Hélène Boucher fue una aviadora que alcanzó plusmarcas y defendió la causa feminista. Un dramático accidente interrumpió su brillante trayectoria. Esta es su historia.
Hélène Antoinette Eugénie Boucher, conocida como Hélène Boucher, nació en París el 23 de mayo de 1908.
Hija de Charles Léon Boucher, arquitecto parisino, y de Élisabeth Hélène Dureau, durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), abandonó la capital francesa junto a su familia y se fue a vivir a una población cercana: Boigneville.
Acabada la contienda, Hélène Boucher regresó a París con su familia y concluyó sus estudios en el Lycée Montaigne y el Collège Sévigné, esta última una escuela laica para mujeres fundada en 1880.
En el Collège Sévigné, Hélène Boucher conoció a la pintora Dolly van Dongen (Augusta van Dongen), de la cual no se separaría nunca más. Dolly era hija del también pintor Kees van Dongen, uno de los representantes del fauvismo, un movimiento pictórico de inicios del siglo XX.
Hélène Boucher realizó su primer vuelo el 4 de julio de 1930 en Orly y, unas semanas después, decidió que quería ser aviadora. Estudió para ello y, en 1931, obtuvo la licencia de piloto turístico y, al año siguiente, la de piloto de transporte público profesional.
Con sus estudios terminados, Hélène Boucher se compró un avión y empezó a participar en las competiciones de vuelo de la época.
El 2 de agosto de 1933, Boucher consiguió su primera plusmarca mundial: el récord de altitud femenino con 5.900 metros. Fue solo un aviso de lo que conseguiría en apenas un año.
Ya en junio de 1934, Hélène Boucher firmó un contrato con la empresa Caudron-Renault que le ayudó a disponer de los medios técnicos adecuados para dar lo mejor de sí misma como aviadora. Y, en los meses siguientes, logró la plusmarca mundial de velocidad de 1.000 km absoluta (categoría masculina y femenina) con 409,184 km/h y la plusmarca de velocidad femenina en más de 100 km con 412,371 km/h.
Pero no le bastó. Y el día 10 de agosto, alcanzó una nueva plusmarca de velocidad femenina con 428,233 km/h, superada un día después por ella misma con unos espectaculares 445,028 km/h.
Hélène Boucher tocó el cielo con sus plusmarcas mundiales en aquel verano de 1934 y sus admiradores se rindieron ante ella. Francia y el mundo del deporte se sintieron cautivados con su figura.
En ese mismo año de glorias deportivas, Boucher compaginó la aviación con el feminismo. Se unió a la lucha feminista y se convirtió en una activista de renombre. Luchó por el derecho al voto de las mujeres francesas junto a la política Louise Weiss. Las manifestaciones en París y otros puntos de Francia en favor del voto femenino fueron una constante de Weiss y sus seguidoras.
El 8 de octubre de 1934, Boucher se trasladó a Burdeos y pronunció un discurso feminista, con alusiones a su deporte y a la discriminación que padecían las mujeres en ese y otros campos: “Volamos, pero seguimos siendo inferiores. Somos feministas porque el feminismo es para nosotras sinónimo de justicia y equidad”, exclamó ante un público entregado.
Pasado poco más de un mes y medio de su discurso, un fatídico 30 de noviembre de 1934, Hélène Boucher sufrió un accidente durante un entrenamiento y falleció, conmocionando a Francia y al mundo del deporte. A su familia, a sus amigos y a su inseparable Dolly van Dongen. La aviadora tenía solo 26 años. Nada más que 26 años. Y se encontraba en un momento extraordinario de su carrera deportiva.
La prensa informó de una pérdida de velocidad de su avión durante el aterrizaje, de un posible error de la piloto y de que su aparato se estrelló cerca de Brouessy, a unos 27 km al sudoeste de París. Gravemente herida, la aviadora resultó evacuada, pero falleció en la ambulancia que la transportaba al hospital.
La consternación que provocó su muerte fue enorme. Francia le rindió un homenaje nacional en la catedral de Saint-Louis-des-Invalides de París, permaneciendo el ataúd en vela durante dos días. Y, tras ser enterrada en el cementerio de Yermenonville, recibió póstumamente la condecoración de la Legión de Honor francesa. Su tumba guarda un impresionante monumento que la recuerda.
En las décadas posteriores a su fallecimiento, Hélène Boucher siguió presente en la memoria de los aficionados a la aviación y de muchos franceses. Una competición femenina llevó su nombre: la Copa Hélène Boucher. Y no pocos libros e, incluso, películas se acordaron de ella. En 1953, se estrenó una película biográfica dedicada a su trayectoria: Horizontes sin fin.
Dolly van Dongen tampoco la olvidó. Y, al fallecer en 1987, por su expreso deseo, fue enterrada junto a Boucher en el cementerio de Yermenonville.
Camino de un siglo del brusco adiós de Hélène Boucher, equipamientos públicos, calles y centros educativos de Francia llevan su nombre. Un nombre que a muchos les puede decir poco. Pero que, a los que tienen más edad, les hace recordar a una joven aviadora de los años treinta del pasado siglo, la más veloz de su tiempo, que dijo adiós demasiado pronto.
Un aforismo griego dice que “los elegidos de los dioses mueren jóvenes”. Hélène, en cierta forma, lo ratificó. En el Olimpo, con esos dioses, debe estar. Allí, con sus aviones y junto a otros campeones de todos los tiempos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne».
Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponibleaquí.
El pasado 4 de junio del 2025, un proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad sobre el drama indecible que se vive en Gaza fue vetado por Estados Unidos (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas al respecto y nota de The Guardian).
Es de notar que se trataba del primer ejercicio sobre la situación en Gaza en el que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intentaba acordar un texto entre sus integrantes, luego de la llegada a la Casa Blanca de su nuevo ocupante en enero del 2025.
El texto integral del proyecto de resolución puede ser revisado en su versión oficial en español y en inglés, al final de estas mismas reflexiones, en la sección «Documento /Material«: su lectura (recomendada) permite entender mejor el alcance de la maniobra buscada por los promotores de esta iniciativa (y las contradicciones que reviste el veto norteamericano).
En el párrafo operativo 3 de este proyecto de resolución, se puede leer que el Consejo de Seguridad:
«3. Exige el levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su distribución segura y sin trabas a gran escala, incluso por parte de las Naciones Unidas y los asociados humanitarios, en toda la Franja de Gaza, así como el restablecimiento de todos los servicios esenciales con arreglo al derecho internacional humanitario, los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y sus resoluciones pertinentes».
Es de notar que los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lograron acordar una fórmula permitiendo manifestarse al respecto y contando con el voto afirmativo de casi todos sus 15 integrantes. Este comunicado conjunto de los 10 Estados integrantes no permanentes del Consejo de Seguridad (denominado E-10 en la jerga de Naciones Unidas, y que por parte del hemisferio americano, integran Guyana y Panamá) constituye un llamativo esfuerzo en ese sentido y un llamado extremadamente claro a la opinión pública internacional, que podemos resumir de la siguiente manera: «no somos Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero pedimos a los que sí lo son actuar ante la tragedia inhumana que vive la población civil en Gaza«.
