Estos breves textos llevan como finalidad deconstruir al tico, (destruir al mismo tiempo que se construye). Es una enorme muralla para el progreso personal y, de la sociedad costarricense. Impide ir hacia un más allá.
El tico es la persona que dice que no, sin dejar huella de que ha dicho que no. Es un sistema de tonos de voz, gestos, palabras, costumbres, por las que se evita decir, no, pero es lo que se ha hecho, sin que sea percibido. ¿Por qué se hace? ¿Cuáles son las consecuencias?
Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Salmo.115:16 (NTV).
En el marco del Dia Mundial de la Educación Ambiental (26 enero 2024), desde la Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, deseamos compartir con ustedes, algunas informaciones y apreciaciones en torno al tema.
Primero, creemos que tanto la educación ambiental como el tema del ambiente, son importantes para la toma de conciencia en torno a ellos, y sus implicaciones humanas.
Segundo, desde la IMWC, deseamos enfatizar que: una de nuestras opciones es por una educación integral, y, por ende, lo ambiental no escapa de ella.
A su vez, participamos en el cuidado y defensa del medio ambiente, a fin de garantizar la vida de todos los seres vivientes.
También, el artículo 2 de nuestro reglamento interno, sobre nuestra Misión señala que: La Misión de la IMWC, es la de defender la vida en todas sus dimensiones y para los sujetos de la Missio Dei: humanidad y creación restaurando la vida comunitaria, en especial la vida de las personas más vulnerables de la sociedad.
El artículo 3, declara que el quehacer institucional, es proclamar el Evangelio desde una perspectiva ecuménica, solidaria y profética por medio de nuestros ministerios y/o programas pastorales, que son espacios de formación bíblico-teológica, vocacional, profesional y celebrativos que permiten el fortalecimiento del liderazgo y de las congregaciones, contribuyendo con alternativas para la salud integral de la comunidad y del medio ambiente.
Entonces a partir de los postulados arriba indicados, el tema de la educación ambiental debe ser un desafío constante para todos y todas. El proceso educativo antes apuntado puede prevenir y/o resolver los problemas sociales, económicos, comunitarios, religiosos, políticos, teológicos y otros porque nos enseña a vivir una vida sana integrada y equilibrada con el entorno.
A su vez, reiteramos que muchos de los desafíos que hoy tenemos, son causa del desequilibrio e irrespeto por la vida del planeta.
Es imperativo, entonces, que busquemos soluciones de información y educación hacia todos los sectores de la ciudadanía, para buscar un equilibrio justo y equitativo.
El psicólogo español Ramón González Cabanach, señala que es imperativo ir hacia una cultura ambiental, que se asuma como un proyecto político integral, que no se reduzca a aspectos informativos o soluciones parciales y de corto plazo. Es urgente ir hacia una transformación estructural de la economía y de los sistemas de producción; debemos conducirnos por una conciencia social, que evite la perdida de la biodiversidad y de la humanidad.
Así entonces, debemos propiciar el cuidado y la educación al medio ambiente, como un deber universal y humanitario.
Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra Salmo. 21:2 (BVI).
En todo proceso político, hay dos factores internos importantísimos, que son clave entre los factores clave, aunque no son los únicos: pueblo y organización.
El pueblo es un actor; la organización es una condición sine qua non.
Ahora bien, Guatemala, como cualquier otro país, no está sola, ni es única en el mundo.
Por eso digo que no son los únicos, porque hay otros factores y actores: en el ámbito externo.
Siendo que el actual gobierno, cuenta con pueblo, organización (hay que sopesarla) y elementos del ámbito externo en el actual proceso político; hay que evaluar ese balance relativo en el “juego” de pesos y contrapesos, para visualizar las posibilidades de las decisiones más consecuentes, tomarlas y echarlas a andar, con firmeza, decisión; mostrando la cara y talante debido; y hablando en el tono y con las palabras, que pongan las cosas en su lugar.
Es mi impresión que, en ese escenario y valoración, el gobierno de Guatemala, que viene de un proceso con base en la voluntad popular y nacional, y por lo tanto tiene ese arraigo y cuenta con ese respaldo; tiene a su favor el balance para tomar decisiones con firmeza y pasar a su ejecución.
No es posible que a los actores y elementos que el pueblo y ese balance les dijo NO, ya basta, se les siga permitiendo tanto margen de maniobra; que se comporten como se comportó el Congreso el 14 de enero y luego la Corte de Constitucionalidad, siga con esa indolencia política.
En cuanto al Congreso, viene al recuerdo, aquellos momentos en los que, “Taco” (Vinicio Méndez, QPD.) en los años 80, hizo un concurso para ver quién se llevaba el “clavo” y se lo llevó “el circo”, el Congreso (creo que le cerraron su programa o espacio televisivo, por eso).
Lo del 14 de enero, fue de conocimiento y bochorno mundial; lo ejecutado por la fiscal general y el juez cómplice, desde hace meses, es de vergüenza y oprobio. La imagen del pueblo y del país está por reivindicarse.
Hay conciencia del momento histórico en el que se está y de un ya no más para atrás; y muy importante: hay voluntad y decisión, condiciones subjetivas fundamentales.
En el ámbito internacional, las lecturas y las decisiones consecuentes son la luz. Los actores aclaran sus intereses y se mueven. Para no ir tan lejos, México, Honduras y Brasil, para mencionar uno por subregión continental, perfilan sus derroteros.
El caso de Milei en Argentina es lamentable para el género humano, para la elemental justicia, solidaridad y bienestar de la población. Se atrevió a Insinuar la Venta de niños (“Alta Data”). También la venta de órganos (“AN”) y regular un mercado para el efecto. Bueno, quienes lo eligieron, lo eligieron para presidente de Argentina. Ojalá de ahí no pase.
Corrupción, clientelismo, egoísmo y exclusión vs. Transparencia participación, inclusión y oportunidad
Aquí, en el ámbito interno, es donde pueblo y organización son claves, aunque también son determinantes en el ámbito externo.
Algunas características de la formación social guatemalteca han sido la exclusión, la marginación de grandes sectores de la población, de la organización y gestión en la construcción del país.
Estas características, necesariamente van acompañadas de elementos despreciables como el clientelismo, fomentado y hecho parte del sistema, por élites sin más visión que su egoísmo.
Cómo no va a fructificar el clientelismo/servilismo, en una sociedad piramidal, cuya estructura y relaciones, están permeadas y constituidas en su ADN, por elementos como la discriminación, la opresión, el abuso, la violencia.
Una estructura social piramidal, cuyo aceite movilizador, es mantener a los individuos aislados y desarticulados; inculcar en éstos la des validez y el no aprecio por sí mismos; la afinidad con la figura del “patrón” y el servilismo, ambas como creencia de que es el único camino del “progreso” personal, en lo que la erótica del poder constituye parte insoslayable.
Los elementos presentes en el otro lado de la moneda son, el desprecio de la relación constructiva con los iguales; la auto desvaloración y desvaloración de sus semejantes; elementos consistentes de la desorganización y desarticulación propiciadas.
Quiero dejar claro que, cuando hablo de participación, no me refiero sólo a una mera presencia “legitimadora” de haceres que definen otros, sino a ser factor en la toma de decisiones, a participar de manera determinante, en la construcción y destinos del país.
Estamos hablando del Pueblo, siendo actor y factor en la construcción de esa oportunidad social, que en momentos del pasado la ha visto negada, impedida. Oportunidad social que implica, por supuesto, la oportunidad política.
Una gestión asertiva del país significa que todos los involucrados en esa gestión, hacen sus aportes a la composición inteligente, consecuente y justa en los asuntos políticos y en los asuntos económicos de la sociedad, para lo que la educación y formación idóneas, son un elemento fundamental, así como el arte y la comunicación.
Clientelismo y servilismo, son entonces prácticas y actitudes por erradicar, si no del 100%, tenerlas siempre en la mira.
Lotería vs. Proyecto
Traigo a colación el ejemplo de la lotería, para consolidar la actitud de que los proyectos se construyen, se planifican, se echan a andar, se defienden, se concretan y se lucha por ellos, de principio a fin. Están en nuestras manos y decisiones, el logro, los alcances, los cambios, los efectos planificados.
En la lotería, en cambio, nos encomendamos a la suerte, a lo que no depende de nosotros; a la falta de certeza; no al hacer sino al esperar; a lo que no está en nuestras manos ni decisiones; en donde nuestra creatividad y empeño no cuentan.
Participar en la construcción del futuro y dejar de estar soñando con “pegarle al gordo”; que es en lo que las élites quieren mantener dormida a la población.
La lotería es un buen ejemplo de cuando se decide ponerse en las manos de los que venden sueños de opio; de los que desarticulan y des valen a la población de sus capacidades y coraje; como las promesas demagógicas de candidatos corruptos.
Vigilancia y monitoreo de la marcha de los sucesos, es indispensable para que nada se desvíe de lo planificado.
Estados Unidos
Como ya es conocido, en 1954, Estados Unidos fue corresponsable del derrocamiento del gobierno democráticamente electo del presidente Jacobo Árbenz Guzmán, lo que lo hace corresponsable también de lamentables sucesos posteriores.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, también democráticamente electo, en esta ocasión está recibiendo el apoyo del gobierno de ese país. Bienvenido y vigilancia.
A la vez, el gobierno del presidente Arévalo recibe el apoyo de organismos como la OEA y de la Unión Europea, organismo e instancia con fuerte injerencia de Estados unidos.
Sin llamarse a engaño, se está en un momento, en el que hay que ver la realidad con ojos de futuro cierto. Estados Unidos en este momento, es el país que está al frente de una parte del mundo, que incluye al Grupo de los 7, que tiene una enorme cuota de poder mundial, pero se encuentra fuertemente cuestionado y en un escenario mundial en disputa.
