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Elecciones en Perú. Fin de un ciclo. ¿Y ahora qué?

Ignacio López Siria

El tema que se nos propone incorpora, sin decirlo, tres momentos: el antes (el ciclo), el ahora (las elecciones) y el después (¿y ahora qué?). Nos invita entonces a reflexionar breve, pero profundamente sobre el tema. A eso me dedicaré soltando ideas que bien podrían promover futuros intercambios.

  1. Hay dos tipos de democracia, una cuantitativa y otra argumentativa. De la primera tenemos muestras mil. Por ejemplo, es practicada a diario por nuestro Congreso, en donde se imponen los números, no la razonabilidad de las argumentaciones ni la factibilidad de las propuestas. La cantidad se traduce en legalidad y, curiosamente, la legalidad termina siendo fuente de legitimidad. La democracia argumentativa busca convencer para construir una legitimidad de la que derive la legalidad. Tengo para mí que nuestra democracia, aunque no solo la nuestra, tiene mucho más de cuantitativa que de argumentativa.
  2. Puesta en el modo cuantitativo, la primera vuelta de nuestras elecciones no tuvo ganadores. Todos fuimos perdedores y digo “fuimos” porque en las elecciones no ganan ni pierden solo los candidatos, sino también los ciudadanos, los electores. Ningún grupo pasó la valla, la mitad más uno. Dividimos tanto las opciones que todos nos quedamos lejos, muy lejos de la meta. Incluso la suma de los dos primeros queda lejos de la meta. Vista en términos deportivos, la primera vuelta fue una carrera de perdedores. ¿Significa esto que no tenemos unos para con otros capacidad de escucha y de convencimiento o significa, más bien, que en la realidad somos tan diversos que siempre hemos dejado a medias la “promesa de la vida peruana”, la verdadera construcción de un albergue en el que quedamos dignamente todos aun sabiéndonos y aceptándonos como diferentes. ¿No será que esa fracasada primera vuelta nos está diciendo a gritos que nos pongamos de una buena vez, primero, a diseñar entre todos y, luego, a construir de a pocos una patria que todos sintamos como nuestra y que, además, nos abramos a una interacción honrosa con nuestro entorno y con el mundo?
  3. En este juego de perdedores, dos grupos fueron los que menos perdieron, precisamente aquellos que más crudamente representaban o bien el cambio hacia la equidad (económica, social, cultural y territorial) o bien la continuidad del modelo de siempre en la versión legalizada por la constitución del 93. Y, así, la dicotomía continuidad / cambio quedó instalada como el eje central de la competencia por el poder.
  4. Visto en corto, es decir, puesto el acento solo en lo cuantitativo, el ciclo abierto por la primera vuelta no ha llegado a su fin. Llegará el domingo, y entonces, a la vista del resultado de la segunda vuelta, cabrá preguntarse “¿y ahora qué?”. Si gana la continuidad, la respuesta parece fácil: seguirá el vuelo, en piloto automático, con alguna modificación ligera de la ruta y no pocas concesiones a la galería o mayor apertura del caño para aumentar el chorreo y, así, cumplir promesas electorales, fidelizar a la clientela y amortiguar el previsible ruido de la calle. No es necesario decir que las aguas volverían a su cauce y que no serían pocos los que, amainada la tormenta, podrían finalmente dormir tranquilos. Si gana el cambio parece que el panorama puede complicarse porque los perfiles de lo nuevo son difusos, los medios disponibles inciertos, los ejecutores semi desconocidos, la propuesta llena de incongruencias, etc. Diríase que con la victoria del cambio el ámbito político, por un lado, se puebla de interrogantes e inseguridades, con todo lo que ello arrastra, y, por otro, de entusiasmo cuasi épico porque se abre un mundo de posibilidades.

