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La educación, sustento de la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

La educación superior de 124.000 estudiantes (cerca del 60%, mujeres) demanda calidad, formalidad, responsabilidad, para un mejor aprovechamiento del esfuerzo invertido individualmente por cada educando, por sus familias y por el Estado. Y para ello, un adecuado financiamiento estatal es fundamental.

Recordemos, que la Costa Rica que se ha construido, alrededor del pilar insustituible de la educación, no es obra casual, sino que, más bien, es producto de la visión de gobernantes, que no dudaron en propiciar las condiciones adecuadas, para que, desde la niñez, los costarricenses, de todas las clases sociales, tuvieran la oportunidad de estudiar en escuelas, colegios y universidades estatales. ¡Por ello se plasmó en la Constitución, la garantía de su financiamiento!, y por ello, nuestra Patria, se ha forjado con especialistas en medicina, ingenierías, ciencias agrarias, derecho, ciencias sociales, artes, ciencias económicas, química, biología, física, informática, administración, relaciones internacionales, ciencias ambientales, arquitectura, enseñanza, veterinaria, microbiología, odontología, psicología, enfermería, contabilidad y finanzas, turismo sostenible, urbanismo, geología, arqueología, diseño gráfico, literatura, ciencias del lenguaje, farmacia…, donde la gran mayoría de ellos, orgullosamente egresaron de la Universidad Estatal, y fueron estudiantes becados, provenientes de colegios igualmente públicos.

Precisamente porque el nivel educativo ha de ser el merecido por los esforzados hombres y mujeres, que, con sacrificio familiar, han decidido caminar hacia un mejor mañana, el presupuesto de las universidades, particularmente, ha de ser garantía de que, esos muy respetables 124.000 estudiantes, podrán formarse y concluir sus estudios, como lo merecen, como lo soñaban, como el Estado habría de cumplirles.

Así como no se puede estudiar sin contar con plantas físicas y otros recursos técnicos y materiales, suficientes y adecuados, así tampoco se puede pensar siquiera, en una universidad sin suficientes y excelentes proyectos de investigación, de la más alta rigurosidad, y conducidos por académicos de comprobada calidad. Por profesores partícipes de regímenes de incentivos, donde objetivamente, se valoran los logros alcanzados, a través de años, en carreras de grado y posgrado, muchos de ellos en prestigiosos centros de enseñanza extranjeros. Docentes-investigadores-extensionistas, que realizan su práctica académica, al lado de sus estudiantes, y diversas comunidades, mediante proyectos de extensión, que los acerca más al pueblo que valora sus aportes.

Aunque sectores privados, economicistas, prejuiciados contra la institución universitaria estatal, la propiamente dicha, afirman que en sus “universidades” no se investiga, ni se becan profesores para realizar estudios de maestría y doctorado en reconocidos centros de estudio europeos, asiáticos, o americanos, porque “eso” es innecesario, lo ciertos es que, sin proyectos de investigación, que sustenten la docencia, es imposible hablar, seriamente, de «universidades». Al ser así, las autoridades hacendarias han de entender, que, en el sistema universitario estatal de Costa Rica, las labores en el laboratorio, la biblioteca, las redes de información y en el campo, la investigación, aunque costosa financieramente, más bien ha de fortalecerse, tanto en recursos económicos como humanos. Por ello, orgullosamente, las universidades estatales pueden mostrar que realizaron el 78% de la investigación publicada entre el 2000 y el 2021, en las áreas científico-tecnológicas, ciencias exactas y naturales, ciencias de la salud, ciencias agrícolas, e ingenierías y tecnologías, expresado en alrededor de 8.000 publicaciones, producto de ese esfuerzo de producción en conocimiento en ciencia y tecnología.

Asimismo, cuando algunos cuestionan que, “así como ellos pagaron por su educación secundaria en colegios privados, así los estudiantes universitarios deberían pagar, aunque sea una parte, por la educación recibida”, lo hacen porque desconocen que las inversiones del Estado en los centros de Educación Superior, no podrían ser costeadas, ni, aunque todos sus estudiantes, proviniesen del sector privilegiado de nuestra desigual sociedad. Y, menos si se considera que, con respecto al perfil de ingreso de la población estudiantil de las Universidades Públicas, el 96 % de las ubicadas en el grupo más pobre, provienen de colegios públicos. Un día después de que se aprobase un cobro “mínimo”, muchos tendrían que irse a sus casas para, lamentablemente, no volver, privando a sus núcleos familiares y la Patria, de un significativo número de profesionales, necesarios para el desarrollo de Costa Rica. Por eso, más bien, los sistemas de becas y la oferta académica, ofrecen oportunidades a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación social ni económica, tal y como lo pensaron, los costarricenses que ocupan lugares privilegiados en la historia de la educación de la nación.

Finalmente, y no por ello, menos importante, como sabiamente, en pocas palabras, nos decía Carmen Lyra, “Muchos de los importantísimos problemas en el porvenir de la nación deben plantearse en las aulas y es imperativo que presidan en él los mejores expertos que puedan obtenerse.” Y ha de ser así, pues los profesores, en todos los niveles educativos, no han de ser “indiferentes” antes las amenazas que podrían estarse dando sobre el bien valorado sistema democrático que nos rige, y que, nos diferencia, de los sistemas de gobierno de otros países latinoamericanos, que los costarricenses de bien, no deseamos heredar a hijos y nietos. Ante esto, la misma Carmen Lyra, sentenciaba: “El rol de los maestros es hoy decisivo en los destinos de la Patria. Creo que es preciso despertar su mentalidad hasta que lleguen a interesarse en las luchas políticas que hoy se sostienen hasta el extremo de hacerse partícipes de ellas”.

22.8.2024

La fragilidad de una política dura

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense

En las últimas semanas ha sido notable el aumento de la migración en tránsito por la región centroamericana. Particularmente en Costa Rica es notorio que el volumen de personas en contextos de movilidad ha aumentado, particularmente las provenientes de un país como Venezuela, que ha entrado en una crisis sociopolítica aún sin resolverse.

Este proceso ha coincidido con la entrada en vigencia de un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Panamá en el cual básicamente se dota con recursos económicos al gobierno panameño para implementar una política de deportaciones “instantáneas y express” a quienes sean detenidos cruzando el inexpugnable Tapón del Darién.

