UNA Comunica. Aunque Costa Rica cumple 15 meses con una inflación por debajo de cero (deflación), la realidad indica que este panorama no se ha traducido en una mayor actividad económica, tampoco en un costo menor en los créditos que pagan las personas, ni en la generación de nuevas fuentes de empleo.
El II Informe de la situación macroeconómica y proyecciones para el 2026, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), encadena una serie de variables que desde la política monetaria definida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) afectan la actividad económica del país.
A julio de este año, el índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en -0,28%. Frente a ello, el BCCR mantiene una Tasa de Política Monetaria (TPM) del 3%, luego de meses en que desde distintos sectores empresariales y desde el propio Cinpe se ha solicitado una mayor flexibilización de este indicador al considerarse restrictivo para la economía.
La observación que realiza el Cinpe en este informe es que, aunque la TPM ha venido en descenso, su transmisión es incompleta y poco efectiva hacia las tasas de interés reales que, por ejemplo, pagan los ciudadanos por sus créditos ante el sistema financiero nacional.
Lo anterior deriva de un análisis que revela el mantenimiento de tasas de interés reales alejadas de un valor neutral, “lo cual resulta preocupante, pues está afectando la economía”, advierten los investigadores.
El Cinpe dividió su análisis en dos periodos: uno de enero 2020 a mayo 2023, con un aumento importante en la inflación en la etapa post-Covid; el otro, entre 2023 y 2026 que refleja la actual etapa de deflación.
Para el primer periodo, la Tasa Básica Pasiva (TBP), sobre la cual las entidades financieras calculan las tasas de interés de los créditos que otorgan a las personas, se ubicó en un 0.58%, pero para el segundo periodo de estudio fue el 5.31%; “es decir, un aumento de 4.7 puntos porcentuales entre un periodo y otro, que en términos reales, indican que los costarricenses están pagando un monto sustancialmente mayor por sus préstamos”, advierten.
La investigación determinó que la economía costarricense experimentó un “endurecimiento monetario” de entre cinco y seis puntos porcentuales en términos reales producto de la deflación y por la tardanza en la transmisión de la baja en la TPM a las tasas pasivas y activas de las entidades financieras.
Para el Cinpe-UNA el costo de este endurecimiento se percibe en los niveles de empleabilidad. Muestra de ello es que, mientras el país registraba hasta 2.227.240 personas ocupadas en febrero 2020 (antes de la pandemia), para junio de 2026 la cifra llegó a 2.182.916. Esto, a pesar de que la población en edad de trabajar continúa en crecimiento.
Aunque el porcentaje de desempleo se mantiene bajo (7%), la reducción no se explica por la creación de nuevas fuentes de empleo. Por el contrario, los investigadores lo justifican a partir de una reducción sostenida en la participación laboral que bajó del 60%, en el 2022, a un 54% en el 2026.
Por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, el número de ocupados se redujo en 24.057 personas este año comparado al anterior. Dicha contracción, cercana al 10%, evidencia que “la pérdida de dinamismo productivo ha tenido una incidencia importante sobre la contratación laboral”, destaca el informe macroeconómico.
Otros sectores económicos como transporte y almacenamiento (-2.505 personas), actividades financieras y de seguros (-19.880) y actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo (-13.898), también han perdido puestos laborales.
Construcción (14.341 personas), agricultura, ganadería y pesca (2.912) y administración pública y planes de seguridad social (7.874) registran incrementos en ocupación, aunque no compensan a nivel general el resultado final.
A este panorama se agrega la situación del tipo de cambio que ha generado una apreciación del colón respecto al dólar de un 22% entre enero y junio de este año, lo cual se traduce en una pérdida de competitividad para sectores como el exportador y el turístico, que reciben dólares con un valor menor al trasladarlos a colones y la consecuente afectación a los márgenes de ganancia.
El panorama internacional también genera tensiones en este marco de análisis, con presiones inflacionarias que afectan en distintas latitudes, principalmente, por efecto de los conflictos militares.
En este punto, también se refleja la disparidad de la política económica seguida por Costa Rica, donde, con deflación, se ha sostenido una tasa de interés real varias veces superior. “Las economías que enfrentan un problema inflacionario operan con posturas reales menos restrictivas que la economía que enfrenta el problema deflacionario. La prudencia es adecuada, pero debe valorarse en función de las condiciones internas”, señala el estudio.
Correcciones
El Cinpe-UNA considera que se debe procurar una política monetaria que se traduzca en mejores condiciones de crédito para las empresas y los hogares, donde las decisiones sobre tasas de interés lleguen de manera oportuna al costo del financiamiento, sobre todo las del régimen definitivo, que generan la mayor parte del empleo.
Aprovechando la deflación existente, los investigadores apuntan hacia una política expansiva de demanda que reactive sectores claves de la economía, y que se alinee con medidas de eficiencia tributaria. Además, consideran de especial importancia favorecer los encadenamientos productivos entre empresas del régimen de zonas francas con el resto de la economía nacional y potenciar los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) en actividades que generen valor agregado.
Hacia el cierre del año, el Cinpe-UNA prevé un crecimiento económico de entre un 3% y un 3.5%, con tasas de interés que oscilan entre el 3.2% y el 3.7% y una inflación en el margen del 0.2% y 0.7%, lo cual devolvería el indicador a terreno positivo, aunque todavía fuera del rango meta de 2% a 4% establecido por el Banco Central.
A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué su llamado al respeto y al diálogo desarma la retórica de la confrontación oficialista y nos recuerda que la paz es una tarea cotidiana
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».
Al inaugurarse este mes de la patria en la Costa Rica de 2026, el ambiente nacional se respira tenso, marcado por una preocupante polarización y por discursos oficiales que erosionan cotidianamente el respeto institucional. Frente a esa estridencia permanente que emana desde las cúpulas del poder, la bocanada de aire fresco y lucidez cívica ha venido desde la inocencia escolar.
Este artículo se basa en la conmovedora alocución pronunciada el pasado 1ero. de setiembre en el parque de San Isidro de Coronado por la niña Keyla Chavarría Jiménez, de segundo grado de escuela y tan solo ocho años de edad, con ocasión de la apertura del Mes de la Patria. Sus palabras no repiten consignas de la politiquería barata; por el contrario, configuran una lección magistral de civismo que desmonta el populismo discursivo y nos recuerda que «la democracia no solamente se hereda, también se cuida».
El mensaje de Keyla es un recordatorio de que la salud de una república depende de la calidad ética de la convivencia humana y del respeto absoluto a las reglas del juego democrático. Mientras el aparato propagandístico del oficialismo insiste en insultar a los críticos y en catalogar de enemigos a quienes piensan distinto, la estudiante de segundo grado devolvió la brújula al debate nacional al sentenciar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aún así se hablan con respeto».
En una Costa Rica que padece el debilitamiento de su Estado social, la persecución discursiva hacia la academia y el quebrantamiento de la neutralidad pública, la voz de la infancia nos alerta que los valores de la paz y la libertad «no debemos darlos por sentado», ya que «la democracia es un tesoro que recibimos de quienes estuvieron antes que nosotros».
A la par de esta hermosa profesión de fe cívica, la alocución de Keyla se convierte, de forma involuntaria pero categórica, en la advertencia más severa para los gobernantes que confunden el mandato temporal de las urnas con una corona absolutista.
Cuando el Poder Ejecutivo utiliza la descalificación sistemática como herramienta de gestión, el clamor escolar resuena como un emplazamiento ético directo a los adultos que dirigen el Estado: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».
Gobernar bajo el imperio del derecho implica entender, tal como lo expuso esta niña en Coronado, que «la paz no significa solamente vivir en un país sin ejército, significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».
La soberanía no reside en las marcas de un partido político transitorio, sino exclusivamente en el pueblo —esa Nación plural y soberana que define nuestra Constitución—, y la mejor forma de honrarla en este mes patrio es protegiendo los contrapesos institucionales que blindan la libertad de los ciudadanos frente al abuso.
El próximo 14 de setiembre, cuando se espera que muchos ciudadanos participen en la faroleada que se está convocando y utilicen la luz blanca de la concordia para disolver pacíficamente la retórica del odio, la ciudadanía estará respondiendo al llamado de esta escolar de ocho años para «defender siempre el respeto» y «construir juntos una cultura de paz».
Escuchemos la reserva moral que habita en nuestras aulas y exijamos a los administradores temporales del Estado que abandonen los gritos estridentes; es hora de que demuestren estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda y de la grandeza del pueblo al que juraron servir.
A Juan Rafael Mora y el general José María Cañas en sus 166 años de su crimen. El 30 de setiembre de 1860. Un luto no se celebra.
Rafael A. Ugalde Quirós Periodista, abogado y notario por la UCR.
El uso de financiamientos opacos expone un evidente injerencismo hemisférico que busca manipular la soberanía y comprar influencia en América Latina.
Revelaciones recientes ponen de manifiesto los mecanismos ocultos detrás de la injerencia en los asuntos internos de nuestros países, desde la Patagonia hasta México, apuntando siempre hacia el mismo norte: la Casa Blanca.
