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Hablemos de IVM – Parte I

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

M.Sc. Rodrigo Arias López

Los políticos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están llamando a los sectores sociales para “socializar” una reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Ver https://semanariouniversidad.com/pais/ccss-iniciara-dialogo-sobre-ivm-con-sectores-sociales/.

Mi tesis es que tanto los políticos de la Junta Directiva de la Caja como los políticos que nos han gobernado -PLN, PAC, PUSC- son los responsables directos de la quiebra de IVM. Digo quiebra o bancarrota del IVM aunque el término no le agrade al representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217202301706407&id=1136685301). Ello a pesar de que el mismo informe actuarial de la CCSS señala: “El análisis del Balance Actuarial al 31/12/2018 con Grupo Abierto señaló un déficit actuarial de aproximadamente 100 billones de colones, obteniéndose una Razón de Solvencia del 48.3 % (o sea, al 31 de diciembre de 2018, hay un déficit que no permitiría al Fondo financiar al 51.7% de las promesas en el período de 100 años bajo estudio)”. Ver     https://www.supen.fi.cr/PortalSUPEN-TemaPrincipal-theme/visor/web/viewer.html?file=/documents/10179/20292/RIVM-CCSS+con+corte+al+31+de+diciembre+2018.

¿Y si no fuese que IVM está en vísperas de la bancarrota, por qué llamar de urgencia a reformar el IVM?   Don Mario Devandas -al igual que la Sra. Martha Elena Rodríguez González del Sindicato UNDECA de la CCSS– parece no querer aceptar la idea de que los políticos de este país llevaron al IVM a la quiebra, al igual que lo hicieron con el régimen de pensiones de los maestros. Doña María Elena desea que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les presente otra vez un estudio actuarial que les diga que el IVM está como quinceañero con plata, como aquel maquillaje que hizo esa organización en el año 2009. Pero la realidad es otra, es dura y hay que aceptarla; lo cual no significa liberar de responsabilidad a quienes quebraron al IVM, ni tampoco que por eso sus administradores tengan luz verde para que hagan lo que sea para equilibrarlo.

Entre las reformas más importantes que plantean los políticos de la CCSS están aumentar las edades de retiro, utilizar todos los salarios cotizados para calcular la base de referencia, reducir el porcentaje de beneficio básico, no reponer el 100% de la pérdida de valor adquisitivo de los montos de las pensiones y aumentar las tasas de cotización. Casi todas esas medidas producirían menores beneficios, ya sea porque el monto de la pensión será menor o porque se tendrá que disfrutar durante un menor tiempo; pero, en cualquier caso, a un costo mayor al de hoy. Por eso uno de los principales aspectos que debe ser abordado, es el análisis de los beneficios que hoy se ofrecen. Al respecto el último informe actuarial realizado por la CCSS es sumamente deficiente, lo único que muestra es la cantidad de pensiones según riesgo y el monto de la pensión promedio (Ver Cuadros N° 7 y N° 8 de la página 30 del informe actuarial arriba indicado). Por tal motivo considero que es necesario que la CCSS entregue a los sectores sociales las bases de datos necesarias para realizar mediciones independientes sobre este y otros asuntos.

En aras de mostrar la importancia de que las tasas de reemplazo y en general la suficiencia de los montos de las pensiones se analicen profundamente, presento a continuación la planilla de pensionados de la CCSS al 31 de diciembre de 2015, ajustando los montos de las pensiones por costo de vida de diciembre de 2015 a julio de 2020 y por aumento en salarios, entre otros, con ayuda de los datos del Cuadro I-7 disponible en https://www.ccss.sa.cr/arc/estadisticas/actuarial/69/2019/I-07_2019.zip. En el caso de muerte lo que muestro corresponde al monto de la pensión que resulta sumando todos los montos de pensión de los beneficiarios del fallecido. En diciembre de 2015 el IVM tenía 216.790 pensiones en curso de pago con un monto global de pensión promedio de 250.235 colones; la estimada para el colectivo actual rondaría los 281.000 colones. Las distribuciones según monto de pensión se presentan en el gráfico adjunto, el cual incluye la tabla con la distribución relativa acumulada para cada riesgo (invalidez, vejez, muerte y total). Los montos de las pensiones de IVM son, en mi opinión, sumamente bajas ¿O usted cree que no y que aún se deben reducir más, como pretenden los políticos y administradores de IVM en la CCSS?

En mi apreciación con base en esta estimación, en muchos casos los montos de pensión de IVM no satisfacen las necesidades básicas de quienes las reciben. Por ejemplo, en el caso de invalidez el 63% de las pensiones tienen montos menores o iguales a 150.000 colones; un 39% en caso de vejez; un 72% en muerte y un 53,4% en el total de pensiones. Cerca de un 90% de este 53,4% -que podrían ser unas 130 mil pensiones en la actualidad- estaría recibiendo una pensión mínima de 137.000 colones. Si tomamos como referencia el monto de 300 mil colones, que es próximo al salario mínimo actual, tendríamos que el 87,5% de los montos de las pensiones de invalidez son menores o iguales a dicho monto; 65% de las pensiones en caso de vejez; 90,1% en caso de muerte (causantes) y 77% del total. Obviamente que para medir la suficiencia o insuficiencia de los beneficios no basta con ver solo estos valores; sino que es necesario analizar también los gastos y otros ingresos que tienen los beneficiarios de IVM, entre otras variables, lo cual no abordo aquí; pero sin duda considero que formará parte del proceso que se avecina, de tal forma que se elimine cualquier subjetividad de mi parte en esta nota.

Conforme a lo mostrado con este ejercicio, considero que es obvio que para cualquier negociación que se pretenda, resulta imprescindible contar con los datos más recientes del año 2020, tomando en cuenta que en la actualidad el IVM tiene cerca de 280.000 pensionados causantes o 300.000 beneficiarios y es necesario conocer la distribución real de los montos de las pensiones de IVM en la actualidad. Por supuesto que también es necesaria mucha otra información no indicada en esta nota.

Creo que la definición de la quiebra de IVM no la podemos reducir al momento en que ya no se pueda pagar el 100% de los beneficios. También debemos tomar en cuenta si los beneficios que hoy se ofrecen satisfacen adecuadamente las necesidades de sus pensionados y si el nivel de la reserva actual es el que previeron los actuarios y los legisladores cuando crearon el IVM en la Ley Constitutiva de la CCSS. Porque esa ley creó un régimen de capitalización colectiva, no un régimen de reparto como el que decidieron crear los políticos de la CCSS sin reformar dicha ley, camuflando la quiebra del IVM con el llamado modelo de primas escalonadas, que de tal queda casi nada, pues cada tres años cambiarán la prima y la reserva es básicamente de contingencias, pues no es ni 2,5 veces el gasto anual de las pensiones en curso de pago; mientras que la esperanza de vida promedio de los pensionados ronda los 18 años. Y para los 1,5 millones de asegurados activos cotizantes de IVM los políticos de la CCSS no tienen en reserva ni un centavo.

Veámoslo así. En el informe actuarial de IVM arriba citado dice que se requiere una prima de 24,5% sobre los salarios a partir de enero de 2019 para que IVM esté equilibrado actuarialmente. También se ha informado que la CCSS pretende subir los aportes sobre los salarios hasta un 15% (https://www.estrategiaynegocios.net/inicio/1033905-330/costa-rica-estudian-fuerte-aumento-de-cuotas-de-ccss). Si ese aumento hubiese sido a partir de enero de 2019, entonces el déficit de reserva que le produjeron al IVM es equivalente a 24,5% – 15% = 9,5% sobre los salarios, lo cual equivale a 75 billones de colones en valor presente. Transcurrieron 60 años y los políticos no variaron la prima de 7,5% sobre los salarios de IVM, a pesar de que la esperanza de vida al nacer aumentó de 55 años a 80 años desde hace más de 40 años. Ahora pretenden pasarle la factura a los trabajadores y pensionados aduciendo que todo es responsabilidad del cambio demográfico; pero, repito, no hicieron nada con la prima durante 60 años cuando ya conocían las proyecciones demográficas; desde 1970 sabían que la esperanza de vida había aumentado y que las tasas de natalidad y fecundidad se estaban reduciendo, como lo corroboraron en décadas posteriores, sin que movieran la tarifa de 7,5% para evitar la quiebra de IVM. Y lo más irracional es pretender ahora una reforma sin transitorios superiores al mínimo de 18 meses que ordena la Sala Constitucional. En mi criterio, tanta irresponsabilidad en la gestión de IVM no la deberían asumir los asegurados de IVM. ¿Usted qué opina?

¿Por qué la pandemia de #COVID19 es un gran negocio para las transnacionales?

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad, Derechos, Equidad y derechos de la mujer, Formación.

Al ver sus ganancias amenazadas por la pandemia, empresas transnacionales planean demandar a los países, en tribunales privados de arbitraje, debido a la adopción de políticas públicas de emergencia para combatir la crisis.

Compartimos esta publicación de la Internacional de Servicios Públicos que da respuesta una importante pregunta que nos planteamos en este momento: ¿Por qué la pandemia de #COVID19 es un gran negocio para las transnacionales?

