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¡Qué vergonzoso, ministra Müller!

Escrito en . Publicado en Análisis, Educación.

Por Luis Paulino Vargas Solís

Lo que la ministra Anna Katherina Müller dijo en la ULACIT, gozando para ello del espacio de confort y tolerancia que le ofrece esa empresa educativa regentada por familiar suyos, es extremadamente grave y alarmante. Con el permiso de ustedes, me referiré a las escandalosas barrabasadas que dejó dichas esa señora:

1) La disposición para que los presupuestos para el sistema educativo estatal, en su conjunto, no sean inferiores al 8% del producto interno bruto anual de la economía, está contenida en el artículo 78 de nuestra Constitución.

2) Se trata, por lo tanto, de una decisión política aprobada según las reglas propias de la democracia, las cuales en este caso se aplican con especial rigor, ya que, entre otras cosas, una reforma constitucional demanda mayoría calificada de al menos dos tercios del total de los votos en la Asamblea Legislativa.

3) En cuanto decisión política y democrática, la norma del 8% del PIB para educación, pudo haber tenido una fundamentación técnica y científica, pero no era necesario que la tuviese. En lo fundamental, esta disposición traduce una aspiración: sobre el país que queremos tener y la sociedad en la que queremos vivir. Eso no puede ser determinado ni fundamentado científicamente. Es, digamos, un valor y una aspiración de alcances metacientíficos.

4) En cuanto que norma constitucional -superior incluso a las leyes- es de acatamiento obligatoria. Cierto: nadie está obligado a lo imposible, es decir, puede acontecer que en un determinado año o, incluso, en una sucesión de años, no sea posible alcanzar el límite del 8%, porque razones objetivas de mucho peso lo impiden. Pero eso no exime de su obligación al presidente y a cada ministro y ministra, quienes tienen el deber ineludible de hacer el máximo esfuerzo con el máximo empeño, en tratar de cumplir.

5) Podrían estar en desacuerdo, pero eso no les exime de sus obligaciones y responsabilidades, ni les autoriza -como lo hace Müller- a renegar de ellas. En tal caso, lo que corresponde es que promuevan un cambio en la norma constitucional, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos.

6) Las políticas educativas -llámense “ruta de la educación” o lo que fuere- sí deberían tener fundamentación técnica y científica.

7) Por lo tanto, no es de recibo -es una charlatanería y un insulto- venir a decir, como lo hace Müller, que tenemos una política educativa que es un “invento” personal de ella, un nebuloso y fantasmagórico “proceso vivo” que carece de objetivos y metodologías conocidas, y el cual, al decir de la ministra, ella podría dejar plasmado en un documento que elaboraría “en un fin de semana”. Es inaudito que toda una ministra de Educación se exprese con tanta frivolidad e irrespeto.

Si ya la crisis educativa es grave, con el gobierno de Rodrigo Chaves, y bajo la conducción de Müller, lo único que cabe esperar es el colapso total y definitivo.

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.

Guatemala. ¿Golpe tras golpe, hacia dónde va?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mg. José A. Amesty Rivera

Recordemos que el pasado 20 de agosto 2023, se celebraron elecciones presidenciales, en segunda vuelta, en Guatemala. La contienda electoral dio como vencedor a Bernardo Arévalo, sociólogo y diputado de 64 años, del partido Semilla.

Antes, ya había amenazas hacia el partido Semilla de Arévalo, de ser suspendido; y antes que el presidente electo fuera investido como presidente, ya hay amenazas de golpe de estado.

Según Fátima Najarro, en su artículo «Qué es un golpe de Estado en Guatemala y cuántos ha habido en el país«, definamos golpe de estado: «En un sistema político, un golpe de Estado se refiere a la inconformidad de un grupo con poder al respecto de la persona quien está en el ejercicio del poder. Este grupo actúa para lograr un cambio de régimen por la fuerza».

Najarro, citando al abogado constituyente Aquiles Faillace, este señala: «esa fuerza por la que se concreta el golpe de Estado puede ser de dos tipos. Si es un levantamiento de la ciudadanía, en este caso se le llama revolución, o bien por el uso de fuerza de los grupos militares». «El objetivo del uso del golpe de Estado puede ser un cambio de modelo político, cambio de forma de gobierno o bien desconocer a los contrapesos que existen en un gobierno democrático, como las cortes y el Congreso».