Recordemos que, una máxima de Estados Unidos es que no tiene amigos sino intereses y que no duda en usar políticas y maniobras, según esos intereses.
Si está apoyando al actual gobierno de Guatemala, es porque está en correspondencia con sus intereses. Esta relación de correspondencia y sus formas de concretarse, es a lo que se debe estar atentos de manera permanente.
La ciudadana Consuelo Porras y los procederes democráticos por ejecutar
Circuló un vídeo en el que la ciudadana Porras, se refiere a la reunión con el presidente, en el que dice “…quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la república, para hacerles saber, de forma categórica que … no voy a renunciar”.
¡¡Hablarle así al soberano!! Se le fue la mano a la ciudadana.
También circuló el documento: “Carta abierta de constituyentes al presidente Arévalo para destituir a Consuelo Porras”.
Entonces, hay cómo proceder.
En algunos países de Centroamérica hay un dicho (puede parecer fuerte): “Al tonto, ni Dios lo quiere”.
En estos días ha pasado algo estremecedor para Costa Rica, aunque previsible, algo sorprendente. Las redes sociales primero y después la prensa toda, la escrita, la televisiva y radial, se hicieron eco de una denuncia en el sentido de que un exministro habría recibido una frondosa paga, por haber servido de “andamio y puente” a una empresa multinacional de origen estadounidense, para facilitarle a esta entrar a explorar y luego explotar los eventuales yacimientos de petróleo y gas que pueda haber en nuestro suelo. El exfuncionario sirvió de “puente” para un gran negocio supuestamente, como si la empresa necesitara de un “Lazarillo de Tormes” para apuntalarse en el país.
El nombre del exfuncionario gubernamental se hizo público después, sin que de momento esa persona hubiese querido atender a la prensa que lo solicitaba para que confesase si aceptaba o no ser la persona que había servido de contacto para encargarse de “abrirle trocha” a la multinacional expeditando así el aparentemente millonario negocio de la empresa extranjera. “El que nada debe, nada teme” reza un dicho popular. ¿Por qué no atendió a la prensa inmediatamente? ¿Qué tiene que ocultar?
Algunos hemos escrito alertando a nuestros conciudadanos acerca de la inconveniencia de permitir que nuestro país se embarque en consentir la exploración y luego eventualmente la explotación petrolera. Hemos expuesto nuestras justificadas razones. Por cierto, por eso me gané el año pasado una sarta de insultos de parte de un sujeto que, barrunto, si no será que está metido en el negocio también. Mi oposición a la exploración y eventual explotación de los hidrocarburos tiene fundamento en sólidos razonamientos de carácter científico. No hallo por qué alguien tenga que proferir insultos basado en suposiciones infundadas para rebatir razones sustentadas en basamentos sólidos. Resumo ahora la raíz de mi preocupación:
1. La exploración conducente a la improbable explotación de los hidrocarburos no es una actividad inocua. La experiencia en gran parte de los países donde se ha explorado la existencia de yacimientos de petróleo y gas ha provocado una enorme contaminación del subsuelo terrestre o marítimo, sobre todo cuando se ha usado el procedimiento conocido como “Fracking” o fractura de la roca, que surgió en la década de los años cuarenta del pasado siglo; se aplica mayoritariamente en reservorios no convencionales para estimular la extracción de los hidrocarburos.
2. Con mucha frecuencia se producen fugas de metano, que como se sabe es un gas de efecto invernadero. Además, la fractura de la roca puede producir mayor actividad sísmica, sobre todo en un país de alta sismicidad como es el nuestro. En tercer lugar, se afectarían los bosques, puesto que, para iniciar la exploración de los yacimientos, se requiere despejar, talar una gran área del bosque. Con ello se facilita la erosión del suelo y la fuga del CO2 que requieren capturar las plantas. Todo redunda en un mayor calentamiento climático.
3. Costa Rica se ha ganado un gran renombre en la comunidad internacional, por haber abierto el camino al desarrollo “azul y verde” en consonancia con la naturaleza, con los ecosistemas y con la vida. Hemos sustituido el uso de energía fósil por energías limpias, y hemos desarrollado ya gran infraestructura para continuar por esa senda produciendo un desarrollo sostenible y sustentable, lo que implica compatible con el ambiente y contra el cambio climático. Pero, es evidente que aún falta mucho para contribuir en nuestro suelo a combatir el calentamiento climático.
4. De acuerdo con la información internacional, el cambio climático continúa avanzando aceleradamente, o más aceleradamente de lo que los científicos han postulado como recomendable para mantenernos por debajo de 1.5 grados Celsius de temperatura por encima del nivel que se tenía en la era preindustrial; algo grave de por sí, que ningún país tiene derecho a ignorar.
5. Las razones que se han esgrimido en el sentido que requerimos explotar la energía fósil para invertir en nuestro desarrollo, se agrietan por todas partes. Primero, no es nada seguro que haya yacimientos de petróleo y gas en condiciones comerciales como algunos suponen. En segundo término, de existir, para poder explotar esos supuestos yacimientos habrá que esperar que pase el proceso exploratorio que, me dicen personas entendidas, no dura menos de ocho años. ¡Imagínense, ocho largos años! De aquí a entonces los hidrocarburos como energía vendrán en picada descendente.
¿Quién es el funcionario, quién es el “lazarillo” de quién se trataba?
Ahora se sabe quién es el exfuncionario que firmó un contrato con la empresa petrolera “Black Hills”: se trata del exministro Roberto Dobles. Al parecer el contrato fue firmado después de haberse desempeñado como ministro de ambiente; los hechos ocurrieron de la siguiente manera: la empresa recibió el aval del ministerio de ambiente en el año 2.000, durante la administración de Miguel A. Rodríguez, para explorar petróleo en seis bloques terrestres en la zona norte de Costa Rica. No obstante, la compañía nunca completó los estudios de impacto ambiental en SETENA, por ello, “Black Hill” no consiguió el aval de la SETENA. En 2018 el MINAE archivó la adjudicación.
El exministro Dobles entra a jugar en esta trama para “asesorar” a la empresa a cambio de recibir jugosas regalías, pues de acuerdo con el convenio firmado entre las partes, la empresa debía pagar al exfuncionario público por su asesoría, entre 2,5% y 3% de las utilidades anuales generadas de la eventual extracción de petróleo y gas natural, durante todo el período de explotación (Cfr. Diego Bosque y Oscar Collado, periodistas de La Nación. “Exministro Dobles demanda a petrolera en Denver, Colorado.” LN.24.1.2024. p.9)
Según el mismo contrato, como lo reseñan los periodistas, la empresa debió pagar a Dobles la bicoca nada despreciable de $236.000 (dólares americanos), o sea 124 millones de colones al tipo de cambio actual. La cuestión aquí radica como siempre, según declaraciones del exministro de Ambiente del gobierno de Luis Guillermo Solís, Edgar Gutiérrez Espeleta, en que se habría producido lo que se conoce en la jerga de ese mundo de los negocios como “puertas giratorias”. Quiere decir que, las autoridades que un día laboran “regulando” una actividad económica, después de dejar el puesto público, aparecen firmando contratos millonarios con las mismas empresas que antes supervisaban. (Cfr. Ibidem.) Podría haber aquí como también expresó Fabián Pacheco, un delito consistente en un conflicto de interés por parte del exfuncionario. Juzguen ustedes.
Insulta la más elemental inteligencia humana, pensar en las grandes fortunas amasadas en Costa Rica, y en América Latina, en general, sin un Estado en función exclusiva de las burguesías locales, especializadas en lo que ahora los “gringos” llaman “puertas giratorias”, como modelo de “desarrollo” para mantener a nuestros pueblos en la sumisión, la indignidad y la ignorancia.
Hay diversas definiciones de “puertas giratorias”, pero todas remiten a una fina corrupción casi imperceptible, pero devastadora para las clases más pobres, gracias al “lobby” y la utilización de los cargos públicos para amarrar negocios y fortunas desde la función estatal, unas veces en secreto, y otras no tanto.
Indudablemente, con la llamada “fiebre del oro”, desde mediados del siglo XIX, la expansión del comercio con las metrópolis, el consumo del petróleo, el gas natural y otros vitales energéticos para el capitalismo, estas élites no tuvieron empacho en entregar concesiones mineras, ferrocarriles, petróleo etc., como hacen en el siglo XXI con el agua, la flora, la fauna, comercio, bancos, telecomunicaciones, carreteras, educación, sanidad, tecnologías propias, riquezas del subsuelo, tradiciones culturales, entre otras. Fue con esta concepción de Estado, en función de los intereses de las nacientes clases surgidas del despojo y saqueo llevados a cabo sobre los pueblos originarios, desde que, según la versión racista, fuimos “descubiertos” o se “encontraron dos mundos”.
A manera de ejemplo irrebatible – lo mismo puede citarse a Macri en Argentina, a Piñera en Chile o una larga lista de expresidentes peruanos – los cinco gobernantes mexicanos del periodo de capitalismo más agresivo terminaron como verdaderos maestros del lobby y las puertas giratorias.
En el marco de una consulta popular boicoteada por el instituto electoral, a fin de someter a juicio a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, se supo cómo los presidentes durante sus ejercicios o el de sus funcionarios hicieron de la llamada “puerta giratoria” toda una manera de vivir.
Y como en Nuestra América el “lobby”, la “puerta giratoria” o el “conflicto de intereses”, en la mayoría de los países, no es delito, o sus penas causan risa, todas estas conductas son “legales”, mas no morales, que importa poco, porque si la moralidad de estos tipos se mide por cuánto te dejó el paso por la función pública o cuántas prebendas obtuviste, interesa entonces solo cuántos escalones subiste dentro de la clase en que te mueves.