Cabe traer a la memoria una advertencia hecha ante este mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, menos de 10 días después del 7 de octubre del 2023 por parte del representante de Palestina (en esta cita, la versión en inglés acompaña la versión en castellano):
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9).
Pese a esta muy tempranera advertencia, y a muchas otras posteriores hechas por parte de un sinnúmero de entidades, de Estados, y de expertos de Naciones Unidas, sobre las verdaderas intenciones de Israel en Gaza, resulta de interés observar:
– cómo, poco a poco, los mecanismos internacionales para que Israel rinda cuenta a la justicia internacional de sus numerosas exacciones contra la población civil en Gaza se han ido activando, y;
– cómo las vociferaciones y gesticulaciones de las máximas autoridades israelíes y su abierto desafío a la autoridad de los diversos órganos de Naciones Unidas, jurisdicciones incluídas, están llevando a los demás Estados de la comunidad internacional (con la notable excepción de Estados Unidos) a considerar a Israel como un verdadero Estado paria.
Tuvimos hace poco en la radio universitaria costarricense (véase enlace) la posibilidad de externar criterio sobre estas y muchas otras vociferaciones en el marco de una emisión radial, en compañía de la representante de Palestina en Costa Rica, titulada: «La deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable: el genocidio en Gaza» (audio en Spotify disponible aquí).
El contexto en el que se da esta votación en el seno del Consejo de Seguridad
La catástrofe humanitaria provocada por Israel en Gaza, al mantener un bloqueo a la ayuda humanitaria, y al romper la tregua acordada con el Hamas en enero del 2025 desde el pasado 18 de marzo, con bombardeos diarios indiscriminados sobre esta misma población civil, ha sido ampliamente reportada, provocando reacciones de profundo repudio de Estados usualmente cercanos a Israel como por ejemplo Australia, Alemania, Canadá, Francia o bien Reino Unido.
– Algunas de las reacciones oficiales de Estados
En el mes de mayo por ejemplo, Canadá, Francia y Reino Unido condenaron de manera colectiva los anuncios de Israel relativos a la expansión de sus operaciones militares en Gaza (véase comunicado conjuntodel 19 de mayo). En el comunicado colgado por las autoridades de Francia (véase texto) se indica que:
«Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ces actions scandaleuses. Si Israël ne met pas fin à la nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l’aide humanitaire, nous prendrons d’autres mesures concrètes en réponse«.
Como corrolario a todo lo anterior el «asedio contra niños» en Palestina por parte de Israel fue denunciado el pasado 20 de mayo por parte de Naciones Unidas (véase comunicado oficial). Brasil exigió el 21 de mayo a Israel cesar su ofensiva en Gaza y levantar el bloqueo a la ayuda humanitaria en términos particularmente duros :
«Submetida há mais de dois meses a bloqueio completo, a Faixa enfrenta, ademais, risco iminente de fome generalizada. O Brasil expressa grave preocupação com a anunciada intenção israelense de permitir ingresso mínimo de alimentos e remédios em Gaza, recordando que o uso da fome como método constitui crime de guerra» (véase texto integral del comunicado oficial colgado por las autoridades diplomáticas brasileñas).
España condenó por su parte los nuevos asentamientos en Cisjordania autorizados por Israel el pasado 30 de mayo (véase comunicado); y suscribió una declaración conjunta firmada por 23 Estados el 19 de mayo (véase texto) sobre la inaceptable privatización de la entrega de la ayuda humanitaria en Gaza decidida por Israel. A inicios de mayo, España suscribió una declaración conjunta (véase texto) condenando la expansión de la operación militar de Israel en Gaza decidida por Israel el 5 de mayo, conjuntamente con Eslovenia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo y Noruega.
Chile por su parte el 28 de mayo decidió retirar parte de su personal diplomático en Israel, en señal de repudio ante la catástrófica situación humanitaria en Gaza (véase comunicado de su aparato diplomático), que había condenado en términos vehementes en un comunicado anterior, el pasado 16 de mayo (véase texto), no sin antes (5 de mayo), condenar el plan de expansión de las operaciones militares en Gaza (véase comunicado), de igual manera condenado por Bolivia (véase comunicado del 7 de mayo): nuestros lectores, en particular en América Latina, podrán por sí mismos revisar si sus respectivas cancillerías alzaron la voz como Chile, Bolivia, y otros Estados durante el pasado mes de mayo, o si alguna oscura razón puede explicar el mutismo absoluto de sus autoridades diplomáticas ante el drama indecible que se vive en Gaza.
Sudáfrica por su parte condenó en un extenso comunicado con fecha del 1ero de junio (véase texto) las víctimas mortales palestinas que cayeron durante la entrega de ayuda humanitaria, un texto antecedido por otro del 16 de mayo (véase texto) en el que condenó la muerte de 143 personas en 24 horas en Gaza debido a los bombardeos del ejercito israelí.
– Algunas condenas provenientes de órganos de Naciones Unidas
El 3 de junio del 2025, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado de prensa (véase texto) pasado desapercibido en la mayoría de los medios de prensa internacionales, señaló que:
«Deadly attacks on distraught civilians trying to access the paltry amounts of food aid in Gaza, are unconscionable. For a third day running, people were killed around an aid distribution site run by the “Gaza Humanitarian Foundation”. This morning, we have received information that dozens more people were killed and injured.
There must be a prompt and impartial investigation into each of these attacks, and those responsible held to account. Attacks directed against civilians constitute a grave breach of international law, and a war crime.
Palestinians have been presented the grimmest of choices: die from starvation or risk being killed while trying to access the meagre food that is being made available through Israel’s militarized humanitarian assistance mechanism. This militarized system endangers lives and violates international standards on aid distribution, as the United Nations has repeatedly warned«.
El último informe al 5 de junio del 2025 elaborado por Naciones Unidas (véase enlace), completado por el informe anterior al 28 de mayo del 2025 (véase enlace) da una idea de la violencia que ejerce Israel sobre la población civil de Gaza, objeto de bombardeos indiscriminados diarios desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con una breve tregua registrada entre el 19 de enero y el 18 de marzo del 2025.
Desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, circula un informe realizado por una comisión internacional de invesigación, que detalla los crímenes de guerra perpetrados por Israel, en el que se enfatiza la destrucción deliberada de toda la infraestructura pública existente en Gaza: véase informe A/HRC/59/26 con fecha del 6 de mayo del 2025, muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales. Este informe concluye con un vehemente llamado a los Estados Miembros de Naciones Unidas:
«101. The Commission recommends that all Member States:
(a) Comply with all international law obligations, including those set out in the July 2024 advisory opinion of the International Court of Justice, the Geneva Conventions of 12 August 1949, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;
(b) Cease aiding or assisting in the commission of violations; and explore measures to ensure the accountability of perpetrators of international crimes, grave human rights violations and abuses in Israel and the Occupied Palestinian Territory«.
