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Pan con pan, consuelo de tontos

Manuel Delgado

Para decirlo en bonito, el director del Estado de La Nación Jorge Vargas Cullel ha asestado un gran golpe a su prestigio profesional. Dicho en cristiano, se ha puesto en ridículo. Lo más grave, comprometido la legitimidad, imparcialidad y espíritu crítico de la institución que preside, y la ha convertido en un apéndice del poder político. Como suponen, me refiero a ese compadre hablado de la mal llamada mesa de diálogo nacional.

Primero por la integración de esa mesa de diálogo, donde evidentemente, sin la menor duda posible, la mayoría la conforman personas proclives al gobierno. Sumen, resten dividan y multipliques y se darán cuenta. Allí no hay posibilidad de disensión funcional, es decir, viable. Además, hay un tema único, impuesto por Vargas Cullel, previo con Casa Presidencial. Por tanto, nadie puede traer a colación otro tema ni temas similares. Los bloqueos, la pobreza, el desempleo, el engaño, la desesperación de la gente, eso ni por asomo se discutirá.

Segundo, cualquier propuesta que alguien quiera hacer tiene dos filtros. Uno son “técnicos de Banco Central de Costa Rica y Hacienda”, siempre presentes, y el otro es un equipo de enjundiosos economistas nombrado por Cullel, siempre presente también. En aras del “realismo” ellos decidirán si las propuestas son de recibo o no. Ellos van a evaluar las propuestas, santificarlas o colocarlas en el cesto de lo inaceptable. ¿De dónde saldrán esos expertos? Me imagino que de los mismos lugares de donde han salido los que nos tienen donde estamos. Por tanto, de allí no puede salir, es más, ni siquiera se puede discutir, una medida que esos técnicos consideren no viable.

Será el mismo Cullel quien dicte las normas del debate, dará y retirará la palabra, reorientará la discusión cuando a su entender no se corresponda con el tema en debate.

Además, el contenido de las discusiones es privado y solo se informará sobre los resultados. Debate a puerta cerrada, ni más ni menos.

En otras palabras, hay más diálogo en un convento dominico.

Pero lo peor no está allí. El asunto central es que de ese “diálogo” han quedado excluidos aquellos con quienes se debería dialogar, los sectores que están en lucha, así como muchas organizaciones rebeldes.

El “diálogo” del señor Cullel es entre iguales, son los mismos que discutirán con los mismos y, por supuesto, se pondrán de acuerdo. Es un yo con yo. Pero como dice el refrán: “Pan con pan, consuelo de tontos”.

El consistorio del diálogo social

“Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.” (Saramago)

Manuel Hernández

El Gobierno de la República, después de infructuosos intentos, en mancuerna societaria con la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el 11 del mes en curso, convocó a un proceso de diálogo social multisectorial, que será solemnemente inaugurado el próximo sábado.

Ese planteamiento oficial amerita algunos comentarios puntuales.

1.- Esta última convocatoria se produce al calor de la crispación política, las reacciones y la rabia legítima de amplios sectores populares, que en el foro público están manifestando su inconformidad contra la agenda de implementación de los proyectos de ley y otras iniciativas que el Gobierno estaba poniendo en bandeja de plata al FMI para “negociar” un instrumento de asistencia financiera por un monto de $1.750 millones.

La divulgada convocatoria, por tanto, no corresponde a una genuina vocación de diálogo del Gobierno, que a lo largo de más de dos años ha demostrado manifiestamente que no tiene esta franca voluntad.

La flamante convocatoria es una salida política coyuntural, bien calculada, con la finalidad de aplacar el escenario de agitación social que causó el fallido planteamiento de negociación del préstamo con el FMI.

2.- Con la finalidad de procurarle alguna credibilidad aceptable a esta nueva iniciativa, el Gobierno, por una parte, echó mano de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y por otra parte, recurrió a los solícitos auxilios del Programa del Estado de la Nación (PEN), convertido en socio protagonista de esta emergente empresa.

El Programa del Estado de la Nación ha asumido el rol de “ente facilitador”, que estará a cargo de la estructura de apoyo logístico, pero que las atribuciones que se arrogó el Director del Programa, motu proprio, exceden las competencias que de ordinario tiene una instancia a la que se le atribuya cumplir esa misión de “tercero neutral”.

