Vladimir de la Cruz de Lemos
Costa Rica tiene una fama bien ganada y un reconocimiento internacional como país democrático: la más sólida democracia del continente americano
Desde inicios de la vida independiente de España, desde el 29 de octubre de 1821, con las Juntas Superiores de Gobierno hasta 1823; durante la incorporación en la República Federal de Centroamérica, 1824-1838, con la constitución del Estado de Costa Rica, 1824-1848 y la declaración de la República de Costa Rica desde el 31 de agosto de 1848 hasta hoy, los gobernantes de Costa Rica han sido predominantemente educadores, abogados, médicos, periodistas. De excepción ha habido gobernantes militares. El primer Jefe de Estado, el educador Juan Mora Fernández, 1824-1833, marcó la ruta.
Desde 1821 establecimos una Constitución, llamada Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, reconociendo en ella la esencia del Pacto Político como elemento clave de la convivencia nacional.
La historia política del país ha sido resultado de gran cantidad de pactos políticos que han garantizado el desarrollo del régimen y del sistema democrático, de la evolución de los derechos ciudadanos y las libertades públicas, del Estado de Derecho y del Estado Social y Democrático de Derecho.
Implícitamente, por el título constitucional, desde la primera Constitución, se reconoce la esencia del llamado Estado de Derecho, de la existencia de los Poderes Públicos, sus nexos, equilibrios, pesos y contrapesos, sus funciones exclusivas, indelegables, propias, insubrogables, impidiéndose desde entonces que un Poder Político pudiera ser sustituido o intervenido bajo control por otro poder, con ánimo de cambiar su esencia jurídica o de trazarle desde ese otro poder, el Ejecutivo, sus directrices y acciones fundamentales, para de esa forma desarrollar un gobierno de características tiránicas, dictatoriales, autoritarias, antidemocráticas. De manera precisa, estos poderes, así establecidos, desde la Constitución Federal de Centroamérica de 1824 y de la Constitución Política del Estado de Costa Rica en 1825, a partir de los cuales evolucionan hasta nuestros días.
Desde 1821, se produjeron 13 constituciones políticas. Dos de ellas, la de 1871 y la actual de 1949, han tenido en la práctica larga vida. La de 1871 suspendida por otra Constitución, en el período 1917-1919, resultado de un gobierno tiránico que se estableció por esos dos años, a cuya caída también se restableció la Constitución de 1871, hasta 1949, cuando surgió la actual.
Los procesos electorales marcaron el camino de la escogencia de las autoridades políticas de gobierno, sin partidos políticos hasta 1890, y desde entonces con partidos políticos tal y como ahora los conocemos. Un poder legislativo unicameral ha sido la tradición. Bicameralmente de excepción ha funcionado por breves períodos. La última vez fue en 1917.
El sufragio, evolutivamente desde el siglo XIX, se ha dado desde los inicios de la Independencia. Se conocen prácticas electorales y de sufragio desde finales de la colonia. En el siglo XIX se dio el voto directo, público, con elecciones de segundo grado, para escogencia selectiva de electores, con restricciones electorales para mujeres, analfabetos y por motivos de capacidad económica.
A partir de 1890 hay elecciones con partidos políticos, como ahora existen. Desde 1914 se estableció el voto directo de los electores, eliminándose la elección indirecta, y a partir de 1924 se estableció el voto secreto. Igualmente, desde mediados del siglo XIX se estandarizó el período de gobierno a cuatro años, con posibilidad de reelección continua en el siglo XIX. Excepcionalmente hubo períodos de seis años. En términos generales, así ha sido desde 1847.
En 1949 se aprobó el voto de las mujeres, el voto universal, ejercido desde 1951. Desde entonces se ha mejorado el derecho al voto, el sufragio nacional, obligando a la mayor paridad posible en las listas de electores de hombres y mujeres, y en la composición de los Poderes Públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde tiene que observarse esa paridad de género.
La edad de los votantes, de los ciudadanos, desde 1974 se bajó a los 18 años, dándole poder político a la juventud.
Corrientes políticas en el escenario político nacional se dieron desde el siglo XIX, predominando en ese tiempo las corrientes liberales más que las conservadoras. A finales de ese siglo se introducen las corrientes anarquistas, socialistas, reformistas, comunistas y socialcristianas.
