El Estudio Nacional de Opinión Pública (ENAOP) de Borge y Asociados de este mes de marzo vuelve a mostrar un gran apoyo al presidente y a su gestión. Sin embargo, creo que el mandatario no debería cantar mucha victoria, porque ese apoyo está inserto en grandes signos de interrogación.
Creo que los más llamativo es que los entrevistados consideran que en los temas más importantes el gobierno no está cumpliendo. El fracaso gubernamental, en algunos casos, es crítico.
Para los costarricenses, los temas económicos y sociales, vale decir Desempleo, Situación Económica, Costo de Vida y Pobreza, suman el 48,8% de las opiniones cuando se les pregunta por los problemas principales del país. Cuando se trata de las familias o de sus familias, es decir, cuando se vuelve más íntimo y personal, se elevan al 57,3% de las opiniones.
Pues bien, en esos tópicos, la mitad de los encuestados considera que la gestión gubernamental es mala (reducir el desempleo, bajar la canasta básica y otras).
La Seguridad es, individualmente considerada, la preocupación que ocupa el lugar más alto (27,2%) cuando se les pregunta por el país, pero es de solo el 5,6% cuando se trata de la situación de sus familias. Como siempre ha ocurrido, la percepción de inseguridad es mucho más alta que la inseguridad misma y esa percepción es introducida, en gran parte por nuestra mala prensa.
Y aquí el gobierno vuelve a delinquir: el 49,7% califica de mala su labor en el combate a la delincuencia, mientras que solo un 13,5% cree que ha hecho buena labor en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Aun así, la persona del presidente Chaves sigue siendo bien valorada (63% de los encuestados), y el apoyo a su gestión, si bien ha bajado, se sigue manteniendo en un 70%. Curioso, ¿no? Los ticos seguimos creyendo que el gobierno hace mal las cosas, pero le damos una alta valoración.
El porqué de ese apoyo sigue siendo motivo de dolores de cabeza. No he escuchado la sola explicación convincente. Claro que yo no pretendo tener algo así. Pero voy a dar algunas opiniones.
Pienso que el triunfo de Chaves y su popularidad nacen del desplome de todos los demás partidos. El elector costarricense ha vivido un trauma inédito. Se le destruyó el PUSC, el gran partido de Calderón Guardia, lo que fue para muchísimos costarricenses un golpe en el alma. Luego vivo el desprestigio, también traumático, del PLN, el partido de don Pepe, y que ya va por tres elecciones perdidas. Las emociones, las esperanzas, los entusiasmos, volvieron a surgir con el PAC, que termina escribiendo una de las páginas más vergonzosas de nuestra historia. Termina no obteniendo ni un 1% de los votos. Y esto fue tremendamente impactante para muchísima gente. Conozco personas que todavía lloran cuando recuerdan eso. Lloran literalmente, con lágrimas de agua y desengaño.
Entonces los costarricenses, sobre todo los más humildes y olvidados, vuelven los ojos a un tecnócrata desconocido, sin nexos con la política, sin pertenencia a ningún partido, que muestra, además, un lenguaje antisistema. Una cosa muy similar ocurrió en Perú: los peruanos, hastiados de los partidos viejos y nuevos, terminan apoyando a un tecnócrata llamado Fujimori. Los resultados son bien conocidos.
El segundo gran motivo es ideológico: no en todos los casos, pero en muchos el voto se decidió por un mensaje que gran parte de los ticos comparten, el del neoliberalismo, una ideología y un programa político antipopular por sus fines pero popular por las preferencias. Antisistema significó, en nuestro caso concreto, no anticapitalismo, sino anti-capitalismo proteccionista, no anti-empresa-privada, sino anti-estado-de-bienestar. La gente ha sido ganada por un mensaje que habla contra los empleados públicos, contra las desigualdades y privilegios, contra la burocracia, y termina votando por los grandes privilegiados y en contra de sus mismos intereses. Es el triunfo ideológico de la oligarquía, representada por los grandes partidos y apoyada por la gran prensa.
En esa derrota ideológica nosotros, los que nos llamamos de izquierda, tenemos una gran culpa. Ha sido ni más ni menos nuestra derrota. Primero por nuestra debilidad orgánica, por nuestra manía fatal de ocultar nuestros fines y decir las cosas a medias, pero nuestra división y nuestro menosprecio por la labor teórica, que a veces consiste en renuncia a toda teoría, por nuestra falta de espíritu crítico. La derecha nos ha ganado la batalla en ese campo, el de las ideas.
Mucho de nuestra derrota proviene de un apoyo acrítico de nuestro estado de bienestar y de derecho. Apoyamos el estado con todo lo bueno, pero también con todo lo malo, y en nuestra lucha por defender a los trabajadores estatales terminamos siendo defensores de la burocracia, de la ineficacia y de los privilegios de las altas esferas, de los sueldos indefendibles y demás. Allí incluyo a las universidades públicas y muchas de sus conductas insostenibles. No quisimos discutirlo a tiempo, y ahora nos cae encima el tsumani neoliberal. La gente está harta, todos estamos hartos, de este estado ineficiente y corrupto. Entonces, en estas circunstancias, quien perdió fue la seguridad social. Fue el PLN y el PUSC los que iniciaron el proceso, pero fue el PAC, un partido falsamente tildado de izquierda y vergonzosamente apoyado por la izquierda, quien nos pone al borde del despeñadero.
De aquí se desprende una tercera cuestión, y que tiene que ver con el valor de la democracia. Un régimen político que nos aporta hambre, pobreza, corrupción e ineficacia se ve superado por el ideal de la dictadura. Necesitamos un régimen fuerte, dice la gente, un presidente que no le tenga miedo a nada. Igual que con Fujimori, Chaves logra canalizar ese sentimiento y llevarlo a Zapote. Mientras tanto, la izquierda sigue hablando de defender la democracia y en vez de proponerse sustituirla por una democracia nueva, sigue creyendo que el camino es ponerle betún a la bota vieja y rota, en vez de proponerse cambiar de calzado.
La última cuestión tiene que ver con el machismo. La sociedad costarricense ha avanzado muchísimo en materia de los derechos humanos asociados al papel de la mujer y las opciones sexuales. Estas transformaciones han involucrado a personas de todos los gustos políticos, izquierda de primera, pero también al PAC, ministros y activistas suyos.
Este cambio tan positivo crea, como es lógico, una reacción, una respuesta del mundo machista y discriminatorio que está herido y en su lecho de muerte. Y los representantes de ese mundo se levantan en respuesta. Curiosamente, pareciera que las acusaciones de este tipo en contra de Chaves que no lo dañaron, sino que lo impulsaron.
De la mencionada encuesta hay cuatro cosas que me reconfortan. La primera es que las universidades públicas son las instituciones más respetadas, con un 76,0% de apoyo. Me reconforta no solo por la defensa de la institución, sino porque es una derrota de las prédicas de la derecha.
Una segunda es que los encuestados no muestran un apoyo claro a la ley de empleo público. Los pocos que responde a esta pregunta se reparten casi por mitades entre apoyarla o rechazarla.
La tercera es que solo una cuarta parte se manifiesta por ilegalizar totalmente el aborto. El resto, tres cuartas partes, lo apoyan con diversos matices.
La última es que la iglesia católica apenas representa poco más de la mitad de la población (es, por cierto, el porcentaje más alto en Centroamérica). Los míos, los ateos o no feligreses de ningún credo, llegamos ya al 15%. Toda una noticia.
La pérdida del valor real de las remuneraciones, a merced de las medidas extraordinarias de la Regla Fiscal y el congelamiento de los salarios que receta la Ley Frankenstein, ya se volvió absolutamente inasumible para los trabajadores.
La política extremista de Estado, que impone una devaluación salvaje e indefinida de las remuneraciones, es una política pública de violencia institucional contra la clase trabajadora.
Hasta la misma Procuraduría General de la República, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, advirtió que el congelamiento indefinido de los salarios, o por un plazo prolongado, tiene un efecto pernicioso, que vulnera el Convenio 131 de la OIT y un precedente de la Sala Constitucional, que dispuso que el congelamiento de los salarios sólo puede ser excepcional, por un plazo definido y claramente determinado.
También existe un precedente del Comité de Libertad Sindical, contra el Gobierno de Costa Rica, que resolvió una queja, prácticamente en los mismos términos del precedente de la Sala Constitucional.
Cómo decían los Indignados: “Nos sobra mucho mes al final del sueldo”. (Cártel, Madrid, 2011).
¡La política de los sindicatos debe ser: negociación salarial o conflicto laboral!
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Es de un hablar pausado que se aligera y aumenta de tono e intensidad cuando lee su poesía. De paso comunica: una voz de mujer emancipada, cuestionadora de los sistemas de dominación, constructora de la libertad de su cuerpo y de las formas en que lo nombra.
Proveniente de la Nación Sami, ubicada al norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península Kola, al oeste de Rusia, Ima es de un claro decir, directo, acompañado con gestos con los que no se necesita entender su idioma originario, para saber que dice cosas que incomodarían al más conservador de los conservadores.
Entre otras cosas es traductora y directora de documentales. Quizá por eso tiene tan claro el abc de la comunicación y las imágenes que la acompañan. Además, es periodista, presentadora de radio y reportera.
Lee su poesía en Sami, dialecto que hoy solamente lo hablan 20.000 personas en el mundo.
En una conversación distendida en San José junto al editor de su último libro 69 Pilares, el querido Luis Enrique Moscoso, poeta mexicano, hablábamos acerca de los procesos de resistencia que ha debido sortear su pueblo, arrinconado por la lógica hegemónica del estado finlandés que desea apropiarse de sus territorios y de su cultura.
Ella habla de racismo.
Y si, evidentemente ese intento de apropiación y de homogeneización por parte del estado finlandés va acompañado de la ausencia de reconocimiento de esa lengua que se resiste a morir.
Observando a través de los ojos de Inger-Mari Aikio, o Ima como le dicen coloquialmente sus amigos y amigas, los procesos internos en Costa Rica, deben existir palabras con las cuales nombrar desarraigo, despojo y desplazamiento de los pueblos originarios, justificados todos en la complicidad estatal con la rapacidad de actores privados, que desean quedarse con sus territorios ancestrales.
La poesía de Ima es clara y enseña que el erotismo puede ser un instrumento de reinvindicación y acción política desde la voz de una mujer que tiene claras sus luchas. Aunque ella habla de un feminismo distinto, lo suyo ciertamente son las agendas de reivindicación a través de la palabra.
