sin un “nosotros” que lo contenga. Ortega y Gasset advirtió sobre ese fenómeno en La rebelión de las masas: cuando el individuo común, despojado de toda pertenencia espiritual y cultural, se cree autosuficiente y se convierte en una masa amorfa, sin proyecto, sin norte, movida más por impulsos destructivos que por ideas. Esa masa, incapaz de crear, pero llena de resentimiento, termina por volcar su frustración contra todo lo que la trasciende: las instituciones, la tradición, la cultura, la historia. Ya no busca construir, sino arrasar.
Costa Rica vive hoy ese proceso: el del divorcio de su propia idea de nación. Entre el oficialismo y las oposiciones no hay ya un lenguaje compartido, sino dos mundos que se desprecian mutuamente. No es una diferencia de matices, sino de principios; no es un desencuentro, sino una fractura. Y el peligro es que, al no poder separarnos físicamente como en un matrimonio, el conflicto se quede encerrado en la misma casa: este país pequeño, donde cada habitación —la Asamblea, los medios, las redes, la calle— se convierte en un campo de batalla.
Si no reencontramos un sentido de comunidad, si no reconstruimos el nosotros que alguna vez nos sostuvo, el divorcio será irreversible. No quedará patria, sino ruina compartida y caos social.
El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al reciente acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial al mandatario Rodrigo Chaves Robles, tras considerar que ha incurrido en beligerancia política, lo cual está prohibido para el cargo según la legislación costarricense.
Aguilar explicó que el procedimiento aplicado por el TSE se encuentra claramente establecido en el artículo 270 del Código Electoral, aprobado en 1996, el cual determina que, ante una acusación de beligerancia política, el Tribunal puede rechazarla o remitirla a la Inspección Electoral para su investigación. Si esta instancia considera que existe mérito, eleva el caso nuevamente al Tribunal, que puede entonces solicitar el levantamiento del fuero presidencial.
“Así de fácil: es un procedimiento legal”, afirmó el historiador, señalando que las denuncias contra el presidente no son recientes, sino que se remontan a diciembre del año pasado. “Las últimas fueron presentadas en marzo de este año por un grupo de ciudadanos en el que también participé”, añadió.
Aguilar recordó que el mandatario ha sido denunciado reiteradamente por acciones contrarias a la neutralidad política y cuestionó las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, quien calificó la solicitud del TSE como un “golpe institucional”. “¿Qué entenderá esa señora por eso? —preguntó—. Golpe institucional sería que las mismas instituciones se dieran un golpe de Estado a sí mismas. Cuando se acata la ley no hay golpe. El problema es cuando no acatan la ley, como el presidente y como usted, doña Pilar”, expresó.
El historiador insistió en que las denuncias tienen sustento legal y no responden a motivaciones partidarias. “Nada tiene que ver con el Partido Liberación Nacional ni con acusaciones políticas. Todo eso son tonteras, maneras de ocultar la verdad. La verdad es que han violado la ley, y la ley está para cumplirse”, señaló.
Aguilar citó también el artículo 166 del Código Electoral, que establece que si, tras las investigaciones y audiencias correspondientes, el Tribunal determina que se ha cometido delito, puede solicitar la destitución del presidente. “Ahí sí, pero es cumpliendo la ley. Ahí no hay golpe”, enfatizó.
El analista advirtió que la ciudadanía no debe caer en la indiferencia frente a estos hechos, porque ello pondría en riesgo la democracia costarricense. “Si los costarricenses seguimos siendo indiferentes, vamos a matar la democracia”, manifestó.
Aguilar afirmó que el mandatario ha violado el Código Electoral en al menos 25 ocasiones, de las cuales el TSE solo ha señalado 15 en esta acusación, además de tener “más de un centenar de causas abiertas en la Fiscalía”.
Concluyó su intervención reiterando que el país no enfrenta un golpe de Estado, sino una defensa de la ley y del principio democrático.
