Ampliación de la ruta 32 y el deshonor

Freddy Pacheco León, PhD

 

Sobre el proyecto de carretera que se pretende ejecutar con una compañía china, por medio de un préstamo superior a los ø200.000 millones de colones, los costarricenses hemos de conocer los siguientes aspectos:

LA EMPRESA CCCC

La empresa (establecida hace ocho años) es, al igual que la República Popular China, gigantesca.  Tiene grandes proyectos en unos 43 países en todos los continentes y, aunque surgió como una empresa conformada por el Estado comunista, muchas de sus acciones fueron luego vendidas a algunos de los nuevos multimillonarios chinos (como Li Ka Shing, Lee Shau Kee, Joseph Lau, Robert Kuok y Alwaleed bin Talal)  que, gracias a su poder económico y político, representan intereses difusos en los que lo privado se mezcla con lo estatal.

Se formó a partir de la unión de “China Harbour Engineering Company Group” (CHEC) y “China Road and Bridge Group”, y desarrolla proyectos de construcción de infraestructura, dragado y maquinaria portuaria, siendo la más grande compañía dedicada a esas labores en China, y la tercera a nivel mundial.  Además, cuenta con subsidiarias como la “Shanghai Zhenhua Port Machinery Company” (ZPMC), principalmente.

NEGOCIOS EN COSTA RICA

El conglomerado se le conoce como “China Communications Construction Company” (CCCC) y es bajo ese nombre con que el presidente  Xi Jinping aprovechó su visita a Costa Rica para finiquitar las negociaciones del empréstito por US$395 millones para financiar parcialmente la ampliación de 107 km de la ruta 32, entre río Frío y el sector portuario de Moín. En la misma visita se avanzó en la formalización de un préstamo por $900 millones para la construcción de una nueva refinería de petróleo en puerto Limón.

¿EMPRESA CONSTRUCTORA O BANQUERA?

Evidentes recelos se han venido expresando de parte de algunos grandes inversionistas en vista de signos evidentes de imposición de los intereses de la CCCC, compañía que reúne bajo su techo al “Bank of China”,  al “Bank of Communications”, al “China Construction Bank” y al “China Merchants Bank”, pese a su imagen y acción como “empresa constructora” que goza de la representación del presidente Xi Jimping, según se demostró en Costa Rica, quien incluso recibió de parte del entonces alcalde de San José, señor Jonnny Araya, las “Llaves de la ciudad” como signo de amistad y colaboración.

NEGOCIACIÓN OPACA

A propósito de la visita del presidente de China en junio pasado, los diputados del Partido Acción Ciudadana le entregaron una carta en que le comunican que “Hemos manifestado nuestras críticas al Gobierno de Costa Rica por la opacidad que ha rodeado esta negociación y, sobre todo, por la dudosa independencia de los estudios que debían demostrar la factibilidad del proyecto”. Carta que al pasar el tiempo reafirmó su pertinencia, aunque al momento de entregarla quizá no se conocían aspectos que hoy hacen prácticamente inviable la ejecución de los dos grandes proyectos, carretera y refinería.

UNA SENTENCIA DE MUERTE

Hace dos años, se publicó la noticia de que un oficial del gobierno chino había sido sentenciado a muerte al encontrársele culpable de recibir sobornos de un contratista de la empresa CHEC, subsidiaria de la CCCC, para un proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan valorado en US$150 millones. El entonces director del “Hebei Port Group” de China, Huang Jianhua, fue encontrado culpable de favorecer a la empresa CHEC en la licitación, a cambio de la compra de una casa valorada en US$628.000,ºº, entre otros.

Sentencia que se diera en respuesta a un fortalecimiento de las medidas anticorrupción que China se ha visto obligada a emitir, para cumplir con las regulaciones internacionales que exigen empresas extranjeras y nacionales chinas, a efecto de competir bajo condiciones de equidad en la República Popular.

Se logró conocer asimismo, que gracias a la colaboración del mismo señor, el entonces  gerente del Departamento Eléctrico de CHEC había ganado un contrato para un proyecto de una subestación en un puerto carbonífero, para lo cual había pagado al condenado a muerte US$47.000, ºº “en agradecimiento”. Eventualmente se logró detectar pagos por sobornos por unos US$3 millones.

