Mientras por un lado los carajos de la OCDE, anotan lo siguiente: «Mucho hay que alabar del sistema de salud de Costa Rica: su estabilidad institucional respecto al financiamiento y la planificación; un brazo proveedor cercanamente integrado pero claramente diferenciado, con una atención primaria fuerte en su base; un impresionante grado de coordinación intersectorial a nivel nacional y un diálogo efectivo entre los usuarios y los administradores de servicios de salud a nivel local, impulsando el mejoramiento del servicio. La innovación alrededor de los roles profesionales y el uso ambicioso de expedientes electrónicos de salud también son logros de los que otros sistemas de salud podrían aprender. Todo esto lleva a unos resultados de salud que están al nivel de varias economías de la OCDE: la esperanza de vida es de 79.9 años, comparada con los 80.6 que muestra el promedio de la OCDE, y menos del 1% de la población reporta no usar los servicios de salud debido a razones financieras».
Por otro, abogan por «Permitir al paciente la elección de su proveedor, incluidos los proveedores del sector privado (pagados con fondos públicos) cuando esto sea lo apropiado».
Ello mueve a preguntarnos, si lo que quieren es un sistema de seguridad social costarricense, fortalecido y más eficiente, o uno más cercano al que impera, por ejemplo, en los Estados Unidos y otras naciones, donde no existen sistemas de seguridad social universales y solidarios.
Algo preocupante, y hasta diríamos amenazante, pues permite vislumbrar, cual lobo de La Caperucita, un personaje esperando en un recodo del bosque, dispuesto a privatizar, el sistema de salud público costarricense.
“Alternativas y resistencias frente a la erosión de los derechos humanos y democracias en el Istmo centroamericano”
Las sociólogas y sociólogos participantes en el XVIII Congreso Centroamericano de Sociología ACAS-2023, realizado en Heredia, Costa Rica, entre el 5 y 9 de junio 2023, evidenciamos y analizamos en los diversos ejes y mesas de trabajo, nuestras realidades y las complejas problemáticas que aquejan a nuestra región.
A la comunidad académica y sociedades centroamericanas y latinoamericanas,
EXPRESAMOS:
1. Nuestra profunda preocupación ante el deterioro y precarización de las condiciones de vida de las mayorías poblacionales en los países centroamericanos, cuyas causas históricas son las estructuras que sostienen modelos de desigualdad, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, las juventudes, las personas con discapacidad y las personas LGBTIQ+.
2. Estas condiciones se han agravado a raíz de las medidas neoliberales desde hace más de tres décadas, y de la pandemia del COVID 19 que vino a develar esas estructuras y a profundizarlas, abriendo nuevas brechas como la brecha digital y provocando un incremento de la pobreza y de las migraciones en condiciones de riesgo.
3. Nuestra indignación ante el avance de medidas que fortalecen los autoritarismos basados en fundamentalismos religiosos, que derivan en represión, restricción de libertades de expresión, pensamiento, asociación y de locomoción, persecución de activistas, defensoras y defensoras de derechos y del territorio, también de periodistas, intelectuales y operadores de justicia que han debido exiliarse por amenazas a su integridad. Esta situación es especialmente grave en Nicaragua donde, desde el 2018, se han clausurado más de 3mil organizaciones sociales, universidades y aproximadamente trescientas mil personas han salido de su país, y cientos de estudiantes, docentes, investigadores y activistas han enfrentado cárcel, destierro y últimamente la desnacionalización y confiscación de sus bienes.
4. Expresamos nuestra enérgica protesta ante la situación dada en Guatemala, donde fue violentada la autonomía de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, al imponer a una autoridad de manera ilegal e ilegítima. Esto pone en riesgo la garantía del derecho a la educación superior de las y los jóvenes en ese país, y plantea un peligroso precedente para otras universidades en la región.
5. Condenamos la violencia contra las juventudes, la niñez, las mujeres, en todas sus formas, cuya expresión más extrema es el juvenicidio y el feminicidio, pero que incluye el acoso, la violación, los embarazos y maternidades forzadas incluso en niñas y adolescentes. También rechazamos la violencia política que las excluye de los espacios de participación política, económica, laboral, cultural y académica. Señalamos el enorme costo para la autonomía de las mujeres, al ser restringidos sus derechos sexuales y reproductivos.
6. Denunciamos los límites de la democracia formal a través del debilitamiento de los sistemas electorales de nuestros países que no están garantizando la voluntad ciudadana y popular; por el contrario propician el fraude electoral, los modelos autoritarios, la corrupción a todos los niveles como producto de los financiamientos ilícitos, que resultan en gobiernos que sirven a los intereses de los grupos de poder, nacionales y foráneos.
7. Expresamos nuestra preocupación y denuncia ante la falta de interés de los Estados de la región centroamericana para garantizar el desarrollo de la sociología, como una ciencia fundamental para el estudio, comprensión y transformación de nuestras sociedades. La eliminación de las materias de sociología en la formación de profesionales, de carreras y centros de investigación, la invisibilización de la disciplina en los ámbitos de la producción y cultura nacional, y los bajos o nulos presupuestos destinados para la investigación social. Asimismo, nos solidarizamos con las/los académicas/os que están siendo perseguidos y criminalizados por su posicionamiento crítico.
En esta coyuntura regional llamamos a:
1. Fortalecer los espacios académicos y asociativos ante el avance de las medidas autoritarias que están erosionando los derechos humanos, políticos, cívicos, económicos, educativos, culturales, ambientales y que atentan contra la vida digna de las mayorías en la región centroamericana.
2. Renovar el compromiso ético con el análisis y construcción de nuevos paradigmas y propuestas sociales y políticas que transformen nuestra realidad, reivindicando la justicia epistémica económica, política, social y sexual.
3. Consolidar alianzas regionales e internacionales con las universidades, escuelas de sociología, Centros de Investigación Internacional, redes, asociaciones y organizaciones de sociólogas y sociólogos, y de otras disciplinas, organizaciones de sociedad civil, pueblos originarios, movimientos feministas, ecologistas, sindicatos, movimientos estudiantiles y otras expresiones del movimiento popular organizado.
Cuando la irracional intransigencia le gana a la razón
San José, 14 de junio de 2023:
“La violencia es el miedo a los ideales de los demás.” Mahatma Gandhi.
Costa Rica fue testigo, el pasado 12 de junio, de uno de los peores síntomas de la enfermedad que ya contagió a nuestra democracia, otrora la más consolidada de América Latina. Sin que mediara provocación alguna por parte del movimiento sindical ̶ más que la defensa del derecho de los trabajadores a una jornada laboral justa, a la institucionalidad democrática y a los ideales propios de nuestro Estado Social de Derecho ̶ , un grupo de enardecidos acólitos del oficialismo, desplegaron un oprobioso e injustificable acto de violencia política-simbólica en su contra, para lo cual llegaron a provocar a las inmediaciones de la sede de la ANEP (Asociación de Empleados Públicos y Privados), en la ciudad de San José.
Estos energúmenos buscaron irracionalmente generar una espiral de violencia con oscuros propósitos y con el fin de intimidar, coaccionar e imponer la agenda Neoliberal y Neoconservadora, en detrimento de las libertades básicas individuales, los derechos ciudadanos y las conquistas de la clase trabajadora. Está demostrado en los videos públicos exhibidos, que fueron estos fanáticos de alquiler quienes hicieron uso de la única herramienta que les quedaba ante su falta de razón y argumentos, y que muestra su verdadero rostro: el insulto, la descalificación personal, la amenaza mediante el grito y su retórica violenta.
Hacemos un llamado general a toda la Sociedad Civil costarricense para que, en aras de la cordura ciudadana y la tolerancia, no se deje llevar hacia este bajo y peligroso nivel de polarización antidemocrático.