“Aquí no hay golpe de Estado. Aquí hay defensa de la ley. Aquí hay el principio de que el ciudadano tiene una ley que lo protege para que no nos roben la democracia. Eso es lo que estamos haciendo.”
Chocheras de Poder: Pilar y el sillón mullido de sus contradicciones políticas
Ya no soy un chiquillo, me acerco ya al “sexto piso” y celebro que, hasta ahora, no me han dado ‘chocheras’ de viejillo… a la que si parece que le dieron es a doña Pilar Cisneros, ahora que decidió al llegar a la etapa más madura de su vida, el meterse en una aventura política extremista, de clara inclinación populista de derecha autocrática, al ser la caja de resonancia del máximo líder de esa tendencia que ha conocido el país, cuidado y, más bien, no es ella la creadora del personaje ’mesiánico’ de Rodrigo Chaves Robles, lo que contradice la imagen seria y objetiva de la antes presentadora y directora de Telenoticias, que tenían la mayoría de costarricenses.
Pilar Cisneros llegó al Parlamento con la autoridad mediática que le dio la pantalla, y con ella trajo un rosario de contradicciones que hoy ya no son anécdotas sino piezas centrales de su trayectoria política; la diputada que advertía del peligro de “un Chávez” terminó siendo una de las principales voces que amplifican al líder al que antes temía.
En una entrevista difundida en medios y en su paso por programas como el de Claudio Alpízar, Cisneros dijo con sorna que quienes la esperaban entrando en política debían “buscar un sillón bien mullido, para que esperen sentados porque nunca me verán en política”, una frase que hoy choca con su activismo legislativo y su rol como jefa visible del oficialismo.
Esa capacidad de virar resulta especialmente inquietante cuando se observa que quienes la cuestionan públicamente la acusan de incoherencia ideológica y déficit técnico; analistas y comentaristas han destacado el contraste entre su desempeño actual y la imagen profesional que cultivó como periodista, criticando su conocimiento sobre mecanismos electorales y su papel como oradora sin teleprónter.
La cercanía evidente con la agenda ejecutiva se ha traducido en decisiones prácticas: desde iniciativas para retransmitir las conferencias presidenciales por canales propios hasta gestos de defensa frontal de la gestión gubernamental, incluida la compra simbólica de un trípode para “ayudar” en las transmisiones o el pago de troles en redes sociales, actitudes que alimentan la percepción de que su paso del periodismo a la política fue menos una conversión de convicciones que una alineación estratégica con un proyecto de poder concreto.
Los medios que han seguido su carrera han documentado un patrón de promesas rotas y declaraciones previas que hoy suenan contrarias a su práctica política; la narrativa de “yo no voy a entrar en política” figura hoy como un eje de esa acusación sobre una carrera marcada por contradicciones públicas que antes eran puntos de credibilidad profesional y ahora son munición para quienes la califican de oportunista.
Las controversias no se limitan al discurso: Cisneros figura entre los señalados en la investigación por supuestas irregularidades en el financiamiento electoral vinculadas a la campaña de 2022, una contradicción más que la Pilar periodista hubiera indagado y denunciado con vehemencia y, ahora, más bien la lleva a defender y negociar en la Asamblea Legislativa, la inmunidad presidencial, por ese y otros de los casos que siguen su curso en la Fiscalía y en la Corte.
Sus ataques a instituciones y críticas duras al Poder Judicial han provocado respuestas públicas de esas mismas instituciones, que han cuestionado sus cifras y su relato sobre presupuestos y eficiencia, lo que alimenta la tesis de que su storytelling mediático muchas veces se sostiene más en la contundencia retórica que en la verificación documental.
Cisneros encarna hoy la mayor contradicción: fue la periodista que advirtió sobre el caldo de cultivo para un populista y es la política que, con micrófono y redes, orienta y dirige la narrativa del gobernante al que aquella advertencia parecía destinada. Esa mutación merece, más que insultos o risas, un escrutinio riguroso porque lo que está en juego no es solo la coherencia personal de Cisneros, sino la salud de las instituciones cuando figuras públicas cambian de rol y de lealtades sin saldar las preguntas que dejan detrás.
