Si juzgáramos el status científico de la economía con arreglo al grado de sofisticación matemática de su teorización, habría que reconocer que, con todos los honores, es una ciencia casi tan rigurosa como la física, y mucho más elaborada que cualquier otra ciencia social. Pero, en realidad, esa sería una conclusión demasiado apresurada. Lo cierto es que esa elegante fachada esconde algunas ruinas bastante miserables.
Hablo –necesario es aclararlo- de la corriente dominante de la economía, aquella que ha inspirado y guiado el núcleo principal de las políticas económicas en Costa Rica y en casi todo el mundo durante ya más de treinta años. Los fundamentos teóricos de esta economía han recibido críticas demoledoras que nunca han sido satisfactoriamente contestadas, cuando, por otra parte, es claro que su capacidad para la generación de respuestas sensatas y eficaces es realmente pobre. Intentaré ilustrarlo.
Primero, la crítica a la teoría del capital formulada por el Cambridge crítico y progresista de Inglaterra -con Joan Robinson y Piero Sraffa a la cabeza- en su larga polémica (entre 1953 y 1976) con el Cambridge neoclásico y conservador de Massachusetts, Estados Unidos, con Paul Samuelson como principal exponente. Un segundo caso: las críticas –provenientes de teóricos como Frank Ackerman y Alejandro Nadal entre otros- a la coherencia interna y la pertinencia económica de la teoría de la competencia perfecta, lo cual es asunto discutido por décadas e incluso en años recientes. En ambos casos quedaron al desnudo debilidades que socaban gravemente la solidez de ambas construcciones teóricas, con consecuencias fatales para el edificio teórico completo de la economía hegemónica.
Por otra parte, ya en los años treinta del siglo XX, John Maynard Keynes había formulado una crítica devastadora a la ortodoxia económica de la época. Al introducir la noción de incertidumbre, replantear radicalmente el papel del dinero y cuestionar en profundidad algunos otros supuestos, pulverizó el dogma de la “Ley de Say” que sostenía esas teorías.
Es curioso, sin embargo, como en cada uno de estos casos la ortodoxia económica ha maniobrado –con habilidad y cinismo- para seguir vigente como si nada hubiese ocurrido. En el caso de Keynes, rápidamente apareció una “síntesis neoclásica” (planteada inicialmente por el economista inglés John Hicks y retomada por algunos otros, entre ellos el mencionado Samuelson) la cual buscaba neutralizar los abrumadores cuestionamientos formulados por Keynes. Luego surgirían otros sofisticadísimos desarrollos teóricos (principalmente las teorías de las expectativas racionales y de los mercados eficientes) que pretendían poner nuevamente en pie, los falsos ídolos que Keynes derrumbó. En lo que atañe al debate Cambridge vs. Cambridge la cuestión fue mucho menos sutil: completamente derrotados en el campo teórico, literalmente terminaron por hacerse los desentendidos. Algo similar parece acontecer con las críticas a la teoría de la competencia perfecta: no obstante haber sido fulminada, sigue viva en los libros de texto y las aulas de muchas universidades y en el sentido común dominante de los economistas profesionales.
Así pues, la economía hegemónica es como una casa vieja habitada por fantasmas. Una idea-zombi; un muerto viviente que comparte el lecho con acaudalados empresarios; presidentes, senadores, diputados e influyentes periodistas. Justo eso es lo más grave: el zombi sigue teniendo tremendo poder y, por lo tanto, enorme capacidad destructiva. Tal connivencia con gente de tan rimbombante estatus explica, en parte importante, la vigencia que conserva este espectro errabundo: porque es una ideología conveniente para intereses de mucho peso. De ahí que estos se prodiguen procurando insuflarle vida no obstante encontrarse bien muerta.
En concordancia con sus falencias teóricas, esta teoría económica con seguridad provoca insensibilidad frente a los problemas sociales y humanos más acuciantes de nuestro tiempo. Es algo inherente a su visión epistemológica, es decir, le viene en la sangre, como parte de su herencia genética.
Ilustraré esto último en referencia a dos detalles clave: el concepto de “agente económico” que la teoría propone y su concepción del tiempo.
El “agente económico” se supone sea cualquier participante individual en la economía. La teoría usualmente habla de dos tipos de “agentes”: el consumidor y la empresa (jamás trabajadores y capitalistas, conceptos de los cuales esa teoría abomina). A tales agentes se les atribuyen principalmente dos características: (a) son racionales en el sentido de que buscan maximizar ciertos resultados (el consumidor maximiza la satisfacción derivada del consumo; la empresa maximiza ganancias); (b) poseen perfecta información o, cuanto menos, toda la información necesaria y relevante para tomar sus decisiones económicas. Obviamente estoy simplificando, pero en lo antes dicho residen las bases fundamentales de la teoría, desde las cuales se logra luego “demostrar” que los mercados se auto-regulan de forma automática y establecen equilibrios virtuosos.
Fácil se entiende que estos “agentes económicos” nada en absoluto tienen que ver con las personas de carne y hueso, las cuales no son racionales de la forma como esta teoría postula (a menudo más bien tienen comportamientos irracionales) y, en especial, no poseen la información ni tienen la capacidad para anticipar el futuro que esta teoría les atribuye.
Ahí entra entonces la concepción del tiempo: esta economía –y en particular las absolutamente básicas teorías de la competencia perfecta y de las expectativas racionales- imaginan mercados que, guiados por ese comportamiento racional de los agentes individuales, son capaces no solo de lograr equilibrios virtuosos, sino de hacerlo en forma instantánea. Ello en una de sus posibles vertientes. Otra posibilidad es que, aún si no se diera un ajuste instantáneo, en todo caso los “agentes” poseen capacidad para anticipar el futuro con exactitud y precisión, lo que garantiza que el equilibrio virtuoso se restablezca de forma suave y armoniosa, cada vez que sufrió alguna perturbación. Es un tiempo lógico –no el tiempo real- donde pasado, presente y futuro se comprimen en un instante sin que el mundo jamás cambie.
Así son las cosas puestas en términos simplificados. Un universo imaginario que nada en absoluto tiene que ver ni con las personas realmente existentes, ni con ninguna realidad social e histórica conocida, en el que incluso se invalidan las leyes de la física al hacer posible lo imposible.
Quienes así razonan –y acontece que ese es el caso de la gran mayoría de economistas- no miran seres humanos ni sociedades reales, sino tan solo una alucinación teórica. Inevitablemente ello lastra su capacidad para la solidaridad y la empatía, lo cual se manifiesta en una manifiesta indiferencia frente a las situaciones de dolor humano, de pobreza, desigualdad y marginalización.
En conclusión: difícilmente esta economía logra dialogar con los derechos humanos o las nociones de justicia, equidad y democracia.
Tomado del Blog “Soñar con los pies en la tierra” de Luis Paulino Vargas
El déficit es un problema serio pero debe enfrentarse de otra forma
Con suma satisfacción expresamos nuestro regocijo ante el fracaso de la intentona neoliberal parlamentaria de pretender resolver el serio problema del déficit fiscal, afectando una importante cantidad de programas ministeriales de corte social, vía recortes presupuestarios irreflexivos y aplicando tijeretazos irresponsables. El fundamentalismo neoliberal fracasó y la apuesta por la inclusión social ganó.