En los últimos días los primeros grupos de migrantes detenidos ya fueron puestos en vuelos directos, pagados por este acuerdo migratorio, un “memorándum de entendimiento para el abordaje de la migración ilegal” (SIC) para su deportación hacia países como Colombia y Venezuela.

Una vez más, la circunstancia humanitaria es vista desde un prisma securitario. No debe obviarse el contexto político que circunda Estados Unidos en esta época preelectoral, en la que el tema migratorio funge como una puerta de atracción de votantes desafectos con la llegada de migrantes a aquel país.

La migración no ha sido detenida con este tipo de acuerdos. El endurecimiento de las políticas no ha logrado erradicar las razones estructurales y contingentes de la movilidad humana.

Entonces termina convirtiéndose en una acción fallida y frágil, que lo único que logrará es aumentar los riesgos y las vulnerabilidades para quienes ven en la movilidad, una respuesta a sus necesidades de sobrevivencia.

Para pensar en un nuevo sistema tributario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

En los últimos días se han escuchado voces pidiendo una revisión profunda de nuestro sistema tributario. Totalmente de acuerdo con eso, no solo porque arrastramos una agenda pendiente en la definición de nuestra estructura tributaria, sino porque enfrentamos retos futuros que debemos abordarlos desde ya en nuestra política fiscal, para evitar entrar a la discusión de una reforma fiscal más adelante como un mero parche para alcanzar la estabilidad macroeconómica, sin ver la contribución de la política tributaria a la equidad y al crecimiento.

A fin de contribuir a esa discusión quisiera aportar un elemento fundamental, que rara vez se discute en una reforma de estas: el para qué. ¿Qué papel queremos que juegue el sistema tributario, qué tipo de sistema tributario necesitamos en función de las responsabilidades que creemos debe asumir el Estado?

He insistido, desde hace tiempo, que la definición de la política fiscal pasa primeramente por tener claro el papel que vamos a otorgarle al Estado en una sociedad moderna. Ese papel incluye algunas funciones elementales:

  1. La provisión de bienes públicos, según lo entendemos los economistas. Aquellos bienes y servicios que no tienen mercado y que, por lo tanto, deben ser prestados por un Estado que garantice su disponibilidad. La seguridad pública, por ejemplo.
  2. Servicios estratégicos, cuya provisión nos permite garantizar el acceso a derechos fundamentales y a una sociedad más equitativa. La educación y la salud pública, por ejemplo.
  3. El otorgamiento de ayudas a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, a fin de darles la oportunidad de tener una vida digna y mejorar su condición económica futura.
  4. La protección de los recursos comunes, a fin de garantizar su existencia en el tiempo y un uso adecuado por las distintas generaciones.
  5. La protección de otros derechos fundamentales.
  6. La intervención en actividades económicas, a fin de impulsar transformaciones en el modo de producción, sobre todo en épocas de transición tecnológica o de crisis económica.
  7. Otras funciones que quieran otorgarle al Estado.

Una vez definido lo anterior, sabremos con certeza el tamaño de la tarea. El tamaño del sistema tributario, entonces, corresponderá a las funciones que queremos desempeñe el Estado. Luego de definir esto, tocará definir qué instrumentos usaremos para financiarnos, o sea, cuáles impuestos escogeremos, sobre quiénes los aplicaremos y qué tasas estableceremos. Entrar a hacer una reforma tributaria sin tener eso claro, nos puede llevar a seguir arrastrando agendas pendientes en próximos años, por insuficiencia del sistema impositivo frente a la tarea definida. Además, sería reiterar un error muy común, de poner el sistema tributario como fin último y no como un medio, lo que tiende a provocar que la tendencia en la aplicación de la política fiscal, sea a ajustar el gasto a los recursos financieros disponibles y no al contrario, lo que implicaría garantizar los ingresos tributarios necesarios para alcanzar nuestras aspiraciones como sociedad.

En el caso costarricense se vislumbran algunas tareas importantes, pensando en la corrección de reformas anteriores que no se han hecho completas, pero en retos futuros de la política fiscal. Por ejemplo, y solo para citar unos:

  1. Seguimos con una ley de impuesto sobre la renta de 1988, mientras el planeta ha profundizado su integración global y la capacidad, cada vez mayor, de movilización de capitales por el planeta. Una modificación profunda de esta legislación, que además incorpore lo último en herramientas legales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible, sigue siendo un imperativo.
  2. Las nuevas herramientas de pago en sustitución del uso de efectivo y que compiten con las tarjetas de crédito y débito, están erosionando la recaudación del IVA, obligando a que eventualmente se incorporen nuevas formas de control para evitar la evasión por esta vía.
  3. Nuestra carga tributaria es baja, lo que ha dejado una brecha importante en el financiamiento de las actividades que históricamente hemos pretendido que asuma el Estado. Eso dio pie a centrar el ajuste en el lado del gasto, lo que está generando una reducción significativa en la capacidad de atender las demandas de la población. Revertir eso tendrá un costo importante, eso sí, pues en la actualidad la política fiscal sigue siendo deficitaria. Pasar del nivel actual de gasto en educación, por ejemplo, a lo indicado por la Constitución Política, nos obligará a un esfuerzo fiscal de casi 3% del PIB, que hoy no tiene una fuente de financiamiento definida.
  4. La descarbonización de la economía, una aspiración del país de cara al año 2050, reducirá el consumo de combustibles y con ello erosionará la tercera fuente de ingresos tributarios del país, la que deberá ser sustituida por otra fuente de ingresos.
  5. La transición tecnológica y energética, que el cambio climático y la descarbonización traen aparejados, hacen necesario pensar en el uso de mecanismos de incentivo para impulsar una nueva economía y nuevas formas de movilidad, por ejemplo. Pero el país ha abusado de la exoneración como forma de incentivo, lo que tiene consecuencias fiscales indeseadas y tiende a ser una figura regresiva. Debemos plantearnos el uso de subsidios dirigidos y que estos sean valorados periódicamente, lo cual también nos debería obligar a pensar en una fuente de recursos con ese fin.
  6. Costa Rica adolece de una enorme dispersión en las tareas de cobrar impuestos, delegadas en varias instituciones que hacen funciones de administración tributaria, sin que esa sea su actividad principal. Un ejemplo de esto: el Teatro Nacional, al que la ley le delegó la responsabilidad de cobrar el impuesto a los espectáculos públicos. Esto reduce la efectividad de las medidas de cobro, distrae recursos que debería dedicarse al “core business” de las instituciones públicas y facilita la evasión. Concentrar las funciones de cobro en la Dirección General de Tributación debería ser una decisión en próximos años, a fin de corregir esto.

