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La riqueza del país no solo se mide con el PIB

Salvatore Coppola Finegan.

Historiador y Lingüista.

 

Como país debemos de empezar a discutir la instauración de alternativas más variadas para medir el progreso, complementarias a la herrumbrada, muy limitada medición del PIB. Implementar un cambio casi que imperceptible -unas cuantas preguntas subjetivas sobre el bienestar en algún estudio estadístico como el Censo Nacional de Población- representaría un avance significativo en la realidad nacional.

Sería significativo para la política pública. Al complementar la gran cantidad de datos objetivos que proveen estudios estadísticos de este tipo, los tomadores de decisiones podrán identificar y analizar asociaciones entre el bienestar subjetivo de los ciudadanos y sus experiencias, y factores objetivos como actividad económica, educación, salud, identidad, lugar de residencia e ingresos, entre muchos otros. De este análisis surgirá información del impacto real de las condiciones sociales, económicas, culturales y físicas, con la cual se podrá trabajar para formar prioridades de política pública. Al no contar con estas medidas, el gobierno depende desproporcionalmente de las opiniones subjetivas de una marcada minoría: sus ministros y técnicos nombrados muchas veces políticamente. Ellos suponen que ya saben lo que le importa a la gente, en un marco estrictamente económico, y a los votantes no nos queda más que esperar que sea así; a pesar de que el país haya acordado cambiar esto en varios encuentros de las Naciones Unidas, como el Rio+20 por ejemplo.

Sería significativo para la democracia. A través del tiempo, podremos todos evaluar la efectividad de las políticas de gobierno en términos que realmente importan a la gente: es decir, el impacto de las mismas en nuestras experiencias personales. En teoría la finalidad de las políticas de cada administración es mejorar la calidad de vida; sin embargo, a falta de indicadores de bienestar, resulta difícil evaluarlas en estos términos. Medir el bienestar facilitará esta evaluación no solo para el gobierno, sino también para los partidos de oposición y los ciudadanos en general al dotarnos con una herramienta poderosa para justificar nuestras exigencias.

Lograr este avance nos ayudará a cambiar de opinión sobre lo que constituye realmente el progreso social, dejando atrás la discusión puramente económica, hacia algo más integral y humano: con el ser humano como medida principal, no el dólar. Una discusión sobre lo que realmente importa a la gente no sirve solo para crear políticas individuales o proyectos de ley sino que sirve para enmarcar el debate político en general. Si el crecimiento económico no fuera el fin de todo nuestro quehacer, nos resultaría más fácil ocuparnos del cambio climático y otros retos ambientales. Por consiguiente, enmarcar el debate en estos términos es crucial no solo para el bienestar del país durante los próximos cuatro años, sino también para el bienestar del planeta que dejaremos a nuestros nietos. ¿Cuál candidato presidencial marcará la pauta en este sentido, proponiendo algo verdaderamente digno del siglo 21?

 

Información enviada a SURCOS por el autor.

Lotería electrónica y lavado de dinero

ANEP siempre tuvo razón en oponerse a la privatización de la lotería electrónica.

La JPS siempre supo del riesgo de que dinero sucio  ingresaría a su actividad y ANEP lo alertó.

 

A la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para nada le sorprende la noticia periodística de esta fecha, indicando de que la Junta de Protección Social (JPS), le ha pedido al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), investigar a una gran cantidad de operaciones de juego con la lotería electrónica para un presunto lavado de dinero de dudosa procedencia.

Fue la ANEP la entidad que, desde un inicio de este proceso privatizador parcial de los juegos de lotería de la JPS, inició una lucha solitaria para intentar impedir el ingreso de corporaciones privadas de corte transnacional a estas actividades, precisamente por los riesgos que ahora detecta la JPS con su solicitud al ICD.

La lotería electrónica privatizada y transnacionalizada enfatiza en el juego no en el jugador, de tal suerte que bajo el anonimato se facilita mover grandes cantidades de dinero de procedencia dudosa, sucia y hasta identificable con operaciones de narcotráfico.

Siempre opusimos fuerte resistencia, particularmente, al ingreso al mercado de juegos sociales y electrónicos de la JPS de la transnacional G Tech Boldt Gambing; esgrimiendo (entre otros argumentos), ya no sólo tesis jurídicas y éticas, sino los riesgos de que el lavado de dinero utilizara la vía de los juegos de azar de la JPS para sus nefastos propósitos.