Sin embargo, a la vez, instamos vehementemente al Ejecutivo a entender que esta no es la histórica vía costarricense de solucionar las diferencias políticas.
Les pedimos respetuosamente a todos los miembros del Ejecutivo y, en particular, al Sr. Presidente, que varíen su estilo de comunicación tan confrontativo y violento, pues es un pésimo ejemplo cívico y empodera y arenga a estos confundidos y manipulados costarricenses. Les solicitamos respetuosamente, que, por el contrario, dirijan al país, como es el deber constitucional de la Presidencia de la República y de acuerdo con la altura de su alta investidura nacional.
No se trata de alardear más en sus discursos de “quemar puentes” (sic), ni de llamar gratuitamente “Filibusteros” (sic) a la Oposición. Así no se gobierna en democracia.
La única vía costarricense históricamente exitosa, ha sido, es y será el Diálogo Social, el respeto al criterio disidente de la oposición y, sobre todo, a las organizaciones civiles y movimientos sociales, que son la base de cualquier democracia moderna y de su paz social.
Podemos y debemos manifestarnos, diferir y debatir, pero siempre con respeto por el Otro. Los “discursos de odio” y su lógica sólo han llevado a grandes tragedias sociales.
Los efectos de la violencia irracional no pueden ser otros que más irracional violencia hasta llegar a una espiral de violencia creciente al decir del gran pensador brasileño y latinoamericano, el arzobispo Hélder Câmara. Latinoamérica y Centroamérica están llenas de estos ejemplos trágicos; y nuestra Patria no fue la excepción en 1948.
Ningún grupo humano es dueño de la verdad absoluta; por lo que el respeto, en medio de las diferencias, es la única forma racional y ética de lograr consensos y construir el País más justo y solidario que todos y todas anhelamos.
Finalmente, hacemos un público y enérgico llamado a todas las fuerzas sociales y políticas costarricenses, a no instrumentalizar más el Fanatismo religioso, para no manipular a ciertos grupos desinformados y extremistas. Los Fundamentalistas e Integristas religiosos siempre han sido adalides no sólo de su propia agenda cultural y social Neoconservadora, sino que, además, son peones ciegos de la agenda económica Neoliberal. Para esto precisamente fueron creados, financiados y fue estimulado su crecimiento internacionalmente, en medio de la anomia social y los vacíos colectivos existentes.
Recordamos que algunos pocos de estos grupos Fundamentalistas se han infiltrado no sólo en el Sector Público sino incluso, desafortunadamente y frente a los vacíos ideológicos existentes, hasta en una minoría del Sindicalismo. El Sindicalismo debe ser diverso y plural ideológicamente, pero hacemos un llamado de atención a todas las organizaciones sociales y sindicales en general, a estar siempre vigilantes frente a la intromisión del Fundamentalismo y del Fanatismo religioso, y su agenda Neoconservadora. La Desinformación ideológica, la despolitización reinante y los prejuicios socialmente inerciales tampoco ayudan.
Por lo demás, y en medio de nuestras naturales particularidades, queremos proclamar que éste es el momento justo y necesario para, precisamente, articular nuestras diferencias en un interés común superior y patriótico. Hacemos un llamado urgente al Diálogo Social y a la amplia unidad de todas las fuerzas populares con vocación democrática y humanista, para juntos/as rescatar y defender al Estado Social y Democrático de Derecho y al mismo Estado de Derecho.
Por todo lo anterior, insistimos en hacer un llamado público nacional e internacional a la solidaridad militante con los y las compañeros/as de la ANEP, sindicato histórico de lucha sociopolítica en Costa Rica, así como a rechazar cualquier acto violento e irracional contra cualquier otra organización sindical y social.
Responsabilizamos de todo este clima de polarización política nacional directamente al estilo de Gobernanza de la administración Chaves, a sus imposiciones Neoliberales causantes de la creciente, aunque heredada, Desigualdad y a su Campaña de Desinformación sostenida.
En consecuencia, nos declaramos vigilantes del carácter del ejercicio del poder de esta Administración con franca vocación autoritaria. Tal y como lo habíamos advertido de forma consecuente, previo a la Segunda Ronda Electoral del 2022.
Fraternalmente, por la Mesa Coordinadora del Encuentro Democrático:
Extralimitación de la Junta Administrativa del Liceo
Alegan que «bajo presión» (?), la señora Yesenia Mathiew se apresuró a firmar un «Convenio de Cooperación» como presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, con los ministros Amador, del MOPT, Müller, de Educación y Martínez, de Vivienda, mediante el cual pretenden despojar al Liceo, de una valiosa manzana que hoy arrienda el Ministerio de Luis Amador. Terreno situado al sur del colegio, que, junto a las otras dos manzanas de la Benemérita Institución, le fueron transferidas en propiedad al Liceo, por voluntad expresa de la Asamblea Legislativa y del Presidente Don Daniel Oduber, mediante la Ley N° 5570 del 30 de agosto de 1974.
Con ese convenio irregular e insustentable jurídicamente, la Junta del Liceo, cual si no se conocieran las normas legales generales y específicas que han de respetar, se extralimitó y tomó acuerdos para los cuales no tiene derecho que los sustente. Mediante actos intolerables, diríamos que innobles, una junta, que como todas las existentes en escuelas y colegios, no son más que “organismos auxiliares de la Administración Pública” que han de coordinar con el Director (en este caso del Liceo), el desarrollo de programas y proyectos de su Plan Anual de Trabajo, tiene la limitada función de “administrar los recursos públicos que les son transferidos” para el funcionamiento de la Institución. Por su parte, al señor Director del Liceo, como “administrador general” del mismo, le corresponde coordinar con la Junta, la formulación de los planes anuales de trabajo, en que se precisan y priorizan las necesidades del Liceo y sus estudiantes, por lo que la Junta no debe salirse de su función exclusiva de auxiliar.
Recordemos que las juntas son nombradas por los concejos municipales de los cantones respectivos, quienes tienen el deber de verificar, el cumplimiento de todos los requisitos (aunque no siempre lo hacen) de los ciudadanos propuestos en ternas enviadas por el Ministerio de Educación Pública. Cientos de costarricenses, conocen de qué se tratan, pues en algunos años, muchos como padres de familia, se han interesado por el bienestar de las escuelas y colegios públicos en que estudian sus hijos, en asuntos como el funcionamiento de comedores, sodas, transporte, higiene, mejoramiento de aulas, administración de gimnasios, mantenimiento de piscinas (como en el Liceo), subsidios a estudiantes, etcétera, contando siempre con la participación activa y necesaria, del Director del centro educativo, quien funge legalmente, reiteramos, como “administrador general”, con deberes y obligaciones que un grupo de vecinos, jamás podría sustituir, pero quien también, tiene limitaciones lógicas en su actuar como administrador académico.
Atolillo con el dedo
Resulta que, por una manzana de terreno, que como vimos, pertenece al Liceo, hoy ocupada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por la que paga C.192 millones de colones por un alquiler anual, la administración Chaves Robles, ha hecho algo insólito. Si los asesores jurídicos de tres ministerios se hubiesen detenido, siquiera un instante, a conocer el reglamento emitido por decreto ejecutivo, donde se establecen los alcances y limitaciones en que puede actuar la Junta Administrativa del Liceo, no habrían puesto a ésta, a cumplir una función que, ¡aún la Asamblea Legislativa no podría ejecutar! Ya que, si no se cumplieran estrictos requisitos, no sería tan sencillo, derogar la Ley Oduber de 1974, y mucho menos, transferir unos 10 mil metros cuadrados del Liceo, para ser usados por el Poder Ejecutivo, como parte de la construcción de un proyecto que pareciere estar, hay que reconocerlo, “en la cola de un venado”.