El aumento de litigios de las empresas contra los gobiernos se da posterior a cada crisis global o local y todo apunta de que esta situación que enfrentamos no será la excepción.

En este video se presenta un resumen de los resultados del informe:

Puede acceder a la publicación completa aquí:  La pandemia: un gran negocio para empresas transnacionales

Información enviada a SURCOS por Óscar Rodríguez León, ISP.

¡¡NO NOS GRITE… GÜECHOS!!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Hoy, al leer en la columna “Entre Líneas” un artículo del Director de La Nación Armando González Rodicio titulado “La Hoguera”, me hizo recordar un cuento que narraba un tío mío cuando íbamos a visitar al abuelo, allá en Alajuela. Según él, un pobre viejo de aquella ciudad padecía de un enorme bocio, popularmente conocido como güecho; cuando salía a caminar acompañado de su hijo en edad escolar y pasaba por el famoso Parque Central, de inmediato venía el grito… adiós güecho!, lo que mortificaba más al muchacho que a él. Pero un día, el jovencillo vió que se acercaba otra persona con el mismo mal que su padre y se apresuró a decirle…papá, papá, ¡dígale güecho antes que le digan! Hoy don Armando, nos gritó güechos a todos los costarricenses.

Resulta que según él, nos hemos convertido en una sociedad proclive a creer y pensar mal del prójimo para lo que se ha creado una “vanguardia indecente, en la prensa, en la política y hasta en la academia… La verdad no importa. Hay terreno fértil para sembrar cualquier duda y un coro dispuesto a magnificarla. Luego de mentir, el manual manda insistir en la mentira. Si la evidencia desmiente el infundio, la historia cambia y se ajusta sin mirar atrás. Con suficiente empeño, astucia y desdén por la verdad, la realidad se acomoda a sustentar la tesis. Lo importante es echar a rodar la especie y mantenerla en movimiento mientras se agota la vida útil. Luego se le descarta sin consecuencia y comienza la búsqueda de un nuevo conjunto de hechos suficientemente maleables para crear otra historia, otro escándalo…” y NOS GRITO GÜECHOS, desde la cima de la loma.

No cabe la menor duda que don Armando cogió su manual de Director de la NaziOn que tiene como libro de cabecera y nos espetó, sin más, lo que hace a diario y desde su fundación el periódico de marras, antes de él, ahora con él y posiblemente después de él, si es que no ha quebrado económicamente todavía! Si un periódico ha mentido toda su vida, ha creado dudas sobre personas e instituciones, ha denigrado sin rectificar o defendido intereses ocultando la verdad, que es una manera de mentir, es precisamente ese medio de desinformación que en nuestro tiempo, conjuntamente con Telenoticas, hacen una mancuerna de “malas compañías” para convertirse en ese “coro dispuesto a magnificar” la duda, la mentira y la calumnia.

Como coyotes de la misma loma, lanzaron las más graves acusaciones contra la Iglesia por ejemplo, las Universidades y el Poder Judicial, los empleados públicos, los pensionados del Magisterio Nacional de los que dijeron las mayores falsedades y no dieron oportunidad de aclaración o rectificación alguna y como ejemplo, una respuesta que envió don Miguel Sobrado fue rechazada alegando que lo dicho por él no era verdad y que la misma si estaba de su lado… vaya objetividad periodística del Director de marras; esto para citar solo algunos casos de las últimas semanas, porque si nos vamos a rebuscar la Historia, haríamos de este artículo algo parecido por su extensión a la Enciclopedia Británica.

No, no se vale ahora gritar “güecho” a los ciudadanos que, igualmente, por años le han reclamado la falta de objetividad, desapego de la verdad y vulgar manipulación mediática de ese periódico, demostrada en más de un artículo, libros y tesis universitarias. No se vale enojarse y decir que las dudas del viajecito de recreo presidencial, los impagos de impuestos de la FIFCO y sus empresas agrupadas o el trencito que casualmente llegará a propiedades de los dueños y socios de La Nación y La Zona Franca del Coyol, ¡incluyendo a un Ministro sin Cartera!!, qué contradicción!, Igual, ¡coyotes de la misma loma!

No se haga el bravo don Armando, no le luce. Para terminar, cierro con otro cuento de un hecho que se daba en nuestros barrios populares, aunque no tengo conocimiento si pasaba igual de donde procede el señor Director. Resulta que cuando el dueño de una tradicional cantina cerraba su negocio al ser la media noche de un domingo, muchas veces él se quedaba libando el resto del inventario que había en la estantería, por lo que era frecuente que el negocio no se abriera al día siguiente, pues el cantinero “dormía la mona” como se decía. Ante eso la gente de los barrios decía: hoy don fulanito no abre… ¡volcó el rotulo!

No le voy a dar un consejo al señor Director, pues nadie es suficientemente viejo para dar consejo decía Facundo Cabral, pero si una sugerencia: no nos grite GÜECHOS…y VUELQUE EL ROTULO!, porque como dice el Papa Francisco “La hipocresía es el lenguaje de los corruptos” y eso estoy seguro, no querrá que se lo endilguen.

Más sobre el racismo. ¿Qué fue de la lucha contra la esclavitud que impulsó la propia lucha por la independencia?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Montesquieu señala en su libro clásico “El espíritu de las Leyes” el problema de la esclavitud de los negros, indicando que era imposible suponer “que esas criaturas son seres humanos, porque si concedemos que lo son, en seguida sospecharíamos que nosotros mismos estamos lejos de ser cristianos” sobre la base, de lo que se consideraba en aquellos años, que los negros correspondían a una especie de subhumanos, o que siendo de la raza humana lo eran de una capa inferior. Igualmente se daba por hecho que los negros habían nacido para ser esclavos, que la propia naturaleza los había hecho así, y por supuesto, que en esa condición estaban acostumbrados y lo disfrutaban.

James Otis, en 1764, señaló en su libro “Derechos en las colonias británicas”, que el derecho a la Libertad por el que se luchaba, alcanzaba inevitablemente a los negros, que la Libertad les era inalienable. Del mismo modo señalaba que el derecho a la Libertad de las colonias era igualmente el derecho de los negros a la suya, o en su lugar el derecho de los negros a la rebelión contra sus amos, y que esta rebelión no podía considerarse un crimen o un delito.

En 1772 el Reverendo Isacc Skilman, en “La oración sobre las bellezas de la Libertad”, exigía la abolición de la esclavitud, considerando además que el derecho a la rebelión contra la esclavitud era un derecho acorde con las Leyes de la Naturaleza.

Benjamín Franklin, uno de los grandes Padres Fundadores, como se le considera, de los Estados Unidos, por su participación en la lucha emancipadora, por lo demás gran científico, uno de los redactores del Acta de Independencia y de la Constitución de los Estados Unidos, fue un gran abolicionista, llegando a ser Presidente de la Sociedad para Promover la Abolición de la Esclavitud.

A la lucha de Benjamín Franklin se unió Benjamín Rush, de tradición presbiteriana, médico de esos años, también vinculado intensamente al proceso independentista de las colonias, quien llegó a ser Presidente de la primera Sociedad Antiesclavista que se fundó en los Estados Unidos, quien atacaba en sus intervenciones y escritos la trata de esclavos y la esclavitud como sistema.

También se le unió a Benjamín Franklin y a Benjamín, Rush, el educador Anthony Benezet, quien también en Pensilvania había impulsado sociedades abolicionistas, entre ellas la Sociedad de Pensilvania para la Abolición de la Esclavitud.

La esposa de John Adams, también redactor del Acta de Independencia, Abigail, manifestó que si era válido luchar por la Independencia igualmente era válido luchar por la libertad de los negros, que gozaban del mismo derecho a la libertad.

El gran revolucionario Thomas Paine, el 8 de marzo de 1775, escribió en un periódico de Filadelfia, el artículo “La Esclavitud africana en América”, exigiendo la abolición de la esclavitud, pidiendo que se les concedieran tierras ya en condición de libertos, para que “pudieran ganarse la vida”.

A estos personajes se sumaron, durante los años de resistencia y de guerra independentistas, grupos de religiosos bautistas, metodistas y de manera sobre saliente los cuáqueros, opinando y actuando de manera antiesclavista. Los cuáqueros hacia 1785 habían eliminado la esclavitud en sus hogares y familias, llegando a plantear en el propio Congreso de la Unión que se legislara en ese sentido, y hacia 1783 se solicitó se declarara ilegal la esclavitud, con el apoyo de la Sociedad Amigos de Pensilvania y New Jersey.

En los gobiernos de cada una de las colonias se presentaron solicitudes y acciones en igual sentido. En Rhode Island, por influencia cuáquera, se llegó a aprobar una declaración, en 1774, en la cual se afirmaba que cualquier negro que se introdujera como esclavo sería o quedaría libre. Para ellos era un problema esencial, la lucha por la libertad de los blancos era a la vez una lucha de todas las personas, y la libertad de los blancos debía extenderse a todas las personas. Esta disposición no liberó a los negros, hasta que, cuando se incorporaron al Ejército, para luchar contra Inglaterra, se emancipó a los que participaron militarmente de esa lucha.