Con los partidos políticos, a partir de 1890 dominan el escenario nacional los movimientos liberales hasta 1948, enfrentados a las manifestaciones partidarias obreras, 1886-1910, a las tendencias reformistas, 1923-1934, a las socialistas, 1919-1924, a las comunistas desde 1931 y a las socialdemócratas desde 1943.
Los partidos conservadores, como tales, poca expresión tuvieron. Actuaban desde las banderas “liberales”. Desde entonces, el espectro político se mueve en todas las posibilidades, con restricciones políticas de participación electoral para los católicos desde 1898 y para los comunistas durante los años 1948-1975.
En los últimos 50 años se abrieron espacios para partidos políticos identificados con corrientes cristianas no católicas, que han logrado escaños legislativos, manteniéndose todavía la restricción para partidos católicos. La prensa en Costa Rica, impresa desde 1833, surgió como un baluarte del pensamiento político liberal y democrático, exaltando la libertad de pensamiento, la libertad de opinión y de publicación. Se desarrolló como un instrumento de control político público frente a los gobernantes de turno.
La crítica política ha sido una de las mejores manifestaciones del ejercicio de la libertad de prensa y pensamiento en Costa Rica.
En ausencia de partidos políticos opositores, o cuando los partidos han perdido esa condición de oposición política, la prensa y el periodismo han desempeñado ese papel de control político frente a los gobiernos, con respeto a los gobiernos a ese control público que se ha ejercido desde los medios de comunicación. Los gobiernos en general han carecido de prensa propia, aunque les incomode la crítica.
El ejército y el militarismo han existido en la historia costarricense. Pero los militares no han gobernado más que por excepción y por brevísimos períodos. El Ejército y los militares existieron sometidos al control político nacional.
El Ejército Nacional obtuvo su mayor gloria y papel en la defensa de la integridad, la Libertad, la Soberanía y la Independencia nacional, y centroamericana, cuando en el período 1856-1858, enfrentó a los filibusteros estadounidenses que se establecieron en Nicaragua desde 1855 hasta que se les derrotó en 1857, llevando el impulso de esa defensa el Ejército de Costa Rica, que impidió la penetración y el dominio filibustero en el país y, con colaboración de los ejércitos de Honduras, Guatemala y el Salvador, se evitó que toda la región fuera anexada a los Estados Unidos y se estableciera la esclavitud como lo clamaba William Walker desde Nicaragua, donde se había proclamado Presidente.
Desde 1869 hasta 1949 el Ejército fue debilitado institucionalmente. Se redujeron sus rentas, fortaleciéndose las de educación pública, salud y obras públicas. El 1 de diciembre de 1948 se abolió el Ejército Nacional, sustituyéndose por una policía nacional.
Los símbolos y elementos militares se eliminaron de los símbolos nacionales desde 1902. Los rangos militares se mantuvieron en la organización policial hasta el gobierno del Dr. Óscar Arias Sánchez en 1986-1990, que se sustituyeron por denominaciones civiles. Se fortaleció esto en la administración del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002.
En la Costa Rica actual, desde la llegada del presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, y de la continuidad de su gobierno con la presidenta Laura Fernández, 2026-2030, se ha entronizado una nueva manera de hacer política, con un populismo autoritario, cuya característica fundamental ha sido la de debilitar y desarticular el Estado de Derecho, la de debilitar toda oposición política partidaria e institucional, la de denigrar dirigentes políticos, partidos políticos, de hablar contra “la política”, contra las instituciones constitucionales fiscalizadoras de la administración pública, contra los gestores de opinión, pensadores críticos y medios de comunicación que ha tratado de doblegarlos financieramente para someterles a informar solo lo que el gobierno quiere que se informe y diga.
Estos años han sido también de ataque a las universidades como centros de pensamiento, contra sus programas académicos señalando que deben eliminarse los estudios humanísticos y las ciencias sociales, que el presidente Chaves considera poco útiles para la formación de profesionales, contra la educación pública en general, incluida la escolar y colegial que ha debilitado eliminando los programas de becas, de comedores escolares y de transporte de estudiantes, quitando recursos para la reparación de instalaciones escolares con amenaza de cierre de más de 800 establecimientos en el país.