Pero la cuestión del ciclo y el “ahora qué” puede también ser pensada en largo y entonces puede decirse que los tambores del crepúsculo efectivamente ya han sonado, el modelo del “chorreo”, para decirlo en modo Cabana, se tambalea aquí y allá, la voz del subalternizado, del sistemáticamente excluido, se ha alzado en la primera vuelta de las elecciones y, contra muchas previsiones, ha puesto claramente sobre la mesa, como primera prioridad, el tema del modelo. Y lo ha hecho a su modo, sin afeites, con imperfecciones mil, sin limar las incoherencias ni parar mientes en fundamentaciones argumentadas ni en propuestas con visos de factibilidad. Del otro lado ha ocurrido algo parecido. Ante el manifiesto avance de la crítica gruesa al modelo, los defensores del mismo, que no son pocos y que andaban dispersos por varias opciones electorales, apuntaron a la guardianía más clara, cruda y desenfadada del modelo en cuestión, sin parar mientes en “remilgos” éticos ni en pesadas cargas del pasado. Se trata, efectivamente, de la etapa crepuscular de un ciclo, y en ella los portadores de la continuidad tienen que desplegar todas sus capacidades para impedir que se abran paso los signos aurorales que apuntan en el horizonte. Al final no fueron muchos. Puesto en términos electorales, fue apenas un tercio del electorado, pero ese tercio que quedó en la cumbre de la pequeña colina -ya dijimos que ninguno alcanzó la cima- estaba claramente dividido entre continuidad o cambio, y esta es la dicotomía fundamental que la primera vuelta nos dejó a todos sobre la mesa. Y lo hizo, reitero, sin mayorías aplastantes, pero también sin afeites, sin adornos, sin paliativos, con los rostros más claramente representativos de la continuidad, por un lado, y del cambio, por el otro. Ya este acontecimiento muestra de suyo que el ciclo abierto hace décadas y consagrado por la constitución del 93 manifiesta signos de agotamiento. No es fortuito, por lo demás, que esos signos se adviertan igualmente en otros contextos, algunos de ellos muy cercanos a nosotros.

Concluyo esta idea reiterando que el resultado de la primera vuelta muestra a las claras que la percepción dominante es que el ciclo del modelo vigente está terminando y que, si no se opta por su desmontaje, brusco o paulatino, la única manera de sostenerlo tendrá que ser, muy probablemente, “con mano dura”.

  1. Esta lectura de la primera vuelta me permite mirar la segunda vuelta, primero, como un esfuerzo, de uno y otro lado, por aproximarse al centro, limar asperezas, ganar a indecisos, atraerse a parte del enorme bolsón que quedó en el medio, etc., todo lo cual parece bastante normal. Pero hay algo más y, a mi juicio, mucho más importante. Creo que los sectores más interesados en la permanencia del modelo, con el apoyo indiscutible de una prensa obsecuente, se esfuerza en cambiar la mira, en poner el acento ya no en la dicotomía continuidad / cambio, sino en la dualidad democracia / dictadura, reiterando tercamente que lo único que está en juego es la continuidad de la democracia o la irrupción de la dictadura en manos de avezados terroristas. De lo demás, concretamente del modelo, se tratará luego cuando la democracia y el funcionamiento de sus estructuras tradicionales estén asegurados. Esta estrategia es esencialmente ofensiva, más que defensiva, se basa en el miedo y en la ignorancia, y facilita la caracterización e identificación del enemigo.

Al fortalecimiento, legitimación, difusión y posicionamiento internacional de esta estrategia han contribuido no solo las declaraciones de peruanos “ilustres” -Vargas Llosa es el ejemplo más emblemático- sino, incluso, algunos sectores del ámbito religioso y de organizaciones preocupadas por la defensa de los derechos humanos y civiles. El ejemplo más conocido, pero no único, es la “Proclama ciudadana: Juramento por la democracia”, en el que tanto empeño ha puesto un sector de la iglesia. Independientemente de la intención de los firmantes de la proclama, lo cierto es que ella desvía la atención de la primera vuelta que estuvo puesta en la dicotomía cambio / continuación para ponerla en democracia / tiranía. Ello ha servido y sigue sirviendo, con un apoyo mediático desembozado, para empobrecer, para unidimensionalizar el debate de la segunda vuelta dejando fuera de juego el tema del modelo societal y atribuyendo primacía a los componentes formales de la democracia, de cuya importancia, por lo demás, no se puede dudar. Estamos perdiendo, por tanto, una excelente oportunidad, una más, para pensar a fondo y argumentativamente la gobernanza, la organización y la gestión de nuestra convivencia teniendo bien en cuenta la rica diversidad que nos caracteriza. Basta con oír las preguntas que, por lo general, plantean los periodistas a los políticos para caer en la cuenta de la unilateralidad y simplicidad de la temática a la que quieren reducir el debate político.

  1. Visto lo visto y poniéndolos en el “después de” cabe, efectivamente, preguntarse “¿y ahora qué?

Lo primero que hay que considerar es que el tiempo de elecciones no se mide cronológicamente, sino que se asume como “acontecimiento”, como oportunidad, como condensación del pasado en un presente henchido de futuro, todo lo cual convoca a actuar con conciencia plena y máxima eticidad.