Y es que, en los últimos cien años de historia guatemalteca, en este país se han sucedido los siguientes golpes de estado: «La revolución de 1944: con esta se dio fin al régimen militar de Jorge Ubico que fue sustituido por Federico Ponce Vaides dando paso a que Juan José Arévalo Bermejo fuera electo. En 1954 fue removido de la presidencia Jacobo Árbenz a la fuerza quedando al frente el militar Carlos Castillo Armas. En 1963 Enrique Peralta Azurdia fue el jefe de estado de facto luego de derrocar a José Miguel Ydígoras Fuentes. En 1982 fue removido del poder Romeo Lucas García por parte de Efraín Ríos Montt. En 1983 Ríos Montt fue sustituido por Óscar Mejía Víctores, solo fue relevado del cargo porque el régimen se mantuvo. En 1993 ocurrió el conocido autogolpe de Estado fallido de Jorge Serrano Elías. En esta ocasión, Serrano disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y las dos Procuradurías, es decir, los contrapesos», señala Najarro.

Volviendo a las denuncias contra el partido Semilla, según la periodista Daniela Camacho, en artículo «Pobre Guatemala«, «Antes de las elecciones de segunda vuelta, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, (quien ordenó suspender la personería jurídica del partido Semilla), advirtió que podría suspender al partido y emitir órdenes de arresto para algunos de sus miembros por supuestas irregularidades en la recolección de las firmas ¡de 2017! para la creación del Movimiento».

Así mismo, la periodista Victoria Korn, en el artículo «Guatemala: Arévalo se enfrenta a una nueva asonada del Pacto de Corruptos«, indica que, «el Ministerio Público guatemalteco investiga actualmente al Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en el proceso para ser autorizado como partido político al haber supuestamente falsificado la firma a por lo menos 5.000 ciudadanos e incluir personas que ya habían fallecido, además de pagar a otras para que dieran su firma».

«El golpe más reciente que recibió el Partido Semilla fue en el Congreso donde a su bancada la despojaron del título de ‘bloque legislativo’, y en su lugar le fue impuesto el de ‘independiente’. En la práctica, los diputados de Semilla quedaron excluidos de participar de todas las comisiones de trabajo del Congreso, de las juntas de jefes de bancada Pacto de Corruptos: Rondan dudas sobre el futuro de los decretos y de las comisiones de Derechos Humanos. «Así, los diputados de Semilla se perderán de las discusiones legislativas, como el plan de presupuesto para el año 2024 que le atañe a la nueva Administración y que está por presentarse, y solo les será permitido votar cuando haya plenaria parlamentaria. Los analistas coinciden en que los directivos del Congreso no tenían atribuciones para tomar dicha decisión. La directiva es presidida por Shirley Rivera, del partido Vamos, que comanda el presidente Giammatei».

Finalmente señala Korn, «Al ser inhabilitado, Movimiento Semilla no puede realizar ninguna actividad, como emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados. Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas, pues no podrán conformar una bancada, presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso ni tener asesores pagados».

En fin, es todo un mecanismo golpista supuestamente «legal», que enfrenta el presidente electo, toda una nueva forma de golpe de estado no militar.

Actualmente, según Prensa Latina artículo «Guatemala: Presidente electo denuncia golpe de Estado en curso«, el presidente Arévalo, ha denunciado la existencia de golpe de estado contra el orden constitucional y la democracia, señalando que hay un grupo de políticos y funcionarios corruptos que no aceptan los resultados de la contienda electoral, señalando junto a la vicepresidenta electa Karin Herrera, específicamente a la Fiscal General Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Rafael Curruchiche y al juez séptimo de instancia penal, Fredy Orellana, incluyendo además a “la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos».

A su vez, el presidente señala que, «quien ejerce golpe de Estado va contra la ley del país. La Constitución establece en el artículo 186, Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República que: “El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.

La periodista Daniela Pacheco añade, «La situación que incluye hasta intentos para atentar contra la vida de Arévalo, y la de su vicepresidenta, Karin Herrera, es tensionante y muy preocupante. Hasta la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), llamó la atención sobre la suspensión del partido Semilla a la que calificó como un abuso».

Concluye Pacheco: «Hay un cáncer terminal en Guatemala y Bernardo Arévalo prometió extirparlo. No se ha posesionado y las élites ya le quieren quitar el quirófano, las enfermeras, la anestesia y las herramientas para operar. Luego, la culpa de que se muera el paciente es sólo del bendito médico».

Por otro lado, el compañero indígena quechua Ollantay Itzamná, activista y defensor de los derechos humanos, abogado, teólogo y antropólogo, ya había indicado antes de las elecciones en Guatemala, en su artículo: ¿Qué cambiará en Guatemala con las elecciones presidenciales de 2023?, que, «Gane quien gane, el sistema neoliberal, engarzado con la industria del narcotráfico, continuará despojando los territorios con más violencia que antes. Ninguno de los dos partidos políticos (Semilla y UNE Unidad Nacional de la Esperanza de Sandra Torres), pone en cuestión la vigencia del sistema neoliberal en Guatemala».