«Acaban de dispararle. Está abatida”. Este mensaje gélido tintineaba en el teléfono de la propia víctima, en manos del argentino Fernando Cerimedo —el asesor estrella de campañas electorales en la región, estratega de algoritmos y redes sociales, e investigado ahora como supuesto autor intelectual del atentado contra su pareja, Nadia Beller, la noche del 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, esto, según versión de la fiscalía boliviana.
La joven abogada y política boliviana, deslumbrada por los discursos libertaristas contra un quinto gobierno de Evo Morales en 2019 abandonó entonces sus sueños dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), sin imaginarse que siete años después estaría recuperándose de tres balazos con que intentaron acabar con su vida, su hijo en gestación y en medio de una polémica cada vez más confusa.
Dentro del debate actual por su intento de femicidio se cruzan manoseos electorales de la derecha latinoamericana del Departamento de Estado norteamericano y promotor del Escudo de las Américas. Se investiga un sin números de pistas clandestinas controladas por la policía.
Las afirmaciones de Beller por sus redes sociales dejan una serie de dudas sobre todos los triunfos de la derecha en Suramérica, así como en Honduras.
Según ella, su expareja, actualmente detenido en el presidio de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, estaba a cargo de granjas de bots y a algoritmos en Buenos Aires y Bolivia para alterar resultados electorales, inducir a votantes hacia posiciones fascistas y consolidar gobiernos conservadores.
A esto, según Beller, así como periodistas de la zona, se deberían las interrupciones durante los conteos de votos cuando los candidatos de la derecha eran desplazados del primer lugar.
Una vez reanudado el conteo, los candidatos alineados con Washington terminaban ganando los comicios, tal como sucedió en Perú, Honduras, Argentina, Brasil y Colombia, de acuerdo con denuncias publicadas por fuerzas políticas.
Un día después de reventar el escándalo con Cerimedo, las actuales autoridades del Perú ordenaron la destrucción de todas las boletas de las votaciones de 2026.
El escenario se vuelve aún más delicado, luego que parlamentarios bolivianos mostraron documentos presuntamente relacionados con blanqueos de dinero proveniente de droga y corrupción en el actual gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz Pereira.
En el centro de esta tensa situación aparece el ciudadano argentino, señalado como el estratega maestro para ganar elecciones en la región gracias a sus granjas de «bots» y la difusión de «fake news» desde e Bolivia y Buenos Aires.
De esta manera, Cerimedo y su expareja sentimental, la joven abogada boliviana Nadia Beller, se han convertido en figuras claves de esta especie de “Boliviagate”.
Sobre Cerimedo pesan ya cargos de presuntos femicidio en grado de tentativa, tráfico de drogas y lavado de activos, según reportó el periódico español El País de España en un trabajo del periodista, Caio Ruvenal Rodríguez, desde la ciudad de Cochabamba.
Hay noches que lo cambian todo, y la del 17 de agosto de 2026 fue una de ellas. Frente al exclusivo Swiss Hotel, el peligro se camufló de rutina: dos hombres con chalecos naranjas de repartidor salieron de la penumbra. Lo que vino después quedó grabado en la frialdad de las cámaras de seguridad.
En las imágenes, que hoy revisan la policía y los jueces, se ve el peor de los horrores: una mujer embarazada de unas seis semanas cayendo herida, obligada a contener la respiración en un charco de su propia sangre para salvar su vida.
Beller ganó en 2019 una curul por la izquierda boliviana. Sin embargo, nunca llegó a ejercer el cargo debido a, -según denuncias de la izquierda boliviana-, el golpe de Estado promovido en ese entonces por el Departamento de Estado norteamericano y las oficinas centrales de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Evo Morales.
Hoy en día, a través de sus redes sociales y desde la cama de un hospital, Beller niega rotundamente haber simpatizado alguna vez con el Movimiento al Socialismo (MAS). Explica que su posterior acercamiento al gobierno ultraderechista de Paz Pereira se debió estrictamente a razones técnicas y a su perfil como jurista.
Este acercamiento con el ala derecha del gobierno impulsó a la abogada de 36 años a promover una serie de acusaciones contra Morales por, según dijo, presuntos delitos de corrupción y de integridad física de menores de edad. Sin embargo, esa misma cercanía con las élites, tuvo un costo personal que casi la lleva a la tumba.
Fue en ese entorno donde creyó encontrar el amor de su vida, una relación que, según ha relatado en sus redes sociales, terminó siendo una de las peores pesadillas en su existencia.
Este acercamiento con la derecha del gobierno llevó a esta abogada a declarar su guerra contra Morales y a poner en peligro su propia integridad física.
Según ella – consultar a Beller especialmente en Instagram y Facebook – “Morales había trasgredido la ley también en relación con una supuesta trata de personas”. Cargos estos no comprobados por la justicia,
En uno de los múltiples informes en esas redes sociales critica a las Madres de Plaza de Mayo, por considerar que el exgobernante boliviano no merece ese respaldo por la persecución de que es objeto.
A principio del pasado mes de agosto retomó las acusaciones contra Morales y solicitó al gobierno de Paz la aprehensión inmediata del líder indigenista por nuevos cargos atribuidos por ella, terminando su diligencia con la siguiente frase: “el que a hierro mata, a hierro muere”.
El argentino Fernando Cerimedo -primer plano- junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en la Cumbre del Escudo de las Américas en marzo pasado (F. Periódico El día)
Ninguna de las afirmaciones y denuncias contra Morales ha sido comprobadas por la justicia boliviana ni los enemigos políticos del dirigente aborigen.
Por el momento, Morales sigue en libertad y empoderado por sus denuncias contra la derecha boliviana, a raíz de las pruebas surgidas contra Cerimedo.
En declaraciones recientes del expresidente en formatos audiovisuales abordó las gestiones de Beller para su captura y desmintió al gobierno de Rodrigo Paz, en el sentido de que Cerimedo nunca ocupó puesto alguno ni representó el Estado.
El presidente Paz, tras las denuncias de Morales, divulgó un video para romper su silencio sobre el caso de Cerimedo. En ese documento aseguró tajantemente que el consultor argentino «jamás tuvo la autorización» para representar a la Presidencia, al Gobierno ni a su familia. No hay ni hubo, dijo, vínculo laboral con el argentino.
“A principio no iba a ir a esa cita, pero Cerimedo me dijo que fuera porque posiblemente era importante”, estas declaraciones de Beller en cuanto superó la anestesia por una intervención quirúrgica de casi cinco horas para salvar su vida, sirvió para que su expareja fuera apresada en el aeropuerto, a punto de volar hacia su natal Argentina.
Condujo igualmente a la policía a allanar un apartamento rentado por el argentino y a encontrar en él valijas llenas de dólares. Localizó además direcciones exactas de las granjas de bots y contactos importantes dentro y fuera de Bolivia.
Fue durante estos vastos cateos que la policía – incluyó también el apartamento compartido con su expareja – dio a conocer la existencia de una billetera digital de criptomonedas con contactos en Estados Unidos y Latinoamérica, así como las huellas digitales dejadas por las remesas enviadas y de qué negocios provenían dichos fondos.
Por investigaciones encabezadas por parlamentarios de oposición al gobierno de La Paz, es que han trascendido nexos entre las enormes cantidades de dinero que manejaba Cerimedo con redes de extorsionistas, contrabando de gasolina, lavado de dinero y transporte aéreo de sustancias que se investigan hacia varios países de la región. Todo en proceso de investigación.
Según el senador opositor, Leonardo Roca, quien aparece actualmente lidereando el rastreo financiero contra el consultor político argentino, hay múltiples y millonarios movimientos en criptomonedas.
A partir de los peritajes forenses, este legislador mostró en sus redes sociales y entrevistas sostenidas con medios bolivianos, un código de billetera virtual que funcionaba como puente hacia una red de otras diez cuentas.
El rastreo, agregó, arroja los siguientes hallazgos principales: La billetera registra transacciones por más de 44 millones de dólaresalo largo de seis meses.
Otras versiones de la bancada opositora señalan un flujo globalizado que roza los 200 millones de dólares.
En la segunda entrega abordaremos qué rastros oscuros hay en cuentas de Fernando Ceremedo y qué representó para el fascismo y la recolonización emprendida por el Escudo de las Américas.
Y en este territorio hay … algo mágico y especial; donde Las Musas arrullan a las madres para parir hijos e hijas brillantes, únicos. Inteligentes, virtuosos, hombres y mujeres de bien, que han de destacar por lo bueno, lo bello, sus valores. Mal haríamos en reducir a San Ramón como un terruño donde sólo han destacado políticos educadores, poetas, artistas, músicos, pensadores y deportistas. No. San Ramón es más que eso. Aquí también ha florecido el amor a la ciencia, investigación y la medicina.
Hoy les hablo de un niño como ustedes, que creció albergando en su pecho grandes sueños. Pero que para alcanzarlos establa claro que se requería disciplina, estudio y fuertes convicciones. Chapotéo en quebradas, persiguió sapos y renacuajos. Transito senderos y horadó montañas desconocidas Escuchó el trinar de las avecillas y miró absorto muchos tipos de insectos y bichos. Nunca dejó de ser curioso y mirar que las plantas, que si bien la mayoría son verdes, eran muy distintas, de variados tamaños, formas, fragancias, así como muchos colores multicolores.
