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Obligaciones en materia de derechos humanos y cambio climático: algunos apuntes con relación a la opinión consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

Este 3 de julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer su opinión consultiva (la OC/32) con relación a una serie de preguntas que le formularon Chile y Colombia en el mes de enero del 2023 (véase texto integral de la solicitud): se trataba de preguntas relacionadas al alcance de las obligaciones que en materia de derechos humanos derivan del cambio climático, en las que una y otra vez ambos Estados referían tanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 como al Acuerdo de Escazú adoptado en el 2018.

Es de notar que otra opinión consultiva fue solicitada en materia de cambio climático a otra jurisdicción internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: véanse las preguntas formuladas al final de la solicitud hecha en marzo del 2023, y el comunicado oficial  de la CIJ sobre la finalización de las audiencias orales de diciembre del 2024. Se calcula que en próximos meses la CIJ debería de estar dando a conocer su opinión consultiva, y que es muy probable que integre en ella el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El 21 de mayo del 2024, fue el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (más conocido por sus siglas en inglés de ITLOS) el que dió a conocer su opinión consultiva, solicitada por un grupo de Estados insulares amenazados por el aumento del nivel del mar, siempre relacionada a los efectos del cambio climático (véase texto en francés y en inglés).

Como se puede observar, la justicia internacional está siendo solicitada por Estados en aras de clarificar los alcances de las obligaciones internacionales existentes en materia de lucha contra el cambio climático, dada la emergencia en la que se encuentra el planeta.

Chile y Colombia: una valiosa iniciativa conjunta

Esta opinión consultiva permite en particular ayudar a quienes denuncian, desde muchos años, la inacción de sus autoridades estatales para proteger a comunidades de los efectos del cambio climático, efectos que han sido advertidos y modelizados desde mucho tiempo por la comunidad científica: desde la autorización y los permisos otorgados en zonas inundables, o propensas a derrumbes, pasando por permisos para megaproyectos en zonas en las que se prevé una sequía acentuada o que impactarán negativamente las fuentes de agua de una comunidad y la biodiversidad circundante, hasta la inacción a nivel estatal (y municipal) ante la elevación del nivel del mar en ciertas costas particularmente vulnerables o la falta de regulaciones para limitar sustancialmente el uso de sustancias contaminantes que acentúan el cambio climático y contribuyen al calentamiento global. 

Son reiteradas éstas y muchas otras más, las situaciones que a menudo terminan en manos de la justicia nacional con datos e informes técnicos sobre los efectos del cambio climático ignorados por las autoridades estatales.

Desde este y otros puntos de vista, hay que agradecer la iniciativa conjunta que tuvieran Chile y Colombia en aras de consolidar el régimen de la protección del ambiente y de los derechos humanos, mediante el procedimiento consultivo previsto por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. No cabe duda que esta gestión conjunta y varias otras más recientes, realzan su liderazgo en la región en materia ambiental: su comunicado oficial conjunto al conocerse la opinión consultiva de este 3 de julio así lo refleja (véase texto).

Las preguntas en breve

Algunas de las preguntas formuladas de manera conjunta por Chile y Colombia al juez interamericano de derechos humanos se leen de la siguiente manera:

» 1. ¿Cuál es el alcance del deber de prevención que tienen los Estados frente a fenómenos climáticos generados por el calentamiento global, incluyendo eventos extremos y eventos de desarrollo lento, de conformidad con las obligaciones convencionales interamericanas a la luz del Acuerdo de Paris y el consenso científico que alienta a no aumentar la temperatura global más allá de 1,5°C40? 

2. En particular, ¿qué medidas deben tomar los Estados para minimizar el impacto de los daños por la emergencia climática, a la luz de las obligaciones establecidas en la Convención Americana? Frente a ello, ¿qué medidas diferenciadas deben tomarse respecto de poblaciones en situación de vulnerabilidad o consideraciones interseccionales? 

2.A. ¿Qué consideraciones debe tomar un Estado para implementar su obligación     de (i) regular, (ii) monitorear y fiscalizar; (iii) requerir y aprobar estudios de             impacto social y ambiental, (iv) establecer un plan de contingencia y (v) mitigar      las actividades dentro de su jurisdicción que agraven o puedan agravar la             emergencia climática? 

    2.B. ¿Qué principios deben inspirar las acciones de mitigación, adaptación y        respuestas a las pérdidas y daños generados por la emergencia climática en las    comunidades afectadas?

Teniendo en cuenta el derecho al acceso a la información y las obligaciones sobre producción activa de información y transparencia, recogidas en el artículo 13 y derivadas de las obligaciones bajo los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, a la luz de los artículos 5 y 6 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú): 

1. ¿Cuál es el alcance que deben dar los Estados a sus obligaciones convencionales frente a la emergencia climática, en lo que refiere a: 

i) la información ambiental para que todas las personas y comunidades, incluida la vinculada a la emergencia climática;

ii) las medidas de mitigación y adaptación climática a ser adoptadas para atender la emergencia climática y los impactos de dichas medidas, incluyendo políticas específicas de transición justa para los grupos y personas particularmente vulnerables al calentamiento global; 

iii) las respuestas para prevenir, minimizar y abordar las pérdidas y daños económicos y no económicos asociados con los efectos adversos del cambio climático. 

iv) la producción de información y el acceso a información sobre los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, contaminación de aire, deforestación y forzadores climáticos de vida corta, análisis sobre los sectores o actividades que contribuyen a las emisiones u otros; y 

v) la determinación de impactos sobre las personas, tales como, la movilidad humana -migración y desplazamiento forzado-, afectaciones a la salud y la vida, perdida de no económicas, etc.? 

2. ¿En qué medida el acceso a la información ambiental constituye un derecho cuya protección es necesaria para garantizar los derechos a la vida, la propiedad, la salud, la participación y el acceso a la justicia, entre otros derechos afectados negativamente por el cambio climático, en conformidad con las obligaciones estatales tuteladas bajo la Convención Americana?» 

Con relación a la situación de los niños/niñas en el hemisferio americano, Colombia y Chile formularon las dos siguientes preguntas:

«1. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la obligación de un Estado Parte de adoptar medidas oportunas y efectivas frente a la emergencia climática para garantizar la protección de los derechos de los-las niños y niñas derivadas de sus obligaciones bajo los Artículos 1, 4, 5, 11 y 19 de la Convención Americana? 

2. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la obligación de un Estado Parte de brindar a los niños y niñas los medios significativos y eficaces para expresar libre y plenamente sus opiniones, incluyendo la oportunidad de iniciar, o de otra manera participar, de cualquier procedimiento judicial o administrativo concerniente a la prevención del cambio climático que constituye una amenaza a sus vidas?»

Con relación a los defensores del ambiente, y a la crítica situación que muchos sufren por levantar la voz en defensa de la protección del ambiente, ambos Estados formularon las siguientes preguntas al juez interamericano:

«De conformidad con las obligaciones que se derivan de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y a la luz del artículo 9 del Acuerdo de Escazú: 

1. ¿Qué medidas y políticas deben adoptar los Estados a fin de facilitar la labor de personas defensoras del medio ambiente? 

2. ¿Qué consideraciones especificas deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a defender el medioambiente sano y el territorio de las mujeres defensoras de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática? 

3. ¿Qué consideraciones especificas deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a defender el medioambiente sano y el territorio en virtud de factores interseccionales e impactos diferenciados, entre otros, sobre pueblos indígenas, comunidades campesinas y personas afrodescendientes ante la emergencia climática?

4. Frente a la emergencia climática, ¿qué información debe producir y publicar el Estado a fin de determinar la capacidad de investigar diversos delitos cometidos contra personas defensoras, entre otros, denuncias de amenazas, secuestros, homicidios, desplazamientos forzados, violencia de género, discriminación, etc.? 

5. ¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tener en cuenta los Estados para asegurar que los ataques y amenazas en contra de las personas defensoras del medio ambiente en el contexto de la emergencia climática no queden en la impunidad?»

De algunas de las observaciones remitidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Como se puede observar, la formulación de estas y varias otras preguntas debió permitir al juez interamericano precisar el alcance de las obligaciones de los Estados en materia ambiental de cara a las obligaciones que derivan tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como del mismo Acuerdo de Escazú.

