Fernando Chironi entrevista en su espacio unabuya.com a Manuel Delgado Cascante. El escritor, filósofo y periodista analiza la coyuntura nacional. SURCOS le invita a escuchar la conversación en este enlace:
https://www.facebook.com/unabuyacr/videos/818059532328193
También le ofrecemos la entrevista aquí:
FECON (09/10/2020). Tras observar las imágenes transmitidas por el canal virtual TV Live Guanacaste en Cañas y otras denuncias ciudadanas, desde la Federación Ecologista (FECON) repudiamos la intervención policial contra la población de los barrios vecinos del río Cañas y el violento operativo en la zona. La acción desde su inicio no tuvo razón de ser. Fue abiertamente ilegítima y desproporcionada, abusiva y violatoria de los derechos humanos de la población afectada.
Ante estos hechos, consideramos que el Director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, debe ser separado inmediatamente de su cargo, pues corresponde a su persona dar las órdenes y hacerse responsable por el accionar tomado por los oficiales en el lugar. Los antimotines abusaron con sus ataques contra la población sin motivo. Hacemos un llamado a las demás organizaciones sociales del país a unirse a la solicitud de destituir al Director de Fuerza Pública, Daniel Calderón.
Deploramos también las declaraciones inmediatas sobre los hechos (en vivo a Canal 7) de Michael Soto, Ministro de Seguridad, justificando la intervención irracional de la Fuerza Pública culpando a la población bajo la falsa premisa de levantar un bloqueo. Solicitamos al presidente de la República, Carlos Alvarado, pedir la renuncia de Michael Soto como Ministro de Seguridad, por defender el accionar irracional de la policía en una zona donde ni siquiera había bloqueos, dejando dudas sobre el objetivo real de las órdenes de intervención.
Descripción de los hechos:
El jueves 8 de octubre en Cañas, Guanacaste, igual que en todo el país, se realizaban protestas sociales contra las afectaciones que sufren los pueblos, cargado de impuestos indirectos tras la aprobación del Plan Fiscal y amenazado con cargar un nuevo endeudamiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A eso de la 1:30 pm, varias personas se encontraban cerca de la carretera interamericana manifestándose, cuando la Fuerza Pública desplegó un operativo que incluía decenas de patrullas y un blindado. Según las imágenes captadas en vivo por TV Live Guanacaste, la carretera no estaba obstaculizada. La gente se encontraba al lado de la vía y había circulación de vehículos.
A pesar de no existir situación vial crítica, ni bloqueo de la ruta, los cuerpos policiales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a la gente que estaba manifestándose pacíficamente en la carretera. Sin mediar ningún tipo de violencia por parte de los vecinos y vecinas que se observaban en el sitio, los antimotines también dispararon gases lacrimógenos hacia las viviendas cercanas al puente sobre el río Cañas y detuvieron arbitrariamente a personas en el lugar.
Luego de ello, sucedió un agresivo operativo en la zona, donde se cometieron todo tipo de abusos por parte de los cuerpos antimotines, quienes lanzaron gases lacrimógenos en caseríos y también piedras contra los manifestantes que huían de los ataques. Con este accionar afectaron a personas de todas las edades que se encontraban en viviendas, afectando a niños, niñas adultos mayores y personas enfermas con su operativo irracional.
Nos solidarizamos con las familias afectadas y rechazamos enérgicamente la criminalización de la protesta social, que es un derecho. Los abusos policiales deben ser erradicados inmediatamente en el país.
FECON, 9 de octubre de 2020
Foto de cabecera: Transmisión de TV Live Guanacaste (08/10/2020)
Publicado por FECON en https://feconcr.com/noticias/fecon-ministro-y-director-de-fuerza-publica-deben-renunciar-por-la-agresion-en-canas/ y compartido con SURCOS por esta organización ecologista.
Este análisis que fue remitido a SURCOS y compartimos fue elaborado por los doctores en Sociología Allen Cordero y Manuel Barahona junto a la bachiller en Economía Priscilla Sibaja. Cordero es director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y Barahona es catedrático jubilado de la Universidad Nacional. Sibaja realizó la asistencia de investigación. El contenido es responsabilidad de sus firmantes y se produce en el espacio académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Allen Cordero, Manuel Barahona, Priscilla Sibaja
Introducción
«Sin duda la etapa histórica que se ha abierto tanto a nivel nacional como internacional en virtud de la pandemia de Covid-19 presenta retos inéditos para la comprensión de la sociedad. Algunos de ellos muy urgentes y otros que se asoman e insinúan en el camino. Las dimensiones sociales en juego son contundentes. Algunas teorías y nociones buscan dar respuestas a la comprensión de esta situación, pero de seguro, será necesario echar mano de enfoques novedosos para intentar comprender lo que emerge, incluyendo elementos de continuidad y ruptura. Muchos retos teóricos, analíticos y descriptivos aguardan a quienes desde las Ciencias Sociales nos interesamos por los movimientos sociales.