La más profunda investigación se impone ante esta grave denuncia. Varios de los máximos jerarcas actuales de la JPS tienen mucho que decir al respecto. La inserción de la privatización en los tradicionales juegos de lotería a cargo de la JPS, ha iniciado el camino de perversión de los notables fines humanistas de esta noble institución; y al introducir en su dinámica la perversa lógica del lucro desenfrenado, ha abierto paso a posibilidades de corrupción insospechadas.

La ANEP se dedicará en próximas horas a documentar más de su  trayectoria de denuncia en este sentido para dirigirse a la opinión pública nacional, en una próxima conferencia de prensa; demandando (entre otras puntualizaciones), que no haya ni la más mínima impunidad para los agentes, directos y/o indirectos,  provocadores de que los dineros sucios y sangrientos del narcotráfico, estén minando las bases filosóficas del humanismo cristiano que por más de cien años ha sustentado las bases de la acción social de la JPS.

 

Información enviada a SURCOS por ANEP. 

¿Usted se metería en este negocio con los chinos?

Freddy Pacheco León

 

Una empresa de la República Popular China, mezcla de intereses públicos y privados, donde juegan capitales estatales mezclados con los de reconocidos multimillonarios como los señores Li Ka Shing, Lee Shau Kee, Joseph Lau, Robert Kuok y Alwaleed bin Talal, le ofrece a Costa Rica un préstamo por $395 MILLONES para ampliar un tramo de 107 km de la ruta 32.  Transacción comercial que además determina que NO ha de existir licitación pública de por medio, por tratarse de un negocio de país a país (¡argumento incorrecto!).

Empresa que, por sus características, COMBINA hasta niveles indeterminados, funciones de empresa constructora con los de entidad bancaria vinculada al “Bank of China”,  al “Bank of Communications”, al “China Construction Bank”, y al “China Merchants Bank”, que dificultan conocer con quiénes se estaría, eventualmente, haciendo el negocio.

Empresa, sin duda alguna, gigantesca, con proyectos de infraestructura en unos 43 países, gracias a lo cual tiene vasta experiencia en el desarrollo de proyectos y el poder de negociación que su capital y apoyo del gobierno chino le permiten. Máxime que sus negocios se relacionan con países subdesarrollados como el nuestro, donde la escasa capacidad gubernamental solo encuentra “posible” atender, las necesidades de infraestructura SEGÚN SEAN LAS PROPUESTAS que vienen de afuera.

Negocio en que, incuestionablemente, la ausencia de una licitación pública es la condición responsable de que no sea hasta ahora, que estaría por votarse en la Asamblea Legislativa el proyecto de préstamo, que se empiezan a conocer DETALLES como los que se están ventilando de cara a la opinión pública. Como por ejemplo, la disimulada SANCIÓN que pesa sobre la empresa constructora y sus múltiples subsidiarias, de parte del Banco Mundial.

Es imposible soslayar el efecto trascendente de los actos de ese banco planetario, conformado por 188 Estados en su forma del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con proyectos en igual número de países y emisor de políticas económicas y financieras globales. Así que el hecho de que por ACTOS DEMOSTRADOS de fraude y corrupción ejecutados en Filipinas, el Banco Mundial mantenga como INHABILITADA a la “China Communications Construction Company” (CCCC) o cualquiera de sus subsidiarias, como por ejemplo las “China Harbour Engineering Company Group” (CHEC) y la “China Road and Bridge Group”, es de singular importancia.

Inhabilitación que rige HASTA el 12 de enero del 2017 y que, por sus efectos, PROHÍBE que ningún proyecto que reciba financiamiento del Banco Mundial, pueda ejecutarse tomando en cuenta a la citada empresa china y sus subsidiarias. De hacerlo, el país que se atreva a soslayar tan seria resolución, se vería expuesto a sanciones en el ámbito de acción que le corresponde.

Pero hay algo más. Por tratarse de actos de fraude y corrupción, inaceptables desde el punto de vista ÉTICO y contrarios a la SANA COMPETENCIA empresarial, cualquier Estado que pretenda “hacerse el ruso”, en un afán deshonroso de desdeñarlos, no se libraría de las consecuencias que fácilmente se podrían vislumbrar.