Cursó estudios primarios en su natal San Ramón. Hizo la mayor parte de su secundaria en el colegio Horacio Mann, creado bajo la égida de don Julián Volio Llorente. Combina sus estudios secundarios con trabajar en las diferentes boticas que ya había en San Ramón. Con una aguda inteligencia aprende muy rápido de todo lo que ve. A los 16 años logra inscribirse en el prestigioso Liceo de Costa Rica, en San José, antes de que despuntara el nuevo siglo.
Poco después gracias a su tenacidad, esfuerzo y dedicación que ya muchos veían en él, le es otorgada una beca y parte a estudiar a Europa.
A los 20 años ya es un alumno destacado en París donde luego pasa a la famosa Universidad de Lausana en Suiza; y posteriormente a la universidad de Ginebra. Ávido de nuevos conocimientos también adquiere dominio sobre otras lenguas: francés, inglés, italiano, alemán y latín. Allí va forjando sus inclinaciones e inquietudes científicas. Mostrando un fuerte interés por las ciencias naturales. Particularmente la botánica.
Probablemente en Suiza, muchos de sus frecuentes viajes por veredas y travesías por picos montañosos, en los Alpes, sirvieron para ponerle en contacto con la flora de aquellas latitudes. Así como perfeccionar sus dotes de gran observador. Efectúa varias crónicas de viajes y es un gran traductor de artículos en alemán y en inglés.
De regreso a Costa Rica se destaca por su gran trabajo al lado del gran naturalista y científico Henry Pittier, quien fuese fundador del Instituto Geográfico Nacional (1889) y del Instituto Meteorológico Nacional (abril, 1888) y pionero de la cartografía nacional. También se desempeña como profesor de Ciencias Naturales y profesor universitario en la Facultad de Farmacia y en la Escuela Normal.
Durante esa época ante el autoritarismo y afrentas a la democracia propiciadas por los hermanos Tinoco, se opone a la dictadura y a sus excesos, por lo que es perseguido y cesado de su trabajo.
Tras la caída de la infame dictadura. Empieza a trabajar en el Museo Nacional (fundado en 1887) donde se constituirá como jefe de la sección de Botánica. Para ese entonces, la presidencia de la república ha sido asumida por el ramonense Julio Acosta García, quien depuso a los Tinoco, a los usurpadores del poder.
Durante toda su etapa en docencia destacó por efectuar constantes y frecuentes excursiones. Siempre impulsó en sus estudiantes el espíritu de observación. Tras mirar árboles, tallos, hojas, flores; luego plasmaban lo visto en fieles dibujos.
En esta etapa de su vida, la belleza, misterio y color de las orquídeas, capturan su interés y lo enamoran cada vez más.
Desde la Sección de Botánica del Museo Nacional, siempre que podía hacerlo visita San Ramón y se adentra en las profundidades de sus selvas: vírgenes, húmedas y solitarias. Allí el graznido del pájaro campana era su acompañante y testigo mudo. Conoció Zapotal, El Socorro, La Calera, como pocos, hacía trabajos de campo, desde las riberas del Tárcoles en su desembocadura hasta las fincas de Nicolas Orlich en Piedades Sur.
Cuando se jubila, deja una colección de poco más de 22 000 especímenes en el Herbario Nacional del Museo Nacional de Costa Rica, en 1944.
Sus estudios botánicos son más conocidos en otros lares que en nuestro propio país. Muchos de ellos dieron origen a diversos medicamentos que salvaron miles de vidas. Su obra sólida y fecunda le han hecho merecedor de múltiples homenajes en diversas partes el mundo.
Los científicos en el mundo siguen investigando en sus colecciones; esta se encuentra en diversos herbarios y jardines del mundo. Penoso es recordar que una de las mayores colecciones de orquídeas recolectadas por don Alberto Manuel Benes se encontraba en el Jardín Botánico de Berlín, que desafortunadamente fue destruido por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1944, un pueblo agradecido le erige este monumento, donde aparece una de las plantas estudiadas (cinchona) y que abundaban en las cercanías de Berlín y Llano Brenes. Don Alberto Manuel fallece 18 de mayo 1948.
Hoy en día su nombre y diversas investigaciones suyas aparecen en prestigiosas revistas científicas del mundo.
“Fue enterrado en su pueblo natal en una humilde fosa. Ante sus restos mortales desfilaron en apretadas filas de niños de las escuelas, que cubrían el camino con flores, como el último tributo que rendía la inocencia al máximo investigador de la flora costarricense. Tras el féretro caminaban cabizbajos José Figueres Ferrer, Fracisco J. Orlich, Fernando Valver Vega.” Los dos primeros, beneméritos de la patria.
En 1970, merecidamente fue declarado Benemérito de la Patria.
En 1975 se crea en San Ramón la Reserva Forestal que lleva su nombre. En 1993, con una extensión de 7 800 hectáreas es transformada en Reserva Biológica.
Actualmente dos escuelas llevan su nombre.
Hay un género de orquídeas que lleva su nombre Brennesias
Hay gente que nunca muere. Sólo aquellas como don Alberto Manuel Brenes, que son capaces de dejar una huella profunda, imborrable, imperecedera en su paso por esta tierra, pueden alcanzar la gloria de la inmortalidad y encontrar el camino hacia las estrellas”.
La grandeza de su admirable obra sólo es posible de ser dimensionada por ejemplos como el siguiente: En 1945 gracias a las características geofísicas y ambientales las de San Ramón, que lo convertían en un territorio único, semejante a una especie de Dorado, mítico poblado precolombino, añorado por los conquistadores ibéricos; dos afamados botánicos como Schlechter y Pupulin, encontraron en un solo árbol caído, 504 plantas de orquídeas de 39 especies.
Durante su vida también experimento la envidia y malicia de otros. No se doblegó ante la maledicencia de almas malvadas. Más bien escribió en setiembre de 1922 “Considero a las orquídeas lejos de las perversidades humanas, … mis amigas, tan inofensivas como bellas”.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Introducción
Un reciente informe realizado por la organización Coffee Watch y titulado «Detrás del ´Pura vida´ de Costa Rica: la amarga experiencia de los y las migrantes indígenas que cosechan el café» detalla en más de 50 páginas, el sistema de explotación laboral al que están sometidos muchos de los recolectores de café indígenas en Costa Rica.
Como bien se sabe, la industria del café costarricense es reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos, con un café «gourmet» de calidad superior a los demás, que alcanza los primeros puestos en muy diversas latitudes.
Menos conocido es el hecho que han sido reiteradas las denuncias sobre la situación de total indefensión de los recolectores indígenas Ngäbe Buglé cuando vienen para la época de la cosecha del café a Costa Rica, en proveniencia de Panamá.
El informe en breve
Tanto la versión de este informe de Coffee Watch en español como en inglés son de acceso libre y a disposición del público.
Se recomienda su lectura completa y, en particular, las diversas recomendaciones y conclusiones del mismo (ubicables a páginas 46-49 en la versión en español).
De las pocas notas de la prensa costarricense sobre este informe de Coffee Watch, podemos referir a una nota disponible en este enlace de ElMundocr, a esta otra en este enlace del Semanario Universidad. y a esta nota del medio Delfino.cr.
Más allá de la modicidad de la cobertura de la prensa costarricense con respecto al contenido de este informe, la importancia numérica de la migración desde Panamá hacia Costa Rica para la cosecha del café es conocida desde muchos años. En este informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) relacionado a la región de Tarrazú, se indica (página 27) que:
«Es importante señalar que la movilidad de esta población sigue el ritmo de la maduración del café: inicia en Coto Brus entre agosto y noviembre, se traslada hacia Tarrazú y el Valle Central de noviembre a febrero, y finalizada la cosecha, las familias regresan a Panamá (Kordick Rothe, 2021). Se calcula que cada año alrededor de quince mil personas Ngäbe-Buglé cruzan la frontera para trabajar en cafetales costarricenses, constituyendo el grupo con mayores índices de migración temporal hacia fincas agrícolas en el país (INDER, 2025). En este proceso influyen diversos factores que impulsan la salida de las personas hacia Costa Rica como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo y la inseguridad. Una característica particular de esta migración es que, a diferencia de la nicaragüense, suele realizarse con el núcleo familiar completo (Olguín, citado en OIM, 2023)»
Un «núcleo familiar completo» que migra hacia Costa Rica de manera regular cada cierto tiempo, debería conllevar una política pública de atención mucho más abarcativa e integral por parte de las autoridades costarricenses y del gremio cafetalero, que la de otras migraciones de trabajadores.
Foto de familia indígena en Coto Brus extraída de este enlace sobre un programa de Naciones Unidas del 2017, titulado «Joint Programme to Improve the Human Security of Ngöbe and Buglé Temporary Migrants in Costa Rica and Panama»
Cabe recordar que ya en el año 2016, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (DHR) denunció la situación de muchos de los recolectores Ngöbe Buglé, y se solicitaron informes al Poder Ejecutivo (véanse esta nota de Diario Extra del 02/03/2016 y esta otra nota de ElMundocr).