Este artículo intenta un acercamiento a la comprensión de las tendencias y alcances en la movilización y protesta social en Costa Rica en la coyuntura abierta por la pandemia del COVID19 ocasionada por el SARS-CoV-2, al declararse en Costa Rica el primer caso positivo el 6 de marzo del 2020. Inicia con un breve estado del arte de la protesta social, resumido en el reflujo preexistente en la misma.
En un segundo momento, se revisan las cifras de la base de datos del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), sobre protesta social para el período marzo–septiembre de 2020, complementada con una sistematización propia de noticias sobre protesta social derivados de medios de comunicación y redes sociales.
Finalmente, se traza una tipología de los movimientos sociales, tratando de ordenar para el análisis los actores/actrices de los movimientos y sus móviles, ello con miras a dar cuenta de sus alcances en término de incidencia.
Se subraya que este es un análisis en construcción pues evidentemente mucho puede suceder en el futuro inmediato y mediato en términos de la dinámica de los movimientos sociales.
Hemos cerrado la revisión de materiales para este texto el domingo 4 de octubre en horas de la mañana en el contexto de la lucha contra el pago de más impuestos. Este movimiento empezó el domingo 20 de septiembre y ha sido el más fuerte desde el inicio de la pandemia, gestándose originalmente como una protesta de clases medias de Santa Ana y alrededores, revestida de banderas blancas y tricolores. Desfilaban en carros lujosos y decían que ya no podían pagar más. El movimiento continuó como una campaña política de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y los medios de comunicación tradicionales y más influyentes decían unos y otros que ya no podían pagar más. Para el pasado miércoles 30 de septiembre, el Movimiento de Rescate Nacional llamó a una jornada de desobediencia civil. Se convirtió en una verdadera jornada nacional. Incluso en las primeras horas de esta jornada las cámaras patronales le hicieron un guiño a la lucha. Por ahí del medio día de ese miércoles, la UCCAEP se deslindó tajantemente de las protestas, dijo que estaba de acuerdo con los objetivos, pero no con la forma. Los sindicatos mientras tanto no sabían qué hacer. Hoy, domingo 4 de octubre, este proceso altamente complejo no ha terminado y es claro que no se agota con el tema de no más impuestos. Para la próxima semana, el martes 6 de octubre, concretamente se ha anunciado nuevas jornadas de protesta ahora sí con participación sindical. Pero hemos decido hacer un corte acá, considerando que el material presentado es abundante para sistematizar y analizar. Esto con el objetivo de brindar elementos para tomar las mejores decisiones y orientar las acciones que correspondan».
Puede descargar el documento de la investigación en el siguiente enlace:
Compartimos el resumen y el informe Protesta y Covid-19, realizado por el Proyecto Protestas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, y que reporta las acciones colectivas que se suscitaron en el país durante el periodo más fuerte de la pandemia, marzo-julio 2020.
A continuación, reproducimos la Introducción de este documento:
“Pasados más de 7 meses desde que el Ministerio de Salud informó sobre el primer caso positivo de COVID-19 en Costa Rica, el país se encuentra inmerso en un complejo escenario sanitario, social, económico y político.
Si bien, durante los primeros meses de la pandemia, las medidas de restricción sanitaria consiguieron su propósito de frenar los contagios; en los últimos meses se ha dado una tendencia contraria, registrándose una “segunda ola pandémica” cuya intensidad ha sido muy superior a la primera, tanto en número de casos como de muertes.
Sumado a esto, las mismas medidas sanitarias han repercutido críticamente sobre el empleo y la dinámica económica y comercial, ya de por sí frágiles en la coyuntura pre-COVID, registrándose cifras inusitadas en materia de desempleo y decrecimiento económico.
Como era de esperar, los efectos de la pandemia no se han distribuido de manera uniforme; por el contrario, los sectores de más bajos ingresos son los que más han sufrido, no sólo en términos de la enfermedad, pues son los que presentan mayor cantidad de contagios (Ávalos 2020: 6)2, sino sobre todo en relación a la pérdida de ingresos y el empeoramiento de sus condiciones laborales, sociales y económicas.
En este escenario, la protesta social, frenada en un inicio por el peligro de contagio y el efecto de las restricciones a la circulación, ha iniciado a mostrar una tendencia creciente, particularmente desde la segunda quincena de julio, en concordancia con el incremento en el malestar y la presión social de sectores tales como el laboral, el empresarial y el comunal, frente a las medidas del gobierno de Carlos Alvarado para enfrentar la situación.
