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¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, (Magazine+972, edición del 6 de agosto del 2025), titulado «Microsoft storing Israeli intelligence trove used to attack Palestinians». Este mismo medio israelí había dado a conocer al mundo, en abril del 2024, la existencia del programa informático «Lavender» (véase su artículo titulado » ´Lavender´: The AI machine directing Israel´s bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024).

El pasado 6 de agosto, en Costa Rica el Consejo Municipal del cantón de San Pedro de Montes de Oca adoptó un acuerdo municipal exhortando a las autoridades costarricenses a suspender toda negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel y a abstenerse de relativizar el drama indecible que se vive en Gaza: véase nota del medio digital Delfino.cr.  

Es posible que las “carcajadas” a las que refiere este interesante artículo del Semanario Universidad del 4 de julio del 2025 por parte del Presidente de Costa Rica hayan, al menos en parte, motivado esta iniciativa de varios regidores de San Pedro Montes de Oca.

Este acuerdo municipal, muy pocamente difundido en los medios de prensa radiales y televisivos costarricenses, fue adoptado en la víspera del 7 de agosto, fecha en la que se conmemoraron 22 meses desde la fecha del 7 de octubre del 2023. Al respecto, desde esta vez la Asamblea Legislativa, se dio a conocer el 7 de agosto un manifiesto suscrito por 59 premios nacionales del sector cultural y académico costarricenses contra toda idea de negociar y de suscribir un TLC con Israel en estos momentos  (véase nota del Semanario Universidad con listado de los firmantes y video de la actividad, con presencia de la Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica). En esta otra nota de Delfino.cr, del 10 de agosto, uno de los enlaces refiere al texto mismo del manifiesto conjunto suscrito por una impresionante cantidad de intelectuales de renombre y de intachable trayectoria costarricenses.

El texto integral del acuerdo municipal adoptado por el Consejo Municipal de San Pedro de Montes de Oca puede ser consultado en este enlace del medio digital SurcosDigital.

En la precitada nota del medio Delfino.cr, se detalla que la moción fue adoptada con 6 votos a favor y uno en contra: el del concejal municipal por el Partido Liberación Nacional / PLN. Como es bastante probable que otros regidores municipales en otras localidades (tan indignados como los de San Pedro de Montes de Oca) se pronuncien en un sentido muy similar, será de sumo interés revisar si el voto del regidor municipal del PLN del cantón de Montes de Oca respondió a sus convicciones personales, a una instrucción de su partido político o bien… a ninguna de las dos anteriores (y que sería de igual manera de interés conocer).

Una cuestión de sentido común del que al parecer algunos adolecen en Costa Rica

En un artículo publicado en el medio digital LaRevistaCr habíamos tenido la oportunidad de plantear la siguiente pregunta desde el mes de febrero del 2025, en nuestra entrega semanal publicada el 8 de febrero y titulada precisamente:

Israel – Comerciar libremente con Israel… como si ¿nada pasara?” (véase  enlace).

En aquel momento, la muerte diaria de decenas y hasta centenares de civiles palestinos por parte del ejército israelí y la destrucción metódica y planificada de la infraestructura pública existente en Gaza, así como los primeros indicios de hambruna entre los más vulnerables, ya alcanzaban proporciones inimaginables (Nota 1).

Desde entonces (febrero del 2025), han aumentado de manera dramática la destrucción y las insensatas exacciones de Israel contra la población civil en Gaza, sin lograr en lo más mínimo Israel alcanzar sus dos objetivos militares en 22 meses de intensos bombardeos sobre Gaza, a saber:

–          – “erradicar al Hamás” y;

–          – recuperar a los rehenes custodiados por el Hamás.

El último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza (al 6 de agosto del 2025) está disponible en este enlace, en el que podemos leer que 730 personas perdieron la vida entre tan solo el 30 de julio y el 6 de agosto en Gaza:

According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 30 July and 6 August, 730 Palestinians were killed, and 4,479 were injured. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023 to 61,158 fatalities and 151,442 injuries, according to MoH”;

Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores realizar por sí mismo un macabro cálculo mental sobre el ratio de personas que asesinó deliberadamente Israel cada día desde el 30 de julio del 2025, siendo muchos de ellos niños, mujeres y personas hambrientas y desesperadas en largas filas esperando recibir algún tipo de ayuda humanitaria.

Al contener  este mismo extracto, el número de muertes reportadas por las autoridades sanitarias (61.158 fallecidos) desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, le sugerimos de igual manera  a nuestros lectores proceder a dicho macabro cálculo al cumplirse 22 meses este 7 de agosto del 2025, el cual supera todos los pronósticos que pudimos entrever, y ello desde el mismo mes de octubre del 2023, al comentar el “asedio total” anunciado por parte de Israel en Gaza en respuesta al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023 (Nota 2).

Información pública, disponible en línea, que al parecer algunos no quieren leer en Costa Rica

Dentro del complejo organigrama de Naciones Unidas, se cuenta en primer lugar con una comisión internacional de investigación, creada por el Consejo de Derechos Humanos, la cual ha documentado y analizado las exacciones de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2021 y antes también. Sus informes del 2025, 2024, 2023 están todos a disposición del público en este enlace oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

También se cuenta en Naciones Unidas con una Relatora Especial sobre los derechos del pueblo palestino que reporta con mayor periodicidad a la Asamblea General de Naciones Unidas las exacciones de todo tipo a las que se presta el ejército israelí en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: remitimos al respecto a una de nuestras últimas entregas a LaRevistacr, de julio del 2025 (edición del 12 de julio), titulada:

A propósito de las recientes sanciones tomadas por Estados Unidos contra Francesca Albanese” (véase enlace).

Debe saberse que un importante sector de la comunidad judía respalda plenamente la labor de denuncia y de documentación de las exacciones de Israel en Gaza realizada por la jurista italiana Francesca Albanese: véase por ejemplo el comunicado conjunto suscrito por 30 organizaciones judías, colgado en Canadá. Su último informe presentado el 3 de julio del 2025, que desató la ira de Estados Unidos y de Israel (Nota 3) fue difundido en Francia desde el portal de la muy activa Union Juive Française pour la Paix (UJFP): véase enlace. Se recomienda de igual modo esta muy completa entrevista a Francesca Albanese, realizada en noviembre del 2024, y colgada de igual forma en el sitio de la misma UJFP.

El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en todo el mundo, hayan desplegado todo el arsenal de presiones diplomáticas y mediáticas contra esta jurista italiana contribuye a realzar su labor y a poner en evidencia la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular los dos informes anteriores presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar:

– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.

– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.

Para quienes consideran (todavía) en Costa Rica que las acusaciones de “antisemitismo” proferidas por Israel y por su incondicional aliado norteamericano contra Francesca Albanese son de recibo (lo cual no constituye sino un enésimo intento de descalificar a un órgano de Naciones Unidas al repudiar y condenar las violaciones del derecho internacional público por parte de Israel – Nota 4), ambos informes de esta jurista italiana pueden ser útilmente completados con esta entrevista publicada en la BBC en junio del 2025 a Omer Bartov, uno de los expertos israelíes de mayor renombre sobre el Holocausto (véase entrevista). Una entrevista realizada en Francia a este mismo experto y a una jurista gala, detalla las exacciones de todo tipo que ha ejecutado el ejército de Israel y la dificultad de aceptarlas para gran parte de la sociedad israelí (véase texto integral).

A todos quienes desde diversos espacios (redes sociales incluidas, pero no solamente) tildan de «antisemitas» a quienes critican el accionar militar insensato de Israel en Gaza, les sugerimos plantearse algunas preguntas muy válidas sobre el uso de este calificativo: al ver la creciente cantidad de personas de confesión judía en todo el mundo criticar abiertamente las exacciones de todo tipo a las que se presta el ejército de Israel en Gaza contra la población civil palestina…¿no será que hay un problema?  De manera a no causar mayor sonrojo al ya causado, evitaremos señalarles de cual confesión es el actual canciller de uno de los Estados más críticos de Israel en América Latina: Chile.

Una falsa dicotomía a la que al parecer algunos se aferran en Costa Rica

Las autoridades de comercio exterior de Israel forman plenamente parte del aparato estatal israelí, al igual que sus homólogas costarricenses, parte integrante del Estado costarricense: no hay cómo sostener, como se ha leído en algunas columnas de entusiastas partidarios del libre comercio, que el comercio exterior es un asunto totalmente ajeno y separado de la política de un Estado.