Durante la sesión del 4 de junio del Consejo de Seguridad, el Sub Secretario General para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas imploró al Consejo de Seguridad a tomar decisiones valientes en aras de gestionar la llegada de la ayuda humanitaria que Israel bloquea y concluyó indicando (véase texto de su intervención):
«No one should have to risk their life to feed their children. As I have repeatedly stressed, we must be allowed to do our jobs: We have the teams, the plan, the supplies and the experience. Open the crossings – all of them. Let in lifesaving aid at scale, from all directions. Lift the restrictions on what and how much aid we can bring in. Ensure our convoys aren’t held up by delays and denials. Release the hostages. Implement the ceasefire.We value the support of more and more Member States who are joining our call: Let us work».
– Tramitación de casos contra Israel ante la justicia internacional y ante la justicia nacional
Este 9 de junio, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó por infundada la enésima solicitud de Israel para intentar dejar sin efecto las órdenes de arresto contra su actual primer Ministro y su ex Minsitro de Defensa (véase texto, en particular conclusiones a párrafos 46-49); al tiempo que Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido anunciaron este 10 de junio sanciones contra dos ministros del actual gabinete que gobierna en Israel (véase comunicado oficial del Reino Unido y artículo publicado en el TimesofIsrael). Cabe precisar que la CPI no juzga a Estados, sino que busca enjuiciar a personas a título individual, desde el punto de vista penal, por ordenar, instigar o cometer actos particularmente graves debidamente tipificados desde 1998 en el Estatuto de Roma (véase texto) como lo son: el crimen de genocidio (artículo 6), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7) y los crímenes de guerra (artículo 8). La lectura detallada de este último artículo se recomienda, más particularmente de cara a las dramáticas imágenes que provienen de Gaza pero también de Cisjordania, desde más de un año y medio. En este enlace oficial nuestros estimables lectores podrán revisar el detalle de los 125 Estados Partes al Estatuto de Roma.
Otra jurisdicción internacional también situada en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual juzga a Estados y no a indidivudos, realizó entre el 28 de abril y el 2 de mayo pasado las audiencias públicas en La Haya, en el marco esta vez del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel en Gaza que derivan de su calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas (Nota 1): unos 40 Estados y otras tres organizaciones internacionales hicieron ver a los 15 integrantes de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas y detallaron ante la máxima instancia jurisdiccional la lista de obligaciones jurídicas que Israel ha violado. Por parte de América Latina, participaron por orden de aparición ante los jueces de la CIJ (véase programa): Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.
Recientemente, la justicia peruana fue activada en busca de un soldado israelí que se encuentra en el territorio peruano (véase nota de la Fundación Hind Rajab con fecha del 23 de mayo). En enero del 2025, un soldado israelí acusado de haber cometido crímenes en Gaza logró escapar in extremis de la justicia brasileña, gracias a «gestiones» de la embajada de Israel en Brasil, que a la fecha no se han detallado mayormente (véase nota de prensa).
Para volver un momento a Costa Rica, el título de este reportaje de la televisión costarricense de marzo del 2024 plantea otro tipo de interrogantes sobre el flujo de jóvenes israelíes, que desde las paradisiacas playas costarricenses, vuelan a Israel y de ahí pasan a combatir en Gaza en cuestión de muy pocos días. Después de cometer exacciones de todo tipo en Gaza ¿volverán estos jóvenes como si nada a turistear y a disfrutar de las maravillosas playas que ofrece Costa Rica a todo visitante extranjero?
El voto en breve en el seno del Consejo de Seguridad
El detalle del voto observado el pasado 4 de junio del 2025 registró 14 votos a favor, con lo cual nuevamente, Estados Unidos confirmó su profunda soledad a la hora de referirse a Israel ante los demás integrantes de la comunidad internacional.
Desde el punto de vista político, este voto constituye un verdadero fracaso de la diplomacia de Estados Unidos, incapaz esta vez de convencer a uno de los 14 integrantes de votar en contra o bien al menos de abstenerse, como sí ocurrió en octubre del 2023 con un proyecto de resolución presentado por Brasil, vetado por Estados Unidos y objeto de dos abstenciones: Reino Unido y Rusia (Nota 2).
Con este voto del 4 de junio, Estados Unidos reafirma su alianza incondicional histórica con Israel ante los ojos del mundo, independientemente del partido del que provenga su Presidente, con consecuencias previsibles para una buena parte de la sociedad norteamericana indignada, así como para sectores que en el mundo repudian este apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel: esta nota publicada por el New York Times refleja parte de este profundo malestar que se vive en el seno de la sociedad norteamericana. El comunicado de Amnistía Internacional (véase texto) al momento de conocerse el veto norteamericano refleja la profunda indignación causada en diversas organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.
Foto de la Embajadora de Estados Unidos Nikki Haley saliendo de la sala del Consejo de Seguridad en Nueva York al iniciar su alocución el representante de Palestina el 15 de mayo del 2018, durante una sesión sobre la violencia de Israel contra manifestantes participando en la Marcha del Retorno. Foto extraída de nota de prensa titulada “EE.UU. se queda solo en la ONU” (La Vanguardia, edición del 16/5/2018)
Habíamos tenido la oportunidad de señalar recientemente en una nota anterior (Nota 3) que, ante el Consejo de Seguridad, Israel dispone de una delegación norteamericana dispuesta a endosar lo que le presente:
«De paso, pone en evidencia el carácter totalmente falaz de lo que se lee en la intervención de la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del pasado 13 de mayo. Su lectura (véasetexto) confirma que lo que afirma Israel, lo repite Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad: ambos Estados coïnciden en absolutamente todos los aspectos relacionados a Gaza«.
La explicación de voto brindada por Estados Unidos este 4 de junio (véase texto) confirma nuevamente que todo lo que Israel afirme, lo endosa en modo automático Estados Unidos como suyo ante el Consejo de Seguridad, sin ningún tipo de reserva.
Este reciente reportaje de la BBC (altamente recomendado debido a la calidad de las tomas y de los videos) sobre el bombardeo del hospital europeo de Gaza por parte de Israel el pasado 14 de mayo desmiente todas las afirmaciones de Israel y de sus círculos de influencia según las cuales, los militares israelíes proceden a bombardeos cumpliendo con las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario. Este reportaje (véase enlace) realizado en Francia por periodistas de Le Monde y otros medios europeos en este inicio del mes de junio del 2025, ofrece evidencia documentada de los ataques deliberados de Israel a comunicadores, operadores de drones y periodistas palestinos en Gaza, en abierta violación a las reglas del derecho internacional humanitario. El Committee to Protect Journalists denunció la muerte de tres comunicadores el pasado 5 de junio en Gaza (véase nota) y circuló una petición pidiendo acceso a Gaza para la prensa internacional (un acceso que prohibe Israel), reuniendo 200 firmas de medios de prensa de todo el mundo (véase texto y en el número 46, el único medio costarricense firmante de esta petición: el medio digital Delfino.cr).
Con relación a Costa Rica y al mutismo de sus máximas autoridades, este 11 de junio se informó de una petición de cientos de ciudadanos exigiendo a sus autoridades alzar la voz ante la intercepción realizada por Israel de una flotilla humanitaria (véase nota de ElMundo.cr).