Invito a leerla y acompañarla en su resistencia corporal, lingüística, política. Son estas las nuevas luchas que seguirán apareciendo en los tiempos disruptivos que nos tocó vivir.
Hagámoslas propias.
si tan solo una vez
nos abrazáramos en la colina
en lo alto
como si fuéramos los únicos humanos
chillido de aguililla ártica
inicio de un largo relato
canto Yoik del chorlito
como vino
la mirada clandestina del zorro polar
camino a la más bella historia
de nubes blancas.
Inger-Mari Aikio Poeta de la Nación Sami Finlandia.
Hoy 20 de marzo, no es feriado, no hay celebración, no hay desfiles…, pero hoy hace 166 años, decenas de invasores del ejército esclavista de William Walker caídos en combate, y los 18 fusilados por orden de don José Joaquín Mora, guiados por las acciones y palabras del héroe Juan Rafael Mora, fueron el MENSAJE que se enviaba a los estadounidenses, de que COSTA RICA no permitiría sufrir la humillación de ser colonia de ningún imperio.
Así, en Santa Rosa, principalmente, los 19 héroes muertos en la batalla hicieron resplandecer, con su sangre, el rojo de nuestra bandera, y nutrieron los cimientos de la PATRIA que estuvo a punto de caer en poder de un ejército invasor, que de haber triunfado, habría tenido oprobiosas consecuencias para el destino de nuestra nación.
Conmemoramos otro aniversario de la Batalla de Santa Rosa, la primera batalla de la primera derrota de los norteamericanos en toda su historia, la primera batalla de la consolidación de nuestra independencia. Lo digo así porque esa primera derrota norteamericana en el continente se consolidó poco después en la batalla de Rivas del 11 de abril, y en la segunda parte de la guerra en 1857, peleada en el río San Juan y en esta zona sur de Nicaragua, con Rivas como centro más importante. Pero Santa Rosa preparó ese camino de victoria.
Costa Rica era entonces una nación muy pequeña. Teníamos apenas 110.000 habitantes, más o menos la mitad del cantón de San José, más o menos lo mismo que tiene el Cantón de la Unión, que conocemos como Tres Ríos.
Y empezaba su vida nacional. Teníamos 35 años de ser independientes de España y apenas ocho años de ser una república.
Aun así, este pequeño país pudo enfrentarse de manera victoriosa a una invasión extranjera proveniente de la joven potencia del norte, desde aquel entonces era el país más rico y poderoso del continente.
¿Cómo fue posible esa victoria?
Esta proeza de este pequeño pueblo estuvo siempre indisolublemente ligada a una persona, la de Juan Rafael Mora Porras, hoy con el título de Libertador de la Patria, Benemérito y Héroe Nacional. Fue su visión y don de liderazgo lo que pudo unir al país y conducirlo, en medio de sacrificios, a la victoria.
La guerra del 56-57 y sus resultados están ligados a los siguientes factores:
1.— El presidente Mora, primeramente, supo descifrar quién era el enemigo. Él se dio cuenta de que el país se enfrentaba a una situación de vida o muerte, de existir o perecer. Estados Unidos, apenas ocho años antes, había invadido México, había tomado su capital y en presencia de sus tropas había obligado a los mexicanos a entregar la mitad, ¡la mitad!, de su territorio. De ese despojo hecho por la fuerza surgieron los estados de Texas, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada y California y territorios que están en otros estados. Mora entendió que Walker no venía a una aventura personal y menos pacificadora. Supo que el filibustero estaba ligado a círculos de poder del sur de Estados Unidos, al gobierno de Franklin Pierce, un alcohólico proesclavista que pretendía continuar con la expansión de Estados Unidos, otra vez a costa de México y el Caribe, y que preparó las condiciones para la guerra civil contra Abraham Lincoln, la cual empezó apenas media década después.
El interés de Walker era unir Centroamérica (Five o None, la cinco o ninguna, decía) en un estado esclavista que pudiera inclinar la balanza política en EEUU hacia la perpetuación del esclavismo, una balanza que se perdió con el triunfo de Lincoln en 1860, cuando las fuerzas antiesclavistas lograron poner a la mayoría a su favor y en contra del esclavismo. Eso era lo que Walker quería impedir con su invasión y su anexión de Centroamérica.
Walker ya había invadido Baja California y había creado una llamada República de Sonora.
Una de las grandes ambiciones del filibustero y su gente era el río San Juan, la Vía del Tránsito, es decir, el canal interoceánico. Por aquellos años ni se pensaba en Panamá. Entonces esta ruta tenía un valor continental y hasta universal. Mora y su gobierno tuvieron ayuda, más moral y menos material, de Inglaterra y Francia, y era por eso. Esos países estaban interesados en impedir que esa vía cayera en manos norteamericanas al menos con exclusividad, pues ya para entonces estaba concesionada a una compañía estadounidense.
Pero, además, Mora comprendía que esa falange impía, como él la llamaba, solo podía ser derrotada por las armas, que no había otro camino. Walker le envió a Mora un emisario que fue devuelto desde Puntarenas sin siquiera ser recibido. El Libertador sabía que eso era un engaño. Y que solo la sumisión, una sumisión perruna, podía impedir la guerra. Es decir, que el honor y la soberanía solo se podían defender con las armas. Es una enseñanza fabulosa para nuestros políticos de hoy, acostumbrados a bajar las orejas frente a las nuevas invasiones norteamericanas, a las que me voy a referir más adelante.
Con esa definición del enemigo en su cabeza, se dio a la tarea de preparar a su pueblo ideológica y anímicamente. Ningún pueblo puede triunfar si no tiene claros los objetivos de su lucha, los peligros y el carácter definitorio de su enemigo.
2.— Teniendo esto claro, Mora se dio a la tarea de preparar la guerra. Siempre nos han metido la idea de que nuestro ejército estaba formado por agricultores ignorantes y sin conocimientos militares. Nada más falso. Nuestros soldados eran efectivamente campesinos, pero recibieron un esmerado entrenamiento militar, disciplina y espíritu de combate. Para ello Mora se valió de muy buenos militares. Menciono solamente al general José María Cañas, pero no era el único. Había también un exiliado alemán, Otto van Bülov, que era ingeniero militar y excombatiente de la revolución alemana de aquellos años, la revolución de 1848, quien dio un enorme aporte. Un polaco, posiblemente polaco-alemán, llamado Ferdinand von Salich también colaboró en esta tarea.
Tampoco era un ejército pequeño. Aunque muchos lo cifran en 4.000 hombres, hay documentos que señalan que sumaban 7.200 soldados y que en un momento llegó a tener 11.000. Eso equivaldría hoy en día entre 200.000 y medio millón de soldados.
También se nos confunde con el tipo de armamento. Se habla mucho del fusil de chispa, un arma con que la corría más riesgo el que la usaba y la disparaba. Claro que había muchos fusiles de chispa. Pero Mora se las ingenió para dotar a nuestro ejército de un armamento más avanzado, un parque de fusiles Minié y sus municiones, que había utilizado Inglaterra en la recién concluida guerra de Crimea y que Mora compró a ese país. Ese fusil marcaba una diferencia del cielo a la tierra. Para mencionar solo una diferencia, diré que el fusil de chispa podía dar en un blanco, con suerte, a cien metros; el Minié, casi de seguro, a 500 metros.
Cuando los filibusteros se enfrentaron con nuestro ejército en un día como hoy, quedaron sorprendidos por el poder de fuego costarricense, tanto así que dijeron a sus jefes que aquí en Santa Rosa se habían enfrentado no con costarricenses, sino son soldados franceses.
3.— Había que preparar no solo soldados y armas, sino todo lo demás: medicina, avituallamiento, transporte. No voy a entrar en detalle, pero diré solo que él puso a trabajar a un gran equipo en esas tareas.
Algunos de ellos eran Santiago Hogan Grey, Cruz Alvarado Velasco, Fermín Meza Orellana, Andrés Sáenz Llorente y otros.
He mencionado que había en el país un grupo de alemanes, como Nanne, Rohrmoser, Fisher, Gólcher, Alexander Von Franzius y Carlos Hoffman que se pusieron a las órdenes del presidente Mora. Estos dos últimos fueron fundamentales en la formación de la ciencia natural en el país. Carlos Hoffman fue nombrado por el presidente como el médico jefe del ejército nacional. Por cierto, que el puesto era pretendido por otro médico, José María Montealegre, quien se disgustó tanto con la decisión de Mora que decidió no ir a la guerra y quedarse en casita cuidando sus millones. Años más tarde va a ser el principal culpable del derrocamiento del presidente Mora. Carlos Hoffman es otro de nuestros héroes olvidados. Él estuvo en toda la guerra, se quedó en Rivas durante la epidemia del cólera y luego, llamado por don Juanito, se vino a San José para ponerse al frente en la lucha contra la enfermedad.
Quiero enviar un saludo muy afectuoso a los alemanes de nuestro país, y a los descendientes, hay algunos, de esos alemanes que lucharon con nosotros en 1856. Van Bülov y Hoffman no dejaron descendencia. Hay descendientes de un sobrino de van Bülov, que también peleó en la guerra del 56, pero ellos viven en Estados Unidos.
4.— La otra decisión clave de don Juanito fue decidir que él no iba a esperar al enemigo en la capital. San José en esa época llegaba hasta el Hospital San Juan de Dios, y don Juanito dijo: Yo no voy a pelear esta guerra en La Sabana. La guerra la vamos a pelear en las barbas de William Walker. Esto suponía un esfuerzo inmenso, que era transportar todo un ejército hasta Nicaragua. Hoy eso equivaldría transportar 200.000 hombres. Y se tenía que hacer sin vehículos, a pie, con la sola ayuda de algunos bueyes que se utilizaban para transportar dos pequeños cañones.
Para ello había que trazar una ruta, construir puentes y caminos y asegurar medios de supervivencia, sobre todo alimentos, para los soldados en viaje.