Podría argumentarse, como dan a entender los gobernantes costarricenses, que se trata de un asunto “viejo” y que además, el proyecto de préstamo y construcción con los chinos, no tiene nada que ver con fondos provenientes del Banco Mundial, cual si un compromiso con la empresa corrupta no harían mella en las NORMAS ÉTICAS Y MORALES que han de privar en los actos públicos y privados de los costarricenses.

Cuando leemos que el candidato Johnny Araya “apoya” este otro negocio con los chinos, pese a los “detalles” que ahora se han ido haciendo evidentes, entendemos por qué existe tanta desilusión con la democracia costarricense. Y es que sumados a lo comentado arriba, el asunto se agrava cuando vemos también como el contrato suscrito por la señora presidente Chinchilla con el presidente Xi Jinping en junio pasado, y el correspondiente proyecto de ley enviado a la Asamblea Legislativa, buscan “flexibilizar” las normas AMBIENTALES, MIGRATORIAS y laborales de Costa Rica, según el deseo de los nuevos colonialistas.

Por eso cabe la pregunta: ¿Usted se metería en este negocio con los chinos?

*Biólogo, asesor ambiental.

frepaleon@gmail.com

 

Información enviada a SURCOS por el autor. 

Ampliación de la ruta 32 y el deshonor

Freddy Pacheco León, PhD

 

Sobre el proyecto de carretera que se pretende ejecutar con una compañía china, por medio de un préstamo superior a los ø200.000 millones de colones, los costarricenses hemos de conocer los siguientes aspectos:

LA EMPRESA CCCC

La empresa (establecida hace ocho años) es, al igual que la República Popular China, gigantesca.  Tiene grandes proyectos en unos 43 países en todos los continentes y, aunque surgió como una empresa conformada por el Estado comunista, muchas de sus acciones fueron luego vendidas a algunos de los nuevos multimillonarios chinos (como Li Ka Shing, Lee Shau Kee, Joseph Lau, Robert Kuok y Alwaleed bin Talal)  que, gracias a su poder económico y político, representan intereses difusos en los que lo privado se mezcla con lo estatal.

Se formó a partir de la unión de “China Harbour Engineering Company Group” (CHEC) y “China Road and Bridge Group”, y desarrolla proyectos de construcción de infraestructura, dragado y maquinaria portuaria, siendo la más grande compañía dedicada a esas labores en China, y la tercera a nivel mundial.  Además, cuenta con subsidiarias como la “Shanghai Zhenhua Port Machinery Company” (ZPMC), principalmente.

NEGOCIOS EN COSTA RICA

El conglomerado se le conoce como “China Communications Construction Company” (CCCC) y es bajo ese nombre con que el presidente  Xi Jinping aprovechó su visita a Costa Rica para finiquitar las negociaciones del empréstito por US$395 millones para financiar parcialmente la ampliación de 107 km de la ruta 32, entre río Frío y el sector portuario de Moín. En la misma visita se avanzó en la formalización de un préstamo por $900 millones para la construcción de una nueva refinería de petróleo en puerto Limón.

¿EMPRESA CONSTRUCTORA O BANQUERA?

Evidentes recelos se han venido expresando de parte de algunos grandes inversionistas en vista de signos evidentes de imposición de los intereses de la CCCC, compañía que reúne bajo su techo al “Bank of China”,  al “Bank of Communications”, al “China Construction Bank” y al “China Merchants Bank”, pese a su imagen y acción como “empresa constructora” que goza de la representación del presidente Xi Jimping, según se demostró en Costa Rica, quien incluso recibió de parte del entonces alcalde de San José, señor Jonnny Araya, las “Llaves de la ciudad” como signo de amistad y colaboración.

NEGOCIACIÓN OPACA

A propósito de la visita del presidente de China en junio pasado, los diputados del Partido Acción Ciudadana le entregaron una carta en que le comunican que “Hemos manifestado nuestras críticas al Gobierno de Costa Rica por la opacidad que ha rodeado esta negociación y, sobre todo, por la dudosa independencia de los estudios que debían demostrar la factibilidad del proyecto”. Carta que al pasar el tiempo reafirmó su pertinencia, aunque al momento de entregarla quizá no se conocían aspectos que hoy hacen prácticamente inviable la ejecución de los dos grandes proyectos, carretera y refinería.