Han sido cuatro años prolongados a este primer año del actual gobierno orientados a mantener por otros cuatro años el congelamiento de salarios y pensiones, que ha habido durante estos últimos cuatro años, de tratar de imponer la jornada laboral de 12 horas sin reconocimiento de pagos extras por el exceso de 4 horas diarias de trabajo, con el efecto que eso tiene en el rebajo sustancial de salarios, de aguinaldos y de pensiones futuras. Además, con la amenaza de aumentar la edad del derecho de pensionarse en 5 años más de trabajo y de edad, y negándose el gobierno a entregar los ahorros de jubilación de los pensionados cuando se acogen a este derecho.
El gobierno de Chaves mantuvo públicamente la tesis de necesitar el control absoluto del Poder Legislativo y del Judicial para poder realmente gobernar. Solo tenía el Poder Ejecutivo de modo absoluto, porque así lo establece la Constitución Política. El Legislativo se elige proporcionalmente al resultado de las elecciones parlamentarias. En este período, 2026-2630, logró elegir 31 diputados de 57, sin que eso le dé el control mayoritario y absoluto de 38 diputados, con el cual podría cambiar la estructura de la Corte Suprema de Justicia y de nombrar, si quisiera, a todos los magistrados.
Con motivo del nombramiento que tiene la Asamblea Legislativa, obligadamente, por mandato constitucional, de los Magistrados Suplentes del Poder Judicial, por lista que el Poder Judicial envía al Poder Legislativo a su sometimiento a votación, los diputados de gobierno se niegan a votar, negativa o positivamente, dicha lista. Han planteado que la Corte haga otra lista interviniendo en la independencia de poderes públicos, ordenando y proponiendo otros candidatos, situación que se ha mantenido desde el 2025, desde el anterior gobierno, al gobierno actual.
La situación de la no elección de los Magistrados Suplentes se volvió inaguantable institucionalmente, provocando casi un paro técnico del Poder Judicial y de sus Salas Superiores, violentando los derechos de los ciudadanos y creando una sensación de anomia judicial, ambiente que ha querido crear el gobierno para impulsar un autogolpe de Estado.
Ante esta situación, la Sala Constitucional del Poder Judicial resolvió, en uso de su facultad de dirimir las contradicciones que puedan sucederse de conflictos entre Poderes del Estado, de nombrar a los Magistrados Suplentes, que lo eran, para resolver la integración de las Salas Superiores de la Corte Suprema de Justicia. Esta facultad de actuación se la da la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la misma Constitución Política. Es la facultad de integrar derecho, con la cual la Sala Constitucional puede llenar vacíos o lagunas legales en el ordenamiento jurídico, para resolver casos concretos, como ha sido el caso de rebeldía sediciosa que han tenido los diputados de gobierno por no querer recibir la propuesta de magistrados suplentes que ha enviado la Corte Suprema de Justicia y votarla.
Con esta Integración de Derecho que ha hecho la Sala Constitucional se constituye toda la Corte Suprema de Justicia, hasta que la propia Asamblea acate la propuesta que se le hizo de Magistrados Suplentes. Esta Integración de Derecho es la transposición de la norma jurídica, el Fallo de la Sala Constitucional, en el mecanismo y medida concreta que garantiza el cumplimiento, por la adopción del medio necesario para lograr este fin, del funcionamiento del Poder Judicial, amenazado sediciosamente por los 31 diputados de gobierno.
El Fallo de la Sala Constitucional garantizó y afirmó el Estado de Derecho y la Independencia de los Poderes Públicos, violentamente amenazados por los presidentes Rodrigo Chaves y Laura Fernández. Se le ha puesto un freno, por ahora, a las intenciones de establecer un Estado autoritario, tiránico, dictatorial y plenamente autoritario en Costa Rica. En esta dirección ellos siguen atizando y clamando.
Su último discurso con motivo de este fallo judicial es que se dio un golpe de Estado en Costa Rica. Despotricaron sobre esto. Acudieron con una acción de prevaricato contra los Magistrados de la Sala Constitucional que impulsaron este Fallo, sin que técnicamente pueda tener efecto alguno sobre ellos ni ningún resultado positivo para los accionantes, más allá de afirmar que eso es parte del Golpe de Estado que se provocó.
El golpe de Estado no se ha dado contra el Poder Ejecutivo. La Presidenta, su copresidente, el Ministro de la Presidencia y de Hacienda, sus Vicepresidentes y el resto de sus ministros siguen en sus funciones ejecutivas. La Asamblea Legislativa no se ha suspendido por parte de un poder externo que la suspenda o paralice. Siguen funcionando sus comisiones de trabajo y sus sesiones legislativas.
El Poder Judicial sigue funcionando plenamente. El Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene rango de Poder Público, sigue funcionando y ha llamado a que se formen e inscriban partidos políticos, con plazo hasta enero próximo, para las elecciones municipales de 2027-2028.
La prensa nacional no tiene censura previa de organismos externos a la institucionalidad nacional. Al contrario, ha arreciado en sus editoriales en defensa de la democracia, de la institucionalidad del Estado de Derecho y de apoyo al Fallo de la Sala Constitucional.
La Fuerza Pública policial no ha tenido necesidad de movilizarse, por propia iniciativa ni por iniciativa de nadie, en función de la defensa de toda la institucionalidad democrática costarricense, que no está amenazada.
La estridencia de los discursos presidenciales de Laura Fernández y de Rodrigo Chaves, de gritos agudos, molestos, exagerados, con violentas expresiones físicas, y de retos a la población inquiriéndole de si aceptarían una dictadura, no han tenido eco nacional y tampoco ningún destello de apoyo internacional a favor del supuesto gobierno que cayó por el Golpe de Estado, o de condena del Golpe de Estado, o de suspensión de relaciones diplomáticas con el supuesto gobierno golpista.
El aliado más sólido de los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández, por el servilismo, el felpudismo o la sumisión, con el que ellos se comportan con las políticas que les impone el gobierno estadounidense, en aranceles o en política exterior, ni siquiera ha dado su apoyo a estos gobernantes reconociéndolos como legítimos representantes populares que perdieron el poder por ese golpe de Estado.
El presidente Trump no se la peló, como se dice en la jerga costarricense, corriendo a darle apoyo al gobierno y a amenazar a los golpistas con una intervención al estilo Caracas para restaurar el gobierno democrático de Rodrigo Chaves y Laura Fernández. Al gobierno de Trump ni un destello le sacó el anuncio de plaza pública que hicieron la pareja presidencial de Rodrigo y Laura del Golpe de Estado que se les había dado.
Pero, curiosamente, tampoco lograron ni chispas de apoyo de los gobiernos de derecha de América Latina como son los de Argentina, El Salvador, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, República Dominicana, Paraguay, Panamá y Bolivia. Sus amigos Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, José Antonio Kast, Keiko Fujimori, Abelardo de la Espriella, Luis Abinader, Santiago Peña. José Raúl Moliño y Rodrigo Paz. Lo dejaron solo. No le tiene ni una gota de credibilidad a sus gritos desesperados de haber sufrido un golpe de Estado.
He llegado a la conclusión de que el autogolpe de Estado, que están planificando Rodrigo Chaves y Laura Fernández, lo practican con los juegos electrónicos de internet “Suzerain”, “Saga Trópico” y “Dictator: Gobierna tu nación”.
En estos juegos, desde la presidencia, se ven países en crisis donde se trata de modificar la constitución para obtener podres absolutos, encarcelar la oposición política, se ven situaciones de bloqueos parlamentarios y amenazas de perder elecciones, como lo advertían hablando contra el Tribunal Supremo del Elecciones Rodrigo y Laura, y donde el Dictador administra las distintas fracciones políticas del país, como Rodrigo advirtió que tendría los 7 u 8 diputados que le faltan para controlar plenamente al Poder Legislativo, con la meta de acumular el mayor poder absoluto y eliminar todos los pesos y contrapesos del sistema democrático, actuando por la fuerza con Decretos Leyes… sin Poder Legislativo y sin Poder Judicial.
Compartido con SURCOS por el autor.