Si la primera vuelta es aquella en la que votamos por convicción, es evidente que estamos seriamente divididos. Advertimos, además, que la diferencia que hubo entre el primero y el último es menor que la que se dio entre el primero y el primer peldaño de la meta. ¿Qué hacer, entonces? Hay quienes creen que el lunes debe comenzar la reconciliación y que debemos olvidar los agravios del pasado reciente para reconstruir la aparente armonía de siempre. Otros piensan que al día siguiente de la segunda vuelta, si no antes, comienzan los acuerdos para conseguir mayorías que faciliten la gobernanza y arrinconen a las minorías. Claro que todo esto se puede hacer y probablemente se hará, pero creo que si nos quedamos en ello habremos perdido, una vez más, la oportunidad que se nos ofrece de entendernos como lo que la primera vuelta dice que somos, un puñado de minorías sin ganadores que tratan de emerger en un mar de inequidad y que no aciertan a trenzar acuerdos, racional y éticamente sostenibles, para diseñar y construir una vivienda que nos albergue a todos dignamente haciendo de las diferencias una fuente de enriquecimiento mutuo y de gozo. Todos sabemos que nada de esto es fácil. Yo añado que no se requieren mayorías. Basta con minorías conscientes de su condición de tales y, consiguientemente, abiertas al diálogo con las otras minorías y a la mirada vigilante de la ciudadanía.

¿Es solo la economía lo que se debe reactivar?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Minutos antes de conversar en un espacio sobre arte y cultura que desarrollo de forma habitual en redes sociales, el poeta, periodista y promotor cultural colombiano Miguel Iriarte me actualizaba la dimensión clara y humana del impacto de la pandemia en su país.

  • “Hoy han fallecido 500 personas”, me dijo.
    Lo interrogué: –
    “¿Solo hoy?”
    Si, confirmó.

De inmediato le comenté sobre lo que ha sido abril y mayo en Costa Rica, un país tan construido sobre una narrativa de la excepcionalidad y la superioridad biológica. Ya esa narrativa ha ido dando paso a otras construcciones discursivas sobre la necesidad de un nosotros contingente, necesario para salirnos del impacto institucional, sanitario y social en el que estamos sumidos.

Pero ese nosotros no es para nada fácil. Las dimensiones humanas de la tragedia son tales que no permiten ni siquiera tener una conversación pública y relajada sobre las implicaciones de decisiones tomadas sobre la suspensión presencial y virtual del curso lectivo en el sistema educativo costarricense, los efectos de medidas parciales en materia de movilidad y otras acciones tomadas para tratar de frenar el aumento exponencial de casos positivos.

Todo ha sido dramático en Costa Rica, hasta la forma en que tratamos de dialogar sobre estos temas. No nos estamos escuchando porque simplemente no hay comunidad ni imaginada ni construida posible que pueda hablarse, luego de 40 años ininterrumpidos de proyecto sociocultural orientado al individualismo, la competencia y el mercado como orientador de lo social.

Al momento de escribirse esta nota, se contabilizan 3.962 personas fallecidas según datos oficiales emanados por el Ministerio de Salud costarricense. Son 3.962 historias, biografías, vínculos familiares y afectivos que han partido sin tener el ritual de la despedida por parte de los suyos.

Ambiente COVID-19 en San José. Mercado Central

Mucho se ha dicho ya sobre la necesidad de reactivar la economía. Pareciera ser un discurso necesario, único. Pero en medio de un modelo que justamente privilegia lo económico por sobre lo humano, se ha dejado de lado la dimensión psicosocial y subjetiva que debe restituirse primero, para después reactivarse. Es necesario comprender que una economía con subjetividades vaciadas y con miedo, no funciona ni garantiza igualdad y equidad.

Pensar entonces en reactivar lo humano, pasa por algunas interrogantes:

¿Cómo serán los encuentros sociales a partir de ahora, los abrazos, las conversaciones? La confianza en el otro, la otra, ¿será la misma? ¿Cuál política pública será implementada para reactivar de forma inmediata el afecto y la certidumbre?

En días recientes se promovió en Costa Rica una campaña llamada “Frenar la ola” orientada a concientizar acerca de la necesidad del cuido personal para minimizar el impacto de una fuerza pandémica incontenible, que está ganando la batalla a la institucionalidad en salud en el país.

Para quienes hemos perdido familiares, amigos, conocidos en estos días una acción así cuenta en lo socioafectivo. Algunas voces intelectuales y académicas han mirado con desdén esta iniciativa, pero yo la defiendo como acción restaurativa de lo emocional. Urgen propuestas que se ocupen de esa otra dimensión tan necesaria para la vida: la del sentido y el afecto sobre la racionalidad economicista.