Esta lista no agota los temas a valorar, pero es una muestra de lo complejo de la tarea, a la que, sin embargo, debemos entrarle pronto y empezar a señalarle a la clase política los múltiples riesgos que corremos a futuro, si no nos abocamos en esta discusión lo antes posible.

El jaguar intoxicado y embriagado de poder

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El animal de Zapote, el Jaguar, está intoxicado de la ingesta de poder que está disfrutando. Literalmente está ebrio de poder, lo que le altera sus facultades mentales y posiblemente físicas, como las de la conciencia, la urbanidad, las buenas costumbres, las de elemental buen trato, las de educación básicas, las de respeto hacia sus semejantes.

Comportándose como un animal alfa se impone. Hace sentir su poder, su gruñido, su mala educación también.

El pasado viernes invitaron a los Rectores de las Universidades públicas, universidades estatales, a continuar la discusión que se tenía el gobierno con las autoridades universitarias sobre el cumplimiento financiero del Estado, de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política. La discusión respondía a unas sesiones que se venían dando. Atendiendo la solicitud por la queja de la ministra de Educación, por las protestas estudiantiles de la sesión anterior a ésta, se resolvió reunirse en Zapote.

En Zapote todo estaba montado. Era un show bien montado lo que esperaba a las autoridades universitarias. Los ministros de Educación y de Hacienda, con el Jaguar al frente, ya todo lo tenían decidido, sin posibilidad de discusión. Sí o sí; de lo contrario nada.

A Zapote llegaron las autoridades universitarias a discutir el 1% del PIB y no el 8 % que le corresponde por disposición constitucional a las universidades. El 1% era la propuesta del gobierno que se venía discutiendo contra un 4.5% de aumento que pedían las autoridades universitarias.

En la jaula del jaguar, balanceándose de un lado para otro, gruñendo, instruyó a sus felinos ministros, de que si los rectores no aceptaban el 1 %, entonces no se le daría nada a las universidades. Quedaba en 0% de incremento del PIB, ni el 1 % que habían propuesto, para presupuesto de las universidades.

Se supone, como corresponde en visitas oficiales a la casa del Jaguar, que se informa a la puerta de entrada quiénes van a llegar, para que los hagan pasar, de inmediato, en atención a la calidad de los invitados en llegar y a la hora exacta de la cita.

A los rectores, máximas autoridades académicas de Costa Rica, los citaron a determinada hora a la Casa Presidencial, que el ocupante de Zapote la llama Casa del Pueblo, no guarida del Jaguar.

Llegaron puntuales los rectores. Se hicieron presentes en el portón de entrada, resguardado por autoridades policiales. Se presentaron indicando con buenos modales y respeto que iban a la reunión con del Señor Presidente de la República, que los esperaba con los ministros de Educación y de Hacienda. Allí les pidieron sus credenciales, sus cédulas de identificación, como se hace con todos los visitantes que allí llegan.

En este caso, las máximas autoridades académicas, ya debían estar avisadas con una lista, en la puerta de recepción, que iban a llegar con sus respectivos nombres, para hacerlos pasar rápidamente.

Los oficiales los mantuvieron por 45 minutos en la calle, mejor dicho, en la acera exterior del puesto de entrada, más precisamente, entre el puesto de entrada y la calle, donde no hay donde guarecerse ni del sol ni de la lluvia. Guarecer no es por guaro para invitados del presidente o del propio presidente. Guarecer es para acoger a quien llega, ponerlo a cubierto o preservarlo de algún mal, en este caso de una asoleada, o una mojada por algún aguacero que no sucedió. Sí los asolearon.

Cuando desde adentro se dio la orden de ingreso, a los 45 minutos, de uno en uno los fueron pasando. Al llegar al edificio, después de la asoleada que los habían puesto a recibir a la fuerza, como si se estuviera en tiempo de guerra, por las autoridades militares en traje de civil, los requisaron, de nuevo, uno por uno, registrados como si llevaran armas, casi los trataron como delincuentes sujetos de revisión, les pasaron instrumentos para ver si sonaban alarmas de metales que llevaran o armas ocultas, como un corta uñas que llevaba un rector… Pasados por esos procesos humillantes, los mantuvieron, en el primer piso del edificio presidencial, 35 minutos más sin recibirlos, en el despacho presidencial, para hacerlos subir a la Oficina del Presidente, y decirles, una hora y media después de que habían llegado, en una reunión que duró UN MINUTO, que si no aceptaban el 1% del PIB para las universidades, entonces que fueran a la Asamblea Legislativa a discutir el presupuesto para las universidades. Allí, y así, acabó la reunión. Los rectores se quedaron, como en el libro de Marcel Proust, “En busca del tiempo perdido” analizando el tiempo y sus efectos en la psique de las personas…en hacer un viaje en solitario, pero sin descuidarnos para no perder el tiempo ni las ocasiones. La que sigue es en la Asamblea Legislativa.

Parecía una fiesta taurina lo que hizo el matador de Zapote, el jaguar, tratando de depredar, destrozar, a los rectores. Después de esa hora y media de tenerlos de pie, asoleados, registrados humillantemente, el Jaguar esperaba que bajaran la cabeza para meterles la espada, como toros en el redondel de Zapote.

Cuando el Jaguar depreda lo que hace es cazar a otros animales de distintas especies para su subsistencia. Eso quiso hacer el animal de Zapote con los Rectores, cazarlos por agotados, liquidarlos en su ánimo, su conciencia, someterlos para engullirlos atropelladamente y tragárseles sin mascarlos. Pero, no pudo. Se atragantó el jaguar. Los rectores no fueron las bocas de su embriagado, maloliente y apestoso proceder, irrespetuoso, irresponsable, cobarde.

Educadamente salieron los Rectores. Se retiraron, con orgullo de haber cumplido lo pactado de ir a conversar, a dialogar, a discutir respetuosamente las necesidades de las universidades, a buscar cómo mejorar y garantizar el mejor funcionamiento de las universidades públicas, las del Estado, las que producen más del 80% del empleo nacional de profesionales en todas las ramas del saber y en función de todas las necesidades productivas del país; de las universidades que producen más del 70% de investigación universitaria de Centroamérica.

