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Absurdo excluir a Recope de la investigación, desarrollo y producción de energías limpias y combustibles alternativos

Escrito en . Publicado en Análisis.

José León Desanti Montero. Expresidente de RECOPE.

Con enorme sorpresa leo la noticia de que la Comisión de Ambiente del Congreso al determinar positivo el dictamen al expediente 20.461 decidió excluir a Recope de la investigación, desarrollo y producción de energías limpias y combustibles alternativos, y dándole al ICE nuevas tareas para que asuma esa producción de energías limpias y combustibles alternativos. Nada más absurdo que eso.

El mismo Presidente José María Figueres, actual candidato a la Presidencia de la República reconoció que Recope es LA empresa de combustibles que produce, distribuye y vende los combustibles de más alta calidad en Centroamérica y a los precios más bajos de la región incluyendo Panamá, descontando los impuestos al combustible que existen en todo el área.

Manifiesta José María Figueres que su idea sobre Recope es mejorarla, haciéndole los cambios que la tecnología y las buenas prácticas permitan para que realice esas tareas y vaya incorporando gradualmente biocombustibles mezclándolos con los derivados del petróleo, que importa, almacena, distribuye y vende en todo el país con gran eficiencia y eficacia.

Esa es la experticia de Recope, no del ICE, cuyos atributos son muchos, pero son distintos, y enfocados a la producción de energía eléctrica y telecomunicaciones.

Usan argumentos falaces, sobre los cuales escribiré en otra oportunidad, pero lo más grave es que contradicen las ideas y proyectos de don José María, sin siquiera tener la cortesía de discutirla con él, pues si lo hubieran hecho jamás hubieran actuado de esa manera, a mi parecer, irresponsable, oportunista y demagógica.

La regla fiscal: un fundamentalismo financiero que se debe eliminar

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Francisco Esquivel. Economista.

El diccionario de la Real Academia Española define fundamentalismo como “exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”. La regla fiscal es eso exactamente. Es una limitación del gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan. Incluso, si el país se queda sin censo y sin el servicio 911, tampoco es relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “enemigo” de la economía: el gasto público. Es el neoliberalismo en su pura esencia.

Para la visión liberal el Estado es un obstáculo. Si el libre funcionamiento de los individuos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga en la economía? Por el contrario, la intervención del Estado, según este enfoque, producirá una distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. Si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados libres.

El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. La experiencia reciente lo demuestra: se están impulsando acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Así, el incremento de los ingresos será limitado. Por lo tanto, dominando la visión liberal, el equilibrio en las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En ese sentido, la gestión fiscal se reduce a perseguir partidas: salarios, compra de insumos, transferencias para la población pobre, pensiones, etc. Se recortan indiscriminadamente las partidas, sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los programas respectivos. La regla fiscal es la “fórmula operativa” de la persecución de partidas. El mecanismo es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa un freno: se aplica un porcentaje reducido de crecimiento del gasto y el resto se acomoda a ese límite. En este momento, ese indicador sobrepasa levemente el 70%. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

El “truco” de la regla fiscal es condicionar el crecimiento del gasto al nivel de dicho indicador. En la situación fiscal actual, bajar el indicador desde el 70% al 60% tomará varios años; tal vez muchos. Eso dará una excusa para reducir el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en unos 3 o 4 años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60%. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque ya no habría déficit. El próximo gobierno, aunque intente modificar la política fiscal, no podrá hacer nada para detener la regla fiscal. La única solución es derogarla. Hay intentos por introducir excepciones; sin embargo, esas iniciativas no captan la esencia del problema: el enfoque liberal no admite parches. Por lo tanto, habrá una oposición obstinada a las excepciones porque “quebrarían” la disciplina. No se puede tapar el sol con un dedo, hay que cambiar la regla fiscal y aplicar un método diferente de control del gasto.

La persecución de partidas contiene errores metodológicos serios. En primer lugar, la regla se aplica, de manera general, al Gobierno Central (es decir, al presupuesto de los ministerios y de los otros Poderes del República) y a las entidades autónomas. Sin embargo, el déficit está en el Gobierno Central. Las instituciones autónomas tienen sus propios ingresos y normalmente no tienen déficit. Entonces, ¿por qué amarrar a las autónomas con la regla fiscal? Por ejemplo, el AyA no puede financiar adecuadamente con sus propios ingresos a las ASADAS, que administran acueductos comunales, porque “se pasa” del límite de gasto impuesto por la regla fiscal. ¡Notable ejemplo del enfoque anti estatista de la política fiscal¡: la regla fiscal se convierte en un pretexto para desmantelar las funciones básicas del Estado, en su acción descentralizada. Si las entidades autónomas no tienen déficit, ¿por qué están sujetas a la regla fiscal? No hay justificación; prevalece el prejuicio ideológico contra la acción del Estado.