Tal abuso de poder cometido por la Junta del Liceo, con la complicidad de los ministros del MEP, el MOPT y Vivienda, no solo es muy probablemente sancionable en el ámbito judicial, sino que deja un sinsabor muy amargo, por sus consecuencias y por la pérdida de confianza en las personas que los ciudadanos esperamos actúen, según lo que han jurado cumplir “por Dios y la Patria”, a la hora de aceptar sus puestos.
Pero si en el “Convenio de Cooperación Interinstitucional”, firmado apresuradamente el pasado 9 de junio del presente año, participan dos partes, la Junta del Liceo y los ministros de Gobierno, podríamos esperar que a cambio de la casi donación de una parte del Liceo que aprueba, indebidamente, la Junta Administrativa, algo habría de dar la parte gubernamental a cambio. ¡Veamos!
Empecemos por el ministro Luis Amador. Él se compromete a pagar hasta diciembre los C.16 millones de colones mensuales, por el arriendo contratado. Y anuncia, que, a partir de enero del 2023, ya suspenderá esos pagos para siempre. ¡Ese es su compromiso! O sea, el MOPT no da nada, pero sí gana en demasía. ¡Y, aún así, la presidenta de la Junta firmó el convenio!
Si pasamos a la ministra Jessica Martínez, de Vivienda, silenciosa participante, vemos que se compromete a coordinar y liderar, a los cuatro representados, para que sea efectiva la transferencia de la cuadra en mención. ¡Tremendo aporte!, pensaron los que firmaron…
Y finalmente, doña Katharina Müller Castro, ministra de Educación, diríamos que fue la que contribuyó con el atolillo ofrecido a la Junta del Liceo. Con una engañosa, pero cuidadosa redacción, se compromete a colaborar, según sus posibilidades, para “la efectiva disposición de dicho inmueble”. Para ello, se compromete a cubrir “el pago de servicios básicos y limpieza, mantenimiento menor y/o mayor, programa de apoyos a los estudiantes como comedores y transporte estudiantil, entre otros” (sic), eso sí, aclara, “sujeto al presupuesto anual”. Pero hay más “aportes”. Dice que “Las mejoras que se deban realizar a la piscina y el gimnasio, así como la pintura”, serán determinados por el Ministerio después de firmar el convenio, para proceder a ver cuánto se necesita, y ver, agregamos, cómo está el presupuesto del despacho ministerial.
Es claro pues, que la Junta del Liceo no obtuvo nada, a cambio de transferir tan valiosa propiedad, basados erróneamente en un decreto ejecutivo que, hasta un estudiante de secundaria conoce, tiene rango inferior a la ley Oduber. Pero todavía hay más: ¿Cuál sería el destino de ese gran terreno?
Pues, amigos, siguen las sorpresas. Aunque se dice que será para el proyecto de la llamada “Ciudad Gobierno”, el asunto tiene sus aristas. En el mal redactado, además, convenio de cooperación (que debería llamarse de cesión) leemos que “LA JUNTA se compromete a otorgar el uso de la finca” de tal manera que el Ministerio de Educación “podrá disponer del terreno en el más amplio de los sentidos que la normativa vigente lo permita”, lo cual incluye el desarrollo de la “Ciudad Gobierno”. Como el diablo está en los detalles, hay que vislumbrar los alcances de ese párrafo.
Sobre “Ciudad Gobierno”, vemos que el proyecto todavía no tiene fecha de inicio ni un cronograma realista, por lo cual, no se tiene idea de cuántos años pasarán antes de que, el traspaso gratis de los 10 mil metros cuadrados del Liceo tenga la justificación que ahora se argumenta. Lo único concreto, vaya paradoja, es que el contrato de arrendamiento que obliga al MOPT a cancelar una suma mensual, se extingue en seis meses. Si esa no fuere la maniobra en contra del Liceo de Costa Rica, al menos podrían haber propuesto, como acto de buena fe, que la suma equivalente a la comprometida por el ministro Amador, hubiese sido asumida por la ministra Müller, aunque, aclaramos, ello no salvaría el tal convenio de la ilegalidad que lo caracteriza.
Asimismo, también se ha sugerido, que el Gobierno, para su “ciudad”, mejor hubiera propuesto un proyecto de ley, mediante el cual quizá se habría autorizado la ejecución de un proceso de expropiación, que eventualmente condujera hacia la determinación de un “justi precio”, según la normativa vigente, para que la Junta del Liceo propiciara, digamos, la creación de un fideicomiso, por ejemplo, con el Banco de Costa Rica, para la administración de los dineros que eventualmente se recibieren. Con los intereses de una cuidadosa inversión, la Benemérita Institución, sus estudiantes, y la Patria, verían cómo el Liceo, fundado en 1887, retomaría la senda brillante que tanto prestigio y beneficios, le dieron a la sociedad costarricense, y que ahora por falta de recursos financieros, tiene dificultad de cumplir.
Pero, en fin, como las acciones atropelladas siempre van acompañadas de errores de bulto, la inevitable nulidad del convenio “del atolillo con el dedo”, permitirá ejecutar las correcciones necesarias. La añeja idea de la “Ciudad Gobierno”, atractiva para quizá la mayoría de los costarricenses, no merece un manejo preliminar tan incompetente. Como parte de un proceso de planificación formal, requiere de los mejores profesionales que lo dirijan, lo coordinen, lo orienten. Algo que no parece esté cumpliendo bien la ministra de Vivienda, asignada para ello, quien, desde su función, era su deber haber advertido a sus compañeros ministros, y a la Junta del Liceo, que estaban siguiendo un camino equivocado.
M.Sc. Rodrigo Arias López Máster en Matemática Actuarial
En esta parte me refiero con más detalle al maquillaje del desvío de fondos de IVM y de estudios actuariales del seguro de salud, que comuniqué a Román Macaya Hayes cuando “tenía la sartén por el mango” para ordenar la casa; pero dejó que todo siguiera igual o peor https://surcosdigital.com/se-acabaria-la-luna-de-miel-entre-expertos-de-oit-y-maquillistas-de-la-ccss-parte-ii/. Como Macaya nunca contestó mi oficio, envié petición a la Junta Directiva de la CCSS, verla aquí la cual la conoció en el artículo 10 de la sesión No 9072 realizada el 19/12/2019 y acordó remitirla a la Gerencia General y a la Dirección Actuarial para “que investigue lo expuesto, brinde un informe a la Junta Directiva y una propuesta para dar respuesta a esta nota, a más tardar en el mes de febrero de 2020”. Lo dejo aquí. Es decir, al igual que Macaya, la Junta Directiva remitió el asunto al salón de belleza para que terminaran de maquillar a la novia en un plazo de dos meses.
El 4/2/2020 recibí copia del oficio GG-0236-2020 del 3/2/2020 suscrito por el Gerente General Roberto Cervantes Barrantes, quien pidió al director de la sala de belleza “realizar la investigación correspondiente y brindar tanto el informe como la propuesta de respuesta a la Junta Directiva a más tardar el 14 de febrero de 2020”. Lo dejo en este enlace.
Debido a que transcurrieron casi 17 meses sin que el suscrito conociera cómo había quedado la novia, pregunté por ella con oficio RAL-018-2021 de fecha 22 de julio de 2021. Verlo aquí, por lo que me enviaron la respuesta que narro a continuación.
La novia estaba lista, bien vestida y toda mona, desde el 6 de marzo de 2020, como consta en el oficio GG-0382-2020 de esa fecha. Verlo aquí.