El presente informe, elaborado en el marco del proyecto Protestas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), tiene como propósito fundamental mostrar las principales tendencias de la protesta social asociadas a la pandemia del COVID-19 en Costa Rica, durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020.
Para esto, el informe se enfoca en presentar los resultados encontrados en materia de repertorios de protesta, actores demandantes, demandas y actores demandados. Para cada una de estas categorías, la información se muestra desagregada según los principales sectores que han desarrollado protestas durante el período, estos son: el laboral, el empresarial, el comunal, el profesional y el estudiantil.
El documento se estructura en cuatro secciones principales. La primera, ofrece un conjunto de elementos relacionados con la situación sanitaria, social y económica en la que se encuentra el país y que se consideran necesarios para comprender el escenario en el que se insertan las protestas. La segunda ofrece el detalle metodológico del trabajo de monitoreo de las acciones de protesta del IIS-UCR. La tercera, discute los principales resultados para el período de estudio. Finalmente, la cuarta sección ofrece una serie de consideraciones finales en relación con el comportamiento de la protesta durante los últimos cinco meses.
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA LEER LA COYUNTURA
En Costa Rica, como en prácticamente todo el mundo, la pandemia y las medidas para tratar de contener su propagación, ha tenido repercusiones en todos los órdenes. La economía, la política y, en general, la sociedad han resultado sacudidas por los muchos efectos de la crisis sanitaria, cuyo término no se proyecta en el futuro cercano.
En este marco, diferentes sectores han recurrido a la protesta como una forma de manifestar su disconformidad sea con las restricciones sanitarias o con los efectos que estas han tenido, particularmente sobre la economía nacional.
En esta sección, se ofrecen un conjunto de elementos que pretenden contribuir a una mayor comprensión de la coyuntura, poniendo el énfasis en aquellos de orden político y económico, que permiten entender el escenario en el cual se inscriben las protestas escenificadas durante el período de estudio.
Luego de casi dos años de mandato, el presidente Carlos Alvarado, que había llegado a la presidencia de la República tras triunfar en segunda ronda electoral con un escaso capital político, mostraba signos importantes de deterioro constatados en la percepción de la población hacia su gestión.
Según el CIEP, durante todo el 2019, las opiniones negativas sobre el gobierno mostraron cifras muy superiores a las positivas, llegando las primeras a un pico de 65% a mitad de año (CIEP 2020b).
Dicha tendencia mostró un cambio importante en la primera medición de 2020 (CIEP 2020a) cuando las opiniones positivas superaron por tres a las negativas debido, sobre todo, al manejo sanitario que hasta ese momento había dado el gobierno a la pandemia y que se reflejaba en cifras de contagio y mortalidad entre las más bajas de todo el mundo.
No obstante, este comportamiento resultó de carácter pasajero, pues el mismo CIEP (2020b) da cuenta de un retorno a la “normalidad” en términos de la percepción de la población sobre el desempeño del gobierno, situándose las opiniones positivas en torno a un 25%, mientras las negativas lo hacen en torno a un 50%.
En su conjunto, la continuidad de las medidas de restricción sanitaria y, particularmente, las consecuencias de las mismas sobre la economía y el empleo han sido centrales para entender la lectura de la población sobre el gobierno.
Asimismo, la presión ejercida por sectores de poder como las cámaras de empresarios, los partidos de oposición como Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, y los medios de comunicación, que han demandado al gobierno un “balance” entre la protección de la salud y la de la economía, pese a los señalamientos de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el sentido de que no es posible pensar en la recuperación económica si primero no se controla la pandemia (CEPAL 2020), han creado un complejo panorama social y político para el gobierno.
El desempleo, según el mismo CIEP, es identificado por la población como el principal problema en el país (CIEP 2020b), tema que si bien resulta intensificado por la crisis, se identifica como uno de los de mayor preocupación durante el último tiempo.
En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística (INEC) muestra que el desempleo pasó de un 12% en el segundo trimestre de 2019 a un 24% para el mismo período de 2020 (INEC 2020). Sumado a esto el subempleo se calcula en un 20,5%, mientras el empleo informal se estima en prácticamente un 40% (INEC 2020). Dichas cifras resultan incluso más preocupantes en el caso de las mujeres, entre quienes el desempleo se ubica en torno a un 30% frente a un 20% en el caso de los hombres (Valverde 2020).