Durante las primeras semanas de contingencia sanitaria en el 2020, las investigadoras Silvia Citro y María Luz Roa, pertenecientes a un equipo interdisciplinario de Antropología del cuerpo y la performance, con sede en Argentina, ya advertían sobre la urgente necesidad de reinscribir nuevas dinámicas subjetivas e intersubjetivas para contender como colectivo las trampas de discursos basados en el restablecimiento de los cuerpos y las economías:

“Construir desde lo colectivo, nuevas artes de re-existir, nuevas micropolíticas colaborativas que nos devuelvan la forma de ser sujetxs alegres y ya no sólo vectores, que brinden abrazos virtuales y no sólo enfermedades. No se trata sólo de entretenernos como pasa-tiempo, sino de entre-tenernos para re-existir con otrxs y vivir-en-el-tiempo”. (Recuperado de https://latfem.org/pandemia-yo-me-quedo-en-casa-pero-en-communitas/)

Quizá sea el momento de reescribir ciertos contratos donde lo importante no pase por la contabilización y el mercado. Existir para encontrarnos pareciera ser esa nueva promesa civilizatoria a la que debemos apostar como humanidad, como país. Esto pasa necesariamente por redibujar las arquitecturas de la política, el arte de la convivencia, el rigor del sentido comunitario. Nos desafían los tiempos.

Imágenes: informa-tico.com y Semanario Universidad

Plantón de Solidaridad con Colombia

SURCOS comparte la siguiente información:

Desde Costa Rica Plantón de Solidaridad con Colombia

Lugar: Cancillería de Costa Rica (Casa Amarilla, frente al Parque España)

Hora: 10:30 a.m

Día: lunes 10 mayo del 2021.

Convocan:

Ecos de Colombia

Migración y Refugio

Comité de Solidaridad con las Victimas de la Violencia en Colombia

Candidatos a Presidente y a diputados

Vladimir de la Cruz

El sistema electoral costarricense es en toda su forma presidencialista, aunque el mismo día se elijan los diputados, y como se hacía antes que también se elegían regidores y síndicos municipales. Toda la campaña electoral gira en torno a las figuras presidenciales, alrededor de quienes son los candidatos de los distintos partidos políticos.

Cuando se separó la elección de alcaldes, regidores y síndicos, lo que viene funcionando desde el 2002, y cuando se separaron estas elecciones de la nacional, como se hace actualmente, se avanzó en enriquecer la posibilidad de escoger mejor a los alcaldes, regidores y síndicos, en darle más importancia a los gobiernos locales, en hacer de estos y de sus municipalidades mejores espacios de participación ciudadana, y especialmente de darle fuerza a los gobiernos locales, lo que no se ha logrado porque en las comunidades y municipalidades no funcionan, en términos reales, los partidos políticos nacionales, ni provinciales y tampoco sus expresiones locales o los locales propiamente dichos, excepción hecha de los cantones de Escazú, Santa Ana, Curridabat donde ha habido experiencias de gobiernos locales con partidos locales que le dieron vida a esos cantones, y lograron cierta participación popular alrededor de sus proyectos políticos cantonales, sin poderse desarrollar como fuerzas políticas mayores y hasta perdiendo los gobiernos que habían logrado. La izquierda política que llegó a tener cierta influencia en los cantones de Barva y Montes de Oca, poco pudieron hacer, aparte de que en el ejercicio de su gobierno dilapidaron su pequeño capital político.

Los candidatos presidenciales siguen siendo los grandes motores de toda la campaña política, aunque debilitados de sus bases municipales, hoy separadas electoralmente. Las elecciones de diputados no mueven tanto a la población como lo hacían las elecciones municipales, cuando estaban todas estas elecciones juntas.

Para lo inmediato tenemos las elecciones nacionales, las de presidente y vicepresidencias, y las de diputados, que se realizarán el primer domingo del próximo febrero, dentro de nueve meses. En esta dirección se mencionan precandidatos en los principales y más grandes partidos del espectro electoral, y algunos candidatos ya consolidados en los partidos pequeños. De estos últimos es interesante que en su mayoría se vislumbran participando en la doble candidatura, como candidatos presidenciales y a la vez como candidatos a primer puesto a diputados en aquella provincia donde consideran que son más fuertes.

Siguen débiles y casi inexistentes las coaliciones electorales. Nos hace falta cultura política, educación política, madurez política para avanzar en este camino de coaliciones, que pueden resultar victoriosas como lo fueron en las elecciones de 1958, 1966 y 1978, donde en esos tres procesos electorales fue derrotado el Partido Liberación Nacional.

No se mencionan, al menos en el escenario público, los candidatos a diputados. En algunos partidos personas que se presentan como candidatos presidenciales, en lucha con otros candidatos, lo hacen en tanto esa participación les da un reconocimiento posible para que puedan ser considerados como candidatos a diputados, u otros puestos de la Administración Pública en caso de que su partido gane.

El peso está entonces en los candidatos a Presidente. Los electores, el pueblo electoral, sigue marginal del conocimiento de candidatos a diputados, los que aparecerán como abejones en mayo en esos partidos.

Las encuestas como métodos de medición por ahora se mueven en ver cuáles candidatos son más conocidos, o cuales son más apoyados o rechazados, principalmente a escala nacional. No se están haciendo todavía distinciones importantes al interior de cada partido políticos de los que tienen varios candidatos, con su propio caudal electoral, con los propios simpatizantes de cada partido.