Además de lo anterior, hay un defecto metodológico más grave. Antes de recortar una partida del presupuesto público, es necesario evaluar el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto que se piensa reducir. Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. No es que, por ejemplo, los salarios, la compra de insumos o las transferencias sean malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con ese gasto se podría usar de manera ineficiente, o ser de mala calidad. La regla fiscal no evalúa el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto; simplemente, aplica el bisturí porque el gasto público es “malo para la economía”. Lamentablemente, la regla fiscal olvida lo establecido en la ley 8131, que establece el marco operativo que se debe aplicar para obtener el máximo provecho de los presupuestos. El artículo 52 establece la obligación de los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica de velar por la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto, aportando “los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Nada de esto se encuentra en la regla fiscal.

La regla fiscal está generando daños que justifican su eliminación. Cercena áreas importantes de la gestión pública, de manera arbitraria, obedeciendo al dogma anti estatal. Y lo hace sin evaluar lo básico: la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Por lo tanto, debe sustituirse por un riguroso control del gasto, orientado por la ley 8131, sin los defectos metodológicos citados.

Ley para la modernización de la Oficina Nacional de Semillas: ¿amenaza de privatización de las semillas criollas? ¿riesgos?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Expediente 21.087 Ley para la modernización de la Oficina Nacional de Semillas: ¿amenaza de privatización de las semillas criollas? ¿riesgos?

Semillas y saberes invitan a su programa con el tema “Expediente 21.087 Ley para la modernización de la Oficina Nacional de Semillas: ¿amenaza de privatización de las semillas criollas? ¿riesgos?” este jueves 21 de octubre a las 11 a.m. y 7 p.m. con la participación de:

  • Henry Picado Cerdas
  • María de los Ángeles Jiménez Solano
  • Yéssika Alfaro Araya
  • Pedro Salguero Aguilar
  • Mariana Porras Rozas

Puede sintonizar el programa en Radio 870 UCR (870 AM ó radios.ucr.ac.cr) y por Facebook Live de: Radio 870 UCR, Escuela de Nutrición UCR y Seguridad Alimentaria Nutricional.

12 de octubre: Día de la Resistencia y la Dignidad Americana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por German Masís

Este día, hace muchos atrás se celebraba el día de la Raza y luego el día del Encuentro de Culturas,

mediante actos políticos y educativos que recordaban la conquista y colonización de España

y el papel aparentemente pasivo de los indios americanos.

Los españoles habían traído su idioma, su religión y su sistema político, pero también el dominio, la opresión, el saqueo y el exterminio de las poblaciones originarias de América.

En la actualidad varios países como México, Guatemala y Venezuela le exigen a España pedir perdón por todas las atrocidades de la conquista, incluso el Papa Francisco ha hecho igual exhortación.

En algunos países también se ha procedido a remover las estatuas de Cristóbal Colón y otros conquistadores a los que se les asocia con el dominio y la violación de los derechos humanos de las poblaciones locales.

Más de 500 años después los conquistadores españoles dejan de ser venerados y se enfrentan al juicio de la historia, que ya no quiere ocultar más que la conquista fue un régimen de terror que la religión y la cultura española fue impuesta a sangre y fuego y que las poblaciones originarias fueron sometidas y cruelmente maltratadas en sus propios territorios, sin olvidar el saqueo indiscriminado de sus riquezas que hicieron del Imperio Español uno de los más poderosos.

Hoy se celebra el día de la Resistencia y de la Dignidad en algunos países y debe ser un día feriado y de celebración en toda América (contrario a la decisión antojadiza de las Autoridades nacionales de eliminarlo) en un nuevo significado de reivindicación histórica del Americanismo.

Galeano resuena hoy en todo el continente, porque las “Venas siguen Abiertas”.

 

Información compartida con SURCOS por German Masís.

Ante un inmediatismo político vacío

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Estamos a pocos días, el próximo 22 de octubre, cuando se cierre el plazo de inscripción definitivo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, de saber con exactitud cuántos partidos políticos participarán a nivel presidencial y cuántos a nivel legislativo. Del mismo modo, cuántos con sus dobles candidaturas, a nivel presidencial y a nivel de diputados, y cuántos solo a nivel de diputados.

Lo que para algunos sobresalta es el número de partidos a nivel presidencial con relación a los procesos anteriores, en tanto habrá, finalmente, alrededor de 20 partidos cuando el promedio de los últimos procesos electorales fue de 13. De esto destaca la cantidad de candidatos presidenciales que postulan doblemente a la candidatura de diputados, poco más de la mitad de ellos.