El jaguar por su parte se quedó con el rabo entre las patas, más embrabuconado, más embriagado de su poder, de creerse el Rey Sol, al que todos los costarricenses le deben la vida, de sentirse, como ya se está autopresentando como el Representante de Dios en este terruño, de sentirse como un ser infalible.

En su ideológica borrachera se imagina en el Palacio de Zapote, como en el de Versalles, mascullando con dificultad, hablando entre sus saltados dientes, pronunciando malas palabras, fruto de su poca refinada educación, al punto que a veces no se le puedan entender, que él es la suprema representación del Estado, el punto culminante, el cénit del absolutismo, del autoritarismo, del tiranismo, del dictadurismo costarricense, por el más abusivo uso y cruel del poder, que quiere fortalecer acabando con toda la institucionalidad democrática nacional, con la estructura de poderes públicos independientes, con limitaciones a las libertades y derechos, con represión a cualquier oposición, con la eliminación de controles públicos.

Su borrachera política y su endiosamiento lo tienen a punto de proclamarse el Rey Sol de Costa Rica por la Gracia de Dios, de mandar imprimir una moneda con su efigie de un lado, en el envés, y un jaguar del otro, en el revés, con letras en dorado que indique Rodrigo el XVIII, apodado como Luis XIV, Rodrigo el Grande, Rodrigo el Estado, y poder decir como Luis XIV: el Estado soy yo…o a lo tico bukelesco: La República soy yo sin igualar a José Ortega y Gasset.

En el caso de Luis XIV el que naciera con dos dientes no fue un hecho insólito, sino que se consideró en su tiempo un buen augurio, como presagio del poder que tendría…duró más de 60 años gobernando…el sueño de Rodrigo el XVIII de la Segunda República.

El Rey Sol, Luis XIV, se dice que tuvo 20 hijos, con cinco mujeres, el Presidente Rodrigo XVIII lleva dos… Todavía tiene tiempo…para alcanzar a Luis XIV.

El Rey Sol de Costa Rica desea que le digan por lo menos Su Alteza Real de Monte Terán y Zapote, sus dos grandes comarcas, con sus fieles súbditos.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

El descuido de la educación es la “puerta de kerkaporta” que permite la destrucción de las democracias

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Sobrado

La importancia estratégica de la Kerkaporta en la caída de Constantinopla

La Kerkaporta , una puerta menor de las murallas teodosianas de Constantinopla, jugó un papel clave en el diseño del asedio otomano de 1453 que puso fin al Imperio Bizantino.

El descuido de esta puerta por parte de los cristianos les permitió a los otomanos, en la noche del 29 de mayo de 1453, penetrar furtivamente y tomar por sorpresa la ciudad. Así, un simple descuido o traición, en torno a una puerta secundaria de las murallas de Constantinopla, la de Kerkaporta , permitió a los otomanos tomar la sede del Imperio Bizantino y dar inicio de una nueva era de dominio regional.

Nuestra América Latina, que arrastra una exclusión social, encubierta por el racismo y clasismo, que se ha agudizado con la tecnología, desplaza cada vez más la mano de obra física. Al mismo tiempo que carece de oportunidades educativas actualizadas y de capacitación de amplio espectro.

Frente a una coyuntura donde el narcotráfico, que no es un simple grupo de malandros que puede ser enfrentado por la policía, sino una empresa transnacional de gran envergadura, con un gran poder, no solo económico, sino que tiene muchas ventajas y condiciones favorables para su desarrollo.

En primer lugar, es una empresa altamente descentralizada que tiene una gran iniciativa y creatividad para crecer y operar en condiciones adversas al poder institucional tradicional. En el medio social encuentra condiciones favorables para reclutar socios y peones dentro la masa de desesperanzados que no encuentran espacios para su desarrollo y migran masivamente en grandes caravanas fuera de la región.

Además, saben aprovechar muy bien con sus abundantes recursos, el clima de corrupción institucional prevaleciente, tanto para comprar información y conseguir aliados en el desarrollo de sus actividades como para ir tomando posiciones en los gobiernos locales e institucionales. Ya son múltiples los estados, provincias y municipios, así como instituciones nacionales que han caído en sus manos. Tal es su influencia y poder que, organizados desde las cárceles pusieron en jaque al mismo gobierno ecuatoriano.

Se puede decir que estas ventajas son comparables con los cañones gigantes y la gran flota turca construidos por el sultán Mehmet II, para derribar las murallas, cercar y atacar la ciudad de Constantinopla.

En nuestro caso la puerta descuidada es la educación y la capacitación.

En una época donde el desarrollo y la transformación institucional depende de la actualización y calidad del capital humano. Formar con contenidos y métodos adecuados a las nuevas realidades es vital. Pero, además, como la tarea de actualizar la educación y darle cobertura no es de corto plazo, y una parte considerable de la población económicamente activa perdió la oportunidad educativa, es preciso desarrollar procesos de capacitación de amplia envergadura. Capacitación que, partiendo de sus necesidades inmediatas los habilite en organización, tanto para enfrentar sus necesidades económicas y comunales, como para la ciudadanía activa. “Los hombres sin organización, no tienen ningún poder” decía muy acertadamente el expresidente José Figueres Ferrer, cuando impulsó el movimiento cooperativo.

La organización no puede ser una ficción jurídica montada en el escritorio de un abogado y manejada por un “piquetero” de partido clientelista. Debe ser real y poder empoderar efectivamente a sus asociados, con nuevas calidades y posibilidades de acción.

Solo una sociedad organizada y educada es capaz de descentralizarse y contribuir a su propio desarrollo y a la gestión pública de su comunidad incluyendo la seguridad. No se trata de que las organizaciones se conviertan en aparato represivo, ya que eso le toca a la policía, pero si en ojos y oídos. Esto es, en apoyo de labores de inteligencia a la seguridad colectiva.

Todo esto puede sonar utópico a primera vista, pero tiene su respaldo de hechos ahí donde ha sido sistemáticamente aplicado. Implica desde luego, una reorganización institucional que no va a venir desde arriba, sino que tiene que forjarse desde abajo. Esta es la fuerza que debidamente organizada, puede detener las amenazas crecientes de la corrupción y el narcotráfico.

Las clases políticas tradicionales producto de estados centralistas con desigualdad en la distribución del ingreso son endémicamente corruptas. Su poder no tiene asidero en el ejercicio ciudadano, sino en la distribución de diarios y otras prebendas menores a una masa de clientes sin esperanza.