Idéntico caso pasa sí alguien en algunos de nuestros países tiene la entereza de pelear para elevar la corrupción administrativa activa o pasiva a delito similar a terrorismo, dados los estragos y terror que causa a las mayorías más vulnerables, enferma, sin casa, salarios de hambre etc., pues la “puerta giratoria” ya es parte de los negocios y poco importa la ética o la moral cuando se trata de dólares.
Uno de los personajes continentales que más ha llamado la atención en pleno siglo XXI, por caer en estas prácticas de corrupción, es el expresidente Ernesto Zedillo, quien privatizó en solo dos años el patrimonio industrial, histórico y cultural de México que eran los ferrocarriles nacionales.
Su administración otorgó concesiones de entre 20 y 50 años al Grupo México Transportes (Ferromex), Grupo Acerero del Norte, Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana y Grupo Triturados Basálticos (Tribasa).
Además, por la indignante cantidad de mil 400 millones de dólares, vendió el sistema a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries.
Cabe mencionar que, luego de este proceso, el sistema ferroviario se dedicó únicamente a transportar materias primas, se abandonó el transporte de personas y diversas regiones en el interior del país quedaron incomunicadas.
Durante 2023 y 2024 México arreció la recuperación de aeropuertos y trenes. Actualmente construye, sin un centavo de deuda y solo cobrando impuestos y acabando con la corrupción, el Tren Maya de 1500 kms de línea férrea y un costo de$28500 millones.
Sin pretender quitar “méritos” a estos personajes presentes desde el rio Bravo hasta la Patagonia, es menester enfatizar que estas clases surgidas a raíz del despojo y el saqueo provocado por el holocausto contra los pueblos originarios vieron en el nacimiento de los nuevos Estados la posibilidad de aumentar su acumulación originaria, de la mano de lo que entendían entonces como “progreso”.
El intercambio comercial con las metrópolis fue la excusa perfecta para que el Estado naciente cediera rústicos embarcaderos, grades extensiones de tierras comunales para producciones de caucho, granos, entre otros. Luego a mitad del siglo diecinueve la sobre valoración del oro, el cobre, la plata, entre otros, como metales indispensables para el capitalismo industrial, facilitó que muchos de nuestros próceres dieran en concesiones canteras, minas, ferrocarriles, etc., por tiempo indefinido, a cambio, en muchos casos, de un pequeño porcentaje del negocio privado con los bienes pertenecientes a sus pueblos.
Con lo que representa hoy el petróleo, el gas natural, el litio, las tierras raras, el espectro electromagnético, el agua, la fauna, la flora, la sanidad, nuestros océanos y nuestras tecnologías, entre otras, para la mayoría de esas élites, enriquecidas al calor del Estado, su aliado “natural” resulta ser el actual capitalismo, en su fase más agresiva, a fin de evitar cambios en sus statu quo.
Por eso su democracia, referida únicamente a escogencia de sus cuadros cada cierto tiempo, a ritmo de fiestas y carnaval, cada vez es más oscura y es cosa exclusiva de tecnócratas. Nada de hacer públicas los actos y decisiones de la clase gobernante y mucho menos pensar en mecanismos de participación directa de sus pueblos en la “Res pública”.
Por el contrario, cuando en alguno de nuestros países aparece un pueblo exigiendo participación democrática directa, es porque existe en él algún grado de politización (a esta ayuda el acceso a educación de calidad, el debate de ideas y la rigurosidad en lo que emprendemos); entonces rápidamente es neutralizado con el relato de la politiquería, para evitar que avance su concientización.
Por eso otro mexicano merecedor de mención “honorifica”, con base a la cita bibliográfica arriba citada, es el gobierno encabezado por Felipe Calderón (2006-2012). Llegó al poder mediante un gigantesco fraude electoral, gracias al aparato electorero controlado desde adentro por los viejos partidos de la rancia burguesía, Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la “prensa canalla” constituida por los emporios periodísticos, la radio y la televisión, defensores del “conservadurismo” o “neoliberalismo”, ha dicho en reiteradas ocasiones el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de Calderón quizá fue el que mejor aceite puso a la puerta giratoria, con un Poder Judicial mexicano que nunca vio nada y perdió del todo el olfato, junto sobrados arrurús provenientes de las administraciones estadounidenses por su valiente “guerra contra el narcotráfico”. Georgina Kessel, secretaria de Energía durante dicho sexenio, fue la encargada de implementar las licitaciones para abrirle paso a la inversión privada, favoreciendo en particular a las empresas Fenosa e Iberdrola, y debilitando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Unos años después, tras abandonar su cargo, la exfuncionaria terminaría siendo parte del consejo de accionistas de Iberdrola. De igual forma, en 2016, el mismo Calderón, fue incorporado como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, compañía que surgió de la fusión entre la filial de Iberdrola en EE.UU. y UIL Holding. Esto, sin renunciar a la pensión de la que aún gozaba como exmandatario de México.
Este personaje político regional cobró relevancia por los estrechos lazos de su gobierno con la DEA y la CIA en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, encabezada por su ministro Genaro García Luna. Fue designado por autoridades norteamericanas como el “mejor policía” en la lucha contra los carteles de la droga, hasta el 9 de diciembre de 2019, cuando cayó preso en Estados Unidos con cargos por corrupción.
Para el 1 de marzo de este año tienen previsto fijarle la pena de su condena, luego de enfrentar un rarísimo juicio que, como abogado sigo sin entender, pues circuló la versión periodística, que el fiscal prohibió a García Luna mencionar personas o a asuntos sobre los cuales no le preguntara.
El fenómeno de «puertas giratorias» es un ejemplo más de la corrupción que caracterizó al periodo neoliberal y a los sexenios anteriores, donde se unieron el poder político y el poder económico para beneficiar ciertos intereses por encima de las necesidades del pueblo mexicano. Ilustración tomada de: «Puertas giratorias»: expresidentes contratados por las empresas que beneficiaron.
Brincando hacia Chile, en el sur de nuestro continente, donde se insiste en el mejor experimento social y económico en torno a que la ausencia del Estado o la mínima expresión de él produce libertad, prosperidad y una variada gama de mantras acuñadas por estas élites, demuestra que en cualquier democracia, cuyos actos dentro de los poderes conserven zonas grises y no sean totalmente transparentes frente al pueblo, las puertas giratorias y otras desgracias, relacionadas con los bienes públicos, están presentes, empobreciendo a la gente.
Un estudio denominado “ la puerta giratoria de Piñera y Bachelet” (ver : https://www.ciperchile.cl/2014/12/05/ la-puerta-giratoria-de-pinera-y-bachelet/), demuestra como estas burguesías arrastran hacia ellas a grupos de ciudadanos interesados en la democracia participativa, conocidos por los convencionalismos tradicionales como “izquierdas”, “progres”, “ defensores del capitalismo del bienestar”, “luchadores sociales” etc.; algunos de ellos “líderes” en su momento en los cuerpos docentes, sindicatos, comunidades, entre otras, renunciaron luego de su pasado, al ser premiados con una curul, membresía en alguna junta directiva de banco, puesto de ejecutivo en esta o aquella institución, etc.
En otros casos, cada vez más notorios, si su conducta es de obediencia total y no produce peligrosos sobresaltos, el “premio” la Metrópoli lo entrega de inmediato y consistirá en becas, visa por tiempo indefinido, clases en Universidades o cátedras con salarios que no bajan de los $ 5000 mensuales, habitación y transporte. Siempre recuerdo al “presidente” Juan Guaidó como ejemplo de obediencia y premiación alcanzada: profesor destacado en una U de Miami, cómodo apartamento y salario que más de un “pensionado de lujo” se desearía por acá.
Este estudio sobre la “puerta giratoria” en Chile nos muestra, gracias a la Ley de Transparencia del Servicio Civil chileno, los flujos desde el sector privado de quienes son elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública (eso excluye cargos de confianza, como ministros y subsecretarios). Desde 2004, en promedio, el 27% de quienes asumen estos cargos públicos proviene del sector privado. La tasa está muy por sobre el promedio durante la administración Piñera, con un 42% en 2010, 40% en 2011 y 36% en 2012. En 2013 la cifra cae a 24%, porcentaje que se mantiene durante el primer año de gobierno de Bachelet, aunque la cantidad de nombramientos por esta vía ha sido mucho menor.
En cuanto a las áreas más sensibles para al fenómeno de la “puerta giratoria”, los casos analizados para este proyecto dan cuenta de que la mayor cantidad de conflictos se dan en medio ambiente, seguida por minería, obras públicas y energía. Más atrás los siguen economía, laboral y política, y luego agricultura, salud y telecomunicaciones.
Dobles ocupó el cargo de ministro de Ambiente del 2006 al 2009, pero meses después de salir del puesto acordó una consultoría con la empresa petrolera Black Hills Corp, por la que obtendría beneficios adicionales en caso de realizarse explotación de petróleo en Costa Rica. El medio estadounidense The Dakota Scout reportó que sostiene una demanda contra esa empresa.
En años pasados, la “puerta giratoria” en Aviación Civil permitió repartir pasajes de avión a algunos de sus directivos para fines recreativos. Luego aparecen candidateándose para una curul legislativa. En otros casos, el marido fue electo diputado y años después, su esposa, cuñado o hija resultan “padres” de la patria, ministro o alto ejecutivo.
Otro caso ilustrativo en Costa Rica son los casos de algunos munícipes o alcaldes, que tras cuatro años de gestión, brincan hacia instituciones públicas, Asamblea Legislativa o terminan de asesores en empresas constructoras de trochas, pavimentación de carreteras etc.; cuando no pasan directamente de un ministerio, banco o instituciones autónomas a jetear su propia ONGs, fundación o empresa especializada en la atención de actividades que quitaron al Estado y ahora éste redirecciona fondos del pueblo costarricenses a estos personajes. ¡Mejor no sigo!