A nivel presidencial solo uno de todos ellos ganará. A nivel de diputados pocos de ellos, los doble candidatos, tienen la posibilidad real de ser electos diputados. Si eso sucede puede empezar a tener resultados positivos si no llegan, por este camino, “populistas”, y lleguen dirigentes serios, que entiendan bien el arte del Gobierno, y del buen gobierno construido con pactos y acuerdos legislativos de cara a la población y el electorado.

Hasta hoy la campaña electoral ha mantenido un bajo nivel. Poca presencia de los candidatos y de los partidos. Probablemente ante la duda de la cantidad real han preferido no empezar a gastar dinero en vallas ni en publicidad hasta tener la certeza de cuántos efectivamente son, y dentro de estos cuáles perfilan como principales o punteros. También, porque ante tantos partidos y candidatos es mejor concentrar todos los recursos propagandísticos al final, para que los partidos que tienen más recursos provoquen mayor impacto publicitario, y no gastar esos recursos ahora, que sería, para usar el refrán popular, como gastarlos en zopilotes.

Se está ante una táctica no militar sino propagandística al estilo de un blitzkrieg, ante una guerra relámpago, de atacar enemigos e influir sobre todo el electorado de una manera rápida, simultánea y constante durante los días finales de la campaña, desde enero hasta el día de las elecciones. Quizá sea la mejor manera de hacerse sentir, de visualizarse y de distinguirse ante tantos candidatos y partidos.

Incluso un partido como Liberación Nacional, que tenía en sus manos la fecha del 70 aniversario de su fundación, el pasado 12 de octubre, y el ejercicio de nueve gobiernos de los 17 que ha habido desde 1953, desaprovechó esa oportunidad para haber hecho un gran escándalo sobre ese aniversario, de los logros que pueden atribuirse a Liberación Nacional en estos 73 años de Segunda República, considerando el Gobierno de Facto de 1948-1949. En este caso la sensación que me produce es que este partido se desmemorió, su edad de 70 años lo tiene olvidando constantemente sus principales momentos. Padece de un mal, ¿un alzheimer político?, que no le permite ni siquiera recordar bien los hechos y eventos de su pasado, de su “glorioso” pasado como algunos lo podrían ver, como lo exalta constantemente el “único” liberacionista que queda de ese estilo, Francisco Morales Hernández, y de vez en cuando le acompaña Fernando Berrocal Soto, porque del presente prefieren no acordarse conscientemente por las políticas que han venido impulsando, que probablemente continuarán, que chocan violentamente con el Estado Social de Derecho que contribuyeron a impulsar, y que contribuyen a desmembrar y acabar. Más se mantiene a flote Liberación Nacional por el escándalo familiar alrededor de la ex Primera Dama y ex Diputada, madre del actual candidato, que es un asunto interno de familia, que se presenta, por otra parte, como la defensa de una adulta mayor.

Los otros partidos tradicionales, todos, los grandes y los pequeños, los que han entrado compactos a la Asamblea Legislativa y los que allí se han dividido, los que han venido participando en elecciones desde 1998, que todavía están jugando, no tienen memoria política pública porque no tienen eventos que lucir como parte de su patrimonio político y electoral de estos años.

Lo que hasta ahora se nos presenta en el panorama electoral es un inmediatismo político vacío. No hay caminos recorridos por esos partidos que puedan verse con dignidad e importancia en sus resultados ante los ciudadanos. No es la discusión de grandes temas. Es la discusión fundamental de lo que se está acabando, el Estado Social de Derecho, lo que debe interesarnos a los ciudadanos. Es el conjunto de leyes sociales y laborales que se han venido afectando y que están en la mira de limitarlas, debilitarlas y eliminarlas hasta donde se pueda. Es el conjunto de políticas orientadas a eliminar la autonomías institucionales existentes, para desde el Poder Político, del Poder Ejecutivo principalmente, con el Ministerio de Planificación de ejecutor, golpear definitivamente los rasgos democráticos que aún existen institucionalmente. Quienes así están actuando, e impulsando estas medidas restrictivas de esas instituciones, y concentrando estos poderes, de esta manera distorsionada, o están impulsando un modelo fascista de Estado, que pareciera ser, o están creando las condiciones para que cualquier líder populista que pueda llegar al Gobierno con esos mecanismos tenga todos los poderes para actuar a lo Maduro, a lo Ortega o a lo Bukele. ¿Eso es realmente lo que quieren quienes impulsan estas políticas? No se quejen después si esto llega a suceder, sea por la izquierda o por la derecha, pero las condiciones institucionales que se están creando, en ese sentido, hacia eso se orientan.