La extrema presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Sudáfrica desde la llegada a la Casa Blanca de su ocurrente ocupante, en enero del 2025, con aranceles mucho más altos que para productos provenientes del resto de los Estados del continente africano, responde a una evidencia que nadie puede negar: Estados Unidos busca sancionar a Sudáfrica, en particular por sus diversas acciones contra Israel ante la justicia internacional de La Haya en razón del genocidio en curso de Israel en Gaza. La tasa impositiva de un 35% aplicada más recientemente por Estados Unidos a los productos importados desde Canadá responde en gran parte al anuncio previo por parte de Canadá de su disposición a reconocer a Palestina como Estado.

Más allá de dicotomías que no existen (pero que algunos persisten en querer ver), de suscribirse un tratado de libre comercio con Israel en este 2025, Costa Rica sería el primer Estado en el mundo en acordar un tratado bilateral con un Estado cuyo Primer Ministro es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, así como su ex Ministro de Defensa. Al respecto, no está de más recordar que ambas órdenes de captura fueron solicitadas desde el 21 de noviembre del 2024 (véase comunicado oficial de la CPI). Luego de presentar Israel un sinfín de supuestos “argumentos”, la Sala de Apelaciones de la CPI adoptó el 16 de julio del 2025 una decisión en la que rechaza la solicitud de suspensión de la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la CPI contra estas dos altas autoridades israelíes. Se lee en el párrafo 37 (véase texto completo) que:

» 37. In conclusion, the Chamber finds that the suspension of investigation pursuant to article 19(7) of the Statute can only result from a State challenging the admissibility of a case. Since Israel has not challenged admissibility, the Chamber rejects Israel’s request to declare that the Prosecution must suspend its investigation into the cases against Mr Netanyahu and Mr Gallant, let alone the Situation as a whole«.

De igual manera, de suscribir Costa Rica un TLC con Israel en este 2025, Costa Rica sería el primer Estado en el mundo en suscribir un tratado con un Estado objeto de una acción contenciosa por genocidio en Gaza interpuesta por otro Estado (Sudáfrica) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): al respecto, debemos advertir que el abierto desafío de Israel a la autoridad de la CIJ, irrespetando las cuatro ordenanzas sobre medidas provisionales dictaminadas en su contra en el 2024 no puede sino inclinar a los 15 integrantes de la CIJ a dictaminar una sentencia sobre el fondo particularmente ejemplarizante.

¿Un nuevo TLC con Israel en Centroamérica? Un reciente ejercicio que debería poder evaluarse desde Costa Rica

En el marzo del 2024, Guatemala anunció la entrada en vigor de un tratado de libre comercio con Israel que se había negociado y suscrito en el 2022 (véase comunicado oficial de prensa oficial): cabe precisar que fue negociado y que fue suscrito antes de la campaña militar iniciada de manera insensata contra la población civil de Gaza por parte de Israel en la tarde /noche del 7 de octubre del 2023.

Cabe resaltar que durante el mes de marzo del 2025, no se escuchó en Guatemala de ninguna conmemoración de este primer año de entrada en vigor de este instrumento bilateral con Israel. Posiblemente ello se deba a que los economistas guatemaltecos e israelíes, al revisar cifras sobre índices de crecimiento, empleo, inversión, competitividad, lucha contra la desigualdad social y tantas otras cosas tan maravillosas que se oyen cuando se intenta justificar la suscripción de un TLC (como las escuchadas durante la campaña del “Si” en Costa Rica de cara al referéndum del 7 de octubre del 2007) no encontraron ninguna digna de destacar en este 2025.

Si para algunos defensores en Costa Rica del libre comercio, convencidos de que hay que continuar expandiendo los TLC a como dé lugar, sin tomarse el tiempo de evaluar sus efectos negativos sobre la economía costarricense y las finanzas públicas del Estado costarricense, la corta experiencia de Guatemala no es de mayor relevancia, los remitimos a los últimos 4 párrafos de este informe del 2024 sobre los efectos del TLC entre Colombia e Israel, suscrito en agosto del 2020, y que en particular señala que:

 “según las propuestas del TLC, este mejoraría los flujos de inversiones y aumentaría los negocios, que para el periodo en el que el acuerdo ha estado vigente no han aumentado de manera significativa las inversiones ni las compras de Israel en sectores de relevancia para Colombia como la agricultura y metalmecánica” (página 10).

De algunos efectos negativos a tomar desde ya en consideración

Más allá de las falsas expectativas en materia económica y comercial que a veces fomentan algunos influyentes círculos del sector privado a partir de la suscripción de un TLC (y sus relevos en la prensa corporativa y la prensa cercana a defender las posiciones del sector privado), en lo personal consideramos, como muchos otros en Costa Rica, que no le conviene a Costa Rica y a su imagen internacional presentarse ante el mundo como “el” gran socio estratégico de Israel en América Latina en este 2025.

Tampoco podría considerarse la suscripción de un TLC con Israel como un atractivo para fomentar el sector turístico y más generalmente para el sector privado en cuanto a atraer mayores inversiones extranjeras en Costa Rica, todo lo contrario: pensemos un solo instante en las consecuencias que podría acarrear semejante anuncio por parte de Israel y de Costa Rica para las inversiones extranjeras ya existentes o futuras en Costa Rica provenientes de la península arábica (Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos). Pensemos por otro lado en las críticas generalizadas y en las multitudinarias manifestaciones que se han podido observar contra Israel en gran parte de las principales capitales en Europa, continente del que provienen una significativa cantidad de turistas anualmente.

Ya pudimos observar cómo, en plena cumbre mundial  sobre el  ambiente en noviembre del 2024 en Bakú (Azerbaiyán), el anuncio por parte de Costa Rica de un acuerdo en materia ambiental con Israel le valió un repudio generalizado y el otorgamiento del premio menos apetecido por los Estados (Nota 5).

A modo de conclusión: volviendo un momento al PLN

Con relación a voto en contra de un regidor del PLN mencionado al inicio de estas reflexiones y que, en nuestra modesta opinión, debería interpelar al actual comando de campaña del PLN, quisiéramos recordar lo que señalábamos sobre el PLN e Israel, de cara a su convención interna, al precisar las consecuencias (algo previsibles) de una singular propuesta de uno de los precandidatos del PLN, cuando escribimos en conclusión de un artículo que:

Sin ser especialista en política y mucho menos en intención de votos de los votantes del Partido Liberación Nacional (PLN) pertenecientes a las distintas corrientes de liberacionistas de cara a la convención interna prevista el próximo 6 de abril, nos atrevemos a pensar que este anuncio le restó numerosos apoyos a dicho candidato dentro de las filas verdiblancas. Nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores costarricenses a una valoración hecha por el excanciller de Costa Rica en el período (2006-2010) sobre el traslado de la embajada costarricense a Jerusalén observado en 1982” (Nota 6).

Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores seguidor del PLN (o bien simpatizante de otro partido político) revisar por sí mismo los números alcanzados por este precandidato del PLN con relación al ganador de la convención interna del mismo realizada pocos días después.

No está de más indicar lo que se lee en el capitulo sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, por parte del ex canciller de Costa Rica en el período 2006-2010, al concluir este capítulo señalando en su libro publicado en el 2013 que:

«Al  concluir  el  acto  protocolar,  me  encontré  rodeado  de  distintos miembros de la comunidad que venían a saludarme y felicitarme por mis palabras, mi valor y mi candor. Algunos no estaban  necesariamente  de  acuerdo  con  mis  planteamientos, pero respetaban nuestro modo de pensar. Otros se expresaron a  favor,  e  incluso  unos  cuantos  me  abrazaron  y  dos  lloraron  sobre mis hombros. Fue un momento de catarsis. Al Ex–Presidente Monge no lo volví a ver, ni tenía muchas ganas de verlo. El 20 de mayo, sin embargo, publicaría un artículo en el cual, desprovisto de argumentos, arremetería contra los “neo-nazis” de la administración Arias Sánchez (Nota 27). Supongo que mis palabras no fueron de su entero agrado” (Nota 7).

Siempre con relación al cantón de Montes de Oca, cabe señalar que en junio del 2025, su consejo municipal acordó de manera unánime rechazar una invitación para que su alcalde fuera a Israel a asistir a un evento (véase nota de Delfino.cr del 5 de junio del 2025).

Más allá de la contienda electoral que se avecina en Costa Rica, como a muchos otros colegas y entidades sociales, nos resulta muy cuestionable observar cómo Costa Rica está haciendo a un lado los principios sobre los que ha basado tradicionalmente su imagen internacional en los últimos 50 años, cuando se trata de las exacciones perpetradas por Israel en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023.