UNA SENTENCIA DE MUERTE

Hace dos años, se publicó la noticia de que un oficial del gobierno chino había sido sentenciado a muerte al encontrársele culpable de recibir sobornos de un contratista de la empresa CHEC, subsidiaria de la CCCC, para un proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan valorado en US$150 millones. El entonces director del “Hebei Port Group” de China, Huang Jianhua, fue encontrado culpable de favorecer a la empresa CHEC en la licitación, a cambio de la compra de una casa valorada en US$628.000,ºº, entre otros.

Sentencia que se diera en respuesta a un fortalecimiento de las medidas anticorrupción que China se ha visto obligada a emitir, para cumplir con las regulaciones internacionales que exigen empresas extranjeras y nacionales chinas, a efecto de competir bajo condiciones de equidad en la República Popular.

Se logró conocer asimismo, que gracias a la colaboración del mismo señor, el entonces  gerente del Departamento Eléctrico de CHEC había ganado un contrato para un proyecto de una subestación en un puerto carbonífero, para lo cual había pagado al condenado a muerte US$47.000, ºº “en agradecimiento”. Eventualmente se logró detectar pagos por sobornos por unos US$3 millones.

TAMBIÉN EN BANGLADÉS

Como muestra de la práctica común de corrupción que ha exhibido la empresa CHEC, en Bangladés se envió a la cárcel nada menos que hijo del ex primer ministro Khaleda Zia, Arafat Rahman al encontrársele culpable de haber sido sobornado por varios millones de dólares de CHEC y la alemana Siemens, algunos de los cuales introdujo de contrabando hacia Singapur, para un proyecto de terminal de contenedores en el puerto de Chittagong.

PREOCUPACIÓN EN JAMAICA Y GUYANA

Un proyecto de US$400 millones, otorgado sin licitación en Jamaica para un programa de desarrollo de infraestructura firmado en febrero del 2010, provoca desazón en Kingston. Se ha tramitado como un préstamo con el “China Exim Bank”. Así como un contrato suscrito secretamente en Guyana por US$138 millones con la empresa CHEC, que ha sido cuestionado por el ente contralor del Estado en vista de un nuevo e inesperado actor: El Banco Mundial.

ACCIÓN FIRME DEL BANCO MUNDIAL

Consecuencias de fraude en Filipinas

Al comprobarse las prácticas fraudulentas en la formulación de un proyecto de mejoramiento y manejo de las rutas nacionales de Filipinas, el Banco Mundial procedió a prohibir la elección de la empresa china CCCC y cualquiera de sus subsidiarias, como contratistas de cualquier proyecto de construcción de rutas y puentes, financiados por el mismo banco, ¡hasta el 12 de enero del 2017!, según comunicado reafirmado el 29 de julio del 2011.  En dicha oportunidad, el Banco deja claro que las sanciones se extienden a la CCCC y a otras seis firmas relacionadas con la misma, incluyendo a la “China Road and Bridge Corporation” (CRBC), ello por ocho años a partir del 12 de junio del 2009.

Firme resolución tomada al comprobase la culpabilidad de las empresas chinas involucradas, por lo cual, y con mucha razón, diversos entes y personas, públicos y privados, de Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago, Gran Caimán, Malasia, Filipinas, Montenegro, Malta, Tanzania, Bangladés, y ahora Costa Rica (entre otros) se han visto en la necesidad de discutir y tomar acuerdos acerca de la inhabilitación dictada por el Banco Mundial en contra de la “China Communications Construction Company” (CCCC).

Y es que al haberse demostrado, sin lugar a dudas, actos de corrupción mediante el pago de sobornos para ejecutivos encargados de contrataciones para millonarios proyectos de infraestructura a favor de la “China Harbour Engineering Company Group” (CHEC), el ingreso de la empresa china a la ‘lista negra’ del Banco Mundial, impide que los Estado puedan contratar obra alguna financiada, aunque fuere parcialmente, por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) perteneciente a 188 países, y otros entes del ente mundial.

Ante intentos de minimizar la determinación del Banco Mundial, como se ha percibido en sectores gubernamentales costarricenses, expresados incluso en evidente molestia de la señora presidente de la República, señora Laura Chinchilla Miranda, los ejecutivos del ente bancario han tenido que enfatizar que sus políticas anti-corrupción y anti-fraudes, son parte de sus obligaciones en defensa de los intereses de todos los países miembros y el uso de sus recursos comunes.  Lo cierto es que, al menos se exige una actuación prudente de parte de los gobiernos que pudieren tener en perspectiva proyectos que pudieren ser cubiertos por la anunciada inhabilitación de las citadas empresas chinas.