El voto probable en la Asamblea General
Dado el veto de Estados Unidos, es muy probable que la Asamblea General de Naciones Unidas solicite una sesión urgente de la Asamblea General en los próximos días, durante la cual es posible que un texto muy similar sea sometido al voto de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas: véase al respecto nota de PassBlue con fecha del 10 de junio, que cita extractos del proyecto de resolución a ser votado que circula en Naciones Unidas desde hace varios días.
A diferencia de otras votaciones, esta vez Australia, Canadá, Reino Unido y otros Estados cercanos a Israel votarán a favor del texto. Se prevé que en América Latina, únicamente Argentina y Paraguay votarán en contra, conjuntamente con Estados Unidos, Israel, Hungría y un pequeño grupo de islas del Pacífico.
A no ser que Israel y Estados Unidos logren nuevamente convencer a algunos Estados de Centroamérica, como ya se ha podido observar en algunas ocasiones pasadas (Nota 4).
Con relación a Paraguay, este 9 de de junio Paraguay informó del reforzamiento de su lazos bilaterales con Israel (véase comunicado oficial), al tiempo que La Nación de Argentina titulaba en esa misma fecha una extensa entrevista a un ex diplomático de Israel de la siguiente manera: «Si los únicos amigos que tiene Netanyahu son Orban y Milei, tiene un problema» (véase artículocuya lectura completa se recomienda).
De manera poder visualizar posibles votos en contra y abstenciones con las cuales no contarán esta vez Estados Unidos e Israel, remitimos a continuación al voto de la resolución del 27 de octubre del 2023, que recogía el texto vetado por Estados Unidos 9 días antes en el Consejo de Seguridad.
A modo de conclusión
Mientras el mundo observa horrorizado la extrema violencia que Israel le impone a la población civil de Gaza desde largos meses y mientras que se multiplican las manifestaciones oficiales de repudio al accionar de Israel desde inicios de mayo, Israel continúa sus operaciones militares diarias sobre Gaza. A la vez, mantiene el bloqueo a la ayuda humanitaria a Gaza, aventurándose a una entrega personalizada por parte de una fundación privada que ha demostrado ser incapaz ante el desafío que supone entregar ayuda humanitaria a 2,3 millones de personas hambrientas y desesperadas.
Es tal la coincidencia existente entre Israel y Estados Unidos que las actuales autoridades norteamericanas no encontraron nada mejor que adoptar sanciones contra cuatro juezas que integran a la CPI, causando el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (véase anuncio oficial de la diplomacia Estados Unidos, así como el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio yel comunicado oficial de la CPI como tal del 5 de junio). En febrero del 2025, se habían manifestado en defensa de la CPI y contra estas sanciones más de 80 Estados (véase texto colgado por el aparato diplomático de Países Bajos): se notará la ausencia en América Latina de Argentina, Ecuador, El Salvador, Haítí, Paraguay así como de Venezuela. No resulta de más recordar que en América Latina dos Estados (que no se citan en la precitada lista), persisten en no ser Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998: Cuba y Nicaragua.
Como muchos otros, en este mes de junio del 2025, Francia exigió a Estados Unidos retirar inmediatamente estas insólitas sanciones (véase comunicado del 6 de junio). De igual manera se pronnció la Unión Europea / UE (véase nota del TimesofIsrael). En el caso de Perú, del cual es oriunda una de las juezas objeto de sanciones, se pudo leer este comunicado de prensa, al igual que este otro comunicado oficial emitido esta vez por Chile en defensa de la justicia penal internacional de La Haya (véase texto).
Ya en el 2020, habíamos tenido la oportunidad de analizar la sanciones tomadas por parte de Estados Unidos contra el personal de la CPI, motivadas también para proteger a Israel, sin que ello fuera explícitado por las autoridades norteamericanas (Nota 5): en aquel momento (setiembre del 2020), sí pudimos referirnos al comunicado oficial de Costa Rica en defensa de los principios y de los valores contenidos en el Estatuto de Roma. En este mes de junio del 2025, la ausencia de toda manifestación por parte de Costa Rica pareciera formar parte del mutismo absoluto al que se ve sometido su aparato diplomático con relación a Israel, observado en los últimos meses.
Notas:
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Gaza / Israel: un cerco de la justicia internacional que se va estrechando sobre Israel y … una Costa Rica omisa«, 9 de mayo del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: breves reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad presentado por Brasil«, 18 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: un cerco de la justicia internacional que se va estrechando sobre Israel y … una Costa Rica omisa«, 9 de mayo del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: Con relación al proyecto de resolución de Brasil vetado por Estados Unidos el 18 de octubre del 2023, el voto en el seno de la Asamblea General del 27 de octubre del 2023 registró 120 votos a favor, 15 en contra (entre los cuales se registran los de Guatemala y Paraguay) y 45 abstenciones (entre las que figura la de Uruguay): véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la abrumadora mayoría con la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución pidiendo un alto a la violencia en Gaza y el respeto al derecho internacional humanitario«, 27 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, 2 de setiembre del 2020. Texto disponible aquí. Una versión fue publicada en el sitio de la UCR el 24 de setiembre, en la sección Voz Experta, disponible en este enlace. Sobre las saciones dictaminadas en este mes de junio por la actual administración norteamericana, véase GALBRAITH J., «US sanctions on the International Criminal Court: the details and the pattern», Verfassungsblog, 7 d ejunio del 2025. Texto integral disponible aquí.
Documento/Material: texto del proyecto de resolución S/353/2025 vetado por Estados Unidos el 4 de junio del 2025 en el seno del Consejo de Seguridad:
Versión en español:
Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia:
proyecto de resolución
El Consejo de Seguridad,
Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Recordando sus resoluciones pertinentes sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina,
Expresando grave preocupación por la catastrófica situación humanitaria, incluido el riesgo de hambruna mencionado en el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, y por los últimos acontecimientos ocurridos en la Franja de Gaza, y reafirmando que todas las partes deben cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanitarios, según proceda, y el derecho internacional humanitario,
Expresando también apoyo a las gestiones que están realizando Egipto, los Estados Unidos de América y Qatar para que las partes vuelvan inmediatamente a aplicar el acuerdo de alto el fuego en todas sus fases, indicadas en la resolución 2735 (2024), lo que permitiría lograr el fin permanente de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes, el intercambio de prisioneros palestinos, la devolución de todos los restos mortales y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, así como el inicio de un gran plan plurianual de reconstrucción para Gaza,
1. Exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza que deberán respetar todas las partes;
2. Recuerda su exigencia de que sean liberados de forma inmediata, digna e incondicional todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos;
3. Exige el levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su distribución segura y sin trabas a gran escala, incluso por parte de las Naciones Unidas y los asociados humanitarios, en toda la Franja de Gaza, así como el restablecimiento de todos los servicios esenciales con arreglo al derecho internacional humanitario, los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y sus resoluciones pertinentes;
4. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión
Versión en inglés:
Algeria, Denmark, Greece, Guyana, Pakistan, Panama, Republic of Korea, Sierra Leone, Slovenia and Somalia:
draft resolution
The Security Council,
Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
Recalling the relevant resolutions of the Security Council on the situation in the Middle East, including the Palestinian question,
Expressing grave concern over the catastrophic humanitarian situation, including the risk of famine identified in the IPC report, and the latest developments in the Gaza strip, and reaffirming that all parties must comply with their obligations under international law, including international human rights law, as applicable and international humanitarian law,
Expressing also support to the efforts of Egypt, Qatar and the United States of America to immediately bring parties back to implementing the ceasefire agreement in all its phases as reflected in Security Council resolution 2735 (2024) leading to a permanent end to hostilities, the release of all hostages, the exchange of Palestinian prisoners, the return of all remains, and the full withdrawal of Israeli forces from Gaza as well as the start of a major multi-year reconstruction plan for Gaza,
1. Demands an immediate, unconditional and permanent ceasefire in Gaza respected by all parties;
2. Recalls its demand for the immediate, dignified and unconditional release of all hostages held by Hamas and other groups;
3. Demands the immediate and unconditional lifting of all restrictions on the entry of humanitarian aid into Gaza and its safe and unhindered distribution at scale, including by the UN and humanitarian partners, throughout the Gaza Strip as well as the restoration of all essential services in line with international humanitarian law, the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, and the relevant resolutions of the Security Council;
4. Decides to remain actively seized of the matter
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Bombing plants, severing pipelines: Israel pushes Gaza water crisis to the brink».