Sin embargo, los nueve directivos no habían tenido la oportunidad de casarse o juntarse con la novia, sino hasta en el artículo 6 de la ceremonia No 9201 celebrada el 24 de agosto de 2021. Ver oficio SJD-1669-2021 aquí. Todos los nueve directivos le dieron el sí a la novia. Ninguno le notó defectos, la novia iba impecable y ninguno estaba interesado en cuestionar tanta hermosura. En todo caso, como llevaba el visto bueno del Gerente General y del director del salón de maquillistas, la novia tenía que ser perfecta para los 9 pretendientes.
Las maquillistas encargadas de preparar a la novia fueron las Actuarias Carolina González Gaitán y Evelyn Guzmán Solano, las mismas que realizaron el estudio actuarial del seguro de salud cuestionado no solo por el suscrito, sino hasta por los “expertos” de OIT. Además, quienes presuntamente también recibieron durante muchos años, pagos indebidos de 10 anualidades con el visto bueno del director de la sala de belleza. El Actuario Ronal Cartín Carranza, asesor de Román Macaya y director a.i. del mismo salón, no quiso ponerle la pintura de labios a la novia. Se excusó diciendo “Respetuosamente sugiero que dicho informe sea revisado por el Lic. Luis Guillermo López Vargas, quien como Director Actuarial fue el responsable a cargo de guiar y revisar el citado estudio actuarial”. Recordemos que Gaitán fue ascendida a directora en sustitución de López Vargas, quien ocupó el cargo por más de 10 años a pesar de no tener formación en Ciencias Actuariales; pero muy bueno para los gobiernos de turno y para los nueve directores. Ver oficio DAE-0113-2020 aquí.
Por lo tanto, como ya nos tienen acostumbrados con las noticias sobre la Caja, le tocó al director del salón colocarle la pintura labial a la novia. Lo hizo en dos ocasiones, en la primera informó lo siguiente en el oficio DAE-0161-2020 dirigido al Gerente General: “Al respecto, me permito indicar que he revisado el citado informe, mediante el cual en efecto se atienden las cuatro solicitudes planteadas por el Sr. Rodrigo Arias López, en oficio sin número del 16 de diciembre del 2019”. Seguramente el Sr. Cervantes quedó deslumbrado por tanta belleza de la novia que enviarían a los directivos. Pueden verlo aquí.
En el acto ceremonial el director de la sala de estilistas le dio el segundo retoque a la novia, pues le tocó presentarla a los nueve pretendientes. Obviamente la principal conclusión sería “refutar el calificativo de “maquillaje””. Como dice el dicho: “ningún panadero dice que su pan es malo”. Ver aquí la presentación realizada por quien niega ser maquillista.
En esa presentación están mis cuatro peticiones, las cuales fueron vistas por los nueve directivos y ninguna fue atendida por ese órgano que por ley dirige y fiscaliza la Caja (artículo 14 de Ley 17). El director del salón de maquillistas le mintió al Gerente General cuando le informó que “se atienden las cuatro solicitudes planteadas por el Sr. Rodrigo Arias López”. La novia preparada por las dos funcionarias del salón de belleza se denomina “Informe a la Junta Directiva para la atención del artículo 10° de la sesión No 9072 del 19 de diciembre de 2019” y lo dejo aquí.
En ese informe las maquilladoras comienzan diciendo que “con el presente informe se atiende lo solicitado por la Junta Directiva” y que “se analiza lo expuesto en el oficio del Sr. Arias López, para cada una de las solicitudes planteadas”, lo cual es falso, como se verá; pero es parte del maquillaje. Luego, de entrada, defienden el pan que producen, sin demostración, sino solo porque ellas lo dicen. Es parte de los problemas serios de gestión que tiene la CCSS, donde los mismos que hacen las cosas se auto revisan y cuando la Auditoría Interna los cuestiona no le obedecen. El lector puede ver en ese informe que las mismas maquillistas autoras del estudio actuarial, son las que posteriormente se autoevalúan, determinan que la definición de las hipótesis fue correcta, que no era necesario incluir las reservas pues “no es la práctica en el seguro de salud”, indican que “los proyectos que se encuentran en etapa de ejecución y contratación (escenario base) pueden ser financiados totalmente con las provisiones actuales destinadas para tal fin. Por su parte, que para el financiamiento del total de los 182 proyectos (escenario 4), la suficiencia de las provisiones es la que se muestra en los cuadros 52 y 53 (página 114 de la Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017)” y obviamente que las tarifas eran correctas. Luego justifican el desvío de fondos del seguro IVM citando los oficios DJ-1820-2015 y DJ-0431-2017; pero como parte del maquillaje, ocultaron el oficio DJ-3519-2008 que aporto aquí, escondieron el informe de la Auditoría Interna de la CCSS que dejo aquí y omitieron la resolución No 00197-2018 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. También a las funcionarias se les olvidó leer el deber de probidad contenido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que dice así:
“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”.
Como parte del riesgo moral y del conflicto de intereses intrínseco en la auto revisión, a las actuarias se les olvidó referirse a mi petición que dice “trasladar esa función actuarial al Departamento Actuarial de la Dirección Actuarial y Económica y ordenar que se realice un nuevo estudio actuarial”.
En cuanto al punto segundo de mi petición, las actuarias dijeron lo siguiente: “En relación con esta petitoria realizada por el Sr. Arias, es importante indicar que la toma de tales decisiones no corresponde a una competencia de la Dirección Actuarial y Económica. Adicionalmente, la toma de tales decisiones se basa en aspectos de índole jurídico, para la cual puede requerirse de un criterio jurídico que pueda contribuir en la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”. Como puede observarse, es parte del maquillaje de la novia, pues al inicio del documento y en el oficio enviado al Gerente General, se afirma que todos mis cuatro requerimientos fueron atendidos.
Lo mismo contestaron las actuarias encargadas de vestir a la novia en relación con mi tercera petición, para la cual dicen: “Al igual que en la pregunta citada anteriormente, esta solicitud del Sr. Arias implica la toma de decisiones que no corresponden a una competencia de la Dirección Actuarial y Económica…”
Para mi cuarta petición las profesionales dicen en relación con mi oficio enviado a Román Macaya: “por lo que se presume que ya inicialmente tuvo que haberse remitido dicho oficio a ese Órgano Colegiado”. Omitieron decir que ellas lo tenían porque Macaya se los había enviado para atención prioritaria; pero es parte de los adornos de la novia. De esa forma también se libraron de informar que ellas no podían darle una orden a su jefe el Sr. Macaya, quien también les consentía el pago de las 10 anualidades antes citadas. Obviamente tampoco me entregaron el dictamen jurídico que solicité, sobre el sustento para el desvío de más de ₡900 mil millones anuales de fondos del Seguro IVM, pues no existe.
En resumen, si las dos actuarias no se hubieran prestado para maquillar a la novia, hubieran enviado un oficio a su superior diciéndole que tenían conflictos de interés para elaborar el informe, pues ellas eran las autoras del estudio actuarial cuestionado en el punto primero de mi petición y que mis otras tres peticiones no eran competencia de ellas ni del Área donde ellas laboran, sino de la misma Junta Directiva. Sin embargo; prevaleció el interés por dejar bien coqueta a la novia.
Todo lo anterior lo repliqué ante la Junta Directiva de la Caja en el documento RAL-028-2021, en el cual nuevamente insistí en una respuesta sin maquillajes de mi petición; pero aún sigo a la espera. Lo dejo aquí.
De esta forma, aprendiendo el oficio del maquillaje, los nueve directivos de la Caja omitieron referirse al desvío de fondos que le hacen al seguro IVM, que hoy lo tienen al borde de la quiebra. ¿Lo reportarán los “expertos” de la OIT?