Este incremento obedece a la misma situación ocasionada por la pandemia que ha supuesto el cese de muchas empresas, particularmente pequeñas y medianas, pero también a las medidas tomadas por el gobierno en materia laboral, entre las cuales se encuentran los procedimientos para facilitar la suspensión temporal de contratos y la reducción de jornadas laborales.
En materia económica, el escenario resulta incluso más complejo. En su Programa Macroeconómico 2020- 2021, el Banco Central (BCCR) estima una contracción de 5% en la economía costarricense, siendo el mayor desplome desde la crisis de 1982 (Villalobos y Alfaro 2020; Alfaro 2020; BCCR 2020). En dicho programa, el BCCR indica que el turismo, la construcción y el consumo serán los más impactados, pero, en general, todos los sectores económicos sentirán los efectos de la pandemia (Alfaro 2020; BCCR 2020).
En las condiciones recién descritas se inscribe la lectura de la protesta para el período en estudio; no obstante, más allá de estos factores de orden inmediato precipitados por la pandemia, se encuentran una serie de factores relacionados con el carácter político-ideológico y económico del gobierno de Carlos Alvarado.
Si bien, una discusión en profundidad sobre este tema merecería un estudio específico, resulta importante ofrecer otros tantos elementos mínimos para comprender el estado de situación en el que se encontraba el país en la coyuntura pre-COVID y que, indudablemente, resultan fundamentales para entender el tipo de manejo político y las propuestas, sobre todo en materia económica, sostenidas para contrarrestar los efectos de la pandemia.
Como se mencionó, el triunfo electoral de Alvarado no se sustentó en la posesión de un importante capital político, sino en la concatenación de un conjunto de circunstancias sociales y políticas que dieron como resultado el enfrentamiento, en segunda ronda, entre dos candidatos que hasta último momento no figuraban entre los posibles ganadores en las encuestas electorales.
Pese a que el PAC nació como un partido que se proponía combatir el bipartidismo, el gobierno de Alvarado recurrió a la estrategia de “gobierno de unidad nacional” como una forma de sumar apoyos electorales de cara al balotaje. Esta decisión se tradujo en la incorporación de figuras de los partidos políticos tradicionales -Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana-, entre quienes el más destacado fue Rodolfo Piza, candidato a la presidencia de la Unidad quien posteriormente sería ministro de la Presidencia durante el primer año de Alvarado. Junto a Piza se sumaron otras figuras cercanas a las élites empresariales que terminaron ocupando puestos estratégicos en materia económica y fiscal.
Como consecuencia de esta configuración política resultante, desde un inicio el gobierno de Alvarado mostró una marcada inclinación proempresarial4 , lo cual se retrató durante la huelga contra la reforma fiscal. La huelga generó un intenso debate público no sólo sobre sí misma sino sobre la crisis fiscal y sobre las medidas necesarias para enfrentarla. Pero, sobre todo, colocó sobre la mesa la discusión sobre desigualdad y justicia tributaria, como una manifestación particular de la desigualdad social, en el marco de una propuesta de ley cuyo foco se colocaba en los impuestos indirectos, mientras los directos, particularmente aquellos dirigidos a tasar a los grandes capitales, ocupaban un lugar marginal en el debate.
Esto se tradujo en una ley fiscal cuyo peso mayoritario recayó sobre los sectores trabajadores y medios, para quienes se incrementó su contribución tributaria mediante impuestos al consumo y al salario, mientras para los sectores altos y empresariales la situación prácticamente no cambió.
En su conjunto, el panorama social, político y económico recién reseñado permite comprender mejor el carácter de la protesta en Costa Rica durante los últimos cinco meses, el cual debe interpretarse en términos de los elementos de continuidad, como por ejemplo la mencionada discusión en relación a la justicia tributaria, y discontinuidad introducidos por la pandemia.
En este sentido, la pandemia puede leerse como un acontecimiento crítico en el que muchas de las tendencias que ya se denotaban en el último tiempo, más las resultantes de las circunstancias concretas, tienden a acentuarse, impactando en el comportamiento de la protesta y en las características que esta muestra durante el período de estudio”.
FECON, 7 de octubre del 2020.
Frente a la crisis general del país, la activación de un amplio movimiento ciudadano ha comenzado y las principales demandas comunes exigen medidas de justicia tributaria, y declaran el rechazo al endeudamiento público compulsivo que plantea el Gobierno de Costa Rica para seguir protegiendo las cuentas de los grandes capitalistas y evasores, quienes quieren incluso apropiarse de los activos del Estado aprovechando la situación, para seguir lucrando en plena crisis.