«Si gana Bernardo Arévalo, es probable, por la influencia de la juventud sensible que le rodea, que intente realizar algunas reformas simbólicas o cosméticas en las instituciones estatales o en las políticas públicas. Pero, de ser posible, dichas reformas serán mínimas, puesto que el Congreso de la República y la economía lícita e ilícita están controlados por el denominado “pacto de corruptos”. «En ese hipotético contexto, a Arévalo no le quedará más que arrimarse lo más que pueda a la Embajada norteamericana (de no hacerlo, podría tener el mismo final que Jacobo Árbenz u Otto Pérez). Pero, la Embajada no le permitirá a Arévalo acercarse a los actores sociopolíticos antineoliberales o anti imperiales que con seguridad seguirán en las comunidades y en las calles de Guatemala. El sector indígena-campesino-popular financiado por las migajas de la USAID no podrá defender a Arévalo de los ataques de la oligarquía».

«Si gana Sandra Torres, está igual tendrá el respaldo de la Embajada gringa, además de la oligarquía lícita e ilícita del país. El aparato estatal continuará su acelerado proceso de entropía (autodestrucción) ocupado por el crimen organizado. Pero, las condiciones de vida de la gente seguirán empeorando. Y las resistencias al despojo y al saqueo neoliberal desde los territorios continuarán creciendo. Con el partido Semilla es probable que el Estado criollo racista se oxigene o intente revitalizarse, pero con seguridad será para el beneficio de los de siempre, y sobre las cenizas de los pueblos. Así como ocurrió en los dos siglos de República».

«En resumen, la esperanza transformadora para las grandes mayorías no está en ninguna de las dos opciones. En 2027, la guatemalticidad continuará buscando la promesa de los cambios estructurales, y ojalá con algunas lecciones aprendidas. Porque no creo que estos pueblos hayan nacido condenados al eterno placebo».

A su vez, Itzamná artículo «Guatemala en contexto electoral 2023«, afirmaba: «Si ya el proceso electoral, y los resultados de la primera vuelta, estaban cuestionadas y deslegitimadas por la arbitrariedad y la disputa política entre el sistema judicial (Corte Suprema de Justicia) y los jueces electorales (TSE), además del silencio complaciente del gobierno de Alejandro Giammattei, la emotiva atmósfera electoral construida para la segunda vuelta afianzó la incertidumbre y la desvirtuación de lo que, según estándares internacionales, se entiende por proceso electoral democrático».

Entre las cuestiones más importantes ausentes en la atmósfera electoral de Semilla-Arévalo están la:

Corrupción. El electorado, aparte de la promesa del partido Semilla que indica que traerá de vuelta a jueces y fiscales refugiados en el exterior para reformar el sistema judicial, no conoce cómo y en qué consiste específicamente la prometida “lucha contra la corrupción”. La UNE, partido cuya candidata a la presidencia, Sandra Torres, ya estuvo detenida por “asociación ilícita”, simplemente calla sobre esta cuestión coyunturalmente sensible para el país.

El Narcotráfico. Desde diferentes comunidades y municipios se hicieron reiteradas denuncias públicas en las redes socio digitales de la compra o pago por voto de hasta Q.1,500 (equivalente a $200.00) por parte de candidatos locales y departamentales. Además, políticos con serias denuncias de narcotráfico fungieron como candidatos para alcaldes y diputados. Pero, estas y otras variables que determinaron las elecciones de la primera vuelta no fueron, ni son materia de debate electoral.

El Neoliberalismo. Sorprendentemente el sistema neoliberal vigente en Guatemala, con consecuencias dolorosas para los pueblos y para el propio país, no fue, ni es materia del debate electoral. La única organización política que cuestionó el sistema neoliberal, mediante su propuesta de revisión de los contratos de privatización, fue el partido de izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP.

La Desigualdad socioeconómica. En 2015, cuando surgió la “euforia de lucha contra la corrupción”, el 59% de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza. En 2022, el 63% de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza multidimensional. La hambruna, como consecuencia de la disminución de los medios de vida y de los impactos del cambio climático arrecia en el país. Aunque las remesas económicas de migrantes (que representan más del 20% del Producto Interno Bruto) atenúan aparentemente esta realidad.

La Plurinacionalidad silenciada. Otra tara republicana que tiende a renaturalizarse en este contexto electoral es el racismo y el despojo colonial de los territorios de pueblos indígenas. Ni Semilla, ni la UNE, contemplan en sus programas de gobierno el desafío de reconocer e implementar los derechos colectivos de los pueblos indígenas como son: derecho a la consulta previa, derecho al territorio, derecho al autogobierno, entre otros. Y, para sorpresa de propios y extraños, hasta las organizaciones indígenas, que en algún momento se proclamaron como “plurinacionales”, ahora, llaman al voto para Semilla, sin valorar quizás los fines geopolíticos o anti plurinacionales que están detrás de ambas propuestas políticas. De esta manera, el próximo 20 de agosto, Guatemala decidirá por más neoliberalismo, mayor racismo, y continuado despojo de los territorios indígenas.