El festival cultural La cordillera del viento invita el sábado 28 de junio a las 4:00 pm -en Las Cabañas de Apaneca, El Salvador- a la presentación del libro de Mauricio Valdez: “La estrategia del Puercoespín: Centroamérica y el paso entre los océanos 1821-1969”.
El libro analiza momentos cruciales de la historia de Centroamérica, enfocándose en la quimérica, pero real resistencia que los gobiernos y movimientos políticos liberales opusieron a las grandes potencias que deseaban controlar el canal interoceánico y sus rutas de acceso. Al igual que el puercoespín que eriza sus púas para intentar disuadir a los depredadores, los centroamericanos desplegaron un arsenal de medidas políticas, económicas y militares.
El sector oeste de la provincia de Cartago, que hoy alberga la Zona Franca la Lima, siempre estuvo ligado a la actividad productiva del país, pero lo que hoy son pujantes fábricas dedicadas a la producción de insumos médicos y otras industrias de capital externo, en otro momento fue asiento de fincas cafetaleras y ganaderas en poder de empresarios nacionales.
Según un reportaje reciente publicado en el periódico digital el Mundo, en 10 años la zona Franca La Lima (ZFLL), se consolidó como uno de los motores del desarrollo económico de la región de Cartago, dedicado al sector de ciencias de la vida y manufactura avanzada, a partir de la confianza que han depositado las compañías globales en este parque empresarial que posee una infraestructura de clase mundial, una robusta red de talento humano y un entorno operativo comprometido con la sostenibilidad y la innovación.
El reportaje, menciona que en estos 10 años, logró atraer inversiones por más de USD $1.186 millones, generó más de 8.500 empleos directos, desarrolló 257.000 metros cuadrados en infraestructura de clase mundial, y se posicionó como un epicentro de innovación, tecnología y sostenibilidad. Lo que inició como una visión ambiciosa de desarrollo industrial en Cartago, se tradujo en un parque empresarial que hoy aloja 17 compañías multinacionales de 6 países distintos.
Este parque exportó USD $0,4 millones en 2014, y 10 años después acumula USD $4.577 millones en ese mismo rubro. Solo en 2024, ZFLL generó USD$1.478 millones en exportaciones (lo que equivale al 7.3% de las exportaciones de bienes de todo el país), y proyecta duplicar su impacto en los próximos años.
Se menciona que esta zona franca ha evolucionado hacia algo mucho más grande que infraestructura, ya que se ha constituido en una plataforma de crecimiento para empresas líderes, un punto de atracción de talento altamente capacitado y un referente de cómo la sostenibilidad puede integrarse a la operación con excelencia. Este parque ha demostrado que es posible competir a nivel global desde Cartago, con altos estándares, un ecosistema articulado y un modelo que apuesta por el bienestar y la innovación
Según el artículo, la ubicación estratégica de esta zona franca no sólo responde a criterios geográficos, sino también a una clara ventaja competitiva: su cercanía con uno de los ecosistemas de talento más sólidos del país. Cartago se ha consolidado como un epicentro de mano de obra de primer nivel, gracias a la presencia de universidades de prestigio, como el Instituto Tecnológico, colegios técnicos como el COVAO y centros de formación parauniversitaria como el INA que impulsan el desarrollo de profesionales especializados, que están alineados con losrequerimientos de la manufactura avanzada y con la tecnología.
Se afirma que Cartago ofrece condiciones únicas: una ubicación estratégica, centros educativos de excelencia, mano de obra altamente calificada y una profunda conexión entre la academia y la industria
Y es que la estrategia del parque ha estado centrada en atraer empresas con alto valor agregado, pero también en conectar esas oportunidades con el talento local. El 85% de la fuerza laboral del parque proviene de la provincia de Cartago.
Durante el 2025, las empresas instaladas en La Lima proyectan la generación de 1.500 nuevos empleos directos, una cifra que reafirma el crecimiento sostenido del parque, Con una proyección de más de 15.000 empleos directos cuando alcance su máxima capacidad.
Finalmente, la empresa desarrolladora de la zona franca, reconoce el impacto que ésta ha tenido en la economía de este sector y de la provincia de Cartago, en vista que la inversión realizada, ha estado dirigida a invertir en el bienestar de las comunidades, en la generación de empleo de calidad y en el impulso de sectores clave de la industria y de la tecnología. (Elmundo.cr,29-4-2025)
Pero, frente a la consolidación del parque empresarial de la Lima, nos preguntamos a qué se dedicaba esta área geográfica y si en el pasado este sector de Cartago, estaba integrado a la producción y a la economía nacional, como sucede ahora, reuniendo a grandes empresas que generan inversión, empleo y aporte a las exportaciones.
Es bueno recordar que desde inicios del siglo XX y en mayor medida a mediados del siglo pasado y por espacio de varias décadas, esta área geográfica estuvo dedicada a la producción agropecuaria, especialmente a las actividades cafetaleras y ganadera, con participación también en la producción de granos y de caña de azúcar.
En fincas de gran extensión, como las de Mariano Guardia, los Piza y otras más al sur de la ubicación actual de la zona Franca la Lima y en los terrenos que ocupa actualmente el Parque industrial de Cartago, fincas de otros empresarios como René Picado y José Joaquín Peralta, representaban la principal actividad económica de este sector, perteneciente en parte al distrito de Guadalupe y a la Lima de Taras de Cartago.
Estas fincas en estos distritos eran parte de una extensa zona agropecuaria conformada según el censo agropecuario de 1963, por cerca de 147 fincas en Guadalupe, con una extensión de 3.196 manzanas y 101 fincas con una extensión de 3.408 manzanas en San Nicolás, que se extendían hasta Coris al suroeste y colindaban con los montes de la Carpintera al oeste, su barrera natural. (INEC, Censo Agropecuario 1963, pag.3)
Esas fincas como dijimos se dedicaban a la producción de café, de ganado, de caña de azúcar y de granos, muchas de ellas eran grandes extensiones, de más de 50 y hasta 600 manzanas, en poder de empresarios agrícolas de San José y Cartago, que no vivían en la finca, pero que las visitaban casi semanalmente, y que por lo general contrataban administradores y mandadores, que si vivían en las fincas o en sus alrededores.