¿La clase política y gobernante se está dando cuenta realmente de este camino institucional que están creando hacia el fascismo “a la tica”, hacia el “totalitarismo” institucional? ¿O son tan tontos o retontos?

Ningún populista tiene nada que alterar, del sistema político, para desarrollar sus políticas populistas, cuando ya le han dado en bandeja de plata toda la institucionalidad y legalidad para actuar de esa manera bien servida.

Hasta ahora no han aparecido, en sus discursos y mensajes estos líderes populistas. Pero pueden resultar y salir, y saltar, como si surgieran de un sombrero de mago, que las elecciones dan para todo. Veo esto con asombro, pero no dejo de preocuparme por la Democracia costarricense.

En tiempo de pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

  1. Estados Unidos, la primera potencia económica mundial, con una vacunación que supera el 70%, se apresta a aplicar el refuerzo de una tercera vacuna, mientras que en Haití el porcentaje de la población vacunada solo alcanza a un 0.24%. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud tiene que llamar la atención para que no se aplique esa tercera dosis con el propósito de favorecer el acceso a las vacunas a los países más pobres. No hay iniciativas de solidaridad sustantivas por parte por parte del mundo rico. Se confirma lo dicho por Joseph Stiglitz que el 1% más rico solo alcanza a entender que su destino está vinculado inexorablemente a cómo vive el restante 99% cuando ya es demasiado tarde.
  2. Un 45% de las vacunas contra el coronavirus han sido aplicadas en países ricos del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón) aunque solo representan un 10% de la población mundial. El G7 acumula el 70% de la riqueza mundial y apenas producen el 30%, y ahora con ideas como la de aportar 500 millones de vacunas y cobrar el 15% a las empresas tecnológicas buscan presentarse como los “salvadores del mundo” (José Luis Cava).
  3. Hasta ahora, han muerto 4.550.000 de personas por casusa del virus Sars Cov-2, y en un período similar han muerto 5. 400.000 de niños por desnutrición en el mundo. Asimismo, 10 millones de niños mueren por año antes de cumplir los 5 años, la mayoría por causa de enfermedades curables. En América Latina hay más de 5.000.000 de niños con desnutrición crónica y 700.000 en riesgo de muerte (Julio Berdagué).
  4. El número de pobres ascendió a 209 millones de personas en América Latina en el año 2020, es decir 22 millones más que el año anterior, según datos de la CEPAL. Asimismo, se anuncian dramáticas catástrofes provocadas por un cambio climático que se intensifica, cuyas principales víctimas son, precisamente, los más pobres. Según el científico Noah Diffenbaugh, los países más pobres de la tierra son considerablemente más pobres de lo que hubieran sido sin el calentamiento global, mientras los más ricos son más ricos con el calentamiento global.
  5. Costa Rica ha obtenido merecidos reconocimientos internacionales por sus esfuerzos conservacionistas en defensa de los derechos de la naturaleza, así como de los derechos humanos. Sin embargo, el Estado continúa retardando el cumplimiento de la ley que otorga a los pueblos indígenas el derecho a sus territorios ancestrales, siendo los pueblos que más han contribuido a forjar una cultura de conservación y sostenibilidad bio-ecosistémica.
  6. La “pandemia” neoliberal de los años 1980 nos heredó una “generación perdida”, que no tuvo oportunidades para concluir los estudios secundarios. Y hoy, cuando contamos con mejores condiciones para evitar una segunda “generación perdida”, por negligencia o cálculos políticos no se han utilizado los dineros disponibles en caja, para facilitar acceso a internet y equipo a los estudiantes pobres del país. Hay un proyecto de ley con el rimbombante título de “alfabetización digital”, que al parecer fue un invento innecesario, y cuyo trámite está pendiente; solo pretende justificar lo injustificable: no haber ejecutado esos recursos por parte de las instancias que les corresponde.
  7. El gobierno se apresta a celebrar el bicentenario de la independencia, después de haber firmado un acuerdo de financiamiento con el FMI por 1.750 millones de dólares, entregando un pedazo de nuestra soberanía a un Organismo Financiero Internacional al servicio de los poderes fácticos financieros globales, y obligando a los sectores populares y a la clase media a sacrificarse para pagar este préstamo.

“No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe, pero también de lo contrario: de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí” (Paolo Giordano).

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Gobierno se somete a generadores privados de electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(2 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Reinicio del negocio privado de la electricidad

En términos generales podemos decir que, a partir del 8 de abril de 1949, cuando se creó el ICE con el Decreto Ley No. 449, en Costa Rica se empezó a perfilar una supremacía relativa de la electricidad pública frente a la privada, y que el 18 de octubre de 1990, cuando se publicó la Ley 7.200, iniciamos un retroceso hacia la electricidad privada.