Desde la perspectiva jurídica internacional, son varias las advertencias que ha recibido Costa Rica como Estado sobre la situación de indefensión de las poblaciones indígenas costarricenses. A esta situación, se suma:
– el hecho que Costa Rica, hasta la fecha, no ha considerado oportuno ser Estado Parte de un convenio internacional de Naciones Unidas que busca precisamente proteger a los trabajadores migrantes y a sus familiares, y;
– el hecho que la agenda de derechos humanos ha venido gravemente desatendida en los últimos años en Costa Rica.
En las líneas que siguen intentaremos dar a conocer, desde la perspectiva jurídica internacional, algunas de estas advertencias y hallazgos con relación a la situación que enfrentan los recolectores Ngäbe Buglé, sin olvidar de mencionar valiosos proyectos realizados desde la sociedad civil y desde las universidades costarricenses en aras de paliar los vacíos del accionar gubernamental del Estado costarricense.
Un señalamiento que se añade a muchos más
En julio del 2026, se informó de un manifiesto colectivo de más de 500 organizaciones y personas en Costa Rica exigiendo que cese este sistema de explotación que afecta la vida de los recolectores indígenas y de sus familias: véanse esta nota publicada desde el mismo portal de la UCR, así como esta nota publicada en SURCOSDigital y este artículo publicado en el Tico Times. En este manifiesto colectivo, se lee, entre otros puntos, que:
«Resulta profundamente preocupante que una actividad económica reconocida internacionalmente por la calidad del café costarricense continúe dependiendo en buena parte, del trabajo de miles de personas indígenas migrantes que siguen enfrentando condiciones de vulnerabilidad incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La producción cafetalera no puede sostenerse sobre condiciones que comprometan la vida, la salud, el respeto de los derechos laborales y la dignidad de quienes hacen posible cada cosecha».
En una reciente entrevista realizada el 13 de agosto del 2026 por el programa Interferencia de la radio universitaria (véase enlace en Spotify), la directora de Coffee Watch denunció las amenazas recibidas por parte de los investigadores de su organización, que fueron impedidos de continuar su labor de campo en razón de las intimidaciones recibidas (escucharla a partir del minuto 49:20): salvo error de nuestra parte, no se ha conocido de investigaciones con respecto al origen de estas acciones intimidatorias, investigaciones que sería muy oportuno iniciar por parte de las autoridades costarricenses competentes.
Nótese que en el año 2020, en plena epidemia del COVID-19, fueron varias las entidades en exigirle a Costa Rica establecer condiciones mínimas de atención para garantizar la salud y la debida protección de las familias de recolectores Ngäbe Buglé a Costa Rica (véase comunicado publicado en Radio Temblor).
En un artículo publicado el 19 de agosto del 2026, se informó de la muerte de 37 niños indígenas en la única región cafetalera de Los Santos registrada por las mismas autoridades judiciales costarricenses (véase artículo): una investigación más profunda debiera indicar si esta tragedia se ha replicado en otras zonas cafetaleras de Costa Rica, y cuál es el porcentaje estimado de muertes de niños que son reportadas con respecto a las que no lo son. Reconocer desde ya la ocurrencia de estas muertes debido a graves negligencias del sector gubernamental y cafetalero de la zona e indemnizar, por parte del sector cafetalero, a las familias afectadas, sería un primer paso en la dirección correcta de las autoridades costarricenses. Un primer paso que posiblemente haya que acompañar desde los movimientos sociales costarricenses y si es del caso con el apoyo de los tribunales de justicia, dada la reacción iracunda del Estado costarricense al informe de Coffee Watch, que mencionaremos más adelante: advertimos desde ya a nuestros estimables lectores que se trata de una reacción fúrica raramente observada, lo cual debiera de plantear algunas interrogantes muy válidas.
En esta publicación de Coffee Watch sobre la situación en Brasil, una larga «lista sucia» de más de 3 páginas enlista a los productores de café brasileños detectados, en razón de prácticas sumamente graves en materia laboral, por las mismas autoridades brasileñas (véase páginas 9-12). ¿Existirá en Costa Rica una lista similar?
Como a menudo ocurre en situaciones de emergencia, de abuso o de indefensión, las mujeres son mucho más expuestas que los hombres. En este artículo publicado en el Semanario Universidad por una lideresa indígena, el pasado 30 de julio, se indica que:
«Por eso, cuando hablamos de las niñas y niños Ngäbe-Buglé que trabajan o acompañan a sus familias en las cosechas de café, no estamos hablando únicamente de una estadística. Estamos hablando de historias de vida, de sueños interrumpidos y de derechos que no están siendo garantizados.
También debemos hablar de la situación de las mujeres indígenas trabajadoras. Una compañera relataba recientemente cómo, siendo madre soltera y trabajando en los cafetales, enfrentó situaciones de abuso y vulnerabilidad. Contó cómo un empleador intentó violentarla sexualmente y, al defenderse, recibió como consecuencia la pérdida de su trabajo y de su salario«.
No se ha tenido acceso a algún informe de entidades públicas que trabajan en materia laboral y otras en materia de protección de las mujeres en Costa Rica para saber si han registrado denuncias de recolectoras de café indígenas Ngäbe Buglé.
Estos datos recientes (así como otros muchos menos recientes), revelan que la situación de extrema vulnerabilidad de las familias indígenas que vienen cada año desde Panamá para la época de la cosecha del café en Costa Rica y el sistema de explotación laboral que impera en algunas fincas, constituyen una persistente problemática en Costa Rica.
Desde ya se sugiere sistematizar en algún trabajo de investigación relatos y testimonios de estos recolectores en cuanto a los abusos de los que son víctimas, tanto como recolectores, como los abusos que sufren los integrantes de sus familias.
Un Estado costarricense inoperante en el campo
No está demás señalar la escasa y casi nula capacidad de fiscalización del Estado costarricense en materia laboral en alguna zonas alejadas de la capital costarricense y sus alrededores.
A modo de ejemplo, esta tesis de grado presentada en el 2024 en la Facultad de Derecho de la UCR (véase enlace) fue objeto de un artículo (véase enlace) publicado en el portal de la UCR que interpela a las autoridades y a la sociedad costarricense como tal, al titularse: «Hasta 84 horas de trabajo semanal en bananera de Limón. Condiciones sociales legitiman prácticas laborales ilegales en bananera de Valle la Estrella«.
Adicionalmente al tema de las familias de recolectores de café indígenas Ngäbe Buglé, el caminar por el centro de la capital costarricense (Correo Central-Banco Central-Mercado Central-Teatro Nacional) y ver la cantidad de mujeres indígenas Ngäbe Buglé en situación de mendicidad (usualmente acompañadas de uno o varios menores de edad), recuerda otro grave problema, señalado hace casi 20 años (en el 2007) en este artículo de la prensa panameña: una problemática que pareciera en estado de «desatención persistente» por parte de las autoridades costarricenses.
No está demás remitir a nuestros estimables lectores al informe (véase texto) presentado en el 2022 a raíz de su visita a Costa Rica por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas: su lectura completa se recomienda. La denuncia del experto de Naciones Unidas en cuanto a la existencia de un «racismo estructural» que permea a diversas entidades del Estado costarricense y sus recomendaciones, algunas de carácter urgente, fueron analizadas en su momento: véase nuestra notadel 2022titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«. Muchas de estas recomendaciones esperan desde entonces ser implementadas por el aparato estatal costarricense, en beneficio esta vez de los derechos de todas las comunidades indígenas costarricenses. El informe del experto contiene a partir del punto 90 conclusiones y recomendaciones a Costa Rica, en las que podemos leer (punto 91) que:
«El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».
En el 2023, este voto 24214-2023 de la Sala Constitucional (véase texto) condenó a las autoridades educativas en Paraiso de Chánguena (en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas), ordenando tomar medidas (en el plazo de un mes) para que los estudiantes de tercer ciclo reciban lecciones en su colegio de lengua materna y cultura indígena: la lectura completa de esta decisión se recomienda, al observarse un sinfín de argumentos desarrollados por las autoridades educativas que no convencieron a ningún integrante de la Sala Constitucional. De similar manera, en el voto 3645-2023 (véase texto), las autoridades recurridas tampoco lograron convencer de que su metodología para calcular el nivel de pobreza sí era aplicable a la realidad específica que enfrentan a diario las comunidades indígenas costarricenses. De igual manera el asegurar los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación para una mujer indígena embarazada, fue objeto del voto 34915-204 (véase texto) en el que las entidades de salud recurridas presentaron argumentos muy poco convincentes. Estos y muchos otros casos que llegan a conocimiento del juez constitucional vienen a confirmar que las recomendaciones emitidas desde el 2022 por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas requieren un seguimiento y una política sostenidas en el tiempo para implementarlas. En cuanto a la limitada capacidad del Estado costarricense para convencer con sus argumentos en materia de derechos de las comunidades indígenas, tuvimos la ocasión de verificarlo en el 2020, con ocasión de una comunicación de la comunidad indígena Térraba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: véase nuestra nota titulada «Comunidad indígena Térraba de Costa Rica: Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite petición«.