La patriotas y revolucionarios, principalmente, eran abolicionistas. Muchos gobernadores blancos no lo eran defendiendo el negocio que significaba el tráfico de negros. En Baltimore, en 1774, se logró acordar abstenerse del comercio de esclavos y sabotear a los comerciantes de esclavos. En 1776 en Massachusetts se declaró ilegal la trata de esclavos. Así se estableció, también, en 1776, en la Constitución de Delaware. En 1776, en New York, se avanzó con una ley, en el Congreso Provincial del Estado, que establecía una emancipación gradual, lo que no se aprobó ese año, sino hasta 1798.

En 1777 en la Constitución de Vermont se prohibió la esclavitud de cualquier persona, nacido o no en los Estados Unidos. En 1780 en Pensilvania se aceptó una ley contra la esclavitud, redactada por Thomas Paine y George Bryan. Este mismo año en Connecticut se impulsó una ley similar que se terminó de aprobar hasta 1784, año en que también Rhode Island aprobó una ley de abolición gradual, año en que la Constitución de New Hampshire la abolió.

En 1781, la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso Commonwealth vs. Jenninson, condenó a un blanco por haber azotado a un negro diciendo que “era su esclavo”, multándolo, sobre la base de que la Constitución estatal señala que todos los hombres nacen libres e iguales, y de que todas las personas tienen derecho a la libertad, destacando que la esclavitud no armoniza con la Constitución.

En 1804 el Estado de New Jersey abolió la esclavitud, por influencia de los cuáqueros.

En 1782, en Virginia, se establecieron, por un breve plazo, mecanismos para la manumisión de esclavos, bajo el impacto de la recién proclamada Independencia en 1776.

Mientras esto se expresaba en los Estados, en el Gobierno Federal no tenía igual eco. Las leyes que se promulgaron en esos años eran más antibritánicas que antiesclavistas. La propuesta de Jefferson, denunciando, en el Borrador del Acta de Independencia, la esclavitud, y su tráfico, “del rey cristiano de Gran Bretaña”, fue eliminada a solicitud de los representantes de Georgia y Carolina del Sur, y de otros Estados todavía esclavistas.

De esta forma está claro que durante los años de la lucha por la Independencia de los Estados Unidos, durante su desarrollo y en los años posteriores hubo importantes movimientos antiesclavistas y emancipadores de los negros en Estados Unidos.

¿Qué pasó con esta lucha contra la esclavitud y el racismo en Estados Unidos que se inició en los mismos días de la lucha por la Independencia? ¿Por qué se mantuvo y acentuó el racismo, la discriminación y se impuso la supremacía blanca, en los valores dominantes de los Estados Unidos, en muchos Estados a mediados del siglo XX, con gran virulencia, que vuelve a resurgir hoy?

No se puede entender y comprender la lucha por la Independencia de los Estados Unidos, sin tener en cuenta el importante papel que los negros jugaron en ella. Para los negros fue una Revolución inconclusa. Para ellos, y para los abolicionistas, la lucha por la Libertad continuó y continúa.

Los negros en la cultura y la sociedad norteamericana han significado un enorme papel, y prestigio, para esa gran Nación en todos los campos. No casualmente hoy así se reconoce en la propia ciudad de Washington, cerca de la Casa Blanca y del Congreso, con el Museo que recoge la herencia y el aporte de los negros a la cultura de los Estados Unidos. Museo construido en la Administración de Barak Obama, primer Presidente negro, con el cual parecía que se había superado este sustrato racista y supremacista blanco.

No fueron suficientes, pero sí importantes, todos los movimientos políticos y de resistencia de los negros de los Estados Unidos, especialmente a partir de la década de 1960. Sus símbolos emblemáticos, entre muchos, de esos años, fueron Rosa Parks, Martin Luther King, a quien por su lucha se le reconoció con el Premio Nobel de 1964, Ella Baker, Casius Clay, los atletas olímpicos Tommie Smith y John Carlos, Angela Davis, Malcon X, Stokely Carmichael, Harry Haywood, Thurgood Marshall, el primer Juez negro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson, el propio Presidente Barak Obama, primer Presidente negro norteamericano, las actuales activistas Alicia Garza, Opal Tometi y Patrisse Cullors creadoras e impulsoras del hashtag, en las redes sociales, #BlackLivesMatter, “Las vidas de los negros importan”.

Los impactos que se están produciendo en Estados Unidos, con la eliminación de algunos monumentos de esclavistas, y militares confederados, y de cambiarle el nombre a instalaciones militares, que exaltan y recuerdan esos esclavistas, son hoy parte de este renacer cultural, de replantear los valores históricos culturales, de esta nueva conciencia social que adquiere fuerza moral, en Estados Unidos, con repercusiones importantes en el mundo, de propugnar por un mundo más humanista, más incluyente, sin discriminaciones y exclusiones de ningún tipo, por una revaloración de los Derechos Humanos.

Artículo compartido con SURCOS por el autor y publicado en https://wsimag.com/es/economia-y-politica/63237-mas-sobre-el-racismo-en-ee-uu

Apoyo al Instituto de Investigaciones Sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Isabel Ducca D.

Con motivo de la polémica y acusación a la Universidad de Costa Rica de estar incentivando una guerra entre lo público y lo privado por la difusión de dos videos producidos por la Oficina de Divulgación e Información (ODI), con base en una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), en los cuales se alude a grandes empresas que se beneficiaron de la amnistía tributaria, a algunas que declararon cero impuestos durante un periodo y a tres empresarios de renombre citados en la revista FORBES, es preciso expresar un reconocimiento a una labor difícil y, por lo visto, riesgosa pues como lo señala dicha revista, fuente de la que surge parte de la problemática:

“Para el equipo de investigación de FORBES, cada año representa un reto documentar y estimar las más cuantiosas fortunas de nuestra geografía, debido a que los principales obstáculos son la falta de transparencia y la poca disponibilidad de las corporaciones para compartir la información de primera mano…”[i]

Lo afirma una revista que está mil leguas de ser analítica y crítica.

Nuestra solidaridad se basa, como debe ser, en los principios que rigen y deben reinar siempre en la institucionalidad pública. Tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 3: “…contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Si hubiera que hablar de una guerra entre lo público y lo privado, tendríamos que invertir los términos pues esa confrontación la inauguran en nuestros país los sectores neoliberales desde hace más de treinta años pues las universidades públicas, al ser cuna del pensamiento crítico y analítico, han sido acosadas con el fin de recortar sus presupuestos para reducir la investigación y el aporte que realizan para un desarrollo integral de nuestro país y de protección a los sectores más vulnerables. ¡Las acusaciones no son nuevas! Desgraciadamente, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con el beneplácito de un gobierno que se preocupa más por proteger a quienes más atesoran en lugar de hacerlo con quien menos tienen, ciertas voces han adquirido fuerza y prepotencia que raya, en ocasiones, en lo inhumano.

Como bien sabemos, el déficit fiscal es un problema que adquiere dimensiones gravísimas antes del Covid 19 y que debido a este llegó a proporciones catastróficas. Desde el 2018, los temas fiscales han tomado relevancia en la discusión pública y hoy, precisamente en una crisis histórica, deben ser discutidos más que nunca. La evasión, elusión y mora son problemas que perjudican la construcción del Estado social de derecho y por tanto deben ser problematizados, así como señalados sus responsables.

Las campañas de desprestigio hacia las instituciones o personas que se atreven a plantear el tema de la reforma fiscal progresiva no son nuevas. Ya a inicios del siglo XX, Alfredo González Flores fue víctima de una campaña feroz primero y, posteriormente, un golpe de estado por establecer su proyecto.

Queremos reiterar nuestro apoyo a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política y esperamos que, fiel a los principios con que la concibieron figuras como Rodrigo Facio Brenes, la reflexión rigurosa, académica y comprometida con el bien común continúe por los senderos que le marcan la ética y el compromiso con los Derechos Humanos.

[i] Puede referirse a: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019

Ausencia de Estado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

Perú ocupa el primer lugar mundial en tasa de mortalidad por coronavirus. ¿Cuáles son las causas de tan doloroso récord?

Los especialistas peruanos las resumen en lo siguiente: la falta de infraestructura, la ausencia de Estado y la falta de orden social. En síntesis, las causas se reducen a una AUSENCIA DE ESTADO.

La pandemia ha demostrado que los pueblos, las sociedades, no pueden hacer frente con éxito a las calamidades de la naturaleza o de la sociedad, sin un Estado fuerte, presente y vigoroso. Así también quedó patente en la crisis financiera del 2008.

En las naciones donde el Estado es débil en cuanto a instituciones, infraestructura, servicios o legitimidad, los pueblos sufren en demasía las injusticias producidas por el hombre y la naturaleza.

El Estado no debe reducirse a brindar una media salud y educación, como pretenden los neoliberales, sino a tener injerencia en diversos campos de la sociedad.

En Costa Rica gracias a las luchas de las organizaciones sociales, se ha logrado defender y detentar un Estado fuerte y vigoroso que permite influir en una mayor justicia social. Al fin y al cabo, a pesar de los reiterados intentos de los poderosos grupos de los grandes empresarios por empequeñecerlo, aún permanece en nuestro país un Estado que está presente en la vida cotidiana de los costarricenses.