Es urgente generar alternativas que puedan sustituir el sistema actual fallido, donde las corporaciones son libres y los pueblos trabajadores cargan el peso de la economía. Necesitamos cambiar de sistema, –un nuevo modelo de justicia ambiental, social y económica— e impulsar la construcción del poder popular para fortalecer la autodeterminación y soberanía de los pueblos en todos los aspectos, desde los asuntos de la vida nacional hasta lo local.
Por esto, ante la movilización social fuerte y justa que se lleva adelante en el país, proponemos:
1) Sumar fuerzas desde las organizaciones ecologistas, ambientales, sociales, locales y comunitarias, al lado del amplio movimiento popular que se ha levantado en todas las regiones del país para enviar el mensaje de rechazo a la falsa solución de más endeudamiento que el Gobierno de Costa Rica ha propuesto ante la crisis que atraviesa el país.
2) Luchar hasta que se retire definitivamente la propuesta inviable de negociar un préstamo multimillonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que cargaría una vez más a las clases populares y trabajadoras con los costos de este nuevo chantaje, orquestado por las élites del país con el favor de un Gobierno incapaz de confrontar el fraude fiscal y presto a proteger sus intereses. Nos oponemos a la venta de activos públicos y como solución económica exigimos medidas serias contra la evasión, elusión, el contrabando y las fugas de capitales en nuestro país.
3) Exigir que la situación económica del país sea solventada con la aprobación de medidas de justicia tributaria en la Asamblea Legislativa. Urge una Ley de Emergencia Fiscal Progresiva y Solidaria. Además, que se reviertan las reformas neoliberales que han precarizado las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora, al desmantelarse sus derechos.
4) Demandar justicia tributaria, eliminándose privilegios fiscales de los sectores exportadores e importadores, quienes han gozado de amnistías y exenciones de impuestos a pesar de sus enormes ganancias de capital antes y durante la pandemia, incluso escondiendo sistemáticamente sus riquezas en paraísos fiscales. Se deben calcular tasas de pago por Impuesto al Valor Agregado (IVA) y recalcular la renta de sus inmuebles, por el alto impacto social y ambiental que sus actividades tienen sobre los territorios.
5) Es tiempo de suspender el pago de la deuda externa y sus intereses para recuperar la economía. Sostenemos que Costa Rica debe aspirar a una condonación total de la deuda junto con los países de América Latina, ante la asfixia de pagar anualmente más de un 5% del PIB sólo en intereses de una deuda ilegítima sobrecargada en los pueblos, que se acerca ya al 80% del PIB.
6) Las soluciones económicas que requiere el país, deben ir acompañadas de un cambio profundo del modelo. Éste debe ser impulsado y construido por los múltiples sectores de la vida nacional en un diálogo con legitimidad, para encontrar salidas a sus afectaciones particulares con alternativas ambientalmente sustentables, en contraposición a los diálogos fraudulentos y estériles que ha impulsado el Gobierno para mantener protegida su ruta hacia el endeudamiento con el FMI.
7) La reactivación económica es necesaria y debe basarse en la seguridad y soberanía alimentaria, apoyando las prácticas ecológicas y sustentables, en la tierra y en el mar. Es indispensable orientar la economía hacia la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas por igual: techo, trabajo, alimento y agua pura en cantidad y calidad suficiente. El crecimiento económico en desigualdad afecta la salud y bienestar de los pueblos.
8 Es imprescindible implementar una reforma agraria integral. Redistribuir las tierras para combatir la concentración, favoreciendo la economía de familias campesinas y la producción local. La concentración de la tierra genera injusticias y desigualdades económicas. Es prioritario además que el Estado ponga fin a la usurpación de los territorios indígenas, garantizando la autodeterminación de sus pueblos. También se debe poner fin a los sistemas de derechos de propiedad intelectual que privatizan las semillas.
9- La economía del país deberá recuperarse respetando los ciclos de la naturaleza y abandonando el paradigma de la explotación ilimitada y destructiva de recursos. El pueblo debe poner fin al control de la política pública por parte de las transnacionales y rechazar en conjunto sus propuestas de aprobar proyectos extractivistas como la minería, petróleo y el gas natural, que no son alternativas viables en nuestro país.
SURCOS recibió el siguiente documento mediante el cual la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal propone la realización de un foro multisectorial de diálogo social.
6 de octubre de 2020
San José, Costa Rica
El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, máxima autoridad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ha manifestado su preocupación por la situación económica y social que atraviesa actualmente nuestro país, la cual se ha visto acrecentada a raíz de la pandemia del COVID-19.
Ante esta situación, consideramos necesaria la realización de un foro multisectorial de diálogo social, que permita realizar una discusión transparente e inclusiva sobre el futuro que queremos para Costa Rica.