Volviendo a la problemática específica de los recolectores de café Ngäbe Buglé, en este artículo escrito por una lideresa indígena que desde su infancia ha cosechado café en Costa Rica, titulado «¿Cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?» y publicado el pasado 5 de agosto en el medio Delfino.cr, se lee en sus conclusiones que:
«Mientras la vida de un solo niño o una sola niña Ngäbe-Buglé siga estando en riesgo durante la migración cafetalera, ninguna cifra, ningún fondo y ningún comunicado podrán responder a la pregunta que realmente importa: ¿cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?»
Un persistente lunar en materia de derechos humanos que debería interpelar a la sociedad costarricense
Costa Rica se presenta usualmente ante el mundo como el Estado que ha ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Con relación a un instrumento internacional de Naciones Unidas que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado costarricense a dotarse paulatinamente de mayores controles sobre la situación laboral en algunos sectores de la economía costarricense, un instrumento de Naciones Unidas existe desde 1990, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: se trata de la «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares» (véase texto completo).
Desde 1990, la instrucción interna del Poder Ejecutivo al Embajador de turno de Costa Rica en Naciones Unidas (Nueva York) para que firme en nombre del Estado este tratado multilateral … espera. ¿Como así? Como se lee.
El estado oficial de ratificación de este tratado de 1990 (véase enlace oficial de Naciones Unidas) indica que casi toda América Latina lo ha ratificado, con excepción de Brasil, Costa Rica, Haití y Panamá. En el caso específico de Costa Rica, se trata de un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento en materia de derechos humanos de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación en el ámbito nacional.
Esta ausencia de Costa Rica es aún más llamativa tratándose de migrantes que viajan con todo el núcleo familiar cuando proceden de las comarcas indígenas de Panamá y se trasladan para la época de la cosecha del café en Costa Rica:
– en el 2020, en sus recomendaciones al informe presentado por Costa Rica, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano de supervisión y monitoreo de la Convención sobre los Derechos del Niño, recomendó a Costa Rica (véase observaciones finales, punto 49) que:
«49. The Committee recommends that the State party, in order to further strengthen the fulfilment of children’s rights, consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, to which it is not yet a party«.
– en el 2023, el Comité CEDAW (Comité sobre Derechos de la Mujer de Naciones Unidas), en sus observaciones finales al informe oficial presentado por Costa Rica (véase texto) señaló de igual manera (punto 53) que:
«53. El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos mejoraría el modo en que las mujeres disfrutan de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida, por lo que lo alienta a que ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, en la que todavía no es Parte».
No obstante, estas y muchas otras excitativas recibidas por parte de Costa Rica, a la fecha de hoy (1ero de septiembre del 2026), permanece sin tan siquiera haber firmado este instrumento multilateral.
Cabe precisar que los trabajadores migrantes, sea en situación regular o irregular, se encuentran en muy diversos sectores de la economía costarricense.
Como señalado anteriormente, una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2024 exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras.
¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)?
Un informe de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de muchos de sus trabajadores. Esta nota del 2023 indica que la situación persiste en las plantaciones de piña costarricenses.
Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que se noten mejorías notorias en las condiciones de trabajo, y sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
Con ocasión del día internacional de los derechos humanos en diciembre del 2024 habíamos tenido la ocasión detallar el abandono paulatino de la agenda en materia de derechos humanos en Costa Rica observada en los últimos años: remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota nuestra, titulada: «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempre más pesada».
De algunas iniciativas sumamente valiosas
Con respecto a las condiciones específicas relacionadas a la atención y al trabajo de las poblaciones Ngäbe Buglé que vienen a Costa Rica para época de la cosecha del café, han sido diversas las iniciativas, en particular desde el sector de la sociedad civil y universitario, para intentar mejorar esta situación.
A esta iniciativa de la Escuela de Comunicación de la UCR referenciada en el año 2008 (véase enlace), han surgido muchas otras, sin lograr del todo impactar realmente al sector cafetalero como tal.
En el 2018, este proyecto de vivienda temporal realizado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (véase enlace) buscaba proponer un conjunto de vivienda temporal y de espacio de cuido para los trabajadores Ngäbe Buglé y sus familias en una finca de Coto Brus.
La CCSS por su parte, gracias a la iniciativa del Doctor Pablo Ortiz Rosés, logro implementar un exitoso programa de atención médica a las poblaciones indígenas en la región de Coto Brus: en el 2024, con ocasión de su sentido fallecimiento, este texto escrito en homenaje al Doctor Ortiz, recuerda su valioso aporte.
En el 2022, este proyecto universitario (véase enlace) buscó enriquecer desde un enfoque intercultural la medicina convencional con los aportes de la medicina tradicional de la población Ngäbe Bugle.
Hace unos años, una tesis de la Facultad de Arquitectura de la UCR propuso al gremio caficultor costarricense un modelo de construcción de albergues que asegurasen a estas poblaciones indígenas un espacio más acorde con su cultura y con su cosmovisión durante los meses en los que recogen café en Costa Rica: véase enlace del mismo portal UCR del 2021 titulado «Innovador asentamiento mejoraría las condiciones laborales de la población Ngäbe en la caficultura. La propuesta se presentó como un trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura«.
No obstante estas y muchas otras iniciativas desde la sociedad civil costarricense y desde el sector académico, lo cierto es que el precitado informe de Coffee Watch viene a poner en evidencia la falta de interés por parte del Estado y del mismo gremio cafetalero con respecto a la situación laboral de los recolectores de café Ngäbe Buglé.
La reacción del Estado costarricense al informe de Coffee Watch
En una respuesta (véase texto) a algunas reacciones furibundas de autoridades gubernamentales y de algunos sectores productivos costarricenses, en particular este inusual comunicado del 7 de agosto suscrito en nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la dirección de Coffee Watch expresó que:
» Rechazamos respetuosamente la sugerencia de que Coffee Watch busca perjudicar al café costarricense o explotar a las comunidades vulnerables.
Nuestra organización ha publicado informes sobre abusos en múltiples países, como China, México, Brasil, Vietnam y Colombia, y ha cuestionado a algunas de las empresas cafetaleras más grandes del mundo, ninguna de las cuales tiene su sede en Costa Rica. Nuestro compromiso de impulsar que la industria cafetalera se vuelva ética es global.
Nuestros objetivos clave en nuestro informe «Detrás de la “Pura Vida” de Costa Rica: La amarga explotación de los(as) migrantes indígenas que cosechan café» son: apoyar a los(as) trabajadores(as) de las fincas cafetaleras, fortalecer las protecciones para las personas que trabajan en el sector del café, hacer que el café sea más sostenible y fomentar la transparencia —objetivos que creemos que Costa Rica comparte».
Resulta sumamente insólito leer en un comunicado de entidades del Estado costarricense expresiones tendientes a desacreditar y a desprestigiar a una entidad como Coffee Watch. La verdadera «arremetida» a la que hace alusión el titular de este artículo del Semanario Universidad sobre la reacción oficial de las tres precitadas entidades del Estado costarricense al informe de Coffee Watch pone en evidencia el profundo malestar que ha generado este informe.
A modo de conclusión
Más allá de amplios sectores de la economía costarricense que se benefician de un sistema de indefensión que muchas veces se materializa en un sistema de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular (y ello desde muchos años), este nuevo informe de una organización como Coffee Watch debería servir de base para entablar una discusión en aras de alcanzar soluciones con el sector cafetalero costarricense, y en particular con las cooperativas de café de las zonas señaladas. Ello en aras de sancionar a los agremiados cuyas fincas se prestan para mantener un sistema de explotación laboral al que someten a personas de la comunidad Ngäbe Buglé y a funcionarios del Estado costarricense (que, al parecer, no se percatan de nada anormal al visitar las fincas cafetaleras).
El tildar de «tendencioso» este reciente informe de Coffee Watch y considerar como «narrativas irresponsables» su contenido (dixit el comunicado conjunto MAG-MTSS-ICAFE del pasado 7 de agosto) y concluir que no es necesario atender sus recomendaciones, no puede sino contribuir a dañar la imagen de Costa Rica en el mundo del café, y de paso afectar la imagen de todo el sector cafetalero como tal: un sector en el que sí existen productores y cooperativas que logran albergar a estas poblaciones indígenas en condiciones dignas con sus familias, y que respetan la legislación laboral aplicable.
Ya en el 2014, se podía leer en las conclusiones de esta muy completa investigación conjunta FLACSO-OIM y titulada » La travesía laboral de la población Ngäbe y Buglé de Costa Rica a Panamá: Características y desafíos» que (página 100):
«Uno de los problemas observados en el estudio se relaciona con las formas de reclutamiento laboral, sometidas a mecanismos y prácticas propios de la informalidad, por una parte, y que también derivan en costos y riesgos que pueden incrementar las condiciones de vulnerabilidad de los colectivos en conjunto, pero de cada uno de los sujetos que los integran, en particular. La existencia de estos mecanismos de reclutamiento y contratación, al margen de la supervisión de los Estados costarricense y panameño, puede conducir, en algún momento, si no es que es que ya están presentes, a la imposición de prácticas laborales no deseables y otras formas de explotación o sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena».