Juanito Mora contaba, como dije, con la ayuda de Otto van Bülov, conocido como el Barón, pues lucía ese título nobiliario. Este ingeniero alemán a quien Juanito Mora había nombrado jefe de caminos, brindó un enorme aporte en este sentido. Todavía quedan algunas de esas construcciones. Él tuvo a su cargo la construcción del puente de La Garita, que estaba unos metros aguas arriba del actual, y de la carretera que sube a Los Ángeles. También fue responsable del primer puente de Damas, en San Mateo. Un pueblito de por allí se llama El Barón, pero nadie sabe por qué. En una ocasión propuse que al menos la escuela, que se llama Escuela El Barón, fuera bautizada por el nombre completo del héroe alemán. Pero como siempre sucede, en este país del olvido nadie quiere hacer memoria. En el país del olvido, el desmemoriado es rey. Digo nada más que Van Bülov peleó en Rivas, cosa que él sabía hacer muy bien. Allí se contagió del cólera, enfermedad de la que murió días después en Liberia.
Entonces, ya listos, con un alto nivel de conciencia y una alta moral de combate, el ejército partió, a pie. Salió de donde hoy es el Mercado Central, caminó hasta San Rafael de Alajuela, llegó a la Garita y a los Ángeles y siguió hasta Barranca. Allí se dividió en dos: una parte se fue a Puntarenas y siguió en botes por el Golfo de Nicoya y el Río Tempisque hasta el pueblo de Bolsón. El resto siguió a pie por potreros y montes por la ruta de Bagaces y lo que hoy sería Cañas, hasta Liberia.
Allí los alcanzó el presidente Mora, que en vez de quedarse en su Palacio Presidencial se fue con la tropa a la primera línea de fuego.
El resto de la historia ya la sabemos. José Joaquín Mora, cuyo suegro había sido dueño de la Hacienda Santa Rosa, marchó hacia el norte y dirigió ese primer combate contra los filibusteros. Fue en aquel 20 de marzo. Allí murieron 20 patriotas y 25 filibusteros. Otros 20 fueron capturados durante su huida, fueron sometidos a juicio y fusilados inmediatamente.
Cabe preguntarse por las enseñanzas que nos dejaron los patriotas de 1856.
La primera es que la patria debe defenderse y no entregarse a los que vienen con falsas promesas. Eso no lo entienden muchos costarricenses y no lo comprenden o no lo quieren comprender nuestros gobernantes.
El país está enfrentado a una nueva ola de filibusteros. Son los que han sido dueños de nuestros principales productos, entre ellos el banano y la piña, y con ellos se llevan nuestra riqueza. Son los que hoy nos estafan con sus eurobonos, sus créditos y sus imposiciones, impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Son los que nos tienen atosigados con la deuda externa, y nos prestan cada vez más para que sigamos endeudados. Son los que nos roban a través del comercio internacional, vendiéndonos caro y comprándonos barato. Son los que se han apoderado de nuestras principales carreteras, puertos y aeropuertos. Son los que se llevan el dinero de nuestras pensiones y lo colocan en la ruleta rusa de las bolsas norteamericanas a costa de grandes pérdidas para nosotros y enormes ganancias para ellos. Son los que nos impulsan a destruir nuestro estado de bienestar social y presionan para que se vendan la Caja, el ICE, los bancos del estado y demás.
Quien no tiene claro que ese enemigo existe y quién es, no es un digno heredero de Juanito Mora y no podrá liderar al país para salir de la injusticia, la pobreza y el subdesarrollo.
La segunda enseñanza es que con ese enemigo no se negocia. Ya no puede hablarse con una guerra verdadera, pero la lucha es similar, y no hay peor pecado que intentar esquivarla con el timo de que debemos ser inteligentes y tolerantes, inteligentes y tolerantes contra un enemigo nada tonto y nada tolerante.
La tercera es que al pueblo hay que prepararlo para la lucha con la verdad, no con vericuetos de lenguaje, no ocultando los hechos para que no nos digan dogmáticos ni trasnochados. Los que eso hacen y así piensan no son legítimos herederos de los héroes del 56.
Ellos, los héroes del 56, consolidaron nuestra independencia y crearon una idiosincrasia, crearon la nación costarricense. Lo hicieron con su pensamiento claro y su sangre.
Con la valentía propia del estadista que defiende la soberanía y la dignidad de su patria, don Rodrigo Carazo, sentó de regreso a los emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los asientos del mismo avión que los trajo al país. La salud, la educación y la energía públicas no eran negociables bajo ninguna circunstancia; dejar de construir hospitales, escuelas e infraestructura para servicios de agua, luz y telefonía, ¡jamás! Que se lleven sus valijas a otras tiendas, este país no se vende por un plato de lentejas.
Las administraciones que le sucedieron bajaron la bandera de la dignidad de una patria insobornable. Se han venido postrando, como siervos menguados, ante los dictámenes de los poderes fácticos nacionales e internacionales de un capitalismo salvaje, que solo habla en términos autoritarios de sometimiento a su añeja y fracasada política neoliberal, que sigue sumiendo a estos países en la miseria, la pobreza, la desigualdad y, por ende, en la más cruenta e insoportable violencia criminal y delincuencial.
Los últimos gobiernos actúan como fieles emisarios de aquellos organismos financieros y poderes. Hoy no se necesita que vengan al país a dictar políticas, estos las acatan de facto, y si pueden van más allá, como es el caso de la actual Ley de Empleo Público, que se aprobó aprovechando la pandemia del Covid-19, y con la que pretenden, ahora sí, quebrar al Estado Social de Derecho precarizando los salarios de los servidores públicos.
Por consiguiente, no es que el Estado y su institucionalidad social estén siendo conducidos a la quiebra por deficiencias administrativas y gollerías salariales. Sin duda, hay mejoras que introducir en estas materias, y ya se han venido realizando. Pero, la causa fundamental, que no se toca, es la complicidad de estos gobiernos con los grandes intereses económicos empresariales y financieros, a los que se les facilitan las condiciones para seguir amasando capitales; se les premia con exoneraciones y amnistías, haya o no pandemia, como ahora con el perdón de deudas de las empresas con la Caja por morosidad; por favor, ¿cómo no va a estar con problemas financieros la Caja, si también el Estado no paga su deuda billonaria? Pero sobre todo se les continúa tolerando declarar cero ganancias, como es evidente en el listado de casi noventa empresas, recientemente dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, a solicitud del diputado Ariel Robles del Frente Amplio. Como dice el pensador estadounidense, Noam Chomsky, estamos ante una modalidad de “Estado niñera” de los ricos: “socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres”.
Urge erradicar estas prácticas antipatrióticas de partidos políticos y gobiernos con discursos grandilocuentes pero que no actúan con decisión y valentía cuando se trata de parar, sí, las gollerías de los eternos ganadores en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra y en tiempos de paz; en todo tiempo protegidos, y siguiendo la vieja práctica de convertir cada campaña electoral para componendas y compra de favores.
Ya es hora de que quienes administran la cosa pública dejen de comportarse como mercaderes baratos, al servicio de los ganadores de siempre. Urge una nueva generación de mujeres y hombres libres, que antepongan los intereses del pueblo costarricense sobre los de las élites oligárquicas que están conduciendo a nuestro pueblo por los tenebrosos caminos de la violencia, que lo único que nos depara es un futuro con más cárceles y menos escuelas y hospitales.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario, Ex Integrante Comisión de Vinculación Institucional con los Sectores Productivos y, Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA Sede Central UTN www.utn.ac.cr Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP, Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
Con fecha 06 de marzo de 2023 el RECTOR UTN Dr. Emmanuel González Alvarado remite CIRCULAR R-014-2023 a la Comunidad Universitaria. En la misma plasma las ORIENTACIONES GENERALES ACERCA DEL RÉGIMEN DE EMPLEO SUPERIOR UNIVERSITARIO.
¿QUÉ DICE LA CIRCULAR R-104-2023?
Que se están haciendo esfuerzos ante la entrada de la Ley Marco de Empleo Público para preservar la autonomía, el adecuado funcionamiento institucional y los derechos de las personas trabajadoras de la UTN.
Que se pretende garantizar inclusión y calidad educativa al estamento estudiantil.
Que se convocará a foros interactivos a través de la plataforma Zoom para ampliar dudas razonables que tenga la comunidad universitaria ante la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
Que el CONARE desde febrero de 2021 anunció el compromiso de analizar los sistemas de empleo universitario, garantizar su racionalidad sustantiva para asegurar que las universidades públicas gocen de sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo; mediante un Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU) para el Sistema de Educación Superior Universitario Estatal.
Que existe en CONARE una comisión con las personas directoras de Recursos Humanos, que diseñara un modelo de gestión del talento humano interuniversitario.
Que la Comisión RESU ha trabajado basándose en los principios rectores los cuales establecen:
Cumplirla Ley 9635en lo concerniente al Capítulo de Recursos Humanos, que cubre temas como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y la nominalización de estos incentivos.
Establecer un salario global que sea competitivo en el mercado laboral costarricense.
Homologar el escalafón docente o carrera académica.
Homologar y simplificar las categorías del régimen administrativo universitario, de forma que todas las personas funcionarias queden bajo el resguardo de la autonomía universitaria como lo dicta nuestra Constitución Política.
5. Revisar y homologar todas las categorías de las autoridades universitarias, dirección superior y jefaturas, incluidos los pluses salariales correspondientes.
Proponerun mecanismo de relevo generacional, tanto para el sector académico como para el administrativo, que incluya el tema de becas para estudios superiores y otras acciones estratégicas que garanticen la permanencia en el tiempo con una educación de calidad. Que se respeta los derechos adquiridos durante su historial como persona funcionaria.Que, en elcaso del futuro personal de nuevo ingreso, existirá en un primer momento el salario global transitorio, o lo que es lo mismo, las universidades públicas podrán mantener las contrataciones de personal que ingrese por primera vez al sector público, mientras no esté consolidado el salario global. Estos funcionarios entrarían con los salarios base que están vigentes en la actualidad. Se homologan las categorías y salarios del escalafón docente (carrera académica) y el escalafón administrativo (carrera administrativa). Que se establece el compromiso dinamizador en materia de homologación de remuneraciones apunta hacia el pago de salarios competitivos, en este sentido, no se aplicará la separación entre trabajadores exclusivos o excluyentes, ni se regirán las universidades públicas bajo la rectoría del MIDEPLAN.
ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA CIRCULAR R-014-2023 EN EL CONTEXTO DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO
PRIMERO. La UTN tendrá su propia interpretación de la LMEP. Buscando equilibrar la autonomía administrativa. Vamos hacia un sistema de empleo UTN guiado por un Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU) para el Sistema de Educación Superior Universitario Estatal. Se cumplirá con la Ley 9635. Se buscará establecer un salario global y aquí hay un tema de cuidado dado que muchos salarios de nuevos empleados públicos están por debajo del mínimo en el sector privado al no tener ningún tipo de incentivo salarial y eso los hace inconstitucionales. Adicional a ello los salarios de los empleados de la UTN no son iguales ni parecidos a los de UCR, UNA, ITECCR ni UNED. Por otro lado, vamos hacia un relevo generacional tanto para el sector académico como administrativo. Eso junto a un plan de movilidad con incentivos es el mejor camino. Lo que ya habíamos expuesto en el artículo https://surcosdigital.com/utn-desafios-y-retos-2022-2024/ cuando escribimos que “Se requiere generar procesos de negociación con instituciones como la CCSS o JUPEMA para adelantar la pensión del personal docente, directores de carreras y, personal administrativo. Ya algunas instituciones gubernamentales lo han realizado y hay ambiente para hacerlo en la Asamblea Legislativa. Tenemos en planilla 1.377 Académicos y 714 Administrativos la gran mayoría Generación X (nacidos en 1960 o, 1970) – 52 o 62 años- con estudiantes de la Generación Centennials o Generación Z (Gen Z) con edades entre 18 y 22 años (66,3% población estudiantil). Estamos frente a un choque y colisión generacional intra universitaria. La Generación X debe jubilarse de manera anticipada. Lo anterior, permitirá, abrir espacios para cambios generacionales en la universidad y, el ascenso de la Generación Z a cargos de dirección y puestos de autoridades universitarias. La Generación X (1960, 1970) -una vez jubilada- pueden conformar Sociedades Anónimas Laborales en alianza con la UTN para vender servicios o subcontratos para el diseño de recursos y materiales didácticos como también desarrollo de investigación específicas según área de especialización.”
SEGUNDO. Los sistemas de empleo universitario deben tomar en cuenta que “(…) la naturaleza del trabajo académico no es igual al que hacen otras instituciones, ya que cada sector de la administración pública tiene sus propias particularidades que deben ser consideradas.” Indudablemente, si el salario global es igual al sector privado eso debilitará la autonomía administrativa universitaria estatal. Y, “(…) sin autonomía universitaria, la libertad de cátedra, otro pilar de la integridad académica, desaparecerá. Sin libertad de cátedra, los profesores perderían la capacidad de reflexionar libre, responsable y críticamente, y más bien se llenarían de temor de disentir de los intereses en el Gobierno Central, pues esto pondría en peligro su propia continuidad laboral en un sistema centralizado. No hay voces libres sin autonomía.” Es en ese sentido que se justifica la declaración de los Consejos Universitarias de las Universidades Estatales (UCR, UNA, UNED, ITECR) – a la fecha de la escritura de este artículo falta el Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional, UTN– de empleados ESENCIALES Y EXCLUYENTES de la LMEP. Recortar los salarios no aumenta la calidad, ni la productividad, ni la innovación ni la investigación y desarrollo sino puede provocar una mayor desmotivación o, una fuga de personal. Recortar salarios genera todo lo contrario y el supuesto de dar a las universidades públicas la sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo como argumento no tiene evidencia empírica para la UTN.
TERCERO. La sostenibilidad financiera a largo plazo específicamente de la Universidad Técnica Nacional no va por el recorte de salarios que comparativamente con la UCR, UNA, ITECCR, UNED son muy bajos en la academia y lo administrativo –Ver:
– sino la misma viene de la venta de bienes y servicios estratégicos hacia los sectores productivos – trabajo pendiente de FUNDAUTN, VEAS y, DEAS-. De las patentes y registros de propiedad que nacen desde las distintas Comisiones de Trabajos Finales de Graduación de las Carreras STEM. De la búsqueda de recursos externos–donaciones, becas, fondos reembolsables y no reembolsables-. De la venta de Doctorados, Posgrados, Diplomados In House. Del fortalecimiento del PIT UTN y las Carreras de ILE y la creación de un Centro Nacional e Internacional de Idiomas para el Trabajo CNIIT – adscrito a la Rectoría y en coordinación en la venta de servicios con FUNDAUTN y, que cuente con recursos presupuestarios propios al convertirse en un Centro de Utilidades no un Centro de Costos. De venta de Talleres, Congresos – por ejemplo, Centro de Desarrollo Sostenible que no está generando recursos-, Servicios de laboratorios que estén certificados nacional e internacionalmente para colocarlos al servicio de los sectores productivos. El Centro para el Desarrollo Sostenible debe salir al mercado a generar recursos financieros en conjunto con la Fundación UTN- actualmente está creado, pero sin funcionar-. De la venta de servicios forestales y de proyectos de investigaciones aplicados en diversas áreas. Somos dependientes y codependientes de los ingresos del FEES y solo la venta de bienes y servicios pueden darnos recursos frescos. Hay que buscar donantes internacionales vía cooperación internacional. Las autoridades universitarias deben leer completo el Capítulo 7: Sostenibilidad financiera de las universidades públicas en un contexto económico y fiscal adverso: algunas opciones por considerar del Octavo Informe del Estado de la Nación. Debemos multiplicar las fuentes de financiamiento. Establecer nuevos mecanismos de financiación. Mayor responsabilidad de las familias y de los propios estudiantes en la financiación de sus carreras la UTN bien puede crear un Fideicomiso Estudiantil en alianza con banca estatal o privada para becas o crédito blando para estudios. Aumento un porcentaje mínimo el arancel de matrícula según carreras UTN. Búsqueda de fondos de fuentes diferentes. Explotación comercial de las tres fincas de la UTN (Atenas, Guanacaste, Pacífico) incluye siembra, producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios basados en estudios técnicos o ceder áreas para arrendamiento o creación en dichas fincas de Zonas Francas con incentivos rurales. Impulsar con JUPEMA y CCSS un plan de movilidad laboral y mecanismo de relevo generacional, tanto para el sector académico como para el administrativo que por cercanía de edad o cuotas puede optar por un retiro laboral con incentivos económicos, subsidios, y prejubilaciones. Hay que reestructurar la universidad para aplanar la jerarquía dado que no es sostenible financieramente que las estructuras administrativas de los Decanos de Sedes tengan debajo siete (7) Direcciones o Coordinaciones (Docencia, Extensión y Acción Social, Vida Estudiantil, Administrativo, Mercadeo y Ventas, Gestión de Proyectos Producción, Investigación), eso debe ser eliminado por reorganización. Si sumamos 7 coordinaciones y la multiplicamos por 5 Decanatos tenemos un total de 35 Direcciones o Coordinaciones. Al prescindir de ésta ineficiente estructura (7 cargos) los Directores de las distintas Unidades Académicas bien pueden y deben coordinar esfuerzo directamente con el Decano de Sede y con el Vicerrector de Docencia sin pasar por esos cuellos de botella o grasa organizacional que significan esas 7 Direcciones o Coordinaciones. También, es posible alquilar nuestras instalaciones los fines de semana – sábados, domingos- para empresas u organizaciones de distintos fines – deportivas, recreativas, religiosas, académicas privadas- que requieren nuestra infraestructura-.
¿CUAL ES LA MEJOR DECISIÓN?
Somos de la opinión que el CONSEJO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, UTN, -si aún no ha tomado la decisión- debe APROBAR una declaración – igual a las cuatro Universidades Estatales y las Municipalidades- en el cual se escriba que TODOS nuestros puestos UTN son ESENCIALES Y EXCLUYENTES de la Ley Marco de Empleo Público dada nuestra autonomía administrativa. – Nota: El Acuerdo 049-2023 del 13 de marzo 2023 no establece absolutamente nada de lo supra expuesto– Y solo con ello frenamos la draconiana ley citada para girar hacia adentro a un proceso de reformar del Reglamento Administrativo de Gestión de Servicios (RAGS) e introducir un nuevo Capítulo o Adendum llamado Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU) UTN guiado por salarios justos, salarios dignos que puedan satisfacer todas sus necesidades y las de sus familias del personal docente y administrativo.
Esta decisión la tiene el CONSEJO UNIVERSITARIO o sea 15 personas que lo conforman: 1 RECTOR, 3 REPRESENTANTES DOCENTES, 1 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO, 5 DECANOS DE SEDES, 1 DIRECTOR EJECUTIVO CFPTE, 2 REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y 2 REPRESENTANTES ESTUDIANTILES. Eso 15 son los que gobiernan y administran la Universidad Técnica Nacional, UTN. Estamos en manos de esos quince funcionarios públicos… Y, en ese sentido, aplaudimos a los Consejos Universitarios de la UCR, ITEC CR, UNED y UNA que ya tomaron esta decisión desde la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
El pasado 7 de marzo, Belice se convirtió en el Estado Parte número 14 al Acuerdo de Escazú, al depositar formalmente su instrumento de ratificación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York: véase carta formal del Secretario General de Naciones Unidas, actuando en calidad de depositario de dicho tratado.
Belice había firmado el Acuerdo de Escazú el 24 de setiembre del 2020, siendo su firma una de las más recientes registradas, conjuntamente con la de Dominica.
En Mesoamérica, México ratificó este tratado en enero del 2021, mientras que Nicaragua y Panamá ratificaron ambos este instrumento hace más de tres años (marzo del 2020); al tiempo que Costa Rica persiste en no aprobarlo, al igual que Guatemala. Por su parte El Salvador y Honduras (Nota 1) ni tan siquiera han firmado el Acuerdo de Escazú.
Pese a la situación antes descrita en lo que atañe a Mesoamérica, el resto del continente americano se ha mostrado mucho más comprometido con este instrumento regional de vanguardia en materia de ambiente y de derechos humanos, y son señales prometedoras para el Acuerdo de Escazú las que se han registrado en el 2022, y en lo que va de este año 2023, tal y como lo explicaremos a continuación.
El Acuerdo de Escazú: un breve recuento sobre un tratado en pleno desarrollo
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional adoptado bajo los auspicios de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en marzo del 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe. Se trata del primer (y a la fecha, del único) instrumento en materia ambiental para América Latina y el Caribe, por lo que la ausencia de Costa Rica entre sus Estados Parte a cinco años de adoptado, puede plantear algunas interrogantes muy válidas.