Es por ello que hoy hacemos un llamado nacional a los diferentes sectores de nuestra sociedad para que participen en un foro multisectorial coordinado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hacemos un respetuoso llamado a participar en este foro de diálogo a la sociedad costarricense, a los diferentes sectores laborales, empresariales, organizaciones campesinas, agrícolas e industriales, a la academia y otros actores que coincidan en la búsqueda de un país más justo, solidario e inclusivo.
Presentamos a continuación un conjunto de principios orientadores que deben inspirar este proceso que ha propuesto el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
FORO MULTISECTORIAL DE DIÁLOGO SOCIAL
Presentación
Con la fundación de nuestra República en 1821 y desde la suscripción del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, expresamos la primera manifestación escrita de la voluntad soberana de las personas costarricenses para su independencia. Este período fue el origen de nuestra vida pública, el organizador de la Patria; el formador de nuestra conciencia nacional y de la tradición civil. El Pacto Social se constituye así en el primer documento de alcance histórico y jurídico que marca y caracteriza una visión y espíritu de paz, respeto mutuo y solidaridad.
Desde entonces y a pesar de las vicisitudes que hemos vivido como nación y que pudieron incidir para desmeritar dicha conquista o desvirtuar sus valores y principios fundacionales, hasta hoy hemos logrado mantener vivos estos compromisos, trabajamos desde las edades tempranas en la escuela para las nuevas generaciones hagan suyos los valores inspiradores y así, dignificar la memoria de quienes con fe y fuerza espiritual nos heredaron la Costa Rica que disfrutamos. Hacer cada día más digna esta fértil tierra donde fue plantada la semilla de paz y respeto, significa invocar los mismos valores y principios que nos inspiraron y ha permitido preservar su fruto.
Dimensionar el presente y trazar el futuro es nuestra responsabilidad
Hoy, en medio de una compleja realidad global que nos impacta con dureza en lo local que se acentúa por efectos de la Pandemia del Covid-19 y cuyas dimensiones aún no están cuantificadas y menos que ya se tenga una fecha cierta que proyecte un pronto final. Los impactos negativos en las economías de los países generan deterioro creciente de sus principales indicadores. Incrementos en el déficit fiscal, caída de la producción, creciente desempleo y el colapso en los sistemas de salud, entre otros efectos, han minado la confianza e incrementa la desesperanza de las personas que componen la sociedad costarricense.
CONSIDERACIONES GENERALES
PRIMERA: En medio de realidad actual y considerando escenarios más complejos que podrían impactar de manera más sensible el clima de Paz Social, la ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, como órgano estatuido por ley como máxima instancia de representación multisectorial de las personas trabajadoras, cotizantes y dueñas por partes iguales de esta entidad financiera especial, y son, por imperativo de nuestra ley, representados por 10 Sectores Sociales en esta instancia, a decir: Sector Artesanal, Comunal, Cooperativo Tradicional, Cooperativas de Autogestión Magisterio Nacional, Profesional, Sindical Confederado y No Confederado, Solidaristas y Trabajadoras Independientes manifiesta y hace un respetuoso llamado a la sociedad costarricense, a los diferentes sectores Laborales, Empresariales, Organizaciones Campesinas Agrícolas e Industriales, la Academia y otros actores que coincidimos en el trabajo por una sociedad más justa e igualitaria.
SEGUNDA: Que esta instancia facilitadora de un foro de diálogo social y concertación ha desarrollado desde su génesis un importante y trascendente aporte a diferentes procesos de construcción social. Como elemento importante de destacar, es que cuando nuestro país debatía hace más de 20 años de cómo resolver temas asociados a la seguridad social y el bienestar de las personas trabajadoras mediante la creación de un II Pilar de Pensiones Complementarias por parte del Gobierno de la República en la Administración Rodríguez Echeverría, cuando se promovía la Ley de Protección al Trabajador.
Ante la necesidad de lograr acuerdos nacionales en un clima de Paz y de Respeto, los Sectores Sociales demandan la apertura de un proceso de concertación nacional, que tiene a la plataforma de la Asamblea de Trabajadores como el instrumento de representación para integrar diferentes espacios de trabajo con los liderazgos de cada uno de los sectores.
TERCERA: En el mismo sentido, tanto a finales como al inicio del presente siglo, otras iniciativas de legislación y política pública fueron lideradas desde esta importante instancia de representación multisectorial. Podemos citar, legislación vinculada para el Fortalecimiento del IVM en la Administración Rodríguez Echeverría, la Ley de Contingencia Fiscal en la administración Pacheco de la Espriella y otras importantes iniciativas de alto impacto social y económico como Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley FODEMIPYME, Ley de Representación de las Instancias de Decisión del Banco Popular.