Al ser la tendencia actual del mercado mundial la de una mayor sostenibilidad y la de un mayor respeto a los derechos laborales de los trabajadores, y al observarse cada vez más curiosidad por parte del consumidor con respecto a las condiciones del campo en el que se produce un producto (cual sea el producto importado), resulta innecesario señalar que este reciente informe de Coffee Watch constituye una nueva advertencia: una de varias anteriores, que bien podría (así como otros informes similares) empezar a interesar a órganos internacionales de derechos humanos (sea a nivel de Naciones Unidas, sea a nivel interamericano) así como a las asociaciones internacionales de consumidores sobre comercio justo y equitable en algunas otras latitudes, en las que se sigue apreciando y cotizando a un alto valor una taza conteniendo café costarricense.
El polifacético diputado del gobierno, del Partido Pueblo soberano, José Miguel Villalobos, que ha jurado lealtad absoluta al copresidente Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que propondrá la reforma constitucional para que Chaves pueda reelegirse en las elecciones del 2030.
No hay que sorprenderse de esta iniciativa. El diputado puede proponer la reforma constitucional. Es su derecho y es válida la tramitación legislativa que se le puede dar. No hay que sorprenderse porque ha sido claro, desde el gobierno que ejerció el actual copresidente, las manifestaciones de Chaves y el interés de la reelección que él siempre declaró. Y fue parte de esa intención que escogió a su entonces ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, para que fuera su candidata presidencial, con e claro propósito de que ella ejerciera transitoriamente la dirección nacional del Poder Ejecutivo.
Por manifestaciones públicas del propio copresidente Chaves, como las que dio en Nicoya, y por claras declaraciones también de Laura Fernández, el que da las órdenes y dicta el camino a seguir en Zapote es Chaves. Como lo expresó la copresidenta en Radio Columbia, en palabras más o palabras menos: Todos tienen que obedecer y acatar lo que dice Rodrigo Chaves porque él es el ministro de la Presidencia. ¡Más claro no canta un gallo ni cacarea una gallina!
La verdad es que es lamentable el comportamiento público, que no controla en sus expresiones, la copresidenta Fernández.
Pero, volvamos al asunto de la reelección. La discusión del posible proyecto de ley que presente el susodicho diputado, por exigir una reforma constitucional, tiene un proceso de trámite calificado, que por su naturaleza dura dos años en la práctica para su aprobación. O sea, que para que Chaves tenga la posibilidad de reelegirse en el 2030 ese proyecto debe presentarse en lo que resta de este año al trámite parlamentario.
El proyecto puede presentarse señalando que el presidente, cualquiera que sea tendrá un derecho a reelegirse. Esta posibilidad de reelección puede ser inmediata o alternativa, no de ocho años, como es ahora, sino de cuatro años, para poderle dar la posibilidad de reelección a Chaves en el 2030, entendiendo a la vez, que se hará de esa manera, de reelección posible a los cuatro años de haber dejado la presidencia. Ahí encaja Chaves.
Pero, veamos otra arista de esta posible reforma y de la discusión que provocará. Si se va a aprobar la reelección, ¿por qué no hacerla de manera inmediata, lo que parece más sensato, correcto y armónico con el ejercicio presidencial? Si así se planteara, sin ningún artículo transitorio que diga que la reforma de una elección consecutiva será a partir del ejercicio presidencial del 2030.
En mi modesta opinión, si se va a discutir la reelección que se haga para que la reelección sea consecutiva a partir de este Gobierno de Laura Fernández Delgado.
¿Por qué tenerle miedo a esa reelección y a esa posible candidatura de Laura en el 2030, la que podría ir nuevamente acompañada de su actual copresidente Rodrigo Chaves, que es quien aparenta ser el que por detrás de la presidenta le marca el paso de su gobierno?
Es claro que, si se permitiera la reelección consecutiva, Laura Fernández tendría su público, sus fanáticos que la acompañan a todas las recepciones en los buses que llevan, y los simpatizantes que pudiera llegar a tener, por cuenta propia, de su ejercicio presidencial. Y, si no es tonta ni tontita, porque sería la mujer más lista en ese sentido, ella misma podría pensarse, y pensarse que ella podría ser la mejor candidata, mejor que Chaves al terminar su gobierno, en el 2029-2030. ¿Si no, para qué está gobernando?
Queda claro con la propuesta del diputado alajuelense que él como parte de la bancada oficial del gobierno rema solo, con Chaves y no con ella, salvo en aquellos proyectos que considere que debe apoyar del gobierno Chaves-Fernández.
También en la práctica histórica política de este diputado así ha actuado siempre… remando solo, o respondiendo a sus particulares y personalísimos intereses.
Para mí será interesante observar cómo se moverá toda la bancada de diputados del gobierno, como la recua política que aparentan ser, llevando juntos la misma carga, haciendo el mismo trabajo, o manifestando diferentes posiciones en este proyecto de la reelección.
Si van a proponer la reelección, deberían atreverse, de una vez, a proponer alargar el período presidencial a 6 años, con una reelección consecutiva permitida, condicionando este período a una consulta popular a mediados del período presidencial, a los tres años, preguntando a los ciudadanos sobre si continúa al presidente o no sus otros tres años.
También podría pensarse que cada elección, a los cuatro, cinco o seis años en sí misma es esa consulta ciudadana que hoy se hace, cada cuatro años, para ver si un mismo partido gobernante puede continuar o no. En este caso, con esta reforma, se discute si el gobernante y su partido pueden continuar.
Veremos que leche da el diputado José Miguel Villalobos. Me parece, por ahora, que puede estar pensando en la posibilidad de llegar a ser él, en las elecciones del 2030, el que mejor pueda representar los intereses de Chaves si se aprueba la reelección, porque Laura tampoco podría ser candidata, y esa candidatura ya se las están disputando la presidenta de la Asamblea Legislativa y el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano.
En esta ceremonia sagrada, para modificar la Constitución Política a favor del copresidente actual, Rodrigo Chaves, el diputado Villalobos ya hizo sonar las trompetas eclesiásticas que anuncian esa solemnidad, de convocar a la Asamblea Legislativa, para que le acompañen en esta ceremonia sagrada para reformar la Constitución Política, para que el pueblo pueda recibir en elecciones, como le llaman sus fanáticos seguidores y seguidoras El Mesías Chaves o el Moisés Chaves…
En esa mezcla parlamentaria político religiosa, de la fracción de gobierno, este proyecto de ley anunciado ya ha despertado a toda la jerarquía más cercana a su Dios Chaves, a sus Serafines, sus Querubines, a los ángeles que gobiernan universo político de ese movimiento, y a los Ángeles más cercanos a los seres humanos, como son los Príncipes, Arcángeles y Ángeles que en esta batalla hará su labor de troleros…
La suspensión del gerente financiero de la CCSS, don Gustavo Picado, debido a su honesta aclaración emitida, en el sentido de que esa institución no está económicamente “quebrada” como lo ha reiterado el presidente de facto Rodrigo Chaves, es un hecho muy grave.
Este fenómeno tiene múltiples causas, no obstante, también ha sido posible porque los dos últimos gobiernos chavistas encontraron bien instalado el andamiaje más reaccionario que podamos imaginar en nuestro país desde 1948.
Tengamos consciencia histórica, el andamiaje de estos abusos lo terminó de construir la administración de Carlos Alvarado: a) la reforma fiscal y el congelamiento de los salarios del sector público (2018) y, b) la declaración de ilegalidad de la huelga en el sector público (2019).
Hoy día, suspender, o despedir, a los empleados públicos incómodos para el gobierno de extrema derecha que nos rige, solo es un asunto de trámite. El «Código de Trabajo» costarricense, producto de centenarias luchas de reivindicación laboral y social, está quedando olvidado en los más recónditos anaqueles de nuestra rica historia de luchas sociales.
¡Pero ahí están aún las organizaciones sindicales de la Caja! Médicos, trabajadores de enfermería, empleados todos de nuestra insigne CCSS, saquen fuerzas por favor, ayúdennos a recuperar la autonomía institucional de esta benemérita institución.
Ese llamado se hace extensivo a todo el movimiento sindical nacional. Esta es una hora para escribir nuevas páginas de lucha y gloria para la democracia social costarricense.
Escribo estas líneas, convencida de haber sido testigo de excepción de los esfuerzos nacionales por convertir a Costa Rica en una sociedad justa, honesta, respetuosa y plural. Diversas fuentes políticas e ideológicas aportaron en la construcción de ese sendero de optimismo. Somo producto de esa diversidad.
El arribo de un movimiento de inspiración neofascista, cuya nefasta bandera hoy la levanta con gran desparpajo la presidenta Laura Fernández, no nos puede dejar indiferentes.
Como lo hicieron hace un siglo la mayoría de los sectores democráticos de diversos continentes frente al fascismo, encarnado en figuras tristemente célebres como Adolfo Hitler, alemán, Bennito Musolini, italiano, y Francisno Franco, español, la ciudadanía costarricense también debe de reivindicar con energía todos los derechos sociales, políticos y culturales que nos quieren arrebatar.