Me quedo con las preguntas inteligentes realizadas por la investigadora Ana Castellani en la Revista “Nueva Sociedad”: ¿Cómo afecta la articulación entre Estado y elites económicas la calidad de las democracias? ¿Es posible regular de forma efectiva la relación entre intereses privados y bienes públicos?
Estas preguntas, cobran relevancia en la agenda pública, ya que las relaciones entre elites económicas y elites políticas se visualizan más claramente que en el pasado. Varios gobiernos incorporan en sus filas a empresarios, gerentes corporativos y directivos de asociaciones del empresariado, lo que genera múltiples situaciones de conflictos de interés, captura institucional y deterioro de la autonomía. Pero hasta el momento este tema no ha concitado la suficiente atención regulatoria en América Latina. (Ver https://nuso.org/articulo/lobbies-y-puertas-giratorias/).
¡No se vale desmayar!
*Estudios en geopolítica y petróleo por la Universidad del Zulia, periodista, abogado y notario por la U.C.R
Nicolas Boeglin. Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,Universidad de Costa Rica (UCR).
Este 26 de enero del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su ordenanza, repondiendo a la solicitud urgente de medidas provisionales interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre del 2023: el texto de la ordenanza puede ser consultado en este enlace en francés y en inglés.
Cabe advertir desde ya que esta ordenanza es una decisión preliminar de carácter ugente del juez de La Haya, distinta a la sentencia o fallo sobre el fondo, que se tomará tan solo dentro de unos años por parte del juez de La Haya.
Breve puesta en contexto
La petitoria final de Sudáfrica sobre las medidas provisionales de carácter urgente figura en las páginas 83-84 de su intervención ante los jueces de La Haya realizada el pasado 11 de enero y consta de un total de 9 puntos (véase texto). Por su parte, las conclusiones finales de Israel pidiendo desestimar y archivar esta solicitud se encuentran en la página 75 de su intervención ante los jueces realizada el 12 de enero del 2024 (véase texto)
Resulta de interés señalar que durante estas audiencias realizadas los días11-12 de enero, Chile envió a su máximo representante en La Haya y lo hizo ver mediante un documento circulado por su aparato diplomático (véase comunicado oficial del 11 de enero). Menos de una semana después, conjuntamente con México, Chile solicitó a otra instancia jurisdiccional con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI) la remisión urgente de la situación en Gaza a la Oficina del Fiscal de la CPI (véase comunicado oficial de Chile y comunicado de México, ambos del 18 de enero del 2024): tuvimos oportunidad de analizar en detalle ambos comunicados (Nota 1), planteando de paso la inacción observada por parte de los demás 122 Estados Partes al Estatuto de Roma.
El contenido de la ordenanza de la CIJ en breve
En el texto de su ordenanza dada a conocer este 26 de enero (parte dispositiva tomada con 15 votos a favor en su casi totalidad, párrafo 86), la CIJ declara que:
«1) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
2) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus ;
3) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
4) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza ;
5) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
6) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci.
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(1) By fifteen votes to two,
The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular:
(a) killing members of the group;
(b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and
(d) imposing measures intended to prevent births within the group;
(2) By fifteen votes to two,
The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above ;
(3) By sixteen votes to one,
The State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip ;
(4) By sixteen votes to one,
The State of Israel shall take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip;
(5) By fifteen votes to two,
The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II and Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip;
(6) By fifteen votes to two,
The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one month as from the date of this Order».
De algunos detalles de interés
Resulta muy inusual que la Presidenta de la CIJ refiera expresamente, en el resumen de una decisión como la ordenanza leída este 26 de enero del 2024, al contenido de declaraciones oficiales, como las declaraciones israelíes escalofriantes oídas desde el pasado 7 de octubre: en la gestual extremadamente formal y a veces muy parsimoniosa de los jueces de la CIJ, este primer detalle no ha pasado desapercibido para muchos de los observadores internacionales. Tratándose además de una magistrada oriunda de los Estados Unidos, esta señal enviada desde la Presidencia del máximo órgano judicial de Naciones Unidas puede considerarse particularmente clara.
Como se recordará la solicitud de Sudáfrica planteaba como primer punto (de los 9 que contenía su solicitud) el ordenar un cese al fuego inmediato, tal y como tuvimos la oportunidad de analizarlo en una nota anterior cuando presentó su demanda en diciembre del 2023 (Nota 2). La dificultad consistía para los jueces de La Haya en ordenar un cese al fuego entre dos bandos, con uno solo sentado en el banquillo del Peace Palace de La Haya. Un cese al fuego por definición aplica para dos contendores, y no uno.
La CIJ no acogió esta solicitud de manera expresa. Algunos juristas podrían interpretar que la CIJ deja entonces a Israel la posibilidad de continuar sus acciones militares en Gaza, las cuales ya han causado la muerte de casi 26.000 personas y herido a más de 64.000 según el último informe de situación de Naciones Unidas al 25 de enero (véase informe). No obstante, el inciso 2 del párrafo operativo 86 viene a restringir esta interpretación literal, al señalar la CIJ que hay una inmediatez ordenada a Israel:
«(2)L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus /…/The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above ;
Es de notar que con relación a una solicitud similar pero no idéntica proveniente de Ucrania en febrero del 2022, esta misma solicitud de cese de operaciones militares sí había sido acogida de manera expresa en la ordenanza del 16 de marzo del 2022 adoptada por la CIJ (véase texto de la ordenanza, párrafo 86 inciso 1, adoptado con 13 votos a favor y 2 en contra): pero se trataba de un Estado objeto de una agresión militar exigiendo a la CIJ ordenar inmediatamente el cese de la agresión por parte de otro Estado.
Por otro lado, Sudáfrica solicitaba que la CIJ ordenara a Israel permitir la entrada de misiones internacionales de investigaciones en Gaza (más conocidas como «fact finding missions«). El punto 7 de su petitoria indicaba en efecto que:
«(7) The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; to that end, the State of Israel shall not act to deny or otherwise restrict access by fact-finding missions, international mandates and other bodies to Gaza to assist in ensuring the preservation and retention of said evidence«.
La CIJ no acogió esta petitoria: en el punto 5 del precitado párrafo 86 ordena únicamente a Israel proceder a evitar la destrucción de indicios de actos cubiertos por la Convención contra el Genocidio de 1948.
No obstante estos dos puntos de importancia que no fueron expresamente contemplados por los jueces de la CIJ en su ordenanza, los puntos 1,2,3,4,5 y 6 de su decisión leída este 26 de enero del 2024 dejan entrever que actos cometidos por Israel en Gaza desde la tarde /noche del 7 de octubre sí interesan disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948: lo cual constituye en sí una señal muy significativa y debería interpelar en Israel (así como fuera) a muchos decisores sobre la forma tan peculiar que tiene Israel de llevar a cabo sus operaciones militares en Gaza.
En el párrafo 54 de la ordenanza de este 26 de enero del 2024 se lee que:
«54. La Cour est d’avis que les faits et circonstances mentionnés ci-dessus suffisent pour conclure qu’au moins certains des droits que l’Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles. Il en va ainsi du droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et du droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention.
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54. In the Court’s view, the facts and circumstances mentioned above are sufficient to conclude that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible. This is the case with respect to the right of the Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article III, and the right of South Africa to seek Israel’s compliance with the latter’s obligations under the Convention»
Al tiempo que en el párrafo 59 la CIJ dictamina que:
«59. La Cour considère que, par leur nature même, certaines au moins des mesures conservatoires demandées par l’Afrique du Sud visent à préserver les droits plausibles qu’elle invoque sur le fondement de la convention sur le génocide en la présente affaire, à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et le droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention. En conséquence, il existe un lien entre les droits revendiqués par la demanderesse que la Cour a jugés plausibles et au moins certaines des mesures conservatoires sollicitées.
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59. The Court considers that, by their very nature, at least some of the provisional measures sought by South Africa are aimed at preserving the plausible rights it asserts on the basis of the Genocide Convention in the present case, namely the right of the Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts mentioned in Article III, and the right of South Africa to seek Israel’s compliance with the latter’s obligations under the Convention. Therefore, a link exists between the rights claimed by South Africa that the Court has found to be plausible, and at least some of the provisional measures requested».
La ofensiva militar israelí en Gaza: algunas interrogantes
Desde un estricto punto de vista militar, la «estrategia» de Israel plantea serias interrogantes, al no haber alcanzado ninguno de sus objetivos militares después de más de 110 días de intensos bombardeos en Gaza: los rehenes israelíes siguen sin ser localizados, escondidos en alguna parte en Gaza con sus custodios; al tiempo que los principales mandos militares del Hamás siguen en vida y su estructura militar pareciera resistir al asedio total que Israel inflige diariamente a Gaza con sus bombardeos. Los numerosos escombros de inmuebles en Gaza constituyen ahora escóndites muy útiles para los combatientes del Hamás en sus operaciones contra las fuerzas militares israelíes. Un especialista francés en asuntos militares y connotado comentarista, recientemente escribió en su blog que:
«La situation sur la bande de Gaza est parfaitement désespérante. D’un côté, le gouvernement israélien annonce régulièrement qu’il va enfin sortir de cette opération dévastatrice dont le bilan est parfaitement catastrophique. Mais dans la réalité, rien ne change à ce stade où chaque jour renouvelle son lot de bombardements qui dévastent littéralement la bande de Gaza.