Existe en el país todo un conglomerado de instituciones públicas que se dan fortaleza mutua. En el presente las utilidades acumuladas del INS sirvieron para apoyar a la CCSS en la emergencia, los bancos públicos con una parte de las utilidades apoyan los programas del IVM (pensiones), becas y al cooperativismo, la FANAL contribuyó a abastecer de alcohol a la seguridad social a un costo bajo, Acueductos y Alcantarillados ha brindado agua potable a nuestra población y evitado epidemias, el IMAS y demás instituciones contribuyen a mitigar los efectos de la emergencia sanitaria. El Estado es también salario mínimo, vacaciones, cesantía, seguros sociales, derecho a huelga y mucho más.

Las utilidades de las instituciones públicas, como el INS, Banco de Costa Rica, Nacional, FANAL y muchas otras han servido para ayudar al Estado a enfrentar la epidemia en vez de irse a engordar aún más los bolsillos de alguna gran compañía nacional o internacional. Además, todas las instituciones pagan puntualmente sus impuestos.

En Costa Rica no se puede decir que existe, como en Perú, ausencia de Estado.

Pero existen fuerzas poderosas que quieren desbaratar muchas instituciones públicas de manera inmediata al amparo de un acuerdo con el FMI. Como dice Rodrigo Carazo, no es que quieren venderlas es que quieren comprarlas.

Los créditos con el FMI buscan imponer medidas neoliberales para reducir al mínimo el Estado. El Gobierno ha iniciado una “negociación” con el FMI en total secreto y ya han informado que está lista la propuesta.

Solo está por verse si acabaremos como Perú, sin Estado.

¿Del Consenso de Washington al del Coronavirus?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, (…). Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
El fantasma de la Opera – Gastón Leroux

Hemos visto en los últimos meses entre una conferencia de prensa y la siguiente, una exposición destellante de simpatías o descontentos de diversos actores políticos, sociales o económicos a la anuencia por los préstamos internacionales. Ante esto sólo podríamos encontrarles algún sentido si los abordamos desde la pregunta ¿Hacia a donde apunta la política post-covid19?

Tal vez pocos recuerden la década de 1980, cuando a través del accionar de dos potencias mundiales Estados Unidos e Inglaterra, lograron posicionar un pensamiento y práctica de la gestión política, que al paso del tiempo se le llamó Neoliberalismo, su acta fundante (no oficial) fueron unas recomendaciones de John Williamson, que se conocieron como el Consenso de Washington.

Este consenso, a su modo y estilo sintetizó el pensamiento económico y político de una generación de profesionales de la política; los tecnócratas. Estos delinearon algunas de las posturas que hoy en nuestros países son casi “dogmas”: Disciplina fiscal, disminución del gasto público, reforma tributaria, liberalización, desregulación, privatización y derechos de propiedad, en cualquier espacio de política pública, estas palabras prácticamente son incuestionables.

¿Por qué recordar esto? Hoy, estas “recomendaciones” son denunciadas por su ineficacia o daño social, por ejemplo la privatización de los servicios de salud que han generado una agudización de la crisis sanitaria, la privatización de la educación ha marcado una brecha socioeconómica que aún no logramos vislumbrar su profundidad o paradojas tales como defender la disciplina fiscal que invoca los recortes, ante una crisis sanitaria donde se requiere un enfoque comprometido con garantizar la atención de las personas desde la salud pública.

Asistimos a un momento crucial en la construcción del sentido del pensar-hacer política para nuestras sociedades, aun cuando observamos resquebrajarse las apuestas neoliberales ante su inoperancia y por la denuncia que desde sus luchas diversos sujetos individuales y colectivos han dejado la evidencia de este fracaso. Hoy se reconfigura un sentido común desde los sectores dominantes, que procuran disputar la legitimidad de esta política.

Si hace 31 años el Consenso de Washington consolidó un tipo de política neoliberal, hoy el Consenso del Coronavirus viene a relanzar esa apuesta por una política aséptica de personas, el traslape intencionado de las medidas sanitarias a su aplicación como gestión del conflicto político es una de sus primeras manifestaciones.

Asistimos a gobiernos que virtualizan y banalizan la participación política reduciéndola a páginas web y formularios, es decir una enajenación de la voz de los sujetos, y el triunfo de esta tecnificación son elementos de cuño de este nuevo consenso.

Este enfoque apuesta por el alejamiento y atomización de las personas en los procesos de toma de decisión. El control de los aportes y la validación de los mismos se despersonaliza, se vuelven matrices de información, que pierden sus elementos de problematización, y quedan como eso que son; meros registros.

Es bajo este escenario, donde surge el interés “filantrópico” de las instituciones financieras por apoyar a nuestro país ante la pandemia, un disfraz más para aprovechar los vacíos de poder que ha generado la actual pandemia ante la incapacidad de movilización y protesta. Un escenario ideal para profundizar la política neoliberal, que tiene en nuestro país como hoja de ruta a la reforma fiscal del 2018 (impuestos, empleo público y regla fiscal).

Con el pretexto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, asistiremos a una nueva ingeniera sobre el Estado Costarricense, el replanteamiento de la política social, incluida la educación (educación técnica como único horizonte), la salud (privatización) o la precarización del empleo público con el fin de “optimizar” el gasto, por otro lado la desregulación ambiental para la explotación de los bienes naturales o la venta de activos del Estado son parte de la agenda para promover ingresos “frescos”, estas ideas son parte de lo que se estará disputando en los próximos años.

Bajo el discurso de la inminencia de la crisis y la “inevitabilidad” del sacrificio “necesario” que todos y todas debemos asumir, procuran comprometer la institucionalidad democrática, pero en el fondo lo que más llama la atención es el aplazamiento de la responsabilidad de los sectores ricos por pagar sobre sus ganancias, es decir la legitimación de la evasión y elusión serán la columna vertebral del Consenso del Coronavirus.

El elegido popularmente no renuncia. Cumple

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Innombrable es al que no se puede nombrar porque incita al culto a la personalidad, causa horror o no se debe nombrar por resultar inconveniente. En Colombia ha sido detenido, con medida domiciliaria un expresidente y senador en ejercicio. Como es de marras, aquello de que se habla y del senador, detenido, como sujeto de marras, haré referencia coloquial, en giros propios de conversación corriente, puesto que la conducta social del tal senador, como sindicado de un delito, esta alterada, siendo propio de la psicopatía que padece el que en modo alguno su capacidad intelectual, como memoria, pensamiento creativo y vocabulario, esta mermada.

Al estar el citado personaje detenido, significa que no es libre de locomoción y acción. No tiene nombre de pila, sino que se identifica con el número de detenido 1087985, por proceso penal asignado, en el sistema carcelario colombiano. Su derecho al nombre e identidad está supeditada al Juez que conoce de su caso y está a su disposición para todo lo referente a los Derechos Fundamentales. Como no es un sujeto libre, pues no puede ejercer el derecho de petición, que es el que permite a los ciudadanos realizar peticiones a cualquier autoridad, institución pública o ente de administración estatal. Desde el momento que ese senador fue privado de su libertad, al único que se puede dirigir es al Juez de Conocimiento de su caso investigado. De manera que su petición de que le fuera aceptada la renuncia al cargo de senador que ostentaba en libertad, dirigida a su emulo, presidente actual del Senado, desde todo punto de vista jurídico, legal y constitucional, era totalmente improcedente y el accionar administrativo que se desató con esa petición de un privado de la libertad, genera un acto administrativo totalmente nulo, de nulidad absoluta. De la misma manera la “aceptación” de su “renuncia”, equipara a un acto jurídico inexistente. Para entender esto no es menester ser abogado egresado de la Facultad Nacional de Derecho, de la Universidad Nacional de Colombia. Tanto la despalomada, o el bachiller Macias, como el vendedor de todo tipo de artículos con supermercados, lo han de saber; al igual que la recua de senadores que favorecieron al encantador y embaucador, que desde la prisión, les ordena. La dictadura mediática condiciona a la opinión y sobre la falsedad de su accionar y proyección, aprovecha la falta de cautela, del ingenuo y del crédulo, que se cree cualquier cosa con facilidad.

Un cargo de elección popular es irrenunciable

Al ser detenido y por ende privado de la libertad, el senador innombrable intuyo que tan pronto conociere la directiva del Senado, su situación de recluido, se accionaria un procedimiento administrativo en su contra: la de suspensión provisional del cargo. Conocida su ausencia, que califica como temporal, de las sesiones del Senado, sus comilones asesores, se alejan de conjeturas y proceden a hacer llegar “una petición” personal de renuncia, supuestamente firmada por él, no presentada ante autoridad alguna carcelaria y que acucioso escribano dará fe si ese acto ajusta a los requisitos de medios electrónicos autorizados, de conformidad con el procedimiento penal. Arman la sesión y sin mayor excitación y sí patéticas constancias de voto, de muy a su pesar, aceptan la renuncia, del jefe pluma blanca y proceden a llenar el vacío de su silla, con la que en número de votos le precedía en su lista expuesta al electorado y que precisamente, ese electorado, no ungió con su elección, por falta del número de votos requeridos. Y así como se gradúan, así la posesionaron.