Con relación a este último instrumento, es de notar que desde el 5 de junio pasado (Día Internacional del Ambiente), el Acuerdo de Escazú registró la adhesión de Bahamas, con los cual son 18 Estados del hemisferio americano los que son Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firmas y ratificaciones entre las que se contabilizan las de Chile y Colombia). Al respecto, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores a nuestra nota anterior (véase enlace), editada en junio del 2025, y titulada precisamente: «Acuerdo de Escazú: algunos apuntes con relación a la reciente adhesión por parte de Bahamas«.

De las distintas observaciones (opiniones jurídicas) recibidas por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de este procedimiento consultivo, resultan de particular interés las que fueron remitidas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase documento), así como por la REDESCA de la Organización de Estados Americanos / OEA (véase extenso  documento de 119 páginas). 

De interés más limitado resultan las observaciones enviadas por Costa Rica (véase documento) al provenir de un Poder Ejecutivo que se opone a la aprobación del Acuerdo de Escazú desde su entrada en funciones en el mes de mayo del 2022: nótese que lo remitido al juez interamericano por Costa Rica no incluye el criterio de entidades del Estado costarricense a cargo del cambio climático, del ambiente o de los derechos humanos, sino que remite a opiniones de las autoridades migratorias y autoridades a cargo de la niñez e incluyen las de su Poder Judicial. Resulta oportuno recordar que este último procedió a una interpretación totalmente inédita de una de las disposiciones del Acuerdo de Escazú para dificultar innecesariamente su trámite de aprobación, en marzo del 2020: remitimos al respecto a nuestros estimables lectores a la subsección «El caso de Costa Rica: un cielo cargado de nubarrones» de nuestra nota editada en abril del 2022, y titulada: «Acuerdo de Escazú. Breves apuntes sobre su primera COP (Conferencia de Estados Parte) y una ausencia notoria: Costa Rica (y Chile)». También remitimos a la subsección «La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros poderes judiciales en América Latina » contenida en esta nota publicada en el portal de la UCR en junio del 2022, titulada «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile«.

El extraño texto compuesto enviado por Costa Rica puede ser comparado a las extensas obervaciones elaboradas por el aparato diplomático de Colombia (véase documento), así como por el de Chile (véase documento), o bien por el de México (véase documento). Además de Costa Rica, en América Central, envió sus observaciones El Salvador (véase documento): se trata de uno de los Estados que, al igual que Honduras, no ha tan siquiera firmado el Acuerdo de Escazú.

De las pocas entidades costarricenses que remitieron observaciones, podemos citar a la Universidad Nacional / UNA) (véase escueto documento).

La opinion consultiva en breve

El comunicado de prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de junio del 2025 (véase texto) refiere a las principales conclusiones de la Corte, que se encuentran en la página 232 de la OC/32. 

Es de notar que en varios de los puntos resolutivos (véase texto completo, página 232), la jueza costarricense, la jueza chilena y el juez colombiano se apartaron del criterio de sus homólogos.

Es de indicar, antes de entrar a detallar parte de su contenido que, en vez de responder a cada una de las preguntas solicitadas por Chile y por Colombia, el juez interamericano procedió a una total «reformulación» (párrafo 28) con lo cual, las preguntas quedaron reducidas a la siguiente formulación:

«1. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos sustantivos tales como el derecho a la vida y la salud (artículo 4.1 de la Convención Americana y artículo 10 del Protocolo de San Salvador), a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención Americana), la vida privada y familiar (artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana y artículo 15 del Protocolo de San Salvador), la propiedad privada (artículo 21 de la Convención Americana), el derecho de circulación y residencia (artículo 22, de la Convención Americana), a la vivienda (artículo 26 de la Convención Americana), al agua (artículo 26 de la Convención Americana), a la alimentación (artículo 26 de la Convención Americana y 12 del Protocolo de San Salvador), al trabajo y la seguridad social (artículo 26 de la Convención Americana y artículos 6, 7 y 9 del Protocolo de San Salvador), a la cultura (artículo 26 de la Convención Americana y 14 del Protocolo de San Salvador), a la educación (artículo 26 de la Convención Americana y 13 del Protocolo de San Salvador), y a gozar de un ambiente sano (artículo 26 de la Convención Americana y 11 del Protocolo de San Salvador), frente a las afectaciones o amenazas generadas o exacerbadas por la emergencia climática?

2. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos de procedimiento tales como el acceso a la información (artículo 13 de la Convención Americana), el derecho a la participación (artículo 23.1.a de la Convención Americana) y el acceso a la justicia (artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana) frente a las afectaciones generadas o exacerbadas en el marco de la emergencia climática?

3. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos sin discriminación (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1, 2 y 3 del Protocolo de San Salvador) los derechos de la niñez (artículo 19 de la Convención Americana y artículo 16 del Protocolo de San Salvador), las personas defensoras del ambiente, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia climática?«

Un lector familiarizado con las preguntas hechas por Colombia y Chile notará inmediatamente la ausencia de toda referencia al Acuerdo de Escazú en las preguntas «reformuladas«, lo cual debería poder ser explicado en algún momento al no serlo del todo en el texto de la opinión consultiva. 

Es de notar que al contestar a Colombia a una solicitud de opinión consultiva en el 2017 sobre daño ambiental transfronterizo y los derechos de las comunidades afectadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no «reformuló» las preguntas colombianas, sino que más bien, fue mucho más allá de lo que le solicitaba expresamente Colombia: véase texto completo de la OC/23 (Nota 1).  

Con relación al cambio climático, la innovación jurisprudencial a la que procede la Corte en los párrafos 299-300 en su texto dado a conocer este 3 de julio merece mención (las negritas son nuestras):

«299. El sistema climático hace parte de ese conjunto y, por ende, aunque está indefectiblemente ligado a otros componentes del ambiente, su protección debe ser entendida como un objetivo específico en el marco de la protección del ambiente. En efecto, la protección del sistema climático adquiere rasgos específicos y diferenciales en atención a las funciones que éste cumple a nivel global, a los elementos que lo componen y a las dinámicas necesarias para asegurar su equilibro. La Corte resalta, en ese sentido, que la afectación del sistema climático constituye una forma de daño ambiental que, aunque relacionada, puede y debe distinguirse de otras formas de daño ambiental como aquellas resultantes de la contaminación o de la afectación de la biodiversidad.

 300. La distinción señalada adquiere particular relevancia en el contexto de la emergencia climática, habida cuenta de la urgencia, especificidad y complejidad de las acciones requeridas para proteger el sistema climático global. Ante esta situación, la Corte considera que el reconocimiento de un derecho humano a un clima sano como un derecho independiente —derivado del derecho a un ambiente sano— responde a la necesidad de dotar al orden jurídico interamericano de una base con entidad propia, que permita delimitar con claridad las obligaciones estatales específicas frente a la crisis climática y exigir su cumplimiento de manera autónoma respecto de otros deberes vinculados a la protección ambiental. Este reconocimiento, además, se alinea con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental internacional, en la medida en que fortalece la protección de las personas frente a una de las amenazas más graves que enfrentan y seguirán enfrentando sus derechos en el futuro. La Corte entiende que un clima sano es aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la Naturaleza como un todo. Esto supone reconocer que, en condiciones funcionales y aún en ausencia de tales interferencias, el clima es variable y tal variabilidad entraña riesgos inherentes que pueden afectar la seguridad de los ecosistemas«.

«566. En el mismo sentido, este Tribunal destaca la labor fundamental de las personas defensoras ambientales en el marco de la emergencia climática y, en consecuencia, reconoce la existencia de un “deber especial de protección” del Estado respecto de ellas. Este “deber especial de protección” derivado de las obligaciones de respeto y garantía del derecho a defender los derechos humanos impone al Estado los deberes de:

(i) reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas defensoras, afirmando la relevancia de su papel en una sociedad democrática y procurando proveerles de los medios necesarios para que ejerzan adecuadamente su función. Esto conlleva la necesidad de abstenerse de imponer a las personas defensoras obstáculos que dificulten la efectiva realización de sus actividades, estigmatizarlas o cuestionar la legitimidad de su labor, hostigarlas o, de cualquier forma, propiciar, tolerar o consentir su estigmatización, persecución u hostigamiento;

(ii) garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas defensoras puedan actuar libremente, sin amenazas, restricciones o riesgos para su vida, para su integridad o para la labor que desarrollan. Lo anterior entraña la obligación reforzada de prevenir ataques, agresiones o intimidaciones en su contra, de mitigar los riesgos existentes, y de adoptar y proveer medidas de protección idóneas y efectivas ante tales situaciones de riesgo[2], y

(iii) investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que las personas defensoras puedan sufrir en el ejercicio de sus labores y, eventualmente, reparar los daños que podrían haberse ocasionado. Ello se traduce en un deber reforzado de debida diligencia en la investigación y el esclarecimiento de los hechos que les afecten, que en el caso de las mujeres defensoras repercute en una obligación doblemente reforzada de llevar adelante las investigaciones con debida diligencia, en virtud de su doble condición, de mujeres y de personas defensoras.