TAMBIÉN EN BANGLADÉS

Como muestra de la práctica común de corrupción que ha exhibido la empresa CHEC, en Bangladés se envió a la cárcel nada menos que hijo del ex primer ministro Khaleda Zia, Arafat Rahman al encontrársele culpable de haber sido sobornado por varios millones de dólares de CHEC y la alemana Siemens, algunos de los cuales introdujo de contrabando hacia Singapur, para un proyecto de terminal de contenedores en el puerto de Chittagong.

PREOCUPACIÓN EN JAMAICA Y GUYANA

Un proyecto de US$400 millones, otorgado sin licitación en Jamaica para un programa de desarrollo de infraestructura firmado en febrero del 2010, provoca desazón en Kingston. Se ha tramitado como un préstamo con el “China Exim Bank”. Así como un contrato suscrito secretamente en Guyana por US$138 millones con la empresa CHEC, que ha sido cuestionado por el ente contralor del Estado en vista de un nuevo e inesperado actor: El Banco Mundial.

ACCIÓN FIRME DEL BANCO MUNDIAL

Consecuencias de fraude en Filipinas

Al comprobarse las prácticas fraudulentas en la formulación de un proyecto de mejoramiento y manejo de las rutas nacionales de Filipinas, el Banco Mundial procedió a prohibir la elección de la empresa china CCCC y cualquiera de sus subsidiarias, como contratistas de cualquier proyecto de construcción de rutas y puentes, financiados por el mismo banco, ¡hasta el 12 de enero del 2017!, según comunicado reafirmado el 29 de julio del 2011.  En dicha oportunidad, el Banco deja claro que las sanciones se extienden a la CCCC y a otras seis firmas relacionadas con la misma, incluyendo a la “China Road and Bridge Corporation” (CRBC), ello por ocho años a partir del 12 de junio del 2009.

Firme resolución tomada al comprobase la culpabilidad de las empresas chinas involucradas, por lo cual, y con mucha razón, diversos entes y personas, públicos y privados, de Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago, Gran Caimán, Malasia, Filipinas, Montenegro, Malta, Tanzania, Bangladés, y ahora Costa Rica (entre otros) se han visto en la necesidad de discutir y tomar acuerdos acerca de la inhabilitación dictada por el Banco Mundial en contra de la “China Communications Construction Company” (CCCC).

Y es que al haberse demostrado, sin lugar a dudas, actos de corrupción mediante el pago de sobornos para ejecutivos encargados de contrataciones para millonarios proyectos de infraestructura a favor de la “China Harbour Engineering Company Group” (CHEC), el ingreso de la empresa china a la ‘lista negra’ del Banco Mundial, impide que los Estado puedan contratar obra alguna financiada, aunque fuere parcialmente, por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) perteneciente a 188 países, y otros entes del ente mundial.

Ante intentos de minimizar la determinación del Banco Mundial, como se ha percibido en sectores gubernamentales costarricenses, expresados incluso en evidente molestia de la señora presidente de la República, señora Laura Chinchilla Miranda, los ejecutivos del ente bancario han tenido que enfatizar que sus políticas anti-corrupción y anti-fraudes, son parte de sus obligaciones en defensa de los intereses de todos los países miembros y el uso de sus recursos comunes.  Lo cierto es que, al menos se exige una actuación prudente de parte de los gobiernos que pudieren tener en perspectiva proyectos que pudieren ser cubiertos por la anunciada inhabilitación de las citadas empresas chinas.

Asimismo, el buen juicio de los países quedaría en entredicho en caso de que, aún sin contar con financiamiento del Banco Mundial para proyectos en particular (como es el caso del proyecto de ampliación de los 108 km de la ruta 32 entre río Frío y puerto Limón), los gobernantes desdeñaran la pena impuesta por el organismo bancario y procedieran a hacer caso omiso de los antecedentes corruptos que se hubieren revelado para ciertas compañías.  Comportamiento que se consideraría como cómplice de aquellos que, por sus acciones fraudulentas, solo merecen la condena generalizada. Mal, muy mal, harían los poderes legislativos y ejecutivos si, ante el peligro del desprestigio ante la comunidad mundial, insistieran en llevar adelante un proyecto contaminado con la corrupción galopante que ya es insoportable.  Ello sin tomar en cuenta los bien documentados cuestionamientos de un proyecto que, por haber sido mal negociado y peor estructurado, jamás debió de haberse firmado por la presidente Chinchilla con el presidente de China Xi Jinping.

¡La verdad es que la Patria no merece tal deshonor!

 

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