3.- Tratándose del planteamiento sustantivo de PEN, en primer lugar, corresponde advertir la cuestión que va a ser el objeto del proclamado diálogo social; es decir, el mandato, el denominado “problema” a debatir y solucionar.

La cuestión objeto del proceso, en esta primera etapa, viene determinada, de antemano, con el mayor rigor, con pelos y señales, en términos macro económicos, tendiente a reducir la situación del déficit primario y el endeudamiento.

Cualquier propuesta de los actores participantes tiene que necesariamente circunscribirse a alcanzar las metas o parámetros económicos definidos anticipadamente.

Entonces, el proceso tiene una dinámica unidireccional, con un producto esperable que ya viene modelado, embutido, de suerte que cualquier propuesta queda totalmente subordinada al cumplimiento de este único objetivo.

Cualquier otra iniciativa “loca”, como lo manifestó el Director del Programa del Estado de la Nación, queda fuera de lugar; sujeta al escrutinio del panel de expertos, correligionarios de las escuelas de Friedman, Buchanan y Hayek, que le compete determinar la razonabilidad técnica de las propuestas y certificar que las propuestas o recomendaciones cumplan con los parámetros económicos predefinidos. Esto se llama control de calidad.

4.- No queda la menor duda que se trata de una propuesta estrictamente de carácter fiscalista, de corto plazo, que al final se reducirá a un ajuste de cuentas: aumento de ingresos y reducción de gastos.

Este planteamiento le permitiría al Gobierno, haya o no acuerdo, en definitiva, terminar el resto del período constitucional que todavía le queda, que prácticamente se agota el próximo año. Después vendrá la infaltable fiesta electoral.

La solución de los problemas estructurales de nuestro país, la reconstrucción económica y social, la desigualdad social, la desigualdad de género, la reactivación del tejido productivo, la generación de empleo, la protección social de los más vulnerables, queda postergada para la Segunda venida de Cristo.

5.- Por otra parte, el proceso de diálogo se disciplina con una parafernalia e inflexible regulación instrumental, procedimental, que le (auto) confiere al Director del Programa del Estado de la Nación un conjunto desproporcionado de potestades, a saber: la “potestad del lapicero”, la “potestad de vocería”, potestades procedimentales, potestad exclusiva de convocatoria a sesiones, la aplicación de la regla de salida, entre otras.

Estas potestades exorbitantes, cuya titularidad le corresponden en exclusiva a PEN, coloca a la instancia facilitadora en un status de participante protagónico, actor principal de la comedia política, que asume una posición de autoridad, que raya en el dirigismo autoritario.

6.- No deja de ser importante señalar que en un proceso de diálogo, para que sea confiable y democrático, lo primero que se negocia son las reglas del juego.

En este sui generis proceso, por contrario, las reglas de participación las determinó unilateralmente el propio Estado de la Nación.

Es decir, la misma instancia que tendrá a su cargo la administración y logística del proceso, definió a su arbitrio las reglas de participación, las cuales quedan sujetas a su estricta aplicación y exclusiva interpretación.

 

7.- Las reglas definidas unilateralmente configuran una verdadera camisa de fuerza, de tanta intensidad, que si el facilitador estima que los integrantes no están negociando de buena fe, o se retiran de la Mesa, a merced de la cláusula de salida, el PEN tiene la potestad de dar por fenecido el proceso. ¡Caput¡

En consecuencia, hasta ahí llegaría ese ejercicio tan democrático de participación y nos vamos todos tranquilos a la casa, con la satisfacción del deber patriótico bien cumplido, quedando habilitado el Poder Ejecutado, de frente a semejante esfuerzo de diálogo frustrado, a adoptar las políticas públicas y medidas económicas que a su total discreción correspondan.

8.- Aquella potestad de vocería implica que los comunicados únicamente los puede emitir el PEN, cuyo contenido queda limitado a los resultados obtenidos, omitiéndose constar los contenidos de las deliberaciones.

La estructura operativa tiene una plataforma de comunicación, que le corresponde informar a la ciudadanía el avance del proceso, “de manera oportuna y con un mensaje disciplinado.”

En las minutas de las reuniones únicamente se harán constar exclusivamente los temas discutidos, acuerdos o desacuerdos, pero en ningún caso se consignarán las opiniones de los participantes, creándose una cláusula de confidencialidad, totalmente inadmisible.

