Arnoldo Mora.
De nuestra Frontera Norte nos vienen buenas y malas noticias. La buena es que La Corte Internacional de La Haya ha dado razón a Costa Rica al obligar al gobierno vecino a salir de los territorios en disputa y a subsanar los daños infligidos a la ecología. Esperemos que este fallo sea un anticipo de lo que ha de ser el definitivo, cual es el de devolver a Costa Rica los territorios usurpados. Gracias a la firmeza y solidez jurídica de las acciones emprendidas por el Canciller Castillo, nuestro país ha hecho valer sus derechos soberanos. Pero eso es tan solo un primer paso. Nuestra soberanía viene siendo sistemáticamente pisoteada, no solo por el tandem Ortega-Pastora, sino también por bandas de facinerosos ligados al narcotráfico. En buena medida ha sido culpa nuestra.
Los gobiernos nacionales han descuidado la zona Norte, con lo que han dado espacio para que esas redes mafiosas se posesionen de parte de esos territorios constituyéndose en una especie de miniestado. Envenenando con sus drogas a nuestra juventud y socavando con su dinero algunos miembros de nuestras instituciones democráticas, la expansión de los carteles del narcotráfico parece no detenerse. Utilizaron a Costa Rica como puente y vía de tránsito del Sur (productores) al Norte (consumidores), especialmente la región Caribe y los mares. Acrecentaron el tráfico valiéndose de furgones y expandieron el mercado al interior del país pagando en especie. Ahora arrebatan, armas en mano, una parte de nuestro territorio en zonas montañosas donde disfrutan de amplia libertad de movimientos por aire y tierra.
Todo lo anterior es muy grave. Responsabilidad mayor incumbe al Estado que, por mandato constitucional, debe velar por la soberanía en todo el territorio nacional. Pero mas grave aún es la complicidad, activa o pasiva, según se ha hecho público, de algunos miembros de instituciones del Estado. No olvidemos que la corrupción es el principal aliado y la peor consecuencia que ese infame negocio produce. Ninguna de esas actividades delictivas sería posible si no hubiese individuos inescrupulosos incrustados en instituciones del Estado, que están involucrados en esos ilícitos negocios generosamente remunerados, aunque férreamente controlados so pena de incurrir en castigos que incluyen la pena capital.
¿Hasta dónde han sido penetradas las instituciones del Estado costarricense por esos oprobiosos delincuentes, como está sucediendo en naciones vecinas que sucumben al terror y agonizan en baños de sangre? Es deber prioritario de la seguridad nacional el detener a los delincuentes, lo mismo que de los ciudadanos y, en especial, de los medios de comunicación el denunciarlos. El ejercicio pleno y efectivo de la soberanía nacional e, incluso, la sobrevivencia del sistema democrático, están en juego. De nuestra firme voluntad patriótica depende que no terminemos siendo un “estado fallido”.
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