Es posible recordar la calle de tierra que daba acceso a la entrada de las fincas de Guardia y Piza, (que en la actualidad es casi la misma que da acceso a la zona Franca), que llegaba hasta las entrada de las fincas que estaban próximas entre ellas, resguardadas por grandes portones de hierro, que daban acceso a callejones que cruzaban las fincas y a las casas de los administradores.
Aunque es difícil establecer cuántas fincas se dedicaban a cada cultivo en los distritos mencionados en esos años, es posible determinar que en el cantón central de Cartago, que los incluye, había según el Censo del 63, más de 500 fincas de café y cerca de 600 fincas dedicadas a la actividad ganadera, de todos los tamaños.
Cartago, era una provincia eminentemente agrícola y cafetalera, así como sus cantones y distritos, era la tercera provincia más productora del país y el cantón central de Cartago, al que pertenecen los distritos mencionados, producía el 17% de la producción de la provincia y era gran generador de empleo agrícola.
Se estima, según el mismo Censo, que se generaban 7.357 empleos permanentes y temporales de trabajadores agrícolas o jornaleros en el cantón central de Cartago, de los cuales, 849 eran de Guadalupe, 555 de San Nicolás, 583 de Tobosi y 3.010 de Corralillo, es decir la actividad agropecuaria era la principal fuente de empleo para la población de estos distritos. (INEC, Censo agropecuario de 1963, pag.279)
A pesar de que la información del censo de 1963 no permite determinar el aporte de la producción de café y la ganadería a la economía nacional y el valor de las exportaciones que salían de esa zona de Cartago, es posible establecer la estrecha relación de esas actividades con la generación de empleo e ingresos para las familias de la época, ya que las labores permanentes de las fincas y las temporales (como los recolectores de café) atraían la mayor parte de la mano de obra cartaginesa.
Pese a que se trata de actividades económicas distintas antes y ahora, podríamos señalar que, en la misma área geográfica, hace más de 60 años, la producción en las fincas agropecuarias ocupaba esas tierras y generaba cerca del 90% del empleo, que ahora ocupa la manufactura avanzada de las empresas de la zona Franca de la Lima, las cuales generan el 85% del empleo de los distritos del cantón central de Cartago.
A través de los años, el sector oeste de Cartago ha sido una zona estratégica para la economía regional y nacional y representa la transición de la Costa Rica agrícola y rural del siglo XX, a la Costa Rica industrial y tecnológica del siglo XXI.
Imagen: La actividad agrícola cede terreno ante la tecnología.
La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y la Editorial UCR, invita a la comunidad al público a la presentación del libro “¿Sin propósito de enmienda? El vaciado de la legitimidad democrática”, escrito por el Dr. Manuel Solís Avendaño. Esta obra plantea una reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta la legitimidad de los sistemas democráticos contemporáneos.
La actividad se llevará a cabo el miércoles 25 de junio de 2025 a las 5:00 pm, en la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, ubicada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. El autor del libro, Manuel Solís Avendaño, es un académico reconocido por sus investigaciones en temas de derecho constitucional, teoría política y democracia.
El evento contará con los comentarios del Dr. Rotsay Rosales Valladares, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la UCR. Además de la moderación por la Dra. Adriana Sánchez Lovell, quien facilitará el intercambio entre el autor, el comentarista y el público asistente.
Esta presentación no solo constituye un espacio académico para la divulgación de una nueva publicación, sino que también se convierte en un foro para la crítica constructiva y el diálogo ciudadano, esenciales en una sociedad democrática que busca fortalecer sus valores y mecanismos de representación.
1 Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
En apariencia los ciudadanos costarricenses estamos tranquilos, como siempre respetando el civilismo heredado de otros tiempos, del equilibrio entre la sociedad civil y el Estado, en una época que confiábamos de la estabilidad laboral, seguridad social, vivienda popular, participación ciudadana, con un Código de Trabajo digno y leyes justas. Nunca imaginamos el incremento de la pobreza, inseguridad ciudadana, precariedad en los servicios de salud públicos ni su atención privada solo para pudientes, además de ser una atención mercantilizada y corrupta. También se tenía un sistema judicial oportuno, consistente y pertinente, mientras que en la actualidad existe una negligente práctica administrativa que absurdamente regula el cumplimiento jurídico y como tal, sometida a las jerarquías y procesos inventados para eludir reglamentos, leyes e incluso la propia Constitución de la República. Así, la Sala Constitucional con cientos de resoluciones contradictorias e inapelables y con muchas otras demandas que esperan años sin resolver, a pesar de las evidencias que violentan el espíritu y letra de nuestra Carta Magna. Ello, viola la democracia, los derechos ciudadanos, al orden institucional, al estado social de derecho y de lo mucho que enorgullece moral y socialmente nuestro pasado.
Tampoco conocimos gobernantes que amenazaran a la ciudadanía y la sociedad con la creación de hordas fascistas entre las fuerzas policiales, ni inducir el descontento social contra la institucionalidad pública, que paradójicamente, el propio gobierno estrangula, agudizando su crisis y liquidación. Los fantoches del poder que transgreden permanentemente las históricas conquistas sociales se creen omnipotentes e inmunes por haberse debilitado y liquidado las diversas formas organizativas defensoras de los trabajadores, de la ciudadanía y de la democracia, efectuada por el poder estatal, los partidos políticos y por la traición y corrupción de quienes los representaban.
Los jóvenes de hoy que no conocieron ese Estado ni sociedad sobre nuestro inédito pasado, en parte, por la precariedad de la educación y porque la historia nacional no es la historia del pueblo costarricense que ha sido invisibilizado e ignorado por los individuos que se han impuesto como los hacedores de la historia nacional. La historia es una construcción por el pueblo, no de individuos de rancias familias ni partidos que se han apropiado del pasado costarricense y que aun gozan de privilegios y monopolizan la vida política. Reivindicar la actuación del pueblo es una necesidad en momentos que otros buscan usurpar y privatizar el futuro nacional.
El poder político y económico oculta y desconoce la voluntad capacidad de actuación del pueblo en la historia, para inventar e imponer que el pasado costarricense fue obra de individuos, nunca de pensamientos y actuaciones concientes y consecuentes de la colectividad popular, al que imaginan, aun en nuestros días, ser solo objetos del poder racista y segregacionista.
La relativa inercia y responsabilidad es de los jóvenes, no los culpabiliza, es el sistema, la educación y de los medios, que sistemática e intencionalmente, nos quieren ignorantes e intentan borrar la historia y cultura de los pueblos, para destacar exclusivamente el amarillismo, el fascismo y el poder geopolítico dominante, como expresión de la tiranía política y delincuencial existente.
Un pueblo que ignora su pasado está condenado a perder su identidad, su futuro y humanidad. Conocer nuestra historia trasciende el ámbito cognoscitivo, porque no se trata solo de conocimiento sobre la verdad de los procesos ocurridos, es la impronta que otorga significación, responsabilidad y compromiso al devenir colectivo del pueblo. Es el sello peculiar y característico que va más allá de los acontecimientos sociales que marcaron, no solo su pasado, también contribuyen a conocer el presente y que guían su futuro. Asimismo, analizar el pasado a partir del presente, nos permite interpretar y descubrir muchos de los dilemas y luchas del presente.