Estamos en la mejor disposición de explicar y de detallar al público en general, así como a partidos políticos, a regidores o a sus agrupaciones políticas a nivel local, una tras otra desde mayo del 2022, las omisiones y los graves yerros que ha tenido el aparato diplomático de Costa Rica para condenar  en Naciones Unidas de manera contundente el genocidio en curso en Gaza y las violaciones graves al derecho internacional humanitario perpetradas por el ejército israelí. La comparación entre, por un lado, los comunicados oficiales con los que Costa Rica ha condenado de manera reiterada y vehemente la agresión militar de Rusia contra Ucrania desde febrero del 2022 y las exacciones reiteradas de Rusia contra la población civil ucraniana y, por otro lado, los pocos comunicados oficiales de Costa Rica relacionados a las exacciones de Israel en Gaza, constituye sin lugar a dudas un ejercicio muy recomendado al respecto. 

En cuanto a silencios y omisiones graves, podemos señalar que desde el 7 de agosto pasado, se espera que Costa Rica se manifieste en términos similares a Brasil (véase comunicado de prensa), Chile (véase comunicado de prensa), Turquía (véase comunicado), o Uruguay (véase comunicado), entre muchos más, ante el anuncio por parte de Israel de expandir aún más su control sobre Gaza, que ya ocupa en un 75%. Una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue convocada este domingo 10 de agosto para tratar únicamente de este tema. 

Al momento de redactar estas líneas (11 de agosto), el sitio del aparato diplomático costarricense se mantiene en el mutismo más total.

De igual manera, como muchos otros colegas, estamos anuentes a analizar con estas mismas agrupaciones las razones por las que es inconveniente que Costa Rica suscriba en este 2025 un TLC con Israel. Al respecto, este próximo 13 de agosto, tendremos la oportunidad de compartirlas con dos distinguidos colegas universitarios en un foro virtual al que desde ya se extiende una muy cordial invitación (véase volante de actividad auspiciada por Surcos Digital y la Alianza por una Vida Digna).

– Notas –

Nota 1: Para febrero del 2025, un informe conjunto del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) – véase informe  calculaba que las pérdidas y daños ocasionados en Gaza por parte de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 alcanzaban una suma de más de 49.000 millones de US$ (véase tabla y explicaciones en pp.3-4). Se lee (página 25) que:

«The assessment estimates around US$19.1 billion of economic and social losses incurred due to the conflict (see Figure 3). The sectors with the highest estimated losses are health with US$6.3 billion, education with US$3.2 billion, commerce and industry with US$2.2 billion, social protection at around US$1.4 billion, and agriculture at US$1.3 billion. The impacts, damages, and losses are thus greatest in housing with US$16.3 billion, commerce and industry with US$8.1 billion, health with US$7.6 billion, education with US$4.1 billion, and transport with US$2.9 billion«.

Nota 2: Véase al respecto nuestra nota: BOEGLIN N., “Voz experta: Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí. Algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público”, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad para Costa Rica (UCR), editada el 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.

Nota 3: Pese al cerco informativo existente en Costa Rica (así como en muchas otras latitudes), en esta entrevista traducida al español y publicada en Uruguay a finales del mes de junio (véase enlace), nuestros estimables lectores podrán entender mejor por qué molesta tanto a algunos la incansable y persistente labor de Francesca Albanese y por qué se busca invisibilizar las denuncias que ha documentado en sus últimos informes. En ese sentido, esta reciente entrevista (realizada el 7 de julio del 2025) publicada por Sky News de igual manera resulta de gran interés.

Nota 4: Cuando en una decisión histórica del 5 de febrero del 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) se declaró perfectamente habilitada para examinar todo lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, celebrada como tal por Human Rights Watch (véase comunicado) entre muchos más, en Israel, su máxima autoridad no encontró nada mejor que calificarla de «puro antisemistismo» (véase nota del Timesof Israel del 6 de febrero del 2021). De igual manera, las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa) de France24. En el mes de enero del 2024, estas mismas altas autoridades israelíes consideraron oportuno calificar la primera ordenanza dictaminada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian). En este 2025, fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que fue acusado de “propagar antisemitismo”, (véase nota del TimesofIsrael del 5 de febrero del 2025), al anunciar Israel que no colaboraría más con este órgano de Naciones Unidas, imitando a Estados Unidos, que lo anunció unas semanas antes. El tildar de “antisemitismo” a un órgano de Naciones Unidas corresponde en realidad al abanico de gesticulaciones y de vociferaciones de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa de manera estrepitosa, y que ya no impresionan mayormente, salvo en el seno de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos en algunas capitales, San José incluida.

Nota 5: En efecto, al anunciar la firma de un Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental (véase comunicado oficial de sus autoridades ambientales del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel), Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar explicaciones. 

Nota 6: Véase  BOEGLIN N., “Gaza / Israel: el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta una resolución sobre obligación de prevenir el genocidio”, en la parte conclusiva, editada el 2 de abril del 2025 en nuestro blog. Texto integral disponible aquí.

Nota 7: Véase STAGNO UGARTE B.Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 74-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.

Conversatorio abordará la crisis de la protección social en Panamá

La Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) invita al conversatorio “Crisis de la protección social en Panamá: perspectivas políticas y sociales”, que se realizará el miércoles 13 de agosto, de 2:00 p. m. a 3:30 p. m., en la Sala de exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, en el campus de Heredia.

La actividad contará con la participación del doctor William R. Hughes O., profesor e investigador de la Universidad de Panamá, quien aportará un análisis desde la perspectiva económica, política y social de la situación actual de la protección social en ese país.

Este espacio forma parte de las actividades de reflexión organizadas por la Escuela de Economía bajo el programa Economía para la Vida, y se transmitirá en vivo por la página de Facebook de la institución.

Para atrás como el cangrejo

René Mauricio Valdez

¿Sabías que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) no tiene secretario general desde hace cuatro años? ¿Sabías que la Secretaría de Integración Económica (SIECA) tampoco lo tiene desde el 17 de julio de 2025 y que todo apunta a que no lo tendrá por mucho tiempo? Pienso que una gran parte del público lector no sólo responderá que no a ambas preguntas, sino que también opinará que el asunto no le parece importante, ni siquiera interesante. “¿Para qué sirven esas instituciones?” preguntarán algunos, “¿para qué sirve la integración centroamericana?”

Los gobiernos de los estados miembros del SICA (es decir, la Centroamérica histórica más Belice, República Dominicana y Panamá) no han logrado encontrar los consensos requeridos para nombrar a las dos máximas autoridades ejecutivas de la integración. Aunque existen procedimientos claros para el efecto, pareciera que algunos gobiernos han decidido pasárselos por el fondillo con el fin de colocar o premiar a gente de su total confianza con esos puestos, sin importar si llenan los requisitos técnicos ni la opinión de los demás gobiernos.

El SICA fue creado por el Protocolo de Tegucigalpa de diciembre de 1991 con el fin de promover coherencia en un “sistema” que funcionaba como un animal de cinco cabezas, cada una con sus propios objetivos a veces en conflicto con los de las otras. En su momento me dediqué a investigar esta situación y sus posibles soluciones, pues no solo era lamentable y hasta ridícula, sino que podía afectar seriamente el desarrollo de varias áreas de la integración, en especial el eje económico y comercial. (Valdés Valle 1991).

El impase en la SIECA es el resultado de que el Estado al que corresponde proponer una terna para el cargo, no lo hizo y simplemente propuso a su secretario de economía, quien es miembro del órgano regional que debe recomendar a los presidentes de los países a quien nombrar. En esta forma, el señor secretario de economía se convirtió en juez y parte, algo que no había sucedido antes en la selección del secretario de la SIECA. Cuando se reclamó la falta de terna, enviaron una que incluyó al ministro y a personas con cero experiencia en integración económica regional o cosa parecida. Cuando esta terna fue rechazada por varios gobiernos, el país proponente vetó el proceso e impidió que se pusiera en práctica mecanismos previstos para subsanar temporalmente el no nombramiento del secretario general. La Secretaría, al parecer, está funcionando con relativa normalidad bajo la administración de un director ejecutivo, pero se le quitó la capacidad legal para tomar iniciativas sustantivas, adquirir compromisos y contratar, la que corresponde exclusivamente al secretario general.

La SIECA maneja un portafolio de cooperación internacional nada despreciable en estos días de graves escaseces en ese frente. Es razonable pensar que una acefalía prolongada haga repensar a los donantes. Lo más preocupante, sin embargo, es que se afecte las posibilidades de progreso de la integración justamente cuando más se le necesita.

