Francisco Esquivel Villegas, economista, plantea en su más reciente publicación «Estructura productiva y crecimiento de Costa Rica – Hacia una estrategia alternativa» que el modelo económico aperturista aplicado durante las últimas cuatro décadas no ha logrado crear la estructura productiva necesaria para garantizar un crecimiento elevado y sostenido en el país.
Según el análisis de Esquivel Villegas, la estrategia exportadora basada en la apertura económica «ha sido una locomotora insuficiente» que mantiene a la economía nacional rezagada respecto a las economías más avanzadas del mundo. El autor señala que el nuevo sector exportador ha desarrollado una producción de ensamblaje limitada que no genera los encadenamientos apropiados para estimular la expansión del resto de la economía.
Concentración geográfica y social del crecimiento
El economista destaca que la producción exportadora se ha focalizado en algunas zonas de la región central del país y requiere mano de obra especializada que solo se encuentra en el centro de la nación. Esta característica ha impedido que el crecimiento se extienda al resto del territorio nacional.
«El crecimiento de las últimas décadas ha generado opciones de prosperidad a ciertos segmentos jóvenes de la población, con educación profesional o técnica acorde a las necesidades de ese tipo de ensamblaje. Pero, la prosperidad no llega al resto de la población, de ahí que la concentración del ingreso se ha profundizado», señala Esquivel Villegas en su trabajo.
Divorcio entre exportación y mercado interno
El autor identifica un problema central en el modelo actual: el divorcio entre la expansión exportadora y el dinamismo de la producción orientada a las necesidades del consumidor local. Según su análisis, la estructura productiva de la estrategia de apertura se produjo de manera dispersa, «típicamente liberal, sin plan», y sin interés en la producción para el mercado local.
Esquivel Villegas explica que el mercado interno solo interesó como nicho para el comercio importador, por lo que la demanda interna se abrió ampliamente permitiendo que productos del exterior entraran al país con menos aranceles y restricciones aduaneras, además de contar con un tipo de cambio favorable a las importaciones.
Propuesta de estrategia alternativa
Frente a este diagnóstico, el economista propone una estrategia alternativa que aproveche sectores que han sido relegados en las últimas décadas. Su propuesta se centra en el aprovechamiento del potencial de la agricultura, la agroindustria, la ganadería y sus derivados industriales, el turismo y la construcción.
«Si se aprovecha el potencial de estos sectores, la economía puede ampliar los encadenamientos de la estructura productiva y generar altas tasas de crecimiento que reduzcan la brecha del ingreso por habitante respecto a los países más avanzados», plantea el autor.
Recuperación del mercado interno como eje central
Un ingrediente fundamental de la estrategia alternativa propuesta por Esquivel Villegas es la recuperación del mercado interno, lo que fortalecería la capacidad de crecimiento de la economía. El economista sugiere reactivar el consumo privado mediante políticas distributivas y la inversión privada a través de la creación de estímulos apropiados tanto para empresas nacionales como extranjeras.
El autor estructura su propuesta en lo que denomina una «Etapa IV del proceso exportador», orientada hacia el crecimiento con inclusión social, superando las limitaciones del modelo neoliberal aplicado en décadas anteriores.
Contexto histórico del desarrollo económico costarricense
El trabajo de Esquivel Villegas analiza las diferentes etapas del proceso exportador costarricense, desde las primeras etapas de exportación bajo el enfoque conservador sobre el desarrollo económico, pasando por la Etapa III basada en el modelo aperturista, hasta llegar a su propuesta de una Etapa IV que combine crecimiento e inclusión social.
El economista considera que «ya pasó el tiempo del neoliberalismo» y es momento de repensar la inserción al mercado internacional de las economías latinoamericanas, reconociendo que muchos procesos de exportación de las últimas décadas generaron «una expansión incompleta, desequilibrada, sin visión de desarrollo».
La publicación completa está disponible para descarga gratuita en el sitio web de SURCOS Digital, donde las personas interesadas pueden acceder al análisis completo y las propuestas detalladas del autor para una nueva estrategia de desarrollo económico en Costa Rica.
Introducción La frase «pan y circo» (en latín, panem et circenses) fue acuñada por el poeta romano Juvenal en el siglo I d.C. para criticar la estrategia utilizada por los emperadores romanos (Trajano y Adriano en particular) de mantener al pueblo sometido y embelesado con alimentos básicos y entretenimiento violento, evitando así que cuestionaran el poder despótico y la inmensa corrupción. Desde entonces, esta táctica de control social ha reaparecido en distintas formas a lo largo de la historia. Hoy, en pleno siglo XXI, aunque los métodos han evolucionado, la esencia sigue siendo la misma: mantener a las masas despistadas y medianamente satisfechas para evitar demandas políticas que cuestionen el estatus quo. En Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chaves parece haber adoptado una versión sui generis de esta estrategia, combinando una retórica populista, el espectáculo mediático alrededor de su personaje y propiciando la polarización social y política para mantener relativamente alta su popularidad.
Orígenes en la Roma imperial En la antigua Roma, los emperadores comprendieron que el apoyo de la plebe era crucial para mantenerse en el poder. Para lograrlo, implementaron tácticas de distribución gratuita o subsidiada de trigo (panem) y organizando grandiosos espectáculos en el circo, como carreras de cuadrigas y luchas de gladiadores (circenses). Estas medidas no solo evitaban revueltas, sino que también desviaban la atención de problemas como la corrupción, los fracasos en algunas campañas militares y las malas decisiones políticas. Juvenal, en sus Sátiras, lamentaba cómo el pueblo había trocado su participación en la vida pública por la complacencia pasiva que le ofrecían estos efímeros beneficios.
Evolución de la estrategia A lo largo de la historia, distintos gobiernos y sistemas de dominación han utilizado variantes del pan y circo. En la Edad Media, los señores feudales organizaban festines y torneos para sus vasallos. En el siglo XX, regímenes autoritarios emplearon el deporte (como el fútbol en las dictaduras latinoamericanas) o los medios de comunicación masivos (propaganda en radio y televisión) para generar consenso. Hoy, en la era digital, las redes sociales y el entretenimiento constante (streaming, redes virales, noticias sensacionalistas) cumplen un rol similar: distraer a la población de problemas estructurales como la desigualdad, la crisis climática o la erosión democrática. Los gobiernos actuales, incluso en democracias liberales, recurren a medidas populistas—como bonos asistenciales o espectáculos políticos—para ganar aprobación rápida sin abordar reformas estructurales.
El «pan y circo» en la Costa Rica de Chaves Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica desde 2022, ha empleado tácticas que recuerdan al viejo panem et circenses, aunque adaptadas al contexto actual (y a sus múltiples limitaciones como político). Repasemos cómo lo ha hecho.
Pan. De forma llamativa, Chaves (empecinado con el ajuste fiscal) no ofrece “pan” verdadero a la población que lo respalda en la encuestas (excepto a sus financistas de campaña, con quienes sí ha sido muy generoso). Al contrario, no hay más viviendas sociales, ni más becas estudiantiles, ni más pensiones del régimen no contributivo, ni aumentos salariales, ni más subsidios para los sectores en situación de pobreza. Y ni hablemos de la educación, de las listas de espera en la Caja o de la infraestructura pública. El pan que ofrece Chaves es pan virtual: no alimenta bocas sedientas ni llena estómagos vacíos. Lo que Chaves alimenta es el resentimiento y el desprecio hacia la clase política tradicional (una tarea nada difícil), aunque paradójicamente, con sus cantos de sirena, su demagogia consumada y sus promesas incumplidas, se ha convertido en el más tradicional de los políticos tradicionales. En efecto, él y su gabinete emplean una retórica anti-establishment populista, estridente y a menudo violenta que no se concreta en mejoras materiales para la población de más bajos recursos, al tiempo que la utiliza para ocultar las abundantes críticas por la falta de respuestas a aquellas promesas de campaña ampliamente incumplidas, escudándose en el “no me dejan trabajar”. Así, el proyecto político de Chaves opera bajo una paradoja reveladora: mientras su narrativa se construye sobre la deslegitimación de la política tradicional, su práctica gubernamental no solo reproduce sus lógicas, sino que las profundiza.
Circo. Pero más efectivo aun para su campaña política permanente, Chaves ha dominado el espacio mediático con un estilo confrontativo y polémico, generando constantes debates en redes sociales y medios—ya sea atacando al Poder Judicial, al TSE, a la prensa, a sus opositores o haciendo declaraciones altamente provocadoras y en absoluto constructivas—que mantienen a la opinión pública entretenida pero distraída de las discusiones más urgentes.
Mientras una parte de la población celebra sus gestos de «ruptura» con la política tradicional, detrás del espectáculo se agravan problemas como el vertiginoso aumento de la desigualdad, la corrupción rampante, la crisis de inseguridad, la penetración del narcotráfico en las instituciones y en la sociedad, la violencia contra las mujeres, el desplome de la agricultura tradicional, el enorme retraso en infraestructura pública, el inaudito empeoramiento de los servicios de educación y salud públicas y la creciente polarización social. Vendió ser el martillo que rompería el sistema, y terminó siendo otro clavo en el ataúd de la esperanza popular.