Todo lo último, a raíz de algunos sectores de izquierda en América Latina, que creen que el partido Semilla de Arévalo es de orientación progresista, cuando en realidad es definido como: de ideología socialdemócrata, ecologista, y con miembros de distintas afiliaciones políticas.

¿Cuál es la base científica para invertir el 8% del Producto Interno Bruto en educación?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Pablo Chaverri Chaves

Académico Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Niñez

El Producto Interno Bruto (PIB), definido como el total del valor de los bienes y servicios producidos por una economía durante un año, no depende solamente de aspectos como los recursos naturales, la infraestructura o el capital financiero. De hecho, ninguna de las anteriores dimensiones supera en importancia al factor número uno de todos para explicar el desarrollo económico de una nación: las capacidades de las personas que la habitan.

El crecimiento económico a largo plazo del producto interno bruto (PIB) de un país está fuertemente determinado por las habilidades de su población. Se estima que, aproximadamente, un 75% de la variación en el crecimiento del PIB per cápita de una sociedad puede explicarse por los resultados de las evaluaciones internacionales en habilidades cognitivas, matemáticas y ciencias de sus estudiantes (Hanushek & Woessmann, 2021).

El valor agregado de los bienes y servicios que se producen depende ampliamente del conocimiento. Los países que obtienen mayores ganancias no son los que producen materias primas, sino los que las transforman y les agregan valor con sus conocimientos. Entender que el conocimiento es costoso, pues implica grandes inversiones de tiempo y recursos, es particularmente crítico para las economías en desarrollo, como es el caso de Costa Rica.

Estas diferencias entre países también se pueden observar entre individuos. Cuando se invierte en programas de educación preescolar de calidad y se compara entre niños que los recibieron con respecto a sus pares que no los tuvieron y se analiza cuando ambos grupos son ya adultos, se estima que la diferencia de ingresos entre el primer grupo y el segundo es de un 25% a favor del primero (Gertler et al., 2014).

Aunque Costa Rica invierte porcentualmente más que sus vecinos en educación, el monto que invierte por estudiante es mucho menor al promedio de la OCDE, debido a que el PIB per cápita costarricense es significativamente menor al de la OCDE, razón por la cual la cantidad de dinero por estudiante ofrece un mejor comparativo que la proporción del PIB. Por ejemplo, mientras que Costa Rica invertía en 2019 un monto de $5.399 por estudiante en primaria y secundaria, en Chile el monto era de $6.639 y el promedio de la OCDE era de $10.316, es decir, que el promedio de la OCDE casi duplica el gasto por estudiante en Costa Rica.

Cerca de una tercera parte de las personas menores de edad viven en situación de pobreza en Costa Rica, lo cual compromete seriamente el cumplimiento de sus derechos y afecta su desarrollo integral a largo plazo de forma grave, tal como lo sugiere importante evidencia científica reciente (Chaverri Chaves, 2021). De acuerdo con datos de la OCDE, la situación socioeconómica explica el 16% de la varianza en el rendimiento en lectura en Costa Rica, mientras que el promedio de la OCDE es del 12%. Es decir, que el impacto de las desigualdades socioeconómicas en el rendimiento académico en lectura es cuatro puntos mayor en Costa Rica que en toda la zona OCDE.

Nacer en pobreza tiene un alto impacto en el desarrollo cognitivo posterior del niño. Sin embargo, un solo episodio de pobreza, incluso si es precedido y seguido por estados de no pobreza, también deja un impacto significativo en los puntajes en pruebas cognitivas. Para los niños que están persistentemente en pobreza durante sus primeros años, sus puntajes en pruebas de desarrollo cognitivo a los 7 años son significativamente más bajos que los de niños que nunca han experimentado pobreza (Dickerson & Popli, 2012). Esto es crucial, porque el desempeño global de un sistema educativo está fuertemente influido por sus niveles de equidad e inclusividad, algo que requiere una robusta inversión en programas de asistencia, protección y apoyo socioeconómico y psicosocial, en conjunto con programas académicos de alta calidad.

En pocas palabras, la inversión en educación se paga a sí misma y los recortes en educación se terminarán pagando demasiado caro, especialmente por parte de los niños más pobres.