567.  A la postre, ese deber especial de protección impone a las autoridades, además de abstenerse de imponer límites o restricciones ilegítimas a la labor de las personas defensoras, una obligación reforzada de formular e implementar instrumentos de política pública adecuados, y de adoptar las disposiciones de derecho interno y las prácticas pertinentes para asegurar el ejercicio libre y seguro de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos.

568. Este Tribunal advierte que las personas defensoras de derechos ambientales corren un riesgo acentuado de sufrir violaciones a sus derechos en razón de las actividades que desempeñan en el marco de la emergencia climática. Este riesgo se manifiesta a través de la censura de los debates sobre el ambiente y el clima, la violencia en línea y en otros espacios, la represión de protestas y reuniones públicas, la detención arbitraria y acciones judiciales estratégicas contra la participación pública por parte de actores privados y autoridades públicas (conocidas como “SLAPP” por sus siglas en inglés)».

Este 3 de julio del 2025, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dieron a conocer su respuesta a Chile y a  Colombia, y en realidad a gran cantidad de Estados y de organizaciones que, en el hemisferio americano, observan los efectos devastadores causados por la inacción climática. 

En el caso de varias organizaciones de la sociedad civil, esta inacción se debe a sus mismas instituciones públicas: en muchos casos, estas organizaciones intentan, ante los tribunales nacionales de justicia, obtener decisiones en favor del ambiente y de las personas que lo defienden, y que se condene a sus autoridades por no querer tomar decisiones urgentes que derivan del cambio climático.

A partir de este 3 de julio, estas organizaciones cuentan con una opinión consutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les permitirá sin lugar a dudas confortar sus posiciones en la defensa del ambiente y en defensa de los derechos de las comunidades más impactadas por el cambio climático. 

Pese a una clara omisión con respecto a las disposiciones del Acuerdo de Escazú en las preguntas «reformuladas«,  y a referencias esporádicas al mismo en el texto, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería permitir a los jueces nacionales reforzar sus decisiones desde el punto de vista jurídico. En cuanto a los Estados, cuentan desde esta fecha con una guía que puede servirles de base para elaborar políticas públicas mucho más acordes con la situación de emergencia climática, en particular para los Estados, como Costa Rica, que persisten en no aprobar el Acuerdo de Escazú, exhibiendo de paso su total inconsistencia en materia ambiental ante el mundo (Nota 2). 

–Notas–

Nota 1: Con relación a la OC 23 del 2017, véase: BOEGLIN N., «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«, publicado en DebateGlobal (Colombia), 26 de febrero del 2018. Texto disponible aquí;  PEÑA CHACÓN M., «Desafíos y oportunidades de la Sala Constitucional de cara a la Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos», publicado en Derechoaldia (Costa Rica), 17 de febrero del 2018. Texto disponible aquí. Así como el programa Era Verde (Programa semanal del canal de televisión Canal 15, UCR), «Corte IDH nos jala el mecate en materia ambiental«, Emisión completa disponible en Youtube en este enlace.

Nota 2: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à  la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia  internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«).  De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa  de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.

Autor de Vive al 100 más allá de los cien y fundadora de la Fundación Pedagógica Nuestra América visitan la Zona Azul de Nicoya

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Dra. Fabiola Bernal, fundadora de la Fundación Pedagógica Nuestramérica y el Dr. Oswaldo Restrepo, autor del libro: Vive al 100 más allá de los cien, recorrieron recientemente la Zona Azul de Costa Rica, ubicada en Nicoya.

Se realizó una enriquecedora visita al territorio reconocido por la longevidad de sus habitantes. “¡Qué lugar y qué gente tan maravillosa!”, afirmaron la Dra. Bernal y el Dr. Restrepo, quienes destacaron haber conocido a personas que, superando los 100 años, gozan de una salud excepcional.

La Zona Azul de Nicoya atrae visitantes de todo el mundo interesados en comprender los secretos detrás de la vitalidad y bienestar de sus pobladores. La Dra. Fabiola Bernal expresa que fue “un paseo maravilloso”, e incita a las personas a visitar la zona.

Además, anunciaron que en noviembre organizarán un nuevo viaje grupal para quienes deseen vivir esta experiencia.

Como detalle de la imagen Fabiola Bernal comenta: La menor tiene 70 años y el mayor 92.

Guatemala: energías renovables que cambian vidas en las comunidades rurales

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

En su episodio más reciente, la radiorevista AgroEnlace presenta el Proyecto “Energía Rural”, impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con apoyo del programa ARAUCLIMA de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y cómo su implementación ha transformado la vida de familias en condiciones de alta vulnerabilidad mediante el uso de tecnologías renovables y eficientes, adaptadas a las necesidades locales.

Desarrollado entre 2022 y 2024 en Guatemala, Costa Rica, Bolivia y Colombia, el proyecto ejecutó 32 iniciativas demostrativas en eficiencia energética y energías limpias, específicamente energía solar, en conjunto con organizaciones de base comunal. En Guatemala, particularmente, se ejecutó con el acompañamiento de ASORECH y ASEDECHI, organizaciones comunitarias con amplia trayectoria.

Las tecnologías instaladas fueron aplicadas a múltiples usos: secado de granos, procesamiento de productos con molinos eléctricos, abastecimiento de agua con bombas de energía solar, riego con goteo, iluminación domiciliar, estufas eficientes y sistemas conectados a la red eléctrica. Todo esto con la participación de asociaciones mixtas, organizaciones de mujeres, cooperativas agrícolas, comités de agua y Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER) de las zonas de Chiquimula y Quezaltepeque.

El impacto del proyecto se evidencia en los testimonios de quienes han incorporado estas soluciones en su vida cotidiana:

  • Franklin Michos, productor de la cooperativa CASVACHI en Chiquimula, explicó cómo el bombeo solar, sin requerir el uso de bombas de combustible, permitió producir forraje y ensilar maíz, incluso en la época más seca, aumentando el rendimiento agrícola de la cooperativa de 10 a 30 toneladas por manzana y generando un ahorro mensual de casi mil quetzales, equivalentes a 65.700 colones.

  • Francisca Cruz, agricultora del CADER de Chiramay, relató cómo la instalación de un pozo artesanal impulsado por una bomba sumergible potenciada con energía solar les permite obtener agua de forma más sencilla, para regar las hortalizas y contar con agua para otras necesidades cotidianas. “Ya no jalamos el agua de lejos… ahora tenemos un buen cambio para poder nosotros estar felices con todo el beneficio que tenemos del proyecto”, afirmó.

  • Walter Nehemías Julián Méndez, gerente de la Cooperativa Agrícola Integral Cafetales R.L., detalló cómo la instalación de 5 paneles solares conectados a la red eléctrica de la cooperativa les permitió estabilizar el servicio eléctrico de su planta empacadora y reducir costos en más de 800 quetzales mensuales, equivalentes a 52.500 colones.

  • René Agustín, tesorero del Comité de Preconstrucción, Operación y Mantenimiento de Agua Potable en Ipala, explicó que los paneles solares solucionaron los problemas de voltaje que dejaban las bombas sin funcionar, garantizando ahora un abastecimiento constante y un ahorro económico considerable.

  • En el caso de la Asociación de Mujeres Olopenses (AMO), compuesta por más de 370 socias, la instalación de sistemas de iluminación solar en hogares de mujeres que nunca habían tenido electricidad representó un cambio radical. “Ya no íbamos a estar en lo oscuro”, relataron Mirna Leyva y Olga Romero, destacando también el valor de las capacitaciones en mantenimiento que acompañaron la instalación.

El IICA destacó que este tipo de experiencias demuestran que las comunidades rurales pueden ser protagonistas en la innovación agrícola y energética, para enfrentar en mejores condiciones la variabilidad climática. Por esta razón, actualmente la institución gestiona nuevos fondos con actores cooperantes para ampliar el alcance del proyecto y beneficiar a más personas en zonas aún no cubiertas.