Conclusión El pan y circo nunca desapareció; solo mutó. De las arenas romanas a las pantallas de TikTok, los gobernantes se siguen aprovechando de las necesidades básicas y los deseos de entretenimiento de la población para consolidar y abusar de su poder. Costa Rica, bajo el mandato de Rodrigo Chaves, es un ejemplo contemporáneo de cómo esta estrategia se adapta a los nuevos tiempos y a la personalidad de sus actores: con una retórica populista y un circo mediático que, aunque diferente en forma, cumple la misma función que en la antigua Roma: mantener al pueblo distraído, dividido y sobre todo, dócil.
Por tanto, hoy estamos urgidos de ciudadanos que valoren más la dignidad, la libertad y la democracia que la comodidad del vasallaje moderno, de medios independientes que informen verazmente en lugar de solo entretener, y de políticos que enfrenten con agallas y sabiduría el cúmulo de problemas que nos agobian, en vez de distorsionarlos o maquillarlos a su conveniencia.
José María Gutiérrez Profesor emérito, Universidad de Costa Rica
La humanidad presencia, estupefacta y horrorizada, la debacle humanitaria que vive la población palestina en Gaza como consecuencia de las acciones militares del gobierno de Israel.
Los actos perpetrados por el gobierno y el ejército de Israel en la franja de Gaza constituyen un auténtico genocidio, un crimen de lesa humanidad en el que han perdido la vida más de 56.000 personas, muchas de ellas mujeres, niñas y niños. Se ha destruido indiscriminadamente la infraestructura, incluyendo la educativa, de salud y de vivienda, y se han generado condiciones de vida inhumanas que han causado un sufrimiento indecible a la población civil de Gaza.
Más aún, repetidamente se ha impedido por parte de Israel el acceso de ayuda humanitaria de organizaciones internacionales, lo cual ha causado, entre otros efectos, una crisis de salud pública que incluye hambruna y la carencia de atención básica a personas heridas y enfermas. Además del sufrimiento a la población palestina de Gaza, en esta tragedia muchas personas periodistas y trabajadoras de la salud, así como de organismos de acción humanitaria, han sido asesinadas en el cumplimiento de su deber. En medio de esta debacle humanitaria, Israel ha irrespetado repetidamente diversas normas del derecho internacional.
Este genocidio ha sido documentado ampliamente y ha sido repudiado por instancias de las Naciones Unidas, por una gran cantidad de países y por amplios sectores de la ciudadanía global, quienes clamamos con desesperación porque se detenga esta agresión.
En este contexto de grave crisis por el horror que se vive en Gaza, la Asamblea Legislativa debe considerar muy seriamente lo que representaría la aprobación de un tratado de libre comercio con Israel en las circunstancias actuales. La política exterior de Costa Rica, en todos los ámbitos incluido el de las relaciones comerciales, debe guardar una clara coherencia con la tradición civilista y de defensa a ultranza de los derechos humanos que ha caracterizado a nuestro país.
Las discusiones alrededor de este tratado de libre comercio con Israel no deben verse solamente desde la perspectiva de las posibles conveniencias comerciales que podría tener para Costa Rica un acuerdo de este tipo. Por el contrario, la decisión que se tome debe concebirse como un elemento integral de la política exterior del país, centrada en el profundo respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los pueblos, en concordancia con los valores que han inspirado nuestra tradición civilista.
Si bien la política exterior de Costa Rica debe basarse en el respeto a diversas expresiones de organización política, económica, social y cultural de los países, como parte de la coexistencia en un escenario multipolar global, en este caso se trata de la negociación de un tratado de libre comercio con un país que ha violentado normas básicas del derecho internacional y que es directamente responsable de un genocidio en curso. Esta realidad no debe obviarse a la hora de discutir la aprobación de este tratado.
Costa Rica es un país pequeño, cuyo impacto en el contexto geopolítico global es limitado. Pero cuenta con un prestigio moral en el ámbito internacional que, en las circunstancias actuales, debe ser enarbolado para sumarse a las voces que en el mundo claman porque se detenga el genocidio que ejecuta el gobierno de Israel en territorios palestinos.
En medio la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Gaza, Costa Rica no debe ser omisa a la hora de alzar su voz para detener la masacre en curso. De ahí la enorme responsabilidad que recae en quienes tienen en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje al mundo, acorde con las mejores tradiciones civilistas del país, no aprobando un tratado de libre comercio con Israel.
El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, permitió a lideres de diversos sectores que levantaran su voz en representación de la ciudadanía, hacer un llamado en aras del fortalecimiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART y con ello darle su lugar a una comunicación pública solida e independiente.
SINART S.A es una institución con más de cuarenta y ocho años de labores en los medios de comunicación en Costa Rica; es la única institución del Estado que cuenta con un canal de televisión denominada Red Nacional de Televisión -Canal 13, una emisora radial, Radio Nacional 101.5 FM, una revista, “Contra Punto” y un medio digital, SINART Digital. Su programación a lo largo de casi cinco décadas ha estimulado a la audiencia con propuestas formativas, informativas, multiculturales, reflexivas y vivenciales. Las producciones independientes y la colaboración de diversas instituciones han creado un espacio único para experimentar e innovar.
No obstante, ante la campaña de desprestigio que ha rodeado al SINART en los últimos meses, donde se ha tratado de desnaturalizar aún más los objetivos que se esbozaban en los proyectos de creación de este medio de comunicación, diversos actores y sectores se han preocupado en recoger las opiniones, mensajes y realizar foros para reposicionar de manera sistemática que una institución de comunicación de servicio público como el SINART, es de interés social, de ahí que, en Costa Rica, es aquella libre, con independencia jurídica, cuyo cuerpo doctrinal y legal le permita actuar a favor de las audiencias.
En este sentido, la Comisión Técnica Pro SINART instaurada por la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER y la Comisión Ciudadana por la Defensa del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), llevaron a cabo el jueves 31 de julio de 2025, el II Foro “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, donde se discutió la necesidad de un proyecto para actualizar la Ley 8346 (publicada en La Gaceta N° 44 de 4 de marzo de 2003 y sus reformas) con el fin de darle solidez económica e independencia. Una televisión, una radio, una prensa, de utilidad social, de servicio a toda la comunidad nacional, con amplio rango de libertad, libre de ataduras y de amarras ideológicas que le impidan cumplir una gama amplia de objetivos y de servir a una pluralidad de intereses.
Este II Foro tuvo se efectuó en el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa al cual asistieron la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER, Magister Yanancy Noguera Calderón, la vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, catedrático universitario, exdiputado y coordinador de la Comisión Ciudadana por la defensa del SINART, la Defensora de los Habitantes Máster Angie Cruickshank Lambert y el Máster Iván Porras Meléndez, director del Quince UCR de la Universidad de Costa Rica.
En la introducción de esta actividad la Máster María Auxiliadora Zúñiga Corea, coordinadora de la Comisión Técnica por el rescate del SINART y miembro (a) de la Junta Directiva del COLPER, señaló que el objetivo de dicho foro es reconocer la dimensión ética y técnica de la comunicación política y publica en la construcción de una ciudadanía informada, crítica y participativa: “Desde nuestro Colegio Profesional se requiere un modelo de gestión que garantice la independencia editorial, la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART, bajo los principios de gobernanza transparente y participación ciudadana”. Zúñiga acotó que el compromiso ético de la comunicación pública implica asumir la responsabilidad de ofrecer contenidos de calidad, inclusivos, culturalmente diversos y libres de presiones partidarias o comerciales: “La propuesta para un nuevo SINART representa una oportunidad histórica para fortalecer el derecho a la comunicación y consolidar un sistema de medios públicos al servicio de la democracia costarricense”.
La señora Zúñiga Corea, hizo referencia a la creación de la Comisión Técnica por el rescate del SINART, en constancia con la normativa vigente del COLPER (Ley 4420-Acuerdo JD 26 05 25-Sesion 28 01 2025) y agradeció el apoyo de las personas integrantes de esta comisión y colegiados al COLPER, señoras: Xiomara Cubero Marín, Elena Constela Martínez y señor Efraín Cavallini Acuña. Asimismo, agradeció el respaldo del Despacho de la Diputada Vanessa De Paul Castro Mora y destacó la participación e interés de un grupo de extrabajadores del SINART coordinado por el Fundador y Ex Director General del SINART Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, quienes en enero de 2025 conformaron la “Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART”, con el objetivo principal de elaborar una iniciativa de reforma a la Ley del SINART, para actualizarla y que cuente con un marco legal que le permita solidez económica e independencia: “ La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, considera que los medios públicos de comunicación son esenciales para el buen funcionamiento de una democracia y la integridad del sistema de información, asimismo, esta entidad (OCDE) recomienda que los gobiernos deben apoyar la existencia de medios públicos independientes y de alta calidad promoviendo la transparencia y diversidad en la propiedad de los medios y asegurando su viabilidad financiera”, acotó la comunicadora y coordinadora de la Comisión Técnica por el rescate del SINART.
La presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER), Magister. Yanancy Noguera Calderón expuso la preocupación de la Junta Directiva del COLPER ante un posible cierre técnico del SINART, sino se llevan a cabo acciones en el corto plazo para evitar que esto suceda e hizo referencia a tres dimensiones:
Comunicación Pública: la cual trasciende lo que el SINART podría hacer, es decir, se entiende como comunicación pública, cualquier estrategia que una institución o dependencia del Estado tenga para cumplir con los objetivos a las cuales está obligada por ley y que llegue a las audiencias y trate de alcanzar las expectativas de estos públicos, en este contexto, se ubica también al SINART como medio de comunicación dentro de una estrategia de comunicación más amplia.