CUARTA: Que, con la experiencia acumulada en nuestra historia por más de 30 años, esta instancia de representación multisectorial tiene la mayor disposición de sumar y constituirse en el instrumento facilitador que asumirá con rigor metodológico las propuestas que den contenido a los acuerdos multisectoriales.
QUINTA: Que a esta instancia de representación nos unen los mismos principios y aspiraciones de una Costa Rica que procure crear los equilibrios necesarios para la lucha contra los flagelos de la pobreza, el desempleo y la carencia de oportunidades para todos. Nos une el respeto a la diversidad de etnias y culturas, el reconocer el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad costarricense y el respeto a la diversidad.
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS QUE NOS DEBEN INSPIRAR
A continuación, desarrollamos un conjunto de principios orientadores que deben inspirar la apertura de un foro multisectorial de diálogo social.
1- BIENESTAR COMÚN
Visualizamos que este foro de diálogo nacional debe ser inspirado en la búsqueda del Bien Común y sustentado en principios y valores que potencien y consoliden una sociedad justa, inclusiva y solidaria.
2- ÉTICA Y TRANSPARENCIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
El foro de diálogo social debe orientarse inspirado en los principios y valores de la ética social, empresarial, de la instituciones y organizaciones que formen parte de un proceso que nos dirija al debate transparente de las propuestas en procura y búsqueda de soluciones a los temas que conformarán la agenda de prioridades para abrir los caminos del diálogo honesto, en busca de una concertación nacional. Se tiene que la rendición de cuentas con carácter permanente donde mostremos las ponencias, acuerdos y disensos a la ciudadanía, debe ser un pilar de prioridad para así, asegurar que el proceso se conduzca con el más alto estándar de credibilidad.
3- SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN
Este foro de diálogo social debe tener como característica esencial procurar que el principio constitucional de solidaridad social se robustezca y consolide, además, que en materia de inclusión social, logremos definir mejores rutas para que tanto la institucionalidad pública como privada nos comprometemos a desarrollar mejores prácticas que garanticen todas las formas de inclusión que nos permita una mejor distribución de la riqueza socialmente producida por los diferentes actores de nuestra sociedad.
4- RESPETO MUTUO
Tal y como ha sido la práctica desde la formación de nuestra república, es imperativo garantizar este foro de diálogo social debe tener como valor supremo el respeto mutuo a la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones de mundo y corrientes de pensamiento.
5- COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD EN TRIPLE LÍNEA BASE (ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL)
Tomando en cuenta la imperiosa necesidad de lograr que los países procuren un equilibro y armonía entre sus objetivos de desarrollo económico, con los impactos sociales y ambientales, estimamos necesario que todo debate y acuerdo debe ser parametrizado tomando en cuenta estas variables. Lo anterior como una forma de fomentar el mejoramiento de la relación entre el ser humano, el ambiente y el conocimiento, el respeto, la conservación de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos ambientales, para asegurar una mejor calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.
6- EL TERRITORIO Y LA COMUNIDAD:
Para la toma de decisiones de corto, mediano y de largo plazo consideramos que debemos construir acuerdos con la participación amplia de los liderazgos locales (Regiones y Territorios) inspirados en la pluralidad representativa y la diversidad. La confluencia de organizaciones de la sociedad civil en general, las empresas en sus diferentes industrias, academia, institucionalidad pública, ONG y todos los que se sumen al diálogo nacional, tendrán como base inspirador, la conciencia y necesidad de generación de valor para construir oportunidades económicas, sociales y ambientales con equidad y según las realidades sentidas y diferenciadas en cada región y territorio.
7- DERECHOS HUMANOS, OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y DERECHO AL TRABAJO
La base fundamental de toda acción dirigida a la apertura de espacios de diálogo tendrá como pilar el respeto a los derechos humanos concebidos en los instrumentos de alcance general como la “Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Política. Nuestros objetivos se enfocan a construir oportunidades económicas sostenibles, en el ámbito económico y de generación de empleo en todas sus formas, con perspectiva intergeneracional y que priorice sobre aquellas personas en condición de pobreza, exclusión y de vulnerabilidad social, como Adultos Mayores, Niñez y personas con Discapacidad.
8- FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Se hace necesario que entre los objetivos planteados en el foro de diálogo social se mantenga como elemento de referencia fundamental; desde su origen hasta las conclusiones que se definan nuevas reglas que adapten a una realidad especial como la actual; la legislación y normativa que regula los procesos mediante los cuales se establezcan relaciones entre agentes de la empresa pública y privada. Dichas reglas deben apuntar a lograr crear sinergias de trabajo y articulación con alcance nacional y local, para fomentar la cadena de valor en la agenda económica, el conocimiento y capacidades que se desarrollen. Es primordial una gestión del conocimiento en mutualidad y articulación entre lo público y lo privado para maximizar los recursos disponibles e impactar positivamente al mayor número de personas.