En la mentalidad política de analistas y gestores de opinión pesa el resultado electoral de los últimos procesos electorales, por lo menos de las campañas electorales del 2010, 2014 y 2018, para sobre ellas valorar si los partidos políticos tienen músculo político y hasta para presagiar la posible segunda vuelta electoral en el 2022.

Las posibilidades de un triunfo de un partido en la primera vuelta electoral, la de febrero, como la posibilidad de que haya que ir a la segunda ronda, con dos candidatos en abril, existen de manera igual. Ello dependerá de los candidatos presidenciales que lleven los partidos políticos en primer lugar, y de los temas centrales de campaña electoral que cada uno agite. Aparte se sumará su experiencia política, sus vínculos nacionales e internacionales, sus ofertas al electorado sobre los principales problemas del país y de cómo solucionarlos.

Los temas de campaña electoral que ya se están agitando y tratando de introducir, como interrupción de embarazo y eutanasia, sin que existan en la realidad parlamentaria como Proyectos de Ley en trámite, me parecen altamente distractores de los principales problemas inmediatos que tenemos, y artificialmente montados con la intención de que se coloquen como temas principales.

Si se quiere montar un debate artificialmente alrededor de estos temas nadie puede asegurar cual va a ser su resultado final en elecciones, pero podría suceder como se resolvió el tema del llamado matrimonio igualitario, con mucha tensión nacional, pero con resultado progresista y liberal más que conservador.

El tema central para los partidos políticos será el de ganar las elecciones, claro está, pero ganarlas con la mayor cantidad de diputados posibles, para tratar de asegurar la mejor posibilidad de gobernar, para tener el músculo parlamentario en posibilidad de aprobar proyectos de ley y asegurar en ese sentido la mejor gestión de gobierno posible. Ningún candidato ni partido político puede estar aspirando a gobernar con 10 diputados como tiene el actual gobierno, o 14 como tuvo el anterior. El Partido Liberación Nacional sabe al menos que ha tenido no menos de 18 en los últimos dos gobiernos, lo que aún no le da la fuerza suficiente para un buen gobierno, porque ello también depende de la capacidad de negociación del Gobierno y de su fracción parlamentaria, lo que ha hecho muy bien el actual Gobierno y el Partido Acción Ciudadana, que le han aprobado prácticamente toda su agenda legislativa, que no era diferente a de la de los partidos Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional, porque han tenido la misma élite política económica dominante que, desde esas trincheras, han aprobado toda la agenda neoliberal, que el mismo Presidente Carlos Alvarado Quesada lidera en silencio, desde la misma campaña electoral, y que el Partido Acción Ciudadana de manera camaleónica ha disfrazado también muy bien, excepción hecha de los distanciamientos últimos que hace la Comisión Política del PAC, de su propio gobierno en aspectos o políticas que no le parecen, que debe hacerlo en esta etapa de gobierno y de campaña electoral. Ese carácter camaleónico es justamente su posibilidad de volver a ganar el Gobierno. Quedará por ver quién será su candidato o candidata presidencial para tratar de asegurar esa posibilidad de triunfo.

La campaña del 2022 la veo, en forma estrecha, promoviendo candidatos presidenciales, y a estos y a sus partidos, pidiendo votos para ellos pero también para sus diputados, como equipo de gobierno. De allí la importancia que puedan llegar a tener los candidatos a diputados que hasta hoy se desconocen, que están invisibilizados, pero que ya deberían empezar a sacar sus orejas, y algunos para verles sus colmillos y dientes, como se hace con algunas especies que se ofrecen en venta, para ver que gozan de buena salud, en este caso salud pública, salud política, personal, profesional, empresarial… la que tengan, y puedan y deban exhibir, para poder pagar con los votos el paquete de Presidente y diputados, y no sufrir un PACquetazo.

Los diputados por su naturaleza son beligerantes políticos

Vladimir de la Cruz

Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.

Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.

La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.

De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.

¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.

Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.

Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.

La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.

Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.

La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.

Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.

Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.

En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.

Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.

Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.

Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.

Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.

Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?

Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.

La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.

Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.

Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.

La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.

Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.

El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.

Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.

Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.