/../
Dans la partie Nord, censée avoir été nettoyée (c’est le terme militaire) par l’armée israélienne, les unités de Tsahal sont régulièrement harcelées par des miliciens qui ont fait des décombres leur refuge. Dans la partie Sud, l’armée affirme vouloir réduire le « quartier général stratégique » du Hamas qui se situerait à Khan Younes, après avoir été vainement cherché à Gaza même puis sous l’hôpital Al Shifa, un QG fantôme qui ne justifie en aucun cas les bombardements opérés sur l’ensemble de la bande de Gaza.
/…/
Si cette opération déclenchée par le gouvernement Netanyahou contre la bande de Gaza continue, le risque d’escalade régional est avéré et le risque pour l’avenir d’Israël est constitué. Il appartient aux alliés d’Israël et à toutes les sociétés qui comprennent que la paix ne se construit pas dans la vengeance, de l’obliger désormais à sortir de cette impasse sanglante et de construire sur ces décombres inutiles l’avenir et la stabilité de cette région» (Nota 3).
Una ordenanza de la CIJ que lanza un llamado a la acción
Al haber Sudáfrica invocado la Convención contra el Genocidio de 1948 como base de competencia para interponer su demanda contra Israel el pasado 29 de diciembre, la CIJ tenía limitado su ámbito de acción, procediendo a verificar únicamente si las evidencias probatorias presentadas por Sudáfrica eran de recibo (o no) y si guardaban alguna relación (o no) con las disposiciones de este instrumento multilateral. El sútil equilibrio que la CIJ imprime tradicionalmente a sus decisiones no pareciera esta vez haberse verificado del todo.
Al señalar en su ordenanza que sí existe esta relación, que es plausible que Israel esté violando disposiciones de este instrumento, y al ordenarle a Israel varias de las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica, el equipo legal de Sudáfrica puede sentirse muy satisfecho por la labor realizada.
Esta ordenanza de la CIJ también interpela de ahora en adelante al resto de la comunidad internacional para idear cómo frenar de manera significativa a un Estado cuyas máximas autoridades parecieran decididas a llevar a cabo una operación militar punitiva contra la población civil de Gaza, en represalia al ataque sufrido en la mañana del 7 de octubre perpetrado en territorio israelí por parte del Hamás.
Es muy probable que, ordenanza de la CIJ en mano, Estados, sea a título individual o colectivo, se planteen algunas interrogantes muy válidas:
-¿se puede seguir manteniendo relaciones diplomáticas, económicas «normales» con un Estado al que la CIJ señala que puede estar violando varias disposiciones de una emblemática convención como la Convención contra el Genocidio de 1948?
-¿se puede seguir exportando armas y municiones, componentes electrónicos con fines militares a un Estado que está demostrando no saberlos usar correctamente, con bombardeos indiscriminados y desproporcionales y una deliberada política de destrucción total?
-¿se puede seguir manteneniendo relaciones en el ámbito académico, en materia de cooperación técnica y científica, con un Estado que desde la tarde/noche del 7 de octubre destruye de manera intencional y deliberada escuelas, centros educativos superiores, y universidades en Gaza, aniquilando proyectos de vida de muchos jóvenes palestinos?
Por su parte, es muy probable que, también con la ordenanza de la CIJ en sus respectivas carpetas, los integrantes del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General y de otras instancias de Naciones Unidas opten por nuevas iniciativas.
En cuanto a la Oficina del Fiscal de la CPI (que se ha mostrado hasta ahora bastante distante con el drama cotidiano que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre), alguna declaración de su parte permitiría encausar acciones y materializarlas, de cara a establecer la responsabilidad penal individual de varios altos mandos israelíes: es lo que diversos sectores en Europa buscan realizar, en particular desde Francia y Bélgica (Nota 4).
En su comunicado oficial (véase texto) acogiendo con beneplácito la ordenanza de la CIJ, se lee por parte de Sudáfrica que:
«The United Nations Security Council will now be formally notified of the Court’s order pursuant to Article 41(2) of the Court’s Statute. The veto power wielded by individual states cannot be permitted to thwart international justice, not least in light of the ever-worsening situation in Gaza brought about by Israel’s acts and omissions in violation of the Genocide Convention. Third States are now on notice of the existence of a serious risk of genocide against the Palestinian people in Gaza. They must, therefore, also act independently and immediately to prevent genocide by Israel and to ensure that they are not themselves in violation of the Genocide Convention, including by aiding or assisting in the commission of genocide. This necessarily imposes an obligation on all States to cease funding and facilitating Israel’s military actions, which are plausibly genocidal «.
A modo de conclusión
No está de más señalar que los argumentos elaborados por la defensa de Israel, acompañados por esfuerzos inusuales por parte de algunos grandes medios de comunicación, no tuvieron mayor impacto en los jueces de la CIJ: esta ordenanza se tomó con un voto contudente de 16 contra uno (siendo el juez ad hoc israelí la única voz en contra), o en algunas partes del párrafo dispositivo 86, con 15 contra 2 (siendo la jueza oriunda de Uganda la otra voz discordante observada, que consideró oportuno emitir una opinión disidente). Cabe precisar que el juez ad hoc de Israel sí votó en favor de los puntos 3 y 4 del precitado párrafo operativo 86, mientras la juez titular oriunda de Uganda votó en contra.
Con relación a Israel, es de esperarse a reacciones iracundas contra los jueces de la CIJ por parte de sus máximas autoridades, las cuales ya no deben impresionar mayormente. En una nota reciente, ya tuvimos la oportunidad de señalar que:
«Israel deberá entonces ponderar si se arriesga a no acatarla o si cesa sus acciones militares en Gaza. El descrédito generalizado de su accionar en Gaza ha ido en aumento desde el pasado 7 de octubre, y colocarse en abierto desafío al máximo órgano judicial dentro del organigrama de Naciones Unidas conllevaría consecuencias, en particular para algunos de sus aliados más cercanos«.
Con relación a medidas provisionales ordenadas por la CIJ y posteriormente ignoradas por un Estado, recientemente tuvimos la ocasión de observar el irrespeto a las medidas ordenadas contra Rusia por parte de la CIJ en el mes de marzo del 2022, solicitadas por Ucrania (véase ordenanzadel 16 de marzo del 2022).
El conjunto de sanciones tomadas en contra de Rusia y que se reforzaron al no acatar Rusia lo establecido por el juez internacional a partir de marzo del 2022, interpelará probablemente a muchos en Europa, Estados Unidos y Canadá con relación a un eventual desacato por parte de Israel a la ordenanza de la CIJ leída este 26 de enero del 2024.
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Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio de remisión conjunta de México y de Chile a la Corte Penal Internacional (CPI)«, editada el 18 de enero del 2024, y disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «»Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí.
Nota 3: Véase ANCEL G., «L’Ukraine oblige l’Europe à se réveiller tandis qu’Israël sombre dans le déni«, Ne pas subir, Blog de Guillaume Ancel, édición del 20 de enero del 2024, disponible aquí.
Nota 4: En el caso de Francia, una propuesta del Senado circula desde el 5 de enero del 2024 (véase texto de la «proposition de résolution«) llamando a Francia a solicitar a la CPI e invitando en particular «… le Gouvernement à inclure dans ce renvoi une demande de saisine de la Chambre préliminaire aux fins que soient délivrés des mandats d’arrêt à l’encontre de M. Benyamin Netanyahou et de toute autre personne impliquée, selon l’évolution de l’enquête» (página 28). Cabe señalar además una declaración conjunta de profesores belgas de derecho internacional público (véase texto) con fecha del 13 de noviembre del 2023, indicando: «5. Compte tenu du risque de génocide, l’obligation de le prévenir, due conformément à la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, est dès à présent déclenchée«. Esta declaración hecha en nombre de la Société Belge pour le Droit International (SBDI) denota una sensibilidad mucho mayor a la de otras sociedades europeas de derecho internacional público. Salvo error de nuestra parte, solamente se registra, anteriores al texto de la SBDI, esta declaración de expertos españoles en derecho internacional público y relaciones internacionales (véase texto) y esta otra adoptada en nombre de la Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) el 13 de octubre del 2023.
El excoronel de la policía Hugo Aguilar y ex gobernador del Departamento de Santander, Colombia, ahonda en su relación con el paramilitarismo Juan Pablo Vásquez/Bogotá.
El policía retirado narró, en audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cómo trabajó de la mano de esos grupos en diferentes etapas de su vida pública, y lo hace para obtener rebajas de pena a sus crímenes.
Aceptó que recibió apoyo del paramilitarismo para ser elegido gobernador; justificó su inmensa fortuna como producto de las recompensas por matar a Pablo Escobar, crear el grupo paramilitar los Pepes (Perseguidos de Pablo Escobar) y otros proyectos de inversión con recursos públicos…
Es producto del corrupto sistema electoral colombiano, ostentando el nepotismo de haber sido gobernador de Santander; contar con un hijo que fue senador y está preso por corrupción en el desvío de recursos de un mega estadio, y además, contar con que otro de sus hijos fue también gobernador de Santander y aseguró el triunfo del actual gobernador electo en ese departamento hasta el año 2027.
Un ejemplo palpable de Narco Estado en el poder, que se opone a las reformas de fondo que requiere el país, en cruzada criminal, con la secta -que no partido- Centro Democrático. Existen coroneles así por ser formados a imagen y semejanza de los generales. Y existen sargentos torvos por emular a sus coroneles. Ir al fondo de lo estructural.
¡Ojo! JEP: – Que el excoronel Aguilar desenmascare con nombres propios y contribuya a la verdad, por los crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el prolongado conflicto armado interno colombiano.
¿Por qué crece el paramilitarismo en Colombia?
En cuanto exista conflicto armado interno las fuerzas estatales (ejército, policía, etc.) no dejan de aplicar “la doctrina del enemigo interno”.