La elección de Milei en Argentina es un anticipo de esa desesperación que abre las puertas al gobierno de las mafias y debe tocar a rebato para hacer las reformas que nuestro sistema político requiere. Nos encontramos en el continente con el mayor índice de desigualdad del planeta y la menor tasa de crecimiento. El tiempo vuela y exige acciones.

En el año 2003 se presentó en la cámara de diputados de México el libro “América Latina: crisis del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas” con dos ediciones posteriores en la Editorial de la Universidad Nacional de Costa Ria, del Dr Juan José Rojas y el autor del presente artículo, se destacaba cómo la aparición de la transnacional del narcotráfico, estaba cambiado las relaciones de poder en nuestra América y se proponían soluciones organizacionales de tipo sistémico. Aunque tarde todavía mantiene vigencia.

¡Es la propia historia costarricense la que desmiente la narrativa neofascista del chavismo!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Circulan en las redes sociales de estos días algunos mensajes del chavismo que nos dejan sensaciones muy encontradas: desánimo, incredulidad, preocupación y repugnancia por la fingida ignorancia de las particularidades del desarrollo social, político e ideológico de nuestra Costa Rica.

Algunos historiadores e historiadoras hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos, tratando de comprender las razones más profundas de la especificidad del sistema político costarricense.

Con diferentes prismas ideológicos y desde diferentes ámbitos de interés, la gran mayoría hemos coincidido en que los sufrimientos y dilemas nacionales experimentados durante los años cuarenta del siglo anterior, fueron parte del doloroso pero positivo parto del Estado de Bienestar Costarricense. En ese parto contribuyeron sectores anarquistas, reformistas, marxistas leninistas, socialcristianos y socialdemócratas, todos ellos enfrentados a la creciente amenaza fascista que hundía al viejo continente en la Segunda Guerra Mundial, con las indeseables consecuencias que ese conflicto trajo para toda la humanidad.

Pero los cimientos que entonces se construyeron para modernizar al Estado costarricense no llegaron a una solución definitiva, no podía serlo, porque la historia de los pueblos siempre está en permanente construcción.

El anticomunismo de la Guerra Fría fue una sombra nefasta para que aquel joven Estado reformista llegara a ser verdaderamente inclusivo. Más de un cuarto de siglo debieron esperar las izquierdas costarricenses para regresar a las urnas después de su proscripción en la Constitución de 1949. Pero se pudo recuperar ese valioso espacio y fortalecer un país más diverso y respetuoso de las distintas opciones ideológicas y visiones de mundo.

Los graves retos del neoliberalismo desde los años 80 y las pugnas ideológicas que ello significó, han podido enfrentarse con serias discrepancias entre intereses dicotómicos, pero en un ambiente de relativa armonía social.

No obstante, hoy el chavismo pretende borrar completamente estas páginas de nuestra historia con mensajes vacíos, manipuladores e inmorales, en aras de sustraerle a la Asamblea Legislativa su condición legítima como primer poder de la república y de eliminar los contrapesos que le han dado estabilidad a nuestro sistema político.

Cada día es más claro el cerco que los neofascistas quieren imponerle a las democracias latinoamericanas. A la par de Bukele en El Salvador y Miley en Argentina, Rodrigo Chaves quiere arrastrar a nuestro país a una polarización con medias verdades y lecturas falaces de nuestro proceso histórico. Peor aún, muchos costarricenses podrían estar leyendo las redes de casa presidencial sin meditar en la gravedad de tanta falacia, porque la mentira institucionalizada es la peor arma que se construye hoy desde Zapote contra nuestro país.

Me permito hacer un llamado a todos los educadores y educadoras para que asuman la tarea prioritaria de rescatar la verdad de los procesos históricos de este país en las aulas. Que nuestra niñez y nuestra juventud puedan descifrar claramente las odiosas falacias de Zapote.

La educación pública y el FEES en su legado social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dra. Lilliam Quirós Arias
Académica
Universidad Nacional
20-agosto 2024

La educación es la inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, democráticas y prósperas. En tiempos en los cuales la educación pública se ve constantemente atacada, debemos recordar que son muchas las personas estudiantes que han encontrado las posibilidades de formación en la carrera que desean. Desde las universidades públicas, se forjan al servicio de la sociedad costarricense personas graduadas con una gran calidad académica, un alto nivel de compromiso y con gran sentido ético y humanista.

Desde las universidades públicas se forman profesionales que entienden las necesidades y aportan a la resolución de los principales problemas que enfrenta el país. Entre ellos; la crisis ambiental y social, el cambio climático y sus afectaciones en los sistemas agroalimentarios, las poblaciones, los ecosistemas, el incremento de los desastres naturales; la degradación de los recursos naturales, el debilitando la agricultura familiar y la agricultura en general, el despojo a los campesinos de sus tierras, la expansión desaforada de las transnacionales, el uso excesivo de agroquímicos en detrimento de sistemas sostenibles como la agroecología, el incremento de la violencia, tanto doméstica como criminal, es una preocupación creciente, el desempleo, especialmente juvenil, es un desafío importante, especialmente en ciertas regiones del país, la percepción de corrupción es un problema que afecta la confianza en las instituciones y dificulta el desarrollo del país, el aumento de la pobreza y la desigualdad, que generan como consecuencia migraciones, formación de profesionales en contextos de empleabilidad cada vez más demandantes, complejos y dinámicos. entre otros.

A pesar del gran legado social, la educación pública históricamente ha requerido luchar por su presupuesto. En los últimos cuatro años, la asignación presupuestaria decrece cada vez más, llegándose a fijar una partida muy por debajo del 6% de PIB. Cada vez con mayor desprecio la universidad pública es atacada por quienes no conciben la educación como ese vehículo de movilidad social, por aquellos que han tenido el privilegio de educarse en instancias privadas o fuera del país, que no requirieron una beca, y de familia con solvencia económica; esos son los que están debilitando la educación pública, y unos cuantos que estudiaron en la universidad pública pero que olvidaron lo que recibieron en su formación; esos y esas son lo que no consideran la educación pública como un bien social, un bien público. La educación, sin duda, constituye un derecho fundamental de cualquier ordenamiento democrático, por ello, esperamos que los legisladores de la Asamblea Legislativa sean conscientes de que si no se asignan los recursos del FEES como corresponde, estaremos ante un gravísimo retroceso de los recursos destinados a la educación pública con terribles consecuencias en el desarrollo económico, social y humano del país, afectando intensamente la condición de los sectores más vulnerables.