La “potestad del lapicero” no es más que una potestad de censura previa, en virtud de la cual todo documento debe ser “revisado”, de previo, por la instancia facilitadora y luego, si pasa su escrutinio, puede ser sometido a conocimiento de los integrantes de la mesa.

Queda así desnudado un proceso caracterizado por el verticalismo, el excesivo control, la opacidad, que por contrario, en aras de la transparencia, este proceso debería ser público y transmitido en tiempo real a toda la ciudadanía.

9.- No solo es que el Programa del Estado de la Nación definió el objeto muy calibrado del proceso, las reglas instrumentales, sino además, como si lo anterior no fuera poco, la participación de los sectores y las correspondientes cuotas.

10.- Por último, no están convocados todos los que son. Una serie de colectivos de nuestra sociedad, como pueblos indígenas, colegios profesionales, pensionados y jubilados, judiciales, entre otros, quedaron excluidos.

Mucho menos están convidados quienes en el ágora del espacio público recuperado, están exigiendo un verdadero diálogo social, real, efectivo y democrático, que tenga una vocación transformadora de nuestra injusta sociedad, que ya no soporta tanta desigualdad social.

Decía Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia, la toman por si mismos, más pronto o más tarde”.

La urgencia del Diálogo Social, como un cauce de mediación democrática, de interlocución política, sigue siendo una asignación pendiente en nuestro país.

¡Luces, cámaras, acción!

15/10/2020

La bofetada del presidente

Marcos Chinchilla Montes

Durante estas últimas dos semanas hemos sido testigos de una serie de acciones policiales que demuestran el grado de violencia y brutalidad policial que ejercen las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, contra quienes han venido participando de manera legítima contra las medidas económicas neoliberales que el gobierno de Carlos Alvarado desea imponer.

La respuesta policial busca aleccionar y desalentar a como sea, cualquier forma de oposición y organización; y para ello recurre a prácticas de terror como los son las incursiones en barrios o la detención y criminalización de periodistas independientes.

Algunas personas podrían aludir que son excesos puntuales que se escapan del control de las jefaturas y mandos medios; pero desde mi lectura, son acciones que pretenden aleccionar a las comunidades y mandan un mensaje muy claro: ni se atrevan a cuestionarnos, porque esto les va a suceder a ustedes también.

En el Chile de Pinochet, pocos meses después del golpe de Estado, cuando las comunidades comenzaban a manifestarse contra la dictadura, eran convocadas cientos de personas en una plaza barrial, al centro estaban los militares y carabineros con las mascotas de las familias, y una a una las iban matando y de paso alertando: si siguen de necios, a ustedes les pasará lo mismo.

Vale la pena recordar que en Chile fueron asesinadas o desaparecidas más de 3000 personas, justamente por una dictadura de naturaleza neoliberal que comparte nuestro actual gobierno.

Los informes que llegan de la zona norte permiten entrever que el gobierno quería quitarse de una vez por todas el problema de “San Carlos”; tenía que ser una respuesta contundente contra un cantón que le ha plantado cara al gobierno. Y como bien lo dejó claro el Ministro de Seguridad días atrás, el papel de ellos es garantizar que todo esté abierto y que la producción no se detenga.

En particular, deseo destacar la forma cobarde como un policía inmovilizó a una mujer mientras estaba indefensa en el suelo: le recetó una soberana bofetada, al mejor estilo del macho que agrede y somete a una hembra a quien considera loca y fuera de sí; una práctica machista y misógina que lamentablemente corre por las venas de un sector policial y que además de censurable, debe de ser denunciada a la brevedad, llevando a estrados judiciales a la persona responsable y a los mandos a los que obedece. Funcionarios de esa calaña, no merecen ser parte de la institucionalidad pública costarricense.

En esa miserable bofetada, se resume de manera magistral el trato que el gobierno de Carlos Alvarado le ha dado a la sociedad costarricense: el engaño; la traición; la exclusión social; el olvido; la violencia policial, la represión; el plegarse sin consideración alguna a los intereses de un sector del empresariado neoliberal, en menos cabo de los derechos humanos de la población costarricense.