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la alegría es mayúscula, toda vez que en esta circunstancia del debate sobre el presupuesto “de la República” para el 2015 y desde una perspectiva social-sindical, fuimos pioneros en formular un fuerte y sólido planteamiento crítico contrario al de los fundamentalistas del déficit; denunciando la campaña de terror psicológico en contra de la población, y las catastrofistas predicciones acerca de la “llegada del Apocalipsis” y del “fin de los tiempos”, porque el déficit podría llegar al 6 – 7 %, en el 2015, a raíz de dicho presupuesto.
En tal coyuntura, nuestra apelación al concepto sociopolítico de la Democracia de la Calle, se ha validado como opción legítima para interpelar a un sistema político (en este caso, el Poder Legislativo), cuando las decisiones a adoptarse contrarían la promoción del bien común y de la inclusión social en escenarios tan terribles como el que vive nuestra Costa Rica hoy, de un crecimiento, todavía susceptible de ser detenido, de una desigualdad que amenaza la paz social.
Precisamente, la rotunda oposición que manifestamos desde la ANEP y desde el inicio de este ataque neoliberal contra el presupuesto del 2015, se basó en que los recortes irreflexivos y los tijeretazos irresponsables, alimentaban ese crecimiento de la desigualdad que amenaza la paz social.
Esta lucha sindical contra los recortes presupuestarios se ha visto fortalecida con la inserción cualitativamente fuerte de las importantes organizaciones laborales coaligadas en la unidad sindical de corte estratégico PATRIA JUSTA, las cuales puntualizaron, una a una, las graves repercusiones de los ahora fracasados recortes al presupuesto del 2015. (Ver archivo adjunto).
El control del gasto irresponsable, la demanda de cuentas a los incapaces de ejecución presupuestaria especialmente para atender las necesidades sociales crecientes, el combate frontal a toda forma de corrupción con los fondos públicos y/o con las compras que el Estado debe ser a privados, elevar la eficiencia y la eficacia de la prestación de servicios públicos, atacar con dureza la indolencia (entre otros), son factores de una agenda de lucha obrera de nuevo tipo que la coalición sindical PATRIA JUSTA ha decido impulsar como parte de su planteamiento estratégico.
Ha fracasado la “coalición de facto” que formó el fundamentalismo neoliberal y su cruzada contra los recortes presupuestarios. Especialmente, debemos resaltar a varios de los culpables de pretender mayores niveles de desestabilización social y de alteración de la paz social si tales recortes se hubiesen concretado: por ejemplo, los diputados Ottón Solís, Mario Redondo, Otto Guevara y Rosibel Ramos, junto a los del que una vez fuera partido socialdemócrata, hoy neoliberal, Liberación Nacional, destacan entre los perdedores.
Perdedores tanto como el empresariado cupular corporativo de rabioso corte antisindical; así como el latifundio mediático evasor de impuestos y alguna prensa, televisiva y de radiofonía histérica, que sigue su línea “informativa”.
La salida al problema del déficit es por otro lado. La coalición sindical PATRIA JUSTA decidió hacer suya la propuesta social al respecto, denominada “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, originalmente tutelada por la ANEP y otros sectores sociales.
Finalmente, debe quedarle claro al pueblo trabajador, a la ciudadanía patriótica costarricense, a quienes viajan hacia la desigualdad total y a quienes ya, desgraciadamente, han caído en la más dolorosa pobreza, que todo esto apenas empieza; pues de lo que se trata es, precisamente, de una lucha sostenida para que Costa Rica recupere su histórico nivel de inclusión y de movilidad sociales.
Seguiremos luchando por ello, apelando al legítimo camino de la otra Democracia, la Democracia de la Calle.
Si el proyecto de APM plantea HACER LO MISMO que AMEGA, hay algo que no encaja…
La terminal de APM sería para atender portacontenedores con alrededor de 2.500.000 contenedores anuales. El comercio tico está muy lejos de esa cifra; por eso APM -en otros casos- busca países con más de 200 millones de habitantes que atender en sus necesidades de importación y exportación. –
Para Costa Rica la operación “complementaria” (¡!) sería la de recibir los 12.000 o 16.000 contenedores de un buque, pasarlos a la «isla» del tamaño de La Sabana y de ahí ubicarlos en buques más pequeños que puedan pasar por el canal de Panamá, y atracar en otros puertos del continente.
Ha quedado claro que la propuesta de AMEGA relacionada con el canal seco, sigue la misma idea, o sea, paso de contenedores a una plaza, como acción previa a trasladarlos por tren eléctrico de Parismina a Bahía Salinas, en ambos sentidos. Aunque se habla de una concesión de 50 años, lo «verde» de la iniciativa se evidencia cuando informan que el puerto en la vertiente del Pacífico, sería en Bahía Salinas. Y es que cuesta entender cómo NO CONSIDERAN en su planificación, que Bahía Salinas es una bahía de SOBERANÍA COMPARTIDA ENTRE COSTA RICA y NICARAGUA.
Soslayar esa realidad es imposible pues para esa terminal portuaria, tendría que contarse con la participación del gobierno nicaragüense. Algo que, evidentemente, no es recomendable ni siquiera intentarlo.
Otro aspecto tiene que ver con la generación eléctrica que el proyecto requiere y que no se vislumbra poder satisfacer, en vista del déficit que nos agobia. Y tercero, pero no menos trascendental, es la dependencia de las dos concesionarias por el mismo servicio, y quizá hasta por los mismos clientes potenciales. ¿Aceptaría la empresa APM Terminals un competidor tan poderoso como ella misma? – ¿O será que la empresa estadounidense AMEGA estaría valorando que el proyecto de APM es inviable, lo que abriría opciones de ingresar al negocio con su proyecto de traslado por ferrocarril?
Caben las preguntas, pues como parte del contrato negociado por los exministros Francisco Jiménez y Fernando Herrero, con los representantes de APM, se incluye “la actividad de trasbordo” como una “actividad complementaria”. Y es más, se estipula que si esa actividad representara “más de un 10% de la carga por operación”, el gobierno podría autorizar un porcentaje mayor. Nótese que se dice “más de un 10%” sin señalar topes porcentuales.
Como así fue “negociado” por los citados exministros, APM está en todo su derecho de vislumbrar que su terminal portuaria pudiera tener una fuerte función dedicada al trasbordo de contenedores entre grandes buques hacia otros más pequeños, y viceversa. Sea para los que naveguen por el canal de Panamá o para atracar en puertos que no pudieren recibir los gigantescos portacontenedores.
Aspecto competitivo que tiene que ser considerado por los amigos de AMEGA en su proyecto de “canal seco”, pues en muchos casos el objetivo de alcanzar el otro litoral dependerá de las tarifas, tiempos y otros aspectos que ellos conocen muy bien, para que el negocio pudiere ser rentable.
El corte inesperado de las Conversaciones en La Mesa de La Habana por parte del Presidente Juan M. Santos; mas pareciere una prueba de fuego o de imposición inducida por el ejecutivo gubernamental, que una afrenta para que la contraparte Insurgente, varié el comportamiento normal de unas conversaciones, concebidas en continuidad con el medio del conflicto armado activo y en creciente escala en Colombia.