Tengamos clara otra cosa. El fascismo del siglo XXI se viste con nuevos ropajes, pero en esencia, conlleva el mismo odio por el modelo democrático, la diversidad de pensamiento, el desprecio por la división de poderes, el menosprecio por el sistema de pesos y contrapesos y la subestimación por la formación cívica en democracia para las nuevas generaciones.
Ese odio ya lo experimentan, día a día, las universidades públicas, encargadas de la formación de consciencias críticas, los colegios profesionales que anteponen el compromiso ético en el desempeño de los profesionales en medicina, derecho, ingeniería, educación, etc. Y, por supuesto, los medios de comunicación que no comulgan con las restricciones ideológicas que impone la línea autoritaria de gobierno.
¡Nubarrones muy negros opacan el futuro de las nuevas generaciones! Pero estamos a tiempo, la organización por sectores puede ser el primer paso para contener el avance autoritario: estudiantes, sindicatos, comunidades rurales y urbanas, y otros sectores de la sociedad civil puede ser la mejor respuesta. ¡Qué el miedo no nos paralice!
Estas breves líneas constituyen una invitación a reflexionar, sobre algunos temas de nuestro acontecer político cotidiano, que posibilita nuestro el enriquecimiento interpretativo y el diálogo sobre los dilemas y perspectivas sociales que nos comprometen a todos. La democracia implica compartir nuestros pensamientos sobre las relaciones sociales y el poder con otros en la sociedad. La intolerancia, el odio y la violencia en comunidad, destruyen democracia, diálogo y futuro común.
La democracia en Costa Rica tantas veces alabada y defendida, atraviesa por una profunda crisis que no llegamos a comprender ni analizar integralmente, luego no actuamos consecuentemente. Los sucesos recientes son ejemplos de los resquicios de una democracia que aparecen en determinadas y vitales circunstancias, mientras están permanentemente presentes las decisiones cosificadas en leyes y decretos, inspirados y condicionados por intereses e influencias ajenas de las demandas colectivas, así como con prácticas autocráticas que actúan contra de los intereses ciudadanos y el nacional.
Hemos defendido al poder judicial ante las acciones gubernamentales que pretendían controlarlo y subordinarlo a las decisiones e intereses del ejecutivo, no obstante, ha sido una movilización ciudadana que en su defensa logró descongelar las arbitrarias retenciones de miles de millones de colones del poder judicial, sin duda un logro democrático, además de patentizar las libertades y derechos ciudadanos.
Asimismo, habría que observar que cuando los universitarios realizan justas protestas por las arbitrarias, ilegitimas y anticonstitucionales restricciones presupuestales a las universidades públicas por decisiones fiscalistas del gobierno, nada ocurre, “brillan por su ausencia” las entidades que deben velar por el respeto y resguardo de la democracia y la Constitución. Asimismo, como cuando las operadoras de pensiones se apropian de los dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), que pertenecen a los trabajadores, que al ser manipuladas por dichos entes en los mercados financieros, ocasionaron pérdidas millonarias a los recursos de los trabajadores que nutren los mercados con recursos de décadas de esfuerzo laboral, sacrificios en la salud personal y familiar de miles de asalariados y la de privarlos de su capacidad decisora de sus propios recursos, son prácticas crueles e ilegitimas de disposiciones legales inmorales e indignas.
No devolver los dineros a sus legítimos dueños por parte de las entidades que los parasitan, ni ser autorizado por los diputados, que tienen la obligación de legislar en favor de quienes representan, es una práctica cruel y antidemocrática, que degrada la situación de vida a los miles de trabajadores jubilados de hoy y los millones del mañana. Es paradójico que un Estado que está obligado de proteger y amparar la democracia sea el protagonista de su deterioro y de su destrucción dictatorial.
El Estado costarricense no es un observador de la inequidad y desigualdad en las relaciones sociales, es protagonista directo, porque regula parcial y parcializadamente las relaciones sociales y jurídicas de la sociedad, que no son neutras ni representan a todos igualitariamente, porque representan a empresarios globales y los intereses imperiales, que se han arrogado ideológica, política y económicamente ser quienes disponen de vidas y sociedades. El estatal costarricense se ha convertido en “furgón de cola” de intereses ajenos que atentan contra nuestros derechos y sociedad.
La democracia no es una creación estatal, es la actuación de la totalidad social, que no solo la crea, defiende y enriquece la democracia con sus protestas y demandas para superar las imperfecciones que todo sistema hereda y reproduce, como un proceso en constante transformación, inserto en un contexto inequitativo, desigual y contradictorio. No obstante, nuestra democracia está siendo privatizada por el Estado, para convertirla en una tiranía que nos silencia y empobrece, donde la igualdad formal es “papel mojado”. La pretensión de ridiculizar las voces disidentes desde el poder estatal revela la intolerancia, ignorancia y violencia del discurso de odio, contra las justas demandas ciudadanas.
[1] Catedrático, docente e investigador. Pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.
“En una república, los votos otorgan un mandato temporal, no un poder absoluto. El imperio de la ley existe para blindar la libertad ciudadana frente a los impulsos y los decretos del mandatario de turno.”
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
Una defensa del principio de legalidad consagrado en el artículo 11 constitucional frente a la peligrosa normalización del autoritarismo discursivo y la opacidad estatal.
En el debate político contemporáneo de Costa Rica, ha comenzado a arraigarse una peligrosa confusión conceptual sobre la naturaleza del poder en una democracia. Con alarmante frecuencia, quienes ejercen las magistraturas del Poder Ejecutivo tienden a asumir que el respaldo mayoritario obtenido en una elección los faculta para situar su voluntad por encima de los controles institucionales, retratando las resoluciones judiciales, las advertencias de la Contraloría o el control parlamentario como «obstáculos» que impiden gobernar. Ante esta retórica de la confrontación, se vuelve imperativo regresar a las bases jurídicas que sostienen nuestra República y recordar una verdad fundamental: el gobernante no es el dueño del Estado; es, simplemente, su administrador temporal.
Nuestra Carta Magna es categórica al respecto. El artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica estipula con claridad meridiana que «la soberanía reside exclusivamente en la Nación». Esto significa que el pueblo es el único y verdadero «soberano». Las personas que ocupan la presidencia, los ministerios o las curules legislativas no adquieren una soberanía propia; son meros delegados.
Bajo esta lógica constitucional, es imperativo advertir que el hecho de que el partido actual en el poder se denomine «Pueblo Soberano» constituye una simple etiqueta electoral y una estrategia de nomenclatura partidaria; bajo ninguna circunstancia significa que dicha agrupación pueda encarnar o monopolizar a «al soberano». Pretenderlo, como se asoma en ocasiones en el discurso oficial, rozaría incluso el supuesto del artículo 3 de nuestra Carta Magna, el cual tipifica como “traición a la Patria” cualquier intento de usurpar la soberanía nacional.
En este contexto es importante recordar que el andamiaje constitucional costarricense se blindó contra el absolutismo mediante el artículo 105, el cual delega la potestad de legislar en la Asamblea Legislativa, y el célebre artículo 11, que consagra el Principio de Legalidad y la rendición de cuentas: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.”
La transitoriedad es, por lo tanto, una condición indispensable de la legitimidad democrática. Quien gana una elección no recibe una corona, sino un mandato a plazo fijo con reglas de juego preestablecidas. El ejercicio del poder en una república exige comprender que la alternancia en el gobierno y el respeto a las minorías no son concesiones benévolas del mandatario de turno, sino garantías que protegen a los ciudadanos frente al abuso. Cuando un gobernante utiliza el lenguaje de la ofensa, el secreto de Estado como refugio para la opacidad o la descalificación sistemática de los jueces del Poder Judicial, está violentando el pacto cívico que juró defender al asumir el cargo. La fuerza de Costa Rica nunca ha residido en la estridencia de personalidades mesiánicas, sino en la solidez de sus instituciones de control.
La historia enseña que las democracias rara vez colapsan por golpes de Estado abruptos; se marchitan desde adentro cuando la ciudadanía normaliza la degradación del lenguaje oficial y acepta la premisa de que la «mano dura» justifica el debilitamiento de la legalidad. Atacar los contrapesos institucionales bajo el argumento de que «no dejan trabajar» es una falacia autoritaria.
Un ejemplo concreto de este desencuentro institucional se evidencia en las recurrentes manifestaciones de la presidente Laura Fernández, quien, amparada en el porcentaje obtenido en las urnas, ha cuestionado públicamente a la cúpula de la Corte Suprema de Justicia al afirmar que sus magistrados responden a intereses continuistas, sugiriendo incluso que la judicatura debería someterse a votación popular. Esta retórica oficialista pretende subordinar la independencia técnica y judicial al veredicto de las mayorías electorales, ignorando que los tribunales existen precisamente para aplicar el derecho con neutralidad y blindar las garantías fundamentales frente a los impulsos políticos del gobierno de turno.
Los frenos y contrapesos existen precisamente para evitar que el poder se concentre en unas solas manos, garantizando que el diseño de las políticas públicas responda al interés nacional y no al capricho o al beneficio de una corporación o un partido específico. La fiscalización que realiza la prensa, la legislación que elabora la Asamblea Legislativa, su ejecución a cargo del Poder Ejecutivo y los límites que imponen los tribunales de justicia no son bloqueos al desarrollo: son la esencia misma de nuestra democracia y la vida en libertad.