Historia y cultura se confunden en una unidad política identitaria, peculiar e inédita, quizás por ello, la dominación política actual aun lucha contra la legitimidad social del pasado, como un fantasma que amenaza su existencia, no solo como parte de la historia, sino porque los intereses, ambiciones, conflictos políticos y de clase, no han desaparecido, por el contrario, se han radicalizado contra los subalternos, la sociedad y la humanidad. La historia oficial ha formalizado, ideologizado y privatizado el poder del presente en un pasado inventado.
Desde luego, esta reflexión no será comprendida por el gobierno actual, por los liberales empiristas ni por los tecnócratas de la economía, que todo lo reducen a magnitudes sobre las finanzas del estado y de la riqueza privada, nunca sobre las repercusiones sociales que causa el mecanicismo economicista promovido y protegido por las tiranías políticas, tampoco han comprendido que la economía como ciencia es una relación social e histórica, que no son cantidades ni representan realidades complejas. Las tragedias sociales y ambientales ocasionadas por esas técnicas solo son vistas como daños colaterales inevitables, como si la sociedad y el mundo estuviera gobernado por una máquina que no puede ser modificada, reprogramada ni destruida. La estupidez de los tecnócratas económicos y de los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, son máquinas robotizadas con algoritmos, pero no son esclavos del poder, son simplemente cosas sin vida ni conciencia, por ello se sustituyen y se olvidan, por inservibles.
Una economía sin sociedad, cultura ni historia, nunca podrá ser ciencia. Las mediciones económicas son vacías y superficiales, como el medir el valor de la producción con el Producto Bruto Interno (PIB), o el pseudo equilibrio fiscal, de ningún modo representan la complejidad de una sociedad, como tampoco la riqueza nacional, el bienestar social ni la suficiencia económica estatal. El enriquecimiento privado a través de los bienes y servicios finales en el mercado nacional, generados en un periodo temporal, de ningún modo es progreso nacional ni da cuenta de la situación económica de un país, como fue reconocido por su propio creador Simon Kuznets (1901-1985), a quien el Congreso de EE.UU le encomendó medir la crisis económica mundial de 1929-1932, «… el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse de una medida del ingreso nacional» (Kuznets, 1934).
El repetir incesantemente, como verdades absolutas, la situación cuantitativa y las previsiones económicas nacionales de los organismos internacionales, no solo muestra el mecanicismo tecnocrático de la economía, también son evidencias del absurdo desconocimiento del impacto del dinámico devenir político internacional, que inciden en el ámbito económico nacional, a la vez pone de manifiesto el corrupto e interesado compromiso geopolítico, del gobierno y de los partidos del poder, con el cómplice silencio ante la debacle humana con el genocidio contra el pueblo palestino y la confrontación bélica mundial.
Los propietarios del capital ni la jerarquía burocrática estatal crean riqueza ni son autosuficientes, como expresan algunos candidatos, que se disputarán la Presidencia de la República. De este modo, manifiestan su transparente ignorancia e incapacidad previsible, si obtienen los votos de aparente validez.
Explotar a los trabajadores y apropiarse de los recursos del pueblo y de la nación, son auténticos atentados contra la vida y el futuro nacional. Costa Rica nos pertenece a todos, no es un espacio social con dueño, ni el poder estatal es privado. No somos esclavos, somos ciudadanos creadores de nuestro presente y futuro común.
Este miércoles 12 de junio se llevará a cabo la primera sesión del curso virtual “El arte de envejecer con gracia”. Esta es una iniciativa impulsada por la Fundación Pedagógica Nuestramérica. La actividad está dirigida a personas interesadas en reflexionar sobre el envejecimiento desde un enfoque pedagógico y humano.
La sesión será impartida por la Dra. Anne Robert y la Dra. Fabiola Bernal a través de la plataforma Zoom, con horario a las 5:00 p.m para México y Centroamérica, y 6:00 p.m para Colombia. Esta actividad introductoria es gratuita y forma parte de un curso virtual más amplio con una duración de tres meses.
El Presidente de la República, como miembro de un Poder Supremo, debe ser juzgado mediante un procedimiento penal especial. En teoría, se supone que algunas de las máximas autoridades de un Estado, deben gozar de este privilegio para evitar que, de manera fácil y expedita, puedan ser cuestionadas y removidas de la función pública que ejercen. El tema no es pacífico pues se critica que estos procedimientos especiales se pueden prestar para fomentar protecciones extraordinarias, opuestas al principio de igualdad y muy cercanas a la impunidad. Pero eso es lo que está dispuesto por la Constitución y las leyes que nos rigen, y deben ser aplicadas mientras estén vigentes.
En Costa Rica presenciamos en la actualidad el transcurso de un enjuiciamiento de esta naturaleza. Conforme lo hemos ido conociendo, existió una denuncia penal contra el Presidente Chaves; el Fiscal General –por mandato legal- llevó a cabo personalmente una Investigación Inicial y ha concluido que hay elementos suficientes para levantar una acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia.
Aquí da inicio una de las fases especiales a las que nos referimos. Se requiere un antejuicio en el que la Corte votará si, en efecto, nos encontramos ante la comisión de uno o varios delitos (ateniéndonos estrictamente a la descripción de hechos que hace el Fiscal), y si procede el pase o traslado del asunto a la Asamblea Legislativa para que ésta, a su vez decida, por mayoría calificada de 38 votos, si se levanta elfuero que protege al Presidente, y corresponde regresar el asunto a sede jurisdiccional, esta vez a la Sala Tercera de la Corte Suprema, encargada de instruir la causa y dictar sentencia. El derecho a la doble instancia está garantizado por un recurso ante el Pleno de la Corte.
Para esta etapa de antejuicio, tanto en sede de Corte como en sede legislativa, no corresponde hacer juicios de culpabilidad o inocencia; tampoco procede valorar la prueba aportada, ni si ésta es decisiva, pertinente o suficiente.
Como puede verse, nos enfrentamos a un procedimiento complejo, que mezcla elementos políticos con elementos jurídicos, razón por la cual vale la pena detenerse en las debilidades y riesgos que alberga nuestro régimen para el juzgamiento de miembros de supremos poderes, y advertir acerca de ciertos riesgos o vicios a los que podemos vernos arrastrados.
En primer lugar, los juzgadores, en este caso Magistradas y Magistrados de Corte, han jurado cumplir con la Constitución y las leyes. Sus decisiones han de regirse estrictamente por el contenido de estas normativas y no se vale hacer cálculos (personales o de grupo), ni siquiera en función de valoraciones subjetivas de lo que puede ser más justo o más oportuno.
En segundo lugar, sea lo que sea que decidan estos altos jueces, la legitimidad política de lo que resuelvan, sólo puede radicar en las buenas razones que le den, tanto a las personas involucradas en el conflicto, como sobre todo a la comunidad ciudadana que espera, no sólo que las decisiones se tomen, sino que éstas resulten razonablemente convincentes.