Política de Estado: ¿Es deseable y posible una comunicación pública eficaz, ética y objetiva desde un medio de comunicación público?
Nuevo SINART
Su exposición enfatizó en la segunda dimensión sobre Política de Estado, de esta manera, hizo un repaso por experiencias de comunicación política en otros países que permita dejar por sentado que, si es posible un SINART dinámico, actualizado, sostenible y comprometido con la ciudadanía y que se pueda ubicar con claridad a esta institución dentro del paradigma mediático actual, establecer alianzas inteligentes, buscar soluciones para enfrentar a nuevos desafíos, como estrategia para fortalecerlo. De esta manera, proponer alternativas de desarrollo, acorde a las coyunturas actuales de carácter político como tecnológico, y desarrollar una agenda prospectiva a manera de proyecto de corto y mediano plazo, que incluye los cambios filosóficos, de gestión, jurídicos y administrativos.
La Presidenta del COLPER hizo un repaso por varias experiencias que han logrado llevar a cabo su función y mantenerse al aire después de muchos años de trabajar en la comunicación y estar al servicio de sus audiencias e indicó que el hecho de no presentar en su exposición marcas de medios latinoamericanos vigentes se debe a que en esta región estos medios públicos han venido a menos, dada esa visión fiscalista a la hora de plantear política de Estado ha secuestrado la posibilidad de que estas instituciones existan. Noguera mencionó algunas experiencias:
France. TV-Radiofrance
En esta organización francesa de medios públicos, cada uno de sus medios opera como un holding de 5 canales de televisión públicos y 5 emisoras de radio. Se financia mayoritariamente por el presupuesto asignado por el Estado y por concepto de publicidad. Hasta 2022 se financiaba con un impuesto a los hogares (redévance) de 138 euros al año.
En este momento es de cargo completo al presupuesto del Estado.
France Télévisions y Radio France son dos conglomerados de medios en un pais muy grande, con gran cantidad de medios adentro, con importante y variada programación temática y de cobertura de estos medios, los cuales en algunos casos se orientan a tópicos específicos, generando una pauta de programas muy amplia sobre: noticias, cultura, educación, entretenimiento, programación regional, historia, música, artes, mundo, infancia, ficción, ciencia, cocina, economía, libros y política.
Es claro que en Francia el sistema se ha sostenido, ha superado cambios, pero en la actualidad, sigue siendo un sistema robusto que juega un rol estratégico dentro de la sociedad francesa y convive con la cobertura de medios privados.
RAI-ITALIA:
11 emisoras de radio, 13, canales de televisión, centros de producción audiovisual, serviciosmultimedia, teledifusión y venta de publicidad entre otros campos. Se financia a través de un sistema mixto con impuestos directos, publicidad y venta de productos. De esta manera, se puede evidenciar que los medios de comunicación pública deben resguardar su principio fundamental y experimentar diversos intercambios para fortalecer su producción y programación de acuerdo a los intereses de la ciudadanía.
El estatuto de la RAI define claramente su condición de «servicio público de radiodifusión». Es una sociedad anónimacon 70 años de funcionamiento y pertenece al Ministerio de Economía y ha sobrevivido a continuas leyes y reformas que en ocasiones agrandaron la sombra de la manipulación política. La licencia de televisión (Canone Rai) que pagan las familias financia sus actividades. Es de 90 euros.
Se mencionan otros medios públicos como la Corporación Radiodifusora de Japón: independiente del gobierno de Japón, aunque el gobierno de turno nombra a los representantes del consejo ejecutivo; se financia a través de un impuesto directo.
– National Public Radio, de Estados Unidos: produce programas para una red nacional de más de mil estaciones de radio en los cincuenta estados y el Distrito de Columbia.
En el caso de la BBC (Inglaterra) se destaca que es una Carta Real que se tiene en el Reino Unido que reconoce su independencia editorial y establece sus obligaciones públicas. Se creó como el sistema base de gobernanza. Se describe como “servicio público de radio y televisión”. Su servicio de noticias es de clase mundial y cuenta con los estándares de ética periodística más estrictos en el mundo. Se financia mediante un impuesto a la televisión de casi 200 euros al año. También se venden programas, revistas y libros. Incluye 46 estaciones de radio y 10 canales de televisión y digitales; además, una serie de servicios informativos.
Este medio cuenta con los estándares de periodismo más estrictos del mundo.
La presidenta de la Junta Directiva del COLPER enfatizó que Costa Rica debe tener y sostener su medio de comunicación público, por ello, aprovechar la institucionalidad robusta con que cuenta el país y no permitir que el SINART en esta coyuntura de crisis se vea amenazada. Por ello, es perentorio señalar elementos importantes que se describen en el proyecto de ley del SINART, como son: “es un medio indispensable para el pais, dado que se evidencia su rol importante para la sociedad, debe ser un medio de comunicación que opere como una empresa pública y que brinde servicio de información a las audiencias, tener una fuente clara y segura de ingresos, contar de alguna tasación (impuesto) de la cual participen todas las familias, en el entendido, que serán beneficiadas con su programación diaria, independencia del gobierno de turno es esencial para resguardar su esencia y vocación de servicio público. Requerimos de una visión de Estado que resguarde como parte de la política pública una comunicación pública eficaz desde un medio de comunicación público e independiente”.
La Defensora de los Habitantes Máster Angie Cruickshank Lambert, abogada, consultora de la Organización de Estados Americanos-OEA, se refirió al papel que ha asumido la Defensoría de los Habitantes con respecto al SINART; en su calidad de garante del respeto al derecho a la información que tienen todos los habitantes en especial aquellos de poblaciones vulnerables, de ahí, que subrayó la importancia del acceso a la información pública, tal como se establece en las convenciones y leyes nacionales, donde se afirma que es un derecho fundamental para todas y todos los habitantes, el cual busca favorecer su participación en los asuntos públicos, así como monitorear las acciones del Estado en aras de transparentar la gestión pública: “ considerando nuestra posibilidad de emitir criterio sobre proyectos de ley, informarles que, en mayo del presente año, se remitió a la Comisión Permanente Especial Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el criterio de la Defensoría de los Habitantes sobre el expediente No. 24.032 correspondiente al Proyecto de Ley Reforma de los artículos 7 inciso g y 19 inciso c y adición de artículo 19 bis de la Ley Orgánica del Sistema de Radio y Televisión Cultural N°8346 para brindar herramientas de actualización tecnológica (oficio N° 04527-2025-DHR del 04 de mayo 2025”.
Para la Defensora de los Habitantes el proyecto de ley mencionado antes pretende modernizar y dar sostenibilidad financiera al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), mediante el establecimiento de nuevas herramientas tecnológicas y de financiamiento para enfrentar los cambios sociales que ha traído la globalización y las nuevas tecnologías. Por ello, desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, se indicó que el mismo se alinea con los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible ODS 5 y 9, promoviendo el acceso a la información y la equidad de género en el ámbito político: “Recordemos que el ODS 5 refiere a la Igualdad de Género, incluyendo la meta 5.5 de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles. Y la meta 5.B: busca mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres”.
De esta manera, Cruickshank señaló que el proyecto de ley establece que al menos un 3% de los fondos publicitarios estatales destinados a SINART deben usarse en la difusión de materiales y contenidos sobre violencia contra las mujeres en la política. Por ello, para la Defensoría de los Habitantes este es un paso importante para visibilizar y combatir la violencia de género en espacios políticos en el país. Y por su parte el ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura, en su Meta 9.1: define el desarrollar infraestructura sostenible y resilientes para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Y la Meta 9.C: busca aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones: “Se recomendó a las diputaciones evaluar y fortalecer las vinculaciones de los ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 17 (Alianzas para el Desarrollo), asegurando que el SINART además de recibir el financiamiento, cumpla con una función estratégica dentro del entorno de educación y comunicación para las personas habitantes”.
Angie Cruickshank Lambert enfatizó que, en el criterio emitido por la Defensoría, se identificaron desafíos en la estabilidad del presupuesto estatal, la eficiencia del gasto y la equidad en la competencia con otros medios de comunicación. La revisión de modelos internacionales de financiamiento permitió sugerir que una dependencia excesiva de la publicidad puede afectar la sostenibilidad a largo plazo, por lo que se recomendó evaluar alternativas como financiamiento directo o mixto. En este sentido, indicó que la inclusión de indicadores de desempeño y eficiencia del gasto permitiría asegurar que la inversión pública en el SINART sea transparente, efectiva y en beneficio directo de la ciudadanía: “Aunque el proyecto busca garantizar la sostenibilidad financiera del SINART, podría limitar la competencia y aumentar la carga presupuestaria de otras entidades públicas, sin perjuicio de que se podrían generar conflictos legales por restringir el libre mercado y crear condiciones desiguales para medios privados”.
A partir del abordaje en Derechos Humanos expuestos por la Defensora de los Habitantes, especialmente en cuanto a poblaciones vulnerables, se evidenció que desde la Defensoría se plantearon las siguientes recomendaciones con el fin de que las señoras y señores diputados las puedan tomar en consideración en el análisis del proyecto de ley en cuestión:
1.- Asegurar que la inversión beneficie a las personas habitantes: Es importante tener en consideración que los contenidos creados por el SINART tengan acceso libre y gratuito para las personas habitantes, sean en formato digital y plataformas accesibles. Además, contar con un espacio de repositorio público donde se documenten los programas, campañas y contenidos financiados por la pauta estatal.