Referencias científicas citadas

  • Chaverri Chaves, P. (2021). La educación en la pandemia: Ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas En Educación, 21(3), 1–22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725
  • Dickerson; A. & Popli, G. (2012). Persistent poverty and children’s cognitive development: Evidence from the UK Millennium Cohort Study. Department of Economics, University of Sheffield. Centre for Longitudinal Studies, Institute of Education, University of London, ISBN 978-1-906929-39-8.
  • Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178
  • Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2021). Education and Economic Growth. En E. A. Hanushek & L. Woessmann, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.651
  • Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Los problemas en la educación del país son acumulados, pero…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Informe del Estado de la Educación 2023 ha puesto de manifiesto graves problemas en el proceso educativo nacional. No es la primera vez que se aborda el descuido que se viene haciendo en educación desde gobiernos anteriores.

Los problemas acumulados, no son causados solo por este Gobierno de Rodrigo Chaves, pero están haciendo crisis, en estos momentos, cuando por disposiciones del actual gobierno pueden no solo acelerarse, profundizarse, intensificarse y convertirse en problemas altamente explosivos e indeseables para la salud democrática nacional.

Solo el recorte de los ¢33.000 millones de colones al Presupuesto del Ministerio de Educación Pública, la eliminación de los subsidios para becas, para el trasporte escolar y para los comedores escolares, muestra la punta del iceberg de lo que pasa con la educación pública, y lo que afecta a miles de familias y más, a miles de estudiantes.

El no cumplimiento del 8% para el Presupuesto Nacional, como se ha empeñado este Gobierno, con el Ministerio de Educación, como con el presupuesto de las Universidades públicas, es una violación de la Constitución Política, que debería ser perseguida, ante los tribunales e instancias judiciales, acusando directamente a los funcionarios que se empeñan en no cumplir los mandatos constitucionales y legales. Unos por no cumplimiento de esos mandatos, otro por distraer esos dineros para otros fines, que debieron haberse atendido por otras vías y otras fuentes que los generaran, habida cuenta de que siendo mandatos constitucionales deberían haberse previsto sus cumplimientos y contenidos presupuestarios, sobre todo porque se les han eliminado a esos sectores para dárselos a otros, como Seguridad Pública.

En el siglo XIX y el siglo XX costarricense la tendencia fue disminuir el dinero del Ejército, cuando existía, para fortalecer educación y otros rubros nacionales. La abolición del ejército en 1949 en mucho se justificó por la inoperancia del Ejército, su invalidez para el régimen democrático, la existencia de una legislación internacional y de Tratados que contribuían a proteger la soberanía, la independencia y la libertad del pueblo costarricense frente a amenazas que pudieran poner en peligro al país y su sistema democrático. En paralelo se fue fortaleciendo un régimen democrático, basado en la educación, en la salud, en una gran cantidad de instituciones sociales, que dieron pie a la constitución del Estado Social y Democrático de Derecho que hemos construido y edificado en todos estos años.

Lamentablemente, desde el desarrollo de los Planes de Ajuste Estructural, y las políticas públicas que se han seguido, este Estado Social se ha venido debilitando y desquebrajando. Con los últimos tres gobiernos y el actual esta tendencia se ha acentuado. La calidad de vida alcanzada ya no interesa. La pauperización o empobrecimiento de las amplias masas de trabajadores y de la población, estratégicamente es la meta a conseguir, especialmente por el actual Gobierno. La pobreza como política de un gobierno neoliberal, es también un negocio público, y privado, que lo saben explotar; que contribuye a que algunos cuantos se enriquezcan con su propia existencia. Las políticas laborales que se acaban de aprobar en primer debate parlamentario son la puerta que se ha abierto en esta dirección, fortalecido esto con el debilitamiento total de la educación pública.

Los actuales gobernantes, sus acólitos políticos; sus defensores y acompañantes económicos, se están frotando las manos del dineral que van a recibir, por los negocios asociados, y en cadena, que generan estas políticas distractoras de los dineros públicos en educación. El cierre técnico de la Fundación Omar Dengo que criminalmente se ha hecho, al proceso educativo y al apoyo que se daba al Ministerio de Educación Pública, es parte de este entramado contra el Estado Social de Derecho, y contra la población estudiantil del país, y sus familias, que están sufriendo la imposibilidad de oportunidades y posibilidades de ascensos sociales que la educación brindaba a los hogares y familias nacionales.