Es así como enfrentamos un contexto de país, cada vez más fragmentado, dividido, desigual, inseguro producto del debilitamiento de los principales ejes transformadores de la sociedad costarricense, la educación, la salud y la cultura. Específicamente en la educación, esto se refleja en el Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), que son los recursos económicos que destina el Estado para el fortalecimiento de la educación superior pública. Para recibir los recursos del FEES, consignados por mandato constitucional, lamentablemente los sectores beneficiarios han luchado por ellos, con el apoyo de toda la comunidad universitaria.

Por tanto, en este momento crítico en que nuevamente el gobierno de turno niega ese derecho constitucional; la educación superior pública cuenta con cada uno y una de las personas universitarias y ciudadanas como aliadas en este incansable camino hacia el derecho a la educación pública de calidad y socialmente democratizante, una lucha que incluye el futuro de nuestros hermanos, hijos, sobrinos, nietos quienes todavía y siempre requerirán la educación pública. Contamos además con el apoyo de nuestras comunidades, nuestras poblaciones, ellos seguirán apostando por la universidad pública.

La lucha por el derecho a la educación superior es cada vez más imperante. A la pregunta ¿Porque es importante el aporte del FEES a la educación superior? La respuesta es simple, sin el FEES la educación pública en Costa Rica no existe, alejando a miles de jóvenes de la posibilidad de una educación de calidad.

La casa de Loida

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Delgado

“Oscilaréis de nuevo abriendo el alma”, les dice Neruda a las puertas viejas, de desecho, rescatadas del olvido para servir a su casa nueva de La Sebastiana de Valparaíso, un viejo inmueble que él rehízo con retazos encontrados aquí y allá, todos muy cerca de los basureros.

“Saldréis de ese estado cercano a muerte para recrear los sitios donde se generó la vida”, parece decir Loida Pretiz en su nueva exposición que lleva, por cierto, el más simple y el más complejo de todos los nombres: se llama “Casa”.

Hacía tiempo que no me conmovía tanto una exposición plástica como lo ha hecho esta. En ella Loida recoge pedacitos de madera vieja, partes de puertas y marcos de ventana, detritus y olvido, y con ellos reordena el recuerdo, el lugarcito donde tomábamos el café de media tarde, el cacho del piano donde papá nos tocaba todas las noches, al lado de comedor, la cama que compartíamos con los niños, la ventana por la que se asoma una mata cercana o una montaña que nos saluda desde la lejanía, la sala, a veces completa, a veces apenas insinuada, el dormitorio.

Es una recopilación de los recuerdos, que dejan de ser cosa del pasado y que gracias al arte, a ese talento y esa dulzura propios de Loida, se nos vienen encima en el presente y nos envuelven en el abrazo cálido del hogar.

Vuelvo a Neruda, pero a otro poema también dedicado a la madera: “Debajo/ de la pintura sórdida /adivino tus poros, /ahogada me llamas/ y te escucho,/ siento/ sacudirse/ los árboles/ que asombraron mi infancia…” No hay olor en los cuadros de Loida. Ese aroma del bosque se disipó posiblemente hace mucho tiempo. Pero no hace falta. Hay un olor a café fresco, a sábana limpia, a ternura, a hogar; un olor que supera el paso del tiempo y que nos vuelve a traer la suavidad y la fortaleza de la madera y, a través de ella, el humus y el bosque todo.

Los invito a disfrutarla. Creo que es un hito de la creación artística reciente.

Ah, está en Museo Calderón Guardia.

El fraude de ley en el proyecto de la Jornada de 12 horas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Asamblea Legislativa conoce, nuevamente, un Proyecto de Ley, el N.º 24. 290 sobre las jornadas esclavista de trabajo de 12 horas diarias, llamada jornada 4-3, que se denomina “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales, para casos que sean excepcionales y muy calificados”. La intención de establecer este régimen de trabajo viene desde el año 2004. Ha cobrado fuerza en los últimos años y bajo este gobierno, con apoyo del Partido Unidad Social Cristiana, Nueva república, del Liberal Progresista y algunos diputados de Liberación Nacional.

En la exposición de motivos que trata de justificar este Proyecto de ley no se precisa cuáles son los casos determinados, los casos excepcionales y los casos muy calificados de las industrias o actividades económicas que requieren estas jornadas de 12 horas diarias. No se trata de hablar o indicar tan genéricamente esas empresas, como decir las de la industria o elaboración de materiales médicos, que no se pueden precisar ni señalar empresas, con nombre y apellidos. En la generalidad de estos conceptos está la trampa que quieren meter de establecer la jornada de trabajo de 12 horas para todo el país, para todas las formas de trabajo que se llevan a cabo en las actividades económicas y productivas que tenemos en el país, como una puerta abierta y única para las futuras contrataciones laborales.

Sin en verdad hay honradez y honestidad en que es para ciertas empresas, entonces que se diga cuáles son esas empresas, que trabando 24 horas diarias necesitan estas jornadas de dos turnos de trabajadores de 12 horas cada turno. Se dice, por los defensores de las esclavistas jornadas de trabajo, que esas son empresas extranjeras, principalmente. La justificación debe acompañarse con la demostración qué en los países de origen de esas empresas, esas empresas, en esos países, tienen establecida esa jornada de trabajo.

Así, por ejemplo, si son empresas de Estados Unidos, que demuestren que en Estados Unidos esas empresas tienen establecidas esas jornadas para sus trabajadores.

En el Proyecto de Ley se señala que el 70 % de las empresas extranjeras en el país estarían dispuestas a aplicar estas jornadas de trabajo. Digan cuáles. ¿Por qué no lo pueden precisar? Porque no es cierto.

Se dice por la Inversión Extranjera Directa, que se promueve hacia el país, que esta jornada es un atractivo para esas empresas que se desea vengan al país. Esto tampoco es cierto.

Ninguna de las instituciones o empresas nacionales que promueven, como CINDE o PROCOMER; ni siquiera los agentes comerciales de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también promueven negocios para el país, o sus grupos empresariales, de atracción de capitales extranjeros, por inversión, en industrias, empresas, nuevos procesos de producción, puede ofrecer estas jornadas de trabajo, porque no existen, en la legislación costarricense. Ni puede ofrecer que se van a establecer por reformas legislativas, que pueden no materializarse.