Algo que me produce un cierto alivio y esperanza ante el desorden mundial y el proteccionismo que promueve el gobierno de Estados Unidos, es que el comercio inter centroamericano de bienes y servicios está creciendo sostenidamente. Guatemala, de hecho, ya exporta más a Centroamérica que a Estados Unidos. Sin embargo, la parálisis sustantiva y la acefalía en la SIECA y en el SICA son un riesgo y pueden ser un obstáculo para que se produzcan las inversiones que la región requiere para dinamizar su propia producción y su mercado, especialmente en materia de infraestructura de transporte, portuaria y de aduanas, áreas en las que se ha avanzado en los últimos años y en las que es imperioso dar nuevos y más ambiciosos pasos.

Los y las centroamericanas no podemos permanecer pasivos frente a esta situación. Debemos demandar pronta y total transparencia en la selección de estos dos cargos, constituirnos en un tribunal informal de la opinión pública regional. Las gremiales de exportadores e industriales están llamadas a jugar un papel proactivo. También los medios de comunicación, que quizás por cansancio parecen haber perdido interés en el asunto. En parte esto último es culpa de los gobiernos y los órganos de la integración que no difunden bien las cosas que hacen –muchas muy valiosas– o que no desean poner en evidencia actos reñidos con la institucionalidad.

La Corte Centroamericana de Justicia debiera resolver los impases tocados en este artículo. Sin embargo, este es un órgano “secreto” que ha permanecido escondido en algún barrio de Managua haciendo poco o nada, del cual Nicaragua se acaba de retirar arguyendo desorden en su marco jurídico, lo que termina de convertirla en un cero a la izquierda.

Justo cuando en todo el mundo se argumenta que el rejuvenecimiento y el fortalecimiento de los lazos de cooperación a nivel regional es una de las medidas más eficaces que los países pueden adoptar para defender sus intereses en el convulso panorama mundial presente y futuro, los centroamericanos vamos para atrás como el cangrejo.

Ojalá que la presión sostenida y responsable de la opinión pública produzca un cambio de actitud en los gobiernos centroamericanos, algunos de los cuales hacen alarde cotidianamente de su inspiración morazanista. Ojalá no incurran en los mismos malos pasos y errores que llevaron a que Centroamérica hiciera —para usar la triste y punzante frase de Domingo Faustino Sarmiento — “un estado soberano de cada aldea”.

Referencia: Valdés, Mauricio. 1991. Problemas de gestión en la integración centroamericana. Revista Relaciones Internacionales, Núm. 34, pp. 35-44. Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. (Disponible en internet).

René Mauricio Valdez es salvadoreño, doctor en ciencias políticas. Trabajó en instituciones de la administración pública de su país, la integración centroamericana y las Naciones Unidas.

Foro: ¿Debe firmar Costa Rica un tratado de libre comercio con Israel?

El próximo miércoles 13 de agosto, a las 6:00 p.m., la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital transmitirán en vivo un foro para analizar la pregunta: ¿Debe firmar Costa Rica un tratado de libre comercio con Israel? Se realizará mediante la página de Facebook de SURCOS.

La actividad contará con la participación de Valeria Rodríguez Quesada, investigadora en temas de género y Medio Oriente; Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; y Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor e investigador independiente jubilado.

El espacio busca ofrecer a la ciudadanía elementos de análisis y diferentes perspectivas sobre los alcances, implicaciones y posibles consecuencias de un eventual acuerdo comercial entre Costa Rica e Israel.

La transmisión será en directo por Facebook Live de SURCOS Digital, en coordinación con la Alianza por una Vida Digna.

La voz de lo generacional

Por Carlos Meneses Reyes

Corresponde evocar un despunte en lo generacional. A un año de terminar el gobierno de inspiración progresista-liberal al mando del presidente Gustavo Petro Urrego, se da un salto cualitativo de la izquierda revolucionaria en el tinglado y escenario de la competencia política electoral del año 2.026. Llega el momento de la intensificación del debate ideológico y político. No puede quedar solo, en tan honrosa tarea, el aporte sustancial del profesor de la Universidad Nacional, Carlos Medina Gallego, en la serie de artículos que da a conocer. Estos van centrados en el desarrollo y expresión de los electores políticos revolucionarios.

La intervención del Dr. Alonso Ojeda Awad, en el acto en el Cementerio Central de Bogotá DC, en conmemoración de un año más del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, el 09 de agosto de 1.994, indica que la tercera edad también transita por los senderos proselitistas. Se da en el estadio etario y generacional que impone el acumulado de sabiduría; el uso de la voz; de la palabra, del escrito, expresada en nutriente a las nuevas generaciones. Receptora de ese discurso está la juventud rebelde, la de la primera línea vigente y actuante, en momentos difíciles y cruciales por el que transita la situación política del país. La valiosa decisión jurídica de la juez penal Heredia, contra el innombrable, también desbroza el trajinar de una actuación consecuente contra la empresa de la impunidad en Colombia. El veterano Alonso Ojeda Awad, como presidente de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia ha alzado la voz y es un ejemplo para los jóvenes activistas de la provincia de Ocaña y El Catatumbo y emulación hacia la juventud colombiana, para que sean ellos quienes asalten la tarima política del debate ideológico de, por y con la izquierda hacia el poder popular.

Ante el coro de “reelección” que se escucha en las intervenciones del señor presidente, él mismo ha diferenciado que por reelección se entienda la continuidad e impulso a la reforma agraria integral, la implementación de los Acuerdos de La Habana, el impulso de contenido de las reformas estructurales y de fondo que requiere la sociedad colombiana. Reelección significa y refleja continuar con las tareas de ejecución de un gobierno popular por y hacia la toma del poder popular. Conjugar no solo ser gobierno sino también poder. Reelección se concreta en que la hegemonía contra insurgente oligárquica del enemigo interno no se imponga y concuerde con el logro de la salida política al fin del conflicto armado interno en Colombia. Todo el camino está despejado y con la intervención de timonel del señor presidente G. Petro, se evitará la división de las fuerzas progresistas y de izquierda hacia el triunfo electoral del año 2.026 y con la perspectiva de un gobierno revolucionario 2026- 2030.

Gracias Dr. Alonso Ojeda Awad por su preclara intervención, cual llamado participativo a los de la tercera edad generacional y en el alistamiento del deber ciudadano en lo electoral.

La estafa chavista: poder y manipulación bajo la bandera de los valores

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Mauricio Ramírez

Uno de los pilares discursivos más sólidos del actual gobierno ante un sector importante del electorado es su supuesto apego a los “valores tradicionales” de la familia, la moral cristiana y la defensa de la vida. Este relato ha sido hábilmente explotado como herramienta de movilización política, en especial en temas como el aborto, la educación sexual y la política exterior presentada como defensa de la democracia. No es un recurso nuevo: partidos como Nueva República, entre otros, han recurrido a la misma estrategia para cazar votos apelando a la sensibilidad religiosa y moral de la población. Sin embargo, la coherencia entre lo que se predica y lo que realmente se cree y practica en las altas esferas del poder resulta frágil, cuando no abiertamente inexistente.

Las declaraciones que días atrás ofreció a un medio de comunicación la diputada oficialista Pilar Cisneros, afirmando abiertamente que es atea y que “no le pueden demostrar que Dios existe”, ponen en evidencia, de forma directa, la contradicción central del discurso gubernamental. No se trata de cuestionar su derecho a la libertad de conciencia o de creencias, un principio y derecho fundamental de toda democracia, sino de señalar la incoherencia política: ¿cómo puede un gobierno que se presenta como paladín de los valores cristianos más conservadores tener como figura clave a alguien que, por convicción, no comparte el núcleo religioso sobre el que supuestamente se asienta toda su narrativa moral?

En cualquier sociedad democrática, la pluralidad de creencias es legítima y bienvenida. Pero cuando un gobierno basa buena parte de su capital político en agitar banderas morales y religiosas para ganar votos, el asunto deja de ser una cuestión de diversidad y se convierte en un caso de manipulación consciente y mal intencionada. Es el viejo truco del poder: decir lo que el pueblo quiere oír para conquistar su voluntad, mientras en la práctica se defienden otros intereses y se opera bajo una lógica de conveniencia ideológica. Esto es más de lo mismo, la vieja política disfrazada de cambio.