Los 120.000 estudiantes que la pandemia sacó del proceso educativo no han sido recuperados; los casi 1000 establecimientos de educación pública que a principios de año se señaló que carecían de condiciones sanitarias y se amenazó concerrarlos, con la desatención que ello llevaría de estudiantes; la amenaza de que se necesitan más de ¢60.000 millones de colones para mantenimiento de centros educativos, en la filosofía que se ha venido siguiendo, de que el dinero destinado a educación son gastos que pueden reducirse, sin entender que los dineros destinados a educación deben considerarse inversión por los beneficios que producen; los casi 115.000 estudiantes que han quedado sin apoyos económicos, por falta de becas; los miles que ya no pueden ir a escuelas y colegios formarán parte obligada, en el mejor de los casos, de la población laboral informal, que pujará por contratarse en las jornadas de 12 horas, de establecerse con apoyo de la Sala Constitucional, por emplearse al salario más bajo posible que les ofrezcan en las nuevas relaciones laborales esclavistas que se están estableciendo en el país, para asegurar tal vez la mínima comida diaria.

En el peor de los casos, serán parte de la mano de obra de los negocios ilícitos de drogas al menudeo, en escuelas, centros educativos y concentraciones masivas y recreativas sociales; en las calles, formando parte de pandillas del narco, y de otras formas de delincuencia organizada de este tipo, que tienen apoyo en sectores de gobierno y de ciertos grupos que, en estas actividades, se amparan regularmente a los gobiernos de turno, y a las mismas autoridades policiales encargadas de su persecución. En esta situación se pegarán al círculo del negocio y del movimiento de drogas que se hace en el país.

A propósito, ¿cuánta droga se incauta en el país? ¿Cuánta se quema en Costa Rica? ¿Por qué ya no se usan los hornos nacionales en los que se quemaba la droga incautada? Tampoco oficialmente se lleva al extranjero para quemarla. ¿Por qué la droga incautada se lleva en aviones especiales desde Costa Rica, se dice, a los Estados Unidos, para supuestamente quemarla? ¿Venden esa droga a los Estados Unidos? ¿Si la venden, cuál es su valor y cuanto entra a las arcas públicas y no solo a billeteras que podrían estar ligadas a esa exportación?

La experiencia de los organismos como la DEA, la CIA y otros de la seguridad, y del aparato militar, de los Estados Unidos, han participado en operaciones donde mueven las drogas para fines económico comerciales, para financiar actividades que a ellos, en sus conceptos geopolíticos, les interesa apoyar, pagando con drogas para sus respectivas ventas en un peligroso y tenebroso movimiento de drogas.

Para estos negocios, en el nivel popular, se necesita mano de obra barata, desempleada, que ya se está produciendo y que institucionalmente, con medidas como las que se están impulsando y tomando, en el sector educativo, se va a producir o generar.

Los problemas en la educación son acumulados en el país. Hay que atender los urgentemente con un buen pacto nacional donde participen las autoridades nacionales, los partidos políticos, las organizaciones sociales; especialmente, los sindicatos del sector educativo con mayor razón y compromiso.

La educación era en la Historia Nacional un apostolado; era una misión sagrada confiada a los educadores.

Los educadores eran estos apósteles, los escogidos para inculcar la sabiduría, las fuentes del conocimiento; los encargados de inspirar en la niñez y la juventud, los horizontes de luz intelectual y profesional para forjar la mejor Patria posible.

¿Dónde están los educadores y sus sindicatos ante esta problemática y ante esta tarea nacional de rescate y de defensa de la educación pública?

No se puede permitir que a la educación pública, como sistema y como estructura institucional, la siguen debilitando, acabando y empobreciendo.

Los padres y madres, las familias, con hijos en el sistema escolar deben también interesarse en este problema. Es su futuro, el de sus hijos y el sus propias familias el que se está poniendo a prueba con esta guerra que ha establecido este gobierno contra la educación pública, con las medidas y recortes al presupuesto nacional y con el incumplimiento de la Constitución Política.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Evasores quieren meter gol de 21.000 millones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley que pretende regalarle a grandes empresas 21 mil millones de colones. El proyecto fue aprobado con los votos del PLN, PUSC, el partido de Eli y los neopentecostales. La propuesta fue impulsada por Eli, lógicamente, el PUSC, lógicamente, los neoevangélicos, lógicamente, y el vergonzante partido Liberación, que supuestamente se está renovando.

Decimos que les regalan a grandes empresas, especialmente bancos privados, ¢21 mil millones porque lo que pretenden es por vía legal, cambiar la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Sala Primera que ya los había obligado a cancelar esas sumas. En otras palabras, ya estaban obligados a ese pago.

Aprovechando que era urgente aprobar una ley que sacara al país de la llamada lista gris de los paraísos fiscales de la OCDE, se apresuraron a introducir en el proyecto, bajo la presión del fuerte lobby de la Asociación Bancaria, una reforma al artículo 1 que liberará a esas grandes empresas de pagar los impuestos que generan rentas pasivas en el extranjero por fuentes productoras de renta en el país. Actualmente, dice el diputado Jonathan Acuña del FA, esas grandes empresas sí tienen que pagar ese impuesto, pero los diputados pretenden que no lo paguen. Es un regalo sustancioso a empresas como la Coca Cola, Meco, Durman Esquivel y bancos como BAC, Lafise, Promérica, Improsa, General y otras más.