El largo proceso de negociación iniciado en el 2013 fue co liderado por Chile y Costa Rica. El texto finalmente adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 consta de 26 artículos (el texto se encuentra disponible en este enlace): su objetivo es traducir en términos legales el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública informada en materia ambiental. Su entrada en vigor, el 22 de abril del 2021, fue celebrada por diversos Estados, entidades de la sociedad civil y organizaciones internacionales, incluyendo dentro de Naciones Unidas, al mismo Secretario General (véase comunicado oficial del Secretario General).
Como bien se sabe, el texto adoptado en Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, y ello desde muy diversas perspectivas y disciplinas (Nota 2).
En este 2023, un reciente llamado a Brasil para garantizar la supervivencia de la población Yanomami exige la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 8 de febrero del 2023). De igual manera, con relación a los derechos de la mujeres costarricenses, un reciente informe del Comité de la CEDAW le recomienda al Estado costarricense aprobar sin más preludios el Acuerdo de Escazú (véase informe CEDAW/C/CRI/CO/8 del 28 de febrero del 2023, punto 45). Anterior a ello, encontramos la misma excitativa hecha a Costa Rica enun informe del Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado a raíz de su visita in situ realizada en el 2021 (véase enlacepara acceder a dicho informe, con fecha del 13 de julio del 2022, párrafo 98 inciso i)
En el mes de marzo del 2022, una importante cita en la capital costarricense auspiciada por la CEPAL con los principales bancos internacionales de cooperación al desarrollo (Banco Mundial, BCIE, BID, BEI) y con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reafirmó que el Acuerdo de Escazú se enmarca perfectamente con los lineamientos generales sobre transparencia y rendición de cuentas que promueven estas entidades internacionales en materia de inversión (véase comunicado oficial de prensa). Por razones que ameritan ser investigadas, y no lo han sido, este comunicado de prensa y el evento como tal no fueron referenciados en los medios de la prensa costarricense.
En el mes de abril del 2022, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú: se trata de un texto muy valioso, y de lectura muy recomendada para organizaciones sociales, así como para decisores y entidades públicas, y público en general interesado.
En el mes de noviembre del 2022, el primer foro sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales se reunió en la capital ecuatoriana (véase programa y videos de esta importante actividad).
Estas y varias otras actividades, totalmente ignoradas por gran parte de la prensa costarricense, denotan el fuerte impulso que la CEPAL y los Estados Partes le han imprimido al Acuerdo de Escazú, en aras de lograr su pronta implementación y correcta aplicación.
El Acuerdo de Escazú: una notable utilización por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En una de sus últimas sentencias, dada a conocer en febrero del 2023, el juez interamericano condenó a Chile por violar la libertad de expresión de un abogado ambientalista: véase por ejemplo esta nota de la DW de finales de febrero de 2023. Al estudiar más detenidamente el razonamiento seguido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver este complejo caso, el Acuerdo de Escazú aparece en varias partes de dicha sentencia, y ello de manera notoria. Es así como, luego de citar varias de sus disposiciones (párrafos 73-77), la Corte Interamericana precisa que:
“La Corte considera que el respeto y garantía de los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, además de ser un compromiso adquirido por los Estados parte de la Convención Americana, en tanto se trate de personas bajo su jurisdicción, reviste especial importancia pues estos desempeñan una labor “fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho” (párrafo 78) (Nota 3).
El juez interamericano procede de igual manera más adelante en el texto de su sentencia. En efecto, luego de referirse a otra disposición del Acuerdo de Escazú en el párrafo 99, se lee en el párrafo 100 que:
«…, la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental«.
Estas referencias al Acuerdo de Escazú por parte del juez interamericano en su razonamiento constituyen las primeras de muchas otras que reaparecerán en el futuro, en particular cuando examine casos contenciosos relacionados a la situación que enfrentan quienes en América Latina alzan la voz en defensa del ambiente, sea desde sus pequeñas comunidades o sea desde otros espacios. Si bien la contribución de la jurisprudencia interamericana a la protección de los defensores del ambiente ha sido analizada de manera detallada (Nota 4), no cabe duda que desde su adopción en el 2018, el Acuerdo de Escazú contribuye desde ya a enriquecer sustancialmente el corpus juris del juez interamericano, permitiéndole precisar y consolidar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados en la materia.
Esta sentencia debería desde ya interesar a todos los Estados del hemisferio americano que integran el sistema interamericano de derechos humanos. Cabe precisar que en el párrafo 71 de su sentencia, se lee que para el juez interamericano:
«71. La definición de la categoría de defensoras o defensores de derechos humanos es amplia y flexible debido a la propia naturaleza de esta actividad. Por ello, cualquier persona que realice una actividad de promoción y defensa de algún derecho humano, y se autodenomine como tal o tenga reconocimiento social de su defensa, deberá ser considerada como persona defensora. En esta categoría se incluyen, por supuesto, los defensores ambientales, también llamados defensores de derechos humanos ambientales o defensores de derechos humanos en asuntos ambientales«.
El contenido de esta sentencia merece ser ampliamente difundido a organizaciones ecologistas, activistas, y público en general, así como también a universidades, abogados litigantes y a escuelas judiciales: el razonamiento seguido por el juez interamericano debería ser en particular analizado por jueces penales nacionales que examinan demandas por presunta difamación contra ecologistas (Nota 5).
En efecto, la demanda penal por presunta difamación contra Carlos Baraona Bray en Chile interpuesta en el 2004 constituye en realidad una “técnica” a la que se recurre con frecuencia en América Latina para intentar veladamente intimidar a líderes comunales, ecologistas, campesinos, indígenas, o a académicos, en particular cuando un megaproyecto es objeto de un debate público debido a los impactos ambientales negativos del mismo; la doctrina anglosajona refiere a este tipo de acciones como “SLAPP actions” (Nota 6). Estas acciones penales presentadas, ya sea por un funcionario estatal (como en el caso de Carlos Baraona Bray), ya sea por una empresa privada, pocas veces fructifican: son usualmente desestimadas, archivadas o bien rechazadas después de largos años por los tribunales de justicia. Como ocurrió en Costa Rica – entre muchos ejemplos – con la demanda interpuesta por una empresa piñera contra un líder ambientalista y sindical en Siquirres (véase nota de Kioscos Ambientales del 2010), con las tres demandas por presunta difamación interpuestas por una empresa minera canadiense en el 2011, o bien con la demanda interpuesta por un empresario en el 2015 contra un abogado ecologista del Caribe Sur costarricense (véase nota de ElPais.cr del 2021). El hecho que estas demandas sean desestimadas o sobreseidas (como en el caso de Carlos Baraona Bray) no significa que no vulneren algunos de los derechos de las personas demandadas, y en ello es que radica precisamente el principal aporte de esta sentencia, entre varios más.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»).
En nuestra opinión, resulta innegable la importancia que reviste esta sentencia desde ya para proteger a personas defensoras del ambiente de demandas penales claramente intimidatorias de las que son muy a menudo víctimas. En el párrafo 126 de esta sentencia leemos que:
«126. Sobre el particular, la Corte recuerda que estándares internacionales en materia ambiental resaltan la importancia de que los Estados adopten medidas adecuadas y efectivas para proteger el derecho a la libertad de opinión y expresión y el acceso a la información con el fin de garantizar la participación ciudadana en asuntos ambientales la cual resulta de vital importancia en la materialización y protección del derecho al medio ambiente sano, conforme al Acuerdo de Escazú (supra párr. 100)«.
Cabe añadir que el Acuerdo de Escazú también deberá reaparecer, esta vez, en una futura opinión consultiva de esta misma jurisdicción regional: en efecto, en enero del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada por Chile y Colombia con relación a las obligaciones que tienen los Estados de cara a la emergencia climática y a las medidas de carácter urgente que deberían de tomar (véase texto completo de la solicitud de opinión consultiva): se trata de seis preguntas a las que la Corte deberá de responder, dos de ellas (la B y la E) refiriendo sus autores de manera expresa a las disposiciones del Acuerdo de Escazú.
Con relación a la impunidad que campea usualmente ante atropellos de toda clase que sufren los defensores del ambiente y los líderes de poblaciones más impactadas que otras por los efectos del cambio climático, hay que agradecer a Chile y a Colombia por por haber incluido la pregunta E en su solicitud de opinión consultiva, cuyo párrafo 5 se lee de la siguiente manera:
«5. ¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tener en cuenta los Estados para asegurar que los ataques y amenazas en contra de las personas defensoras del medio ambiente en el contexto de la emergencia climática no queden en la impunidad?«
Algunos detalles sobre la línea de tiempo de las ratificaciones reunidas en breve
Más allá de los efectos que empieza a producir desde ya en el sistema interamericano de derechos humanos el Acuerdo de Escazú, a la fecha, el estado oficial de firmas y ratificaciones de este emblemático tratado regional adoptado en Costa Rica en el mes de marzo del 2018, registra un total de 24 firmas y de 14 Estados Parte, con Belice.
Anterior a Belice, Chile (junio del 2022), Argentina y México (enero del 2021) procedieron de igual forma, de manera coordinada, al ser estos dos últimos Estados los que permitieron de manera conjunta la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el 22 de abril del 2021, Día de la Tierra.
Cabe recordar que el primer Estado en ratificar el Acuerdo de Escazú fue Guyana (abril del 2019), seguido luego por Bolivia, Santa Lucía, San Vicente y la Granadinas, y Uruguay, Estados que depositaron su respectivo instrumento de ratificación en Naciones Unidas en la misma fecha del 26 de setiembre del 2019, la cual coincide con el primer año desde que fue abierto a la firma este tratado regional en la sede de Naciones Unidas. En el 2020, Antigua y Barbuda logró depositar su instrumento de ratificación en Naciones Unidas en la fecha en la que el Acuerdo de Escazú celebraba su segundo aniversario (4 de marzo) seguido una semana después por Nicaragua y Panamá.
Estos pequeños detalles de forma evidencian el esmero de algunas cancillerías en el hemisferio por formalizar su compromiso con un emblemático instrumento en fechas de relevancia. Se puede de igual manera considerar que Chile buscó en el 2022 una fecha insigne como es la del 5 de junio (Día Internacional del Ambiente), depositando formalmente su instrumento de ratificación una semana después en Naciones Unidas.
En América Latina, Colombia debería proceder a una pronta ratificación, luego de la aprobación por parte de las dos cámaras de su Poder Legislativo de dicho acuerdo en el mes de noviembre del 2022 (véase nuestra nota al respecto). En lo que respecta al trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, aún está pendiente una consulta a la Corte de Constitucionalidad colombiana cuya resolución es esperada en los próximos meses.