Ante el bochorno asfixiante, el ciudadano corriente, la sociedad civil palpitante, acude a Diógenes, no para que busque al Hombre; sino para que con su lampara busque, en esa cueva, ahora dirigida por un Ali Baba, al jurista y así sea de abogado de oficio, proponga la explicación concreta y solución a tamaño entuerto.

En Colombia aplica la llamada Democracia Indirecta o Representativa. Mediante el voto, el ciudadano en ejercicio elije a sus mandatarios para que los represente; resaltando la preponderancia del derecho a elegir que tienen los ciudadanos, en concordancia a la observancia de soberanía popular. Así se conforma el poder legislativo. Es la forma de materializar la soberanía, que es la voluntad popular, que reside exclusivamente en el pueblo y de donde emana el poder público Artículo 3 de la Constitución Política de 1991(CP91). De manera que todo cargo público designado mediante elección popular, es irrenunciable por parte del escogido; así se trate del más ilegitimo y corrupto sistema electoral vigente como el colombiano. Si resultó electo no puede decidir el escogido, no me posesiono, por ejemplo. O como estoy preso, decido “por motivos personales” renunciar al cargo para el que fui electo por el voto popular. Esta situación ajusta en Colombia aplicando el Derecho Comparado y el Principio Universal de Complementariedad.

Renunciar es defraudar

Se trata de un tema de apasionante actualidad, intentando esbozar un análisis de la situación concreta y aplicado al caso concreto colombiano; puesto que está en juego la afectación de la dinámica del juego democrático, al constituir una alteración de la voluntad de los electores e implicar una defraudación a ese mandato conferido, traducido en afectación a los derechos de aquellas personas que lo eligieron y que por ende asoma una consecuencia de responsabilidad en el sujeto capaz de hacer hasta lo indecible con tal de aprovecharse de los incautos.

Tratándose de la composición y de las funciones de la Rama Legislativa los senadores serán elegidos para un periodo de cuatro años. (Artículo 132 CP91). El titular Senador puede dejar de cumplir con sus funciones. Dejar de serlo por renunciar a serlo; pero de hecho, no porque se configure un ocurso administrativo para hacerlo. Ya el Consejo de Estado se ha manifestado al respecto, no desconociendo que el elegido puede optar por esa situación de renuncia fáctica, de hecho. Pero se trata es de entender el compromiso con los electores. De la permanencia y terminación efectivas del mandato que le fue otorgado y no pueda ser utilizado a servir a un interés personal de quien lo recibe. Como por soslayar, el así incurso en la renuncia es sujeto de responsabilidades en acciones populares, por decir lo menos.

Se trata de suplir faltas absolutas o relativas

El artículo 134 de la CP91 al registrar que los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes; tendrán solo reemplazos, en casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley. Pero la renuncia justificada es por aspirar a un cargo de mayor relevancia en el estadio electoral, debiendo hacerlo con anterioridad a un año y aceptada, ahí si hay lugar a reemplazo de la misma lista electoral por el que no fue elegido, según el orden de inscripción o votación obtenida. En consecuencia, procedía, o procede, es la suspensión temporal del Senador de marras y facultar a la siguiente de esa misma lista a llenar la vacante provisionalmente. Volveríamos al tema, que sucede si el sujeto endilgado o procesado es condenado; puesto que en ese evento se daría ausencia definitiva.

No existe norma expresa en la legislación colombiana que evite que el elegido popularmente no pueda renunciar; pero el constituyente primario, en su sabiduría, previo situaciones, aplicables, por analogía, al caso de marras, sobrentendiendo que lagunas o insuficiencias jurídicas sean resueltas mediante el principio de complementariedad, para lo cual existe el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto por cuanto existe la obligación- como deber constitucional y legal- de ejercer los cargos de elección popular.

Corresponde contribuir a dar claridad que en aras a la democracia representativa, así no abordemos el tema de la democracia directa y su ejercicio en las calles, asomar la procedencia de pedir cuentas, mediante acciones populares, a quienes desconozcan olímpicamente tal mandato. Que no se trata de una simple propuesta el negar a los funcionarios de elección popular la renuncia para no ejercer el cargo conferido, puesto que el cuerpo normativo universal, la jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado lo prevean y en el entendido que se dan causa justificativas y legales para obtener licencias, como excepción a la regla planteada, como por ejemplo, la imposibilidad física; pero en modo alguno porque el sujeto así ungido este preso; es decir haya sido privado de la libertad y por ende no goce del derecho fundamental del artículo 28 de la CP91.

También corresponde resaltar que el Senador Innombrable debe cumplir con los deberes de los sujetos procesales: 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas. Lo señalan los artículos 145 y 146 del Código de Procedimiento Penal, que lo constriñen a que no acuda a manifiesta carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal. Como pretender hacer público el proceso antes del llamamiento a juicio, siendo claro que el régimen de publicidad opera durante el juicio que es público y la investigación será reservada a quienes no sean sujetos procesales. Todo ello extensible al inexplicable pero real uso que los medios de comunicación y periodistas en particular hacen y que en ejercicio de dictadura mediática, le dan o facilitan pleitesía a un privado de la libertad como él, para despotricar contra su juez natural y contra las víctimas de su accionar.

No al malabarismo jurídico de falsa interpretación y aplicación

Dos situaciones apremian diseccionar, en esta especie de clínica jurídica a que el exabrupto politiquero y clientelista, ha conllevado. La primera situación alude a que entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia está la de Investigar y Juzgar a los miembros del Congreso. Punto. (Artículo 235-3 CP91).

La segunda situación refiere a que son atribuciones del Senado admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente. No los senadores. (Artículo 173 CP91).

De tal manera que el artículo 186 CP91 dispone que los delitos que cometan los congresistas serán de conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia. Por ende la orden de captura y/o de prisión de un senador solo puede emitirla esa Corte y la de libertad, pues obvio que también. A la Fiscalía no le corresponde nada de eso, al respecto.

Quede claro que es para los juicios que se sigan en el Senado que opera la competencia para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de las funciones. Para los que se siguen en la Corte no.

El malabarismo culebrero y de enredadera jurídica pretende ahora sustentar lo insustentable, en el sentido que los delitos investigados por la Corte al senador se refieren a si fueron cometidos con ocasión y ejercicio de sus funciones. Basta de tanto improperio. Resulta un insulto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia argumentar esa estulticia, necedad; como si los magistrados de la Corte fueran ignorantes. Es única y exclusivamente atinente a investigaciones surtidas por delitos cometidos por el Presidente de la República que aplica lo de la atención en consideración a los actos investigados con relación a las funciones de su cargo, por cualquier hecho punible que se les impute conforme al artículo 175 numerales 2 y 3, ibidem: “Si la acusación se refiere a delito cometido en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala conducta”. Ese argumento se cae puesto que al Innombrable Senador no se le aplica el artículo 174 de la CP91, para no entrar en consideración, en estos momentos de cuales delitos conoce el Senado.

Es todo un montaje tragi-cómico que hasta ex presidentes de la Corte o voceros de acreditada fama asomen que como renunció a la investidura de senador, la Corte tiene la disyuntiva si el delito tiene o no relación con la función o el ejercicio del cargo de senador. Perdiendo la competencia si no fuere así y ha de conocer la Fiscalía; o de lo contrario continuará conociendo la Corte. Da vergüenza ajena tanta ignorancia. El artículo 174 CP91 quedó así: “Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los Miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos”.

Conclusión

Uno. Al definir la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la situación jurídica del imputado, toma la medida de privarlo de la libertad. Para ello produce una resolución judicial de más de1.500 folios, que sustenta la seriedad y fortaleza de la medida. Esta no fue objeto de recurso alguno. Critican que la resolución afirma que pese a que no está demostrada la comisión del delito por parte del senador, se infiere una conducta delictiva y por ello la decisión de medida de prisión domiciliaria. Es correcto inferir una conducta del sindicado en esa Resolución, aunque no aparezca prueba directa, porque no se trata de una sentencia que defina la conducta punitiva del Innombrable. Apareen indicios, inferencias, que es lo dado al Instructor para tomar tal decisión en ese momento procesal o nivel de investigación del delito. Dos. Respecto a lo de la peligrosidad del sindicado; eso es de resorte o del fuero interno del Instructor. No existe un numerus clausus que indique cuando procede o no la orden de detención preventiva, si obedece a que sea ex presidente o no. En cambio sí pesa lo de la medida de aseguramiento puesto que se trata de un delito contra la administración de justicia por fraude procesal, siendo el sindicado un ex presidente de la República y no cualquier “perico de los palotes”; destacándose lo de la perdida de la libertad por el factor de peligrosidad para la sociedad, por la capacidad de poder en él concentrado. Tres. Es una vergüenza que se haya aceptado, en ocurso administrativo la renuncia del senador sindicado, por ser totalmente improcedente. Cuatro. Al Senado le corresponde es suplir la falta temporal del senador sindicado conforme a los tramites ya enunciados. Cinco. Ahora, como de hecho el senador sindicado toma la decisión de renunciar, mutuo propio, a su investidura, se da una situación de falta definitiva que admite la aplicación del mismo procedimiento. Seis. La posesión de reemplazo por parte de la senadora es nula, de nulidad absoluta y el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) tiene como finalidad la primacía de los intereses generales, la sujeción a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico por parte de las autoridades. Simplemente aplicar que en derecho las cosas se deshacen como se hacen.