Asimismo, el buen juicio de los países quedaría en entredicho en caso de que, aún sin contar con financiamiento del Banco Mundial para proyectos en particular (como es el caso del proyecto de ampliación de los 108 km de la ruta 32 entre río Frío y puerto Limón), los gobernantes desdeñaran la pena impuesta por el organismo bancario y procedieran a hacer caso omiso de los antecedentes corruptos que se hubieren revelado para ciertas compañías.  Comportamiento que se consideraría como cómplice de aquellos que, por sus acciones fraudulentas, solo merecen la condena generalizada. Mal, muy mal, harían los poderes legislativos y ejecutivos si, ante el peligro del desprestigio ante la comunidad mundial, insistieran en llevar adelante un proyecto contaminado con la corrupción galopante que ya es insoportable.  Ello sin tomar en cuenta los bien documentados cuestionamientos de un proyecto que, por haber sido mal negociado y peor estructurado, jamás debió de haberse firmado por la presidente Chinchilla con el presidente de China Xi Jinping.

¡La verdad es que la Patria no merece tal deshonor!

 

Información enviada a SURCOS por el autor. 

Aprendamos de los éxitos educativos en Finlandia

Durante los años que pasé en la universidad en Escocia, tuve la suerte de poder compartir con estudiantes brillantes de todo el mundo. Conocí a varios finlandeses y de ellos aprendí sobre su sistema escolar, un sistema que todos los años recibe elogios en foros y reportes internacionales sobre la educación. Aprendí que la educación finlandesa es un componente integral de su visión de la sociedad: una sociedad que distribuye recursos económicos a través del mercado libre, pero que al mismo tiempo asegura que cada ciudadano reciba educación, servicios de salud y seguro social de alta calidad. La idea de que la sociedad se deba hacer responsable por cada individuo es uno de los conceptos más arraigados del modelo nórdico.

Este compromiso puede explicar gran parte del éxito del sistema educativo finlandés, el cual recibe un nivel de inversión relativamente bajo (menos de 7% de su GDP, un porcentaje similar a nosotros en Costa Rica) comparado a los sistemas de los demás países del OCDE, demostrando que el dinero es tan solo un detalle más, muy lejos de ser el elemento decisivo.

Mis compañeros finlandeses me contaban como los institutos educativos en su país natal se perciben como la segunda casa de los alumnos. Las escuelas y colegios son responsables por el bienestar general de los niños y adolescentes, contemplando no solo la educación sino que también el bienestar físico, emocional y social. Es por este motivo que todo instituto, adicional al cuerpo docente, debe de contar con enfermeros, terapeutas y trabajadores sociales entre otros. Las juntas directivas y escolares tienen una representación importante de padres de familia, quienes forman la mayoría y tienen un rol clave la administración de los institutos. El instituto es la comunidad integrada de los jóvenes finlandeses.

Su sistema educativo tiene como objetivo principal el desarrollo holístico del alumno, en acorde con la visión de la sociedad. Aunque los padres de familia quieren ver a sus hijos sobresalir profesionalmente y convertirse en ciudadanos auto-suficientes en términos económicos, su visión de la educación va mucho más allá que esto y conceptos como “comprensión”, “análisis” y “creación” son ejes fundamentales: muy distinto a los conceptos de “memorización” y “notas” que imperan aquí en Costa Rica.

La educación en Finlandia contribuye a otros resultados sociales loables: primero, es un país con alta movilidad inter-generacional de ingresos, es decir, los ingresos de los padres es relativamente menos determinante de los ingresos de la siguiente generación. Segundo, la variación de resultados entre estudiantes es muy baja: hay muy poca brecha entre los mejores y peores estudiantes. Esto es inclusive más interesante cuando consideramos que el promedio finlandés es el más alto del mundo, el cual significa que hasta los ‘peores’ estudiantes están logrando excelentes resultados.

¿Cómo hicieron para estar tan bien?