2.- Crear indicadores de desempeño, evaluación y eficiencia del gasto: Es conveniente incluir en el proyecto de ley un apartado para realizar encuestas periódicas que midan la efectividad y receptividad de la información transmitida por el SINART, y si cumple con los objetivos de las instituciones públicas. Adicionalmente, se pueden establecer mecanismos de retroalimentación para que el SINART conozca las nuevas tendencias en el consumo del tipo de productos y servicios que genera, por parte de toda la ciudadanía. En este apartado, la Defensoría consideró que las y señores diputados pueden valorar incluir indicadores desempeño y eficiencia del gasto, con el fin de medir el impacto de la inversión publicitaria en el SINART, tales como el alcance de la audiencia sobre los contenidos, nivel de cumplimiento de los objetivos culturales y educativos, y otros. Se trata de asegurar que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente. Además, establecer un marco de rendición de cuentas y mejora continua que respalda el financiamiento estatal a medios públicos.
Por su parte el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador, ex Catedrático de la UCR y la UNA, ex diputado, fundador, ex presidente ejecutivo del SINART y coordinador de la Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART, aprovechò el espacio para referirse al abandono que las últimas administraciones del gobierno han proliferado en perjuicio del SINART y sus medios y de la necesidad de dejar claro ante el país que el SINART no es un negocio, es una institución de servicio público, por consiguiente: “la ganancia de esta institución no es que cierre los estados financieros anuales con ganancias: que cierre en cero-bien. Que puede cerrarlo hasta con un pequeño déficit-también. ¡No seamos hipócritas!, porque la ganancia del SINART es el servicio. En ese sentido, ahí sí, los estados del SINART en los últimos 15 años ha sido cero o en rojo y eso hay que decirlo con toda sinceridad”.
Aguilar Bulgarelli, dijo que el SINART como institución de servicio ha sido deficiente, porque la ley creada en el 2003 tiene una serie de defectos que le ayudaron a consumir esta institución en la situación que hoy tiene: “sobre lo principios y objetivos que están establecidos en esa ley, està una organización pensada para que fuera manipulada políticamente, entonces, la manipulación política del SINART lo ha destruido”. Es por ello, que la Comisión Ciudadana por Defensa del SINART se abocó a cambiar aquellas cosas del proyecto de ley que no estaban favoreciendo el buen funcionamiento de la institución, agregó Aguilar, quien citó algunas propuestas para mejorar el proyecto de ley que se revisa en la corriente legislativa:
No se eliminó la condición de Sociedad Anónima, pero se le devuelve una condición que fue borrada de la ley y se afirma que el Sistema Nacional de Radio y Televisión -SINART, es una institución CULTURAL: “Se entiende que no es un negocio, el negocio es la cultura en el más amplio concepto de cultura, de cultura humanista. No se trata de que el ser humano se convierta en una máquina consumista, que es lo que buscan los regímenes políticos actuales, hablamos de que la personas se mantengan como un ser humano de libre pensamiento, de libre acción y de libre decisión”.
La naturaleza jurídica del SINART será entendida como una Sociedad Anónima cuyos miembros son elegidos por Colegios Profesionales, del Gobierno, pero el presidente ejecutivo y el gerente o director general ya no serán nombramiento ni del Consejo de Gobierno ni del presidente de la República, sino será una decisión del Consejo Ejecutivo del SINART.
El presidente ejecutivo del SINART asume las responsabilidades de la decisión de políticas del SINART y el director general la función administrativa o gerencial. De esta manera, dejar claramente diferenciada la definición de gobernanza con la gobernabilidad institucional: “La gobernabilidad es la función de gobierno para alcanzar un servicio eficiente a la sociedad de parte de las instituciones del Estado. No es el aspecto económico lo que le interesa a la gobernabilidad, sino la calidad del servicio que recibe la ciudadanía. La gobernanza es un término que se ido metiendo en la administración pública proveniente de las visiones gerenciales de la empresa privada derivadas del mercado, la globalización que ven en la gobernanza una finalidad de beneficio y de ganancia económica. En el servicio publico la gobernanza está supeditada a la gobernabilidad”.
El SINART debe tener libertad absoluta de decisión, de gobierno y administración, por ello, se establece que debe estar ajeno a toda influencia del control asfixiante del gobierno de turno y no ser únicamente portavoz del Poder Ejecutivo.
En cuanto al financiamiento se han introducido algunas cosas como quedar claro que el 10% de los presupuestos de publicidad de las instituciones autónomas y de gobierno serán asignados al SINART-no como un asunto obligatorio sino como obligación. Para ello, se establece que deben ser girados en tractos cada tres meses de tal manera que la Contraloría General de la República-CGR será la gran vigilante que eso se cumpla.
Se plantea que el fondo de FONATEL haya un porcentaje que sea asignado para el SINART, lo cual se justifica porque el servicio que presta el SINART se ubica dentro de los objetivos que cumplen los fondos de FONATEL.
Se agrega al proyecto la venta de servicios, (venta de publicidad) tal y como lo hacen instituciones de comunicación pública en otros países (RAI-RTVE-BBC-FRANCE TV), lo cual permite ser competitivos y cumplir con las aspiraciones de las audiencias con programas de calidad.
El expresidente Ejecutivo del SINART fue enfático en mencionar que: “ El presidente de la República Rodrigo Chávez es el máximo responsable de hacer del SINART una maquinaria para generar ingresos para su propaganda política y la de sus jaguares lo que liquidan al SINART”. Por ello, para mejorar la situación actual de esta institución se debe mejorar la ley y eso es lo que se plantea en la propuesta de la Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART que él dirige, manifestó el Dr. Aguilar Bulgarelli.
Como parte del evento se llevó a cabo un conversatorio entre los expositores, conducido por el Lic. Iván Porras Meléndez, director de QUINCE UCR, al cual se sumó la vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada.
Al respecto, Porras en relación al tema del foro reflexionó sobre lo expuesto por Ignacio Ramonet, periodista español, catedrático de teoría de la comunicación establecido en Francia en su vista a Costa Rica hace varios años (Semana de la Comunicación COLPER), quien hizo un planteamiento de cómo se estaban configurando los medios de comunicación y la polarización entre medios públicos y privados (Medios Públicos, Guerras Mediáticas): “Existen países donde se da una cobertura mediática totalmente estatal dada su modalidad de dictaduras, caso de Corea de Norte, y por otro lado, la mayoría de los países del mundo cuentan con medios privados y se dan pocos ejemplos de medios de servicio público. En cambio, en el caso europeo se evidencia un ecosistema de convivencia de medios privados y los medios públicos, donde estos últimos habían llegado primero y ser protagonistas en la mesa de diálogo y que a partir de la lógica de servicio público a la ciudadanía fue que se construyó la lógica de medios al servicio de las audiencias con alta calidad. Costa Rica es de esos casos donde la televisión privada llegó primero y eso en cierta manera ha determinado el ecosistema de medios en nuestro país”.
El Director de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica-UCR, comentó que en nuestro país la lucha por un sistema público de servicio que se enfoque en la persona como un ciudadano de una democracia y no nada mas como un consumidor de información es fundamental: “Por ejemplo, en cuanto al financiamiento al día de hoy Radio Televisión Española-RTVE, señal que se puede apreciar en Latinoamérica en canales de cable, combina un porcentaje muy grande de su ingreso del erario público (Estado), otra parte viene de impuestos a operadores telefónicos y han buscado formas hibridas en la venta de contenidos, co- producciones e incluso en la venta de material de archivo. También existe la TV 2 de RTVE donde transmite arte, cultura, literatura, educación etc.”.
Por su parte la Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada comentó que el tema de educación es gran preocupación ante los nuevos paradigmas y le preocupa la situación negativa que enfrentan en Costa Rica temas como la educación, la salud y la seguridad ciudadana, tres ejes que han sostenido la democracia más sólida del continente los cuales se están resquebrajando y sin embargo, han sido uno de los aspectos mas atacados en los últimos tres años, dando golpes muy fuertes a este triangulo poniendo en peligro al país: “ en este contexto, los medios de comunicación cumplen una función esencial y por consiguiente, el ejercicio de una comunicación pública en el fortalecimiento de la democracia. Vemos un ataque muy rudo a todo el tema de la comunicación pública, pero también a la privada, es situación que requiere del análisis permanente y el entendimiento que la situación es compleja”.
El señor Iván Porras hizo un señalamiento muy general a algunos elementos expuestos en este conversatorio como son:
Una cosa es una comunicación política y otra es un medio de servicio público. Hay que diferencia un medio de servicio público de un medio gubernamental.
El lugar donde nació el SINART era un espacio de servicio público. Lograr esa independencia es un reto.
El paradigma del derecho a la información a partir del cual se busca como sociedad democrática brindar un espacio a las diferentes comunidades históricamente vulnerabilizadas. Es en la televisión y medios públicos donde muchas veces estas comunidades tienen un espacio, una voz, donde la tienen en la televisión comercial, porque no corresponden a lo que buscan las pautas o la publicidad.
En este momento lo más importante es fomentar una sociedad que construya desde y hacia la inteligencia, de esta manera, rescatar el concepto de CULTURA cuando se habla de medios de comunicación al servicio de la ciudadanía.