El día de mañana pretenden aprobarlo definitivamente. Estamos en presencia de una nueva burla a los costarricenses: mientras los impuestos se cargan sobre las espaldas de los trabajadores y se mantienen congelados los salarios, a los grandes bancos y empresas los liberan de pagar impuestos. Tenía razón Ángela Merkel cuando dijo que el problema de América Latina es que los grandes ricos no querían ni pagaban impuestos.

El Presidente Chaves anunció por boca del ministro de Hacienda que vetaría el proyecto. Esperemos que cumpla la palabra y no se acojone ante la presión de los grandes evasores.

Estamos ante un proyecto que es una de las grandes vergüenzas nacionales y un desprestigio internacional.

Mientras algunos políticos, especialmente de Liberación Nacional, gritan hasta quedar afónicos que luchan contra la evasión, por otro lado la legalizan y favorecen el enriquecimiento de unos pocos a costa de la educación, salud, carreteras y en general, el bien común. De verdad que han perdido la vergüenza y la dignidad.

¿Somos masoquistas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Pareciera que los costarricenses nos estamos acostumbrando a convivir con los problemas y hasta disfrutarlos, es decir, convirtiéndonos en masoquistas: un comportamiento enfermizo que encuentra placer en soportar lo insoportable y sufrir lo insufrible. Una resignada aceptación de los problemas más álgidos, algo así como que es mejor padecerlos que enfrentarlos y solucionarlos. Nos resistimos al cambio sustantivo entreteniéndonos con paliativos y mensajes-masajes (McLuhan) populistas que actúan como analgésicos.

Los informes sobre el Estado de la Educación del Programa Estado de La Nación año tras año nos desafían a cambiar de rumbo. Los problemas se acumulan y hoy estamos heredando a las nuevas generaciones un futuro de menos oportunidades y condiciones laborales cada vez más precarias. Naturalizamos la devaluación de la calidad educativa y, con en ello, empobrecemos más al país. Cómplices de todo ello: los sucesivos gobiernos de las últimas cuatro décadas que se entregaron a la política neoliberal de menos Estado social y más mercado; menos distribución y más crecimiento-concentración económica; menos soberanía alimentaria y más apertura comercial; menos Costa Rica solidaria y más Globalismo desigual.

 De esta manera, no solo arrastramos las consecuencias sociales de la “generación perdida” de la década de 1980 por la aplicación de esa política, sino que, bajo las condiciones actuales de reducción presupuestaria para la educación y devaluación sustantiva de su calidad, teniendo una mayor cobertura, según el más reciente “Informe del Estado de la Educasión”, continuamos abonando el terreno para nuevas generaciones igualmente devaluadas en educación, destinadas a convertirse en maquileras de un sistema que sigue apostando por mano de obra barata y condiciones laborable de sobreexplotación con jornadas extendidas no remuneradas.

Los índices de pobreza estancados y una desigualdad creciente. No hay forma de que los gobiernos “tomen el sartén por el mago” y se decidan por una política tributaria verdaderamente justa y progresiva que revierta cualitativamente esa tendencia. Hacemos todo lo contrario, con un Plan Fiscal que favorece a los ricos y golpea a los pobres y la clase media, una Ley de Empleo Público que supuestamente trata de nivelar los salarios, cuando de lo que busca es de desmantelar el Estado Social de Derecho. Una política de salarios decrecientes que desestimula el trabajo profesional de calidad en el sector público. Es decir, leyes y acciones para ahondar las brechas sociales y, con ello, crear condiciones para que florezca el mercado informal del narcotráfico y se eleven los índices de violencia criminal.

Todo ello no es otra cosa que masoquismo, y al estilo costarricense donde todo lo digerimos y reciclamos con chistes; también hoy con descalificaciones donde se apela al lenguaje violento que busca “serruchar pisos” y hacer “bullyng”, para desviar la atención sobre los problemas reales. Una actitud evasiva enfermiza y complaciente con quienes nos han venido, desde hace rato, vendiendo falsas promesas mesiánicas.

Ha llegado la hora de despertar del letargo. No dejarnos anestesiar con esas promesas de reinos venideros. Decidirnos a “tomar las riendas” de este “caballo desbocado” que acelera su trote, para conducirnos al despeñadero. No podemos permitirnos, seguir mirándonos en el espejo de una patria irreconocible, por lo socialmente violenta y cada vez más polarizada. Llegó la hora de encarar la realidad. Dejar el comportamiento masoquista que nos está volviendo dóciles y débiles, destinados a soportar lo insoportable. Y, a pesar de todo ello, sintiéndonos “felices”, es decir, “jodidos y agradecidos”.