Si desea escuchar el programa completo, puede visitar el siguiente enlace: https://n9.cl/78qlt. Asimismo, si gusta leer la versión escrita del episodio, puede acceder al siguiente enlace: https://n9.cl/56c3g

Fotos: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Dios ha muerto. O, el nihilismo frente al genocidio en Gaza

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Henry Mora Jiménez

Próximos a cumplir dos años de la partida del maestro Franz Hinkelammert, algunas de sus muchas enseñanzas nos pueden a ayudar a entender el aparente sin sentido de la perversidad sionista frente al pueblo palestino.

También me mueve a escribir esta breve reflexión la atrocidad que días atrás expresara un presidente centroamericano al referirse con sorna y cinismo al asesinato de niños en Gaza.

El eco de Nietzsche en Gaza

Nietzsche anunció que la creencia en Dios (y, por extensión, en los valores absolutos de la moral tradicional cristiana) había colapsado en la modernidad. Esto no era una celebración, sino un diagnóstico: al perder su fundamento trascendente, la sociedad occidental caería en el nihilismo (la negación de todo valor).

Para Hinkelammert, el capitalismo neoliberal ha consumado la «muerte de Dios» al reemplazar toda moral trascendente por la lógica del mercado. En lugar de liberar al ser humano (como esperaban algunos ilustrados), el vacío dejado por Dios fue ocupado por nuevos ídolos: el mercado totalizado, el dinero como valor supremo, la racionalidad instrumental que justifica la explotación, la nueva “libertad” como éxito individualista.

El «Dios ha muerto», la célebre sentencia nietzscheana, resuena hoy con macabra ironía ante el genocidio en Gaza. Mientras miles mueren bajo las bombas israelíes, la comunidad internacional muestra tal pasmosa incapacidad de reacción, que Franz Hinkelammert diagnosticaría como «nihilismo al desnudo» (nihilismo sin disfraz moral o político).

Para Nietzsche, la muerte de Dios implicaba la destrucción de los valores absolutos, inaugurando un mundo donde «no hay hechos, solo interpretaciones». Pero Hinkelammert —testigo del nazismo en su niñez y adolescencia— vio en esto la semilla de un nihilismo instrumentalizado por el poder.

El relativismo como arma ideológica (de la muerte) permite a las élites convertir la realidad en un campo de batalla narrativo. Gaza es un claro testigo: mientras Israel habla de «autodefensa», Palestina denuncia la limpieza étnica, y el mundo se limita a denunciar los ataques a mansalva más brutales, pero no actúa en correspondencia con esta quiebra moral.

Hinkelammert vinculó el nihilismo contemporáneo con el mito nazi de «la marcha de los nibelungos» —un elogio del “heroísmo del suicidio colectivo»—. Hoy, este mito se repite: las potencias sacrifican vidas palestinas en el altar de los intereses geopolíticos, un «daño colateral» lamentable -dicen- pero inevitable.

Hinkelammert también denunció que el neoliberalismo transformó el nihilismo en doctrina económica. Citando a Alvin Toffler, señaló que el sistema considera «caídos en batalla» a quienes no se adaptan a la «velocidad de la globalización». Gaza encarna esta lógica: más de 50 000 palestinos asesinados (cerca de 15 000 niñas y niños) son el costo de «modernizar» Oriente Medio según los intereses israelíes y occidentales (Trump: Gaza como un paraíso turístico una vez desplazados los palestinos).

La deshumanización como preludio de la barbarie

Frente al nihilismo, Hinkelammert propuso recuperar al sujeto concreto como centro de la ética. Cuando la deshumanización precede al genocidio (¡No son humanos! Roberto Benigni), como ha ocurrido en Gaza (y antes en Kosovo), el grito “Palestina libre” es ante todo un llamado imperioso a detener el exterminio. Pero ni esto es capaz de alcanzar la comunidad internacional, repitiéndose la lógica nazi que Hinkelammert vivió.

Frente a este exterminio, toda pretendida “neutralidad” es en realidad un apoyo al genocidio.

La obra de Hinkelammert nos recuerda que «Dios ha muerto» solo significa que los seres humanos debemos crear nuestra ética —una que no tolere crímenes en nombre de intereses o ideologías. Ante el genocidio, solo hay dos opciones: ser cómplice del nihilismo o alzar la voz junto al “grito del sujeto” palestino.

La guerra ruso-ucraniana en el contexto mundial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

(Parte IV)

Introducción

Este ensayo pretende ser conclusivo de una serie que está compuesta de cuatro capítulos.

Se aspira que, el mismo sirva como estudio de caso que, como lo dice su título nos proporcione las circunstancias y características principales de la Guerra ruso-ucraniana, dentro del actual contexto mundial.

No he pretendido que éste escrito sea un trabajo exhaustivo por limitaciones comprensibles de espacio. Pero, sí aspiro haber incursionado y aportado en la caracterización de una guerra, en pleno siglo XXI, cuando el mundo globalizado parece estar dejando atrás el contexto de la unipolaridad, una sola potencia militar y económica, los Estados Unidos que, se convirtió en hegemónica, después del derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), oficialmente disuelta en diciembre de 1991. Un poco antes de este acontecimiento, al final de la década ochenta-noventa, en todos aquellos países que, conformaron junto a la URSS el “bloque del Este”, más conocido como “Los países del Socialismo Real”, fue disuelto el sistema político socialista, experimentando cambios políticos, económicos y sociales profundos. En algunos casos como en Rumanía y luego en la URSS, el proceso fue inestable y violento, si bien no por largo tiempo.

Afirmo que el (des)orden unipolar liderado por los Estados Unidos, en efecto, comenzó a languidecer, pero no desapareció del todo; como puede constatarse hoy, al revisar el apoyo copioso en armamento bélico que le ha otorgado la potencia estadounidense a Ucrania e igualmente, al verificar el asesoramiento en lineamientos estratégicos en el manejo de la guerra, así como en el ataque más reciente que perpetró los EE. UU contra Irán, en apoyo a Israel, bombardeando tres regiones en las que supuestamente se encuentran alojadas las bases nucleares de Irán.

Sin embargo, el debilitamiento relativo de los Estados Unidos a partir del año 1991 y hasta la segunda década del siglo actual, se debió a una serie de factores que pasamos a enumerar:

  1. La proliferación de otros polos de poder. 1.1. Uno de los más importantes está constituido por los países que forman la Unión Europea y, especialmente la OTAN, por ser un pacto de defensa militar múltiple de los países que la conforman. Se puede argumentar que este bloque al ser un aliado de los Estados Unidos no lo debilitan, todo lo contrario. No obstante, la realidad es que en muchas ocasiones los europeos mantienen ahora serias discrepancias con los EE. UU, como ha ocurrido en la guerra de Ucrania- Rusia, a partir del momento en que Trump asumió el poder, pues, sobre todo al inicio de su gobierno comenzó apuntalando a Rusia y forzando a Ucrania a pactar un acuerdo de paz, considerado por este país como desfavorable a sus intereses. Otra gran discrepancia entre la UE-OTAN y los intereses estadounidenses se presenta en el conflicto del Medio Oriente, ya que los países europeos apoyan a los palestinos desde el punto de vista político, abogando por un cese inmediato de la invasión de Israel, brindando ayuda humanitaria frente a lo que consideran un genocidio de parte de Israel contra los habitantes de la franja de Gaza, especialmente por las muertes ocasionadas a niños, jóvenes, ancianos, personas discapacitadas y mujeres. En contraposición, los Estados Unidos continúan proporcionando armamento estratégico y fortaleciendo el arsenal militar de Israel, tanto en la franja de Gaza, como en la reciente invasión y bombardeo por parte de Israel en contra de Irán. En breve, los Estados Unidos han perdido la preponderancia que ejercían sobre los países de la UE-OTAN. 1.2. Además, han surgido una serie de actores regionales que ejercen una importante influencia sobre un conjunto de países en estas regiones. Es el caso de Turquía, Pakistán, la misma Irán, Arabia Saudita y otras potencias del sudeste asiático.