Lo mismo ocurre con el tema del aborto: el oficialismo se presenta como una fuerza implacablemente “provida”, pero la integridad de esa postura se desmorona cuando se evidencia que el compromiso no es con principios inmutables, sino con la estrategia política del momento. El discurso se activa o se silencia según convenga para mantener la base electoral, y no porque exista una convicción moral auténtica y uniforme en la cúpula.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando observamos cómo los diputados oficialistas dicen representar un partido en el Congreso para mantener sus privilegios parlamentarios, pero de hecho responden a otro, a Pueblo Soberano. ¿Qué es este nivel de coherencia? Este doble juego parlamentario es el mismo mecanismo que en otros contextos se ha identificado como una de las prácticas del chavismo: crear lealtades por conveniencia, camuflar agendas y manipular el lenguaje para ocultar la verdadera naturaleza de su proyecto político. Mientras tanto, sus seguidores aplauden ciegamente, sin percatarse de la realidad.

Lo que se presenta como la defensa inquebrantable de los valores de la familia y la moral cristiana no es más que una fachada propagandística. Las declaraciones de Pilar Cisneros no son el problema en sí mismas; son, más bien, el síntoma visible, la prueba inequívoca de una maquinaria política que opera con una lógica de engaño calculado y mentiras. Es la gran estafa moral y política de este gobierno: usar la fe y los valores del pueblo, que es lo más sagrado que puede tener la nación, como instrumento de poder, mientras se traiciona su esencia desde adentro.

La credibilidad cuesta años construirla, pero basta un instante para perderla. Doña Pilar pasó de ser el pilar, en nombre y en imagen, de la confianza, a convertirse en el centro de la desconfianza de un movimiento político que le creyó a ciegas, seducido por palabras bonitas que hoy se revelan vacías.

Francisco Esquivel propone estrategia alternativa de desarrollo basada en mercado interno y sectores olvidados

Francisco Esquivel Villegas, economista, plantea en su más reciente publicación «Estructura productiva y crecimiento de Costa Rica – Hacia una estrategia alternativa» que el modelo económico aperturista aplicado durante las últimas cuatro décadas no ha logrado crear la estructura productiva necesaria para garantizar un crecimiento elevado y sostenido en el país.

Según el análisis de Esquivel Villegas, la estrategia exportadora basada en la apertura económica «ha sido una locomotora insuficiente» que mantiene a la economía nacional rezagada respecto a las economías más avanzadas del mundo. El autor señala que el nuevo sector exportador ha desarrollado una producción de ensamblaje limitada que no genera los encadenamientos apropiados para estimular la expansión del resto de la economía.

Concentración geográfica y social del crecimiento

El economista destaca que la producción exportadora se ha focalizado en algunas zonas de la región central del país y requiere mano de obra especializada que solo se encuentra en el centro de la nación. Esta característica ha impedido que el crecimiento se extienda al resto del territorio nacional.

«El crecimiento de las últimas décadas ha generado opciones de prosperidad a ciertos segmentos jóvenes de la población, con educación profesional o técnica acorde a las necesidades de ese tipo de ensamblaje. Pero, la prosperidad no llega al resto de la población, de ahí que la concentración del ingreso se ha profundizado», señala Esquivel Villegas en su trabajo.

Divorcio entre exportación y mercado interno

El autor identifica un problema central en el modelo actual: el divorcio entre la expansión exportadora y el dinamismo de la producción orientada a las necesidades del consumidor local. Según su análisis, la estructura productiva de la estrategia de apertura se produjo de manera dispersa, «típicamente liberal, sin plan», y sin interés en la producción para el mercado local.

Esquivel Villegas explica que el mercado interno solo interesó como nicho para el comercio importador, por lo que la demanda interna se abrió ampliamente permitiendo que productos del exterior entraran al país con menos aranceles y restricciones aduaneras, además de contar con un tipo de cambio favorable a las importaciones.

Propuesta de estrategia alternativa

Frente a este diagnóstico, el economista propone una estrategia alternativa que aproveche sectores que han sido relegados en las últimas décadas. Su propuesta se centra en el aprovechamiento del potencial de la agricultura, la agroindustria, la ganadería y sus derivados industriales, el turismo y la construcción.

«Si se aprovecha el potencial de estos sectores, la economía puede ampliar los encadenamientos de la estructura productiva y generar altas tasas de crecimiento que reduzcan la brecha del ingreso por habitante respecto a los países más avanzados», plantea el autor.

Recuperación del mercado interno como eje central

Un ingrediente fundamental de la estrategia alternativa propuesta por Esquivel Villegas es la recuperación del mercado interno, lo que fortalecería la capacidad de crecimiento de la economía. El economista sugiere reactivar el consumo privado mediante políticas distributivas y la inversión privada a través de la creación de estímulos apropiados tanto para empresas nacionales como extranjeras.

El autor estructura su propuesta en lo que denomina una «Etapa IV del proceso exportador», orientada hacia el crecimiento con inclusión social, superando las limitaciones del modelo neoliberal aplicado en décadas anteriores.

Contexto histórico del desarrollo económico costarricense

El trabajo de Esquivel Villegas analiza las diferentes etapas del proceso exportador costarricense, desde las primeras etapas de exportación bajo el enfoque conservador sobre el desarrollo económico, pasando por la Etapa III basada en el modelo aperturista, hasta llegar a su propuesta de una Etapa IV que combine crecimiento e inclusión social.

El economista considera que «ya pasó el tiempo del neoliberalismo» y es momento de repensar la inserción al mercado internacional de las economías latinoamericanas, reconociendo que muchos procesos de exportación de las últimas décadas generaron «una expansión incompleta, desequilibrada, sin visión de desarrollo».

La publicación completa está disponible para descarga gratuita en el sitio web de SURCOS Digital, donde las personas interesadas pueden acceder al análisis completo y las propuestas detalladas del autor para una nueva estrategia de desarrollo económico en Costa Rica.

Enlace para descarga: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/08/F-Esquivel-CR_Estructura-Productiva-Y-Crecimiento.pdf

Costa Rica no debe firmar un tratado de libre comercio con Israel

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica

La humanidad presencia, estupefacta y horrorizada, la debacle humanitaria que vive la población palestina en Gaza como consecuencia de las acciones militares del gobierno de Israel.

Los actos perpetrados por el gobierno y el ejército de Israel en la franja de Gaza constituyen un auténtico genocidio, un crimen de lesa humanidad en el que han perdido la vida más de 56.000 personas, muchas de ellas mujeres, niñas y niños. Se ha destruido indiscriminadamente la infraestructura, incluyendo la educativa, de salud y de vivienda, y se han generado condiciones de vida inhumanas que han causado un sufrimiento indecible a la población civil de Gaza.

Más aún, repetidamente se ha impedido por parte de Israel el acceso de ayuda humanitaria de organizaciones internacionales, lo cual ha causado, entre otros efectos, una crisis de salud pública que incluye hambruna y la carencia de atención básica a personas heridas y enfermas. Además del sufrimiento a la población palestina de Gaza, en esta tragedia muchas personas periodistas y trabajadoras de la salud, así como de organismos de acción humanitaria, han sido asesinadas en el cumplimiento de su deber. En medio de esta debacle humanitaria, Israel ha irrespetado repetidamente diversas normas del derecho internacional.

Este genocidio ha sido documentado ampliamente y ha sido repudiado por instancias de las Naciones Unidas, por una gran cantidad de países y por amplios sectores de la ciudadanía global, quienes clamamos con desesperación porque se detenga esta agresión.

En este contexto de grave crisis por el horror que se vive en Gaza, la Asamblea Legislativa debe considerar muy seriamente lo que representaría la aprobación de un tratado de libre comercio con Israel en las circunstancias actuales. La política exterior de Costa Rica, en todos los ámbitos incluido el de las relaciones comerciales, debe guardar una clara coherencia con la tradición civilista y de defensa a ultranza de los derechos humanos que ha caracterizado a nuestro país.

Las discusiones alrededor de este tratado de libre comercio con Israel no deben verse solamente desde la perspectiva de las posibles conveniencias comerciales que podría tener para Costa Rica un acuerdo de este tipo. Por el contrario, la decisión que se tome debe concebirse como un elemento integral de la política exterior del país, centrada en el profundo respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los pueblos, en concordancia con los valores que han inspirado nuestra tradición civilista.

Si bien la política exterior de Costa Rica debe basarse en el respeto a diversas expresiones de organización política, económica, social y cultural de los países, como parte de la coexistencia en un escenario multipolar global, en este caso se trata de la negociación de un tratado de libre comercio con un país que ha violentado normas básicas del derecho internacional y que es directamente responsable de un genocidio en curso. Esta realidad no debe obviarse a la hora de discutir la aprobación de este tratado.

Costa Rica es un país pequeño, cuyo impacto en el contexto geopolítico global es limitado. Pero cuenta con un prestigio moral en el ámbito internacional que, en las circunstancias actuales, debe ser enarbolado para sumarse a las voces que en el mundo claman porque se detenga el genocidio que ejecuta el gobierno de Israel en territorios palestinos.