El equipo de SURCOS lamenta el fallecimiento del compañero, amigo y columnista Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y constante escritor costarricense.
Rogelio deja un importante aporte al pensamiento costarricense y latinoamericano, parte de él publicado en este medio. Su sonrisa y su pensamiento estarán por siempre.
Compartimos este enlace mediante el cual se puede revisar sus valiosos aportes:
Hablar y seguir escribiendo sobre las torpezas y vagabunderías de Juan Guaidó raya ya en la desvergüenza. No obstante, producto de varios hechos y declaraciones recientes, nos obligan a mostrar la faceta cleptómana de Guaidó.
Hay mucha información al respecto, pero solamente recordaremos desde 2021 al 2023, cuyas fuentes son de variada índole, incluidos medios, personas y otros.
Por ejemplo, según revelaciones de la página Declassified UK, el equipo del ex diputado Juan Guaidó había gastado cientos de miles de dólares del Estado venezolano, recursos financieros secuestrados y robados por el gobierno estadounidense, para costear los trámites legales en el litigio del oro venezolano en el Banco de Inglaterra.
Pero, además, de acuerdo con una nueva publicación del periodista John McEvoy en The Canary, las cifras de gastos por parte del clan Guaidó ha sido mucho más alto:
«Según documentos oficiales, Guaidó y sus designados han donado más de 6,5 millones de dólares a firmas legales poderosas como parte de una campaña para desangrar al Estado venezolano de sus activos extranjeros».
«Casi la mitad de este dinero fue enviado a una serie de pagos a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, la firma legal que representa a Guaidó en el Reino Unido».
«La firma parece estar muy unida al aparato de política exterior de Estados Unidos y en los últimos años ha representado a una serie de funcionarios latinoamericanos de derecha».
McEvoy señala además que, los documentos reseñados sugieren que el mismo Guaidó obtuvo medio millón de dólares de dicho fondo.
Examinemos de dónde proviene este dinero, que ciertamente no tiene origen en la cartera privada del ex diputado venezolano, y las conexiones que traza con operadores de la política exterior estadounidense y el narcotráfico.
«El gobierno del presidente Nicolás Maduro había denunciado que, en abril de 2020, la Casa Blanca, entonces liderada por el magnate Donald Trump, transfirieron 342 millones de dólares que formaban parte de los fondos del Banco Central de Venezuela (BCV) a una cuenta de la Reserva Federal de Nueva York.
En su momento esta acción fue calificada de «vulgar saqueo» de los recursos venezolanos por parte del gobierno estadounidense en el exterior, aprovechando la hegemonía financiera que ostenta.
Tantos millones fueron dirigidos a la junta ad hoc del BCV que el clan Guaidó había impuesto como parte del gobierno imaginario sostenido por el poder y la narrativa estadounidenses.
Según las cifras oficiales publicadas por la junta ad hoc de Guaidó, al menos 6 millones 552 mil 512 dólares han sido usados para «servicios profesionales de abogados en atención de Activos en el exterior a ser protegidos y trámites de licencias ante la OFAC». La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales con base en la política exterior de los EE. UU.
Esto solo quiere decir, como asimismo lo afirma el periodista de UK Declassified, que este grupo antichavista de confección estadounidense gastó millones de dólares robados al Estado venezolano para, así, financiar un mayor saqueo de los recursos de la República Bolivariana. Una especie de lavado de dinero a través de la reglamentación sancionatoria de Washington».
Por otro lado, los documentos sugieren que Guaidó se ha embolsillado más de medio millón de dólares desde marzo de 2021. La última entrega a la «Presidencia» se entregó el 19 de julio de 2021 y ascendió a 407 mil 702 dólares.
Así mismo, en el año 2022, el diputado y miembro de la comisión de asuntos internacionales de la Asamblea Nacional venezolana, Saúl Ortega, en conversación con Sputnik, revelan algunas informaciones:
«El diputado afirmó, que Guaidó no ha estado solo en el robo de los recursos de Venezuela, pues dijo que algunos gobiernos extranjeros lo han acompañado para quedarse con las riquezas de este país sudamericano.
«El Gobierno de Colombia, el francés, italiano y español, muchos de estos gobiernos cayeron en la política de querer repartirse a Venezuela como un botín», comentó.
Las acusaciones contra Guaidó y sus aliados van desde el robo de Citgo, la petroquímica colombo-venezolana Monómeros, las 30 toneladas de oro que esta nación sudamericana tiene depositadas en el Banco de Inglaterra y más de 7.000 millones de dólares del Estado que se encuentran en bancos extranjeros, y que fueron bloqueados a través de sanciones.
El Ministerio Público venezolano abrió investigación contra Guaidó e incluyó más 25 de causas entre las que destacan: secuestro de recursos, usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.
También es investigado por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con Gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir».
Por otro lado, en el sitio del Centro Internacional de Inversión Productiva se reseña que, «diversos analistas políticos y personalidades de la oposición venezolana (medios, periodistas, ONG) han denunciado la corrupción y los malos manejos de los recursos por parte del denominado “Gobierno Interino”. Se señala que entre 1.600 y 2.000 personas dentro y fuera de Venezuela, se han enriquecido de los fondos de la República, robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales a favor de la organización criminal dirigida por Juan Guaidó.
Lo que eran rumores en voz baja se ventila ya a viva voz en las redes sociales: aparecen nombres de políticos, ex diputados, empresarios, ONGs, medios y periodistas que viven de los recursos confiscados o simplemente robados a Venezuela, en virtud del “reconocimiento político” que Estados Unidos y otros 15 países aún mantienen al ex diputado.
A las críticas que denuncian el festín de corrupción con los dineros públicos que maneja el “interinato” se suman voces independientes. El empresario de la comunicación venezolano Esteban Trapiello a través de su red social twitter publicó su propio listado de personalidades que mantienen la ficción del interinato por las ingentes sumas de dinero que ello les reporta; denuncia la complicidad de principales dirigentes políticos como: Carlos Vecchio, Leopoldo López, Juan Pablo Guanipa, Julio Borges, Luis Florido, Juan Andrés Mejía, Freddy Guevara, entre otros».
«Juan Guaidó, al igual que su grupo de supuestas autoridades, ya son conocidos en el mundo por su papel de robo y de despilfarro de los recursos de todos los venezolanos en el exterior. La ONG opositora Transparencia Venezuela en un informe criticó los hechos y expuso: “Ni el portal de la Asamblea Nacional ni el del gobierno interino contienen información pública y datos de gestión. No hay registro público de contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a ‘oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”. Críticas similares hizo el periodista y analista electoral opositor, Eugenio Martínez, lo que le acarreó críticas de parte de los seguidores virtuales de Guaidó».
Por su parte el medio venezolano de oposición Globovisión informa que, «El presidente Nicolás Maduro aseveró durante su mensaje anual a la nación que «la farsa de gobierno paralelo» de Juan Guaidó surgió para legitimar «el robo más grande en esta tierra desde la conquista española».
«El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro denunció este jueves que la oposición amparada por el gobierno norteamericano habría robado a Venezuela 411 millones de dólares por día, durante los últimos ocho años. «Lo que se ha pretendido robar y permanece secuestrado es una suma milmillonaria».
En fin, según la periodista Narkys Blanco, «Nuevas pruebas sobre el robo de recursos del opositor Juan Guaidó revelan que durante el interinato se gastó hasta $10 mil al día. Además, contaba con una nómina de 20 mil personas, según información del politólogo, Luis Aguilar. Solo 1.090.252,53$ fueron invertidos en «Gastos de Presidencia», lo que representa una cifra nunca antes vista en la historia de Latinoamérica.