Un sistema electoral mafioso y de casino que permite el resultado electoral a favor de la corrupción galopante, envalentona, en las regiones, a la derecha militarista, neoliberal, que ve amenazados sus intereses, ante el auge de las organizaciones sociales y sus lideres en pro de la movilización de masas, en concordancia con el ejercicio de democracia participativa y directa en las calles.
El próximo cuatro de febrero la democracia política costarricense se someterá a una prueba electoral más. Costa Rica tiene reconocimiento internacional de ser un país de larga y estable democracia política y electoral. También tiene reconocimiento de una democracia social avanzada.
De América Latina es el país que más ha gozado de esa estabilidad política como ninguno otro. Trece constituciones políticas desde 1821. La primera, del 1 de diciembre de 1821, a cuatro semanas de haber declarado la Independencia el 29 de octubre de 1821. Once de ellas entre 1821 y 1871, unas de muy poca duración, dos de carácter decenal. La de 1871 llegó de hecho hasta 1949, con una breve interrupción entre 1917 y 1919, y la vigente actualmente desde 1949.
Desde 1849 prácticamente ha habido rotación presidencial cada cuatro años, con breves interrupciones, las últimas dos, en el siglo XX, la dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919 y la Junta de Gobierno o Junta Fundadora de la Segunda República, 1948-1949.
La estructura del Estado, y del Estado de Derecho, con sus tres poderes clásicos viene desde 1824, con independencia funcional reconocida, respetada, exclusiva e indelegable; con sometimiento de los Jefes de Estado, 1824-1848 y de los Presidentes de la República, 1848-2023, a las Constituciones y las Leyes.
Con una presencia, en el ejercicio del Poder Ejecutivo, al frente del Poder Ejecutivo, de educadores, desde el primer Jefe de Estado, 1823-1833, Juan Mora Fernández, especialmente de abogados, de médicos, y de civiles; reformadores y liberales importantes; excepcionalmente de militares.
Administrativamente el país se desarrolló, siguiendo la tradición española, con tres Departamentos, entre 1835 y 1848, y con cinco Provincias y dos comarcas desde 1848 hasta hoy. Las dos comarcas evolucionaron a Provincias en la segunda mitad del siglo XIX.
Al interior de las provincias se desarrollaron, siguiendo la tradición española de los cabildos y ayuntamientos, los cantones, con sus Concejos Municipales y al interior de éstos, los distritos con Concejos distritales. Hoy existen 84 cantones y alrededor de 490 distritos.
El sistema electoral del país evolucionó desde los mismos días de la Independencia, en Centroamérica y en Costa Rica, eligiendo representantes a los organismos federales que se impulsaron y a los órganos de poder interno que surgieron. El sistema electoral evolucionó desde el voto directo, público, restrictivo, de electores y de segunda vuelta, al voto directo, 1913, al secreto en 1924 y al universal en 1949. En 1974 se amplió la ciudadanía a los mayores de 18 años, votando los jóvenes por primera vez ese año.
Desde 1889 se estableció un sistema de partidos políticos mediante el cual solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular.
El sistema de partidos políticos impuso el control del Gobierno y del Poder Legislativo por pocos partidos políticos, desarrollando en la segunda mitad del siglo XX un fuerte régimen bipartidista, dominado por corrientes políticas socialdemócratas y socialcristianas. Así de los últimos 18 gobiernos, nueve los ha ejercido la socialdemocracia, seis el socialcristianismo.
En el 2014 irrumpieron nuevas fuerzas políticas, heterogéneas, desdibujadas ideológicamente, con dos gobiernos del partido Acción Ciudadana, 2014-2022. En el 2022 surgió como partido gobernante el Partido Progreso Social Democrático, nuevo, de reciente formación, que llevó a la Presidencia a Rodrigo Chaves Robles, más desdibujado ideológicamente, con un discurso político populista, anti bipartidismo gobernante, anticorrupción, sin experiencia personal política en el país; un funcionario de muchos años del Banco Mundial. Acción Ciudadana quedó fuera del escenario electoral. Los tradicionales sobreviven, siendo actualmente la fracción legislativa más fuerte, la socialdemocracia con 18 de 57 diputados.
A nivel legislativo el bipartidismo tradicional socialdemócrata y socialcristiano se distribuyeron el Congreso mayoritariamente, hasta 1998 cuando perdieron las mayorías parlamentarias, obligados a pactar con pequeñas fuerzas políticas que elegían diputados. Esta situación no ha variado desde entonces. Rasgo importante de estos años es que los partidos de gobierno no han tenido mayorías parlamentarias, y los últimos tres gobiernos no han elegido más de 12 diputados. El actual partido gobernante solo tiene 10. Dos de ellos están fuera de la órbita del Poder Ejecutivo. Los otros restantes ocho diputados juegan a varias bandas políticas.
Alrededor del Presidente Rodrigo Chaves se han articulado diferentes grupos políticos, con ánimo de desarrollar casa propia, partido propio, ya que el Partido Progreso Social Democrático fue un partido taxi, Uber, prestado al candidato que resultó electo, sin que él controle en nada a dicha organización ni sea un líder de la misma. Así, han impulsado dos organizaciones electorales, Partido Pueblo Soberano y el Partido Aquí Costa Rica Manda, que las trataron de poner a prueba en las próximas elecciones municipales del 4 de febrero.
La evolución electoral del país ha llegado a un punto de paridad de género, hombres y mujeres, casi absoluto, que obliga a que en las listas de candidatos obligadamente vayan alternos hombres y mujeres en el orden en que inician las papeletas. A ello se ha sumado que cuando un partido político, nacional o provincial, participa en varios cantones de la misma provincia, la paridad de candidaturas ofrecidas por cada partido también sea horizontal, de manera que, si una Provincia tiene 20 cantones, 10 deben ir con candidaturas encabezadas por mujeres y 10 por hombres. La igualdad opera a favor de la mujer. Si un partido llevase 12 candidatas mujeres en doce de veinte cantones no sería problema. Al contrario, sí.
El Tribunal Supremo de Elecciones, el órgano máximo, descentralizado, autónomo, independiente, con rango de Poder de Estado, que administra todos los procesos electorales desde 1948, es quien vela de esta paridad política. En las elecciones del 2022 obligó al Partido Unidad Social Cristiana a cambiar una candidatura masculina en la provincia de San José, donde descansa la capital de la República y los Poderes de Estado como la mayoría de las instituciones públicas.
Para el reciente proceso electoral, de las elecciones municipales, que elige popularmente casi 8000 dirigentes políticos cantonales, los dos partidos que para esta ocasión se trataron de inscribir a favor del actual Presidente Rodrigo Chaves, Partido Pueblo Soberano y el Partido Aquí Costa Rica Manda, fallaron en la inscripción igualitaria de candidaturas, pese a las advertencias que el Tribunal Supremo de Elecciones les señalara, motivo por el cual les anularon la totalidad de sus candidaturas.
Obvio que sus fanáticos, por ahora visiblemente no muchos, han realizado protestas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, las que no han tenido éxito alguno. El mismo Presidente ha mantenido una campaña de descrédito hacia los poderes del Estado y hacia el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, que de paso investiga malas prácticas organizativo partidarias, y posiblemente de ilegales financiamientos a la campaña del Presidente, en las instancias paralelas y partidarias que se crearon para llevarlo a la Casa Presidencial.
Para mí es una lástima que le hayan dejado por fuera a sus esfuerzos partidarios, que son dirigidos por funcionarios que desde la Casa Presidencial operan. Una lástima, porque hubiera sido importante medir electoralmente cuál es el alcance, especialmente en simpatía electoral, que realmente ha tenido el Presidente Rodrigo Chaves en sus 21 meses de gobierno, dado que en las encuestas de opinión sobre su figura ha venido cayendo, mientras a nivel presidencial su figura se mantiene con índices relativamente altos para la experiencia política costarricense.
Sí el Presidente Chaves ha impulsado, con sus funcionarios y simpatizantes, dos partidos, por ahora, para participar en elecciones cantonales, es claro que para las próximas elecciones nacionales del 2026, va a tratar de participar con más fuerza para tratar de que con alguno de sus partidos, con estos u otros que pueda inventarse, se pueda elegir su sucesor presidencial, porque en Costa Rica, no hay reelección sucesiva. Es claro que quiere seguir en política, en política electoral y posiblemente sueñe y se desvele con volver a ser electo presidente, en el 2030 o el 2034…
El otro dato interesante es que el gabinete de ministros, y de altos funcionarios del gobierno de escogencia presidencial, del Presidente Chaves ha sido como sacar premios de una tómbola de feria. La inmensa mayoría sin experiencia de partidos políticos, lo que ha provocado, por el estilo de gobernar, que haya habido una remoción en sus 19 meses en promedio cada 15 días, lo que realmente impide desarrollar una real obra de gobierno sujeta a una visión país, de mediano o largo plazo, y de atacar los problemas principales del país, buscando los acuerdos políticos necesarios para ello.
Un problema central del país es el desarrollo del narcotráfico y el peso que cada día han ido tomando los grupos del crimen organizado en todas las esferas de la vida institucional, pública y política, al punto que, a Costa Rica, recientemente se le ha comparado, en su situación, con Ecuador, de ser las bodegas más importantes del tráfico de droga internacional de sur y de centro América hacia Estados Unidos y Europa.
El otro aspecto, es que en el gabinete del Presidente está su Ministra de la Presidencia, muy importante para él hasta este momento, que fue candidata presidencial que lo adversó en la campaña electoral del 2022, quien para las elecciones municipales del 4 de febrero próximo, le estaba compitiendo, con su propio partido, Unidos Podemos, que ha quedado inscrito para participar en estas elecciones, y posiblemente seguirá inscrito para las del 2026, con ella de candidata, por sí misma o como candidata del propio Presidente, quien por su parte tiene también sus ahijados políticos en su propio gabinete, al ministro de Obras Públicas y al de Hacienda, que son por ahora los que mantienen el mayor rumor a su favor.