La desconcertante ausencia de Costa Rica
El pasado 4 de marzo, el Acuerdo de Escazú cumplió exactamente 5 años desde du adopción en Costa Rica en el 2018: una fecha que pasó totalmente desapercibida, al menos en lo que refiere a las autoridades de Costa Rica. Este fecha fue precedida por un episodio bastante llamativo: el archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota).
El hecho de archivar el Acuerdo de Escazú ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: en efecto, fueron varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«).
Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú:
«Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.
Un reciente foro realizado en febrero del 2023 con dos eminentes especialistas costarricenses del derecho ambiental, titulado “Acuerdo de Escazú, ¿qué sigue?” y auspiciado por LaRevista.cr (véase enlace) explicó los alcances del archivo por parte de la Asamblea Legislativa, reiterando de paso, la poca solidez de los supuestos «argumentos» difundidos en contra del Acuerdo de Escazú por varias cámaras empresariales: se invita desde ya a los lectores de LaRevista.cr a escuchar (y a re-escuchar) este importante espacio de discusión y análisis, que permitió desnudar las maniobras y zancadillas de diversa índole que ha tenido que sufrir el Acuerdo de Escazú en Costa Rica en los últimos años, incluyendo las propinadas por la Sala Constitucional en dos ocasiones (Nota 7).
A la fecha, la insólita mezquindad demostrada por la Corte Plena a la hora de examinar los efectos del Acuerdo de Escazú sobre el funcionamiento del Poder Judicial, ratificada en marzo del 2020 por la Sala Constitucional en una votación de seis contra uno (Paul Rueda Leal – Nota 8) es única: no ha encontrado eco alguno por parte de los demás poderes judiciales del hemisferio americano. Un mismo tratado internacional que sí genera, según la Corte Plena y luego la Sala Constitucional, un gasto para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense y … ¿qué no lo genera en ninguno de los poderes judiciales de los demás Estados de la región? Así como se lee, por más insólito que resulte. Vaya extrañeza que ameritaría, como mínimo, una explicación (que a esta fecha no se ha dado) y hasta una rectificación. Raramente un criterio interpretativo tan erróneo como equivocado de los jueces costarricenses ha quedado en evidencia de tan singular manera.
Ya tuvimos la oportunidad, en junio del 2022, de escribir en estas mismas páginas de LaRevista.cr que:
“Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la profunda soledad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe” (Nota 9).
Con relación a otros “argumentos” contra el Acuerdo de Escazú, habíamos tenido la oportunidad de externar públicamente una cuantas preguntas en la misma fecha del 4 de marzo del 2022 a algunos sectores empresariales costarricenses: véase nuestro artículo publicado en Delfino.cr y titulado «Acuerdo de Escazú: preCOP este 4 de marzo… sin Costa Rica«. A más de un año de publicadas, ninguna de estas preguntas han sido contestadas. Intentos previos realizados en el 2021 para debatir públicamente los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú no lograron materializarse (Nota 10).
A modo de conclusión
Más allá de la forma bastante peculiar que tienen algunos sectores en Costa Rica de debatir sus supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú, y del desconcierto que ha generado la ausencia de Costa Rica, no cabe duda que este 2023 inicia de manera muy prometedora para el Acuerdo de Escazú, tal y como lo hemos detallado en las líneas anteriores.
Desde el punto de vista institucional y operativo, los Estados Parte al Acuerdo de Escazú y la CEPAL no han escatimado en sus esfuerzos: la breve reseña de actividades y documentos elaborados en el 2022 son tan solo una pequeña muestra de su compromiso con la democracia ambiental que se pretende consolidar a través de la implementación del Acuerdo de Escazú. Cabe precisar que una primera Conferencia de las Partes (COP1) se realizó en Santiago de Chile en abril del 2022, la cual será seguida por una segunda COP en el 2024 también a celebrarse en la capital chilena, mientras que una importante reunión preparatoria tendrá lugar en Argentina en abril del 2023 (véase enlace oficial).
Con relación al precitado estado oficial de 24 firmas y 14 ratificaciones, a la fecha, en América Latina, varias ausencias persisten.
En efecto, se mantienen sin tan siquiera haber firmado el Acuerdo de Escazú los siguientes Estados: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela. El proceso de ratificación no tiene cómo iniciarse en estos Estados hasta tanto el Poder Ejecutivo no firme el texto. Al tiempo que, conjuntamente con una desconcertante Costa Rica, persisten en no aprobarlo en sus respectivos congresos los siguientes Estados: Brasil, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Es muy probable que la ausencia de Costa Rica, a cinco años de aprobado el Acuerdo de Escazú, constituya un argumento inesperado que resultará de gran utilidad para sectores políticos y económicos del hemisferio opuestos al reconocimiento de los derechos de quienes defienden el ambiente.
No está de más recordar que en el pasado, con relación a otro emblemático instrumento regional que fue también adoptado en el territorio costarricense, Costa Rica sí se ajustó a lo que se espera siempre de un Estado que hospeda la ronda final de negociación de un futuro tratado: en efecto, Costa Rica fue el primer Estado en ratificar en 1970 (véase el estado oficialde firmas y ratificaciones de dicho instrumento) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como «Pacto de San José»
–Notas–
Nota 1: En el caso de Honduras cabe precisar que el Acuerdo de Escazú se adoptó un 4 de marzo, una fecha escogida como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016 debido a su oposición a un proyecto hidroeléctrico denominado Agua Zarca. Su asesinato fue objeto de una investigación internacional, un equipo de investigación internacional constituido para esclarecer este crimen y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, la cual el mismo Estado hondureño intentó encubrir y maquillar en un primer momento (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres«).
Nota 2: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).
Nota 3: Véase sentencia Baraona Bray contra Chile, sentencia del 24 de noviembre del 2022, párrafo 100. Texto completo de la sentencia disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo BORRÁS S., «La contribución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la protección de los defensores ambientales«, Revista Eunomía, Vol. 9, Núm. Oct-2015/Marzo 2016, pp. 3-25. Texto integral del artículo descargable en en la red; así como NUÑO A., «Personas defensoras del medioambiente. Obligación de investigar violaciones a derechos humanos«, Infojus, disponible aquí.
Nota 5: En el párrafo 118, se lee textualmente que para el juez interamericano: “118 …, la Corte recuerda que, en el marco del debate sobre temas de interés público, el derecho a la libertad de expresión no solo protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la emisión de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población152. De esta forma, si bien las expresiones del señor Baraona Bray fueron sumamente críticas de la conducta del senador SP en relación con las autoridades encargadas en la conservación del árbol de alerce, eso no implica que su discurso quede desprotegido bajo la óptica de la libertad de expresión. La utilización de expresiones que pueden ser chocantes o críticas son recursos o estrategias comunicacionales utilizadas por defensores de derechos humanos y del medio ambiente, que buscan comunicar y generar consciencia en la población en general. De esta manera, una declaración sobre un asunto de interés público goza de una protección especial en atención a la importancia que este tipo de discursos tienen en una sociedad democrática”.
Nota 6: Estas acciones penales buscan ante todo presionar e intimidar a líderes ecologistas, campesinos, indígenas o de otros colectivos sociales que alzan la voz ante los atropellos de los que son víctimas por parte de empresas y corporaciones. Su objetivo es claramente de carácter intimidatorio. En la doctrina anglosajona se denominan «SLAPP actions» (Strategic Legal Actions Against Public Participation). Este valioso informe titulado “Silencing Human Rights and Environmental Defenders: The overuse of Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPP) by Corporations” analiza el impacto de estas acciones penales, mientras que en este enlace se encontrará un informe publicado en el 2022 que recoge parte de la práctica en América Latina, titulado «SLAPPS in Latin America”.
Nota 7 :En una primera sentencia de marzo del 2020 (véase texto completo de la sentencia 06134-2020), la Sala Constitucional consideró que un vicio en el procedimiento invalidaba la aprobación en primer debate, con un voto salvado de un magistrado (de siete) opuesto a semejante conclusión y que señaló en su opinión que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país«. Dos magistrados consideraron además adjuntar dos notas: una primera en la que el magistrado intenta demostrar los límites de la participación pública en asuntos ambientales, omitiendo – convenientemente – citar lo que señaló expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho en su Opinión Consultiva OC-23 del 2018; y una segunda en la que una magistrada consideró útil – y oportuno – hacer ver que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental contraviene a la Constitución (lo cual resulta a todas luces insólito y denota su desconocimiento de reglas básicas del derecho ambiental moderno vigente en Costa Ria). En un segundo momento, en agosto del 2020, la Sala Constitucional consideró necesario retrotraer todo el procedimiento desde un inicio (véase texto completo de la sentencia 15523-2020): el mismo magistrado Paul Rueda en esta segunda oportunidad, indicó en su voto salvado – cuya lectura completa se recomienda – que: «Con lo anterior se evidencia, que la postura de la mayoría viene a desconocer estas potestades de la Asamblea y el trámite establecido por interna corporis. A partir de los argumentos expuestos, considero viable que el Plenario consulte al Poder Judicial, subsane la omisión y continúe con el debido procedimiento legislativo, como ocurrió en el sub examine. La tesitura contraria, escogida por la mayoría de la Sala, redunda en un evidente atraso en el trámite parlamentario del proyecto “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”. Remitimos a nuestros estimables lectores a la sección titulada “Escazú y la inversión de la carga en materia ambiental o del arte de amenazar con la vaina vacía” y a la sección “La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina” de nuestro artículo: BOEGLIN N., “La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Ambiente”, 7 de junio del 2022, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), disponible aquí.
Nota 8: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.
Nota 9: Véase BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones en el Día Internacional del Ambiente”, LaRevista.cr, edición del 8 de junio del 2022, disponible aquí.
Nota 10: Diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» difundidos por cámaras empresariales con académicos y especialistas en materia ambiental fracasaron: primero en el mes de abrildel 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en el mes de mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también elcomunicado oficial de la UCR), así como en el mes dejunio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitaba a la UCCAEP conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú (como por ejemplo esta carta de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense) y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» fue la tónica de algunos en Costa Rica.
El balance de la paz. La posibilidad de la vida: parar la destrucción del mundo.