«Según el informe se usaron 2.047.746,01 en el Consejo de Administración de Gastos. 161.750,00 en Contraloría, 2.709.055,00 en la Asamblea Nacional y 851.099,96 en Cancillería.
También se reportan 4.348.430,00 fondos para la defensa de la democracia y otros 12.750.000,00 por la misma razón, para un total de 190.533.022,88″.
Personalidades de la oposición venezolana han denunciado la corrupción y los malos manejos de los recursos por parte del denominado Gobierno Interino de Juan Guaido.
«A principios de 2022, analistas aseguraban que entre 1.600 y 2.000 personas dentro y fuera de Venezuela, se han enriquecido de los fondos de la República. La cifra incluye fondos robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales.
A su vez, el partido político Avanzada Progresista denunció que el opositor venezolano, tenía un gasto diario de $9000 como parte de las actividades de su pseudo gobierno». «Además, este primer informe aseguraba que el monto destinado para los gastos de 6.000 militantes del G4 asciende a $1.500 cada uno».
Lo anterior, es solo la punta del iceberg, y un resumen apretado de los robos descarados por parte de Juan Guaido y sus compinches. En este sentido, son significativas las ultimas noticias que develan lo anterior, por ejemplo:
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump confesó durante un discurso que pronunció, este sábado (10-6-2023), que durante su mandato pretendió apodarse del petróleo de Venezuela.
«Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella y habríamos conseguido todo ese petróleo. Pero ahora se lo compramos a Venezuela, haciendo rico a un dictador», manifestó Trump desde el estado de Carolina del Norte, en EEUU.
El canciller de Venezuela, Iván Gil, criticó hoy la confesión del expresidente estadounidense Donald Trump sobre su intención de apoderarse del petróleo de la nación suramericana.
«Trump confiesa que su intención era apoderarse (robarse) el petróleo venezolano», manifestó a través de Twitter, donde respondió a un video relacionado con las declaraciones del exmandatario estadounidense.
«Todo el daño que los EE. UU. ha hecho a nuestro pueblo, con el apoyo de sus lacayos acá (Juan Guaido), ha tenido un único objetivo: ¡robarnos nuestros recursos! No pudieron ni podrán. ¡Siempre venceremos!, enfatizó».
Así mismo, el embajador permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, consideró que, con las revelaciones, «Trump les quita la máscara a 60 países satélites» y a quienes apoyaron al opositor Juan Guaidó en su autoproclamación como presidente interino de Venezuela.
«El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano. ¡Qué vergüenza!», expresó en Twitter.
A su vez, «el expresidente de Ecuador Rafael Correa también se sumó a la crítica, en su cuenta Twitter manifestó su parecer antes semejante confesión de Donald Trump,» ¡De no creer! No guardan ni las formas. Trump confiesa que el objetivo de hacer colapsar a Venezuela era apoderarse de su petróleo? Ojalá lo entiendan los tontos útiles. ¡Gloria al bravo pueblo!».
Recientemente, Guaidó no respondió de qué vive en Estados Unidos. Durante una entrevista televisada, el político no pudo responder acerca de cómo cubre sus gastos de estadía mientras permanece en la nación norteamericana. “Yo soy ingeniero. Tengo dos postgrados», fue la única réplica ofrecida por el exdiputado. Ante la pregunta de cómo se mantiene en el extranjero; el periodista indicó: «no me creo que usted esté haciendo de ingeniero estos días».
El presentador acotó que existen muchas interrogantes acerca de su financiamiento y le consultó si recibe fondos de gobiernos u organizaciones en el extranjero, a lo que el político respondió que «recibir fondos es ilegal», sin revelar mayor información sobre su financiamiento.
Vista del Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, Costa Rica. Foto: Nelson Arroyo González
Publicado originalmente en la revista digital europea MEER
Luko Hilje (luko@ice.co.cr)
Pronto completaré mi año 71 de vida y, ahora jubilado, me he dedicado a investigar y escribir sobre la historia de nuestras ciencias biológicas. Esto me llena de gran satisfacción y regocijo, pues con ello cumplo dos responsabilidades como ciudadano: honrar la memoria de los naturalistas y científicos que supieron abrir sendas en el conocimiento de nuestra naturaleza, y hacer consciencia acerca de la urgente necesidad de proteger los maravillosos dones naturales de los que disfrutamos a diario, y especialmente quienes vivimos en el trópico, con esas inextricables, sutiles y deslumbrantes tramas de relaciones ecológicas entre las plantas y los animales silvestres, pero que son tan frágiles.
Al respecto, después de casi seis meses de trabajo, recién terminé de escribir un muy extenso artículo intitulado «Los pioneros de la entomología en Costa Rica», que envié de inmediato a la Revista de Biología Tropical, con la que había pactado publicarlo, a propósito de la celebración del septuagésimo aniversario de su creación. Será antecedido por uno aún más extenso, denominado «Naturalistas y científicos extranjeros influyentes en el desarrollo de las ciencias biológicas en Costa Rica» —que verá la luz en las próximas semanas, como parte de un número conmemorativo—, y en el cual acoto que «con casi 70 años de publicación ininterrumpida, la Revista de Biología Tropical representa el foro científico más especializado y con mayor trayectoria histórica en la biología de los trópicos, en sentido amplio».
En realidad, para una revista de cualquier país, no es nada sencillo alcanzar los 70 años, y menos para las de los países del llamado Tercer Mundo. Apasionado por el mundo de la comunicación científica, he vivido y sufrido varias veces —desde adentro— la pesarosa incertidumbre de no saber si habría un mañana para una revista. Esto es así porque siempre hubo una conjunción de factores —de diferente peso específico—, pero el principal era el desfinanciamiento, al igual que la incomprensión de burócratas, tanto gubernamentales como universitarios, cuyas anteojeras les impedían tener una visión de largo plazo acerca de la importancia de las revistas en el desarrollo científico y tecnológico de un país. En cuanto a la Revista de Biología Tropical, con la que me identifiqué de corazón desde mis días de estudiante universitario, ese fue un mal crónico, que puso en serio riesgo su continuidad, y de lo cual dejé testimonio hace 33 años en el artículo «El calvario de una revista» (La República, 22-IX-90).
Lo cierto es que no puede haber ciencia sin revistas, en las que los investigadores publiquen sus hallazgos, sus avances de investigación, a la vez que expresan sus criterios y percepciones, para compartirlos por ese medio con sus pares académicos o colegas y, al fin de cuentas, con la sociedad como un todo.
Eso lo comprendieron a cabalidad los gobernantes que, como Bernardo Soto Alfaro, impulsaron la célebre Reforma Liberal, en la que —lejos del asfixiante clericalismo que nos había dominado desde la propia conquista española—, otorgaron primacía a la ciencia y la tecnología, para impulsar el desarrollo del país. Además del reclutamiento en Suiza de los excelentes científicos Henri Pittier, Paul Biolley y Adolphe Tonduz, los frutos más suculentos de sus acciones fueron la fundación del Museo Nacional (1887) y el Instituto Físico-Geográfico Nacional (1889). Y, ya establecidos ambos entes, sus respectivos directores, Anastasio Alfaro y Pittier, persuadirían al gobierno para que financiara la publicación de los Anales del Museo Nacional de Costa Rica y los Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional.
Es decir, hacer ciencia de calidad, compartirla y divulgarla, para ponerla al servicio de la sociedad y de la humanidad. Lamentablemente, por diversas circunstancias, en 1890 ambas revistas debieron ser fusionadas, y para 1896 habían expirado, sin alcanzar un decenio de vida. Ante este vacío, que se prolongó por unos cuatro años, Pittier captó que había que crear otro tipo de publicación, a la que llamó Boletín del Instituto Físico-Geográfico Nacional, de carácter más divulgativo, concebida para un público no científico, pero con un nivel educativo suficiente para obtener provecho de su contenido. Sin embargo, vio su fin en 1904, con apenas cuatro años de existencia. Y fue así cómo, a partir de entonces, viviríamos medio siglo de oscurantismo en el ámbito de la divulgación científica derivada de la investigación local.