A modo de resumen varias fechas son indispensables: el 18 de octubre de 1990, durante la administración Calderón Fournier, entró en vigor la “Ley n° 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”. Esta ley fue modificada durante el gobierno de Figueres Ólsen. El cambio del capítulo II de la Ley 7.200 se conoce como Ley. No.7.508 y rige desde el 9 de mayo de 1995. En 2011 el gobierno de Laura Chinchilla Miranda le dio el mandato al ICE de “llenar el porcentaje de generación privada de la Ley 7200”. Esta directriz ya no está vigente, pero sí las leyes indicadas. De acuerdo con el capítulo I de la Ley 7.200, los privados pueden operar y venderle al ICE electricidad proveniente de proyectos de no más de 20.000 kW (20 MW). Otros contratos pueden ser de hasta 50.000 kW (50 MW) gracias a la Ley 7.508 (capítulo II de la 7.200), y entre ambas modalidades, la generación privada no puede ser superior al 30% de la capacidad de generación de todo el Sistema Eléctrico Nacional (15% cada tipo de contratos).

La diferencia entre ambos contratos es que los proyectos de hasta 50 MW, denominados “Build, Operate and Transfer” o B.O.T, siglas en inglés para Construcción, Operación y Transferencia, deben pasar a propiedad del ICE luego de los veinte años de su duración. Los contratos, el precio de compra por parte del ICE, su renovación y las condiciones, que hemos tildado de extremadamente favorables para los privados en detrimento de la sociedad costarricense, los hemos revisado en otros textos como “Mentiras, estafas y el delirio de exportar electricidad privada”, en el que analizamos los supuestos bajo los cuales se justifica la generación privada de electricidad y su posible exportación.

Asociado directamente con esa pretensión de apertura para la exportación, fue presentado a la Asamblea Legislativa el Expediente n° 21.606, “Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional”. El objetivo de esta propuesta es modificar el artículo 3 del Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central N° 9004, para permitirle a los generadores privados exportar electricidad, y ya no sólo a las empresas del grupo ICE, como es en la actualidad. Ese proyecto busca que puedan exportar electricidad “todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras y/o comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores”. En el artículo “Gobierno blindaría la estafa privada con exportación de electricidad”, explicamos cómo la falta de controles del ICE y “errores” de cálculo de tarifas por parte de ARESEP, favorecieron directamente a los generadores privados con cientos de miles de millones de colones. A modo de ejemplo, según la Contraloría General de la República se trata de “sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados: a mayo 2019 por USD 5,3 millones, a diciembre 2018 por USD 6,0 millones y a diciembre 2017 por USD 12,5 millones”, sólo para algunos contratos.

Otros intentos de privatizar la electricidad

Durante la segunda Administración de Óscar Arias (2006-2010) fue relevante el proyecto “Ley general de electricidad” que tenía un clarísimo barniz privatizador. Hacia mediados de 2009 parecía inminente su presentación al Poder Legislativo, pero fue postergada hasta el siguiente gobierno. Fue presentado a la Asamblea Legislativa como expediente N.° 17.812 en el gobierno Chinchilla Miranda. Pretendía abrir el mercado a los generadores privados eliminando “trabas” de la legislación vigente. Enfatizaba la meta de propiciar condiciones para la exportación de electricidad al mercado regional centroamericano por parte de los generadores privados. El artículo 3 de la propuesta “Acceso al Mercado Eléctrico Regional, MER”, señalaba que “Las empresas generadoras nacionales que utilicen energías renovables para producir electricidad podrán colocar sus excedentes de energía en el MER, una vez cumplidos sus compromisos de suministro nacional, bajo la reglamentación que promulgue la Aresep”.

Tras la no aprobación del Proyecto Ley general de electricidad, el ya expresidente Oscar Arias, en un artículo titulado “Cuestión de sentido común” (La Nación. 17/03/2013), dijo que ese proyecto hubiera acabado “con esas absurdas limitaciones a la generación eléctrica privada”, y se lamentó de que “…Costa Rica perdió la oportunidad de contar con una legislación que nos habría permitido aumentar significativamente la inversión en energías limpias y garantizarle al país el abastecimiento de electricidad por muchos años más…”.

Las presiones para que en Costa Rica opere un mercado eléctrico abierto y con cada vez mayor participación privada, no sólo han estado permanentemente en la agenda de los empresarios privados de la electricidad. También han sido un anhelo antiguo de distintas administraciones. Es decir, privados y gobiernos coincidían, y siguen coincidiendo, en debilitar al ICE y fortalecer la generación privada. El 23 de setiembre de 2010, Teófilo de la Torre, titular del MINAE, expuso en el Foro Apertura y Desarrollo del Sector Electricidad. Reforma del Subsector Electricidad, un “modelo de mercado” en el que el ICE, “privados” y “alianzas”, serían competidores del mercado eléctrico en condiciones de plena igualdad, con una inversión (ideal) de 9.000 millones de dólares dividido en 3 partes iguales.