Valorando el proceso democrático electoral hay que reconocer la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones con la decisión tomada, sin temor al Poder Ejecutivo, al Presidente como persona, permitiendo ejemplificar a este Poder electoral, y a la democracia costarricense, con los poderes electorales de Nicaragua o Venezuela, por citar dos casos de la región latinoamericana, donde estos poderes responden a los dictados de sus palacios presidenciales y de sus gobernantes.
Las cartas del proceso electoral ya están echadas. Ya empezó a entregarse la papelería electoral a las Juntas Electorales, que se integran con representantes de los partidos políticos en todo el territorio nacional. Los resultados los tendremos el próximo 5 de febrero a partir de las 8 de la noche, cuando empiecen a darse los primeros resultados electorales.
El poder ciudadano cantonal, base de la democracia administrativa nacional, ya está funcionando. Los votantes tienen la palabra decisoria. El abstencionismo electoral, que a este nivel ha sido alto históricamente, es un gran reto para superar. El aumento de partidos cantonales contra los tradicionales es una gran riqueza política que se manifiesta en esta dirección.
Por ley se ha dispuesto que casi la mitad de los actuales alcaldes y representantes populares cantonales no pueden reelegirse por tener dos o más períodos en el cargo, por lo que tendremos una gran renovación de autoridades políticas cantonales, lo que será una gran expectativa para la vida cívica y ciudadana de los cantones.
Con lo sucedido al Presidente de la República, y a quienes le impulsan en sus proyectos electorales, se les ha dado una gran lección. El Estado de Derecho funciona; el Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano del Estado independiente en sus decisiones. En el Tribunal Supremo de Elecciones descansa, en este proceso electoral, la vida política de la democracia costarricense, con el apoyo de la ciudadanía. Al Presidente Chaves de le ha dado un frenazo y se ha fortalecido la democracia costarricense.
Artículo publicado en la revista internacional MEER.com el martes 23 de enero del 2024 y compartido con SURCOS por el autor.
El mercado cambiario, denominado MONEX, funciona bajo un mecanismo llamado flotación administrada. Eso quiere decir que la flotación es regulada por el Banco Central. En el caso de una escasez de dólares, que genere un aumento desmedido del tipo de cambio, el Banco Central vende dólares para fortalecer la oferta, a un precio igual o inferior al vigente. En el lado opuesto, si hay exceso de la moneda extranjera, el Banco Central compra dólares para reducir la oferta, a un precio igual o superior al observado. Por lo tanto, MONEX no es un mercado completamente libre, está sujeto a la regulación estatal. El Estado, a través de su autoridad monetaria, pone límites al mercado cambiario para evitar fluctuaciones inconvenientes del precio de la moneda extranjera. Se trata de uno de los componentes más importantes de la política pública. Se comete frecuentemente el error de pensar que el simple movimiento de dólares, en abundancia o en escasez, determina el nivel del tipo de cambio, como si no existiera la regulación ejercida por el Banco Central. En realidad, el valor de la moneda extranjera es un resultado de la mayor o menor existencia de dólares combinada con la intervención de la autoridad monetaria. No comprender esto conduce a expresiones como la siguiente: “en el último año la abundancia de dólares hace que el tipo de cambio baje”. Esa es una afirmación imprecisa: no necesariamente el exceso de dólares se debe traducir en una baja del tipo de cambio; puede producirse una intervención del Banco Central que amortigüe esa caída, o incluso, la detenga. A continuación, explicamos lo sucedido en el último año, con un enfoque amplio que considera los aspectos citados.
La lógica de la flotación administrada del mercado cambiario
La figura 1 explica el mecanismo de intervención del Banco Central en un sistema de flotación administrada. A la izquierda se muestra una situación de exceso de dólares en el mercado cambiario: la oferta (O$) supera a la demanda (D$) de la moneda extranjera en una proporción significativa. En tal caso, si ambas fuerzas del mercado operan libremente, el tipo de cambio caerá debido a que los oferentes de dólares no encuentran suficiente demanda, lo que los obliga a aceptar un precio menor por la moneda extranjera.
Figura 1
Si el Banco Central considera que esa tendencia a la baja del precio es inconveniente para el mercado cambiario, y para la economía en general, intervendrá para detenerla. La intervención consiste en comprar dólares para eliminar el exceso de la moneda extranjera. La compra se realiza al precio existente en el mercado, o eventualmente, a un precio un tanto más alto. Con esto se busca estabilizar el mercado a un precio razonable de acuerdo al criterio de la autoridad monetaria. Esa acción se representa en azul en la figura 1. Se compran dólares, al menos al precio pre existente de mercado, para que los oferentes de dólares sientan la tranquilidad de vender a un precio “normal”, estable, evitando que los demandantes se aprovechen de la situación para adquirir la moneda extranjera a un precio excesivamente bajo. El Banco Central, en tanto entidad estatal responsable de la regulación cambiaria, interviene en el mercado para garantizar un precio estable al “productor de dólares” que es el oferente de la moneda extranjera. Si no existiera tal regulación del Banco Central, el mercado cambiario operaría con la “ley de la selva” moviéndose estrictamente de acuerdo a la oferta y la demanda de los operadores privados. Sería un mercado completamente libre. Pero una flotación administrada no es eso, la intervención del Banco Central controla las oscilaciones inconvenientes del tipo de cambio.
A la derecha de la figura 1 se representa una situación de déficit de dólares en el mercado cambiario: la demanda (D$) supera a la oferta (O$) de la moneda extranjera en un monto apreciable. En esa situación, si ambas fuerzas del mercado operan libremente, el tipo de cambio subirá debido a que los demandantes de dólares no encuentran suficiente oferta, lo que los obliga a aceptar un precio superior por la moneda extranjera. Si el Banco Central piensa que dicha tendencia al alza del precio es inconveniente intervendrá para detenerla. La intervención consiste en vender dólares para subsanar el faltante de la moneda extranjera. La venta se realiza al precio existente en el mercado, o eventualmente, a un precio un tanto más bajo. Así, se trata de estabilizar el mercado a un precio razonable de acuerdo al criterio de la autoridad monetaria. Esa acción se representa en rojo en la figura 1. Se venden dólares, al menos al precio pre existente de mercado, para que los demandantes de dólares compren con tranquilidad a un precio “normal”, estable, evitando que los oferentes se aprovechen de la situación para vender la moneda extranjera a un precio excesivamente alto. El Banco Central, en este caso, interviene en el mercado para garantizar un precio estable al que necesita dólares.
La intervención en casos de escasez de dólares
Dos ejemplos resultan útiles para comprender cómo actúa el Banco Central ante un caso de faltante de dólares.
A finales de mayo de 2017 se experimentó una insuficiencia de moneda extranjera. Como resultado, el tipo de cambio experimentó un incremento importante, que se muestra en el recuadro A de la figura 2, mediante el segmento negro de la curva. El Banco Central consideró inconveniente tal aumento por lo que intervino en MONEX, aplicando la lógica de la flotación administrada que contiene la parte derecha de la figura 1.
El recuadro A de la figura 3 muestra cómo operó Olivier Castro, presidente del Banco Central en ese momento. Frente a la insuficiencia de moneda extranjera el Banco Central intervino vendiendo dólares a un precio más bajo que el que se producía en el mercado. El recuadro muestra, mediante una línea contínua, el tipo de cambio (TC) del día anterior a cada sesión de MONEX. Además, se dibuja, a través de líneas discontinuas, la banda de fluctuación del precio (máximo y mínimo) en tal jornada de MONEX. Se observa que, ante el tipo de cambio del día anterior, el Banco Central vendió dólares a un precio más bajo ya que la banda de fluctuación está abajo del tipo de cambio del día anterior. Por ejemplo, el 25 de mayo de 2017, MONEX inició la jornada con un precio del día anterior de 595,3. Frente a esto, se vendieron dólares a precios inferiores. La banda de fluctuación tuvo un máximo de 593,3 y un mínimo de 585. Y así, los días siguientes se vendieron dólares a un tipo de cambio menor al del día anterior. Por lo tanto, luego de pocos días, el precio bajó alrededor de 20 colones. Dicha baja se observa en el recuadro A de la figura 2, lo que se representa mediante el segmento rojo de la curva. De esta manera, se evitó que tipo de cambio subiera inconvenientemente, de acuerdo al criterio del Banco Central.
Figura 2
Figura 3
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, posterior a Castro, hizo algo similar en noviembre de 2018. El recuadro B de la figura 2 reporta la subida del tipo de cambio hacia el final de octubre de 2018, lo que correspondía a otra situación de escasez de dólares. Frente a esto, el Banco Central vendió dólares más baratos, como se ve en el recuadro B de la figura 3. Ante un tipo de cambio alto del día anterior, la venta de dólares de cada día se hizo a precios más bajos, ya que la banda de fluctuación se movió abajo del precio del día anterior. De esta forma, el tipo de cambio bajó cerca de 25 colones como lo muestra el recuadro B de la figura 2, mediante el segmento rojo de la curva.
Resulta interesante observar que dos presidentes de la autoridad monetaria, con enfoques diferentes de la política económica, operaron de manera similar. Castro, de visión intervencionista, y Cubero, de enfoque liberal, usaron de forma estricta la lógica de la fluctuación administrada.