Derecho a la verdad y democracia

Arnoldo Mora

Entre 1642 y 1672, es decir, en los inicios mismos de la edad moderna, tuvo verificativo en Holanda la primera gran revolución democrático-liberal; esa revolución es conocida en la historia como “La República de los Hermanos De Witt” por haber sido Jan De WITT su máximo líder; su asesinato en las calles de La Haya significó el término de esa especie de “primavera” de las luchas por la democracia dentro del marco de una ideología liberal. Su ideólogo más connotado fue Baruc Spinoza, filósofo holandés de origen sefardita; en su última e inconclusa obra, TRATADO POLÍTICO, Spinoza intentó darnos una definición de lo que hoy entendemos por democracia; allí afirmó que la defensa de las libertades públicas constituye la esencia misma de lo que se debe entender por “democracia”. Esas libertades públicas son para Spinoza tres: la libertad de conciencia (fundamental en una época como la suya, que ya llevaba un siglo de guerras de religión posteriores a las Reforma Protestante, que dividió la cristiandad occidental), la libertad de expresión (muy novedosa para una época en que en se acababan de crear los periódicos) y la libertad de organización como expresión social y política de las otras dos. Hoy solemos hablar más ampliamente de “derechos humanos”, cuya carta plasma la razón de ser de las Naciones Unidas, por lo que ésta constituye el fundamento ético y jurídico del derecho internacional, pues no pueden darse relaciones civilizadas entre naciones si no se inspiran en esos principios doctrinales.

Es dentro de esa concepción filosófica que debemos entender la libertad de prensa como un derecho humano. La libertad de prensa es legítima jurídica y éticamente tan sólo si expresa la soberanía del pueblo, entendiendo por “soberanía” el ejercicio de las libertades colectivas como condición indispensable para que un pueblo sea dueño de su destino y pueda escribir la historia con su puño y letra. La libertad de prensa es legítima tan sólo si expresa la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a saber la verdad. Quienes convierten ese derecho sagrado en un poder fáctico, lo tergiversan al reducirlo a un instrumento de manipulación de conciencias y en un monopolio de facto que da origen a una dictadura mediática. Su más brutal expresión es el manejo descarado de las llamadas “redes sociales”, que han sustituido en la práctica a los partidos políticos como expresión del pluralismo ideológico y la confrontación de ideas. Ab(usando) de esos poderosísimos recursos tecnológicos, han llegado al poder figuras espernibles, como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y, más cerca de nosotros, Bukele en El Salvador. Todo lo cual es consecuencia en el ámbito político de la revolución tecnológica actual, pues las comunicaciones han sido monopolizadas por las grandes empresas de la comunicación, quienes las financian. Al autocalificarse como “paladines de la libertad”, no hacen sino defender los intereses de esos monopolios mediáticos, convirtiendo así el derecho constitucional a la información en una mercancía. Quienes están a su servicio, subordinan los valores democráticos a los intereses de sus patronos; los periodistas a su servicio no son más que empleados.

Lo que sucede en el ámbito nacional no es más que un reflejo de lo que acaece en la esfera internacional. La campaña de difamación y de medias verdades en contra de las universidades públicas, emprendida por los empleados de la familia Jiménez Borbón, acostumbrada a tratar a la Patria de Juanito Mora y García Monge como si fuera un feudo azucarero, constituye un ejemplo de lo dicho. Se les cobra a nuestras beneméritas instituciones el estar formando ciudadanos con conciencia patriótica, como nos enseñaron a hacerlo nuestros grandes maestros humanistas, como Omar Dengo y Rodrigo Facio, a fin de inspirarse en el ejercicio del poder en la práctica de los derechos humanos, entendiendo “derechos” en el sentido kantiano de la palabra, a saber, como condición de posibilidad de la libertad como ejercicio de la razón práctica. Esos valores son tres, porque señalan la finalidad de las tres facultades superiores o dimensiones que definen al ser humano como “espíritu absoluto” (Hegel). La razón teórica (“pura” para Kant) aspira a la verdad, la voluntad (“razón práctica” para Kant) procura el bien ético, y la sensibilidad busca la belleza. Las libertades públicas deben ubicarse en la segunda dimensión, dado que son, insisto, la expresión social de la libertad como ejercicio de la racionalidad.

En filosofía política y derecho constitucional se habla del “pueblo” con el calificativo de “soberano”; este calificativo es altamente honroso, pues en los regímenes regidos por democracias absolutistas era un atributo tan sólo del rey , debido a que la monarquía era concebida como investida de atributos divinos (Bossuet). Debemos al más influyente ideólogo de la Revolución Francesa (1789), Juan Jacobo Rousseau, el haber conferido dicho atributo al pueblo llano que, desde entonces, se convierte en un principio fundamental de lo que entendemos por “democracia”. Es el pueblo-soberano la única matriz o fuente de las libertades públicas. Éstas se desarrollarán en consonancia con la conciencia que de sus derechos adquieren los pueblos, al calor de las luchas libertarias que despliegan; lo cual hace que debamos concebir los derechos humanos no como una especie de entelequia metafísica, sino como un proceso dialéctico, es decir, dentro de un marco de dimensiones históricas, movido por la dinámica de las fuerzas sociales.