El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, realizado desde el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa, contó con el apopo del despacho de la Diputada Vanessa De Paul Castro Mora y se constituye en una actividad abierta para compartir insumos de gran relevancia en este proceso de diálogo, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento democrático donde se espera que la ley del SINART (Canal 13, Radio Nacional, Revista Contrapunto), sea aprobada por el Poder Legislativo y permita que la sociedad costarricense cuente con una comunicación pública, que lleve a la práctica los valores esenciales de verdad, honestidad, imparcialidad, independencia, respeto a los derechos ajenos y propios, así como el compromiso con: la democracia, la paz, la justicia, el pluralismo, la tolerancia, el respeto al ambiente, la calidad de vida, defender la verdad, actuar con integridad, equidad, buena fe y neutralidad, En fin, la búsqueda de la excelencia, luchar por la libertad de pensamiento y de expresión, asegurando la independencia como institución de servicio público y responder a las nuevas formas de percepción de los colectivos, en el ámbito de la ética, los valores socio culturales, y la responsabilidad de la ciudadanía.
Faltan seis meses para las elecciones nacionales conducentes a elegir presidente, vicepresidentes de la República y 57 diputados. Hay un debate nacional que no ha madurado, quizás porque falta mayor precisión entre las partes. La discusión está pues pendiente en lo medular. Quiero echar mi cuarto de espadas.
¿Qué tan inclusivo es el crecimiento económico actual?
Costa Rica ha registrado cifras macroeconómicas positivas en los últimos años: crecimiento del PIB superior al 4%, baja inflación, aumento en la inversión extranjera y estabilidad fiscal. El gobierno de Chaves ha presentado estos datos como evidencia de una gestión eficiente y orientada a resultados.
Sin embargo, ¿reflejan estas cifras un bienestar colectivo o se trata simplemente de un avance para ciertos sectores privilegiados? El crecimiento se ha concentrado en zonas francas y exportaciones, dejando de lado la economía informal, que sigue abarcando más del 40% del empleo nacional. Esto implica que, aunque el desempleo abierto ha bajado, la calidad del empleo se ha deteriorado, con más personas sin acceso a seguridad social ni derechos laborales.
¿Puede llamarse sólido un crecimiento que excluye sistemáticamente a buena parte de la población trabajadora?
¿Se ha reducido la pobreza o solo su contabilidad?
El gobierno celebra la reducción de la pobreza al 18%. ¿Es esa baja estadística un reflejo de mejoras estructurales o simplemente una distorsión temporal vinculada a indicadores como una inflación baja?
Muchos hogares apenas superan la línea de pobreza, pero siguen en condiciones precarias y sin acceso estable a servicios básicos, empleo formal o crédito. Además, las desigualdades regionales persisten, con zonas como Limón y Guanacaste aún muy rezagadas.
¿Puede considerarse una victoria la reducción de la pobreza si no cambia la exclusión estructural de millones de personas?
¿Puede haber seguridad sin justicia social?
El aumento exponencial de homicidios -más de 2.500 muertes violentas en dos años- es una de las principales contradicciones del discurso gubernamental.
El gobierno impulsa una política de seguridad basada en mano dura, cárceles de máxima seguridad y militarización del discurso-, tomando como modelo a países autoritarios. Pero los datos muestran que la violencia sigue creciendo, alimentada por el crimen organizado, la pobreza y la exclusión.
¿Es sostenible un modelo que abandona la prevención social, prioriza la represión y deja intactas las causas profundas de la violencia?
¿Puede ser legítima una gestión con más de 60 causas abiertas?
Rodrigo Chaves ha mantenido altos niveles de popularidad, pero ¿puede una alta aprobación popular validar una gestión plagada de conflictos con el orden constitucional y hasta con la violación de la ley ordinaria?
Más de 60 causas se tramitan en el Ministerio Público contra el presidente y su entorno -incluyendo acusaciones por financiamiento ilegal de campaña y abuso de poder-, junto con la expulsión o renuncia masiva de ministros, revelan un poder ejecutivo marcado por la inestabilidad, la falta de transparencia y de auténtica rendición de cuentas.
¿Es aceptable hablar de “liderazgo fuerte” cuando este se sostiene sobre el debilitamiento de los mecanismos de control y la concentración del poder?
¿Es responsable legislar debilitando la institucionalidad?
Numerosos proyectos promovidos por el Ejecutivo -como la llamada y malhadada “Ley Jaguar”- han sido duramente criticados por intentar reducir los controles al poder ejecutivo, limitar la fiscalización presupuestaria y de la política pública en general o, por intentar concentrar competencias clave.
¿Puede un crecimiento económico ser sostenible cuando se erosiona la arquitectura institucional que garantiza el equilibrio de poderes, la transparencia y los derechos fundamentales?
Entonces… ¿de qué vale el crecimiento?
Si el crecimiento económico no mejora la equidad, no reduce la inseguridad estructural, no fortalece las instituciones democráticas y no protege los derechos de todos, ¿para quién está creciendo el país?
Los datos macroeconómicos deben analizarse a la luz de su impacto social real y sostenido. De lo contrario, corremos el riesgo de validar un modelo que beneficia a pocos, excluye a muchos y erosiona la base democrática de Costa Rica.
Conclusión
Costa Rica no necesita solo crecer: necesita hacerlo con equidad, democracia y derechos humanos. De no ser así, estaremos construyendo una fachada de éxito sobre una base cada vez más frágil.
Sobre la precisión y los tropiezos de las encuestas electorales recientes
Imaginemos el escenario: elecciones generales, la ciudadanía tensa y los medios pendientes de cada número que arrojan las famosas encuestas. En Costa Rica, estos procesos suelen ser acompañados por titulares llamativos, debates acalorados y cuidado, si no, sesgos evidentes. Sin embargo, en los últimos procesos electorales, muchas personas han notado que los resultados finales han estado distantes de las proyecciones que ofrecieron empresas encuestadoras como Opol y otras del sector. ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Por qué parecen fallar más de lo que aciertan? ¿Hay alguna que realmente haya logrado una mejor lectura de la realidad política costarricense?
La confianza en las encuestas: ¿en picada?
Las encuestas electorales han sido, por décadas, el termómetro de la opinión pública. Se han usado para anticipar tendencias, medir la intención de voto y hasta para definir estrategias de campaña. Pero lo que antes era tomado como palabra casi santa, hoy se mira con recelo. Es que, en los últimos dos comicios generales, los resultados oficiales dejaron en evidencia la imprecisión de muchos sondeos.
Opol, por ejemplo, ha sido una de las empresas más visibles, pero también de las más criticadas. Sus proyecciones han estado notablemente alejadas de lo que la ciudadanía finalmente decidió en las urnas. También hay fotos, videos y testimonios de la cercanía del propietario de la firma encuestadora a ciertos candidatos y partidos.
¿Fallaron los métodos? ¿Se equivocaron las muestras? ¿O la realidad costarricense simplemente es demasiado compleja para ser capturada por un par de preguntas bien estructuradas?
¿Por qué las encuestas fallan?
Existen varias razones por las cuales las empresas encuestadoras pueden errar. Para empezar, el desafío de obtener una muestra verdaderamente representativa es cada vez mayor. La fragmentación política, la baja identificación partidaria y el aumento de personas indecisas dificultan la labor de quienes buscan anticipar el resultado con precisión matemática.
A esto hay que sumarle el fenómeno del «voto oculto» y el famoso «voto útil», que muchas veces se manifiestan en los últimos días o incluso el mismo día de la elección, cuando las encuestas ya han quedado desactualizadas. Además, la desconfianza en las empresas encuestadoras ha llevado a que algunas personas opten por no responder sinceramente, o simplemente se nieguen a participar.
En el caso de Opol, a pesar de su constante presencia mediática, sus metodologías han sido cuestionadas, principalmente por la falta de claridad sobre cómo seleccionan a las personas encuestadas y el tamaño real de sus muestras que se sabe son proporcionales solamente a la densidad porcentual acorde al padrón, pero se desconoce si tienen considerados, en su método de muestra presencial, factores claves e indispensables, como género, clase social, educación o la edad, son también proporcionales a la realidad del electorado, en dichas muestras. Varias voces han señalado que sus predicciones no solo han sido poco precisas, sino que incluso han generado ruido y confusión en la opinión pública.
¿Hay encuestadoras que sí han acertado?
No todo es pesimismo. En medio del mar de imprecisiones, existen empresas que, sin llegar a la perfección, han demostrado una mejor capacidad de lectura estadística y proyecciones más cercanas al resultado final. Entre ellas destacan CID-Gallup y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
CID-Gallup ha logrado, en varios procesos, identificar tendencias clave y acercarse más a los resultados oficiales, aunque tampoco está libre de críticas. Por su parte, el CIEP, con su enfoque académico y mayor transparencia metodológica, se ha ganado el respeto de quienes buscan datos confiables y análisis imparciales. Sus boletines han sido, en más de una ocasión, referencia obligada para entender cómo va cambiando la intención de voto y cuáles son los factores que inciden en la decisión de la ciudadanía.
¿Cómo mejorar la precisión de las encuestas?
La receta de la precisión pasa por varios ingredientes: muestras más robustas y representativas, transparencia en la metodología, adaptación constante al dinamismo político y, sobre todo, honestidad en el análisis. Las empresas encuestadoras deben asumir el reto de innovar, incorporar nuevas tecnologías y abrir espacios para la auditoría de sus procesos.