  2. Está claro que la cohesión alcanzada por los países que constituyen los BRICS, (Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica), aunque subsisten contradicciones entre ellos, ha permitido que se configure otro polo de poder en el Globo. Tanto que otros países se les han comenzado a unir. Hurgando en ChatGPT, encontramos los siguientes relatos: “China se convirtió en la segunda economía mundial, con ambiciones globales (iniciativa de la Franja y la Ruta, expansión militar en el mar de China Meridional). India aumentó su peso económico, demográfico y estratégico. Rusia desafió el orden occidental en Ucrania (2014). -Y termina diciendo- Aunque el bloque del BRICS no actúa de forma plenamente coordinada, representa un contrapeso significativo al poder occidental.” (Cfr. “ChatGPT “Fin del Unipolarismo absoluto”, 2025. Las negritas vienen en el texto).


Entre los factores internos de poder de los EE. UU, se señala que tanto la guerra de Afganistán como la de Irak, por su duración, desgastaron el poder de la que era entonces la potencia hegemónica. Del mismo modo la crisis inmobiliaria y financiera del 2008 erosionó su autoridad moral y política. Finalmente, el aislacionismo relativo de la administración Trump (2017-2021) redujo la presencia e influencia de Estados Unidos en varias regiones. (Cfr. Ibidem).

Así las cosas, el (des)orden unipolar, con una potencia hegemónica, ha venido cediendo terreno a la multipolaridad, con varios focos de poder que compiten o colaboran sin que se haya decantado una hegemonía clara. Otros analistas piensan más bien en el resurgimiento de un mundo nuevamente bipolar, bajo la hegemonía de los EE. UU por una parte y China por otra. (Ibid.)

Estalla la Guerra ruso-ucraniana

Antecedentes: En febrero de 1990, se inicia la redacción del tratado de reunificación de Alemania (Occidental y Oriental). Todavía estaba en pie la URSS, bajo el liderazgo de Mijaíl Gorbachov, último de los presidentes de la Unión soviética, quien accedió a que se produjera tal reunificación, a cambio de que se respetara “milimétricamente” la frontera que hasta ese entonces mantenía la URSS. En tal virtud, tanto el secretario de Estado del presidente Bush (padre), James Baker, como un poco después Helmut Kohl, quien fuera a la sazón canciller de Alemania Federal (occidental), visitaron al presidente de la URSS Gorbachov y a Eduard Shevardnadze, quien fungía en ese momento como ministro de Asuntos Exteriores Soviético. Ambos líderes occidentales, garantizaron respetar los intereses de Moscú, en el sentido de que la OTAN no avanzaría ni un milímetro al este. Inclusive el secretario de Estado de EE. UU, le envía una carta a Gorbachov, que decía lo siguiente: “Entendemos la necesidad de conceder garantías a Europa del Este. Si tenemos presencia en una Alemania que es parte de la OTAN, no habrá extensión de la jurisdicción de la OTAN (…) ni una pulgada hacia el Este.” (Cfr. Carta de Baker a Gorbachov, 9 de febrero de 1990).

En tal sentido queda claro que, tanto Bielorussia como Ucrania, que en ese momento formaban parte de la URSS, eran la frontera o “línea roja” que separaba la OTAN de Rusia. Ucrania entonces, por su posición estratégica, se convirtió en un alto punto de tensión entre la OTAN, con los Estados Unidos a la cabeza y Rusia. Tal tensión se trasladó de inmediato al interior de la misma Ucrania; como un auténtico juego de ajedrez, las fichas se comenzaron a mover entre las potencias en este escenario.

La cuerda se tensa aún más a la altura del año 1999, año en el que la OTAN incorpora a su seno a Hungría, Polonia y República Checa. La contraposición de intereses entre las potencias hizo que casi se llegara a romper el equilibrio inestable entre la Europa occidental y los intereses de la misma Rusia. Por ende, entre más pujaban los políticos en Ucrania afines a la OTAN presionando por su ingreso a esta alianza político militar, más bullía el fuego al interior de la Rus de Kiev (como también se conocía antiguamente a Ucrania); de esta manera se atizó la llama de la enconada rivalidad entre los políticos prooccidentales y los prorrusos.

La estrategia de expansión hacia el este por parte de la OTAN

La estrategia de la OTAN fue irse expandiendo paulatinamente, pero sin pausa, hacia el Este. Veamos algunos hechos relevantes que determinaron el curso de la OTAN en su expansión hacia el Este:

En el propio año de 1991, cuando se disuelve la URSS y Ucrania se acababa de convertir en una República independiente, empiezan las primeras relaciones con la OTAN. En 1994 se firmó un programa conocido como “Partnership for Peace” (Asociación o socios por la Paz), entre el gobierno de Ucrania, controlado por los prooccidentales y la OTAN. En el año de 1997, la OTAN le concede a Ucrania una “Carta de Asociación Distintiva” y al mismo tiempo se constituye una comisión OTAN-Ucrania, en un claro esfuerzo por parte de la OTAN de ganar a este estratégico país como aliado.

En el año de 1999 se produce la primera gran expansión de la OTAN hacia el Este, cuando se unen a la Alianza, Polonia, Chequia y Hungría. Entre los años 2002 y 2004. El gobierno de Ucrania declara en medio de grandes contradicciones en su interior, que quiere ingresar a la OTAN. Justamente en 2004, se produce la segunda gran expansión de la OTAN hacia el Este: entran a la alianza: Estonia, Letonia Lituania (todas estas formaron parte del territorio de la URSS), Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia. La intranquilidad política de Rusia es mayúscula, ya que ahora la OTAN ha logrado acercar su frontera a Rusia, en clara violación a los acuerdos a que habían llegado Gorbachov con James Baker por un lado y entre Gorbachov con Helmut Kohl por el otro. En el 2008, en la cumbre de Bucarest, Los Estados Unidos apoyan el ingreso de Ucrania y Georgia a la OTAN, la cual fue objetada y detenida por Alemania y Francia, en vista de la respuesta hostil del gobierno ruso. Tampoco se les ofreció un Plan de Acción para la Adhesión (MAP), que es un paso formal previo al ingreso. En el año 2010, gana la elección presidencial Viktor Yanukóvich y se instala un gobierno opuesto a occidente y afín a Rusia, el cual declara la Neutralidad militar de Ucrania, quedando congelada, por tanto, la posibilidad del ingreso de Ucrania en la OTAN. En el año 2014, dada la orientación prorrusa del gobierno de Yanukóvich, estallan una serie de conflictos principalmente en Kiev, en la plaza Maidán o Plaza de la Independencia (“Maidán Nezalezhnosti”), que involucraron a civiles tanto pro, como antigubernamentales. “Fuerzas especiales Berkut” del gobierno reprimen a los disidentes, lo que provoca un desgaste del gobierno y su caída, tras la renuncia de Yanukovich, quien huye a Rusia.

Casi simultáneamente, desde el 2014 o un poco antes, se producen otros conflictos en la estratégica península de Crimea y en gran parte de la frontera al sureste de Ucrania en la llamada región del Donbás, limítrofe con Rusia. Rusia a consecuencia de la represión del gobierno de Ucrania contra los separatistas prorrusos, invade Crimea y después, en el 2022 invade Luhansk y Donetsk, además organizó referéndums, que fueron ganados por las fuerzas pro-orientales. En cambio, tales referéndums no fueron reconocidos por el gobierno de Ucrania que hasta el momento continúa reclamando la posesión de todos estos territorios. Sin embargo, el control político militar sigue bajo el control de Rusia, y la guerra continúa con grandes pérdidas materiales y humanas por ambas partes. En el año 2023-2024, Ucrania no ingresa todavía en la OTAN, pues de acuerdo con la doctrina de la OTAN, no se puede admitir países que se encuentren en medio de conflictos armados no resueltos. (Cfr. Investigación fundamentalmente sustentada en consultas a ChatGPT, “Línea de Tiempo: Ucrania, OTAN y la Expansión hacia el Este”: 2025).

Conclusión

Como espero haber demostrado en este ensayo, la guerra ruso-ucraniana no tiene como únicos protagonistas a estos dos contendores. Rusia y Ucrania son con creces los que están poniendo la gran mayoría de los combatientes, y desde luego, los heridos y muertos en la contienda, pero hay otros intereses involucrados en el conflicto.

Sin embargo, en el caso de Ucrania, los recursos pecuniarios y de otra índole, las mortíferas armas, y otros recursos provienen de la OTAN, como lo expresa de forma contundente ChatGPT. Principalmente tales recursos han sido aportados por Los Estados Unidos y por países de la Unión Europea (UE).