¿Para qué sirve la Antropología?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Margarita Bolaños Arquín
Antropóloga

En los años que llevamos ejerciendo la disciplina, mucha gente nos ha hecho la misma pregunta. Algunas personas por curiosidad, otras por genuino interés de aprender y otras por tener una visión científica alterna a la popularizada en las películas de Indiana Jones en la década de los 1980. Pero nos sorprende con tristeza que, a los 61 años de la creación de la sección de Antropología en la Universidad de Costa Rica, sea el señor presidente quien cuestione la existencia de la carrera, la considere un gasto innecesario y una disciplina que no tiene nada que aportar al desarrollo tecnológico y, por lo tanto, a la evolución humana.

Lo primero que queremos explicarle, es que la Antropología es la disciplina que ha centrado su interés académico, desde hace más de 160 años, en conocer las condiciones que explican las innovaciones tecnológicas y su impacto en los ecosistemas, en la anatomía y la diversidad social y cultural humana. Desde la revolución tecnológica que permitió el uso controlado del fuego hace más de un millón y medio de años hasta la inteligencia artificial. Basta visitar los museos para tener una mirada sucinta de los aportes de la disciplina en la comprensión histórica del desarrollo tecnológico y humano.

Lo segundo que queremos recordarle es que las universidades alrededor del mundo cuentan con un equilibrio entre los aportes de las ciencias mal llamadas exactas y las sociales porque todo avance en el desarrollo tecnológico tiene implicaciones en la vida humana y en el planeta, nuestra casa común. La tecnología no tiene vida propia, es resultado de la evolución y revolución del conocimiento acumulado de nuestra especie y, por lo tanto, debe seguir teniendo al ser humano y a su entorno natural como sus beneficiarios directos. Por lo tanto, la Antropología continúa siendo necesaria y por eso es parte esencial de la oferta académica universitaria en la mayoría de las universidades del mundo.

¿Cuáles son las propuestas sociales para resolver la lista de muerte lenta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Ing Carlos Vega. Luchador Social

¿Cuáles son las propuestas que se han hecho desde las organizaciones sociales de la CCSS durante estas décadas para solucionar la problemática de las listas de muerte lenta y quiénes son los responsables de no haberlas implementado durante los gobiernos de turno?

Este es un TEMA PAÍS que desde hace décadas se patea el balde sin resolver el problema que, en palabras del estudioso Luchador Social Luis Alberto JAÉN en su libro «EL ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL» cataloga la, problemática como un GENOCIDIO NACIONAL al desaparecer el Derecho a la Salud como sinónimo del Derecho a la Vida, como Derechos Humanos Fundamentales.

En muchos chats el sentimiento que existe producto de la desinformación que se ha vendido es que «LOS SINDICATOS Y LOS TRABAJADORES DE LA CCSS» son los responsables ya que sólo se han interesado por pedir más salarios», y si la mentira se convirtió en verdad, la pregunta es: ¿Y que se ha hecho para combatir esta situación que hoy ronda en el subconsciente colectivo?

Si este problema ya es de larga data e impacta negativamente a toda la sociedad, ¿qué respuesta le brindarán las organizaciones sociales al trabajador y sus familias cuando los llamen a rendir cuentas y les cuestionen?

Entre estas preguntas podría estar: ¿Pueden mostrar el historial de propuestas que ustedes han presentado a los gobiernos de turno y autoridades de la CCSS en estas décadas para solucionar la problemática de las LISTAS DE ESPERA O DE MUERTE SEGURA?

La única forma de sentar las responsabilidades del caso ante demandas justas que están condenando y DESANGRANDO los recursos de la CCSS, y asimismo, desmontar las campañas de DESPRESTIGIO que han calado en el subconsciente colectivo en cuanto a que «los Sindicatos de la CCSS y sus funcionarios están únicamente por defender sus privilegios salariales», es salir con una denuncia pública que le dé respuesta a miles de familias que hoy ven morirse a sus seres queridos en las LISTAS DE LA MUERTE LENTA.

La sociedad costarricense tiene que conocer las propuestas y gestiones que se han hecho a lo largo de estas décadas a los gobiernos de turno, para solucionar esta gravísima violación a Derechos Humanos Fundamentales.

Si bien es cierto los sindicatos de la CCSS no administran la Institución, por Ley Constitutiva han tenido mecanismos a disposición para impactar positivamente en la solución de un DESMADRE NACIONAL, y por este mueren muchas personas en las LISTAS DE ESPERA O DE MUERTE LENTA.