Cuando el policía agrede de manera vil a la mujer que tiene tendida e indefensa sobre el suelo; sabe muy bien que actúa alineado y con la protección de sus jefaturas, es la misma solicitud que el gobierno ha transmitido por la cadena de mando: hay que aleccionar, golpear, generar miedo, humillar y desmovilizar a toda costa a quienes protestan y denuncian. Dichosamente, un video permitió conocer los excesos y cobardía represiva de nuestra policía; ¿qué pasará en aquellos lugares donde el silencio y la impunidad son cómplices de la policía?

A este policía poco le importa la violación de los derechos humanos de la mujer que yace boca abajo, agredida, él es el macho, tiene el poder, tiene el dominio de la violencia; para eso fue entrenado. Como poco le importa a Alvarado los derechos humanos de la sociedad costarricense, el viene a realizar el trabajo sucio que el empresariado le ha encomendado; él también nos ha abofeteado.

Costa Rica no necesita ningún acuerdo con el FMI

Manuel Delgado

A mí me llama mucho la atención que ninguno de los partidos con representación parlamentaria, con la sola excepción del Partido Integración Nacional, lo haya dicho así. Todos dicen: “Bueno, tengamos cuidado con eso, hagamos tal cosa, propongamos tales cambios, no aceptamos tales o cuales propuestas”, pero nadie ha dicho: “No al acuerdo”. La llamada clase política, incluido el Frente Amplio, da por sentado de hay que llegar a un acuerdo con ese organismo, cuya presencia, piensan, es tan natural como ver salir el sol por el este cada mañana.

Veamos. Estamos pidiéndole al FMI un crédito por 1.750 millones de dólares, pero el Banco Central, que es del Estado, que es de los costarricenses, tiene una reserva monetaria de 8.000 millones de dólares. La fórmula es muy simple: el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, emite bonos por una cantidad de dinero, digamos 2.000 millones de dólares, y el Banco Central se los compra al gobierno baratos, digamos al 2%, que es el precio a que están colocados.

Con ese dinero que ya tenemos no hace falta que venga el Fondo aquí. El gobierno podría hacer, por ejemplo, una recompra de deuda que es uno de los rubros que más pesan desde el punto de vista fiscal. Nosotros tenemos una deuda gigantesca cuyos acreedores son en algunos casos organizaciones sociales (por ejemplo, los fondos de pensiones), pero sobre todo el acreedor es la enorme plutocracia, los grandes ricos que se hacen más que millonarios año con año cobrándole al Estado intereses muy altos por su deuda, por esos bonos, que tienen los intereses altos y además son muy seguros.

Por supuesto que esta propuesta no es aceptada por UCCAEP, cuyos miembros reciben millones como acreedores, ni tampoco el presidente del Banco Central. Dicen que esa medida es peligrosísima y pone al país al borde de una inflación galopante. Pero eso no es cierto.

Las reservas actuales, esos 8.000 millones de dólares, equivalen a un 16% del PIB. Pero el país ha tenido recientemente reservas menores: 2.300 millones 14% del PIB) en el 2007; 3.700 millones (=10% del PIB) en el 2010; 4.600 millones (=11% del PIB), en el 2012. Las reservas eran menores y el país no se hundió en el desamparo.

Lo que ocurre es que el déficit es una excusa para amarrar con el FMI un acuerdo que nos obligue a cosas que todavía no confiesan: vender los bienes del estado, reducir derechos laborales, acabar con el estado de seguridad social. Ya lo hicieron con el TLC, que fue excusa para lograr lo que no pudieron antes por la protesta popular, que fue “abrir los monopolios” (es decir, privatizar, al menos en parte) de las telecomunicaciones, la electricidad, los seguros.

Segundo: ¿Por qué no es deseable ese acuerdo con el FMI? El Fondo Monetario Internacional no es una entidad financiera. Ese es un nombre equivocado que le damos. No se hizo para financiar, se hizo para intervenir, se hizo para imponer a los países fórmulas de tipo económico y de tipo fiscal y de tipo social. Si yo quiero comprar una casa, yo voy al Banco Nacional, le doy todos mis atestados y el Banco los estudia. Si califico, me dan el préstamo para comprar mi casa y punto. Pero el Banco Nacional no me dice de qué color tengo que pintar las paredes, ni de qué marca tienen que ser los electrodomésticos que compre, ni en qué lugar tengo que poner la cama. En cambio, el Fondo Monetario Internacional nos dice todo eso, nos exige; es un instrumento no para financiar sino para obligar al país para doblegar su soberanía y obligarnos a cambios estructurales en materia económica y social, y los que están planteando ahora son sencillamente catastróficos.