Sobre el orden mundial actual y su historia, de manera simple y muy resumida se puede decir que, hasta ahora el mundo ha estado dividido en países ricos y países pobres; países poderosos y países débiles; países desarrollados y países subdesarrollados, o según el eufemismo: “países en vías de desarrollo”; países que explotan a otros y países que son explotados por otros; países dominantes y países dominados.
A los países ricos, respecto de los países empobrecidos por éstos, se les ha llamado metrópolis.
En fin, se hace referencia a una estructura mundial, en la que unos países se organizan para saquear a otros, para llevarse sus riquezas y convertirlas en disfrute, condiciones de comodidad y desarrollo; dejando en aquellos países de los que se las llevan, condiciones objetivas económicas de pobreza y condiciones políticas organizativas, en las que en muchos casos, el término “democracia”, literalmente queda vacía de contenido.
Dicho de otro modo, a esta estructura mundial también se le llama orden económico internacional, ante el cual, ha habido propuestas de un Nuevo Orden Económico Internacional NOEI.
Ha habido luchas que se han llevado a cabo en diferentes momentos para generar cambios, poniendo el peso relativo del esfuerzo, en los elementos políticos: La toma del poder político formal, es decir, el control del Estado y sus aparatos, para luego constituir el poder real y darle paso a un nuevo orden social democrático: La revolución.
En algunos casos, estos esfuerzos han implicado, que en ese peso relativo tenga un énfasis el elemento militar, la “vía armada”.
Estas luchas han tenido diferentes resultados en el orden mundial, orden que ha sido llamado por interesados, “mundo democrático” vs. Dictaduras; o en el extremo de la vulgaridad, al llamado “mundo democrático”, se le ha llamado también, “mundo libre”.
Ahora estamos frente a un escenario mundial con algunos cambios. En este escenario cambiante, los elementos económicos, políticos, militares y de cooptación de opinión, se alternan el peso relativo de los esfuerzos y componen momentos que reclaman asertividad en su manejo.
Ese es el escenario mundial, en el que los países BRICS aportan su peso al balance mundial reciente.
Como ya es conocido, los países BRICS, por sus iniciales, son por el momento: Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfríca.
Con posibilidades de integrarse: Argentina, Irán, Arabia Saudita, Türkiye (Turquía), entre otros.
Algunas estimaciones dicen que los BRICS juntos, tienen alrededor del 25% del PIB mundial, el 50% de la población del planeta, el 30% de la superficie terrestre.
Por otro lado, tienen las mayores reservas de divisas del mundo, más del 40%, tienen recursos petróleo, gas, minerales, también tienen muchos alimentos y su idea es complementarse. Ese es el poder de bloque, lo que implica que hay una decisión política implícita. Si vemos, el G7 no se puede comparar con esto. (César Villalona)
Parte del proyecto BRICS, es plantear una moneda común y modelos de organización en los que tienen cabida organismos como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños), Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), o el Banco del Sur, por ejemplo.
El presidente Putin ha dicho: “Los BRICS estamos desarrollando mecanismos alternativos, fiables para pagos internacionales y estamos explorando la posibilidad de crear una moneda de reserva internaciónal”.
A su vez, el líder Xi Jinping: “China va utilizar plenamente la Bolsa de shangai, para nuestro comercio de petróleo y gas, en yuanes”. (El Economista youtuber)
En este contexto, en el que Brasil es la economía número 11 del mundo, el presidente Lula ha expresado:
“China es innegablemente un país que seguirá creciendo y se convertirá en la primera economía del mundo y que puede transformar este mundo unipolar en un mundo que tenga más jugadores y que puedan participar en las decisiones globales. Brasil no seguirá privilegiando su relación con estados unidos, un país que no da ningún privilegio a Brasil. A los americanos no les gusta brasil. Los americanos tratan a brasil como si fuera una colonia.
Los paises del brics nos haremos más fuertes en el comercio internacional y en el ámbito militar. Esa es la condición estratégica que brasil requiere.” (El Economista youtuber)
En el marco de este movimiento de fuerzas, dos buques de la armada iraní llegaron a Brasil, a Río de Janeiro, por escala técnica, “a pesar de la presión de Washington por evitarlo”. El 15 de febrero la embajadora de Estados Unidos, Elizabeth Frawly Bagley, instó a Brasil, a que los barcos iraníes no atracaran en puertos del país. (Prensa alternativa)
Según la armada iraní, su flota busca tener presencia en aguas internacionales, en función de la seguridad de su actividad económica. Busca ejercer control sobre agresiones piratas, entre otros, “también para enfrentar los barcos estadounidenses, que vulneran repetidamente la soberanía de las aguas jurisdiccionales de irán específicamente en el golfo pérsico…”.
Autoridades de Irán han expresado que, “La fuerza … del país persa esta lista para defender la revolución islámica…”. (Prensa Alternativa).
En esta correlación de fuerzas, Argentina está procurando fortalecer relaciones económicas con China, y concretar esfuerzos de cooperación. A ese respecto, María Elvira Salazar estadounidense de origen cubano, integrante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con trayectoria en CNN, Telemundo, Univisión y otros, espetó:
“Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente, está haciendo un pacto con el diablo, que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas, los Estados Unidos no se va aquedar con los brazos cruzados, porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que se los venda a los vecinos. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos, espero que los argentinos se queden en el mundo libre”. (RedScorpion (Z) en twitter.com)
En un ejercicio de prepotencia e ironía, llama “amigos” a los argentinos. Por lo demás, cabe la pregunta retórica: ¿a qué se refiere con “consecuencias de proporciones bíblicas”? Lo de meterse y hacer pactos con “el diablo”, se lo dejo a su leperidad.
Me atrevo a afirmar que no ha habido en la historia de la humanidad, un crecimiento exponencial o continuo que se haya producido de una forma tan vertiginosa, como el que han experimentado la ciencia y la tecnología entre la segunda mitad del siglo XX y las dos décadas y un poco más que llevamos del XXI.
De hecho, la evolución de la ciencia y la tecnología se constituyó en la variable independiente que explica el salto cualitativo dado por el desarrollo económico social de la humanidad; solo que, aplicado esencialmente a los países de renta alta, los llamados “países desarrollados”.
En efecto, esos países como Estados Unidos, el occidente europeo prácticamente en su integralidad, y, un poco después Japón, Australia y Nueva Zelanda, fueron capaces de saltar de la fase de desarrollo industrial, que la mayoría de ellos la empezaron a recorrer desde mediados del siglo XIX, para luego, escalar una cúspide a fines del siglo XX, hasta el momento en el que aflora en su plenitud, la era de la sociedad del conocimiento; o sea un mundo, en particular un segmento de éste, sólidamente interconectado por la informática, la robótica, es decir por la ciencia y la tecnología en la posmodernidad.
Pero, en cambio, hay mucho que decir acerca del tipo de desarrollo que se produce tomando en cuenta el mundo en su globalidad. No se puede afirmar que, en todas partes del orbe, la ciencia y la tecnología hubiesen irradiado el mismo impacto que el que se produjo en los países con un alto grado de desarrollo, a partir de la última década del siglo XX, hasta esta tercera década de la actual centuria que hemos comenzado a recorrer. Esta circunstancia hay que tenerla muy en cuenta, y ser muy precavidos, cuando nos proponemos medir el influjo de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de naciones rezagadas, ya que, en la mayoría de ellas, ni siquiera la industria ha penetrado completamente en la formación económica y social, tal como ocurre en la gran mayoría de los países denominados por la CEPAL, “en vías de desarrollo”. Los mejor establecidos entre ellos son los países de renta media como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora se habla de México. Pero, como veremos, todos ellos adolecen de los mismos defectos cualitativos, solo que en una escala menor que el resto de los países más atrasados.
Características sobresalientes del desarrollo y del progreso científico-tecnológico en el siglo XXI.
Lo que más resalta al observar el mundo en el siglo XX, es la abismal bifurcación tanto en el ritmo del desarrollo socio económico, como en el avance de la ciencia y la tecnología entre dos mundos: el que está conformado por los países desarrollados de renta alta, y el resto del orbe subdesarrollado. Es posible que, agudizando más la lente, podemos visualizar el mundo dividido no solo en dos mitades, sino en más fragmentaciones; pues, para citar un ejemplo, los países que acabamos de mencionar conocidos por el acrónimo de “BRICS”, han logrado hacer que, una parte de su sociedad se parezca a las de los países desarrollados, mientras la otra se asimila a los subdesarrollados.
El desarrollo económico social del concierto de las naciones más avanzadas del mundo en el siglo XXI, así como el progreso científico y tecnológico que induce y acompaña dicho desarrollo, tienen una primera característica en común residente en que promueven un mundo en constante cambio, con saltos evolutivos como nunca se habían conocido en país alguno. El progreso científico tecnológico y el desarrollo capitalista de esta época tienen entre sí una relación biunívoca (de mutua correspondencia), ya que mientras el primero acicatea, propicia o induce la globalización, también experimenta un generoso aliciente proveniente de este mismo capitalismo, porque lo requiere para completar su misión y destino globalizante. Pero, de nuevo, esta característica es atinente solamente a la parte más privilegiada del globo terrestre. En el otro mundo, los cambios son excepcionalmente lentos y solo se dan en segmentos privilegiados y, por eso mismo, minoritarios de la sociedad. En muchos casos se puede hablar inclusive de involución, tomando en cuenta, por contraposición que, la parte mayoritaria de esas sociedades se empobrece cada día más, se torna más iletrada y con menos acceso a la salud pública y a la cultura.
El tercer rasgo distintivo, muy sobresaliente y sobremanera alambicado, es la desigualdad en el desarrollo y en el acceso a la tecnología y al conocimiento científico. En realidad, la situación se ha tornado extremadamente compleja, porque la desigualdad a la vez que cada día es más honda entre los países más desarrollados y los menos, está presente también al interior de los primeros, entre las grandes corporaciones y el resto de la sociedad; hasta el extremo de que, en ellas ha aparecido una pobreza tan abyecta como la que impera, solo que, en mayor cuantía, en el orbe subdesarrollado y paupérrimo. Por otro lado, en los países del llamado primer mundo el desarrollo científico y tecnológico es tan refinado y costoso, que ha resultado bastante exclusivo. Son pocos los países pobres, que tienen acceso a las innovaciones más novedosas y útiles para catapultar la sociedad del conocimiento, coadyuvando con el crecimiento del producto interno bruto o PIB y la competitividad, como acaece en los países de renta alta, donde las innovaciones se originan.