Porque, como dijo Rubén Blades, parafraseando a Lord Acton, “el poder no corrompe, el poder desenmascara”.
Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma de un mal profundo: un sector del país que confunde el matonismo con valentía y la franqueza con el insulto y la descalificación. Su discurso se nutre de antivalores arraigados en nuestra cultura: la desconfianza hacia el otro, el choteo y la burla como mecanismos de deslegitimación, las medias verdades, las mentiras completas, la envidia y la sospecha permanente.
Sobre esa base, el presidente construye una narrativa tan simplista como peligrosa: que un grupo corrupto, encabezado por el PLN, engañó y estafó a los costarricenses durante más de siete décadas.
Según ese relato, el pueblo costarricense habría sido básico, ingenuo y manipulable hasta que él, el tecnócrata del Banco Mundial —con un historial de acoso—, llegó para revelar la “verdad oculta” y redimir a la nación.
Esa caricatura histórica no se sostiene. Sí, la corrupción ha estado presente en la administración pública, como en cualquier sistema político, pero la historia de Costa Rica es mucho más compleja. Gracias a la contribución de socialdemócratas, socialcristianos, la Iglesia católica, la izquierda y los movimientos sociales progresistas el país edificó un sistema institucional sólido que, durante décadas, fue referente en América Latina.
Cierto es que el modelo tuvo defectos y un “pecado original”: anuló la participación crítica de amplios sectores sociales, consolidó el clientelismo y persiguió —primero con cárcel, muerte, exilio e ilegalización, y luego con la deslegitimación ideológica y cultural— a la izquierda y a los movimientos progresistas. Pero reducir toda esa historia a un largo engaño es una estrategia perversa: permite deslegitimar los avances alcanzados para justificar su desmantelamiento.
El presidente del “cambio” no vino a rescatar al país; vino a continuar la tarea que iniciaron los herederos de los reformadores sociales del siglo XX, quienes durante sus gobiernos (Figueres Olsen y Calderón Fournier) debilitaron los pilares del Estado social y promovieron privatizaciones que beneficiaron a intereses particulares sobre el bien común. Oscar Arias también prefirió la ruta de favorecer intereses de los grupos privilegiados.
La política debería ser el arte de construir consensos y alianzas para mejorar la vida de las personas, en especial de quienes más lo necesitan. Chaves, en cambio, la ha convertido en un espectáculo diario, un escenario para sembrar prejuicios, propagar rumores y alimentar la confrontación.
Costa Rica se sigue gobernando para quienes no dependen del Estado porque ya controlan el sistema financiero, reciben atención preferencial de las instituciones, tienen seguros privados, universidades propias y monopolios de importación. Son los mismos sectores que antes financiaban a los partidos tradicionales y que ahora se cobijan bajo la bandera del supuesto “pueblo soberano”.
El pueblo costarricense merece más. Trabajadores y empresarios merecen más: justicia, inclusión, educación, salud, seguridad, respeto y bienestar. La política no debe ser una guerra, sino un acuerdo social: un nuevo pacto de concordia que permita ampliar derechos y generar mayores oportunidades para la mayoría.
Rafael A.Ugalde Q. Periodista, abogado y notario por la U.C.R.
Si bien es cierto el Colegio de profesionales en abogacía ya no es aquel ente -por diversas circunstancias innecesarias mencionar ahora- punto de referencia obligatorio en la confrontación de ideas nacionales para dar a los costarricenses posibles soluciones sobre el derecho humano a una jubilación digna a los y las abogadas, la mora judicial, afectación a sus litigantes por la justicia lenta y prolongada ,etc., ciertamente esperaba de este ente una reacción, como sucedió valientemente, respecto al intento de convertir a todos los notarios en una especie de “agentes encubiertos” a lo largo y ancho del territorio nacional.
Confieso que el texto de la ordenanza de marras la leí seis veces, luego llamé a varios colegas para ver sí aún entendía lo que leía o, por el contrario, debía correr hacia el neurólogo o el siquiatra, porque había perdido en solo horas la capacidad de razonar. De feria – dicen que las “verdes” siempre vienen acompañadas – me llegó dicha resolución en la hora de almuerzo. Perdí la lengua en salsa.