La campaña en contra de las universidades públicas, como muy bien lo señala el actual Rector de la UCR, Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, constituye un atentado en contra de los valores y principios democráticos, cimientos de nuestro sistema de vida republicana. Las universidades públicas, al luchar por sus derechos constitucionales, lo hacen igualmente por la soberanía de nuestro pueblo, por la dignidad de nuestra república. De esta manera honran con hechos y no con altisonantes y demagógicas declaraciones, el Bicentenario de Nuestra Independencia.

La ansiada recuperación económica

Óscar Madrigal

Los grandes empresarios reclaman cotidianamente por medidas para la llamada recuperación económica. Ellos conciben que la misma llegará siempre y cuando les aprueben algunas medidas, tales como reducciones en las tarifas eléctricas, disminución en las cuotas patronales de la Caja, moratorias a los que no las han pagado, eliminación de controles (lo que ellos llaman trámites), en fin, reducción de impuestos.

Estas medidas que exige el gran empresariado podrán ayudar, aunque no son las fundamentales e incluso en otros países se ha demostrado que la reducción de impuestos no ha contribuido en nada a aumentar la producción.

Lo que estamos viendo en estos momentos es lo que fundamentalmente ayuda a elevar la producción y a generar empleo: la invitación a que los costarricenses asistan a las playas y centros vacacionales.

Es en el fondo una invitación a los trabajadores y trabajadores para que vayan a los hoteles, restaurantes o parques a disfrutar de las vacaciones, pero fundamentalmente a GASTAR, a COSUMIR. Esto es lo que realmente levanta y reactiva los negocios, el turismo y las industrias.

Pero las personas para gastar o consumir necesitan tener plata o dinero y en el caso de los asalariados, tener buenos y jugosos salarios. Para que se eleve el consumo y reactive la economía se necesita que la gente gaste y esto solo es posible si tiene un salario que le permita hacer eso.

Los grandes empresarios y el Gobierno de Alvarado pretenden -como se dice- hacer chocolate sin cacao. Reactivar congelando los salarios de los empleados públicos por 10 años o más y pagando salarios raquíticos a los trabajadores de la empresa privada, es imposible.

Una verdadera política de reactivación económica necesita urgentemente de buenos salarios que logren aumentar el consumo. Esta es la ruta de la reactivación: SALARIOS CRECIENTES.

Si los empresarios y el Gobierno quieren realmente reactivar la economía, disminuir el desempleo, aumentar ingresos tributarios, la mejor receta es aumentar salarios.

Pueden empezar.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO. Integrantes de Grupo de Garantes Administración Alvarado Quesada (2018-2022)

Los abajo firmantes, como parte del grupo de garantes de la ética del gobierno encabezado por el señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, queremos dejar manifiesta nuestra posición con respecto al proyecto “Ley de Empleo Público” (Expediente No. 21.336) en discusión en la corriente legislativa.

  1. La Constitución Política vigente establece con claridad la división de poderes de la República y distintos grados de desconcentración y autonomía para instituciones con misiones especializadas como el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades, las universidades y las instituciones autónomas. Estas autonomías van desde lo estrictamente administrativo (autogestión de un ente sin dependencia de otro), hasta la autonomía política (capacidad de autogobierno) y la autonomía organizativa (capacidad de auto-organización). El caso de las universidades públicas incluye las tres modalidades de autonomía constitucionalmente previstas.
  2. La norma 191 C.P., por su parte, prevé la creación de un Estatuto de Servicio Civil, concebido para regular la relación entre los servidores públicos y el estado, sin hacer, ciertamente, distinciones. Sin embargo, una interpretación histórica de este mandato, confirma que la intención del constituyente fue asegurar el acceso al empleo público, creando un ente descentralizado que, en condiciones objetivas de independencia e idoneidad, así como lejos de la influencia y control del gobernante de turno, condujera los procesos de designación del funcionariado y demás empleados de este sector. No hay que olvidar que esta fue una de las cuestiones detonantes de la crisis de 1948. Una visión también histórica del desarrollo de las entidades autónomas en el país a lo largo de casi setenta años, han afianzado el principio de división de poderes y de autonomías en distinto grado, con diversos estatutos especializados que han permitido apartar las  influencias político-partidarias en la gestión, organización y autogobierno de las instituciones públicas. A nuestro entender, el espíritu del constituyente, aunque nunca se concretó en la existencia de un estatuto único, se ha afianzado y fortalecido a través de los años, incluso con la labor interpretativa de la Sala Constitucional.
  3. Las cuestiones relacionadas con la definición de perfiles de los servidores, sus requisitos, las calificaciones de idoneidad, rendimiento y régimen disciplinario, así como escalas salariales deben considerarse como parte de la autonomía de que gozan estas instituciones. Es muy riesgoso poner en manos de un ente controlado absolutamente por el Poder Ejecutivo, la determinación última de estos aspectos en alguna instancia no especializada, sino que pueda, además, ser proclive a la manipulación tratándose, por ejemplo, del nombramiento de jueces, autoridades y docentes universitarios y técnicos especializados en distintas entidades públicas. Por el contrario, cualquier tipo de exceso o contradicción que pueda haberse dado en este campo, es perfectamente corregible y mejorable, sin sacrificar la misión esencial que cada institución autónoma tiene. Para ello se cuenta con instancias controladoras que ninguna institución autónoma puede obviar.
  4. Si bien entendemos que esta es una discusión también de carácter ideológico-política por tratarse de la administración del Estado, siendo que respetamos las distintas posiciones que hay al respecto, no podemos ignorar en este debate la existencia de una  arista ética, puesto que durante la campaña electoral pasada, el actual Presidente Alvarado Quesada fue claro al señalar que la cuestión del empleo público no podía reducirse a un tema eminentemente fiscalista, -como evidentemente lo está siendo-, y que había que dar un tratamiento integral que respetara la complejidad y especificidad de un ámbito vital para la prestación de servicios públicos esenciales, en un régimen democrático de derecho -como evidentemente no lo está siendo-. Encontramos pues, en este punto,  un incumplimiento de orden moral a los compromisos asumidos para con el electorado nacional.