Otro intento privatizador fue un nuevo proyecto de “Ley de contingencia eléctrica”, Expediente N.° 18.093, que la presidenta Laura Chinchilla Miranda y su Ministro de ambiente, energía y telecomunicaciones, Teófilo De La Torre Argüello, presentaron a la Asamblea Legislativa el 11 de mayo de 2011. Esa propuesta abogaba por “una participación más activa del sector privado en el desarrollo de proyectos” y “la participación de múltiples actores en la industria eléctrica e incentiva la inversión en este subsector”. Una nueva variante de proyecto de ley para atender una supuesta “contingencia eléctrica” nacional, fue publicado en La Gaceta el 27 de enero de 2014 y presentado a la Asamblea Legislativa. Ambas iniciativas fracasaron gracias a múltiples oposiciones, que en su momento discutimos.

De manera amenazante contra el servicio público de electricidad, las propuestas de ley de contingencia avanzaron notoriamente hacia la privatización, pues pretendían declarar “…de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que se encuentren en el Plan Nacional de Energía”. Esta idea hubiera flexibilizado de manera letal las regulaciones y permisos para la generación de electricidad privada. Hasta hoy la “idea” es que esa declaratoria sea el resultado de un exhaustivo análisis de variables que permitan decidir sobre la aprobación o rechazo de un proyecto. Es una “idea” porque la historia reciente registra tanto usos nefastos como positivos de esta figura legal. 2 ejemplos son la declaratoria ilegal conveniencia nacional para el proyecto minero Crucitas, y otro fue el rechazo de la conveniencia nacional para el PH San Rafael, de la constructora HSolís, firmado por el otrora ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, el lunes 15 de julio 2019, tras casi 7 años de disputas en las que organizaciones sociales y comunidades demostramos la absoluta inconveniencia de ese proyecto. Ese negocio hidroeléctrico privado de 7,2 megavatios le hubiera costado a la sociedad costarricense 57 millones de dólares.

 

Imagen ilustrativa, ICE.

Clamor ciudadano para bajar precio de los medicamentos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Un asunto a flor de piel en la ciudadanía es el alto precio de los medicamentos que expenden las farmacias, sean las organizadas en grandes cadenas o individuales. Es un clamor y un justo reclamo que viene desde hace algún tiempo y que ha crecido, con mucha fuerza, a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Eso se ha puesto en evidencia en las últimas semanas cuando se propagandizó una iniciativa con tal propósito, impulsada por el candidato oficialista, Welmer Ramos. Sin embargo, esta propagandización de una iniciativa necesaria desde largo tiempo, ha sido contaminada por la campaña electoral, que, aunque el TSE no ha dado el banderillazo oficial de salida, para algunas agrupaciones políticas ya empezó hace meses.

Mientras esto sucede, en la agenda de Gobierno como en la legislativa se han buscado invisibilizar dos iniciativas impulsadas por el diputado, Walter Muñoz Céspedes y la fracción del Partido Integración Nacional (PIN). Una de ellas busca regular el precio de los medicamentos y otra que impactaría de inmediato en su precio para los consumidores, porque se orienta a bajarle el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Ambos proyectos de ley fueron presentados en el año 2020 e, incluso, fueron oportunamente dictaminados.

Realmente, se trata de dos proyectos urgentes y que eran impostergables desde que se presentaron el año anterior, cuando era previsible la necesidad imperiosa de bajar el precio de los medicamentos tanto para atender la enfermedad pandémica como para tratar otro tipo de padecimientos. Asimismo, esta urgencia estaba asociada a que la crisis económica agravada por la pandemia se traduciría en una reducción brusca de ingresos como la que han experimentado millares de familias costarricenses en los últimos meses.

Sin embargo, para muchos medicamentos ha sucedido lo contrario, en el último año y medio que llevamos de pandemia, ya que han sido incrementados sus precios. Ejemplo de ello lo constituyen algunos analgésicos y anti-inflamatorios, que en algunos casos han subido hasta en un 57 %. Es oportuno destacar aquí que Costa Rica tiene los precios más caros en medicamentos de toda Centroamérica.