LOS EMBUSTES DE #FIFCO (tercera entrega y última por ahora)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Embuste: “mentira disfrazada con artificio” (DRAE)

FIFCO: Florida Ice and Farm Company S.A., más conocida como la Cervecería Costa Rica.

Seguimos con estos comentarios críticos a un video que hace unas semanas publicó #FIFCO con el título “El que nada debe nada teme”.

En la primera entrega señalé el engaño de FIFCO al plantear que todas y todos los costarricenses podemos acceder a las declaraciones de impuesto sobre la renta de sus empresas o simplemente llamar a la central de Ministerio de Hacienda para verificar los montos que han pagado.

En la segunda, cuestioné la supuesta transparencia fiscal del holding (eufemísticamente comparada en su video con una abuelita que no paga impuestos) pues presentan cifras que no se pueden comprobar; cifras engañosas sobre el total de impuesto pagados, donde incluyen tributos que en sentido estricto no son pagados por las empresas sino por las y los consumidores, como es el caso del IVA; y porque omiten datos sobre la última amnistía tributaria.

Podríamos señalar otras inconsistencias y exageraciones contenidas en ese video. De igual forma, reconocer que presentan algunas aclaraciones pertinentes, como la diferencia entre un representante legal de una empresa y el capital de las personas accionarias.

Pero la pregunta es: si se trata de una empresa tan grande, asentada entre otras cosas en la explotación casi gratuita del equivalente tico a un pozo petrolero (nuestras fuentes de agua); que es de las que pagan más impuestos por el volumen de sus operaciones; empresa que se presenta como modelo y seguramente lo es en diferentes aspectos; que le da trabajo a tanta gente y en buena hora si lo hacen con responsabilidad social; que presume de sostenibilidad y transparencia, etc. etc. etc….¿POR QUÉ NECESITA RECURRIR A EMBUSTES PARA “DEFENDERSE”?

He aquí el tercero

  1. LA IDEALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PRIVADAS Y LA IMPRECISIÓN EN DATOS SOBRE EMPLEO

Según FIFCO, la abuelita, sus hijos y sus nietos son parte de algo así como un mundo maravilloso, el de las empresas privadas, del que debemos estar orgullosos y que “en este momento, más que nunca, están cuidando a 9 de cada 10 familias en el país …” !!!

Fantasía, propaganda, mentira descarada, no sé….cada quien póngale el nombre que quiera. Lo cierto es que esa idealización dista mucho de los dramáticas situaciones de desempleo, sub-empleo, precarización del empleo, informalidad, pobreza y pobreza extrema, que ya existían desde antes de la pandemia y que se han agudizado con la misma. Igualmente, son imprecisos los datos en cuanto los segmentos de trabajadoras y trabajadores independientes (no asalariados) y a la distribución entre sector público y privado.

Entonces, sugerencia respetuosa para doña Gisela Sánchez y para #FIFCO: si quieren hablar con la verdad y con precisión sobre empleo en Costa Rica, denle aunque sea un vistazo general a los datos del INEC o del Estado de la Nación sobre el tema. La propaganda sobre este tema está de más y resulta ofensiva en el contexto de la actual crisis social, económica y sanitaria que vivimos.

Y al mismo tiempo preguntarles: ¿de cuáles empresas privadas debemos estar orgullosas y orgullosos?

¿De las piñeras y otras mono-cultivadoras; o empresas de construcción y otros sectores que explotan mano de obra de migrante bajo condiciones precarias y hasta infra-humanas?

¿De las que incumplen derechos laborales básicos que son parte de nuestro Estado Social de Derecho?

¿De las empresas que depredan y contaminan nuestros recursos naturales?

¿De las que evaden, eluden impuestos y/o viven del contrabando?

¿De las que se niegan a una contribución solidaria en el contexto de la actual crisis?

¿De las que tienen grandes privilegios fiscales en zonas francas, operando en gran desigualdad respecto las que trabajan fuera de esos paraísos fiscales locales?

¿De las que participan del lavado de dinero en nuestra economía, actividad que alcanza niveles multimillonarios señalados recientemente por el ex Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves?

¿De las que participan en prácticas de corrupción que desangran los recursos públicos? ¿O es que la corrupción en el sector público no tiene una contraparte en el privado?

A ver, si ustedes en FIFCO dicen ser una empresa modelo de sostenibilidad y responsabilidad social, como muchas otras empresas del país, deben por ello tener claro que el mundo de las empresas privadas no es homogéneo ni tan romántico como lo pintan en su video, como tampoco lo es el sector público donde muchas cosas deben mejorar. Es decir, hay empresas modelo y en buena hora. Pero esa característica no es aplicable a la totalidad.

Hay empresas inmensas con grandes ventajas, pero la mayoría son pequeñas o medianas que con costos subsisten.

Pero en todo caso, ¿para qué seguir alimentando esa oposición entre lo público y lo privado a partir de generalizaciones maniqueas donde unos son los buenos (casi héroes) y los otros son los malos (casi villanos)?

En lo personal, participo de una visión de complementariedad entre el sector público y el privado, reforzada con una economía social y solidaria robusta, para dinamizar nuestro desarrollo. Y que bajo condiciones de igualdad y equidad, tenga claras exigencias de responsabilidad social, ambiental y fiscal, para todos pero donde los que más tienen más contribuyan.

Por eso, esa generalización romántica sobre las empresas privadas me resulta ofensiva en un contexto en que, ni desde el mundo privado ni desde el público, se han logrado detener la creciente desigualdad, pobreza, informalidad y desempleo que sufren grandes segmentos de la población, como resultado de un modelo que favorece la acumulación para pocos y ha debilitado los mecanismos de distribución para las grandes mayorías.

Pero bueno, a lo mejor lo que FIFCO quería era hacer propaganda, como la que hacen para vender agua (pura, te-ñida o fermentada) a precios de hidrocarburos o superiores. Pero entonces no presuman verdad y transparencia. Porque con tantos embustes, son ustedes mismos los que ponen en duda su reputación, frente a una ciudadanía cada vez más informada y crítica.

Por eso, a quienes aplaudieron y se creyeron acríticamente el cuento de la abuelita, cabe recordarles un fragmento de otro: “Abuelita ¡que dientes tan grandes tienes!”.

Y como pueden ver en la foto que adjunto como ilustración (tomada del Reporte Integrado 2016-2017), se trata de una “familia” integrada por gente bien acaudalada. La acumulación de riquezas no es un cuento, es una cruda realidad frente una crecientes pobreza y desigualdad. Por eso merece toda nuestra atención, reflexión y análisis como ciudadanos y ciudadanas.

Rafael Ángel Calderón Guardia, nombre para la Ciudad Científica, en el 80 aniversario de la Universidad de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Universidad de Costa Rica hoy cumple 80 de fundada, de creada, en el Gobierno Reformista del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Se ha discutido si fue creada, fundada, o reabierta, dándole continuidad a la Universidad de Santo Tomás que se había fundado el 3 de mayo de 1843.

Antes de la Universidad de Santo Tomas el 24 de abril de 1814 se había establecido, y abierto sus puertas, ese día, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que podemos considerar la primera Casa de Educación Superior que se establecía en Costa Rica, donde laboraron como docentes distinguidas personas que luego estuvieron ligadas, muy de cerca, al proceso y proclamación de la Independencia de Costa Rica, en 1821.

A partir de la Independencia las reglamentaciones de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás las hacían el Ayuntamiento de San José y la “Tertulia Patriótica”, que fue una institución impulsada por el Dr. Rafael Francisco Osejo, que a su vez fue el Primer Rector de esta Institución en 1814.

En 1824, el 10 de diciembre, el Gobierno asumió la protección de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, dándole rentas propias. El gobierno del Primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, educador de formación, se preocupó de que tuviera “rentas propias”, para asegurar su funcionamiento plenamente.

Los estudios en ese período inicial de la Independencia rápidamente se fortalecieron, cuando el 26 de abril de 1825 el Poder Ejecutivo impulsó la creación de las Cátedras de Derecho, Latín, Francés, Inglés, y se empezó a dar un curso de Medicina, como “el arte de curar las dolencias humanas”. También se dio Física Experimental, Historia Profana, Psicología y Matemáticas, entre otras materias.

El 3 de mayo de 1843 se convirtió la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en la Universidad Pública, bajo el auspicio de Santo Tomás, su anterior Patrono.

De nuevo los gobiernos de ese período le mantuvieron las rentas que tenía, y se le dio, además, la cuarta parte del producto líquido de las rentas del tabaco, que se expendiera en todas las tercenas del Estado, así establecido por Decreto del Jefe de Estado José María Alfaro, encargando de su ejecución al Dr. José María Castro Madriz, quien llegó a ser uno de sus Rectores.