Asociado a lo anterior, otra característica es que las innovaciones son cada día más sofisticadas. Así ocurre por ejemplo con los semiconductores para la industria electrónica, cuya invención data de la década de los sesenta del pasado siglo, pero estos semiconductores se han comenzado a implementar con mayor éxito en la presente centuria, en la ingeniería eléctrica. Ello es así por el descubrimiento de los materiales no metálicos, como el silicio, útil como conductor de la electricidad. No obstante, es preciso advertir que, para el uso industrial, tanto el silicio como el germanio no suelen utilizarse en estado puro (conocidos como semiconductores intrínsecos), sino que se echa mano de los semiconductores llamados extrínsecos, son los naturales, pero con impurezas, los cuales se obtienen por medio de un procedimiento denominado de “dopaje”. Como quiera que fuere, gracias a ello aparece la innovación de los circuitos minúsculos integrados en un pequeño chip de silicio, lo que hizo posible a su vez, la invención de los modernos ordenadores miniatura, nuestras computadoras personales que han revolucionado hasta la forma de vivir y trabajar. Se está en la ruta de otra invención, a partir de allí, que consiste en los superconductores electrónicos que se fabrican a temperaturas muy altas, que harán posible la creación de trenes de levitación magnética. Por otra parte, ya están en uso las computadoras ultrarrápidas, los teléfonos inteligentes o “smartphones”, y los coches eléctricos, amén de los modernos sistemas de armamento y la tecnología aeroespacial. O sea que las innovaciones se están aplicando también en la industria de la ingeniería mecánica, como la citada tecnología aeroespacial, merced a los materiales ligeros y a la vez resistentes, como los no metálicos (además del silicio, el germanio, y otros menos frecuentes en su uso como el azufre, el boro o el cadmio), los cuales han venido a reemplazar las aleaciones de aluminio y otros materiales metálicos que se emplean en la construcción de los fuselajes de los aviones; parte del cuerpo de los aviones donde van los pasajeros y las mercancías. (Cfr. Gómez, José Luis. “¿Qué son los semiconductores y para qué se utilizan?”. http:/diariomotor.com @jgomez1995).
La reorganización de la ciencia y las universidades.
En el ámbito propiamente científico se ha debido producir una reorganización de la ciencia, debido al hecho de que el espacio del conocimiento se ha hecho tan vasto, que es imposible comprender el mundo de hoy, tanto en lo socio económico como en el ámbito natural, con base en la dinámica de desarrollo de la ciencia del siglo XX. Me he referido a este tema, que es de mi incumbencia como universitario, en otros ensayos anteriores. La ciencia del siglo XX en su mayor parte fue un conocimiento que, conforme fue creciendo, debió tomar un curso hacia la especialización y super especialización. Todos los profesionales académicos e intelectuales en la segunda mitad del siglo XX, en todo el mundo, o al menos en el hemisferio occidental, estudiamos alguna especialidad y sobre ella, los que pudimos, hicimos un posgrado, ya fuera maestría o doctorado.
Para explicar mi punto de vista de una manera coloquial, afirmo que la ciencia, no podía llamarse así en singular, porque en realidad se produjo una especie de eyección de diferentes disciplinas que por lo consiguiente se diversificaron. Por eso es más apropiado, a mi modo de ver, hablar de “las ciencias.” A raíz de esto, volvió a surgir en el mundo una nueva “Torre de Babel”: cada grupo de profesionales adquirió una jerga particular, irreconocible para cualquier otro gremio de profesionales pertenecientes a otros campos del conocimiento. Cada grupo profesional se adueñó de su propio “dialecto”, empleando un glosario de términos científicos o a veces pseudo científicos que, en la mayoría de los casos no eran reconocibles fuera del círculo de especialistas de la respectiva rama adherida al inmenso árbol del conocimiento. Así surgieron, especialmente en las universidades, revistas contentivas de diversas investigaciones que se publicaban y se publican todavía, las cuales no pueden tener demasiados lectores, ya que algunas veces, solamente los académicos del ramo logran descifrar los artículos, plagados de un lenguaje que, para la mayoría resulta esotérico.
Las especialidades en los diferentes campos fueron una necesidad, para lograr que cada sector profesional le prestara atención a un problema concreto que atañía ya fuera a la sociedad en el caso de una política pública, a las comunidades, a las personas individualmente consideradas, o a la propia teoría científica, en el caso de las cuestiones vinculadas con la ciencia pura. No obstante, con el tiempo la “Torre de Babel” comenzó a pasar la factura. El mundo de los especialistas perdió comunicación entre sí y con el resto de la sociedad; la ciencia se fragmentó en “mil” pedazos, con lo que los diferentes gremios de académicos, científicos e intelectuales experimentaron una suerte de “entropía”, un desorden formidable por la incapacidad de atender un mensaje científico de otros especialistas. Cada gremio profesional volcado sobre sí mismo, tendió a convertirse en un grupo autárquico o autosuficiente en sí mismo.
En cambio, la realidad no está segmentada, es un todo que lo intentamos comprender a partir de diversas metodologías, las que deben permitirnos aprehender un fenómeno particular, o varios de estos entrelazados, pero aislándolos de los demás. El mundo de la ciencia avanzó mucho, se conoció mucho, pero se llegó a un punto de estancamiento a partir de un enfoque estrictamente disciplinar, como para poder abordar problemas de alta complejidad, que la misma ciencia nos puso al frente. Ante ellos fue y es cada día más imprescindible abrir múltiples canales de comunicación desde perspectivas multi, inter o transdisciplinarias. Insisto, las disciplinas no desaparecen, pero a partir de cada una de ellas se entrelazan una o varias disciplinas, para interpretar y explicar el mundo impredecible de la realidad compleja; impredecible, sobre todo, desde la óptica de una sola disciplina científica o artística.
Interdisciplina, implica la integración de varios saberes, poniendo en relación varios campos disciplinarios, para lograr un aprendizaje más profundo que aquel que se conseguía a partir de un único saber. Aquí, se pretende lograr un desarrollo para una puesta en práctica de lo que se sabe, pero desde diferentes áreas del conocimiento. (Cfr. Araya Crisóstomo et.al. “Interdisciplinariedad en palabras del profesor de Biología: de la comprensión teórica a la práctica educativa.” Revista mexicana de investigación educativa. Versión impresa ISSN 1405-6666. http:/scielo.org.mx)
Multidisciplinariedad, Es la práctica de investigación basada en la yuxtaposición de modelos teóricos y metodológicos pertenecientes a diferentes disciplinas para abordar una pregunta de investigación específica; en este enfoque, cada especialista trabaja por separado, existiendo poca o ninguna sinergia entre los investigadores de los diferentes campos involucrados. Pero se comparte información. El acercamiento multidisciplinar es el primer tipo de colaboración entre disciplinas (Cfr. “Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad.” http:/digital.csic.es)
Transdisciplinariedad, es una práctica de investigación basada en la articulación de varias disciplinas en torno al estudio de una pregunta específica, se llega de esa forma a generar una nueva parcela de conocimiento, la cual surge como resultado de la superación de los límites de algunas o de todas las disciplinas involucradas. (Cfr. Ibidem).
Ateniéndonos a las definiciones recién aportadas, puede verse con claridad, que sobre todo en el caso de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, se trata de buscar nuevas formas de organizar las disciplinas científicas. Por ende, puede deducirse con facilidad que la forma como está organizada la universidad Napoleónica, desde fines del siglo XVIII, como ocurre en Costa Rica, por facultades y estas a su vez divididas en unidades académicas, no es la mejor disposición para propiciar un acercamiento simbiótico entre diferentes disciplinas, aunque, hemos de reconocer que tampoco lo impide. Nuestras instituciones deben buscar la modalidad que ellas consideren apropiada, para estimular el ineludible acercamiento que la ciencia en su conjunto y el arte contemporáneos requieren. No me propongo sugerir en este momento una forma particular de organizar la vida académica. A las autoridades correspondientes les compete, junto al estudiantado, los académicos y el resto de la comunidad universitaria, encarar ese desafío. Lo que sí resulta ineludible, para estar a la altura del desarrollo científico, artístico y tecnológico en la vida contemporánea, es buscar con denuedo esas diferentes vías de comunicación multi, inter o transdisciplinarias, de una de ellas o incluyéndolas a las tres. De lo contrario, la universidad costarricense corre el riesgo de quedarse rezagada sin poder seguir desempeñando un papel nodal en el área de las universidades públicas centroamericanas, como en alguna medida la ha hecho hasta ahora.
Otra cuestión vital, tiene que ver con la integración también de las tres áreas que componen la academia, a saber, la docencia, la investigación y la extensión o acción social. Este aspecto es igualmente crucial para las universidades; si somos autocríticos habremos de reconocer que nuestros centros de educación superior, en mayor o en menor medida han descuidado este aspecto, a pesar de que teóricamente está clarificado en ellas desde los tiempos del gran intelectual y académico universitario que fue Rodrigo Facio Brenes. Finalmente, otra problemática que debemos analizar, y que forma una tríada con las dos anteriores, es la que se refiere a la presunción de que se debe dar impulso a las llamadas carreras STEM, por encima de las artístico-culturales, de las ciencias sociales y de las letras. Este tema acabo de tocarlo en un artículo anterior, pero reitero ahora, que la presunción de algunos de querer ver las ciencias exactas y naturales, las llamadas carreras tecnológicas, las ingenierías y las matemáticas por encima del resto, está sentada sobre una premisa falsa. Consiste en la errónea creencia de que con las carreras STEM se promueve un desarrollo más intenso en las áreas que el país requiere. Ese planteamiento ignora por completo, que la concepción humanística integral, no excluye, sino que supone las carreras STEM. Es menester por ende, reforzar constantemente la perspectiva central de buscar graduar profesionales, con una visión solidaria respecto del género humano, en especial relacionada con las personas dejadas de lado por el estilo de desarrollo concentrador que hemos tenido; profesionales capaces también de tener siempre en cuenta en las tareas del desarrollo, a los animales y plantas que hay en nuestra Tierra y sus hábitats; profesionales dotados de sólidos valores éticos y morales, de prístina honradez y de un espíritu cívico y civilista, donde la mujer y el hombre sean un dueto para movilizar juntos las tareas del progreso y el bienestar, en lugar de que la mujer sea pisoteada y sometida por el hombre como ocurre tantas veces en nuestra sociedad patriarcal.