La orden, desde el principio, no sé por qué me olió a comisionado acostumbrado a botar puertas en otros países, a capitán o capitana, coronel o coronela, que cumple disposiciones superiores sí o sí y es quien grita a sus subalternos “firmes carajo”: ¡apunten… fuego…1 Daba diez días para inscribirse en la plataforma del Instituto de Control de Drogas (ICD) y obligaba sí o si, a llevar un curso sobre el tema.
Lo refrescante de todo este intento de confundir la función notarial, el principio de rogación, el carácter de asesor neutral y objetivo de todo notario, etc.; (en las universidades serias como la U.C.R era y posiblemente sigue siendo una especialidad dura y de dedicación de muchas horas extras), es que los jerarcas de la DNN y el colegio de los profesionales en leyes dicen ahora que la orden “no constituye una disposición normativa”
No está descartado, por tanto, que a futuro tengamos una “disposición normativa” con nueva retórica insistiendo en el mismo objetivo de incorporar a los notarios y notarias obligatoriamente a tareas que corresponderían a los bancos costarricenses, a los países consumidores de estupefacientes y promotores de terrorismo y a los distintos órganos policiales. De momento, me parece valiente por parte del Colegio y la DNN, tratar de salvar la integridad física de los profesionales, víctimas en muchos países de las bandas y policías corruptas, a que me referiré más adelante.
Si bien es cierto el notario en el ejercicio de las tareas encargadas por el Estado es un funcionario público sujeto al “deber de obediencia”, evidente queda también en la Ley General de Administración Pública que esta sujeción tiene sus límites claramente precisados por aquellos diligentes Padre de la Patria que se quemaron el “coco” desde antes de 1978, dotando de regulación las relaciones entre la administración y los administrados.
El artículo 107.1 de la ley indicada señala que todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones que establece la normativa ut supra. De inmediato nos ordena no obedecer cuando el acto no provenga de un superior jerárquico sea o no inmediato.
Esta excepción tiene que entenderse en estrecha relación con el artículo 108 de la misma ley, cuando nos ordena el deber de desobedecer sí se presentan las siguientes circunstancias: a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la competencia del inferior; y b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución abuso de autoridad o cualquier otro delito.
He de confesar a este paciente lector que toda mi formación profesional es de carácter civilista, desde que estaba en la hoy escuela José María Zeledón de Miramar. Una vez la maestra me metió en un grupo llamado los “Cruz Verde” para que pusiera orden en la fila de niños que recibíamos pan con queso amarillo mandado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (antigua y entonces diligente AID de Estados Unidos), me dio un brazalete y una gorrita, diciéndome: “quien se porte mal no tendrá pan con queso”.
Hasta allí llegó mi mandato como flamante “sheriff”. La gorrita me pareció una calamidad, porque dicho símbolo de autoridad y orden había que acomodarlo cada rato en la cabeza, el brazalete me quedaba nadando en el flacucho brazo derecho y, como si fuera poco. me parecía muy cursi; a la vez, en mi inocencia muy adentro de mi, había algo que me castigaba y no sabía qué era, cuando me preguntaba cómo me sentiría sí un compañero con el que religiosamente juego en el recreo grande y hacemos bulla en el aula, se quedara sin su pan con queso amarillo, porque su amigo lo “canto”.
La infiltración de los cuerpos policiales y el intercambio de información sensible de la población civil por parte de policías, militares y mafias deja miles de inocentes de todas las profesiones asesinados en Latinoamérica (F. New York Times).
Reconozco la labor loable de los policías rasos en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Ellos, como los notarios, nos parecemos únicamente en que no viajamos con caravanas atrás, sirenas, estudios de inteligencia previo a un viaje derivado de los altos cargos ocupados, ni vamos a la casa con chofer asignado, atrás o muy cerca alguien hace de guardaespaldas, ni tenemos anillos de seguridad ni nada de eso. Somos rasos, en eso, solamente nos parecemos.