Quizás sea hora de que las encuestas se presenten no como oráculos, sino como herramientas de análisis que ofrecen una fotografía parcial y sujeta a cambios. Si la ciudadanía y los medios entienden esto, se podrá reducir la frustración y la paranoia que generan los desaciertos estadísticos.
Finalmente, entre la incertidumbre y el aprendizaje
Costa Rica vive procesos electorales cada vez más complejos, y los errores de las empresas encuestadoras son parte de ese aprendizaje colectivo. Opol y otras firmas deben revisar y mejorar sus métodos si quieren recuperar la confianza de la sociedad. Mientras tanto, es recomendable que las personas tomen los datos con cautela, consulten fuentes diversas y mantengan el ojo crítico ante cada cifra publicada.
En la próxima elección, tal vez la pregunta no sea quién irá ganando según la última encuesta, sino quién logra comprender mejor el pulso profundo y cambiante de la ciudadanía costarricense. Porque, al final, la verdadera medición se hace en las urnas, no en los gráficos de las encuestadoras.
Allá arriba, aunque muy lejos del Cielo, un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, le han jugado al escondido a la Fiscalía General de la República, órgano del Ministerio Público que tiene el deber de investigar presuntos delitos penales, cometidos por esos inmunes «de arriba», obstaculizándole la tarea de defender los intereses del soberano, propiamente dicho.
En el caso «Financiamiento Jaguar», tramitado en el Ministerio Público, además de las diputaciones Pilar Cisneros, Paola Nájera, Julio Agüero y Luz Mary Alpízar, así como el canciller Arnoldo André, sobresale como figura central, como mascarón de proa, quien fuese tesorero del partido taxi pirata, que llevó como pasajero al presidente Chaves hacia la localidad de Zapote. Nos referimos al señor Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, de 64 años, quien voluntariamente renunciara al alto cargo de vicepresidente de la República, ¡y muy relevante!, a la inmunidad que impedía al Fiscal, cumplir su deber debidamente, en las causas que se le siguen. Escudo legal que ha venido siendo usada, exageradamente, como cobija de impunidad, por el actual gobierno.
El señor Brunner Neibig, un muy poco conocido personaje político (por su muy escasa acción desde la Casa Presidencial) estaría presuntamente implicado, en la creación y operación de un mecanismo, en otras circunstancias legal, mediante el cual pudo transferir bienes a otra persona, para que ésta los administrara secretamente, en beneficio de las finanzas de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ello, pese a que el Código Electoral, garantía de nuestra cara democracia, señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas, debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político, para evitar que dineros de origen desconocido, y en la de menos de fuentes no necesariamente sanas, pudiesen incluso, ser determinantes en la elección de funcionarios que luego vayan a defender sus intereses ocultos, si son electos.
O sea, ustedes lo sabrán, la acusación tiene que ver con un llamado fideicomiso, al que se le llamó «Costa Rica Próspera», mediante el cual, se habrían canalizado millones de colones y dólares, al margen del ordenamiento legal. Al hacerlo así, y eso es lo que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) están procesando, los investigados podrían haber cometido delitos, sancionados en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral, que se sanciona con penas que van desde los dos hasta cuatro o seis años de cárcel, si así lo resolvieren los tribunales de justicia, en atención a los delitos sobre el financiamiento partidario, sobre las contribuciones privadas y a la recepción de contribuciones privadas ilegales, donde se establece que “el tesorero del comité ejecutivo superior del partido”, deberá “llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos”.
En relación con lo resumido, al exvicepresidente Brunner, el TSE lo investiga por, presuntamente, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, lo cual, de concluirse que fue así, sería castigado según el inciso a del Artículo 275 del Código Electoral, con hasta seis años de prisión.
El cuadro preliminar hace vislumbrar que, el presidente Rodrigo Chaves habría llegado al poder, aparentemente, de la mano de dos esquemas de financiamiento, donde una de ellas, sería diferente, paralela, ilegal, a la comunicada oficialmente por el partido taxi, al TSE. Estaría evidenciándose, que se activaron, simultáneamente, una o más líneas de administración de los fondos económicos que no necesariamente se reportaron ante el organismo electoral, cometiendo delito.
Los involucrados han hecho esfuerzos por justificar el uso de esa oculta “carretera secundaria”, diciendo que, los dineros transferidos y gastados, no eran para la campaña electoral, sino para otras «cosillas», se diría popularmente, que no tienen nada que ver con la campaña electoral.
Sin embargo, al señor Brunner Neibig, se le implica por, presuntamente, haberse enterado, como tesorero durante la campaña electoral, de la existencia de bienes del partido taxi en cuestión, adquiridos por el citado fideicomiso, sin «haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes»,como era su deber, según la legislación anotada.
Pero sucedió algo realmente inesperado, que seguramente habrá sido acogido con beneplácito, por las autoridades electorales y del Ministerio Público, que se veían con las manos atadas para cumplir eficientemente sus deberes, en vista del escudo protector que cubría, hasta estos días, al señor ex vicepresidente de la República. Cuando algunos presumían la renuncia a la Presidencia de la República del señor Chaves, a quien le esperan para ser procesadas, alrededor de un centenar de causas acogidas para investigación por el Ministerio Público (lo que habrá de haber valorado para no hacerlo), ¡saltó la liebre por otro lado!
Sorprendentemente, el caballero decidió, quizá sin pensarlo muy bien, renunciar a su inmunidad, y así, en la práctica, ofrecerse voluntariamente a las autoridades competentes para que lo juzguen, sin necesidad de que sea la Corte Suprema de Justicia, la que deba solicitar el levantamiento de esa inmunidad a la Asamblea Legislativa. Camino este, escogido por el señor presidente Rodrigo Chaves, como medio de seguir obstaculizando la labor de la Fiscalía General de la República, y eventualmente, de los tribunales de justicia, por el evidente temor a ser encontrado culpable.
Agregamos que hay algunas cosas más, alrededor del exvicepresidente, que hace más insólita su renuncia a la inmunidad, que hasta ahora lo ha protegido. Por ejemplo, se tienen evidencias de su activa participación, en la frustrada gestión, que pretendía contratar una póliza del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), ¡por ¢248 millones!, con recursos del soberano, para financiar con fondos del pueblo, eventuales defensas ante los tribunales de justicia, principalmente, de miembros del Consejo de Gobierno, ante demandas que pudiesen presentarse por sus cuestionables actuaciones. Nos referimos, por supuesto, a la que popularmente se ha bautizado, como «Póliza de la vergüenza», y que, como habrán pensado correctamente, también es parte del expediente sobre el que trabaja la Fiscalía.
Y más recientemente, ¡para que no nos falte!, al señor exvicepresidente se le indaga igualmente, por haberse involucrado, ilegalmente, en la destitución en pleno, sin justificación razonable alguna, de la junta directiva de la entidad bancaria más importante del país y de Centroamérica, el Banco Nacional de Costa Rica. Peligrosa acción ejecutiva, que viola, peligrosamente, la necesaria y fundamental, autonomía administrativa de tan vital banco del Estado, por introducir consideraciones politiqueras, donde han de predominar, criterios técnicos calificados y de gobierno, con sustento en la Constitución Política de Costa Rica, que se ha jurado cumplir.
Cabe aclarar, eso sí, que el señor exvicepresidente, pese a haber renunciado voluntariamente, no lo ha movido el deseo de buscar la justicia de los tribunales. ¡No, qué va! Su movida, tiene que ver, más bien, con el deseo de buscar otra inmunidad similar, eventualmente, como diputado, pues estima que, si fuese postulado y electo, tal deseo se le podría hacer realidad, pero, ¡ojo!, hasta ¡dentro de ocho meses!, si llegare a ser acreditado como legislador, por el TSE, lo cual, obviamente, nadie podría garantizar al día de hoy, pues “dicen que se dice”, que Mayuli Ortega y Calixto Chaves, como “propietarios” del partido que postularía a la señora Laura Fernández, están muy incómodos, pues los puestos elegibles a candidatos a diputaciones, que ya tenían comprometidos con “los suyos”, Pilar Cisneros quiere que sean ocupados por los funcionarios que han renunciado al gobierno, primero en enero y ahora en julio, que, y esto lo que más molesta, tienen en común acusaciones ante el Ministerio Público, casi como requisito, pues lo que buscan es solo adquirir esa inmunidad que se está usando abusivamente.
En fin, aunque pensamos que Brunner Neibig, podría estar calculando mal los tiempos en que se mueve la justicia, en casos tan delicados relacionados con la fortaleza del sistema electoral y la autonomía del sistema bancario estatal, especialmente, es de presumir que los funcionarios de la Fiscalía General de la República, estarán prestos a actuar diligentemente.
Pero, bueno, esa es su apuesta; confiar en que los investigadores de la Fiscalía tomen más tiempo que el recomendado, para que pasen los ocho meses sin que él, y los otros, sean juzgados.
Finalmente, el estimado caballero, debería haber considerado que, ahora no solo sería indagado como cualquier ciudadano, sino que, incluso, se expone a la imposición de medidas cautelares, como sería, por ejemplo, la prohibición a salir del país, si la Fiscalía lo considera pertinente y los jueces así lo aprueban.
Tamaño alboroto se quiso hacer con la presentación de la carta de renuncia del vicepresidente Stephen Brunner, el pasado 30 de julio.
La carta donde informa que ha puesto su renuncia está dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, indicándolo que así lo ha comunicado y puesto “en conocimiento” al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, “renuncia efectiva a partir de 01 de agosto del 2025”.