En medio la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Gaza, Costa Rica no debe ser omisa a la hora de alzar su voz para detener la masacre en curso. De ahí la enorme responsabilidad que recae en quienes tienen en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje al mundo, acorde con las mejores tradiciones civilistas del país, no aprobando un tratado de libre comercio con Israel.

Costa Rica debate un SINART más fuerte, inteligente e independiente

Por: Dr. (c) Efraín Cavallini Acuña
Comunicador

El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, permitió a lideres de diversos sectores que levantaran su voz en representación de la ciudadanía, hacer un llamado en aras del fortalecimiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART y con ello darle su lugar a una comunicación pública solida e independiente.

SINART S.A es una institución con más de cuarenta y ocho años de labores en los medios de comunicación en Costa Rica; es la única institución del Estado que cuenta con un canal de televisión denominada Red Nacional de Televisión -Canal 13, una emisora radial, Radio Nacional 101.5 FM, una revista, “Contra Punto” y un medio digital, SINART Digital. Su programación a lo largo de casi cinco décadas ha estimulado a la audiencia con propuestas formativas, informativas, multiculturales, reflexivas y vivenciales. Las producciones independientes y la colaboración de diversas instituciones han creado un espacio único para experimentar e innovar.

No obstante, ante la campaña de desprestigio que ha rodeado al SINART en los últimos meses, donde se ha tratado de desnaturalizar aún más los objetivos que se esbozaban en los proyectos de creación de este medio de comunicación, diversos actores y sectores se han preocupado en recoger las opiniones, mensajes y realizar foros para reposicionar de manera sistemática que una institución de comunicación de servicio público como el SINART, es de interés social, de ahí que, en Costa Rica, es aquella libre, con independencia jurídica, cuyo cuerpo doctrinal y legal le permita actuar a favor de las audiencias.

En este sentido, la Comisión Técnica Pro SINART instaurada por la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER y la Comisión Ciudadana por la Defensa del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), llevaron a cabo el jueves 31 de julio de 2025, el II Foro “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, donde se discutió la necesidad de un proyecto para actualizar la Ley 8346 (publicada en La Gaceta N° 44 de 4 de marzo de 2003 y sus reformas) con el fin de darle solidez económica e independencia. Una televisión, una radio, una prensa, de utilidad social, de servicio a toda la comunidad nacional, con amplio rango de libertad, libre de ataduras y de amarras ideológicas que le impidan cumplir una gama amplia de objetivos y de servir a una pluralidad de intereses.

Este II Foro tuvo se efectuó en el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa al cual asistieron la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER, Magister Yanancy Noguera Calderón, la vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, catedrático universitario, exdiputado y coordinador de la Comisión Ciudadana por la defensa del SINART, la Defensora de los Habitantes Máster Angie Cruickshank Lambert y el Máster Iván Porras Meléndez, director del Quince UCR de la Universidad de Costa Rica.

En la introducción de esta actividad la Máster María Auxiliadora Zúñiga Corea, coordinadora de la Comisión Técnica por el rescate del SINART y miembro (a) de la Junta Directiva del COLPER, señaló que el objetivo de dicho foro es reconocer la dimensión ética y técnica de la comunicación política y publica en la construcción de una ciudadanía informada, crítica y participativa: “Desde nuestro Colegio Profesional se requiere un modelo de gestión que garantice la independencia editorial, la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART, bajo los principios de gobernanza transparente y participación ciudadana”. Zúñiga acotó que el compromiso ético de la comunicación pública implica asumir la responsabilidad de ofrecer contenidos de calidad, inclusivos, culturalmente diversos y libres de presiones partidarias o comerciales: “La propuesta para un nuevo SINART representa una oportunidad histórica para fortalecer el derecho a la comunicación y consolidar un sistema de medios públicos al servicio de la democracia costarricense”.

La señora Zúñiga Corea, hizo referencia a la creación de la Comisión Técnica por el rescate del SINART, en constancia con la normativa vigente del COLPER (Ley 4420-Acuerdo JD 26 05 25-Sesion 28 01 2025) y agradeció el apoyo de las personas integrantes de esta comisión y colegiados al COLPER, señoras: Xiomara Cubero Marín, Elena Constela Martínez y señor Efraín Cavallini Acuña. Asimismo, agradeció el respaldo del Despacho de la Diputada Vanessa De Paul Castro Mora y destacó la participación e interés de un grupo de extrabajadores del SINART coordinado por el Fundador y Ex Director General del SINART Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, quienes en enero de 2025 conformaron la “Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART”, con el objetivo principal de elaborar una iniciativa de reforma a la Ley del SINART, para actualizarla y que cuente con un marco legal que le permita solidez económica e independencia: “ La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, considera que los medios públicos de comunicación son esenciales para el buen funcionamiento de una democracia y la integridad del sistema de información, asimismo, esta entidad (OCDE) recomienda que los gobiernos deben apoyar la existencia de medios públicos independientes y de alta calidad promoviendo la transparencia y diversidad en la propiedad de los medios y asegurando su viabilidad financiera”, acotó la comunicadora y coordinadora de la Comisión Técnica por el rescate del SINART.

La presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER), Magister. Yanancy Noguera Calderón expuso la preocupación de la Junta Directiva del COLPER ante un posible cierre técnico del SINART, sino se llevan a cabo acciones en el corto plazo para evitar que esto suceda e hizo referencia a tres dimensiones:

  1. Comunicación Pública: la cual trasciende lo que el SINART podría hacer, es decir, se entiende como comunicación pública, cualquier estrategia que una institución o dependencia del Estado tenga para cumplir con los objetivos a las cuales está obligada por ley y que llegue a las audiencias y trate de alcanzar las expectativas de estos públicos, en este contexto, se ubica también al SINART como medio de comunicación dentro de una estrategia de comunicación más amplia.

  2. Política de Estado: ¿Es deseable y posible una comunicación pública eficaz, ética y objetiva desde un medio de comunicación público?

  3. Nuevo SINART

Su exposición enfatizó en la segunda dimensión sobre Política de Estado, de esta manera, hizo un repaso por experiencias de comunicación política en otros países que permita dejar por sentado que, si es posible un SINART dinámico, actualizado, sostenible y comprometido con la ciudadanía y que se pueda ubicar con claridad a esta institución dentro del paradigma mediático actual, establecer alianzas inteligentes, buscar soluciones para enfrentar a nuevos desafíos, como estrategia para fortalecerlo. De esta manera, proponer alternativas de desarrollo, acorde a las coyunturas actuales de carácter político como tecnológico, y desarrollar una agenda prospectiva a manera de proyecto de corto y mediano plazo, que incluye los cambios filosóficos, de gestión, jurídicos y administrativos.

La Presidenta del COLPER hizo un repaso por varias experiencias que han logrado llevar a cabo su función y mantenerse al aire después de muchos años de trabajar en la comunicación y estar al servicio de sus audiencias e indicó que el hecho de no presentar en su exposición marcas de medios latinoamericanos vigentes se debe a que en esta región estos medios públicos han venido a menos, dada esa visión fiscalista a la hora de plantear política de Estado ha secuestrado la posibilidad de que estas instituciones existan. Noguera mencionó algunas experiencias:

France. TV-Radiofrance

En esta organización francesa de medios públicos, cada uno de sus medios opera como un holding de 5 canales de televisión públicos y 5 emisoras de radio. Se financia mayoritariamente por el presupuesto asignado por el Estado y por concepto de publicidad. Hasta 2022 se financiaba con un impuesto a los hogares (redévance) de 138 euros al año.

En este momento es de cargo completo al presupuesto del Estado.

France Télévisions y Radio France son dos conglomerados de medios en un pais muy grande, con gran cantidad de medios adentro, con importante y variada programación temática y de cobertura de estos medios, los cuales en algunos casos se orientan a tópicos específicos, generando una pauta de programas muy amplia sobre: noticias, cultura, educación, entretenimiento, programación regional, historia, música, artes, mundo, infancia, ficción, ciencia, cocina, economía, libros y política.

Es claro que en Francia el sistema se ha sostenido, ha superado cambios, pero en la actualidad, sigue siendo un sistema robusto que juega un rol estratégico dentro de la sociedad francesa y convive con la cobertura de medios privados.

RAI-ITALIA:

11 emisoras de radio, 13, canales de televisión, centros de producción audiovisual, servicios multimedia, teledifusión y venta de publicidad entre otros campos. Se financia a través de un sistema mixto con impuestos directos, publicidad y venta de productos. De esta manera, se puede evidenciar que los medios de comunicación pública deben resguardar su principio fundamental y experimentar diversos intercambios para fortalecer su producción y programación de acuerdo a los intereses de la ciudadanía.