De acuerdo con los datos que ha proporcionado esta misma fuente, entre el 2022 y el 2025, los EE. UU son el mayor proveedor, que ha aportado entre $120.000 y 183.000 millones de dólares en ayuda total; $60.000 millones de estos, corresponden a ayuda militar directa. Los tipos de ayuda son: armas estratégicas como misiles HIMARS, drones, sistemas antiaéreos Patriot, munición de artillería y otros. También se han aportado recursos destinados a formación y entrenamiento de soldados ucranianos, así como apoyo presupuestario directo al gobierno ucraniano.

Otros aportes provienen de la Unión Europea, por un monto estimado entre $120 mil millones y $158 mil millones de dólares. Específicamente Alemania se calcula que ha otorgado entre $20-30 mil millones; Reino Unido entre $10-15 mil millones. Otros países que han contribuido son Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur, Noruega, Suecia y Finlandia, por un monto calculado entre $5 y 10 mil millones de dólares. (Cfr. Para mayor abundamiento puede consultarse, ChatGPT. “¿Quién Financia la Guerra en Ucrania”? 2025).

En el caso de Rusia, ChatGPT advierte que, Rusia no recibe ayuda militar directa al estilo de Ucrania; pero cuenta con apoyo estratégico, financiero, tecnológico y armamentístico, de varios países en forma directa e indirecta.

Los principales aportes a Rusia provienen de China, en tecnología, microchips, drones y comercio energético. Otros socios de los que ha recibido ayuda son Irán, que ha aportado drones Kamikaze y presumiblemente misiles. Corea del Norte ha contribuido con artillería, misiles balísticos, cohetes y tropas que han combatido en zonas del este en territorio ruso, muy cerca de Ucrania. Lo cual revela que ya Ucrania ha incursionado circunstancialmente en Rusia. Bielorrusia ha dado ayuda con logística militar y apoyo político y territorial. Además, han dado aportes otros países como India y Turquía mediante comercio, triangulación y evasión de sanciones. Finalmente, indica ChatGPT que, lo que Rusia no tiene es una coalición militar organizada como sí la tiene Ucrania, que recibe apoyo de la OTAN y de la UE. Tampoco recibe Rusia ayuda financiera masiva internacional, como sí ocurre con Ucrania -señala la fuente indicada- “…que recibe decenas de miles de millones de dólares al año…” Asimismo, Rusia no recibe participación directa de tropas extranjeras aliadas -afirma también la fuente-. Ahora se sabe que sí ha habido tropas de Corea del Norte, como dejé indicado supra. (Cfr. ChatGPT “Lo que Rusia no tiene”. 2025). No obstante, la misma fuente acepta que: “Sí, hay informes creíbles de que tropas norcoreanas han estado combatiendo junto a tropas rusas, principalmente en la región rusa de Kursk, cerca del frente con Ucrania.” (Ibidem.)

Por todo lo expresado y la información aportada, estamos en capacidad de afirmar que esta guerra sí tiene un componente ideológico, aunque es muy diferente a las guerras del siglo XX, en las cuales se debatía entre comunismo, guerras de liberación frente al capitalismo. En el conflicto que analizamos se entrelazan -afirma ChatGPT-, asuntos de naturaleza geopolítica, histórica, cultural, estratégica e ideológica. Aunque, un poco después se agrega que el conflicto bélico que se despliega principalmente en territorio ucraniano carece, en sentido estricto, de un cariz ideológico, como los conflictos acaecidos durante la guerra fría. (Ibid. “¿Cuál es el tinte ideológico del conflicto?”).

Por otra parte, las dos potencias que en el mundo de la “Guerra fría” se enfrentaban, si bien no en forma directa desde el punto de vista militar, ya no tienen la hegemonía que ostentaron durante el mundo de la bipolaridad. Y en cuanto al real o supuesto mundo “Unipolar”, con Estados Unidos como protagonista, cuya supremacía económica y militar era indiscutible, ya ha perdido la centralidad que antes tuvo. Hoy, hay claras tendencias hacia la “Multipolaridad”, como se ha venido insistiendo en este ensayo. La guerra ruso-ucraniana, está inserta en este contexto.

Presente vivo, memoria que lucha: conmemoramos a Pablo Presbere y Antonio Saldaña

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Esta nota fue elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña, como parte de los esfuerzos por mantener viva la memoria, el legado y las luchas de nuestros líderes y lideresas ancestrales.
Porque resistir también es recordar, escribir y compartir desde nuestras voces.

Hoy, 4 de julio, conmemoramos el Día de Pablu Presbere, símbolo de resistencia y dignidad de los pueblos originarios.

“Para el pueblo bribri, no es un aniversario lo que celebramos. Es nuestra forma de vivir. Es memoria en acción, cada día, cada río, cada palabra que guardamos.”

En el corazón del territorio, seguimos caminando con el legado de nuestros grandes líderes: Pablo Presbere y Antonio Saldaña, quienes hasta hoy, siguen retumbando como símbolo de resistencia y compromiso con la vida. No los recordamos sólo por lo que hicieron, sino por lo que somos gracias a ellos.

Para muchos de nosotros, este territorio sigue siendo un paraíso natural. Vivimos dentro de un tesoro que heredamos y cuidamos porque nuestros ancestros lucharon por él. Ese legado no está en los libros, ni en papeles; está en la montaña, en los ríos, en la medicina, en las casas, en la comida, en el idioma… en todo lo que es nuestro y que aún respiramos.

Conmemoramos a Pablo Presbere no como una fecha aislada, sino como un acto continuo de resistencia y amor. Su lucha permitió que las generaciones actuales vivamos con más dignidad, con menos miedo y con más raíz.

No es fácil explicarlo, porque no es una historia que se dice: es un sentimiento que se vive todos los días. Porque para nosotros, no basta con predicar; lo que importa es accionar. Y accionar es cuidar la memoria, guardar la cultura, proteger el idioma, fortalecer los clanes, y mantener viva la esencia bribri.

Por eso existe el Colectivo Antonio Saldaña: como un espacio para seguir tejiendo esa memoria viva. Desde nuestros territorios, acompañamos procesos comunitarios, fortalecemos el conocimiento ancestral y defendemos la dignidad del pueblo bribri frente a las amenazas del olvido, la discriminación y la imposición cultural. Nuestra labor no es académica ni institucional: es espiritual, política y comunitaria. Nos mueve el compromiso con nuestras raíces y con las generaciones que vienen.

A través de encuentros, caminatas, reflexiones colectivas y acciones de defensa territorial, el colectivo busca mantener encendida la llama de lo que somos. Cada actividad es un acto de resistencia. Cada palabra en bribri, cada historia recuperada, cada joven que decide caminar con orgullo su identidad, es parte de esa lucha. No trabajamos solos: caminamos con los mayores, con las mujeres sabias, con los niños y niñas, con quienes sueñan un territorio libre y pleno. Porque la memoria no se hereda por sangre, sino por acción colectiva.

El legado de lucha no se hereda en papeles, sino en actos

El sistema que nos rodea ha tratado de borrar este legado. Nos dicen que el idioma bribri no sirve para encontrar trabajo, que nuestras medicinas no tienen valor, que nuestras formas de vida son atraso. Nos enseñan a olvidar. Pero nosotros sabemos que no es casualidad: es parte de un sistema que busca nuestra desaparición cultural.

Hoy, no hay balas ni cadenas como en el pasado, pero hay una muerte lenta: al idioma, a la identidad, a la medicina, a la educación propia. Lo sentimos cuando a las personas jóvenes les cuesta mantener el idioma. Cuando se nos dice que el buen vivir bribri, ya no sirve. Cuando se nos empuja a abandonar nuestras formas de conocimiento por otras impuestas.

Resistencia cotidiana, memoria para cuatro generaciones

En la tradición bribri, existe una norma profunda: cada generación tiene el deber de guardar, cuidar y conservar para su cuarta generación. Lo que hoy hacemos no es para nosotros, es para quienes vendrán. Nuestros abuelos lo hicieron por nosotros. Hoy, nos toca a nosotros hacerlo también.

Por eso, seguimos luchando. Contra el olvido. Contra las empresas. Contra instituciones públicas que no reconocen nuestra existencia. Seguimos luchando para que nuestras raíces no se corten.