Con la carta dirigida al presidente legislativo le informa de su renuncia a la Asamblea legislativa, a “efectos de otorgarle su eficacia jurídica” a su decisión.
Copia de esa carta fue entregada al Tribunal Supremo de Elecciones el 31 de julio, fecha límite para dar a conocer su renuncia, y tener la libertad, si así lo quisiera hacer, de participar en el próximo proceso electoral como candidato a una diputación.
En cierta forma, el presidente Chaves le escogió y lo nominó en su fórmula presidencial, por ello le comunica a él su decisión de renunciar a la Vicepresidencia. De esa forma, el vicepresidente, siguió la ruta de que quien nombra es quien tiene la facultad de hacer recibir la renuncia, o de que sea el jerarca a quien, en este caso por cortesía institucional, se le hace ver su disposición de renunciar.
Como el nombramiento surge del proceso de votación, de la voluntad popular, el presidente Chaves no puede destituirlo, como puede hacer con los ministros que él nombra a los cuales puede destituir, o solicitarles su renuncia, como a veces se acostumbra.
Siendo el Tribunal Supremo de Elecciones quien hace la Declaratoria oficial de su condición de vicepresidente, es válida la copia de la carta de su renuncia que envía al Tribunal Supremo de Elecciones, que también había enviado un día antes a la Asamblea Legislativa, por su obligación constitucional de comunicar su renuncia y abandono del cargo a partir del pasado viernes primero de agosto.
Por no funcionar la Asamblea Legislativa ese día, el conocimiento de esa nota se hizo el pasado lunes 4 de agosto, en cuya sesión parlamentaria por la unanimidad de los diputados presentes se conoció y aceptó, como correspondía hacerlo, la renuncia al vicepresidente.
La discusión que se había sostenido, desde que se abrió la posibilidad de que el presidente, y no el vicepresidente, renunciaría antes del 31 de julio fue a favor y en contra de la posibilidad real de que pudiera hacerse tal renuncia. Cuando se determinó que el vicepresidente y no el presidente había renunciado fue como abrir una olla de grillos. El caos y el desorden giró sobre si era o no valida su renuncia, si la jurisprudencia constitucional lo permitía o no, y si no estaba señalado en la Constitución Política o en la legislación electoral no podía hacerlo, como sí se establecía en la Constitución Política de 1871 que estuvo vigente hasta 1948. Sin embargo, para mí, si se le permite en la Constitución a presidente su retiro el 31 de julio anterior a un proceso electoral, con igual razón se le ha de permitir al vicepresidente, aunque de esa forma no esté expresamente señalado constitucionalmente. Tan solo hay que recordar que el vicepresidente únicamente tiene la función de sustituir al presidente en sus salidas temporales o de forma definitiva si así pudiere suceder de conformidad a cómo lo establece la Constitución Política.
La discusión de la renuncia del vicepresidente se asoció a la renuncia de otros vicepresidentes que lo hicieron, donde el trámite legislativo del conocimiento de sus renuncias fue expedito.
Se quiso asociar la fecha del 31, que no sesionó la Asamblea Legislativa, a la situación de que no habiendo sesionado se había perdido la posibilidad de hacer valer su renuncia a partir del primero de agosto. En este sentido, tan solo faltó recordar que el presidente de la Republica tiene la obligación de entregar su Informe sobre el Estado de la Nación el primero de mayo de cada año, y que dicho informe por tradición se hace con gran ceremonia nacional. La presidenta Laura Chinchilla Miranda se presentó, a dicho acto, un primero de mayo, día que en la elección del Directorio Legislativo de esa Legislatura que iniciaba, los diputados se lerdearon tanto que entrada la noche la presidenta optó por entregar, dejar presentado en la Secretaría de la Asamblea Legislativa, su Informe y retirarse. Con eso, ella cumplía. La ceremonia protocolaria no se realizó para que ella lo leyera. Bien pudo suceder que Laura no hubiera ido a leerlo como se reprogramó para día posterior, y le hubiera tocado al secretario de la Asamblea haberlo leído. El plazo de presentación del Informe se había cumplido con la entrega del documento el primero de mayo. La lectura se hizo posterior.
En el caso de la renuncia del vicepresidente Brunner sucedió algo parecido. Presentó su renuncia en tiempo. El conocimiento y la aceptación de ella se hizo posteriormente. La institucionalidad sigue funcionando y el régimen democrático también.
En ese alboroto fui consultado, como historiador, varias veces sobre renuncias de miembros de los supremos poderes, presidentes, vicepresidentes y diputados.
En el período anterior a 1948 estos trámites eran más expeditos y menos complicados.
Los vicejefes de Estado funcionaron hasta 1848. Con la constitución de la República de Costa Rica, desde 1848 hasta 1948, los vicejefes fueron llamado Designados a la Presidencia. A todos estos los nombraba el Poder Legislativo, los congresistas o diputados. En la elección de 1913-1914 no habiendo un resultado favorable para elegir un presidente entre los tres candidatos que se disputaron la presidencia, y no habiendo acuerdo entre ellos para hacerlo, el Congreso, en uso de sus facultades nombró los Designados a la Presidencia, y una vez nombrados, llamó a uno de ellos a ejercer la Presidencia. Así llegó Alfredo González Flores a la Presidencia de la República.
Si no hubiera habido Guerra Civil en 1948, y no hubiera habido acuerdo en el Congreso para decidir entre Otilio Ulate Blanco y Rafael Ángel Calderón Guardia, probablemente ese hubiera sido el camino de solución al conflicto de la nulidad de la elección presidencial, acuerdo en nombrar los Designados a la Presidencia, y haber llamado a uno de ellos a ejercer la Presidencia. Para esa posibilidad se tomaron en cuenta algunos nombres. No sucedió porque el alzamiento armado de José Figueres impuso otro camino, sin alterar la conclusión del período presidencial de Teodoro Picado, que terminó, las últimas tres semanas de su gobierno en manos de su Designado Santos León herrera, quien le entregó el poder a José Figueres, y no a Otilio Ulate, por cuanto Figueres se impuso sobre Otilio Ulate, por el pacto del 1 de mayo de 1948, con el cual se comprometía a entregarle la presidencia 18 meses después, puesto que él iba a gobernar por ese breve período, en el cual fundo la llamada Segunda República, etapa republicana que todavía estamos viviendo al amparo de la Constitución Política de 1949, que sigue vigente aunque maltrecha por la cantidad de reformas que se le han hecho.
Durante el período del Estado, 1824-1848 hubo algunos que cayeron o subieron en ese cargo, de jefes de Estado, por golpes de estado, como José Rafael Gallegos Alvarado, Braulio Carrillo Colina, Manuel Aguilar Chacón, francisco Morazán Quesada, José María Alfaro Zamora.
En este período por renuncia lo hizo Francisco María Oreamuno Bonilla.
Durante el período de la República, 1848-1948 hubo algunos que cayeron o subieron en ese cargo de presidentes de la República por golpes de estado, Juan Rafael Mora Porras, José María Castro Madriz, Jesús Jiménez Zamora, Bruno Carranza Ramírez, Tomás Guardia Gutiérrez, Aniceto Esquivel Saénz, Vicente Herrera Zeledón, Alfredo González Flores, Federico Tinoco Granados subió por golpe de Estado.
En este período abandonó el poder Bernardo Soto Alfaro, y se lo entregó por un breve período al Dr. Carlos Durán. Por su parte, Federico Tinoco Granados renunció a la presidencia como resultado de la lucha popular en contra de su dictadura el 12 de agosto de 1919.
Fueron encargados del Poder Ejecutivo, por breves períodos, las siguientes personas, en el período del Estado de Costa Rica, 1824-1848: Agustín Gutiérrez Lizaurzabal, Juan José Lara Arias, Antonio Pinto Suarez, Rafael Moya Murillo, Manuel Fernández Chacón, Joaquín Mora Fernández, Manuel Antonio Bonilla Nava, Manuel José Carazo Bonilla.
Fueron encargados del Poder Ejecutivo, por breves períodos, las siguientes personas, en el período de la República de Costa Rica, 1848-1948: Manuel José Carazo Bonilla, Miguel Mora Porras, Rafael G. Escalante Nava, Eusebio Figueroa Oreamuno, José Antonio Pinto Castro, Salvador González Ramírez, Rafael Barroeta Baca, José Joaquín Lizano Gutiérrez, Salvador Lara Zamora, Saturnino Lizano Gutiérrez, Apolinar de Jesús Soto Quesada, Carlos Durán Cartín, Demetrio Iglesias Llorente, Juan Bautista Quirós Segura, Francisco Calderón Guardia, Rafael Calderón Muñoz, Jorge Hine Saborío, René Picado Michalski, Santos León Herrera y José Figueres Ferrer, como presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República.
Durante la Segunda República, desde 1949 hasta hoy no ha habido Golpes de Estado que hayan provocado cambios en la Presidencia de la República ni renuncias de presidentes.
Encargados de gobierno han estado los vicepresidentes, de los distintos gobiernos, en las ausencias de los presidentes por viajes al exterior por cumplimiento de compromisos oficiales. Se acostumbra que en su sustitución alternen, a discreción de presidente, que los llama a ejercer la Presidencia, el primer y el segundo vicepresidente. No es obligatorio que en sus ausencias temporales siempre sea el primer vicepresidente quien sustituya al presidente.