Al contrario, cuando se le habla a empresarios y representantes de empresas extranjeras se les señala la legislación laboral y social que debe cumplirse obligadamente en el país. Ninguna de las empresas que hoy forman parte de las Zonas Francas, ni de las que están amparadas a este régimen especial de inversión extranjera, llegaron a Costa Rica porque se les ofrecían jornadas, en su momento de establecimiento o hacia el futuro en turnos de 12 horas diarias.

Es absurdo el argumento de que las jornadas de 12 horas diarias darán mayores oportunidades de empleo. De hecho, reducen el personal de trabajo, en un turno de ocho horas. Es decir, qué si una empresa trabaja tres turnos de ocho horas seguidas, alternando trabajadores en cada turno, al establecer dos turnos de doce horas evidentemente eliminan un turno de ocho horas, porque a esos trabajadores no los subsumen en la jornada de 12 horas, cuando ya está establecido que el número de trabajadores es determinado para cada turno. Las enfermeras del país, por ejemplo, en los hospitales trabajan tres turnos de ocho horas: cada turno inicia a las seis de la mañana, a las dos de la tarde y a las diez de la noche, para lo que se pagan salarios específicos de jornada diurna, mixta y nocturna, que están establecidos en las leyes. Esto es lo correcto. Cómo es correcto que se paguen horas extras, después de las ocho horas, hasta un máximo de cuatro horas, con un 50% de valor adicional por cada hora de trabajo extra.

En la exposición de motivos, que trata de justificar la jornada esclavista, se señala que en una encuesta realizada a 323 personas “que laboran en este tipo de jornadas 4×3” les gustaría seguir trabajando en esa modalidad. Y, a renglón seguido, dicen que esas personas mencionaron que “más tiempo libre, tiempo para estudiar, tiempo en familia, ahorro en transporte, espacio para hacer diligencias, realizar deporte, entre otros.”

En la realidad esto no es cierto. Primero, que lleven a la Comisión parlamentaria a algunos de esos trabajadores para que sean interrogados por los diputados, para ver si existen esas personas y para ver sí es cierto que estudian, que comparten más en familia, que pueden tener más tiempo para realizar diligencias, deportes y otras cosas. Segundo, no hay ninguna infraestructura educativa, escuelas o colegios nocturnos, para que los trabajadores de estas jornadas de trabajo puedan asistir los tres días a la semana que les quedan libres, ni siquiera están esas estructuras educativas adaptadas para trabajar en esos días, o en los días que laboran normalmente doce horas. La realidad es que las escuelas y colegios nocturnos han desaparecido de hecho. Y la realidad también es que el proceso educativo nacional está organizado para trabajar de lunes a viernes en horarios diurnos, principalmente matutinos.

¿El tiempo en familia cómo se determina para justificar esta jornada? No se dice, ni se puede justificar. Un padre o madre ausente, durante 12 horas de su hogar, no puede tener ningún tiempo de familia, con su otra pareja, si la tiene, de matrimonio, de la relación con sus hijos. Del cuido efectivo de esos hijos. No hay una red nacional de cuido social de niños por el trabajo de sus padres. Hace muchos años se eliminaron las guarderías infantiles que tenía el Ministerio de Trabajo, que laboraban desde las 6 a.m. hasta la 5 p.m., que eran muy buenas. Tuve a uno de mis hijos en una de estas guarderías en Zapote. Las fábricas y empresas no las tienen. Tendrían que organizarlas para atender por el tiempo de trabajo de las 12 horas, especialmente en la jornada diurna, a los trabajadores que las necesitaren, y hasta deberían tener espacios para desarrollar una Aula Escolar, a manera de las de Maestro único, para atender igualmente a niños en edad escolar, de primero a sexto, que podrían acompañar sus padres, en ese sentido a sus trabajos.

En la justificación del proyecto de ley se señala la necesidad de la jornada de doce horas obedece entre otras cosas a la “racionalización de costos”. Dicho más claro, para ahorrar en salarios pagando menos trabajadores y poniéndolos a trabajar más horas, con menor pago por jornada de doce horas.

Se dice en esa justificación que la jornada de doce horas será voluntaria, “jamás obligatoria”. En la realidad esto no será cierto. Incluso se dice en la justificación que para los que no acepten la jornada de 12 horas habrá turnos de ocho. Entonces, ¿para qué la jornada de doce horas se promueve como una jornada general y universal? La realidad va a ser la siguiente: a un trabajador le ofrecen trabajar doce horas, cambiándole su jornada. Lo hace por un “período de prueba” de tres meses. A los tres meses el trabajador decide que mejor sigue con la jornada de ocho horas. El patrono, en ese momento le dice que no, que le va a pagar las prestaciones legales que le corresponden, lo “echan” del trabajo, y al nuevo trabajador que sustituye a éste, le ofrecen solo la jornada de doce horas, la que tiene que aceptar a la fuerza, porque no hay otra opción. Así va a funcionar este sistema.

Las empresas que hoy requieren mano de obra para tres turnos de trabajo, de ocho horas, así los contratan, trabajando siete días a la semana. Esto no es novedoso. Existe. Es legal.

En la justificación de esta ley se señala que hay “flujos de trabajos inestables” por los que se requiere esta jornada de trabajo de doce horas. ¿Cuáles son esos trabajos inestables? ¿Por qué para trabajos inestables se necesitan jornadas de trabajo de 12 horas?

El proyecto de ley que se quiere establecer de jornadas de 12 horas es absolutamente irrazonable, ilegal e inconstitucional. Irrazonable por cuanto afecta la humanidad y la calidad de vida real del trabajador y su familia, ilegal e inconstitucional porque por un fraude de ley, como se está camuflando este proyecto de ley, se viola la Constitución Política modificando artículos del Código de Trabajo, justificando para ello que el Artículo 58 de la Constitución se permite, excepcionalmente, en caso “muy calificados” se puedan dar otras modalidades de jornadas ordinarias de trabajo, “que no podrán exceder de ocho horas diarias de trabajo”.

La trampa del proyecto de ley está también en que la Constitución Política establece jornadas semanales máximas de 48 horas para trabajos diurnos y de 36 para nocturnos, y que el proyecto de ley de las jornadas de 12 horas señala la jornada de 48 horas y de 36 concentradas en las doce horas, de trabajo diurno como de nocturno respectivamente.