En la década de los 70s los finlandeses decidieron crear e implementar políticas para mejorar su sistema educativo y durante todo este tiempo han avanzado ininterrumpidamente hasta llegar a la primera posición a nivel mundial. Muchos países no logran esta continuidad en política ni ejecución de proyectos, en algunos casos cambiando de actitud con cada gobierno nuevo. El sistema finlandés nos enseña la importancia de enfocarse en lo básico para lograr mejoras reales y duraderas. Para ellos el docente es clave en el proceso y por ende se enfocaron en invertir en su reclutamiento y educación. En la gran mayoría de países del mundo, esto es también lo que los políticos y ministros dicen. ¿La diferencia? En Finlandia no solo lo dijeron sino que también actuaron de forma determinada para lograrlo.

Sus programas de maestría en educación duran cinco años, son presenciales, rigurosos y con una énfasis importante en investigación. El currículo nacional se limita a estipular lineamientos y metas nacionales y los docentes tienen libertad en el aula y sobre sus programas y libros. No existe un complejo sistema burocrático de monitoreo, reportes e inspecciones: el nivel de libertad es efectivo dado el fuerte sistema de reclutamiento y educación. Al tener muchas posibilidades para ser creativos, la profesión es una de las más emocionantes.

No podemos implementar de la noche a la mañana un sistema finlandés en Costa Rica: nuestro contexto es distinto y tenemos menos dinero, sin embargo, tiene mucho sentido aprender de los mejores, adoptando ideas y ejes fundamentales, para demostrar que realmente entendemos el término educación.

 

Escrito por Salvatore Coppola Finegan.

 

Información enviada a SURCOS por el autor. 

Manifestaciones

Dr. Eliseo Valverde Monge

 

El asunto con las naciones democráticas, algunas veces resulta problemático cuando es propuesta una reforma, una modernización o cualquier cosa diferente a lo existido; siempre habrá quien proteste. En estos aspectos, todos los países somos iguales, los pequeñitos como nosotros y los grandes como Alemania. Siempre que pretendamos cambiar, el estado de las cosas se altera. Entonces, quienes se ven afectados, se manifiestan en su contra. Así vemos como los trabajadores de los Ebais que han pertenecido a la Universidad de Costa Rica están tirados a las calles protestando ante el anuncio de que serán trasladados a la Unibe, otra universidad no del Estado, sino privada. Que las personas condenen lo que no les parece, es lo más lógico y la presión que se hace creo que es para que las plazas de quienes están laborando actualmente no desaparezcan. Vivimos en una democracia y quienes ven afectados sus intereses pueden protestar. Sin embargo, cuando las muestras de inconformidad se sitúan por encima de nuestras leyes, las personas responsables de gobernar tienen que gobernar, pues para eso están, para hacer valer el marco legal que nuestra Constitución señala. Cuando hay intransigencia, se puede desatar la violencia y esto, en ningún aspecto que se quiera ver, es saludable.

Si quienes manifiestan no acatan la ley, el resultado puede ser el enfrentamiento con la Fuerza Pública con consecuencias nunca agradables al haber detenidos que son pasados a los tribunales de justicia, con heridos que van a los hospitales y si el asunto no camina muy bien, heridos de gravedad, tanto en las fuerzas de orden como en los manifestantes. Ninguna persona, en su sano juicio, desea que esto ocurra. Hay que procurar, hasta donde sea posible, que los actos de violencia no se presenten. Lo que sí debe ser comprensible es que las fuerzas del orden, cuando ya es necesario, tienen que actuar. Para eso están, para respaldar las normas legales con todas las herramientas que la ley les brinda. Los manifestantes haciendo uso de sus derechos pueden manifestarse. Lo que sí no tienen derecho es a pasarle por encima al resto de las personas, coartando los derechos que ellos tienen, como transitar libremente por las calles. Un enfermo con urgencia de ser atendido no tiene por qué no recibir atención y exponerse a morir en la calle, porque unos manifestantes, a quienes se les ocurre un bloqueo, se lo impiden. En estos casos, la Fuerza Pública no debe ser endeble, incapaces de poner un alto, a quienes con acciones totalmente fuera de ley, se manifiestan en los lugares públicos.

 

Información enviada a SURCOS por el autor. 