Celebramos porque vivimos

El día de Pablo Presbere no es una efeméride más. Es una reafirmación de vida. Un acto político y espiritual. Es recordar que no somos un pueblo vencido. Que seguimos aquí, sembrando memoria, cuidando el territorio, hablando nuestro idioma, resistiendo con dignidad.

Gracias a quienes acompañan esta lucha. Gracias a quienes nos ayudan a escribir, a quienes escuchan. Este camino no es fácil, pero está lleno de sentido. Y como decimos entre nosotros:

“No tenemos todo escrito, pero sí lo guardamos en la memoria.”

Educación sin memoria propia: ¿cuál historia estamos enseñando?

Hablar del legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña no es sólo recordar el pasado: es exigir que su historia sea contada desde nuestra propia voz, desde la cosmovisión bribri y no como una «versión alternativa» dentro de los márgenes del sistema educativo nacional.

Cuando el Ministerio de Educación Pública (MEP) reduce nuestras memorias a un párrafo en los libros o las convierte en un relato exótico dentro de un temario oficial, lo que está haciendo es reproducir el colonialismo epistemológico. No se trata solo de lo que se dice, sino de quién lo dice y desde dónde se dice.

La historia de Pablo Presbere, por ejemplo, suele contarse desde una visión nacionalista y oficialista, donde se le reconoce como un “líder indígena rebelde”, pero sin profundizar en su rol como defensor del territorio, la espiritualidad bribri y el derecho a la autodeterminación. Es una historia despolitizada, neutralizada, vaciada de su raíz.

Esto fortalece formas sutiles (y no tan sutiles) de racismo y colonialismo, porque le dice a la niñez y juventud indígena que su forma de ver el mundo no tiene lugar en la escuela.

Que su idioma, sus luchas y sus memorias no son ciencia ni historia, sino «cultura», algo menor, anecdótico.

El resultado es una fractura profunda entre el conocimiento escolar y el conocimiento comunitario, entre la historia enseñada y la historia vivida. Esa ruptura alimenta el desarraigo, el olvido y, en última instancia, la desaparición de formas de vida que han sostenido estos territorios por siglos.

Por eso, no basta con nombrar a Pablo Presbere en el currículo escolar. Lo urgente es transformar la educación pública para que reconozca y respete las memorias desde dentro, no como añadidos, sino como parte del corazón mismo de lo que entendemos por conocimiento, historia y dignidad.

La memoria no es un favor. Es un derecho. Y su negación es otra forma de violencia colonial.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.

Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.

Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

Pobreza y desigualdad ¿semos malos?1

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Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

1 Cuento del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué (conocido como Salarrué), en su libro Cuentos de barros. Recuperado de https://ciudadseva.com/texto/semos-malos/

La pobreza, es un acervo de desafíos, oportunidades, negligencias y de poder. Me gusta pensar que todo tiene solución, pero, me aterra cuando la demora en lo debido perjudica desproporcionadamente. Por eso, coincido con otras lecturas que dan cuenta que las soluciones y los altavoces de la ciencia no logran el encuentro suficiente con la consciencia, la política y el poder, para cambiar y reivindicar.

Uno de los mayores y constantes desafíos humanos es la pobreza. La pobreza implica exclusión y deterioro de la calidad de vida. Como privaciones de servicios básicos, subyugación ante problemáticas de múltiples violencias e inseguridad, limitado acceso a espacios públicos y recreación. Además, condiciona el empleo o desarrollo económico que no suple apropiadamente las condiciones de ingreso, consumo del hogar, protección social (mayormente de salud y pensión). Otras evidencias señalan hasta malnutrición, bajo desarrollo biofisiológico, escolaridad reducida o en umbrales que no superan los niveles de educación básica o media.

La pobreza, también implica situarse en niveles de tributación regresiva, ineludible, porque sus mayores gravámenes están en los bienes y servicios básicos (es decir, los gravados por impuestos al valor agregado y a la renta o ingreso). La pobreza monetaria desencadena múltiples y profundas carencias, privaciones del bienestar y deterioros biosicosociales.

Veamos en datos, según las estadísticas del Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)1, al menos uno de cada cuatro hogares en la región centroamericana yace en pobreza monetaria, pero cerca de cinco de cada 10 hogares (la mitad) padece algún tipo de inseguridad alimentaria, por razones económicas. La escolaridad promedio no supera los 10 años, un cuarto de nuestras juventudes en la región no estudia ni trabaja. Esto sin considerar la exposición y vulnerabilidad a los efectos del cambio y la variabilidad climática, que profundiza las asimetrías inter e intra territoriales. Tampoco, al considerar las segregaciones y otras ampliaciones de la precariedad y las desigualdades, como las que se dan por sexo, área residencia, edad, color de piel, grupo étnico-cultural, etc. Pero, en términos generales, somos una región de renta media ¡Una terrible ironía!

El reto y la pertinencia están en las soluciones contra la desigualdad. En este sentido, hay una lamentable tibieza, quizá intencionada. Porque, parte de los mecanismos implican política pública de subsidiariedad y progresividad fiscal, como también de una apropiada y suficiente corresponsabilidad multisectorial. Lo cual hasta el momento no se ha logrado suficiente ni con la debida costo-efectividad.

Es decir, implica romper con los paradigmas de incentivos fiscales o mecanismo subsidiarios a sectores económicos de mayor riqueza. Lo cual, además de reducir competitividad, erosiona capacidad y dotación de recursos para inversión productiva y de reequilibrios socioecológicos. También, atender las asimetrías requiere de sistemas robustos de protección social contributivos, diferenciados. Igualmente, no quedan atrás la protección laboral y ni las garantías de pleno cumplimiento de todos los derechos laborales para todas las personas y en todos los sectores económicos. Logrando, además, asequibilidad a la prosperidad y distribución de la riqueza, desde los establecimientos y servicios cualificados de salud, educación, equipamientos y espacios públicos hasta los aspectos de cultura, memoria histórica, cohesión social, cultura de paz y convivencia ciudadana.

Es decir, contrarrestar el empoderamiento y la precarización humana (de las mayorías) es una cuestión de reivindicaciones, tanto contra las asimetrías estructurales como contra las desigualdades subyacentes.

En resumen, atender la pobreza es una cuestión de justicia, y en mayor grado, es una cuestión de voluntad y corresponsabilidad multisectorial

Como reza el cuento de Salarrué: “Y lloraron los ladrones de cosas y de vidas, como niños de un planeta extraño.” Quizá, un día, víctimas y victimarios (porque la desigualdad es un crimen, un crimen fratricida), podamos reconciliarnos, ennoblecernos y recuperar el humanismo.

¿Qué podemos hacer?

  • Lograr voluntad política mediante la cohesión-coordinación social (ojalá multisectorial) en la agenda pública

  • Impulsar mecanismos apropiados de progresividad fiscal: gravámenes sobre umbrales de la riqueza, la propiedad suntuosa, la remisión de capitales al extranjero, la eliminación de barreras de competitividad como la exención fiscal y la adecuación de incentivos que garanticen plena retribución de prosperidad compartida para sectores económicos de escala media y grande.

  • Desarrollar una reversión y diferenciación de gravámenes a bienes y servicios que satisfagan las necesidades fundamentales

  • Internalizar la corresponsabilidad del crecimiento económico con los pasivos ambientales, de la contaminación y las afectaciones adversas no evitadas o no mitigadas lo suficiente

  • Impulsar o fortalecer los mecanismos apropiados y suficientes de protección social contributiva y no contributiva, como asequibilidad y calidad en servicios de salud, educación, pensión básica universal, y salvaguardas a niñez, el adulto mayor y las personas con ciertos umbrales de vulnerabilización interseccional.

  • Fortalecer mecanismos apropiados de incentivo, inclusión y protección de sectores de economía popular. Como procesos ágiles y asequibles de formalización de negocios, financiamiento indexado y condicionado desde la banca pública y privada, el direccionamiento de sectores de competitivos, como tecnología, biomédica y el turismo, por mencionar algunos. Igualmente, los sectores tradicionales fundamentales, como los ligados a la economía del cuidado, la agroproducción y el comercio de abastos de proximidad.

  • También, implica la buena gobernanza y la atención a la policrisis coyuntural. Aspectos como el fortalecimiento de la institucionalidad y los contrapesos gubernamentales; el financiamiento y la compensación para la conservación de los ecosistemas; la recuperación de los mecanismos participativos y deliberativos multiniveles (es decir, desde la comunidad y el completo tejido social hasta los estamentos gubernamentales). No escapa a ello, el sincronismo intrarregional e interregional que debe ser asumido bajo la debida costo–efectividad que demandan nuestras poblaciones.