Volveré con el tema.

Escenarios, significados y tiempos históricos de una crisis muy profunda – Primera parte

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Hemos llegado a una encrucijada histórica en extremo compleja, en la que incluso el lenguaje que hemos venido usando para denominar a la política, a las ideologías, y a los actores políticos en un país y una sociedad como la nuestra han perdido su validez. Esos vocablos como “socialismo”, “democracia”, “comunismo” o “liberalismo” tan caros a los intelectuales urbanos de los valles centrales de Costa Rica y a ciertas élites políticas no tan ilustradas como pretenden serlo a veces, carecen de hoy de una significación o sentido unívoco, al menos para muchos de los habitantes que conforman un gran segmento de los sectores populares, incluidos algunos pequeños y medianos empresarios y toda una constelación de actores sociales, cada vez más marginados del poder y de la riqueza, especialmente en las zonas rurales más apartadas del país, donde se ha producido un levantamiento popular con una fuerte base entre los agricultores, como algo inédito en la historia reciente del país, contra las políticas económicas y sociales de corte neoliberal, inspiradas por los grupos de pensamiento de la derecha más radical, entre ellos la Academia de Centro América y el Instituto Cato de Washington, en su sucursal costarricense, las que son percibidas y calificadas como “comunistas” o “chavistas” por las víctimas de esas políticas. A la dictadura en democracia del pensamiento único neoliberal se la percibe como una “dictadura comunista”, o una antesala que nos llevaría por los caminos de Venezuela, Nicaragua o Cuba que son unos países que resultan ser la encarnación del mal.

La presencia en el gobierno de una serie de intelectuales y cuadros “progres”, por lo general encaminados hacia una agenda más propia del llamado “marxismo cultural”, que a la del llamado “comunismo” a secas de que hablan algunos de los sectores más empobrecidos del país, ha terminado por provocar una confusión entre estos últimos, quienes perciben las violentas políticas económicas de las élites del poder en su contra y el abandono en se encuentran sus comunidades, como la materialización de algo que sienten y perciben como todo aquello que no debe ser. Ergo, entonces el gobierno y las élites  del poder son “comunistas”, las que ponen en peligro la democracia y las formas de vida propias de los costarricenses, nos dice un empresario agrícola mediano del norte del país que, en medio de su descontento y su frustración por las políticas inhumanas del régimen, dentro de lo que constituye un descontento a veces orientado o alimentado desde las visiones del neopentecostalismo o evangelismo integrista, o aún desde una perspectiva secular sin mayores connotaciones religiosas. Ese empobrecido y abandonado país: esa patria chica de los sancarleños, guanacastecos, limonenses, puntarenenses, generaleños y habitantes del sur costarricense fronterizo con Panamá se siente abandonado y golpeado, en lo más profundo, por las rígidas políticas de ajuste económico y social que ha venido ejecutando, de una manera rígida e implacable, la coalición gobernante del PAC, PLN, PUSC e incluso de partidos “religiosos” neopentecostales (toda una paradoja), los que para efectos prácticos actuaron como si fueran uno solo, dándole la espalda a los sectores sociales más golpeados por la crisis.

El gobernante PAC y la coalición de partidos que incluyen a todo el espectro político que ahora choca de frente con ese otro país del que hemos hablando, había aplastado una gran huelga de los trabajadores del sector público, hace apenas un par de años, motivada por la oposición de ese sector laboral a la aplicación de un paquete o ajuste tributario de naturaleza muy regresiva, el que ha tenido efectos brutales hacia el conjunto de la economía y la sociedad, sobre todo por su naturaleza recesiva, por lo que innumerables negocios además de pequeñas y medianas empresas quebraron, a lo largo del año 2019, mucho antes de que apareciera la pandemia del Covid 19, la que vino a ser el golpe de gracia para muchos sectores de la población que ya se encontraban al borde la ruina.