Nuestro país ha construido su excepcionalidad internacional y su paz social sobre la convicción de que nadie está por encima de la ley. En este sentido, la ciudadanía tiene la responsabilidad histórica de mantener una vigilancia cívica activa y no dejarse seducir por narrativas que buscan dividir al país en un río revuelto de odios y polarizaciones.
Este próximo mes de la patria es el momento oportuno para recordar que las notas de nuestro Himno Nacional y su consigna de «Vivan siempre el trabajo y la paz» requieren coherencia en el ejercicio público.
En el contexto de turbulencia y confusión que hoy vivimos, se hace imperativo exigir a los gobernantes temporales estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda, y recordar, con firmeza republicana, que el verdadero soberano sigue habitando pacíficamente en cada ciudadano de este país.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Académico Universitario. Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales Exfuncionario Banco Mundial IFC (Ecuador- y, América Latina) 📧 luis.martinez.sandoval@gmail.com 📱 Cel. 62764133
Vivimos en un momento en que la humanidad observa cambios profundos en el clima, pérdida de biodiversidad, contaminación de los océanos, deforestación, sequías, incendios y deterioro de los ecosistemas. Frente a esta realidad surge una pregunta que no es solamente científica o económica: ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la creación que habitamos?
La Biblia no utiliza el concepto moderno de calentamiento global ni ofrece una explicación científica del cambio climático. Sin embargo, contiene una profunda reflexión sobre la relación entre el ser humano, la Tierra y Dios. En sus páginas – desde el Génesis al Apocalipsis- encontramos tres ideas que adquieren especial significado en nuestro tiempo: cuidado, responsabilidad y consecuencias.
La Tierra no nos pertenece absolutamente
El Salmo 24 comienza con una afirmación fundamental:
“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan”. — Salmo 24:1
Desde esta perspectiva, el ser humano no es dueño absoluto de la creación; es parte de ella y tiene una administración delegada sobre ella. Esta idea cambia nuestra manera de entender los recursos naturales. El agua, los bosques, los animales, los mares y la tierra no deberían ser considerados únicamente como mercancías disponibles para ser explotadas al extremo.
La pregunta deja de ser solamente “¿cuánto podemos obtener de la Tierra?” y comienza a ser: “¿Qué estamos dejando para quienes vienen después de nosotros?”
El mandato de cuidar
Uno de los textos fundacionales aparece en el Génesis:
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase”. — Génesis 2:15
Aquí coexisten dos acciones fundamentales: labrar y guardar. Labrar significa utilizar, transformar y producir. Guardar significa proteger, conservar y custodiar. La Biblia, por tanto, no presenta al ser humano como un agente alienado que deba abandonar la naturaleza, sino como su administrador.
El problema contemporáneo aparece cuando la capacidad de transformar se separa de la responsabilidad de conservar. La humanidad ha desarrollado una extraordinaria capacidad tecnológica: podemos modificar ríos, extraer minerales, talar bosques y producir energía a gran escala. Pero una pregunta crucial permanece: ¿Tenemos la misma capacidad para reparar aquello que destruimos?
Autoridad no significa destrucción
Génesis 1:28 expresa un mandato históricamente malentendido:
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla…” — Génesis 1:28
Una interpretación irresponsable ha convertido el «dominio» sobre la Tierra en una autorización para la explotación ilimitada. Sin embargo, este pasaje debe leerse en estricta correlación con Génesis 2:15. Si el ser humano recibe autoridad, también recibe una rendición de cuentas. Dominar no es sinónimo de destruir; una autoridad legítima y responsable administra pensando no solamente en la ganancia presente, sino en la viabilidad del futuro.
La Tierra puede enfermar
Uno de los textos más sorprendentes y vigentes para una reflexión ambiental se encuentra en el libro de Isaías:
“Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo… La tierra se contaminó bajo sus moradores”. — Isaías 24:4-5
Sin pretender convertir este texto en una predicción científica anticipada, la imagen analógica resulta profundamente actual. Una sociedad puede enfermar sus ríos, sus mares, sus suelos y sus bosques hasta alterar ecosistemas enteros. Al final, la humanidad termina afectándose a sí misma, pues no vivimos fuera de la naturaleza: somos parte indisociable de ella.
Las consecuencias de destruir
El libro de Apocalipsis plantea una advertencia ética severa:
“…y de destruir a los que destruyen la tierra”. — Apocalipsis 11:18
Más allá de interpretaciones escatológicas literales, el texto plantea una seria cuestión moral: ¿Qué ocurre cuando la humanidad utiliza su poder para sabotear los sistemas que sostienen su propia existencia? La contaminación, la deforestación y la explotación irresponsable tienen consecuencias sistémicas observables. La reflexión bíblica añade una dimensión ética insoslayable: no todo lo que tecnológicamente podemos hacer significa que debamos hacerlo.
La creación también sufre
El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento:
“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora”. — Romanos 8:22
Es una metáfora profundamente conmovedora: la creación “gime”. Al trasladar esta profundidad espiritual a indicadores actuales, cabe preguntarnos:
¿Puede llamarse progreso a un modelo económico que consume más de lo que la biosfera puede regenerar?
¿Puede llamarse desarrollo a una dinámica que deja una estela irreversible de contaminación detrás de sí?
La verdadera prosperidad debe incluir, obligatoriamente, la capacidad de preservar la vida.
La Tierra también tiene un límite
En el Levítico se establece otra premisa de propiedad absoluta:
“La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es…” — Levítico 25:23
En el antiguo Israel existían normas estrictas sobre el descanso de la tierra (el año sabático agrícola). Nuestra época necesita recuperar urgentemente una palabra que el mercado global tiende a olvidar: límite. El planeta tiene límites físicos, los recursos son finitos, los ecosistemas tienen un umbral de absorción de contaminantes y la capacidad humana para reparar daños severos también es limitada.
Una teología de la restauración
La visión bíblica no es una narrativa de desolación fatalista; concluye en la restauración.
“Plantaré en el desierto cedro, acacia, arrayán y olivo…” — Isaías 41:19
Donde había aridez y destrucción, el texto proyecta vida y recuperación forestal. Esto nos convoca a una ecología proactiva. La lucha ambiental no debe limitarse a la denuncia legal o económica; debe reparar. Reforestar, recuperar cuencas hidrográficas, reducir drásticamente los residuos y transformar los patrones de consumo son imperativos de una responsabilidad que no solo evita dañar, sino que se ocupa activamente de reconstruir.
Sanación integral
Isaías ofrece una imagen extraordinaria de restauración cósmica:
“Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor… el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga…” — Isaías 30:26
La creación participa activamente de los ciclos de sufrimiento y sanación en la narrativa bíblica. La herida del entorno es también nuestra herida. Si como civilización hemos sido capaces de vulnerar nuestro planeta, debemos asumir la corresponsabilidad histórica de sanarlo.
El valor intrínseco de la biodiversidad
En los Evangelios, Jesús diluye el antropocentrismo radical al señalar:
“Mirad las aves del cielo… ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre”. — Mateo 6:26, 10:29
En estas líneas, la vida no humana posee un valor inherente ante los ojos del Creador, independiente de su utilidad económica para el ser humano. Cuando destruimos hábitats y provocamos la pérdida de biodiversidad, no estamos perdiendo un mero «recurso básico», sino una expresión irrepetible de la vida silvestre.
Un dilema ético antes que climático
El cambio climático se mide con precisión en grados Celsius, partes por millón de CO₂ o elevación del nivel del mar. Pero detrás de la métrica subyace una encrucijada estrictamente humana: ¿Qué clase de civilización queremos construir?
Una economía cimentada de forma exclusiva en el hiperconsumo y en la cultura del descarte enfrentará inevitablemente las consecuencias físicas de sus premisas operativas. La crisis ambiental no es solo un desafío de ingeniería o de sustitución tecnológica; es un asunto ético, político, cultural y, para miles de millones de personas, profundamente espiritual.
Hacia un desarrollo responsable
Nuestra generación tiene el imperativo de actualizar el principio de «labrar y guardar».
Producir, pero conservar.
Construir, pero proteger.
Consumir, pero moderar.
No se trata de renunciar a la tecnología ni de detener el bienestar económico, sino de redefinir qué significa un progreso real. El éxito del desarrollo futuro no debería medirse por los volúmenes de extracción y desecho, sino por nuestra eficiencia para sostener y conservar los sistemas vivos.
Conclusión: La Tierra como legado y fideicomiso
La Biblia no nos legó un manual de ciencias climáticas, sino algo mucho más exigente: una responsabilidad moral. Nos recuerda que la Tierra es un préstamo, un fideicomiso sagrado puesto en nuestras manos.
“Los cielos son los cielos de Jehová; y ha dado la tierra a los hijos de los hombres”. —
Salmo 115:16
Tener algo bajo nuestro cuidado no nos otorga el derecho de desmantelarlo; nos impone la obligación de entregarlo en condiciones dignas. La pregunta final que definirá nuestra época no es “¿cuánto más podemos extraer de la Tierra?”, sino: “¿En qué condiciones vamos a heredar la casa común de la vida a las próximas generaciones?”
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