La intervención actual en un caso de exceso de dólares
La situación externa de la economía de este momento es diferente a la de los casos anteriores. Hay varios factores que se combinan para generar una mayor cantidad de dólares en el mercado cambiario. En el siguiente cuadro se reportan los cambios más importantes, del período 2021 – 2023, al tercer trimestre, del movimiento de la moneda extranjera, de acuerdo a la contabilidad de la balanza de pagos. Esos datos se refieren a los movimientos privados. En la parte comercial, se destaca el aumento del ingreso neto por turismo y el incremento por la venta de servicios de zona franca. No todo queda como ganancia porque se debe deducir el pago de remesas a las empresas extranjeras que operan en el país. Sin embargo, queda un saldo de US$800 millones, incrementados en ese período, que es importante. En la parte financiera, la inversión extranjera, productiva y financiera, sigue aumentando, pero de manera moderada. Lo más significativo en el campo financiero es el aumento del ingreso de capital en efectivo por un monto de US$1.800 millones. Sumados los movimientos comercial y financiero, han generado un aumento del flujo de dólares por unos US$2.900 millones, en el período 2021 – 2023 (contabilizado al tercer trimestre).
Turismo
US$1.400 millones
Servicios de zona franca
US$1.200 millones
Remesas de utilidades
-US$1.800 millones
Movimiento comercial total
US$800 millones
Inversión directa
US$140 millones
Inversión financiera
US$130 millones
Ingreso de capital en efectivo
US$1.800 millones
Movimiento financiero total
US$2.070 millones
En consecuencia, se produce un importante excedente de dólares. Esto genera una presión hacia la baja del tipo de cambio. Por lo tanto, si el Banco Central actuara de acuerdo a la lógica de la flotación administrada, mostrada en la parte izquierda de la figura 1, debería comprar dólares a un precio igual o superior al que se observa en el mercado. Sin embargo, desde el año pasado, frecuentemente, ha hecho lo contrario. Un ejemplo se muestra en el recuadro C de la figura 4 que reporta el movimiento de MONEX en febrero de 2023.
El 8 de febrero se registraba un tipo de cambio del día anterior de 585,8. Para estabilizar el precio correspondía comprar dólares por lo menos a 585,8 o un tanto superior. Pero se hizo lo opuesto. La banda de fluctuación comenzó a bajar desde un máximo de 587 hasta llegar a un nivel de 561,3. Como resultado, el tipo de cambio bajó casi 25 colones, en pocos días. El Banco Central estimuló la tendencia ya que en la mayor parte de los días compró más del 70% de la moneda transada. Por ejemplo, el 14 de febrero compró el 93% de lo transado.
En los últimos días se está produciendo una situación similar, como lo reporta el recuadro D de la figura 4. El Banco Central compra cantidades altas de dólares a precios cada vez más bajos, con lo que continúa estimulando la tendencia a la baja del precio. El 15 de enero compró el 94% de los US$91 millones transados ese día. De esta manera, el tipo de cambio está bajando de forma sorprendente.
Figura 4
Desde inicios del 2023 hasta el presente, se han transado en MONEX alrededor de US$10.000 millones, lo que es una cantidad inusual en dicho mercado cambiario. En los años anteriores se transaban montos que no superaban los US$4.000 millones anuales. Lo llamativo es que el Banco Central compró el 70% de ese monto, en 2023, usualmente en la forma que lo indican los citados recuadros C y D; es decir, bajando el precio de la moneda extranjera. De un nivel de 600 colones por dólar se ha pasado a un valor cercano a los 525 colones por dólar. Como lo muestra la figura 5, esto representa una fluctuación del 12,5%; la más alta desde 2006, que fue el momento en que inició la operación de MONEX. En consecuencia, la pregunta relevante es: ¿por qué el Banco Central no operó en el último año de acuerdo a la ortodoxia que indica la flotación administrada, como se muestra en el lado izquierdo de la figura 1? Se trata de uno de los componentes más importantes de la política pública que no sigue lo que indica el criterio comúnmente establecido.
Figura 5
Conclusión
El excedente de dólares es un factor muy importante, pero, por sí solo, no explica la caída acelerada del tipo de cambio. Tal excedente presiona a la baja del tipo de cambio, pero el resultado definitivo en MONEX depende de la intervención del Banco Central. En realidad, el tipo de flotación administrada que ha aplicado el Banco Central, ha sido el catalizador que ha facilitado la baja del precio. Si el Banco Central hubiera actuado con la lógica de Castro y Cubero, anteriores presidentes de la entidad, habría comprado dólares, pero a precios similares o superiores a los mostrados por el mercado. Hacer lo opuesto es lo que facilita la tendencia extraña del tipo de cambio. Desde luego, el Banco Central está en su derecho de intervenir como considere conveniente. En este caso, lo ha hecho a la baja del precio de la moneda extranjera. Pero, debe quedar claro que pudo detener la caída del tipo de cambio comprando a precios iguales a los pre existentes en MONEX. Incluso, si se hubiera renunciado a detener la caída, se pudo propiciar una baja menos pronunciada que la que sucedió efectivamente.
Además, comprando el Banco Central el 70% del valor de las operaciones de MONEX es difícil calificar a este mercado como libre, en donde el precio lo fijan el juego flexible de la oferta y la demanda de dólares. Dicha intervención, heterodoxa por lo indicado en la figura 4, creó una especie de mercado imperfecto, influido notoriamente por el accionar del Banco Central.
Por lo anterior, es claro que el sector exportador está cometiendo un error solicitándole al Banco Central más intervención. Con un nivel de compras equivalente al 70% del valor de las operaciones es difícil imaginar más intervención. El problema, desde el punto de vista del exportador, no es que falta intervención, que ya es muy elevada; el asunto es el tipo de intervención. La formulación correcta por parte del generador de dólares no es pedir más intervención, sino solicitar una intervención diferente, de acuerdo a lo explicado en la parte izquierda de la figura 1.
El libro América Latina, publicado en 2003 y reimpreso en 2004 y 2006 en México y Costa Rica, previo al desastre del presente, propuso soluciones.
El poder excluyente, que sobre de las mayorías indígenas y afrodescendientes ejercieron las oligarquías latinoamericanas desde la independencia, apoyadas en el centralismo clientelista, se ha resquebrajado y se ha venido derrumbando progresivamente, desde que apareció la industria del narcotráfico.
Para tener espacios de participación en la economía desde un gobierno, heredado de la colonia, era preciso que los oligarcas participaran de la “corte” donde se definían y ratificaban los privilegios y monopolios que permitían el enriquecimiento y el control político.
La aparición del narcotráfico como industria de desarrollo con recursos superiores a los del sistema patrimonialista, rompió los esquemas tradicionales y abrió nuevos espacios para incorporar, con ventaja a los excluidos, tomando primero los poderes locales y comprando, desde ahí, posteriormente influencias en el aparato institucional.
Los acontecimientos en varios estados de México virtualmente tomados hoy por el terror de los narcos y el reciente auge de violencia armada en Ecuador, donde estos se han lanzado a la lucha por el poder, confirman el poder de esta amenaza para la institucionalidad latinoamericana. Con necesidades insatisfechas, debido a la falta de acceso a las oportunidades que tienen los excluidos, frente a la demanda del conocimiento y la tecnología. Al mismo tiempo que los narcos disponen de recursos cada vez más abundantes para competir con el clientelismo, para instalarse cada vez en más comunidades y estados de la región.
Las políticas asumidas por Bukele en El Salvador para controlar la expansión de las maras asociadas al narcotráfico y recuperar, así, el poder y el orden público, se han basado en medidas represivas extremas, que han dado resultados en lo inmediato frente al caos y derrumbe de la institucionalidad en ese país. Está por ver si logra la misma eficiencia con las medidas de prevención necesarias para erradicar el mal en el mediano plazo.
El libro América Latina: crisis del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas, de Juan José Rojas y el autor de este artículo, mencionado en este artículo, y que se encuentra libre en Internet, no solo anunció el peligro que significaba el narcotráfico para la institucionalidad, sino que propuso soluciones probadas, sobre las causas.
Ahora, que cunde el pánico en el continente por las posiciones que ha tomado el narco en las comunidades y su ofensiva en algunos casos sobre el poder, es preciso retomar, no solo el diagnóstico, sino las soluciones probadas preventivas propuestas por los autores en consulta con las comunidades y aprendiendo de sus experiencias.
La violencia no se soluciona solo con la represión, sino que es preciso actuar sobre las causas que dejan a los excluidos sin opciones ni esperanza y los arrojan en manos del narcotráfico. Una educación actualizada y de calidad, con amplia cobertura, es un factor clave en el mediano plazo, pero la capacitación organizacional y técnica es estratégica en el corto plazo y mediano plazo para articular las comunidades activamente alrededor de las transformaciones requeridas por el sistema.
Considerando el bajo nivel de escolaridad de la población económicamente activa donde incluso en países como Costa Rica más de la mitad no alcanza el nivel de bachillerato. La capacitación organizacional “autónoma” de las comunidades, grupos asociativos y emprendedores adquiere una relevancia estratégica. Es necesario no confundir la organización autónoma con el esquema clientelista de “organizaciones” montadas por políticos diseñado para manipular a los sectores populares. La organización autónoma como se expresa en el libro cimenta la vida social económica y ciudadana.
Conviene empezar a sacar el libro de los anaqueles y de los archivos electrónicos, ya que, a pesar de haber pasado más de 20 años de su primera publicación, mantienen su actualidad. Hay que sacarla del ámbito académico y proyectarla a las organizaciones políticas de comunidades. Donde con su práctica, no solo con la retórica, genere, como lo ha demostrado, ingresos, empleo, pero ante todo ciudadanía autónoma. Demostrando así el potencial de acabar con la exclusión y la manipulación y crear condiciones para una auténtica vida donde florezca la democracia.