El 1 de setiembre de 1843 se redactaron los Estatutos de la Universidad de Santo Tomás. Se mantuvieron los estudios de Jurisprudencia, Teología y Medicina. Es interesante que en sus Estatutos como logo se pusieron elementos usados por la Masonería. El Dr. José María Castro Matriz, siendo Presidente de la República, llegó a ser el Venerable Maestro, la autoridad superior de la Primer Logia Masónica establecida en el país, al impulso del Presbítero Francisco Calvo, quien también se había desempeñado como Capellán General, del Ejército Nacional, durante la lucha contra los filibusteros norteamericanos.

La Universidad de Santo Tomás en la práctica abrió sus aulas el 21 de abril de 1844, siendo su Primer Rector el Presbítero Juan de los Santos Madriz, y José María Castro Madriz, Ministro de Instrucción Pública.

En los años siguientes, 1849, 1858, 1859, 1869, 1870, se hicieron modificaciones a los Estatutos de la Universidad.

En el Gobierno del Gran Presidente, Juan Rafael Mora Porras, en 1854, se construyó el edificio de la Universidad, y se le fortalecieron las rentas o ingresos en la Tesorería Nacional, “cuyo crédito no puede perecer”. El Presidente Mora procuró a asegurar las rentas de la Universidad de manera que no fueran ni a disminuir, ni a la posibilidad de quitárselas.

En los años siguientes la Universidad de Santo Tomás asumió un papel importante, impulsando bajo su amparo, instituciones educativas para la formación de jóvenes.

Así, el 4 de julio de 1874, el Congreso, por impulso del Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, decretó la apertura del Colegio, denominado Instituto Nacional, bajo la tutela de la Universidad de Santo Tomás, y mantuvo, a nivel universitarios, en ese momento, únicamente los estudios de Jurisprudencia, porque no había alumnos para otros estudios.

Se trataba también de fortalecer los estudios secundarios. En el Instituto Nacional se fortalecieron estudios de Humanidades, Historia Sagrada y Profana, cronología y geografía, matemáticas, física, química, geología, astronomía e historia natural, agronomía, entre otras materias.

El 1 de abril de 1875 se hizo un Reglamento del Instituto Nacional, en el cual se estableció la supervisión del Instituto por el Rector de la Universidad, y se trajeron profesores europeos para trabajar allí, abriendo sus puertas, el Instituto, el 16 de mayo de 1875, nombrándose Rector de la Universidad y del Instituto al Dr. Lorenzo Montúfar.

En esta segunda mitad del siglo XIX hubo un impacto muy grande en el nivel cultural, educativo y científico, con grandes cantidades de europeos, casi de todas las nacionalidades, que se trajeron al país a trabajar, con resultados muy valiosos, en el momento que el país se abría para procesos migratorios laborales para la construcción del ferrocarril, para lo cual llegaron negros, chinos e italianos, especialmente.

El 24 de diciembre de 1879 el Gobierno contrató a Valeriano Fernández Ferraz para dirigir el Instituto Nacional.

En 1883 el Presidente Próspero Fernández le fortaleció la vida autonómica a la Universidad, le devolvió el edificio que tenía y le aseguró su propio manejo de su Patrimonio. De nuevo el Gobierno de la República, entendiendo la importancia de la Universidad le aseguró su financiamiento y patrimonio físico ya existente.

En 1884, el 10 de marzo, por iniciativa del Presidente Próspero Fernández, se autorizó a la Universidad a fundar un colegio de segunda enseñanza llamado Instituto Universitario.

El 12 de agosto de 1885 se decretó por el Congreso Constitucional, a iniciativa del Presidente Bernardo Soto y de su Ministro de Instrucción, por lo demás también de Hacienda, Mauro Fernández, la Ley Fundamental de Instrucción Pública.

El entonces Rector de la Universidad, Alejandro Alvarado García, dijo: “Debemos felicitarnos en el Gran Día de la Patria, y felicitar a la juventud, que representa su pensamiento, por el poderoso auxiliar que la Universidad pone en sus manos para la prosecución de sus estudios. Con adelantos de este género podemos marchar unidos, con pie firme, por el camino del Progreso intelectual y moral, procurando, siempre el engrandecimiento, la prosperidad y la gloria de Costa Rica”.

Por iniciativa del gran educador Miguel Obregón Lizano el 15 de setiembre de 1884, día de celebración de la Independencia Nacional, se inauguró la Biblioteca de la Universidad, que al cerrarse la Universidad en 1888, se dispuso que esta Biblioteca se orientara para fundar la Biblioteca Nacional, que hoy lleva el nombre del ilustre Educador y Ministro de Instrucción.

Asociadas al proceso educativo en esos días se publicaron las Revistas “La Enseñanza” y el “Instituto Nacional”.

El 6 de febrero de 1887 se fundó el Liceo de Costa Rica, bajo la dirección y tutela de la Universidad de Santo Tomás, que ya solo tenía la Escuela de Derecho. Y, en 1888, se fundó el Colegio Superior de Señoritas, como las dos instituciones más importantes de educación secundaria en la capital.

El 20 de agosto de 1888 la Universidad de Santo Tomás se cerró, porque no “había condiciones sociales”, ni se estaba en el país en posibilidades de darle la organización que a sus funciones correspondía”.

Desde entonces, 1888, la enseñanza del Derecho nunca se interrumpió, porque la Escuela de Derecho permaneció abierta. Las Cátedras de Medicina y Farmacia fueron muy inestables.

Hasta 1888 la Universidad fue el principal centro científico y literario de la República, donde se formó la mayor cantidad de dirigentes del Estado y de la República.

El 29 de julio de 1890 el Presidente José Joaquín Rodríguez derogó el decreto de cierre de la Universidad, del 20 de agosto de 1888, y estableció que las propiedades de la Universidad se le devolvieran, sin embargo su Decreto que no se cumplió.

En su reemplazo se mantuvieron como Escuelas Superiores de Estudio, la de Derecho y Notariado y la de Ingeniería y Medicina.

Al mismo tiempo, el 12 de febrero de 1897 se fundó la Escuela de Farmacia, el 12 de marzo de 1897 la Escuela de Bellas Artes, en 1914 la Escuela de Pedagogía y, en 1926, la de Agricultura.

La Escuela de Derecho a partir del 1 de julio de 1891 se dispuso que la dirigiera el Colegio de Abogados, que ya se había fundado en 1882, hasta que en 1941 se integró a la estructura y organización de la Universidad de Costa Rica, que este año había abierto a sus estudiantes. En 1941 se abrió también la Escuela de Ingeniería.

En 1906 el Colegio de Abogados se pronunció por abrir de nuevo la Universidad.

El esfuerzo siguiente para abrir la Universidad se da en la década de 1930. En este período, el entonces Ministro de Educación, Teodoro Picado Michalski, del tercer gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno, en 1934, empieza a gestionar la apertura de la Universidad.

Bajo el Gobierno de Ricardo Jiménez se hacen negociaciones para traer de Chile una Misión Pedagógica y otra Económica para evaluar en esos aspectos al país. La Misión Económica la encabezó el Dr. Herman Max y la Misión Pedagógica la encabezó el Profesor Luis Galdámez. Con el Profesor Galdámez llegaron los Profesores Oscar Bustos, que tuvo a cargo evaluar la Educación Primaria y el Profesor Arturo Piga, la educación secundaria. Como asistentes de trabajo de esta Comisión se sumaron los profesores, recién graduados de Chile, Isacc Felipe Azofeifa y Carlos Monge Alfaro.

Para esos días se había constituido un grupo estudiantil llamado Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho. Los jóvenes de esta Asociación estuvieron presionando y movilizándose con la intención de que la Misión Chilena atendiera la necesidad de abrir la Universidad, por lo que ellos luchaban. Así el Profesor Galdámez asumió esa tarea.

En esos días se discutió sobre la Universidad Autónoma y sobre la Autonomía Universitaria. El punto medular giraba de si en la integración del Consejo Universitario debía estar o no el Ministro de Educación. Los estudiantes rechazaban su presencia. El propio Presidente Ricardo Jiménez se pronunció señalando que no debía estar. Manifestó que en esa figura si el Gobierno regenta la Universidad, lo que hacía el Gobierno era “darle sombra a la Universidad”, y que la Universidad debía ser “absolutamente libre” de todo tipo de banderías para su cometido académico científico.

En esta lucha opinaron con igual sentido Abelardo Bonilla Baldares, Carlos Monge Alfaro, Isacc Felipe Azofeifa, Luis Anderson, Joaquín García Monge, Alejandro Alvarado Quirós, Víctor Vargas Quesada, Benjamín Hernández, Napoleón silva y Teodoro Picado Mischalski.

Durante estos años el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se desempeñaba como Diputado, y seguía de cerca estas discusiones, a las que se había sumado Luis Demetrio Tinoco Castro, que al asumir la Presidencia de la República el Dr. Calderón Guardia, en 1940, le nombra Ministro de Educación y le dio el encargo de gestionar la apertura de la Universidad, así como de impulsar la derogatoria de las leyes liberales, de 1884, en el campo educativo.