El estatuto de la RAI define claramente su condición de «servicio público de radiodifusión». Es una sociedad anónima con 70 años de funcionamiento y pertenece al Ministerio de Economía y ha sobrevivido a continuas leyes y reformas que en ocasiones agrandaron la sombra de la manipulación política. La licencia de televisión (Canone Rai) que pagan las familias financia sus actividades. Es de 90 euros.

Se mencionan otros medios públicos como la Corporación Radiodifusora de Japón: independiente del gobierno de Japón, aunque el gobierno de turno nombra a los representantes del consejo ejecutivo; se financia a través de un impuesto directo.

– National Public Radio, de Estados Unidos: produce programas para una red nacional de más de mil estaciones de radio en los cincuenta estados y el Distrito de Columbia.

En el caso de la BBC (Inglaterra) se destaca que es una Carta Real que se tiene en el Reino Unido que reconoce su independencia editorial y establece sus obligaciones públicas. Se creó como el sistema base de gobernanza. Se describe como “servicio público de radio y televisión”. Su servicio de noticias es de clase mundial y cuenta con los estándares de ética periodística más estrictos en el mundo. Se financia mediante un impuesto a la televisión de casi 200 euros al año. También se venden programas, revistas y libros. Incluye 46 estaciones de radio y 10 canales de televisión y digitales; además, una serie de servicios informativos.

Este medio cuenta con los estándares de periodismo más estrictos del mundo.

La presidenta de la Junta Directiva del COLPER enfatizó que Costa Rica debe tener y sostener su medio de comunicación público, por ello, aprovechar la institucionalidad robusta con que cuenta el país y no permitir que el SINART en esta coyuntura de crisis se vea amenazada. Por ello, es perentorio señalar elementos importantes que se describen en el proyecto de ley del SINART, como son: “es un medio indispensable para el pais, dado que se evidencia su rol importante para la sociedad, debe ser un medio de comunicación que opere como una empresa pública y que brinde servicio de información a las audiencias, tener una fuente clara y segura de ingresos, contar de alguna tasación (impuesto) de la cual participen todas las familias, en el entendido, que serán beneficiadas con su programación diaria, independencia del gobierno de turno es esencial para resguardar su esencia y vocación de servicio público. Requerimos de una visión de Estado que resguarde como parte de la política pública una comunicación pública eficaz desde un medio de comunicación público e independiente”.

La Defensora de los Habitantes Máster Angie Cruickshank Lambert, abogada, consultora de la Organización de Estados Americanos-OEA, se refirió al papel que ha asumido la Defensoría de los Habitantes con respecto al SINART; en su calidad de garante del respeto al derecho a la información que tienen todos los habitantes en especial aquellos de poblaciones vulnerables, de ahí, que subrayó la importancia del acceso a la información pública, tal como se establece en las convenciones y leyes nacionales, donde se afirma que es un derecho fundamental para todas y todos los habitantes, el cual busca favorecer su participación en los asuntos públicos, así como monitorear las acciones del Estado en aras de transparentar la gestión pública: “ considerando nuestra posibilidad de emitir criterio sobre proyectos de ley, informarles que, en mayo del presente año, se remitió a la Comisión Permanente Especial Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el criterio de la Defensoría de los Habitantes sobre el expediente No. 24.032 correspondiente al Proyecto de Ley Reforma de los artículos 7 inciso g y 19 inciso c y adición de artículo 19 bis de la Ley Orgánica del Sistema de Radio y Televisión Cultural N°8346 para brindar herramientas de actualización tecnológica (oficio N° 04527-2025-DHR del 04 de mayo 2025”.

Para la Defensora de los Habitantes el proyecto de ley mencionado antes pretende modernizar y dar sostenibilidad financiera al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), mediante el establecimiento de nuevas herramientas tecnológicas y de financiamiento para enfrentar los cambios sociales que ha traído la globalización y las nuevas tecnologías. Por ello, desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, se indicó que el mismo se alinea con los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible ODS 5 y 9, promoviendo el acceso a la información y la equidad de género en el ámbito político: “Recordemos que el ODS 5 refiere a la Igualdad de Género, incluyendo la meta 5.5 de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles. Y la meta 5.B: busca mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres”.

De esta manera, Cruickshank señaló que el proyecto de ley establece que al menos un 3% de los fondos publicitarios estatales destinados a SINART deben usarse en la difusión de materiales y contenidos sobre violencia contra las mujeres en la política. Por ello, para la Defensoría de los Habitantes este es un paso importante para visibilizar y combatir la violencia de género en espacios políticos en el país. Y por su parte el ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura, en su Meta 9.1: define el desarrollar infraestructura sostenible y resilientes para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Y la Meta 9.C: busca aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones: “Se recomendó a las diputaciones evaluar y fortalecer las vinculaciones de los ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 17 (Alianzas para el Desarrollo), asegurando que el SINART además de recibir el financiamiento, cumpla con una función estratégica dentro del entorno de educación y comunicación para las personas habitantes”.

Angie Cruickshank Lambert enfatizó que, en el criterio emitido por la Defensoría, se identificaron desafíos en la estabilidad del presupuesto estatal, la eficiencia del gasto y la equidad en la competencia con otros medios de comunicación. La revisión de modelos internacionales de financiamiento permitió sugerir que una dependencia excesiva de la publicidad puede afectar la sostenibilidad a largo plazo, por lo que se recomendó evaluar alternativas como financiamiento directo o mixto. En este sentido, indicó que la inclusión de indicadores de desempeño y eficiencia del gasto permitiría asegurar que la inversión pública en el SINART sea transparente, efectiva y en beneficio directo de la ciudadanía: “Aunque el proyecto busca garantizar la sostenibilidad financiera del SINART, podría limitar la competencia y aumentar la carga presupuestaria de otras entidades públicas, sin perjuicio de que se podrían generar conflictos legales por restringir el libre mercado y crear condiciones desiguales para medios privados”.

A partir del abordaje en Derechos Humanos expuestos por la Defensora de los Habitantes, especialmente en cuanto a poblaciones vulnerables, se evidenció que desde la Defensoría se plantearon las siguientes recomendaciones con el fin de que las señoras y señores diputados las puedan tomar en consideración en el análisis del proyecto de ley en cuestión:

1.- Asegurar que la inversión beneficie a las personas habitantes: Es importante tener en consideración que los contenidos creados por el SINART tengan acceso libre y gratuito para las personas habitantes, sean en formato digital y plataformas accesibles. Además, contar con un espacio de repositorio público donde se documenten los programas, campañas y contenidos financiados por la pauta estatal.

2.- Crear indicadores de desempeño, evaluación y eficiencia del gasto: Es conveniente incluir en el proyecto de ley un apartado para realizar encuestas periódicas que midan la efectividad y receptividad de la información transmitida por el SINART, y si cumple con los objetivos de las instituciones públicas. Adicionalmente, se pueden establecer mecanismos de retroalimentación para que el SINART conozca las nuevas tendencias en el consumo del tipo de productos y servicios que genera, por parte de toda la ciudadanía. En este apartado, la Defensoría consideró que las y señores diputados pueden valorar incluir indicadores desempeño y eficiencia del gasto, con el fin de medir el impacto de la inversión publicitaria en el SINART, tales como el alcance de la audiencia sobre los contenidos, nivel de cumplimiento de los objetivos culturales y educativos, y otros. Se trata de asegurar que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente. Además, establecer un marco de rendición de cuentas y mejora continua que respalda el financiamiento estatal a medios públicos.

Por su parte el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador, ex Catedrático de la UCR y la UNA, ex diputado, fundador, ex presidente ejecutivo del SINART y coordinador de la Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART, aprovechò el espacio para referirse al abandono que las últimas administraciones del gobierno han proliferado en perjuicio del SINART y sus medios y de la necesidad de dejar claro ante el país que el SINART no es un negocio, es una institución de servicio público, por consiguiente: “la ganancia de esta institución no es que cierre los estados financieros anuales con ganancias: que cierre en cero-bien. Que puede cerrarlo hasta con un pequeño déficit-también. ¡No seamos hipócritas!, porque la ganancia del SINART es el servicio. En ese sentido, ahí sí, los estados del SINART en los últimos 15 años ha sido cero o en rojo y eso hay que decirlo con toda sinceridad”.