No se sabe porqué la sobrada inteligencia militar, la preconcebida capacidad gubernamental y la despechada expresión de una esposa confundida, no atinan en coincidir cómo un “hombre de acero”, desde los 13 años con formación escolar castrense, 31 años de servicio y «comandante de la “Task Force TITÁN”; con experiencia en combate, lancero, con especializaciones en Militar Police nacional e internacional y doctor en Militar Science»; pudo osar adentrarse en pequeño caserío tupido de selva chocoana, en pantalones cortos, sandalias de turista, acompañado junto con dos efectivos militares de civil y una abogada funcionaria instructora del ministerio de la guerra, tropicalmente ataviada. Fémina en quien no me detendré, so pena de incurrir en desventajoso sarcasmo.
Del particular general que hoy es noticia en Colombia y el mundo, se extracta una hipotética concepción del conflicto interno armado colombiano; más que diferente, acorde con el derrotero que al mismo le ha trazado la dictadura mediática impuesta en Colombia.
Surge entonces el planteamiento si en realidad de verdad la constante nazi de los apóstoles del Hitler criollo, entronizados en los medios de comunicación e intoxicación masiva, de repetir una calumnia mil veces, algo queda y se vuelva “verdad” oficial; haya calado de tan genuina forma en la mentalidad del generalato colombiano, al menos en tan ilustre exponente en el caso de marras y que analizaré más adelante, como víctima de su propio invento.
El escenario de los contrarios
En Colombia buena parte del acontecer político transita en la posición inmutable oficial de encontrarse ante una insurgencia desgajada y en vía de extinción. Concebir como expresión de debilidad el sentarse a conversar y ceder unilateralmente concesiones dadas, en treguas, ante declaraciones dantescas, como la de órdenes presidenciales de ejecución al comandante Cano, reducido, desarmado y vestido de civil. Debilidad e impotencia insurgente ante acrecentados y devastadores ataques de la poderosa fuerza aérea de temible desasosiego a nivel continental. De debilidad política, ante la indolente actitud de no asumir la contraparte gubernamental, como actor de soberanía ante el gobierno USA, para que un plenipotenciario asomado por la contraparte insurgente como lo ha sido el ausente Simón Trinidad Palmera, pudiere ocupar esa silla vacía. De otorgar, ante ninguna expresión de retribuir, nuevas situaciones o actitudes alternas que asome alguna voluntad política de ajustar aplicabilidad gubernamental a los temas conversados en los puntos tratados en la agenda acordada; como la arremetida terrorista estatal contra nacientes organizaciones política populares (La Marcha Patriótica) y el ascendente movimiento de masas, asesinando selectivamente a sus cuadros políticos.
Esto y algo más en notorio contraste con la actitud respetuosa, asumida por la contraparte insurgente, en respetar la decisión sin objeción alguna de los integrantes del equipo negociador del establecimiento. Retomando la posibilidad de nuevas concesiones unilaterales, que palien o mitiguen el sufrimiento y dolor de la guerra y sus efectos en la población civil; unido a la constante e inmodificable voluntad de acordar un cese del fuego bilateral, como escenario imprescindible de una negociación política que busca, precisamente, la solución del conflicto interno armado de una forma civilizada, política y no por la vía militar. Lograr la concertación de acuerdos sobre temas álgidos ya abordados y reservar el optimismo de la refrendación sobre lo no acordado.
Pero no, la tendencia guerrerista de la extrema derecha es la que se impone; como si el mandato de la paz le perteneciera a un mandatario de turno y no a toda la sociedad colombiana y al interés público internacional.
Lo cuyuntural actual
Remito a tres circunstancias somero comentario sobre la situación actual.
El registro de dos soldados del ejército, capturados en el Departamento de Arauca por la insurgencia, en combate a cielo abierto.
La aplicación de la Justicia Indígena a siete miembros de la insurgencia, en el Departamento del Cauca
La captura de un general del ejército y sus acompañantes, vestidos de civil y desarmados en un entorno de escenario territorial de guerra, en el Departamento de Choco.
Todas las tres situaciones enunciadas están centradas con-causalmente, o con nexo de relación, con el carácter beligerante de una fuerza insurgente que califica dentro de la determinación y definición del derecho público internacional (DPI).
De la autonomía y llamada justicia indígena
En el Departamento del Cauca las Farc-ep celebraron el 3 aniversario de la muerte del comandante Cano, colocando grandes vallas, alusivas a su persona y al impulso de las Conversaciones en la Mesa de La Habana. Los indígenas del Cabildo rechazaron la medida y decidieron en grupo bajar una de las vallas y destruirla. Esto trajo la reacción de los milicianos farianos, quienes en franca gresca con los indígenas, impusieron el uso de sus armas de dotación insurgente, resultando muertos dos indígenas. Los integrantes del Cabildo Indígena se retiraron y en consonancia con la Guardia Indígena, en numero de 400 efectivos, procedieron a perseguir a los guerrilleros; registrándose la detención de ocho guerrilleros por parte del Cabildo. De inmediato anunciaron que los detenidos serían juzgados por la muerte de los dos indígenas. Que en desarrollo de las condenas, los condenados serán entregados a las autoridades del Estado colombiano, para cumplir pena privativa de libertad; aplicarían la pena del destierro y la de latigazos en carne viva; que dos menores de edad serán azotados y sometidos a nuevo juicio cuando sean mayores de edad. Que en el acto del Juicio en Audiencia pública destruirán los uniformes incautados y armamentos decomisados a los guerrilleros detenidos. Que estarían presentes comunidades indígenas del departamento del Cauca, representantes del Cric y de la Acin y diversos organismos humanitarios (¡!). En tanto, el ejército nacional anunció la aplicación de férreos anillos de seguridad para garantizar los eventos y evitar un contraataque o enfrentamiento con las tropas insurgentes.
El pasado 11 de noviembre ante y en una Audiencia Pública de cuatro mil indígenas, concentrados en Toribio, concluyó el Juicio Indígena contra los 8 guerrilleros de las Farc-ep. En el juicio, se ve la fotografía de los guerrilleros atados de manos atrás y sentados.
Pues conforme al derrotero explicado, la tal Justicia Indígena, no deja de ser más que un desafuero. Comenzando por que la citada norma constitucional (artículo 330, in si tu) determina las funciones autonómicas y en modo alguno está lo de la reglamentación de la llamada “Justicia Indígena”.
Sucede pues que en Colombia viene haciendo carrera lo de El Mito del “Derecho Mayor”. Pretenden equiparar lo de la jurisdicción indígena, con la “justicia propia”, que se dice tiene su origen en “los usos y costumbres de sus comunidades”. Nada tan peligroso como retardatario. Para muestra el botón de juicio a los guerrilleros de las Farc-ep. La mediática glorificó la eficiencia de esa justicia porque a los sindicados los condenaron en par patadas a penas de 60 y 40 años de prisión; les dieron rejo y fuete y los desterraron. Y permitirían que paguen las condenas en cárceles estatales (?); en clara conducta para-estatal-. Y que dos menores de edad volverán a ser enjuiciados por los mismos hechos cuando cumplieren la mayoría de edad.