Margarita Bolaños Arquín                José Manuel Arroyo Gutiérrez

San José, 23 de marzo de 2021.

Los diviesos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Manuel Hernández

Los diviesos o forúnculos son infecciones de la piel, que van llenando de pus la parte del cuerpo afectada y producen inflamación, mucho dolor, incomodidad y hasta fiebre.

En el campo, de donde vengo, se decía que los diviesos o abscesos nacen porque la sangre está contaminada.

En la avanzada fase legislativa de la cruzada en que se encuentra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público (discusión mociones de reiteración), se pueden advertir 3 grandes nacidos o diviesos que lo tienen muy contaminado:

1.- El primer absceso corresponde al ámbito de la cobertura de las instituciones, que quedarán sujetas al imperio del emergente Leviatán.

La discusión concierne principalmente a la sumisión del Poder Judicial y la regulación de las autonomías de determinadas instituciones, principalmente las universidades públicas y gobiernos locales.

2.- El segundo divieso se radica en la titularidad de la rectoría de la gobernanza del empleo público, tema que después de ser pacífico, ha generado una importante controversia política.

El último texto legislativo que se aprobó, creó un monstruo de dos cabezas, en virtud que, por una parte, la rectoría política la recuperó, en teoría, MIDEPLAN, pero por otra parte, esta rectoría quedó sustancialmente vaciada, a merced de las múltiples y potentes competencias que se le atribuyeron a la otrora famélica Dirección General de Servicio Civil.

La cuestión más relevante, independientemente como se resuelva este pulso político-partidario, es que no puede existir rectoría gubernamental, por mínima que sea, en menoscabo de la autonomía que constitucionalmente tiene asignada la Caja Costarricense de Seguro Social, los gobiernos locales y las universidades públicas, salvo que sea derrumbando la Constitución Política.

3.- El último nacido se relaciona con los alcances de la regulación del salario global, el producto superestrella, pero, a la vez, el más oscuro del proyecto.

El proyecto somete las remuneraciones a un régimen salvaje, más regresivo que la misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con esto queda todo dicho; trasladando coactivamente a las y los funcionarios actuales, al esquema único de salario global, a contrapelo del principio de irretroactividad de la ley, principio elemental del Estado de Derecho (artículo 34 constitucional).

Al tenor de las normas del proyecto, las remuneraciones quedarán congeladas, estancadas en el tiempo, hasta después de la segunda venida de Cristo, con la consecuente afectación de la reactivación y eficiencia de la economía nacional.

Estos diviesos están bien maduros, que reventarán el pus maloliente que han cultivado, producto de una sangre más que contaminada, envenenada por el odio visceral contra la clase trabajadora de la función pública y la aversión al Estado Social y Democrático.

No haría nada mal, a quienes urdieron esta conjura contra la democracia, una dosis concentrada de gavilana y güitite, que todavía abundan en mi pueblo, para bajar la fiebre y aliviarles el coma hepático, que produce pérdida de la función cerebral, cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. 

23/03/2021

Por una universidad pública para la vida y al servicio del pueblo

Información de UNED-PRO:

Las organizaciones laborales de la Universidad Estatal a Distancia, como UNED-PRO, se mantienen en lucha por la defensa del Estado Social de Derecho, la autonomía universitaria que protege la libertad de producir conocimiento y aportar a la sociedad sin influencias externas, y contra la amenaza a esos valores que representa el Proyecto de Ley de Empleo Público.