Las nuevas medidas fiscales, planteadas por el gobierno de Carlos Alvarado, con vistas a un acuerdo para la obtención de un préstamo de 1750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que castigan todavía más duro al grueso de la población, nos está llevando a la forja en los hechos de una gran coalición del movimiento social adverso al régimen de la dictadura neoliberal en democracia, a pesar de las diferencias ideológicas explicitas entre los actores sociales que se han venido involucrando en la protesta. Esta ha sido la emergencia del Movimiento Rescate Nacional con José Miguel Corrales, Célimo Guido y un importante grupo de dirigentes regionales, un movimiento que ha continuado fortaleciéndose a pesar de la retirada del primero de ellos, en medio de unas circunstancias muy confusas aún.

Los llamados progres del PAC se han lanzado contra el movimiento social descalificándolo en los peores términos, al llamar “vándalos” a los que desde el otro país protestan contra el dictador “comunista” y émulo de Nicolás Maduro, quien no es otro que Carlos Alvarado, no conformes con esto los progres piden una represión sanguinaria contra la población alzada contra el régimen, como si ya nos estuviéramos enrumbando hacia el totalitarismo fascista en la Costa Rica del “pura vida”, la que ha demostrado no serlo tanto y tampoco para todos, como dijo una comentarista de la televisión internacional. No se llamen a engaño tránsfugas del PAC, aunque un sector del movimiento califique en esos términos al actual gobierno, lo que en realidad sucede es que en el fondo repudian las políticas neoliberales que los están asfixiando, la brutal represión de los cuerpos policiales y el violento ajuste estructural que los sectores más poderosos pretenden imponernos, por la vía de un convenio con el FMI, a todos los costarricenses sin importarles, en modo alguno, la destrucción del tejido social y hasta de nuestra precaria institucionalidad democrática.

Reflexión sobre el estallido social

Alexis Rodríguez B.

Partimos de un mundo capitalista, patriarcal, colonialista y antropocéntrico. Estos conceptos encierran las prácticas más nocivas para la vida; vida en la que no se permite soñar, porque todo sueño está atravesado por la explotación laboral, por sistemas educativos punitivos, por la violencia estatal y una ecología decadente.

Aún se conservan pueblos que por su legado ancestral o por lucha y resistencia política, mantienen prácticas inspiradas en la solidaridad, en el respeto a la Tierra y por una vida digna. Estos grupos, con pensamiento de caracol, constantemente vuelven su mirada atrás, para reflexionar sobre sus acciones y poder crecer, mejorando su convivencia. Esto en contraposición con la visión unidireccional que promueve el mal llamado progreso neoliberal.

Un abrazo a les Zapatistas, a los pueblos aborígenes y a todas las organizaciones alrededor del planeta, que sostienen una vida desacelerada, armoniosa y que inspira a todes quienes sufrimos el egocentrismo occidental.

Con los pies en una tierra actualmente conocida como Costa Rica, delimitada por fronteras ficticias e inspirada por un proyecto político con espíritu mercantil, manchado con sangra de aborígenes asesinades por genocidas como Cristóbal Colón y que ingenuamente se hace llamar un país de paz, se hace esta reflexión al calor de una coyuntura política crítica.

Las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, son herramientas con las que se puede analizar el estallido social que estamos viviendo, ya que a pesar de que las consignas que exigen les manifestantes son muy específicas, lo que muestran es que el deterioro de las condiciones de vida es un problema estructural, es un sistema que por más reformas que se le apliquen, no es capaz de suministrar lo necesario para que se cubran las necesidades básicas. Esto es, porque, aunque en muchos discursos políticos quieran hacer creer lo contrario, a este sistema no le importa crear condiciones para una vida digna, lo que le importa es crear riqueza y distribuirla inequitativamente en pocas manos. Para cerrar este párrafo es importante mencionar que cuando se dice sistema, no es de manera abstracta, este sistema tiene caras, nombres: son aquellas personas que ostentan el poder desde posiciones privilegiadas en puestos gubernamentales, empresariales y en la milicia. Contra estas personas es que se lucha, para derribarles.

El caos precede a la creación. Esta es una oportunidad para alimentar discusiones que nos dirijan a un mejor mañana, para que las exigencias no solo sean por reformas que ni a mediano ni a largo plazo van a mejorar nuestra calidad de vida. Que la rabia y la disconformidad nutran consignas anti-capitalistas, anti-patriarcales, anti-colonialistas y anti-antropocéntricas. Soñemos, soñemos con alternativas revolucionarias.

Imagen aportada por el autor.