El discurso al asumir la Presidencia el Dr. Calderón Guardia trazó su ruta de apertura de la Universidad. Luis Demetrio Tinoco, ya como Ministro, el 15 de junio envía el Proyecto de Ley al Congreso y el 20 de junio, de 1940, inició sus gestiones y negociaciones políticas, y con el sector empresarial, para lograrle los votos legislativos al proyecto de apertura de la Universidad. Los estudiantes de la Asociación Cultural seguían activos en esta lucha. El 5 de julio se pronunció a favor el Colegio de Abogados, el 10 de julio se sumó el Colegio de Ingenieros y el 17 de julio se sumó la Facultad de Odontología apoyando la apertura.

La discusión final profunda fue de si se restablecía la Universidad de Santo Tomás o se abría o creaba una Nueva Universidad. En el trasfondo, como sombra, estaba el hecho de que la Universidad de Santo Tomás el 7 de octubre de 1852 había sido declarada Universidad Pontificia, como parte de las relaciones que se estaban estableciendo con el Vaticano y el nombramiento que se estaba haciendo del Primer Obispo nacional, el Dr. Anselmo Llorente y La Fuente.

El período 1870 -1940 se había caracterizado por gobiernos liberales. El liberalismo político era lo dominante aun cuando ya habían surgido movimientos sociales, reformistas, socialistas y comunistas. El mismo Manuel Mora Valverde, como Secretario General del Partido Comunista, había sido electo en 1934, igual que Rafael Ángel Calderón al Congreso de la República, junto con el zapatero comunista Efraín Jiménez Guerrero, que se pasa al gobierno calderonista para apoyar políticas de calzado que el gobierno impulsaba.

El Dr. Rafael Ángel Calderón, de tradición católica familiar conservadora, había estudiado Medicina en Europa, en Bélgica, en dos universidades, la Universidad de Lovaina de tradición católica muy fuerte, donde se dice que lo influenció el Cardenal Mercier y el Código Social de Malinas, de esos años, y terminó sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas, de influencia socialista, en ese período, de manera que en estas dos vertientes de pensamiento fortaleció el propio el Dr. Calderón Guardia.

Cuando se suscitó la discusión de reabrir o fundar la Universidad, tanto el Ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, como el propio Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, siendo ambos de tradición católica cristiana muy fuerte, se pronunciaron por “abrir”, por “fundar” y por “crear” una NUEVA Universidad para no heredar el carácter pontificio que tenía la Universidad de Santo Tomás, y para no “apadrinarla” con este Santo, que ha sido padrino de muchas instituciones educativas en el mundo.

El Dr. Calderón Guardia se pronunció con claridad en la importancia de esta separación nominal religiosa. De allí que el acto que se iba a dar, en esos días, era para crear o fundar una NUEVA Universidad, la Universidad Nacional, como se le llamó, a la Universidad de Costa Rica, como hoy la conocemos. En la propuesta de Calderón era abrir la Universidad con bases sólidas y modernas.

El 6 de agosto de 1940 el Congreso de la República terminó sus debates sobre la aprobación de la apertura de la Nueva Universidad. El 20 de agosto se aprobó la apertura, como Ley de la República, y se pasó al Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia para sus sanción Ejecutiva, lo que el Presidente hizo, dándole el Ejecútese, a la Ley de creación de la Universidad, el 26 de agosto, hace 80 años.

Para el Dr. Calderón Guardia, continuando lo que ya había manifestado el 8 de mayo de 1940, se le estaba prestando “muy especial atención” a la educación por constituir, “el fundamento de contextura moral del pueblo”, y para concentrar “sus esfuerzos en la fundación de la Universidad Nacional”, añadiendo que la ausencia de Universidad, en el período anterior, había constituido una laguna que había obstaculizado el mejoramiento del nivel intelectual costarricense.

Para el Dr. Calderón Guardia, la Universidad debía “irradiar” sus luces y “esparcir el saber por todos los rumbos”, debía “dirigir la opinión pública en materia social, y hacer reverdecer la vida nueva al progreso general de la República”.

Igualmente, señalaba, el Dr. Calderón Guardia, que la Universidad debía abrir espacio para aprovechar toda la riqueza intelectual del país, con más opciones de estudios, para evitar “una proletarización” intelectual.

La fecha del 26 de agosto de 1940 para la firma del Presidente a la apertura de la Universidad Nacional, o de Costa Rica, no fue caprichosa ni casual. El Dr. escogió esta fecha haciendo coincidencia histórica con el 26 de agosto de 1789, cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se declaraban derechos «naturales e imprescriptibles» la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Pero, también, Declaración donde se enfatizaba en que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Donde “las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”, en que “nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley” y, en que “la libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.

Estos preceptos 1, 10 y 11 de la Declaración están implícitos en el concepto de Autonomía Universitaria, en todos sus alcances, de manera que el Dr. Calderón Guardia firmando la creación de la Universidad de Costa Rica la estaba arropando con todos los valores universales más importantes para el ejercicio libre de la vida docente universitaria.

A ello sumamos que la educación hoy se considera un Derecho. En Costa Rica cuando el Presidente Jesús Jiménez Zamora estableció la obligatoriedad, gratuidad y el financiamiento de la educación escolar, la estaba reconociendo como un Derecho de la niñez costarricense, y las Reformas educativas de Mauro Fernández, afirmaban ese Derecho para los jóvenes.

El Derecho a la educación es un Derecho Humano que tiene como finalidad establecer una educación primaria para todos los niños y niñas, desarrollar una educación secundaria accesible progresivamente a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y el acceso a la educación superior en función de los méritos.

Así, el Derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar con ellos una vida social plena. El Derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.

El Derecho a la educación hoy es un Derecho Humano reconocido y se entiende como el Derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria, para todo ciudadano, una educación secundaria, obligada a desarrollar por parte de los gobiernos, accesible para todos los jóvenes y adolescentes, y un acceso equitativo a la educación superior, con responsabilidad gubernativa de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria, con la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo.

Este Derecho a la Educación está contenido en numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos. Su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de 1966, ratificado por Costa Rica.

El Pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación, así, la «enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente»; la «enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita»; y la «enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita», señalando que debe «fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental, para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria».

Desde la creación de la Universidad de Costa Rica se estableció implícitamente la obligación de los gobiernos, sobre el derecho a la educación, a generar educación disponible, accesible, aceptable, y adaptable.

La educación no se considera un simple Derecho Humano más. Se le considera indispensable para el desarrollo de las personas y las sociedades, y se le considera como una herramienta del cambio social, y una forma de superar la pobreza, la marginación y la exclusión social.

En sus 80 años la Universidad de Costa Rica ha tenido 15 Rectores, con su actual “Rector” interino. Tiene su Escudo y su Bandera, aprobados en su última fecha el 20 de diciembre de 1999. Ha realizado desde 1946 siete Congresos Universitarios oficiales. Tiene hoy tras grandes campos, la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, que corresponde a la primera sede de instalación, el Área de las Instalaciones Deportivas, y la llamada Ciudad de la Investigación, todas en San Pedro de Montes de Oca, con un total de casi 500 hectáreas.

En el campo de la Academia y la Investigación la Universidad hoy tiene Facultades, Escuelas, Sedes universitarias regionales, 8 en el área de las Letras, 20 en Ciencias Sociales, 6 en Ciencias Básicas, 5 en Ciencias Agroalimentarias, 12 en el Área de Ingenierías, 9 en el Área de la Salud, la Escuela de Estudios Generales, el Sistema de Postgrado, y las Sedes Regionales, en San Ramón, Turrialba, Liberia, Puerto Limón, Puntarenas y Golfito. A todo esto suma La Radio Universidad, en sus distintas frecuencias, su Canal 15 de Televisión, el Coro Universitario, el Teatro Universitario, el Jardín Botánico, el Planetarium, Museos universitarios.

La Universidad de Costa Rica ocupa el primer lugar de las Universidades de Centroamérica, el 19 de América Latina y un reconocido lugar en las primeras 1000 universidades del mundo.

Cuenta la Universidad de Costa Rica de un vigoroso movimiento estudiantil surgido con el Consejo Estudiantil Universitario, desde su fundación, y con la Federación de Estudiantes de la Universidad desde 1958, que se acompaña hoy con grupos políticos y diverso tipo que existen a nivel estudiantil.

Con motivo de la celebración del 80 aniversario de la creación de la Universidad de Costa Rica, en mérito y reconocimiento al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, propongo públicamente que la Ciudad Científica, o a la Ciudad de la Investigación, se le nomine, y se le llame Ciudad Científica Universitaria Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Es quizá la mejor forma de agradecerle al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia su compromiso de impulsar su apertura y su fundación.

Con esto se estaría haciendo el mejor reconocimiento, al Gran Reformador Social de Costa Rica, que inició su Reforma Social con la apertura y fundación de la Universidad de Costa Rica, su primera Reforma Social, protegida hoy también por el sagrado manto de los Derechos Humanos en el campo de la Educación Superior.