En abril del año 2020, el diputado Muñoz Céspedes le solicitó al Poder Ejecutivo que incluyera en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el proyecto para bajar el precio de las medicinas. El presidente Alvarado no lo hizo cuando la pandemia apenas mostraba en forma incipiente los peligros a los que se enfrentaba el país y tampoco lo hizo más adelante. Era un momento oportuno tanto porque la rebaja de los medicamentos se convertiría en un factor coadyuvante para enfrentar la enfermedad como por el hecho indiscutible de que la campaña electoral no se iba a levantar como un freno ante cualquier iniciativa de esta naturaleza.

Hoy día la polarización política creciente y que crecerá aún más al calor del desarrollo de la campaña electoral, es posible que se convierta en un valladar insuperable para una iniciativa de tanta urgencia.

Esta situación que afecta tanto a una gran mayoría de la población del país, debe fijar responsabilidades en una Administración como la de Carlos Alvarado, que ha manejado tan deficitariamente la pandemia como de quienes ocupando responsabilidades en el Parlamento no colocaron a este tipo de proyectos en el debate para su urgente aprobación.

Desde que se produce el medicamento en los laboratorios hasta que llega al consumidor, los distribuidores y las farmacias, obtienen ganancias que está muy por encima de lo justo y racional. No se trata de arruinar a nadie y menos a las pequeñas farmacias, que, si son afectadas y empujadas a su cierre, no es por el precio de los medicamentos sino por las acciones oligopólicas de las grandes cadenas que se han venido apoderando del mercado.

Esto no es ni más ni menos que un asunto de salud pública que debe formar parte del interés nacional con respecto al derecho a la salud, pero hace rato algunos pocos que detentan gran poder económico como político, han degradado avances en derechos humanos que singularizaron a Costa Rica, en simples ganancias que engrosan sus abultadas cuentas bancarias. Sin duda que su ambición desmesurada es un poderoso disolvente del Estado Social de Derecho, que tanto nos costó construir como sociedad y como país.

Colombia. Sentencia histórica: la CIDH responsabiliza al estado por secuestro y torturas contra la periodista Jineth Bedoya

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021.

El organismo dictó sentencia en un caso que inició hace más de dos décadas.

En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó este lunes que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión que la periodista Jineth Bedoya Lima sufrió el 25 de mayo de 2000.

En la esperada sentencia, el organismo recordó que ese día un grupo de paramilitares interceptó y secuestró a la periodista a las puertas de la Cárcel La Modelo, y después la sometió a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales.

También advirtió sobre la existencia de «indicios graves, precisos y concordantes» acerca de la participación estatal en estos hechos, lo que había sido un reclamo permanente de Bedoya en las últimas dos décadas.

«Se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley, por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable», explicó la Corte en un comunicado.

Agregó que los derechos de la víctima fueron violentados al igual que los de su madre, Luz Nelly Lima, ya que el Estado no les otorgó garantías ni protección judicial a pesar de las amenazas sufridas antes y después del secuestro.

Reparación

Cuando ocurrieron los hechos, Bedoya cubría en el diario El Espectador la guerra que libraban el paramilitarismo y la guerrilla en la cárcel La Modelo. Las agresiones en su contra permanecieron impunes hasta que en mayo de 2019 fueron condenados los paramilitares Jesús Emiro Pereira, Alejandro Cárdenas, y Mario Jaimes Mejía.

Sin embargo, la periodista siempre denunció que ellos no habían sido los únicos culpables y que más de 20 personas se habían organizado para atacarla, entre ellas agentes del Estado que nunca fueron llamados a comparecer por la justicia.

Además de darle la razón, la Corte ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas la de promover y continuar las investigaciones para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la periodista.

Además, conminó a crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia a fin de que aprendan a identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres basadas en el género que afectan a las periodistas.

La sentencia incluye la creación de un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las periodistas, así como el diseño e implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia que padecen.

Por otra parte, apunta a crear un Fondo que financie programas de prevención y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión.

 

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/

Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.

La Estrategia Puente al Desarrollo: avances y limitaciones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Recientemente se dieron a conocer los resultados del seguimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo, el programa estrella de la Administración Alvarado en la atención a la pobreza.

Con frecuencia estas informaciones tienden a pasar desapercibidas entre la población, pues las actividades de evaluación de programas estatales suelen ser ejercicios internos de las instituciones con poca divulgación y participación y todavía menor comprensión por parte de los ciudadanos.

En este caso y a poco menos de 9 meses para la finalización de este Gobierno, puede que muchas personas hayan olvidado la importancia del programa Puente al Desarrollo en el combate a la pobreza, que el mismo está constituido por 5 componentes, que son Puente al Bienestar, Puente al Agro, Puente a la Comunidad, Puente a la Prevención y Puente al Trabajo y que a este programa están vinculadas 19 instituciones que destinan cuantiosos recursos a su ejecución.