Por eso, para avanzar en esta discusión, si eso se quiere aprobar, se debe precisar cuáles son las jornadas laborales excepcionales, para los casos de trabajos que sean excepcionales y muy calificados. Qué se digan cuáles son.

Continuaré la próxima semana comentando este Proyecto de Ley, al que la Iglesia Católica, valientemente, ya ha objetado. Sobre esto también opinaré.

Corrupción e impunidad

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         El itinerario de una causa penal por corrupción privado-pública está plagado de accidentes, trampas, baches y emboscadas. Dado el perfil de los sospechosos, individuos con poder económico, político, religioso o de influencia social, llegar al puerto de la Justicia no resulta sencillo. En el marco de un debido proceso legal, más allá de la inocencia o culpabilidad de los involucrados, o de los recursos extraordinarios con que cuenta su defensa, existen condicionamientos estructurales que resultan, al fin de cuentas, determinantes: un sistema económico que no dibuja con claridad dónde terminan los negocios lícitos y dónde comienzan los abusos con la cosa pública; la imperiosa necesidad de contar con instituciones judiciales bien financiadas, con suficiente personal capacitado, salarios competitivos, derechos laborales garantizados y expectativas de jubilaciones dignas, entre otros factores.

         La mayoría de los hechos por corrupción ni siquiera son conocidos o denunciados. Habitan la zona oscura de las prácticas burocráticas viciadas por décadas y siglos. La realidad evidencia que los cambios de gobierno sólo tienen un peso relativo en el descontrol o agravamiento delictivos, pues los verdaderos expertos se encuentran enquistados, por una parte, en poderosas cúpulas empresariales; y por otra, en los mandos medios del aparato estatal, verdaderos conocedores y practicantes de las conductas ilícitas. En las sociedades modernas, casi siempre es la casualidad, la denuncia mediática o la obviedad del daño, las vías por las que se destapan los hechos irregulares y se convierten en escándalos públicos.

         Si la denuncia logra concretarse, se abren tiempos de investigación preliminares con frecuencia interminables. Años y años de supuestos esfuerzos por acopiar las pruebas y construir la base acusatoria. En el mejor de los casos –dicho con ironía- nos enfrentamos a instancias policiales y fiscales incompetentes, negligentes o ignorantes. En la peor de las situaciones, la cuestión tiene que ver con cálculos politiqueros, deliberados atrasos, o abierta búsqueda de impunidad mediante eventuales prescripciones de las acciones delictivas. La lentitud es una variable transversal a lo largo de todo el proceso. La prescripción, y con ella la impunidad, puede finalmente alcanzarse en cualquier etapa del juicio.

         La culminación de este itinerario puede ser una acusación débil o defectuosa, que omita hechos graves y relevantes, o saque del expediente a los acusados más “notables”. Es también el momento en que un Ministerio Público complaciente facilita las salidas alternas al proceso, llegando a acuerdos y conciliaciones que le permita a sujetos connotados burlar el rigor de la ley, sólo aplicable al común de los mortales. No debe olvidarse que las alternativas al proceso ordinario, -en principio un buen mecanismo para descongestionar tribunales y cárceles-, se aplican en nuestro medio si acaso a un 3% de los asuntos. El problema no está en los mecanismos en sí, sino en acordarse de ellos sólo frente a cierta categoría de delincuentes.

         Si al final de este tortuoso trayecto, el caso llega a la etapa de juicio, no hay como anular, es decir, eliminar del conjunto probatorio, elementos de juicio esenciales y determinantes. Eliminada la prueba decisiva, el juzgador puede cómodamente justificar una absolutoria, por duda y hasta por certeza. No importa si hay precedentes jurisprudenciales del más alto rango que contradicen esas anulaciones. La cuestión es encontrarle salida jurídicamente “creíble” a la impunidad.

         Y todavía más. Existiendo una sentencia condenatoria, se encontrarán subterfugios e interpretaciones judiciales o administrativos para que la persona convicta, con todo y su cuello blanco, no ponga un pie en la cárcel, destino sólo padecido por los desheredados de la tierra.

         El daño irreparable se le estará haciendo al régimen democrático. La responsabilidad, sobre todo de los jueces y juezas, es de una trascendencia escalofriante. Un juzgador con miedo a los medios de comunicación o a los poderosos que procesa debería buscar otra forma digna de ganarse la vida. Un juzgador lo suficientemente ambicioso para sacrificar la justicia en aras de alcanzar metas en su carrera, es la negación misma de la independencia judicial. Como pesadas sombras, el miedo y la ambición corroen personas e instituciones por igual.

         Cuando las instancias que deciden los nombramientos, en nuestro caso el Consejo Superior del Poder Judicial (jueces 1 a 3), la Corte Plena (jueces 4 y 5) y la Asamblea Legislativa (magistrados), quebrantan las reglas objetivas, se burlan de los concursos y sacrifican méritos y atestados en aras de cercanías y afinidades personales o partidarias, se está contribuyendo al descrédito de la Justicia y a la desconfianza fundada de la gente.

         Uno de los mecanismos más conocidos universalmente, es la promoción y designación de jueces amigos o afines, a los que se pueda llamar o manipular en ciertos expedientes delicados, como son los de corrupción. El colmo de esta decadencia se perpetra cuando el nombramiento está atado a una encomienda específica, sea un cambio jurisprudencial, sea el favorecimiento a alguien con nombres y apellidos.

         El caldo de cultivo estará preparado, en una “democracia plena”, para que florezca el demagogo populista, de derecha o de izquierda. Las deficiencias de las instituciones le servirán, no para enmendarlas, sino para destruirlas. Será tan autoritario y corrupto como muchos de los viejos políticos, y sólo querrá cambiar la camarilla tradicional por la suya propia, incluidos sus jueces de confianza, si pudiera. Por desgracia, los abusos, excesos y vicios del pasado juegan a su favor. Le darán todo el argumentario requerido para que un pueblo cansado y decepcionado le crea las mentiras y medias verdades que dice. Y aprovechará cualquier ocasión para recordarnos que hubo jueces y otras instancias de control que fueron designados por meras cercanías personales o partidarias, que se intentó controlar la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para buscar objetivos espurios, y que andan por ahí sueltos algunos personajes, eternos procesados y hasta condenados, pavoneando su impunidad.