Necesitamos cambiar

Dr. Eliseo Valverde Monge

 

Amigo, igual que usted, yo considero que nuestro país necesita un cambio. Tenemos que superarnos y regresar al país de personas trabajadoras y esforzadas. Volver a la realidad y tener claras las ideas bien intencionadas de nuestros abuelos. Aprender a construir y a vivir en paz. Hoy día existen grupos que solo quieren perpetuar el estado de las cosas y la verdad, sin saber cuáles son sus motivaciones. Necesitamos hacer un cambio, aun cuando estemos conscientes de que lo malo habido, no se cambia de la noche a la mañana, por lo que la resistencia a la transformación siempre habrá, como sucede en Limón. Escuchar y trabajar es lo único que nos queda. Los avances en infraestructura no se pueden frenar en ningún gobierno. No es lo mismo oponerse a la construcción de una carretera que solo daría beneficios, casi que de por vida, a un consorcio suramericano, a los beneficios que se proponen en estos momentos para la provincia de Limón, urgida de fuentes de trabajo. La ampliación de la carretera, (ruta 32) a cuatro carriles, la modernización de la Refinadora de Petróleo y la construcción de la nueva terminal en Moín, es más que necesaria. Significará el progreso tan deseado de la provincia del Atlántico. Las construcciones en cuestión tienen por objetivo que las cosas marchen mejor y creo que eso nadie lo duda, excepto los grupos extremistas, quienes consideran que esta nación Libre y Soberana será entregada a otros intereses. Las transformaciones, que son para beneficio del país, se conocen y no se pueden bloquear. No cabe la menor duda que quienes se oponen a los cambios son quienes se ven afectados por estos, sea, algunos no quieren, cuando de progresar se trata, que se los quiten, prefiriendo estar pegados a la misma teta aun cuando el resto de la población la esté pasando mal.

Estoy de acuerdo en que no se debe hacer todo lo que al gobierno se le ocurra, como nos ha pasado, pero sí hay propuestas y reformas que a leguas deben implementarse porque son beneficiosas para el país. Hace muchos años yo fui médico en Limón. No había carretera, el tren tardaba 8 horas de San José a esa provincia y la comunicación aérea solo se daba dos y algunas veces tres durante el día. La capacidad de los aviones era para 50 pasajeros e iban repletos. En el hospital nos la vimos a palitos con las emergencias calificadas, al no poder trasladar del hospital a los enfermos graves (mordidos de serpientes) y en ocasiones heridos de gravedad del muelle o atropellados por el tren. Mejorar la infraestructura en aquellos tiempos era una necesidad considerada lejana. Sin embargo, don José Joaquín Trejos Fernández pudo hacer la carretera con túneles que atravesaron la montaña; también se construyó el muelle nuevo y un hospital moderno. Por qué ahora, que ya no se sueña, como nos pasó a nosotros, sino que se vive la realidad, irónicamente, hay tanta oposición de los grupos extremistas. Existen cosas en la vida que no tienen sentido. Por unos pocos, miles de caribeños ven truncada la esperanza de convertir la provincia de Limón en fuentes de trabajo y prosperidad.

 

Información enviada a SURCOS por el autor. 

Mejore su calidad de vida

Escrito por Dr. Eliseo Valverde Monge

 

Es muy fácil. Practique un deporte y así, podrá prevenir las enfermedades reforzando a la vez, su estado de ánimo. Si en este país con tanto oxígeno y sitio de esparcimiento, en lugar de consumir licor, drogas y otras sustancias, incluyéramos cotidianamente la práctica de ejercicio físico o deporte, tendríamos todos una salud excelente. Estoy seguro que hasta el Gobierno sería mejor en todo. Recordemos que la actividad física no entiende de edades, sexo o condición, o sea, es para todo el mundo. Entonces, el único requisito exigido es, tener interés y que cuando se trate de personas de edad, el ejercicio lo hagan bajo supervisión o con autorización médica. Quienes practican deportes desde la juventud, viven alejados de las drogas, son amables, evitan la obesidad, la osteoporosis y las enfermedades del corazón que suelen presentarse en edades tempranas de la vida. Para lograr que esto sea así, sería ideal que los programas deportivos que tenemos y que son de calidad, se enfocaran más en este tema de tanta importancia, en especial, para los niños y los adolescentes.