La información da cuenta, que “para el II trimestre de este año, había 30 metas programadas para todos los componentes de Puente al Desarrollo, de ese total, un 23% tenía riesgo de incumplimiento. De las 30 metas para el 2021, 20 metas se clasifican según lo programado, mientras 7 metas (tres más que el trimestre anterior) tenían algún tipo de rezago y tres presentan avance cero.

El problema se presentó en dos de cuatro metas totales ligadas al componente Puente al Bienestar, en cuatro de los 12 objetivos de Puente al trabajo, específicamente en lo referente a empleabilidad y en una de dos relacionadas con empresariedad, para un total de 7 metas en riesgo de incumplirse.

Una de las falencias en el componente de Puente al Bienestar es según el estudio, que las instituciones a las que se refieren las familias no estaban atendiendo hasta junio. Respecto a Puente al agro, se señalaron obstáculos ligados a la pandemia del COVID en cuanto al proceso de implementación de los planes, ya que la emergencia sanitaria redujo la capacidad de respuesta y el presupuesto de las instituciones”. (CRHOY,15-10-2021)

En tanto en el componente Puente al Trabajo, cuatro metas presentan rezagos, cuyos problemas de cumplimiento son:

✔ Porcentaje de referencias aprobadas en menos de 90 días por las diferentes instituciones (responsable CCSS, CONAPAM, CONAPDIS, CEN-CINAI, INAMU, IAFA, MEP, PANI, MIVAH).

✔Cantidad de personas atendidas en los procesos de orientación vocacional y cantidad de personas matriculadas en alguna modalidad del INA. (responsable INA).

✔ Porcentaje de personas atendidas en los procesos de orientación vocacional con respecto de las personas que se matriculan en una oferta de educación técnica. (responsable MEP).

✔Número de familias emprendedoras y emprendedoras asociativas en condición de pobreza extrema atendidas (responsable INA, INAMU, MEIC y MTSS). (Mideplan, Informe de Seguimiento, agosto 2021).

“En materia de empleabilidad, la pandemia aparece como uno de los factores que ha provocado retrasos sobre todo por la obligación de realizar capacitaciones virtuales que un alto porcentaje de la población no puede atender debido a que carecen de una conexión a internet que les permita llevar los cursos.

(A nivel general), entre los obstáculos para la ejecución de los diferentes componentes están la atomización de los procesos en muchas instituciones, las brechas en el acceso a internet, los recortes presupuestarios y la falta de experiencia por parte de las instituciones en la implementación de los modelos de articulación de la población de referencia del IMAS (Institución coordinadora del programa).

En materia de ejecución presupuestaria en la estrategia Puente al desarrollo, el informe consignó que sólo seis de 19 instituciones reportaron sus niveles de ejecución y doce instituciones presentan problemas para reportar la programación financiera y controles de la ejecución del presupuesto, problema que se arrastra desde el 2020”. (CRHOY,15-10-2021

Más allá de si al finalizar el año 2021, el cumplimiento de las metas de la estrategia pueda ser mayor o menor al actual, surge la interrogante de si en los meses que le restan a la Administración Alvarado, sería posible alcanzar los objetivos que se ha planteado, en los componentes Puente al Bienestar, al Agro y al Trabajo, a saber:

-“Identificar de manera proactiva a las personas, familias, hogares en situación de pobreza extrema para brindarles una atención preferente e integral basada en la articulación de diferentes servicios e instituciones. -proporcionar a los hogares productores en condición de vulnerabilidad, que califiquen en Puente Agro, servicios articulados del Sector Agropecuario y otros sectores, que impulsen el desarrollo de iniciativas agro productivas con potencial de mercado. -Implementar acciones articuladas que inciden en el nivel de escolaridad, la inserción a formación técnica y capacitación y otras habilidades de los trabajadores, acorde a las necesidades del mercado laboral”. (Mideplan,Informe,2021).

Probablemente el logro de estos objetivos llegue a ser parcial y su impacto sobre la reducción de la pobreza, el desempleo y el apoyo al agro sea limitado y volverá a ser así pues se ha demostrado que éstos son aspectos estructurales del modelo exportador, los cuales afectan la eficacia de un programa como Puente al Desarrollo y plantean grandes desafíos al desarrollo nacional.

Como lo ha señalado el economista Francisco Esquivel en su libro “Análisis de la Estrategia de Desarrollo Costarricense”, la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.

La pobreza por su parte, se lograría reducir con una política social selectiva que llegue efectivamente a la población pobre, basada en una revitalización de FODESAF, como eje de la reducción de la pobreza y como generador de capacidad de consumo de los grupos de menor ingreso y de “encadenamiento social” para fortalecer el mercado interno. (Esquivel, F.,2021, p.235).

 

Imagen ilustrativa.