Tras tan dilatada espera, la buena nueva fue el surgimiento de la revista Turrialba, nacida en 1950 en el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), con sede en el cantón homónimo. No obstante, por ser el IICA un ente de cobertura continental, no toda la información publicada provenía de Costa Rica, además de que su énfasis era la producción agrícola y forestal. Sin embargo, no mucho después vendrían tiempos halagüeños para la biología pura, básica o fundamental —que es tan importante como la aplicada—, y la que tanto Alfaro como Pittier practicaron y fomentaron.
En efecto, y por fortuna, la coincidencia de dos preclaras mentes daría a luz una revista en la que, aunque inicialmente predominaron las ciencias biomédicas —y sobre todo la microbiología—, poco a poco se abriría espacio la biología pura, al punto de que, con el correr del tiempo, llegó a predominar en cada uno de los números o fascículos publicados hasta hoy.
Acerca del origen de dicha revista, no hay duda de que en ello fueron clave dos destacados científicos: el médico italiano Ettore De Girolami y el parasitólogo costarricense Alfonso Trejos Willis, este último discípulo del egregio científico Clodomiro (Clorito) Picado Twight. Al respecto, hay versiones contradictorias acerca de su paternidad, las cuales aparecen algo más detalladas en nuestro artículo «Alfonso Trejos Willis y la génesis de la Revista de Biología Tropical» (La Revista, 3-XI-2021). He aquí la versión resumida.
En un artículo intitulado «Reseña histórica de la fundación de la Revista de Biología Tropical», publicado en la propia revista en 1988, De Girolami acota que:
En los primeros días de septiembre de 1952, durante una de mis visitas al laboratorio del Hospital San Juan de Dios, expuse al Dr. Trejos mi plan para fundar una revista científica patrocinada por la Universidad. Don Alfonso acogió la idea con entusiasmo, y juntos nos pasamos la mañana soñando y haciendo planes. Asimismo, de inmediato narra algunos detalles de la gestación del proyecto de revista, que contó con la aprobación del economista Rodrigo Facio Brenes, rector de la Universidad de Costa Rica.
Sin embargo, todo parece indicar que la afortunada idea empezó a tomar forma incluso antes de la llegada De Girolami a Costa Rica, ocurrida en 1950. Así lo explica el Dr. Rodrigo Zeledón Araya —connotado científico, hoy con 93 años— en una entrevista intitulada «Origen de la Revista de Biología Tropical», publicada en 2015 en dicha revista. En ella señala que «en 1949, Alfonso nos comenzó a hablar, por primera vez, de la necesidad de una revista científica nuestra», y que no se quedó en las puras intenciones. Por el contrario, al prever la necesidad de que «si vamos a hacer una revista, necesitamos que la gente escriba correctamente», le sugirió a Zeledón «hacer un librito de cómo se escriben los trabajos científicos», el cual vería la luz en 1953, con el título Normas para la preparación de trabajos científicos, escrito por ambos. Mientras esto se gestaba, Trejos conversó con su entrañable amigo Facio, quien acogió y respaldó la idea de la revista, y posteriormente acordaron que De Girolami «se encargara de editar la revista, conseguir artículos para ser juzgados, atendiera la correspondencia y velara porque saliera a su debido tiempo, de acuerdo con la programación».
En fin… esto es lo que se sabe. Pero lo más importante es que nadie reclamó paternidad alguna, y se actuó con armonía y presteza. Pronto incorporaron al microbiólogo Armando Ruiz Golcher en el Comité de Redacción, y prepararon una propuesta formal, que el Consejo Universitario conoció y aprobó el 5 de enero de 1953. Hecho esto, el grupo trabajó con entusiasmo y diligencia, no solo en los aspectos logísticos, sino que también en el contenido, para lo cual debieron incluir sus propios artículos, al punto de que, de los diez artículos del primer número, en seis eran autores o coautores los tres miembros del citado comité; dos más fueron escritos por el Dr. Rodrigo Zeledón, uno por Luis Enrique Solano Serrano y el otro por Carlos Alberto Echandi Rodríguez. Fue el 15 de julio de 1953 que venía al mundo la anhelada criatura, entre el penetrante olor a tinta y el monótono ruido de los talleres gráficos de la Imprenta Falcó.
En concordancia con el contenido de ese primer número, en realidad debió haberse llamado… ¡Revista de Microbiología Tropical! Sin embargo, para sus fundadores estaba claro que, poco a poco, iba a acoger contribuciones de las ciencias biológicas sensu lato; de hecho, para entonces ni siquiera existía el Departamento de Biología, que se fundaría en 1957 y adquiriría la condición de Escuela en 1974. Asimismo, se decidió que sería una revista multilingüe, sobre todo con el fin de extender su influencia a países tropicales no hispanohablantes, tanto de América como de África, Asia y Oceanía.
Al respecto, el desiderátum manifestado en el editorial del primer número rezaba así: «La recompensa de nuestro modesto trabajo será el estímulo que, para la producción científica de nuestra juventud universitaria, represente el tener una revista seria, de amplia divulgación en el extranjero y que sea expresión del naciente pensamiento científico costarricense». ¡Y no hay duda de que lo lograrían! Los hechos hablan por sí solos, con tan copiosa cosecha. Por ejemplo, más de 9000 artículos han sido presentados a la revista en el último decenio, y los más selectos —porque se actúa con tamices muy estrictos— están contenidos en los 211 números publicados hasta hoy, a los que se suman los aparecidos en nada menos que 54 suplementos monográficos. Asimismo, de los artículos publicados en el siglo XXI —según me informa su actual director, el Dr. Jeffrey Sibaja Cordero—, el 17% proviene de científicos costarricenses, a quienes se suman los investigadores de México (20%), Colombia (12%), Brasil (8%), EE. UU. (7%) y de otros países (36%).
Ahora bien, en cuanto a mi relación con la revista —de la cual fui suscriptor por largo tiempo, así como colaborador con 16 artículos en años recientes, ya sea como autor único o como coautor—, esto lo he narrado en detalle en los dos artículos periodísticos que ya cité, al igual que en «Medio siglo fecundo» (Semanario Universidad, 6-IX-02).
En realidad, aunque nunca he sido profesor en la UCR —con excepción de un curso de postgrado en control biológico de plagas, que impartí en 1984— mis afectos hacia ella son de larga y profunda raigambre, y datan de mis días de estudiante, cuando tuve la fortuna de tratar a su editor y director de entonces, don Manuel Chavarría Aguilar y al Dr. Rafael Lucas Rodríguez Caballero, quien le permitía a don Manuel utilizar un sector de su oficina para desempeñar sus labores editoriales. De tan memorables días, expresé lo siguiente:
¡Cuántas horas de gratas tertulias vivimos ahí, entre la sapiencia y la picardía de don Manuel, y el enciclopedismo y el fino humor de don Rafa! ¡Cuánto se nos acrecentó el gusto y cariño por ese arte y disciplina, a veces poco entendida y valorada, que es la edición científica!
Ello ocurría en medio de los avatares propios de publicar cada número, que nunca podía salir a tiempo, sobre todo por falta de fondos.
Cuando, tras la muerte de don Manuel y don Rafa, asumió labores el amigo y colega Julián Monge Nájera, enfrentó problemas similares, los cuales se agudizaron tanto, que en un aciago momento hubo un inminente riesgo de desaparición de la revista, pero él supo luchar con denuedo y, al final, salir airoso. Por eso, tiempo después, al celebrar su cincuentenario, expresé que «esta querida revista, como la cigarra de la hermosa canción de María Elena Walsh, está viva a punta de pequeñas resurrecciones, en medio de carencias, pobrezas, incomprensiones y miopías», para después afirmar que «en verdad, es como un sueño verla aquí, sobreviviente, robusta y, por fin, puntual».
Hoy, 20 años después, renovada y revitalizada, en gran medida gracias a los medios y tecnologías modernos de comunicación, pero sobre todo al empeño y compromiso de Julián, Jeffrey y quienes los han apoyado en este largo y tortuoso proceso, jubilosos decimos «¡¡¡Salud!!!», y deseamos que la marcha continúe a paso firme hacia el centenario. Y, ya aquí en confianza, ¡quién quita que yo esté ahí para celebrarlo!, pues los viejitos ahora duramos mucho, y la revista y yo tenemos casi la misma edad.
El médico Ettore De Girolami. Fuente: Archivos Revista de Biología TropicalEl microbiólogo Alfonso Trejos Willis. Fuente: Archivos Revista de Biología TropicalEl botánico Rafael Lucas Rodríguez Caballero. Fuente: Rafael Lucas Rodríguez SevillaQuetzal (Pharomachrus mocinno). Foto: Daniel Molina CastroLarva de la mariposa Automeris tridens (Saturniidae). Foto: Luko HiljeMono aullador o congo (Alouatta palliata). Foto: Eduardo Carrillo Jiménez
Ayer me compartieron una noticia que me llamó la atención inicialmente y luego me llenó de esperanza respecto al futuro educativo de niños y jóvenes. Esa noticia fue que en “Las escuelas suecas dan marcha atrás en el uso de pantallas y vuelven a los libros de texto”. Hace tan solo unos pocos días atrás el gobierno sueco tomó esa decisión y ha causado revuelo en muchos ámbitos del país.
El tema está en qué hay posiciones muy definidas respecto a lo que sucede con las pantallas en los niños especialmente.
La UNICEF advierte de los riesgos del uso de las pantallas en los bebés y niños pequeños, concluyendo que puede afectar las capacidades de concentración, aprendizaje, empatía, manejo de la frustración y control de los impulsos que resultan habilidades vitales para la interacción social.
También hay criterios profesionales en el sentido de que “Una mayor exposición a las pantallas en los niños está asociada a problemas de autocontrol, déficit de atención, problemas de ansiedad, mayores niveles de depresión infantil, insatisfacción con la imagen corporal y mayor fracaso escolar”.
Me parece muy importante que se abra el debate sobre lo que es más conveniente para los niños, especialmente en edad de guarderías y escuelas.
Hay mucha preocupación sobre lo que la digitalización puede producir en niños y jóvenes. Precisamente en Suecia y ante esta disposición manifestó un padre de familia respecto a su hijo que está preocupado por su hijo mayor, de 13 años: “no sabe escribir a mano, garabatea. Aprendió mirando una pantalla y pulsando un teclado. Tampoco sabe leer muy bien los textos escritos a mano”. Eso está sucediendo cada vez más y por ello lo importante de la lectura constante y para ello no hay como los libros físicos.
Hay que prestar atención a este nuevo reto que se viene manifestando: actividad escolar digitalizada o actividad escolar física con libros de texto.
Coló en todo, habrá quienes estén a favor y quienes estén en contra, pero lo importante es que los padres tomen decisiones que favorezcan siempre a sus hijos pequeños y pensando en enfrentar un mundo muy difícil en el futuro, por lo que requieren muchas habilidades. Habrá que ver si los libros físicos o las pantallas se las brindan de mejor manera.
Dios quiera que entendamos que somos nosotros los que debemos tomar decisiones para bien de los pequeños que nos siguen los pasos.
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS y exmagistrada suplente de la sala constitucional, nos explica el motivo de la consulta.
1- Contrata al señor Allan Quesada Soto, economista, en un puesto de confianza, con un pequeño detalle, parece que estuvo solo por más de 5 meses incorporado al colegio profesional como requisito obligatorio para ejercer en el sector público.
Resultado: unas penosas declaraciones en la Nación, se me “chispoteó” dijo el asesor. ¡No pasó nada!
2- El señor Adrián Torrealba Navas, Directivo de la CCSS, abiertamente en contra con la figura de los trabajadores independientes, según parece con una deuda millonaria (antes, porque ahora es menos) se beneficia, participa supuestamente en comisiones financieras con la Gerencia Financiera para impulsar propuestas que lo favorezcan, según parece, opina en actas del tema recurrentemente.
Por cierto, la Dirección Jurídica planteó que debía inhibirse de hablar del tema y nada pasa.
Resultado: Invitado especial a foro de trabajadores independientes de la CCSS, y no se identifica un “conflicto de interés”.
3- Carolina González Gaitán, directora Actuarial, Ing. Susan Peraza Solano y el Lic. Allan Quesada Soto: modifican un informe presentado por un equipo inter gerencial, indican que la CCSS está en una situación financiera crítica.
Un equipo técnico deja en evidencia la movida y por eso sale a la opinión pública y se desata otra etapa más de la evidente persecución laboral y política contra esos funcionarios, ahora en la lista negra por contradecir la narrativa del presidente y de doña Marta Eugenia Esquivel.
Por cierto, deseamos ver si el señor Daniel Muñoz Corea, asume una postura objetiva y coincide en que pueden existir informes alterados que dinamitan la reputación institucional de la CCSS.
Resultado: Normalizan cambiar informes sin participar a los actores, normalizan que la CCSS está en quiebra y se premia a estos funcionarios con apoyo para seguir actuando de forma aparentemente ilegal.
4- Nombran a la Arq. Katherine Mac Courtney Illanes del Hospital México como Gerente de Infraestructura y tecnologías en forma interina, por sustituir a uno que le dijo al presidente: “estás equivocado”, la compañera nunca ha tenido experiencia de jefatura, según investigó la nación.
Resultado: Renuncia al puesto porque Diego Bosque, periodista de la Nación la hace caer en cuenta que no cumplía los requisitos para asumir el puesto.
¿Quién la recomendó? ¿Quién validó? Parece que eso no se hace ahora.
5- El Dr. Marino Ramírez Carranza, en su calidad de Gerente Médico firma una resolución administrativa ( que ya circula en redes), donde parece violentar todos los procedimientos institucionales para el nombramiento de funcionarios, y designa a dedo a la Dra. Joselyn Chacón Madrigal, ex Ministra de salud, con un nombramiento evidentemente político en la Dirección Central Norte y así le abre carrera para » ascender» a un hospital nacional o cuidado sino más arriba en la sillita de la Presidencia Ejecutiva.
¿Quién va a investigar? ¿La Auditoría Interna parece estar bailando el ritmo de las autoridades superiores?
¿Quién defiende a la CCSS?
Resultado: continuidad como Gerente Médico, cumplir las órdenes superiores. Debilitan el hospital Monseñor Sanabria para fortalecer una unidad administrativa.
¿Este es el Gobierno que lucha contra la corrupción?
Son incógnitas que no se resolverán pronto, pero sigamos luchando por la Caja y con vehemencia decimos: “La Caja se defiende” y un diálogo social por la Caja debe incorporar urgentemente a otros actores más allá de los sindicatos y sobre todo garantizar el cese inmediato de un proceso en desarrollo que busca hacer implosionar la Caja desde adentro, lo cual en principio le resta credibilidad a ese proceso.
*Dirigente Sindical CCSS Trabajador Hospital San Juan de Dios, Servicio de Cirugía Ambulatoria Cédula 1 0669 0465
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