Estamos ante la glorificación del fundamentalismo étnico o racial de minoría contra propios o extraños; puesto que la sola manifestación del Cabildo de ser de esa etnia constituye prueba irrefutable. Sin embargo no pueden acallar al juzgado o condenado cuando concluyó el hoy condenado por la justicia de la jurisdicción indígena: «Yo prefiero responderle a la organización a la que pertenezco y no a otra autoridad». Esa tal justicia indígena es el retroceso mayúsculo del derecho y garantías penales al Medioevo. Sin garantías procesales dizque fueron enjuiciados. Sin derecho a la defensa; a las instancias y al debido proceso. Que insulto para Beccaria. Que insulto para el estado de derecho en Colombia. Autorregulaciones que afectan el vuelo de los derechos fundamentales y humanos.
De los prisioneros en combate
A la luz del derecho público internacional (DPI) el caso de los dos solados hechos prisioneros por una fuerza insurgente en el Departamento de Arauca, califica de retención de prisioneros de guerra. No son secuestrados por delincuencia común. Más aun: en el caso del conflicto armado interno colombiano, en que el status de beligerancia de esas guerrillas está avalado por escenario de conversaciones en territorio de país soberano; con países garantes y países facilitadores ante la comunidad internacional; con rango de plenipotenciarios los integrantes- delegatarios de cada parte contrincante; confluye un elemento esencial a ese status y es la existencia del requisito territorial. Significa ello que la fuerza beligerante e insurgente operan en un territorio y en el que permanecen, aún sea pasajero pero intermitente de ida y regreso. Las llamadas “zonas”: una vez de unos y también de los otros. Además, es requisito sine qua non que esa fuerza insurgente porte sus armas de dotación, se identifique con uniformes y exhiba las insignias y/o charreteras en las acciones.
El caso del general Alzate Mora
Es por lo anterior que se puede comprender que la retención de personal no uniformado, sin insignias ni charreteras, sin armas de dotación visibles, ni en transporte militar incautado o destruido; se pudiere calificar como de retenidos en combate o prisioneros de guerra por parte de la insurgencia. Como tampoco el abreviar que los captores lo hicieron o actuaron como unidades uniformadas de combate con insignias visibles que los caracterizaran como tales. Así planteado y entendido, nos encontramos en que los retenidos en el caserío chocoano; en el momento de tal retención califican como civiles; independientemente que luego se defina son integrantes activos de la contraparte bélica: el ejército colombiano.
Pero como las normas del derecho internacional público, son consuetudinarias y de hecho (no plasmadas en letra alguna); corresponde aplicar una interpretación de hecho tan inusitado, como resulta que uno de los retenidos es un alto oficial en grado de General del Estado en beligerancia, o de una de las fuerzas contrincantes en el conflicto bélico interno nacional. Esa atípica o particular situación dada, corresponde solo calificarla, bajo la insalvable observación del Derecho Internacional Humanitario. Comenzando por el interés de la opinión pública nacional e internacional en que por ningún motivo intentaren extraer a la fuerza (física o moral) y con violación a los derechos humanos información privilegiada que pueda conocer cualesquiera de los así capturados. La dignidad del soldado está trazada entre el General retenido y el Comandante en jefe de esa fuerza insurgente colombiana
La tal osadía del general Alzate Mora
Todo parece indicar que la presencia del General Rubén Darío Álzate Mora en el Corregimiento de Las Mercedes, cerca de Quibdó, fue resultado de impulso a su iniciativa personal de la materialización de un proyecto cívico-militar de electrificación a esa empobrecida comunidad chocoana. De ser así, pudo haberse constituido en algo rutinario sus idas al caserío, en la que en una de las fotografías se le ve rodeado de alegres caras infantiles del lugar. Denota una personalidad de anfitrión, conforme a los datos que circulan en los medios. Sublima la consecuencia de un general en aplicación de emulo gerencial. Sorprende que siendo Comandante de la 15 Brigada de la Fuerza de Tarea Conjunta TITAN, haya roto todos los protocolos de seguridad que su cargo implica. Al respecto existe asombro e interrogante en explicárselo desde el propio Presidente Santos, hasta el maestro Carlos Gaviria, por haberse introducido desarmado y sin escoltas, a selvático lugar, sin una intención manifiesta. Claro que eso no es propio de brutos, ni olvido ocasional. Necesariamente obedece a una idea preconcebida y puesta en práctica. El ya famoso General Álzate Mora, además de tropero, denota ser tenaz en lo que concibe.
Comencemos con la denominación de Titán, a la fuerza de tarea por él comandada
Los neófitos civilistas nos hemos ido familiarizando con las estrambóticas denominaciones como califican los programas de guerra. Así, un “Plan Colombia”, que fue impuesto con denominación y todo por el imperio, reducido a puros intentos y proyectos al no resultarles lo que se traían entre manos. El “Plan Patriota”, como intento para arrasar de la faz del territorio a la insurgencia colombiana; que abusa deleznablemente del concepto de “patriota”, pues contribuyó a la servil consolidación de los grandes explotadores extensivos de las locomotoras extractivas de nuestros recursos naturales. Pero esta de FUERZA DE TAREA TITAN, sí que merece atención aparte. Comencemos porque la utilización de la denominación TITAN alude a lo que es más o menos imposible de lograr. De los Titanes se sabe en la mitología griega, fueron los parias, hijos del cielo y de la tierra, que intentaron escalar el cielo de los dioses amontonando una montaña sobre otra pero fueron derribados por Júpiter. Por barbarismo se asimila titán a gigante; pero nada más lejano de la realidad. De manera que el trabajo cívico-militar que pretendió aplicar el General Álzate Mora, hoy en un verdadero laberinto, si correspondería calificarlo como de titanes, de fracasos. Que en pleno conflicto armado interno colombiano; en zonas de guerra y de persistente presencia insurgente, aplique una intención de empresa comunitaria, con la ayuda de un ejército del que hace parte, que se ha comportado históricamente como un ejército de invasión a su propio pueblo; dadas las asimiladas doctrinarias de luchar contra a quien consideran como su enemigo interno armado, no dejará de ser un proyecto falaz. Pretender que un ejército concebido para la guerra interna y expansionista agresiva, presente algún signo de social; resulta igual que concebir que una economía de mercado, neo liberal y conservadurista, insensible y salvaje, pueda tener asomo de contenido social.
Pero lo que hay que destacar del General es su vocación gerencial. Sus atestados en especializaciones en “Militar Police nacional e internacional y doctor en Militar Science», se agregan a las de pos grados en Alta Gestión, Conectividad con Empresas en Alta Tecnología y Cómputo en la Nube. Junto con su asesora de infortunio, la abogada institucional Gloria Alcira Urrego Paba, adquirió pos grado en Especialización de Generación de Proyectos en Conectividad, otorgado por la reconocida Universidad Para La Cooperación Internacional (UCI) con sede en Costa Rica. Algo así como la meca del capitalismo académico, en que se preparan los ejecutivos del momento en la investigación como instrumento económico, en las que el investigador es exhortado a convertirse en emprendedor de ideas “locas”, en el mejor sentido de la palabra, bajo un fin económicamente productivo. Quizás esto fue lo que llevó al desafortunado general al impulso triunfalista y en la aplicación unilateral de semejante proyecto cívico-militar; lo cual demuestra la capacidad del ejército colombiano de ser un estado dentro del estado y la transformación de esa institución en un carácter promisorio de partido político. Dejo así, porque apenas comienza el desenlace de algo que no es incierto para el bien de la población colombiana.