Todo lo anterior para que la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, se constituya en un Foro Multisectorial de construcción de acuerdos nacionales para contribuir al necesario Diálogo Social por una Costa Rica Solidaria, Inclusiva y con mayor Equidad, donde participen los diez sectores de la ATTBPDC y sus organizaciones, así como todos aquellos sectores y organizaciones que quieran suscribir estos principios.
Le invitan a conversar sobre la pandemia, esta vez desde el papel de las Ciencias Sociales y en especial de la Geografía en momentos de crisis. Este es una serie de programas que retoman la importancia de las Ciencias Sociales en la atención de la emergencia no solamente en lo inmediato sino a mediano y largo plazo.
Le invitan Kioscos Socioambientales y la Escuela de Ciencias Políticas. Programa Voces y Política.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica.
Teléfono: 2234 3233 ⏰5:00 pm 📻Radio Universidad 96.7 FM ¡Nos escuchamos!
SURCOS recibió el siguiente comunicado público de la Coordinadora Popular de Occidente:
6 de octubre de 2020
La lucha continúa y la Coordinadora Popular de Occidente convoca a una serie de nuevas acciones en seguimiento a las realizadas anteriormente como expresión en Occidente del Movimiento Sindical y Social donde se llevó a cabo una Gran Caravana Nacional de Relevos, con el objetivo de alertar a la población sobre el interés del gobierno de unidad nacional (PAC, PUSC, PLN, RN, NR y otros que les secundan sus propuestas) de empeñar nuestra soberanía y seguir erosionando el Estado Social de Derecho, por medio de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no es más que una forma de amararnos con deuda externa a los intereses de otros.
Los diferentes grupos comunitarios y sindicales, representados en la Coordinadora Popular de Occidente, instancia que recién se conforma como un espacio de acercamiento, organización y acción de los cantones de la zona de Occidente, asumimos la propuesta de BUSSCO de crear un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalismo neoliberal, cuyo carácter regionalizado avance en la creación del suficiente músculo popular capaz de enfrentarse exitosamente a las políticas del gobierno, pero que además logre tener la capacidad para proponer e incidir a nivel nacional.
A través de una gran unión de diversos sectores populares, se han propuesto tres acciones específicas para los siguientes días:
Por lo tanto, hacemos un llamado y motivamos a los ciudadanos y ciudadanas de los cantones de San Ramón, Palmares, Naranjo, Zarcero, Sarchí, Atenas, Poás, Grecia y Alajuela, a acercarse a las organizaciones comunales y sindicales para dar esta lucha juntos y juntas, a conformar comités de lucha en cada barrio, distrito y cantón. Es necesario que sigamos sumando fuerzas con la finalidad de conformar el Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalista neoliberal y que en conjunto logremos un rotundo rechazo a la con el FMI y que a la vez, consigamos posicionar propuestas económicas que beneficien al 90% de la población y no sólo al 10% más rico de este país.
La coordinadora del Movimiento Ciudadano PYMES de Costa Rica envió una carta dirigida al presidente de la república Carlos Alvarado Quesada, en relación al proceso de diálogo nacional convocado el pasado domingo 4 de octubre.
Mencionan: » Somos el Sector Privado constituido por más de 400.000 pymes, sector importante que sostiene gran parte de la economía de Costa Rica, nuestra posición es sentarnos a la mesa de diálogo con propuestas para la reconstrucción del país. «
Se puede leer la carta aquí:
SURCOS recibió una carta de la Coordinación Nacional de Territorios Seguros dirigida al presidente de la república Carlos Alvarado Quesada. Donde manifiestan el apoyo al proceso de diálogo iniciado en esta semana y que desde la organización tienen capacidad propositiva y esperan el llamado para sumarse a la iniciativa.
En la nota se dice «… sabemos que ese llamado debe ser sin exclusiones y con una contundente participación ciudadana. No se trata del derecho al uso de la palabra y a la expresión, del que la Constitución Política nos cobija, se trata de la responsabilidad y el deber de una ciudadanía que tiene constitucionalmente que salvaguardar la República, como El Soberano, el primer Poder de la República que es, establecido en el Art. 9 Constitucional. Señor Presidente, nos apersonamos a esta convocatoria con capacidad de propuesta, sin aspiraciones de beneficios de grupo, sino para construir juntos, para pensar en soluciones que la patria requiere».
Puedo consultar el documento aquí: