En pocos años desmontaron las conquistas sociales, para no incomodar a nadie, no tuvimos la capacidad para defender el patrimonio social heredado.
Las disculpas del caso, pero desde hace décadas a la clase política empresarial costarricense le ha valido un pepino las conquistas sociales.
Sin disparar un sólo triquitraque como dicen en la zona rural, esa clase política empresarial no necesitó de un golpe de estado para desmontar los logros, que, a costa de sangre y fuego, destierros, fusilamientos y feroz persecución, quedaron plasmados en la Constitución de 1949: ¡LAS GARANTÍAS SOCIALES!
Ellos sí tuvieron la capacidad de cambiar el ADN de la lucha en la clase trabajadora, que a falta de conciencia social dado que desde las organizaciones sociales en luchas individuales se falló en este aspecto de fondo, asistieron a los cortejos fúnebres y con aplausos, enterraban las conquistas sociales que era el Patrimonio Social logrado en las luchas de la década de los años 40.
Si hoy hay que pagar en calidad de viáticos a quienes tengan la voluntad de asistir a la marcha para celebrar el Primero de Mayo, ¿qué podemos esperar del respaldo de quienes los llevan al matadero y van felices y aplaudiendo?
Por aquello de que se les haya olvidado a algunos, hoy se cumplen 429 días del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nadie podía predecir que este conflicto se extendiera por tanto tiempo. Se consideró desde el principio que Rusia arrasaría con Ucrania y dominaría el conflicto a su antojo. No ha sido así y todos sabemos que esta guerra dejó de ser entre Rusia y Ucrania y se convirtió en una guerra entre Rusia, Ucrania, la OTAN como organización, pero además con Estados Unidos, Francia, España, Alemania y muchos países más.
Es decir, casi una guerra mundial solapada.
En los últimos días quienes han aparecido en escena han sido los chinos. El presidente, Xi Jinping visitó a Vladímir Putin y también tuvo una conversación telefónica de una hora con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.
Estas intervenciones de China han sido aplaudidas por la OTAN y hasta por Estados Unidos, lo que le ha agradado muchísimo al presiente Jinping y a China en general pues si algún país puede hacer que esto acabe es China. Las condiciones económicas que puede imponer no solo a Rusia sino también a la OTAN pueden llevar a que los involucrados depongan las armas antes de recibir sanciones chinas que no serán tan suaves como las que se han impuesto a Rusia.
Es decir, China, sin meterse en la guerra, sin enviar armamento, sin arriesgarse a nada puede salir ganándolo todo y quedar como la triunfante en la diplomacia y en la consecución de la paz.
Se avizora una pronta solución porque el gigante asiático tomó iniciativa y cuando este “dragón” se levanta los demás deben calmarse o recibirán su dosis de castigo, o al menos, de indiferencia y eso viniendo de China es grave en estos tiempos.
Mientras tanto la guerra sigue y los muertos siguen sumándose, así como los desterrados por la condición de guerra. Aunque para el mundo ya eso se convirtió en costumbre y ya no es noticia.
Pero como la guerra es un negocio muy suculento ante la posible paz entre Rusia y Ucrania, en Sudán el conflicto se agrava y centenares de muertes ya se registran y se suman a los que en cinco años superan el millón, a causa del enfrentamiento.
Dios quiera que nuestra sociedad y la humanidad entiendan que la guerra es un síntoma de locura y de unas mentes muy poco evolucionadas.
El primer ministro de Belice, John Briceno, y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, firman un acuerdo de cooperación técnica durante la visita de Tsai el 3 de abril de 2023
Fundamentos históricos y prácticos
Vladimir de la Cruz de Lemos
Los países actualmente denominados centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, remontan una historia común desde los días en que pertenecieron unitariamente a la Capitanía General de Guatemala, dentro del Virreinato de Nueva España, durante el período de dominación colonial española, hasta los días en que declararon la Independencia en los meses de septiembre y octubre de 1821.
El impulso inicial al declarar la Independencia fue agregarse al Imperio mexicano de Agustín de Iturbide, lo que resultó un fiasco por la muerte misma de Iturbide y la desintegración de ese intento de constituir un imperio.
En ese escenario, siguiendo la misma Declaratoria de Independencia de Guatemala, se convocó al Congreso Constituyente Centroamericano, que terminó impulsando, primero, las Provincias Unidas de Centroamérica y, unos meses después, la República Federal de Centro América, proceso histórico que funcionó desde 1824 hasta 1838, con un intento de volver integrarse en 1842, cuando Francisco Morazán gobernó por unos meses Costa Rica. Con su fusilamiento en Costa Rica ese sueño se apagó.
En la segunda mitad del siglo XIX hubo intentos integracionistas, que no sumaron más de tres países, y uno grande de Justino Rufino Barrios, presidente de Guatemala, que quiso integrar a la fuerza a los países centroamericanos, muriendo en combate en El Salvador, y con su muerte su proyecto integracionista.
Al amparo de las nuevas políticas internacionales del siglo XX, y bajo el manto de la presencia cada vez más importante de los Estados Unidos en el continente, en el Caribe y en Centroamérica, nuevos esfuerzos se impulsaron en ese afán integracionista, sin buen suceso.
Al término de la Segunda Guerra Mundial y la constitución de las Naciones Unidas en 1945 el escenario de la segunda mitad del siglo XX cambió. Integraciones políticas, militares y económicas regionales empezaron a surgir en distintas partes del mundo.
En América, en 1948, se impulsó la creación de la Organización de Estados Americanos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tratado militar del TIAR, de ese año.
Políticamente en 1951, el 14 de octubre, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, impulsaron la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), que fue presidida por el costarricense Marco Tulio Zeledón.
Con ODECA se hicieron esfuerzos para sentar las bases para una integración económica, social y política de la región, cuando un proceso similar empezaba en Europa.
Los diez años de ODECA fueron fructíferos en temas importantes para la región, como la unificación de las señales de tránsito, de los procesos aduanales, la unificación de los programas educativos. En políticas educativas, además, se impulsó la publicación de los libros de texto ODECA-ROCAP, sumamente criticados en Costa Rica, por el carácter antinacional que tenían, no solo para Costa Rica, sino para toda la región. Igualmente promovió el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, y el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, de Tegucigalpa, de 1958, que fueron los antecedentes directos del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua, el 13 de diciembre de 1960, donde se crea el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En 1962, reforzando este proceso integracionista, los gobiernos centroamericanos suscribieron la Carta de San Salvador, como un nuevo tratado.
Los años que siguieron fueron críticos para la región centroamericana por los conflictos de guerra, y de guerrillas, que se dieron en Centroamérica, y por los gobiernos militares y antidemocráticos que existían, exceptuando Costa Rica. En 1991, después de los Tratados de Esquipulas, entró en vigor el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, suscrito en la capital hondureña el 13 de diciembre de 1991, creando el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que representa el marco político e institucional de la integración, que es de los organismos regionales uno de los que mejor ha operado. El SICA actualmente está conformado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
Como práctica internacional se ha venido acostumbrando que, en organismos regionales como este, se inviten a países, en condición de Observadores Regionales. Así al SICA fueron invitados en esa condición los Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Uruguay; y como Observadores Extra Regionales España, China (Taiwán), Alemania, Japón, Australia, Corea del Sur, Francia, Italia, la Santa Sede, el Reino Unido, Unión Europea, Nueva Zelandia, Marruecos, Qatar y Turquía.
Recientemente, se han suscitado problemas con el SICA. El primero, cuando este año asumió la Dirección el Representante de Nicaragua, lo que le correspondía por los acuerdos de rotación al frente de la organización. En Costa Rica se produjo un desacuerdo con el presidente Rodrigo Chaves por parte de sectores políticos, que no estaban de acuerdo en apoyar a Nicaragua por la falta de democracia interna que está evidenciando y por la represión a distintos grupos políticos y opositores. Finalmente, Costa Rica apoyó a Nicaragua al frente del SICA por el siguiente año, siendo esa decisión del poder Ejecutivo, como establece la Constitución y por razones de oportunidad y estratégicas, siendo Nicaragua vecino fronterizo y el paso obligado del comercio hacia Centroamérica.
En este momento, se produce una nueva situación, cuando Nicaragua objeta la presencia de Taiwán como país Observador, y propone que en su lugar sea la República Popular China.
Desde 1964, cuando el General Charles De Gaulle, presidente de Francia, reconoció internacionalmente a la República Popular China y promovió su ingreso en la ONU, como la única República representante del pueblo chino, la situación de Taiwán, que en ese momento jugaba un peso muy importante en ese organismo, se vino al suelo.
Expulsada Taiwán de las Naciones Unidas, rápidamente empezó a perder reconocimientos diplomáticos. Actualmente le quedan una docena de países que la reconocen, entre ellos dos de Centroamérica.
A su vez, la República Popular China avanza en esos reconocimientos. De ellos últimamente el de Nicaragua y el de Honduras. Este es el motivo por el cual Nicaragua hoy presenta la objeción de la presencia de Taiwán en el SICA.
Es lógico que así sea. Si se trata de la representación de la nación china, y del país que mejor la represente, no hay duda de que debe ser la República Popular China la que debe llegar a ocupar esta silla de país Observador en el SICA.
El impacto económico que ha tenido, la República Popular China en la región es cualitativa y cuantitativamente más importante que lo que ha significado Taiwán si tan solo se tratara de esto. Taiwán debe salir del SICA.
Otra discusión que vendrá es el posible ingreso de Rusia como Observador en el SICA, sobre todo por la guerra que se libra en Ucrania. Quizá la situación de Rusia altere la discusión sobre Taiwán, pero no veo que pueda impedirse su salida del SICA.
Tsai Ing-wen, política y académica taiwanesa titular de la presidencia de la República de China (Taiwán) desde 2016Edificio Sede del SICA, República de El SalvadorTsai Ing-wen, primera mujer presidenta de TaiwánEdificio Sede del SICA, República de El SalvadorTsai Ing-wen, nombrada una de las personas más influyentes por la revista Time en 2020Edificio Sede del SICA, República de El Salvador
Cada Primero de Mayo recordamos la gesta heroica de los mártires de Chicago, quienes lucharon por reivindicar la jornada laboral de ocho horas, desde ese día del año 1886.
Este Primero de Mayo la clase trabajadora del campo y de la ciudad, obreros, profesionales, técnicos y científicos, maestros y profesores, tenemos muchas razones para marchar y conmemorar la gesta de los trabajadores que forjaron con sudor, lágrimas y sangre, el camino de la emancipación.
Las políticas públicas y las leyes neoliberales aprobadas por más de tres décadas propiciaron una enorme concentración de riqueza en muy pocas manos, mientras que la pobreza crece. La dimensión es tal magnitud que Costa Rica se ubica en la oprobiosa lista de los diez países más desiguales del planeta.
La agenda neoliberal se ha obsesionado por debilitar la institucionalidad del bien común que heredamos de nuestros abuelos. De esta forma han causado un enorme daño social y han colocado en el centro de su mira al empleado público para destruirlo.
No satisfechos con esto, pretenden aprobar un proyecto de ley para abolir la jornada histórica de trabajo de ocho horas, jornada conseguida con la sangre de las personas trabajadoras.
La clase política costarricense no ha escatimado esfuerzos en medios, recursos, mentiras y engaños para cumplir sus propósitos neoliberales. Han ofrecido al pueblo trabajador el oro y el moro, a fin de convencerlo de los parabienes de leyes y políticas públicas de las que finalmente el pueblo sale trasquilado. Basta con recordar que hace pocos años nos ofrecían motos y vehículos de gran marca con tal de aprobar su TLC.
La clase política del nuevo cuño; esta que anteriormente ejercía desde los púlpitos de la comunicación o desde los altos puestos de la banca imperial; no es muy distinta; para desgracia de nuestro pueblo engañado y vilipendiado otra vez más; a la clase política del viejo cuño. Esta clase política, la añeja y la que aparenta ser nueva, son lo mismo con distintos ropajes para la engañifa teatral.
La nueva gran estafa; deviene del cuatrienio anterior, de la creación de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional, otrora socialdemócrata, apoyada por las fracciones, también del viejo cuño. Es adoptada en esta legislatura por el gobierno y la fracción del Partido Progreso Social Democrático y que apoyan TODAS las fracciones legislativas, salvo el Partido Frente Amplio; corresponde al Expediente 21182 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142 Y 144 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 145 BIS Y 145 TER DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS”, conocido como flexibilización laboral o jornadas 4 x 3.
Nos ha dicho la periodista ahora diputada, que hay muchas empresas esperando que se apruebe esta ley para venir a instalarse a Costa Rica y que así se crearían miles de nuevos empleos. Suena como cuando nos prometieron que viajaríamos en mejores vehículos con tal de aprobar su TLC. No aporta, la diputada ni ninguna otra diputación, un solo dato ni siquiera una lista de empresas que esperan ansiosas la aprobación de esta ley para venir a Costa Rica a dejarnos sus bondades laborales. A la comunicadora – política – diputada no le preocupan el trabajo decente, ni la concentración de la riqueza ni la expoliación a la mujer trabajadora, tampoco les importa a los políticos del viejo cuño y los que hoy aparentan ser de nuevo cuño.
Lo cierto es que Costa Rica ocupa un vergonzoso lugar en la lista de los diez países más desiguales del planeta. Eso es que muy pocos, menos del 1 % de la población, ganan mucho, muchísimo y la gran mayoría, el otro 90 % de los ciudadanos, apenas llegan al final de la quincena, cuando se tiene ese privilegio, pues un enorme porcentaje araña las paredes de la pobreza y la miseria.
Lo cierto es que este proyecto de ley lo que pretende es NO PAGAR LAS HORAS EXTRAS, y que lo NO PAGADO llene los bolsillos de los empresarios, esos que han salido ganadores por muchos años de políticas públicas y leyes neoliberales.
Lo cierto es que no han querido darle protección a la mujer, a la madre en especial a la mujer cabeza de familia, tampoco han querido incluir en la ley la creación de centros de cuido para niños de la mujer trabajadora, ni han querido incluir el tema del transporte considerando las extensas jornadas propuestas, el cansancio y la fatiga. Tampoco han querido extender los espacios para el descanso, cual, si se tratara de máquinas, esa es la verdad. Ni que decir de bajar un poquito la extensión de la jornada.
Lo cierto es que no quieren PAGAR LAS HORAS EXTRAS concentrando aún más la riqueza.
Este Primero de Mayo la clase trabajadora tiene mucho que conmemorar, pero sobre todo mucho por qué luchar, recordando al poeta Isaac Felipe Azofeifa “De veras, hijo, ya todas las estrellas han partido. Pero nuca se pone más oscuro que cuando va a amanecer”.
Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.
El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.
El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.
Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.
La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.
La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.
El hecho objetivo
De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:
Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.
Ocuparnos de las causas
Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.
Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.
Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.
Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuentacon una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.
Panel: Fresia Camacho, exdirectora de cultura Dani Marenco, bailarín y coreógrafo Manuel Delgado, filósofo, periodista y escritor Andrea Gómez, actriz Wilson Arroyo, sociólogo y cantautor Álvaro Zamora, filósofo, escritor y crítico de arte 28 abril de 2023 a las 18:00 horas
Rodrigo Arias López Máster en Matemática Actuarial
Durante más de 20 años he estudiado las causas por las cuales el IVM tiene hoy solamente ₡3 billones en reservas, cuando debería tener más de 60 billones, lo que ocasionó que la CCSS aumentara las tasas de cotización, bajara aún más los beneficios, aumentara las edades de retiro y dejara de reajustar periódicamente los montos de las pensiones. He escrito sobre esto de manera abundante y mi conclusión es que, casi todo se debe a una pésima gestión, desvío de fondos e irresponsabilidad de los gobiernos de turno. Ver por ejemplo https://anep.cr/hablemos-del-ivm-serie-de-10-articulos-elaborador-por-el-m-sc-rodrigo-arias-lopez-actuario-matematico/. Aquí hago un refrescamiento y señalo otros asuntos.
Desde el año 1947 el IVM fue creado como un fondo de capitalización colectiva, conforme con los artículos 32, 34 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS No. 17, lo que significa que cuando cada trabajador se pensiona debe estar creada la reserva para que con ella se le pague la pensión, sin depender del resto de trabajadores activos. Sin embargo, los jerarcas y directores de la CCSS durante décadas han violado esa normativa, hasta que convirtieron a IVM en un régimen de reparto, sin reservas y completamente dependiente de los aportes de los trabajadores activos. Cronológicamente repaso todo lo que sucedió sin que la CCSS hiciera algo para evitar el desfinanciamiento de IVM; todo lo contrario, más bien tomó acuerdos y acciones para hundirlo cada vez más.
En 1943 el actuario Canadiense Mark Kormes recomendó una cuota de un 12,5% sobre los salarios para financiar el seguro social de los trabajadores asalariados (6,5% para IVM y 6,0% para el seguro de salud (SEM), https://es.scribd.com/document/74982041/Evaluacion-Actuarial-de-IVM-1945-Mark-Kormes#). La Junta Directiva de la CCSS aprobó una cuota de 14,5% (7,5% para IVM y 7,0% para el SEM); pero para un beneficio mucho mayor en IVM. En ningún caso se incluía el pago del aguinaldo. Por ejemplo, para un trabajador que llegara a la edad de 65 años con 35 años cotizados, el beneficio en el proyecto valorado por Kormes era de un 50% del salario promedio de los últimos 5 años, mientras que, con el aprobado por la Junta Directiva de la CCSS, el beneficio era un 60% mayor. La Junta Directiva de la CCSS mantuvo fija esa tarifa del 7,5% durante 64 largos años, a pesar de los siguientes hechos:
En 1943, cuando Kormes estimó la cuota de 6,5% para IVM y en 1946, cuando la Junta Directiva de la CCSS acordó una cuota de un 7,5%, la esperanza de vida al nacer rondaba los 50 años, lo que significaba que esas cuotas eran esencialmente para pagar pensiones de invalidez y muerte, pues muy pocas personas llegarían a la edad de 65 años para acceder a pensiones de vejez bajo esas condiciones. Pero con la creación del seguro de salud eso cambió dramáticamente. Para 1960 la esperanza de vida al nacer ya era de 66 años, en 1980 superó los 75 años y en 2000 los 78 años. La CCSS, sin embargo, no modificó la tarifa del 7,5% de IVM.
En 1950 y 1954 se aprobaron las leyes sobre el pago del aguinaldo No 2412 y 1954, a los trabajadores de los sectores privado y público, respectivamente. Recordemos que a los pensionados de IVM no se les pagaba aguinaldo, por lo que la tarifa de 7,5% tampoco lo incluía. En las páginas 231 y 232 de la Memoria de la CCSS del año 1965 (https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/454/Memoria1965.pdf?sequence=1&isAllowed=y) se informa que la Junta Directiva de la CCSS conoció un proyecto de ley para obligarla a pagar el aguinaldo a los pensionados de IVM. Ahí se indica que la CCSS se opuso, pues requería una cuota de 8,4% en vez de la cuota del 7,5%. Sin embargo, lo cierto es que para el segundo semestre de 1969 la Junta Directiva de la CCSS aprobó el pago del aguinaldo sin aumentar la cuota del 7,5%, como puede verse en la página 33 del anuario estadístico de la CCSS de ese año (https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/671/1969.pdf?sequence=1&isAllowed=y ).
En la misma página 33 de ese mismo anuario puede verse como le comenzaron a cargar costos del SEM al IVM (anteojos, atención hospitalaria, consulta médica externa, consulta de odontología). En total un monto de ₡702 solo en 1969, que en colones del año 2023 invertidos a una tasa real de un 4% equivalen a ₡1.630 millones.
Chaves Robles cede a la toma de muelles, puertos, aeropuertos, fronteras, áreas de distribución de combustible y comunidades claves por parte de las fuerzas represoras del estado.
MSc. Jerry Alonso Mora Profesor Universitario.
19 de abril
El Presidente Rodrigo Chávez, el Ministro de Seguridad Pública Jorge Luis Torres y el Viceministro de Seguridad Daniel Calderón se habían reunido para improvisar un plan de seguridad en el país, motivados y presionados, por un pronunciamiento que había hecho La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) en donde les exigían al gobierno Chaves Robles declarar “emergencia nacional” la ola de violencia en las calles.
Los tres al unísono el miércoles 19 de abril en conferencia de prensa anunciaban lo siguiente:
“Hoy anunciamos acciones concretas que hacen parte de la operación ‘Costa Rica Segura’. A partir de mañana (jueves) el país tendrá hasta 9.500 policías más en la calle como una medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses. Tuvimos también que cambiar los roles de trabajo de 12.000 policías que actualmente trabajan 3×3 y 6×6, vamos a tener que pasar a roles de 6×4; trabajan seis días continuos y descansan cuatro”, dijo Jorge Luis Torres, ministro de Seguridad.
Recuerdo al presidente en esa conferencia de prensa del 19 de abril aplaudiendo las palabras de sus subalternos cuando, entre otras cosas, cuestionaban al poder judicial y reiteraban las medidas en los cambios de roles de los policías para, según ellos, apaliar las olas de violencia e inseguridad presentes en el país.
20 de abril 2023
La toma de áreas estratégicas para la circulación del capital: los policías “¿violentado la ley?”
Horas después policías de todo el país se tiraban a las calles con la intención de paralizar áreas claves de la economía del país: muelles, puertos, aeropuertos, autopistas: Interamericana norte y sur, fronteras, comunidades y sectores estratégicos como la distribución de combustibles: a la altura de RECOPE, y de acción mediática como la fuente de la hispanidad en horas pico.
La intención sin duda era golpear al gobierno y afectando al sector empresarial para que les devolvieran lo que para ellos parecía ya impensable, a la par del congelamiento de sus salarios, el despojo de su tiempo de descanso.
El presidente Chaves cede a la presión en las calles y legitima que es la calle el espacio de incidencia política más importante.
Un día después de que la fuerza pública “violentara la ley” tomando las calles para impedir el flujo de bienes que afectara a las empresas de esos sectores, y que la noticia le diera la vuelta al mundo, el presidente Chaves Robles cede a la presión de los cuerpos de represión policial, que, ante los ojos impávidos de las autoridades, se rebelaban contra ellas.
Un atolladero ¿Desdecirse y legitimar la toma de las calles por parte de la gente, o profundizar la crisis? “Echar para atrás” debía ser orquestado, y es cuando asesorados, inventan una visita a una delegación de un barrio empobrecido del sur de San José, llevan las cámaras, le desabrochan la corbata al presidente y comienza el show.
¿Qué significa que la fuerza de represión del estado se insubordine contra el presidente de la república y sus autoridades oficiales? Y no solo eso, y lo más importante ¿Qué significa que lo hagan tomando muelles, puertos y aeropuertos, áreas de distribución de combustible y comunidades claves? La legitimación de la lucha popular en las calles.
La respuesta a ceder debía generarse como “una equivocación”, “ yo no tenía conocimiento”, “yo no sabía de las condiciones de los policías en las zonas rurales”, etc, etc, etc. Y es así como Rodrigo Chaves monta un Show, un día después, en la delegación de Sagrada Familia, y echa para atrás implicando a su ministro y viceministro de seguridad como únicos responsables: “Voy a pedir cuentas, me dijeron que había acuerdo” señalaba desligándose del atolladero en que él y su equipo de seguridad se habían metido.
Chaves no se come la bronca y cede. La toma de las calles se legitima como espacio de lucha popular.
Las acciones de las fuerzas represoras del estado nos han permitido reafirmar, aun cuando esto parezca una profunda contradicción, que es la calle el camino para enfrentar los embates del neoliberalismo. Las fuerzas represoras del estado son eso, nada más, trabajadores si, pero al servicio del poder, de los ricos y de sus capitales. Quienes crean que luego de esta experiencia en las calles, lo pensaran para gasear o garrotear a los manifestantes (no policías) están profundamente equivocados. El propio Chaves tuvo que ir a negociar, en el marco de un show, pero a negociar finalmente con un grupo de ellos: terminada la negociación volverán a ser patriotas garroteando a los manifestantes no policías.
Pero volviendo al tema de la calle como ejercicio de poder popular, es esta, el camino para frenar la inseguridad, luchando para que no se privatice a la Caja Costarricense del Seguro Social, bajen los precios de la Canasta Básica y demás productos, se eleven los salarios, se provea de casa a los millones que no la poseen, se diseñe un plan nacional de apoyo a los pequeños productores y campesinos del país, se mejore la infraestructura en los colegios y en las escuelas de los barrios más empobrecidos, se acompañe a los jóvenes de los barrios mejorando la infraestructura deportiva, de ocio y recreativa y los programas de vivienda y trabajo joven, a través de programas desde los barrios y el liderazgo de los propios jóvenes en los territorios, se aborde de una vez por todas el tema del desempleo, no se privatice el Instituto Costarricense de Electricidad, ni el AyA, ni se vendan las tierras que denominan “ociosas” en las zonas rurales, todas estas luchas, y otras que existen solo tendrán sentido y efecto en las calles. Chaves Robles cedió por ello, no por ninguna otra razón. Aprendamos el ejercicio. Nos vemos en las calles.
Álvaro Madrigal Mora Secretaría General Comité Ejecutivo Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional
La sabiduría popular siempre nos ha enseñado que aquello que va a definir nuestro futuro debe ser pensado y repensado con mucha tranquilidad y seso, no respondiendo a las presiones del momento, mucho menos metiéndonos en una vorágine, donde nos quieren convencer de que hay que hacerlo porque urge o porque nos van a sancionar.
No es posible por un lado, que tengamos un discurso donde hemos defendido que la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) con su salario global, lo que hace es precarizar el empleo en el sector público (las universidades públicas dentro de él) con el fin de deteriorar el servicio que se presta, como preámbulo para justificar su privatización total; pero por el otro, correr a aprobar una propuesta transitoria de salario global, muy probablemente definitiva, sin hacer un verdadero análisis prospectivo de sus posibles implicaciones en el quehacer de la Universidad, ni analizando si realmente es la única salida que tenemos como Institución.
En estos momentos no podemos declararnos ignorantes del análisis que realizó una comisión integrada a lo interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Consejo Universitario de dicho centro, de la LMEP, así como de las sentencias y respuestas de la Sala Constitucional respecto a dicha ley, sobre la Autonomía Universitaria y la negociación colectiva. Máxime cuando el Dr. Mauricio Castro Méndez, académico de dicha facultad y quien presidió dicha comisión, ha sido vasto y contundente a la hora de divulgar los resultados de dicho análisis, más recientemente, atendiendo una invitación de nuestro Consejo Universitario en la sesión del pasado jueves 22 de abril.
Dicho análisis, según esta comisión, arroja varios resultados que, podemos considerar, son muy favorables para las universidades públicas, y que muy resumidamente podemos plantearlos así:
Con respecto a la LMEP, la Comisión concluye que, la Sala IV ha dicho:
– La negociación colectiva es un derecho fundamental y constitucional que no puede ser vaciado de contenido, por lo tanto, no se puede prohibir negociar derechos salariales en ella.
– Las partes tienen libertad de negociación dentro de los límites establecidos de racionalidad y proporcionalidad, por lo tanto, no se les puede obligar ni a negociar ni a denunciar la Convención Colectiva.
– La implementación del salario global, en las universidades públicas es una posibilidad no una obligatoriedad.
– La vía para seguir con la implementación del salario compuesto (el formato que actualmente tenemos) es la negociación colectiva.
– Si las universidades deciden aplicar el salario global (único), lo deben hacer bajo las reglas establecidas por la ley y su reglamento, sin poder modificarlas, por lo tanto, el salario debe aplicarse al puesto y no a las personas.
Siendo que, entonces, los regímenes de carrera académica y probablemente, el de Carrera Administrativa no serían compatibles con el salario global.
Ahora bien, el académico Castro Méndez claramente anticipa que, de tomar las universidades la ruta de salvaguardar el salario compuesto por medio de la negociación colectiva, esto implicaría chocar de frente con el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General, la prensa, etc., etc., etc. Por lo que, requerimos de una decisión institucional, ojala de Conare, que valientemente plante cara en defensa de la tan cacareada, Autonomía Universitaria (esto último de mi autoría).
Por otro lado, no vamos a desconocer que hay otros criterios jurídicos que nos dicen que no hay nada que hacer, que hay que someterse a la ley. Así como otros que sin tener clara dicha obligatoriedad, sueñan con implementar el salario global en las universidades públicas.
Entonces, ¿quién tiene la razón?
Por ahora, lo mejor que podemos decir, es que no sabemos, pero, bien vale la pena explorar si, una comisión de la Facultad de Derecho de la UCR, la mejor de Centroamérica y una de las mejores de América Latina, tiene la razón. Aparte, porque a priori sabemos que es mejor seguir optando por este esquema salarial que por uno que congela nuestros salarios y los precariza, independientemente de que, al inicio pudiera parecer algo o muy atractivo, por lo menos para los profesionales y académicos de las universidades, pero que a los sectores de servicios generales y técnicos los deja sin mayores aspiraciones, tal y como pudimos apreciar el pasado viernes, pareciera resultar de la propuesta elaborada por Conare de salario global, en este sentido, debemos advertir que no hemos tenido tiempo suficiente para analizarla, ni siquiera la hemos recibido oficialmente, así como tampoco fue negociada ni consultada con este sindicato, como corresponde.
Finalmente, queremos hacer el llamado vehemente a no intentar imponer dicha propuesta y más bien, a sentarnos, lo antes posible, a analizar y definir una estrategia para, vía negociación colectiva y salvaguardando nuestra autonomía, definir una ruta y una estrategia para defender el esquema salarial compuesto de la Universidad Nacional, adecuándolo al contexto actual, pero sin renunciar a definir nuestra propia política salarial.
Flaco favor le haríamos a esta universidad si habiéndonos dicho la Sala IV que tenemos dicha posibilidad, somos más bien nosotros quienes decidimos ignorarla y hacernos el «harakiri», una vez más, por temor al qué dirán o porque urge nombrar a los nuevos.
En el debate sobre apertura, privatización y exportación de electricidad privada, la diputada del Partido Liberal Progresista, PLP, Kattia Cambronero dijo que “en un tema tan importante como el tema de energía, tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo desde una perspectiva técnica, no ideológica. No se vale la ideología cuando lo que estamos haciendo es empobreciendo cada día más a los costarricenses”. Este es el discurso de todos los partidos que buscan debilitar al ICE y acabar con el servicio social de la electricidad; por ahora revisaremos la coincidencia entre algunos textos del PLP y el proyecto de ley expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”.
No vale la pena perder tiempo repitiendo los manuales (como los del Banco Mundial) de los cuales copian para tratar de convencer de que disponer de servicios públicos básicos como la electricidad, gracias a una alta inversión estatal, es una cuestión puramente “técnica” y no de orden ideológico. Cualquiera que haya estudiado lo básico de historia y políticas sociales, entiende que la creación y consolidación de Estados sociales y de derecho, como el de Costa Rica, es un asunto de escogencias políticas e ideológicas. La verdad no es que importe “discutir” con alguien en particular, pero desgraciadamente ése es el nivel de debate en la Asamblea Legislativa de quienes defienden la privatización del sector eléctrico. Sus tesis son vergonzosamente rudimentarias y calcadas, precisamente, de le prédica ideológica de la privatización.
En el Plan de Gobierno 2022-2026 del Partido Liberal Progresista, que ostenta el patriarcal título “Es tiempo de valientes”, se expone con claridad el apoyo a la privatización. En el apartado “Apertura de los monopolios en el sector eléctrico”, se puede leer: “Impulsaremos la apertura real del sector eléctrico, para que así, el sector privado tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones tanto en generación como comercialización”. El PLP no ha presentado ningún proyecto de ley a la Asamblea Legislativa pero se ha plegado por completo a las propuestas de ley Expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, Expediente #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y Expediente #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, que coinciden plenamente con su posición ideológica privatizadora y anti estatista, y más claramente en contra del ICE como entidad de servicio público.
El proyecto de “armonización” argumenta en extenso sobre la “necesidad” de apertura del mercado eléctrico en beneficio del empresariado privado tanto nacional como internacional. Este proyecto no busca transformar al ICE, como se ha dicho, sino más bien disminuirlo y desmantelarlo pues coloca a todas demás empresas privadas del sector eléctrico en condición de igualdad con éste, pero, además, poniendo a disposición de los privados la infraestructura estatal para la venta de electricidad dentro del país y eventualmente en el mercado regional, usando el sistema de interconexión regional SIEPAC. La propuesta va más allá de proyectos anteriores pues amarra a otros participantes del mercado eléctrico como cooperativas y empresas de servicios públicos y hasta “consumidores de alta tensión” a los mismos privilegios que buscan para los tradicionales generadores privados. Esta idea se incluye en el artículo 37 que dice: “Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas naturales o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como los grandes consumidores de energía eléctrica indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta”. En la lista de “agentes” del Centro Nacional de Control de Electricidad del ICE se registran “grandes consumidores” como Florida Bebidas, APM Terminals, Intel, Holcim, Bridgestone, los Ingenios Taboga y El Viejo, entre otros. Recuérdese que Azucarera El Viejo e Ingenio Taboga también son generadores privados de electricidad.
En vista de que los proyectos que se discuten ahora en la Asamblea llenan las expectativas de los generadores privados, y despojan al ICE de sus tareas como institución rectora del sistema eléctrico nacional, no ha sido necesario que el PLP gaste tiempo redactando o presentando su propuesta de “Ley Marco del Sector Energía que promoverá la competencia, la descentralización, la penetración y la adopción de nuevas tecnologías” (p.69) que menciona en su Plan de gobierno. Esas propuestas de apertura, privatización, exportación privada de electricidad son compartidas por todos los partidos políticos que apoyan los proyectos de ley en discusión. Ese discurso se puede resumir en la pretensión del PLP que se orienta a un nuevo sector Energético “simplificando, modernizando y reemplazando una serie de leyes y normativas que en conjunto generan proteccionismo, incluyendo las leyes N.º 449 y N.º 8660 para el ICE, la Ley N.º 7200 y N.º 7508 para generadores privados, la Ley N.º 7593 de la ARESEP” (p. 70). Sin duda el PLP dedicó tiempo a pensar en el desmantelamiento del ICE, pero el partido gobernante, en cuyo panfleto de programa de 24 páginas de enunciados generalísimos, ni siquiera menciona cuál es su propuesta en materia de energía y electricidad. Esa carencia total de pensamiento y propuesta explica la alianza del Ejecutivo y su fracción parlamentaria con los otros partidos neoliberales, a tal grado de que el presidente de la República gasta tiempo para hacerle campaña de reelección como presidente de la Asamblea Legislativa a uno de los beneficiados de la generación privada, como es Rodrigo Arias Sánchez.
El PLP expone que “Las políticas públicas en temas de energía enfocarán sus esfuerzos de negociación con las autoridades respectivas de los países de la región” para lo cual apuntan a las “Alianzas Público Privadas” (p 70-71) y plantean el mismo objetivo que persiguen los proyectos en debate y otros en anteriores administraciones cuando indican: “…sentaremos las bases para que el sector privado pueda desarrollar proyectos para transaccionar en el Mercado Eléctrico Regional (MER) y en el Mercado Eléctrico local con seguridad jurídica” (p 72). Eso es lo mismo que propone el expediente N°23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional” en su artículo 5 “Participantes en los servicios públicos de electricidad”. Este artículo mantiene como servicios públicos la “generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica”, pero agrega que “se considera también servicio público, la generación eléctrica privada derivada de contratos suscritos con el Estado”, lo cual le da condición similar al servicio público prestado por el ICE que a los negocios de las empresas privadas. De eso se trata la nueva “seguridad jurídica”.
“Desideologizar” el debate sobre el mercado eléctrico nacional no es más que una manera de ocultar que en la Asamblea Legislativa, excepto el Frente Amplio, todos los demás partidos están haciendo un “valiente” trabajo para beneficiar al grupo de empresas privadas que por décadas han saqueado las finanzas del ICE y de la sociedad costarricense, incluidas las empresas del presidente de la misma Asamblea. Amparados en esa componenda entre el Gobierno y la Asamblea es que mienten diciendo que los generadores privados venderán “excedentes” de electricidad en el mercado regional centroamericano; pero esta es otra falsedad la discutiremos luego.