La palabra “transparencia” ha sido incorporada en el léxico político demagógico de manera tal que aparece en cualquier discurso, texto y planes para el desarrollo de manera obligada, si no, el plan o el discurso no es creíble. Es aun más obligada su utilización que la palabra “cambio”. Se utiliza por cualquier político y desarrollista sin importar la corriente ideológica que profese, pero aun más por las corrientes conservadoras, quienes dominan el espectro político de países europeos, norte americanos y centro americanos.
Antes de ser descubiertos algunos políticos en sus actos corruptos, como ocurre ahora en España, éstos utilizaron esa palabra cuantas veces salieron a promover su imagen de líderes. En nuestros países centroamericanos, esa palabra esta tan prostituida que muchos grupos sociales honestos se empieza a resistir en utilizarla.
Y es que esta palabra debe ir acompañada por una corta expresión de tres más que expresan y comprometen a la acción y cumplimiento como son “rendición de cuentas”. Si no hay rendición de cuentas, la palabra “transparencia” es tan nula como lo sería un juramento ante un altar cristiano por un político dictador que se golpea el pecho diciendo que gobierna democráticamente. Sucede que los lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, en discusión el fin de semana anterior en Washington, para resolver los problemas que provocan la migración masiva de menores hacia los Estados Unidos de Norte América, tiene un subtitulo en el inciso D ii numeral 2.50: Aumentar la Transparencia. Los tres gobiernos dicen:
“A fin de promover la mayor eficiencia en el uso y la distribución de los recursos públicos y mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado, apoyaremos la implementación efectiva de las leyes de acceso a la información, incluyendo la definición y puesta en práctica de estándares de datos abiertos y el fomento del uso de la información pública para acceder a otros derechos, como salud, educación y vivienda. Asimismo, desarrollaremos e implementaremos mecanismos de transparencia presupuestaria (incluyendo geo-referencia del gasto público) y se fortalecerán los sistemas de adquisiciones, compras y licitaciones de obras públicas que permitan un mayor control y transparencia de los procesos y gestión de recursos. Por otro lado, se fortalecerá la transparencia en los procesos administrativos. Estas acciones serán complementadas con el mejoramiento de los sistemas de control y auditoria pública.”
Al menos en Honduras el Estado-Gobierno se blindó ante cualquier pesquisa ciudadana con las leyes que debe cumplir de Seguridad de Información y recientemente con la centralización de poderes en el Fiscal General, además de la concentración de poderes en el Ejecutivo y la actitud de obscurantismo que manejan todas las instituciones del Estado y sus máximos dirigentes.
Luego, el Plan está diseñado de manera tal que la casi totalidad de la gestión quedará en manos de las empresas privadas nacionales e internacionales, las cuales no están obligadas a dar información ni rendirle cuentas a la ciudadanía. En Centro América los capitales privados son un misterio, excepto cuando los bancos multilaterales, que sí obtienen la información, tienen la voluntad de publicarla, o el periodismo investigativo externo logra publicar los datos. Este secretismo contribuye al lavado de activos por lo que fortalece la corrupción ya institucionalizada.
Desde que los gestores de este Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte lo hicieron a espaldas de los dis que beneficiarios: población que huye de la miseria, la violencia y el atropello a sus derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas está y estaría ausente en todo el proceso.
Con la discusión de este plan, hecha en cuartos cerrados y “oscuros” por tecnócratas y políticos defensores hasta morir del libre mercado y, últimamente en un Foro de cuatro gobernantes y banqueros internacionales, podemos augurar un manejo eficiente de la inversión de nuestros recursos para beneficio de otros donde esa gran mayoría de ciudadanía deseosa de emigrar y migrantes actuales, recogerá las migajas que caigan de la mesa. El colmo es que quienes pagarán los créditos de ese plan será ésta y las próximas generaciones.
Si usted revisa las tasas de interés que los bancos en Costa Rica –públicos y privados- cobran sobre el crédito destinado a actividades productivas como la agricultura, la industria y la construcción, se encontrará con que éstas oscilan en el rango de 14 al 19% anual. Entretanto la inflación se sitúa en este momento en un 5% con tendencia decreciente (fue 3,68% para todo 2013). Si luego usted mira las tasas de interés sobre depósitos, se encontrará que para un año plazo se paga un interés de alrededor del 6,5%. Adviértanse entonces dos detalles:
(a) el amplio margen entre las tasas activas (las que se cobran sobre créditos concedidos) y tasas pasivas (las que se pagan sobre los depósitos);
(b) el amplio margen que asimismo existe entre esas tasas activas y los índices de inflación.
El punto (a) nos advierte sobre dos posibilidades: que la banca (tanto pública como privada) es muy ineficiente, lo cual se refleja en un margen muy amplio entre las tasas a las cuales se captan recursos y las tasas a las que se conceden los créditos, o bien que hay un juego de extracción de rentas, que los bancos realizan por medio de ese amplio margen. Lo más probable es que en la realidad lo que se da es una combinación de ambas cosas.
El punto (b), por su parte, refuerza la tesis de la extracción de rentas, pero en este caso directamente del bolsillo de los clientes a los que los bancos conceden crédito, toda vez que se les hace pagar unas tasas de interés que, una vez compensada la inflación, dejan un amplio margen a favor de los bancos.
Obsérvese, por otro lado, lo que ocurre con el tipo de cambio colón-dólar. Recordemos que por tres años consecutivos –entre los últimos meses de 2010 y finales de 2013- el dólar se mantuvo pegado en 500 colones o poquito más. Cierto que a inicios de 2014 las cosas cambiaron: a finales de enero empezó a darse una devaluación que llevó el tipo de cambio a cerca de 570 colones hacia el 10-11 de marzo. Luego de lo cual la intervención del Banco Central hizo que el valor del dólar volviese a deslizarse hacia abajo. Y si bien no volvió a los gloriosos 500 colones, si se ha estabilizado –desde hace ya más de cuatro meses- en los alrededores de 540 colones por dólar.
¿Quién gana y quién pierde con esta estabilización del dólar? Es usual que se piense que la ganancia es para toda la población, entre otras cosas porque ello contribuye a que la inflación se estabilice y, obviamente, abarata relativamente los productos importados. Y, sin embargo, estos beneficios son discutibles, en primer lugar porque no obstante la relativamente baja inflación, los datos disponibles (elaborados por el INEC) claramente muestran que durante estos años de inflación reducida (2009 en adelante), los salarios sin embargo se han quedado a la zaga. A fin de cuentas, pues, el poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de la población va cuesta abajo.
Es ciertamente paradójico: tipo de cambio estable, baja inflación y…¿salarios reales decrecientes? Creo que la explicación de esto último hay que buscarla en tres factores estrechamente relacionados entre sí: el debilitado dinamismo de la economía, el grave deterioro de la situación del empleo y la desorganización de los trabajadores y trabajadoras. Ello ofrece un cuadro propicio al deterioro de los salarios.
Y, en fin, ¿por qué la economía se ha mantenido débil y, encima, por qué tiende a debilitarse aún más en los últimos dos años? Las razones son diversas y algunas tienen que ver con los efectos negativos derivados de la muy mediocre evolución de la economía mundial durante los últimos siete años. Pero también hay factores internos que afectan. Uno de los cuales es, muy probablemente, el tipo de cambio. El asunto es que la estabilidad aparente que durante años ha mostrado éste último, implica, cuando se descuenta la evolución de la inflación, un aumento de los costos relativos con que –comparativamente a sus competidoras externas- producen las empresas costarricenses. Y ello afecta al sector turismo, a las actividades exportadoras pero también a las industrias y actividades económicas cuya producción compite con productos importados. Una forma de ilustrarlo es viendo la evolución que registran las exportaciones costarricenses. En los años anteriores a 2008 –especialmente el bienio 2006 y 2007- crecían en los alrededores del 15% anual. Tras el bajón de 2009 y hasta la actualidad, ello ya no es posible. Hubo un amago de recuperación en 2012, el cual demostró ser muy transitorio. En los últimos dos años el comportamiento de las exportaciones es simplemente decepcionante (su crecimiento es cero o negativo).
Así pues, y en contra de lo que usualmente se cree, la situación que se registra en relación con el tipo de cambio colón-dólar genera mucho más daño que beneficio. Eso es así para la mayor parte de la economía y de la población, aunque no para los bancos. Para éstos el tipo de cambio férreamente estabilizado es un excelente negocio. En primer lugar porque ello propicia la atracción de capitales en dólares que alimentan la colocación de créditos con ganancias más que sustanciales para los bancos. En segundo lugar porque el tipo de cambio estable actúa como una ancla que frena la inflación y contribuye a mantenerla baja. Lo cual también favorece el negocio bancario, ya que, como hemos visto, estos colocan créditos sobre los cuales cobran tasas de interés mucho más altas que la inflación vigente.
Todo este juego financiero en relación con tasas de interés y tipo de cambio redunda finalmente en lo mismo: jugosas ganancias para el sector financiero. No es casualidad que la actividad financiera crezca a tasas que exceden del 7% anual cuando la economía en su conjunto lo hace al 3,5%-3,6% anual. Visto de otra forma: la proporción que los servicios financieros representaban en el PIB era del 4,0% a inicios del nuevo siglo, alcanzó 4,7% en 2006 y salta al 5,8% en 2014.
En síntesis: la conducción de la economía en gran medida responde a los intereses del negocio financiero (banca y flujos de capitales), con consecuencias muy dañinas para la actividad productiva, la generación del empleo y las situaciones de pobreza y desigualdad. Y aunque por una cuestión de extensión aquí no podré explicarlo, incluso toda la discusión sobre déficit fiscal y recortes presupuestarios está igualmente condicionada por el predominio de tales intereses.
Tomado del Blog Soñar con los Pies en la Tierra de Luis Paulino Vargas.
A su llegada a Costa Rica, después de finalizar sus estudios de Medicina en Bélgica, el joven doctor Rafael Ángel Calderón Guardia no pudo menos que impactarse por la situación social y económica de sus compatriotas. La indolencia de los gobiernos sumada a la pasividad de la iglesia católica costarricense, mantenían una clase de inmovilismo muy cómodo para los que ostentaban el poder. El pobre debería de agradecer a Dios su situación; con ello se aseguraba su lugar en el cielo.
La ESPERANZA DE VIDA era inferior a los 47 años, y por supuesto, las familias obreras y campesinas eran las más abatidas. Situación que conocía muy bien desde su función de médico. Diputado a partir de 1935, comprometido con los más pobres, sabía que sus desvelos, causados por las escasas respuestas del Estado, le perseguirían mientras no tuviera oportunidad de actuar y poner en ejecución la doctrina social de la iglesia de la que se había nutrido en Europa.
Así, al quedar electo presidente con un apoyo superior al 80% de los votos, fiel a sus ofrecimientos de campaña, se dedicó con especial ahínco a elaborar los proyectos de ley que le sirvieran al pueblo encontrar los senderos que les permitieran alcanzar el anhelado BIENESTAR SOCIAL. Fueron meses altamente fructíferos, durante los cuales se emitieron leyes y reformas constitucionales que atendieron las necesidades urgentes. Y así, sin perder valioso tiempo, puso manos a la obra. Hizo nacer la “Junta Nacional de la Habitación y la Cooperativa de CASAS Económicas «La Familia», La “Reforma Constitucional de las GARANTÍAS SOCIALES” que sentara las bases de la justicia social ausente del hogar costarricense. Y no menos trascendente fue la ley que establecía los SEGUROS SOCIALES obligatorios… “como única fórmula que armoniza los intereses en pugna del capital y el trabajo, pues tiende a establecer como bases de las relaciones humanas los eternos principios de justicia y solidaridad cristianos, frente a los cuales no existen, o no deben existir, diferencias de clases, sino únicamente hombres que sufren y hombres que tienen el deber de aliviar esos sufrimientos”, defendió ante el Congreso.
Asimismo, nació la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, abriendo de esta forma las puertas hasta entonces cerradas, por las que pasarían miles de jóvenes que solo podían aspirar a un certificado de educación secundaria. Pero más allá también del muy reconocido Código de Trabajo, que vendría a establecer jornadas laborales, salarios mínimos y otras normas desconocidas en el país, el médico-presidente no podría haber dejado de lado los aspectos de salud, de salubridad, de las enfermedades contagiosas, de las situaciones provocadas por el acceso limitadísimo al agua potable en cantidad y calidad adecuadas.
Gran conocedor de que LA BASE FUNDAMENTAL de una mejor calidad de vida estaba en el acceso al agua como un bien “de dominio público”, “de propiedad nacional”, concesionable, creó el 26 de agosto de 1942, LA LEY DE AGUAS (Ley Nº 276). En ella se determina sabiamente que el recurso agua habría de ser administrado por la “Sección de Aguas Potables” de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, encargada de “todo lo relacionado con la utilización y administración de las aguas de las cañerías y de los servicios sanitarios”, que incluye “su tratamiento técnico para hacerlas potables; la provisión de ellas a las diversas poblaciones conforme se vaya determinando; la vigilancia de los servicios respectivos y la preparación de planos, diseños, organización, técnica y manejo de los servicios de cañerías o sistemas de distribución de aguas para servicios sanitarios”. Y para garantizar la viabilidad de tan innovadora (para la época) función estatal, se determina que “Lo relativo a la ejecución, construcción y reparación de las obras necesarias para tales fines, corresponderá a la Sección o Departamento de Cañerías de la Secretaría de Fomento”.
Ley de Aguas que HA SIDO ACTUALIZADA a través de los años para adecuarla a la cambiante realidad nacional, que ha permitido que por medio de sus 57 REFORMAS, siga siendo una ley fundamental para el desarrollo de Costa Rica. Ley que ha sustentado, desde esa visión cristiana conque la gestó el Dr. Calderón Guardia, el avance social que hoy caracteriza al pueblo costarricense, que hoy presenta orgullosamente una expectativa de vida de 80 años. Pero Ley de Aguas que hoy, paradójicamente, está en peligro de muerte.
Ley de Aguas que hemos de defender, por su carácter histórico, por su CAPACIDAD A ADAPTARSE a los nuevos requerimientos de la sociedad costarricense, por su excelencia, y más que todo, por la base social que le impregnara sabiamente su gestor, gracias a su visión de futuro y su capacidad de estadista. Ley de Aguas que ahora, con el argumento único de que “es muy vieja”, pretenden sustituirla por una nueva ley que despierta mucha desconfianza en vista de SU ORIGEN y su ECONOMICISTA planteamiento.
NUEVA Ley de Aguas que caracteriza al agua como un “BIEN ECONÓMICO”; que al señalar de soslayo que su acceso es un derecho humano, le elimina el que sea EN CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS; que NO regula siquiera LA EXPORTACIÓN del agua cuando se pudieren dar condiciones de abastecimiento que así lo demanden; que crea una REGRESIÓN AMBIENTAL irreparable en los procesos estatales de investigación y gestión de los ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS al destrozar al Senara; que PRIVA al AyA de sus funciones de GOBERNABILIDAD del agua como recurso de dominio público; que crea SOCIEDADES ANÒNIMAS que se encargarían de las aguas de uso agropecuario, ajenas al AyA y a las Asadas de su misma zona.
Y que esconde detrás de UNA MÁSCARA DE “INICIATIVA POPULAR”el que se trata de una nueva Ley de Aguas redactada y promovida por intereses propios de la Global Water Partnership (GWP), ente estructurado por el BANVO MUNDIAL vinculado a los comerciales “FOROS Mundiales del Agua” organizados por las transnacionales del agua y por el World Water Council (WWC), TODOS PROMOTORES DEL AGUA COMO UN BIEN ECONÓMICO, ¡antes que socia!!
Nueva Ley de Aguas que tuvo un alto costo en su elaboración y promoción a nivel nacional, que habiendo ingresado a la Asamblea Legislativa por el mecanismo de “Iniciativa Popular”, en claro incumplimiento de las normas constitucionales, transgrede el “Principio de Conexidad” debido a LOS CAMBIOS VITALES que sufriera durante su trámite en comisión legislativa.
*Doctor en Biología
Información enviada a SURCOS Digital por el autor.
El 7 de noviembre de 1889 da origen al Día de la Democracia Costarricense porque fue cuando el pueblo alzado en armas: palos, piedras y otros rústicos instrumentos de lucha, salieron a sitiar San José al mando de Don Félix Arcadio Montero, Don Rafael Iglesias y otros siete mil más a oponerse decididamente a la “matrafulada” del Presidente Bernardo Soto de imponer a Don Ascensión Esquivel, su amigazo y pariente, como Presidente de la República, burlando la decisión del pueblo.
Situación que logró disuadir a don Bernardo Soto y quien inteligentemente se aparta de poder y asume el Dr. Carlos Duran el mismo de manera interina y hasta tanto asumiera don José Joaquín Rodríguez.
Lo irónico del este episodio tan heroico es que poco tiempo después don José Joaquín Rodríguez ya de Presidente clausura el Congreso y castiga a quienes se oponen a su decisión, donde la peor parte la lleva Don Félix Arcadio Montero quien debe salir exiliado fuera del país. Él era justamente un diputado de ese Congreso y al que llegó electo por el partido que eligió también al Presidente y por quien el luchó porque creyó en los valores constitucionales y democráticos que defendieron.
Más irónico será que este mismo Presidente Rodríguez impuso a su yerno Don Rafael Iglesias para que le sucediera en el poder como presidente en detrimento de los derechos de Don Félix Arcadio quien debió ser el sucesor y designado y peor aún, don Félix Arcadio Montero sufrió la persecución de su otrora amigo don Rafael Iglesias a quien le reclamara su destierro final, al punto que sufre mucho con su familia y muere en el exilio.
Estos son los vaivenes de las luchas democráticas iniciales que hoy celebramos que tampoco fueron tan claras, transparentes y libres.
Don Félix Arcadio ofrendó lo mejor de su vida apelando al logro de una verdadera democracia para todos y todas las costarricenses.
Enviado a SURCOS Digital por Movimiento Patriótico Félix Arcadio Montero.
Las visiones cortoplacistas acerca de los orígenes y consecuencias de las acciones de las élites del poder político y económico, en un momento determinado, tienen el gran inconveniente de empobrecer, en gran medida, las posibilidades de entender o establecer lo que está ocurriendo efectivamente si es que se busca con honestidad ese propósito pues, al no tener en cuenta los antecedentes que dieron lugar a un determinado diferendo o conflicto, no estaríamos haciendo otra cosa que dar palos de ciego en una piñata, una circunstancia en la que sólo el azar podría hacernos tener acierto. Tal es el caso de la evolución y propósitos de largo alcance, no siempre visibles y transparentes, presentes en las políticas sociales y económicas que los sucesivos gobiernos neoliberales y el sector empresarial de Costa Rica, uno de sus impulsores más importantes, han venido llevando a cabo en el Caribe Costarricense, especialmente en el cuanto a la ciudad de Limón y sus instalaciones portuarias, muchas veces ejecutadas bajo el rimbombante nombre de modernización de las empresas públicas más importantes de la región ¿ En qué han consistido esas políticas y cuáles son sus resultados más visibles? Al respecto, el abogado Vinicio Castillo Serrano, en su condición de asesor legal del sindicato SINTRAJAP, nos ilustra hasta la saciedad sobre cómo las políticas envueltas bajo esa denominación dieron lugar a mayor desempleo, hambre y frustración de amplios sectores de la población limonense. Castillo recordó el caso de los ferrocarriles de la provincia y su pretendida modernización, la que redujo a la miseria y a informalidad (empleo e ingresos precarios) a muchas personas, pues en esa oportunidad se perdieron 700 empleos de calidad y se destruyó el sindicato, una organización aguerrida. Ahora sólo queda ir a los patios del ferrocarril y sus instalaciones reducidas a la ruina, mientras que muchas de esas personas y sus familiares, acostumbradas a llevar una vida decente venden huevos de tortuga o hacen cualquier cosa para lograr apenas sobrevivir. La modernización de las estibadoras, ejecutada hace algunos años-añade Castillo Serrano- fue otro canto de sirena que terminó con mil trabajadores más en la calle, agravando el desempleo en la provincia y culminando con la destrucción del sindicato portuario, de tal manera que si antes había una cuadrilla de 35 trabajadores que hacían la labor, su tamaño se redujo a 15 o 17 que hacen el mismo trabajo pero ganando lo mismo o un poco más, pero teniendo que intensificar la labor en una misma unidad de tiempo.
Lo que está en juego en estos momentos, no sólo para Limón sino para todo el país, es la decisión de los poderosos de este país, de matar y acabar con el último reducto de resistencia social del país, plantea el asesor legal de JAPDEVA, don Vinicio Castillo Serrano, para de esta manera lanzar otros 1500 trabajadores a la calle y darle el tiro de gracia a la población trabajadora limonense, la que sólo tendría derecho a un empleo precarizado si es que lo llega a conseguir dentro de las pocas opciones de empleo existentes en la provincia. Según los términos del contrato con la APM Terminals se pretende que con sólo 250 trabajadores se lleven a cabo las labores portuarias más importantes, algo que resulta ser sumamente grave afirma el abogado de SINTRAJAP.
Las políticas sociales y económicas impulsadas por las élites del poder, a lo largo de las dos últimas décadas, conducen inevitablemente a convertir a la población limonense en un reservorio de mano de obra barata, en estado de sujeción política y social; de tal manera que, en última instancia vengan a engrosar las filas del clientelismo social, proclives a una actitud sumisa frente a los elites del poder. Por si esto no fuera poco, mediante una hábil y tendenciosa campaña de corte totalitario, dentro del mejor estilo del Jefe de Propaganda del Partido Nazionalsocialista(Nazi) alemán, Joseph Goebbels, basada en la repetición reiterada de toda clase de falsedades, se busca desmoralizar a la población trabajadora de Limón descalificándola, en términos de calificativos como los de vagos y parásitos dentro de los que no faltan las alusiones racistas, lo que resulta ser no sólo una grosera mentira, sino también una muestra de ensañamiento en contra de una población a la que se han venido cercenando, en términos del mediano y largo plazo, sus únicas posibilidades de empleo de calidad, a partir de las llamadas políticas de modernización institucional.
La poderosa coalición de políticos empresarios o empresarios políticos, a la que habíamos hecho alusión en la primera parte de este artículo, tiene además la suerte de contar con una legión de gentes de escasos ingresos, poquísima cultura y casi nula capacidad de discernimiento, las que dicen odiar a los trabajadores limonenses organizados y con capacidad de lucha, además de un gran potencial de resistencia que de ningún modo se ha agotado. Algunas de estas gentes se han lanzado, por medio la red de internet, a ejecutar una delirante campaña de insultos y amenazas de toda tipo contra las organizaciones de la clase trabajadora, dentro de un estilo fascistizante que las ha convertido en la base social de la continuidad, por otros medios, del régimen de la dictadura en democracia, preconizada por los gobiernos de Óscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda, una forma brutal de lo político que busca imponerse instalando el miedo en el espíritu y el corazón de las gentes. ¿Estará el nuevo gobierno pensando en convertirse en el tercero de esa modalidad autoritaria y antidemocrática, dentro de la que se ha venido degenerando el republicanismo costarricense? En síntesis, algo así como una especie de cesarismo republicano como le gustaba decir a mi recordado amigo y político cartaginés, don Joaquín Garro Jiménez (de grata memoria), para calificar los arrebatos de una derecha delirante que nunca ha estado ausente de nuestra historia política reciente.
La justificada huelga portuaria que los trabajadores de JAPDEVA han mantenido, de manera valiente y tenaz, a lo largo de las últimas semanas, ha tenido la virtud de poner sobre el tapete, por así decirlo, no sólo el vergonzoso y pésimo negociado llevado a cabo a espaldas de la gran mayoría de la población, pero sobre todo en contra de los mejores intereses nacionales, sino también la deriva autoritaria de un gran sector de la derecha política que está dispuesto a dar al traste con la institucionalidad democrática del país, con tal de imponer sus políticas neoliberales, pues esa institucionalidad le resulta ya un estorbo para sus pretensiones de dominio total, en todas las esferas de la vida social de los costarricenses.
A casi un siglo de haber alcanzado la clase trabajadora, como resultado de sus luchas, una serie de conquistas de naturaleza esencial para la convivencia democrática, estas se encuentran hoy más amenazadas que nunca, especialmente en el caso de las que se refieren a los derechos de huelga, sindicalización y contratación colectiva.
Sucede que apenas concluida la espantosa carnicería, hoy conocida como la Primera Guerra Mundial(1914-1918), se fundó durante el año de 1919, en el seno de la recién constituida Sociedad de las Naciones, la Organización Internacional del Trabajo(OIT) impulsora de una importante legislación internacional, basada en convenios internacionales, para proteger los derechos de los trabajadores quienes fueron una de las principales víctimas de aquel conflicto armado, desatado por la codicia de las principales potencias europeas de la época. Hoy la obsesión totalitaria del pensamiento único neoliberal pretende borrar de un plumazo toda esa historia, una razón más que suficiente para que estemos alerta para hacerle frente a esas amenazas.
*Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
Como consecuencia de la masiva migración de niños hacia los EUA desde los tres países del norte de nuestro istmo centroamericano y ante la sugerencia del presidente B. Obama, en julio, los tres presidentes presentaron, en septiembre, una propuesta a la que denominan “Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”. Su idea inicial era que fuese algo similar al tristemente famoso “Plan Colombia”. Decimos triste, porque fue el que le dio los recursos al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, para consolidar su poder a fuego, sangre e inversión empresarial, en Colombia, al grado de convertirlo en el máximo líder de la ultraderecha latinoamericana hasta la fecha. Irónicamente, el gobierno actual de Colombia está logrando más beneficios políticos sociales para su pueblo sin el Plan Colombia que el de Uribe. Esperemos a que no estemos por aplicar la copia del Plan Colombia aquí en nuestro ya ensangrentado territorio.
Estos países no han estado huérfanos de la protección y financiamiento solidario de los EUA, la UE y los organismos multilaterales. Desde la creación de las Naciones Unidas y los organismos mundiales para el desarrollo, hemos tenido su presencia constante. Tanto para resolver las secuelas de fenómenos naturales como para convertir la franja centroamericana en una muestra de desarrollo capitalista, frente a las amenazas del comunismo en las décadas de guerra fría. Por un motivo o por otro, no dejamos de recibir muchos millones de dólares en ayuda para “el desarrollo”. El mayor resultado de toda esa ayuda es que tenemos una élite económica en enriquecimiento constante, al lado de una gran masa de población empobrecida en crescendo.
Esto suena contradictorio en una lógica simple. Sin embargo, la lógica científica explica cómo ocurre la acumulación de capitales en el sistema capitalista y aceleradamente en el libre mercado dentro del neoliberalismo. Es decir, irónicamente los fondos que vengan para combatir las causas de la migración, tienen el alto riesgo de convertirse en razones mayores para provocar más migración que para detenerla. Si seguimos con un estado corrupto, penetrado por el narco tráfico, en una creciente politización partidaria y militarización de sus instituciones; si seguimos castigando a la juventud victima de nuestros desaciertos históricos, si seguimos privatizando lo poco que resta de los servicios básicos, si seguimos pagando menos que el mínimo salario dentro de un sistema laboral irrespetuoso de los convenios internacionales; si seguimos encareciendo los medicamentos, el transporte y la alimentación; si seguimos drenando los recursos del Estado hacia la empresa privada, si seguimos entregando los territorios y sus recursos naturales y humanos a las trasnacionales por simbólicas tasas fiscales; si seguimos persiguiendo a quienes opinan diferente a los que ostentan el poder; si seguimos combatiendo sin prevenir el delito, etc., esta situación crítica por la que hay una enorme migración hacia el norte, no se detendrá. Además de poder llegar a producir mayor inestabilidad social interna, produce fuga de cerebros, los que de por sí son escasos.
Mucho de los males no se resuelven por la ausencia de voluntad y no por ignorar el cómo hacerlo. Hay propuestas concretas para su solución, sin cambios radicales al sistema capitalista. Hay propuestas concretas para la seguridad ciudadana, publicadas al menos por el CEDOH, sin embargo, no se quieren aplicar. Hay muestras de reducción significativa de la pobreza en otros países de Sur América. Sin embargo, los conservadores gobernantes solamente ven hacia Colombia y de vez en cuando hacia Perú, Chile y Paraguay, donde la corriente derechista tiene sus nichos de “éxito”. Desde luego, con el aval de EUA.
Así que no es ignorar las causas y las soluciones, ni falta de ejemplos concretos. Es inconveniencia de los políticos/empresariales de la derecha internacional y locales, porque quieren seguir lujuriosamente acumulando sus capitales, sin importarles las graves consecuencias sociales y políticas.