Por experiencias acaecidas en países vecinos, cuyos gobiernos han tratado arbitraria y sin mayor rigor científico revolver el ejercicio de profesiones liberales con actividades policiacas o militares, sabemos ya como dicho coctel siempre termina en tragedia. Miles de familias destrozadas, cientos de funcionarios públicos, abogados, médicos etc. eliminados y más de un millón de jóvenes víctimas del hambre, porque perdieron su manutención, mientras los burócratas responsables de tales ocurrencias, verdaderamente criminales, salvan de todas responsabilices al Estado, a fin de resguardar sus pellejos.
Durante un reciente juicio en que salió condenado el expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, quedó demostrado que el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano -de paso, recordemos que, países de la región fueron asesorados y compraron servicios a él – no solo recopilaba importante información de carácter militar y policiales, sino además compartía sus datos sensibles sobre jueces, periodistas, abogados y funcionarios públicos en general con el ejército, narcotraficantes y paramilitares.
Esto permitió la infiltración de los poderes judiciales, el ejecutivo, el legislativo y casi todas las entidades por las cuales pasó el DAS; y si a ello agregamos el programa espía Pegasus, que en México, por ejemplo, negaron su existencia los gobierno conservadores antes de 2018, sus consecuencias hasta la fecha es una verdadera tragedia para todos los profesionales que ejercieron su trabajo vestidos de civil y sin ninguna capacitación policial.
Me temo que de algún lado vino la orden de enviar al matadero a estos inocentes profesionales esposos, padres e hijos, como parte de una planificada campaña de “sensibilización” sobre la inseguridad en las calles y la violencia generalizada como culpa solamente del narcotráfico y el terrorismo y no producto también del deterioro de las condiciones sociales y económicas defendido por los neoliberales.
A nuestros jueces asesinados, traslados de su región por amenazas recibidas, así como a aquellos abogados y notarios muertos en su función honesta, mi admiración como un simple ciudadano vestido de civil. Nota importante: Este reconocimiento a ellos es a título personal y en ningún caso– quede muy claro – sustituye el lazo negro como agremiados puestos en los edificios correspondientes cada vez que uno de ellos o ella cae, ni el sentido pésame a vuestras familias, seguramente ya recibido de las manos de los jerarcas administrativos.
El Gobierno de Costa Rica anunció su apoyo al Plan de 20 puntos de Donald Trump para Gaza y Medio Oriente, presentándolo como un paso hacia la paz. Pero ¿qué hay detrás de esta propuesta?
El Observatorio de Bienes Comunes analiza críticamente cómo el plan:
Reproduce lógicas coloniales que silencian la voz del pueblo palestino.
Establece una reconstrucción y gobernanza bajo tutela extranjera.
Jerarquiza vidas en un conflicto donde los más afectados son las mujeres e infancias de Gaza.
Pone en tensión la tradición pacifista histórica de Costa Rica.
Desde una mirada decolonial y educativa, exploramos por qué esta “paz” no garantiza justicia ni autodeterminación.
Cuando uno creé que lo ha visto todo, que ya nada lo sorprenderá, algo impensable sucede que nos sacude fuertemente. El pasado miércoles 17 de setiembre en el show habitual del comediante presidencial, se emitió un video del dictador y déspota salvadoreño Nayib Bukele, alabando el gobierno como el que sueña su homólogo en Costa Rica… ¡nos libre Dios!
La alabanza del carcelero salvadoreño Bukele, se fundamentó en que su cuasi discípulo Rodrigo Chaves anunció el financiamiento de la cárcel de seguridad en Costa Rica y la supuesta instalación operativa de los escáneres donados por los Estados Unidos, pero que no pueden operar todavía, por la incompetencia del gobierno. Pero lo verdaderamente grave, lo que no puede permitirse, es que se entrometiera en nuestra campaña política, pidiendo el voto para los candidatos oficialistas, como si fuera un costarricense más.