Durante toda la historia institucional, solamente Francisco Antonio Pacheco Fernández, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, ha sustituido brevemente, en varias ocasiones, al presidente Oscar Arias Sánchez, en la cuarta Legislatura de su segunda administración, en el 2009-2010, por ausencias oficiales del Primer Mandatario, al haberse quedado sin sus dos vicepresidencias por renuncias al cargo que ellos hicieron.
Un país con crisis de identidad no tiene la fuerza para afirmarse sobre sus propios pies y sostener sobre sus hombros las responsabilidades que le competen. Fácilmente, se convierte en víctima de fuerzas internas o externas, de poderes fácticos, que lo someten a sus particulares y mezquinos intereses. Es el papel innoble y vergonzoso de aquellos países que se entregan y someten a esos poderes, y su dignidad es pisoteada reiteradamente. Se convierten en “hojas que arrebata el viento”.
Nuestro país ha venido a pasos acelerados perdiendo y dejando de construir identidad. Perdiendo, porque la identidad incluye rasgos que tienen un asidero en el pasado. Dejando de construir, porque la identidad no solo recupera valores y logros; se edifica sobre nuevos cimientos con imaginación y voluntad creativa. Para construir identidad tenemos que desprendernos de las mitificaciones maniqueas del pasado, no dejarnos desesperar por los avatares del presente y mucho menos atrapar e ilusionar por las promesas paradisiacas de futuro, propias de los discursos mesiánicos.
Hasta ahora hemos venido dando tumbos porque también optamos por las salidas fáciles. Por un lado, le echamos todas las culpas de los grandes problemas del país a los partidos tradicionales, particularmente al bipartidismo del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). No hay duda que estos partidos tienen una importante cuota de responsabilidad, pues fueron quienes nos gobernaron prácticamente por seis décadas, después del conflicto bélico de 1948. Sin embargo, también supieron enrumbar el país por buenos derroteros, al menos hasta la década de 1980 cuando empezó a resquebrajarse el modelo de Estado Social de inspiración comunista, socialdemócrata y socialcristiano.
Por otro lado, los últimos gobiernos, tanto del Partido Acción Ciudadana (PAC) como del Partido Progreso Social Democrático (PSD), han tirado las campanas al vuelo con apuestas por un cambio de rumbo, particularmente dirigido a la lucha contra la corrupción y una gestión eficiente de la cosa pública. De esta manera, se busca borrar un pasado político de desaciertos y se celebra con bombos y platillos un cambio de rumbo promisorio.
Nos vemos así atrapados en un maniqueísmo de buenos y malos, que no hace más que propiciar la confrontación y hasta la violencia política en sus diversas expresiones. Y la realidad es que no todo tiempo pasado ha sido el peor ni tampoco el presente es el mejor.
El problema fundamental es que mientras se mantenga esta visión y comportamiento por parte de los políticos y buena parte de la ciudadanía, el país no logrará avanzar hacia niveles superiores de convivencia democrática, bienestar y paz social. Enfrascados en buscar culpables de las calamidades que estamos padeciendo, perdemos tiempo valioso para impulsar acciones concretas que permitan encarar con decisión y voluntad política los grandes problemas de hoy: desigualdad, inseguridad, violencia y crecimiento económico lento sin equidad, entre otros.
En este contexto, tenemos un desafío prioritario por delante: superar la actual crisis de identidad para recuperar más dignidad, y así poder enfrentar los retos del presente y trazar un destino mejor. Hay que afirmarse sobre los mejores logros del pasado, potenciar lo mejor de los recursos materiales y espirituales del presente y proyectar con visión optimista y mesurada un futuro más promisorio para las nuevas generaciones.
Para ello, es fundamental un nuevo pacto social y político que se construya en la mesa de la patria, para aunar esfuerzos y voluntades en la búsqueda de soluciones a los problemas más apremiantes, así como la proyección de políticas de Estado de largo aliento. Esto es algo que se ha venido reiterando, especialmente cada vez que nos aproximaos a un período electoral.
Aunque la polarización política se ha intensificado y las vías del diálogo reposado no cuentan con viento a favor, no debemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de esforzarnos para unir voluntades y concertar en la mesa del diálogo ciudadano patriótico. Al parecer, se perfila una nueva generación de candidatos, relativamente jóvenes, que aspiran a la presidencia. Esta nueva generación puede hacer la diferencia y en lugar de continuar por la vía de la confrontación y del antidiálogo, abocarse con amor y pasión a construir la nueva identidad costarricense, que nos coloque entre los países dignos porque se autodeterminan para crecer en bienestar, seguridad y paz social; y contribuir también a forjar un mundo más humano, justo y pacífico.
El país apreciaría en gran manera, que quienes aspiran a la presidencia para el 2026-2030, desde la campaña misma se comprometan a impulsar de manera conjunta, con generosidad y visión patriótica, ese necesario y urgente pacto social y político, para crear los cimientos de una Costa Rica más digna, próspera y fraterna y menos insegura, violenta y desigual.
De esta manera, los partidos políticos ofrecerían una buena señal de voluntad para remozarse y recuperar legitimidad como verdaderos agentes al servicio del bien común, anteponiendo a sus intereses particulares los más elevados de la patria.
Los tiempos adversos, donde se nublan los horizontes para avizorar mejores senderos que nos conduzcan a garantizar condiciones de vida digna para todos los costarricenses, son también propicios para ejercitar la voluntad colectiva de un pueblo que ha sabido encontrar salidas creativas y solidarias en momentos críticos, que pusieron a prueba su buena voluntad política para mancomunar esfuerzos más allá de las tiendas partidarias.
Ya es tiempo de renovar el pacto social de los años 1940-1950, de cara a los nuevos desafíos de un contexto geopolítico de grandes tensiones, donde los países requieren con urgencia diseñar su proyecto económico, social, político y cultural; es decir, construir su identidad, para ser sujetos de su propio destino.
Recordamos que el Encuentro Democrático, no es un partido político, sino una organización y red ciudadana para incidir en el trabajo político, electoral, cultural y de educación popular. Y cuya orientación estratégica es la defensa del Estado Social de Derecho, la profundización de nuestras conquistas sociales, y la defensa de los valores republicanos de nuestra imperfecta (pero perfectible) Democracia.
Como sabemos también, en su calidad de individuos y ciudadanos /as, muchos/as miembros del Foro Encuentro Democrático, militan o simpatizan en diferentes partidos democráticos y progresistas, incluido obviamente el Frente Amplio (aunque no solamente).
Desde el Encuentro Democrático, modestamente, durante todos estos años de ardua labor patriótica, hemos colaborado juntos, para enfrentar electoralmente, a la corrupta Derecha Neoliberal, luego a la Derecha Fundamentalista religiosa, y ahora, a Extrema Derecha Populista y Autoritaria en el Gobierno.
Es nuestra modesta opinión, que en esta dramática coyuntura electoral, la unidad de todos/as los/las Demócratas, es la mejor táctica contra el embrión Neofascista y Ultra-Neoliberal del Gobierno de turno. Y que esta debe ser la línea política estratégica superior.
Sólo la auténtica vocación por la unidad en la diversidad, con una nueva articulación política junto a la Sociedad Civil, puede dar pie realmente, a una próxima alianza electoral más amplia, de carácter plural y pluriclasista, para así detener en las urnas, al peligroso avance del Oficialismo. A su nefasto servicio, tenemos la sistemática Desinformación y la vulgar Demagogia, y un gran y dudoso capital para financiar su nueva campaña electoral. Esta próxima Campaña Electoral, será aún mucho más sucia, inmoral y anti-ética, que las anteriores (y eso es decir bastante).
Pero la reelección de algún «partido-taxi» del Oficialismo, sería francamente letal, para nuestra Democracia, y para nuestras conquistas populares.
Nuevos y demenciales, intereses foráneos Geopolíticos, apuestan por el Autoritarismo Populista para Costa Rica, pese a los cuestionamientos del Narcotráfico. Y esto pesará mucho. El régimen tiene vocación autoritaria, y talante cipayo. Hoy también está amenazada nuestra Soberanía Nacional.
Mientras al interno, se juega y manipula con el justo descontento de las masas, heredado de décadas de Neoliberalismo, y de crecimiento de la Desigualdad estructural, acentuados con la crisis económica nacional y global, y la con peligrosa Crisis de Legitimidad de nuestra maltrecha Democracia.
Sin embargo, el «incendio social» no se combate con más gasolina, como propone la Irracionalidad Populista. Perseveraremos en la estratégica Defensa del Estado Social de Derecho.
Es mucho lo que está en juego ahora, en las próximas Elecciones; pues francamente están en peligro, nuestras libertades públicas, nuestras conquistas sociales, nuestras instituciones, y repetimos, nuestro Estado Social de Derecho, e incluso nuestro mismo Estado de Derecho.
En consecuencia, felicitamos públicamente al Frente Amplio por la tenaz labor de oposición patriótica de su Fracción Legislativa, y por la defensa de los intereses de la clase trabajadora y de los sectores populares.
Al mismo tiempo, los/las instamos a seguir construyendo y sumando, en la más completa amplitud democrática, y a estar a la altura de estas dramáticas circunstancias políticas. Lo mismo señalamos respetuosamente, para otros partidos políticos progresistas, y sus diferentes alianzas electorales.
Un sincero abrazo fraternal desde el Encuentro Democrático.
Por la Mesa Coordinadora del Encuentro Democrático,