Lectura, pensamiento crítico y democracia: conversatorio con la Dra. Irene Vallejo

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El lunes 21 de julio a las 3:00 pm se llevará a cabo el conversatorio: “Lectura, pensamiento crítico y democracia”; el mismo tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica. La actividad contará con la participación de destacadas figuras del ámbito literario, académico y político.

El conversatorio será desarrollado por la Dra. Irene Vallejo, autora del libro El infinito en un junco. Además, se contará con la participación de Isabel Román Vega, coordinadora de investigación del Estado de la Nación, y Paula Piedra Mora, escritora y directora de TEOR/éTica. La moderación estará a cargo del Dr. Alexander Jiménez Matarrita, director del Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación de la UCR.

La actividad es organizada por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Para reservar su espacio, acceda a la inscripción en el siguiente enlace: rectoria.ucr.ac.cr/eventos

Cuando la positividad se vuelve violencia

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Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez

Pocos van a entender esto, quizás dirán que estoy algo obsoleto para la época, pero es necesario decirlo: la cultura del positivismo emocional, el new age y el horizontalismo radical ha dado lugar a una nueva forma de cancelación. Una forma amable en apariencia, pero profundamente violenta en el fondo. Un nuevo orden simbólico que se presenta como espiritual, armónico e inclusivo, pero que en realidad cancela la diferencia, desactiva la crítica y niega lo trágico. Se trata, en definitiva, de una cultura fascista que no usa botas ni uniformes, sino sonrisas, frases motivacionales y cristales energéticos.

El positivismo emocional tan celebrado hoy en redes sociales y espacios de autoayuda por doquier exige una actitud permanente de optimismo, adaptación y gratitud. Se ha vuelto una especie de mandamiento secular: “si no puedes ser feliz, cállate”. La tristeza, el enojo o la crítica son tratados como fallas morales o energías tóxicas, más que como experiencias humanas legítimas. Así, el sufrimiento no se acompaña, se silencia y la soledad junto con la depresión comienzan a reinar. La melancolía no se nombra, se reprime. La crítica no se escucha, se descarta por “negativa”. En nombre de la luz, se instala una censura emocional.

El new age, por su parte, ha transformado la espiritualidad en una mercancía. Promueve una estética de lo etéreo y lo holístico, pero sin profundidad. Es una pseudo espiritualidad sin tradición, sin historia, sin comunidad real. Una espiritualidad a la carta que se adapta al mercado y al narcisismo de la autoayuda. Con frecuencia, se convierte en un instrumento de despolitización: todo problema social se reduce a una falta de “vibración” o “desalineación personal”. Se cancela así la historia, se ignora la injusticia estructural, se le da la espalda al otro. Y mientras tanto, se vende incienso.

El horizontalismo radical, en su afán por democratizar todos los ámbitos y relaciones, ha terminado por erosionar la autoridad legítima, el conocimiento experto y el sentido de responsabilidad. Bajo el lema de una igualdad mal entendida, se equipara lo inconmensurable: la evidencia con la mera opinión, la experiencia con el capricho. Es una dinámica profundamente nietzscheana, como advirtió el filósofo, no hay hechos, solo interpretaciones, pero llevada al extremo de que «todo vale».

El resultado es la parálisis: lo colectivo deviene inoperante, y lo comunitario se diluye en asambleas interminables donde priman la indecisión y el miedo a asumir posturas. Es la tiranía del consenso superficial, donde cualquier crítica a contradicciones estructurales o fallas éticas se tacha de autoritarismo o de resistirse al flujo colectivo. Este nuevo orden cultural que mezcla positivismo, misticismo comercial y horizontalismo mal digerido, ha creado su propia forma de cancelación autoritaria. No persigue con violencia física, sino con desaprobación pasiva-agresiva. No excluye con fuerza bruta, sino con la moralización de lo emocional. Se cancela al que no “vibra bonito”, al que no “cree en la energía”, al que piensa críticamente. Se le aísla, se le invalida, se le acusa de “negativo”, de “tóxico”, de “no trabajar en sí mismo”.

Así, el disenso no se enfrenta, se disuelve. El dolor no se acompaña, se niega. La complejidad no se piensa, se simplifica. Y todo esto se hace en nombre del amor, la armonía y la paz. Pero esa paz es falsa. Esa armonía es superficial. Y ese amor, muchas veces, no es más que un egoísmo disfrazado de virtud. Porque el verdadero amor no cancela, escucha. El verdadero bienestar no niega el conflicto, lo integra. Y la verdadera espiritualidad no esquiva el sufrimiento, lo abraza.

En tiempos donde todo se vuelve apariencia, lo más revolucionario es recuperar la profundidad. Volver a lo real, incluso si duele. Atreverse a sentir la oscuridad sin culparse. A disentir sin miedo. A pensar sin pedir permiso, a volver a tener esa capacidad de discernir, de cuestionar lo incuestionable y de atrevernos a nombrar lo que otros prefieren ocultar. La auténtica transgresión ya no es derribar estatuas, ni negar toda jerarquía, sino distinguir entre el poder arbitrario y la autoridad legítima.

En un mundo que confunde ruido con libertad y consignas con pensamiento, rebelarse es elegir la lucidez sobre la complacencia, incluso cuando eso implique nadar contra la corriente. Porque la oscuridad más peligrosa no es la que carece de luz, sino la que se disfraza de ella.

Con Chaves hemos tocado fondo como sociedad. ¡Qué indignante!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carmen María Muñoz Quesada*

La presidencia de una nación no es un chiste. No es un espacio para la chabacanería, la grosería o el desplante vulgar. Es, ante todo, la representación máxima de un pueblo, de sus aspiraciones, de su historia y de sus valores. Por eso, cuando quien ocupa ese cargo responde con burla, desdén y comentarios triviales ante una pregunta legítima -por más polémica o “inoportuna” que a Chaves le resultara-, no solo fracasa en su deber, sino que degrada, otra vez, la institución que representa.

El presidente Rodrigo Chaves, al ser interpelado sobre la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con Israel, tuvo la oportunidad de responder con altura. Podría haber argumentado su postura con seriedad, explicando las razones económicas, diplomáticas o políticas de su Administración, o incluso haber rechazado los calificativos usados por el periodista, si así lo consideraba necesario. En lugar de ello, optó por la burla, por el comentario soez y ayuno de humanidad, por el gesto infantil de mostrar un lapicero con el que firmaría, como si la pregunta mereciera menos respeto que el que concedemos a una broma de cantina.

Este comportamiento no es solo una falta de respeto hacia quienes esperan seriedad en sus gobernantes, sino también una muestra de profunda inmadurez política y personal. La democracia exige debate, exige confrontación de ideas, exige diálogo y tender puentes, pero nunca el vacío de contenido que provoca el ridículo. Cuando un presidente se ríe en lugar de argumentar, cuando evade la discusión sustituyéndola por gestos vulgares, está diciendo, en esencia, que no toma en serio a sus ciudadanos y ciudadanas, ni a los principios que deberían guiar su cargo.

Como sociedad merecemos más: liderazgos que comprendan que la política no es un espectáculo circense, que entiendan que las palabras presidenciales llevan no sólo el peso de la historia, sino también la urgencia de labrar futuro y que cada risa innecesaria, cada comentario soez, cada evasión grotesca, erosiona la confianza ciudadana y mancha el prestigio de un país que, a pesar de nuestras contradicciones, ha sabido proyectarse al mundo con dignidad.

Hoy, más que nunca, es necesario recordar que gobernar no es actuar como un bufón, sino asumir con responsabilidad el mandato de un pueblo que es rico en su diversidad, crítico y exigente. Si el presidente Chaves no está a la altura de ese desafío, la historia -y el pueblo- se lo cobrarán. La frivolidad no es un lujo que un mandatario pueda permitirse. Menos aun cuando lo que está en juego es el respeto hacia una sociedad que merece algo mejor que el espectáculo bochornoso de un gobernante que un día sí y otro también, confunde el poder con un acto circense.

Aclaración:
Presidente Chaves el gobierno de Israel no come chiquitos, no más los asesina.

*Publicado en el espacio de Facebook de la autora y compartido con SURCOS por varias personas. La imagen es tomada del mismo espacio.