Tanto el Bukele, que tengo claro no es más que el nuevo dictador salvadoreño, como Rodrigo Chaves, cuyas bacanales mentales lo hacen soñar con ser dictador en Costa Rica; se equivocaron totalmente. El mal imitador de Francisco Morazán debe saber que, de acuerdo con nuestra Constitución Política, como extranjero tiene prohibido participar u opinar sobre nuestros asuntos políticos, pero además, por su pseudo investidura de presidente democrático de otro país, debe respetar las formas y normas de las relaciones diplomáticas internacionales y, como tal, le digo en buen francés: ¡fermé ta goulde!, que en buen tico se podría traducir como: cierra el h… pico.
En el caso de Rodrigo Chaves y sus “bacanálicas” pretensiones de ser dictador, debo recordarle que el jueguito que ha tenido durante tres años y medio de hacer campaña política y ser beligerante a diestra y siniestra, se acabó. Ahora entramos en el periodo oficial de campaña política, y al igual que en las diez y siete campañas políticas anteriores, el gobierno tiene prohibido hacer campaña política como usted, desacatando la ley, lo ha hecho. Se acabó Rodrigo Chaves que, a cada inauguración de obras construidas o iniciadas en otro gobierno, proyectos inexistentes, puentes sobre una acequia o el primer ordeño de una vaca, lleguen sus achichincles ministeriales con Laura Fernández y su teatro de marionetas delincuenciales, disfrazados de candidatos a diputados, a querer participar en sus bacanales de poder. Si, se acabó, y como dicen en lenguaje popular, de ahora en adelante… calladitos más bonitos.
Espero que el TSE, de una vez por todas, ponga orden. Porque con el cuento que solo puede intervenir por posible beligerancia política si hay una denuncia, se ha hecho de la vista gorda en muchos casos que, incluso, fueron denunciados por varios ciudadanos, yo entre ellos, desde hace seis meses; pero quedaron en la gaveta de una ineficiente e inoperante Inspección Electoral, para darle un trato menos rudo del que merece. Y digo lo anterior porque, el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política dice textualmente: “Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas…”. Sí, señores Magistrados, ustedes deben actuar ante denuncias…pero dice el artículo, pero primero y antes que nada investigar por si, o sea por ustedes mismos, por su propia acción, por su propia iniciativa, por su propia decisión, e incluso hilando más fino en la definición del RAE, “por si acaso” hay una acción ilegal de posible beligerancia o parcialidad política. Pero no lo hicieron, escondieron la cabeza como el avestruz; si, eso lo reclamo como ciudadano, y espero que de ahora en adelante asuman su responsabilidad.
Me pueden señalar por hacer este comentario crítico al TSE, órgano que para muchos resulta casi intocable. Personalmente dejé de creer en su infalibilidad hace cuarenta años y he sido crítico de su accionar en varias ocasiones, como consta en varios de mis libros. Creo que son seres humanos, susceptibles de equivocarse, salvo cuando se convierten en simples contadores de votos. Por eso los ciudadanos debemos estar atentos, reclamar nuestros derechos y la manera correcta y eficiente de salvaguardarlos sin miedo, especialmente en unas elecciones que se presentan atípicas.
Los demócratas debemos exigir ya a los candidatos que asuman posiciones firmes, que tomen el liderazgo que el país reclama contra esa banda de mentalidad autocrática que nos quiere robar nuestra democracia liberal, para imponer un régimen de extrema derecha estilo Bukele, Trump o Milei que, por medio de una autocracia electoral acabe de un tajo con nuestro estado social de derecho, las garantías sociales, la educación y cultura para todos, la conservación de la naturaleza y nuestra paz, que es lo que nos hizo grandes ante el mundo.
Si costarricenses, esta elección no es la más importante, es la definitiva; por eso, o nos pellizcamos para despertamos del letargo, y también pellizcamos a los “básicos de Pilar Cisneros y Chaves” para que se den cuenta del engaño sufrido estos tres años y medio, o nos llevará el pisuicas…y su banda.