Aguilar Bulgarelli, dijo que el SINART como institución de servicio ha sido deficiente, porque la ley creada en el 2003 tiene una serie de defectos que le ayudaron a consumir esta institución en la situación que hoy tiene: “sobre lo principios y objetivos que están establecidos en esa ley, està una organización pensada para que fuera manipulada políticamente, entonces, la manipulación política del SINART lo ha destruido”. Es por ello, que la Comisión Ciudadana por Defensa del SINART se abocó a cambiar aquellas cosas del proyecto de ley que no estaban favoreciendo el buen funcionamiento de la institución, agregó Aguilar, quien citó algunas propuestas para mejorar el proyecto de ley que se revisa en la corriente legislativa:

  • No se eliminó la condición de Sociedad Anónima, pero se le devuelve una condición que fue borrada de la ley y se afirma que el Sistema Nacional de Radio y Televisión -SINART, es una institución CULTURAL: “Se entiende que no es un negocio, el negocio es la cultura en el más amplio concepto de cultura, de cultura humanista. No se trata de que el ser humano se convierta en una máquina consumista, que es lo que buscan los regímenes políticos actuales, hablamos de que la personas se mantengan como un ser humano de libre pensamiento, de libre acción y de libre decisión”.

  • La naturaleza jurídica del SINART será entendida como una Sociedad Anónima cuyos miembros son elegidos por Colegios Profesionales, del Gobierno, pero el presidente ejecutivo y el gerente o director general ya no serán nombramiento ni del Consejo de Gobierno ni del presidente de la República, sino será una decisión del Consejo Ejecutivo del SINART.

  • El presidente ejecutivo del SINART asume las responsabilidades de la decisión de políticas del SINART y el director general la función administrativa o gerencial. De esta manera, dejar claramente diferenciada la definición de gobernanza con la gobernabilidad institucional: “La gobernabilidad es la función de gobierno para alcanzar un servicio eficiente a la sociedad de parte de las instituciones del Estado. No es el aspecto económico lo que le interesa a la gobernabilidad, sino la calidad del servicio que recibe la ciudadanía. La gobernanza es un término que se ido metiendo en la administración pública proveniente de las visiones gerenciales de la empresa privada derivadas del mercado, la globalización que ven en la gobernanza una finalidad de beneficio y de ganancia económica. En el servicio publico la gobernanza está supeditada a la gobernabilidad”.

  • El SINART debe tener libertad absoluta de decisión, de gobierno y administración, por ello, se establece que debe estar ajeno a toda influencia del control asfixiante del gobierno de turno y no ser únicamente portavoz del Poder Ejecutivo.

  • En cuanto al financiamiento se han introducido algunas cosas como quedar claro que el 10% de los presupuestos de publicidad de las instituciones autónomas y de gobierno serán asignados al SINART-no como un asunto obligatorio sino como obligación. Para ello, se establece que deben ser girados en tractos cada tres meses de tal manera que la Contraloría General de la República-CGR será la gran vigilante que eso se cumpla.

  • Se plantea que el fondo de FONATEL haya un porcentaje que sea asignado para el SINART, lo cual se justifica porque el servicio que presta el SINART se ubica dentro de los objetivos que cumplen los fondos de FONATEL.

  • Se agrega al proyecto la venta de servicios, (venta de publicidad) tal y como lo hacen instituciones de comunicación pública en otros países (RAI-RTVE-BBC-FRANCE TV), lo cual permite ser competitivos y cumplir con las aspiraciones de las audiencias con programas de calidad.

El expresidente Ejecutivo del SINART fue enfático en mencionar que: “ El presidente de la República Rodrigo Chávez es el máximo responsable de hacer del SINART una maquinaria para generar ingresos para su propaganda política y la de sus jaguares lo que liquidan al SINART”. Por ello, para mejorar la situación actual de esta institución se debe mejorar la ley y eso es lo que se plantea en la propuesta de la Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART que él dirige, manifestó el Dr. Aguilar Bulgarelli.

Como parte del evento se llevó a cabo un conversatorio entre los expositores, conducido por el Lic. Iván Porras Meléndez, director de QUINCE UCR, al cual se sumó la vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada.

Al respecto, Porras en relación al tema del foro reflexionó sobre lo expuesto por Ignacio Ramonet, periodista español, catedrático de teoría de la comunicación establecido en Francia en su vista a Costa Rica hace varios años (Semana de la Comunicación COLPER), quien hizo un planteamiento de cómo se estaban configurando los medios de comunicación y la polarización entre medios públicos y privados (Medios Públicos, Guerras Mediáticas): “Existen países donde se da una cobertura mediática totalmente estatal dada su modalidad de dictaduras, caso de Corea de Norte, y por otro lado, la mayoría de los países del mundo cuentan con medios privados y se dan pocos ejemplos de medios de servicio público. En cambio, en el caso europeo se evidencia un ecosistema de convivencia de medios privados y los medios públicos, donde estos últimos habían llegado primero y ser protagonistas en la mesa de diálogo y que a partir de la lógica de servicio público a la ciudadanía fue que se construyó la lógica de medios al servicio de las audiencias con alta calidad. Costa Rica es de esos casos donde la televisión privada llegó primero y eso en cierta manera ha determinado el ecosistema de medios en nuestro país”.

El Director de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica-UCR, comentó que en nuestro país la lucha por un sistema público de servicio que se enfoque en la persona como un ciudadano de una democracia y no nada mas como un consumidor de información es fundamental: “Por ejemplo, en cuanto al financiamiento al día de hoy Radio Televisión Española-RTVE, señal que se puede apreciar en Latinoamérica en canales de cable, combina un porcentaje muy grande de su ingreso del erario público (Estado), otra parte viene de impuestos a operadores telefónicos y han buscado formas hibridas en la venta de contenidos, co- producciones e incluso en la venta de material de archivo. También existe la TV 2 de RTVE donde transmite arte, cultura, literatura, educación etc.”.

Por su parte la Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada comentó que el tema de educación es gran preocupación ante los nuevos paradigmas y le preocupa la situación negativa que enfrentan en Costa Rica temas como la educación, la salud y la seguridad ciudadana, tres ejes que han sostenido la democracia más sólida del continente los cuales se están resquebrajando y sin embargo, han sido uno de los aspectos mas atacados en los últimos tres años, dando golpes muy fuertes a este triangulo poniendo en peligro al país: “ en este contexto, los medios de comunicación cumplen una función esencial y por consiguiente, el ejercicio de una comunicación pública en el fortalecimiento de la democracia. Vemos un ataque muy rudo a todo el tema de la comunicación pública, pero también a la privada, es situación que requiere del análisis permanente y el entendimiento que la situación es compleja”.

El señor Iván Porras hizo un señalamiento muy general a algunos elementos expuestos en este conversatorio como son:

  • Una cosa es una comunicación política y otra es un medio de servicio público. Hay que diferencia un medio de servicio público de un medio gubernamental.

  • El lugar donde nació el SINART era un espacio de servicio público. Lograr esa independencia es un reto.

  • El paradigma del derecho a la información a partir del cual se busca como sociedad democrática brindar un espacio a las diferentes comunidades históricamente vulnerabilizadas. Es en la televisión y medios públicos donde muchas veces estas comunidades tienen un espacio, una voz, donde la tienen en la televisión comercial, porque no corresponden a lo que buscan las pautas o la publicidad.

  • En este momento lo más importante es fomentar una sociedad que construya desde y hacia la inteligencia, de esta manera, rescatar el concepto de CULTURA cuando se habla de medios de comunicación al servicio de la ciudadanía.

El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, realizado desde el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa, contó con el apopo del despacho de la Diputada Vanessa De Paul Castro Mora y se constituye en una actividad abierta para compartir insumos de gran relevancia en este proceso de diálogo, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento democrático donde se espera que la ley del SINART (Canal 13, Radio Nacional, Revista Contrapunto), sea aprobada por el Poder Legislativo y permita que la sociedad costarricense cuente con una comunicación pública, que lleve a la práctica los valores esenciales de verdad, honestidad, imparcialidad, independencia, respeto a los derechos ajenos y propios, así como el compromiso con: la democracia, la paz, la justicia, el pluralismo, la tolerancia, el respeto al ambiente, la calidad de vida, defender la verdad, actuar con integridad, equidad, buena fe y neutralidad, En fin, la búsqueda de la excelencia, luchar por la libertad de pensamiento y de expresión, asegurando la independencia como institución de servicio público y responder a las nuevas formas de percepción de los colectivos, en el ámbito de la ética, los valores socio culturales, y la responsabilidad de la ciudadanía.

Fotógrafo: Minor Solís Calderón.

Contacto: comisionprosinart2025@gmail.com

Foro Completo: https://www.youtube.com/live/zlLUB2_907A