Esta población necesita tener muy buenos consejos si queremos alejarlos de los vicios actuales, donde tristemente, no existe fiesta sin guaro y sin drogas. Por supuesto, en ellos los consejos deben adecuarse a la edad, constitución física y por supuesto, sus preferencias. En aquellos tiempos, cuando yo era adolescente, recuerdo haber ido con mi papá a La Sabana no para que viera a los jóvenes jugando, sino para que jugara con ellos. Fue así como ocupé todas las posiciones en fútbol, desde delantero hasta portero. Abandoné este deporte para dedicarme al boxeo bajo la dirección de entrenadores como “Chino” Medina y Jorge Cox. Ahora existen muchísimas otras actividades como el karate o la natación, que además de garantizar un futuro de salud, contribuyen al desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes. Los padres, los programas deportivos (radio y televisión) y los familiares, tendrán que resaltar el carácter afable del deporte, que el niño lo vea como un juego y no como un sacrificio. Disciplina, socialización, ayuda a la concentración y seguridad en sí mismos, son algunos de los beneficios que esta importante población obtendrá. El rendimiento físico de las personas inicia un descenso continuo a partir de los 20 años. Después de esa edad las obligaciones son mayores y claro, hay menos tiempo para practicar un ejercicio. Sin embargo, con una buena organización diaria resulta sencillo disponer de una hora del día, con reloj en mano, para hacer deporte. Uno de los motivos por los que muchas personas no practican actividades físicas o deportivas, es atribuido al cansancio y la fatiga que estas les suponen. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ahora existen las llamadas gimnasias suaves, sin agotamiento físico para el deportista.

 

Información enviada a SURCOS por el autor. 

¿Y la soberanía nacional?

Arnoldo Mora.

 

De nuestra  Frontera Norte nos vienen buenas y malas noticias. La buena  es que La Corte Internacional  de La Haya ha dado razón a Costa Rica al obligar al gobierno vecino a salir de los territorios en disputa  y a subsanar los daños infligidos a la ecología. Esperemos que este fallo sea un anticipo de lo que ha de ser el definitivo, cual es el de devolver a Costa Rica los territorios usurpados. Gracias  a la firmeza y solidez  jurídica de las acciones emprendidas  por el Canciller Castillo, nuestro país ha hecho valer sus derechos soberanos. Pero eso es tan solo un primer paso. Nuestra soberanía viene siendo sistemáticamente pisoteada, no solo por el tandem Ortega-Pastora, sino también por bandas de facinerosos ligados al narcotráfico. En buena medida ha sido culpa nuestra.

Los gobiernos nacionales han descuidado la zona Norte, con lo que han dado espacio para que esas redes mafiosas se posesionen de parte de esos territorios constituyéndose en una especie de miniestado.  Envenenando con sus drogas a nuestra juventud y socavando con su dinero algunos miembros de nuestras instituciones democráticas, la expansión de los carteles del narcotráfico parece no detenerse.  Utilizaron a Costa Rica  como puente y vía de tránsito del Sur (productores) al Norte (consumidores), especialmente la región Caribe y los mares.  Acrecentaron el tráfico valiéndose de furgones y  expandieron  el mercado al interior del país pagando en especie. Ahora arrebatan, armas en mano, una parte de nuestro territorio en zonas montañosas donde disfrutan  de amplia libertad de movimientos  por aire y tierra.

Todo lo anterior es muy grave. Responsabilidad mayor incumbe al Estado que, por mandato constitucional, debe velar por la soberanía  en todo el territorio nacional. Pero mas grave aún es la complicidad, activa o pasiva, según se ha hecho público, de algunos miembros  de instituciones del Estado. No olvidemos que la corrupción es el principal aliado y la peor consecuencia que ese infame negocio produce. Ninguna de esas actividades delictivas sería posible si no hubiese  individuos inescrupulosos  incrustados en instituciones del  Estado, que están involucrados en esos ilícitos negocios  generosamente remunerados, aunque  férreamente controlados so pena de incurrir en castigos que incluyen la pena capital.

¿Hasta dónde han sido penetradas las instituciones del  Estado costarricense por esos oprobiosos delincuentes, como está sucediendo en naciones  vecinas que sucumben al terror y agonizan  en baños de sangre? Es deber prioritario de la seguridad nacional el detener a los delincuentes, lo mismo que de los ciudadanos y, en especial, de los medios  de comunicación el denunciarlos.  El ejercicio pleno y efectivo  de la soberanía nacional e, incluso, la sobrevivencia del sistema democrático, están en juego. De nuestra firme voluntad patriótica depende que no terminemos siendo un “estado fallido”.

 

Información enviada a SURCOS por el autor.