Nos vemos entonces obligados a considerar algunas de las debilidades y vicios de nuestro sistema. Las magistraturas, titulares y suplentes, son nombradas por la Asamblea Legislativa, órgano político por excelencia. Existe el peligro que el magistrado (a) titular “saque la calculadora” y empiece a preocuparse por su próxima reelección, o por el efecto que su decisión pueda tener en uno u otro sector partidario; o más grave aún, existe el riesgo de que el magistrado (a) suplente considere seriamente si la decisión a tomar afectará sus legítimas aspiraciones de llegar a titular. Tampoco podemos descartar, en el peor de los casos, la existencia del juez (a) venal, aquél que tiene afinado su olfato para congraciarse, en toda circunstancia, con el poder de la clase política.
En esta trama de sutilezas y detalles (donde se oculta el diablo), también hay que vigilar con atención, quiénes de los llamados a dictar decisiones, se ausentan, se enferman o se inhiben, y por cuáles motivos. De nuevo sólo las buenas razones serán validadas por un público que no coma cuento.
En fin, pensando más a futuro, para mitigar estas falencias, riesgos y vicios de nuestro sistema, deberíamos reformar el procedimiento para juzgar a miembros de supremos poderes. Si bien puede mantenerse un procedimiento especial para definir si se levanta el fuero, lo más sano sería que el juzgamiento en sí esté a cargo de las autoridades judiciales competentes conforme el procedimiento ordinario, y no vernos en la riesgosa situación de ver magistrados(as) juzgando presidentes, ministros, diputados y hasta compañeros de magistratura.
La deriva de una opción autoritaria en Costa Rica ya dejó de ser una imagen proyectada para otros países de la región. Nos alcanzó eso que alguien despectivamente y con cierto tinte de superioridad llamara “la centroamericanización” de Costa Rica.
A la vuelta de la esquina y con amplio apoyo popular, se cuece la construcción de una vergonzosa megacárcel para paliar, según sus impulsores, el aumento de la criminalidad en el país.
Lo que en otros momentos históricos era impensable, hoy está a punto de ser un hecho que contradice a todas luces la larga tradición democrática costarricense, que empieza lentamente a palidecer.
La excepcionalidad que hasta hace algunos años nos mostraba como punto y aparte en el escenario centroamericano, fue pulverizada en pocos lustros por un sistema económico desigual y aniquilador, un escenario político inquietante y algo turbio en sus alianzas con actores poco claros y altamente cuestionados y, como hemos dicho en varias ocasiones, el agotamiento de un contrato social que espera por una nueva edición para reconstruir el proyecto de eso que utópicamente llamamos “ la vía costarricense”.
Por lo pronto, en algunas países centroamericanos esa deriva autoritaria mantiene su dinámica.
Esta semana veíamos con estupor la forma artera en la que Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización social salvadoreña Cristosal, dedicada a defender los derechos humanos de su país, era presentada ante la fiscalía.
La funcionaria había sido detenida el mes pasado luego de hacer serios cuestionamientos al gobierno de Nayib Bukele, como una muestra más de la escalada en la represión a las voces críticas y cuestionadoras a esta gestión. Algo que inquietantemente empieza a mezclarse en el entorno costarricense con la puesta de bozal a la prensa y otros hechos recientes.
Desde diferentes frentes de organismos sociales y civiles salvadoreños se han realizado pronunciamientos para exigir la liberación de López, sin un resultado positivo. Esto se suma a la reciente aprobación de la Ley de Agentes extranjeros, una herramienta que permite al gobierno salvadoreño discrecionalidad sobre qué organizaciones sociales pueden permanecer en su país y si permanecen, “contribuir” con un tributo de renta del 30%.
Una más: tres periodistas del medio de comunicación El Faro dejaron El Salvador en los últimos días ante una inminente amenaza de detención en su contra. Es de sobra conocido el rol cuestionador de este medio a las políticas represivas del gobierno de Bukele que, a fuerza de negociaciones con los líderes de las pandillas, ha bajado la criminalidad, pero han aumentado las detenciones y desapariciones de personas sin ningún nexo con esta actividad.
En Costa Rica la impronta autoritaria está tocando la puerta, asomándose por una rendija a ver si el escenario le es propicio.
Y sí que lo es.
Por ello, no deja de preocupar diagnósticos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, al escribir el capítulo para Costa Rica en relación con el estado de los derechos en los distintos países de la región, mencionaba:
“La CIDH observa con preocupación la situación de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la respuesta estatal, así como los señalamientos de afectaciones a la independencia judicial. También preocupa las denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con la consulta previa y la delimitación territorial; así como las brechas significativas en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales para grupos en situación de riesgo como personas en movilidad humana, mujeres y personas mayores”.
La respuesta estatal a la que se refiere la CIDH es en realidad una inacción, justificante para el siguiente paso: la constitución de un espacio represivo que alimente las necesidades de la población de vivir sin temor en un país cuyo pacifismo también fue pulverizado por los hechos fácticos del modelo.
Es claro. Hay cosas que se parecen y mucho en estos escenarios. Si la reserva moral e institucional nacional a la que le queda menos de un cuarto de tanque no es suficiente, habremos perdido el proyecto país para siempre.
A esta generación le tocó la hora. No es poca cosa. Es el momento del punto del no retorno. Asumamos cada cual los funciones que nos corresponden para intentar recuperarnos.
La confrontación entre órganos de decisión política y poderes de la República, la violencia que se manifiesta en la calles y el abandono de agendas proclives a la defensa de los derechos humanos representan síntomas de que el Estado costarricense avanza hacia un estado de violencia estructural “que se expande por todo el territorio nacional”, de acuerdo con el más reciente informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).
Esta situación facilita que exista un vacío en la generación de acuerdos importantes para el país, mientras que la desigualdad económica y social continúa afectando a la población, lo que es perceptible en áreas como la educación, el medio ambiente, los programas sociales y la infraestructura pública.
Carlos Carranza, académico de la UNA y coordinador del programa, fue crítico al señalar que “a través del análisis de diversos temas clave, se expone una coyuntura marcada por tensiones políticas, desafíos estructurales y una sensación general de incertidumbre”.
Lo que en anteriores informes de este programa se advertía, se convirtió en la constante en el primer cuatrimestre de 2025: un estilo discursivo del presidente Rodrigo Chaves marcado por el enfrentamiento con otros sectores políticos y sociales, como ocurre con la Asamblea Legislativa, y particularmente, con el presidente de este poder, Rodrigo Arias.
Utilizar mensajes con tono confrontativo, dirigirlos por medio de canales fuera de la comunicación formal y atizados por la ausencia de una cabeza en el Ministerio de la Presidencia que sirva como puente, son parte de las relaciones que se han establecido en el periodo de análisis. Sin embargo, ese choque ha ido mucho más allá de la relación Zapote-Cuesta de Moras y se vio amplificado en la marcha contra el fiscal general, en la que participó el propio mandatario y su gabinete.
El uso continuo del veto presidencial ante proyectos de ley que no son de interés del Poder Ejecutivo y el incremento en las tensiones con otras instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) complementan el estilo gubernamental. “Esta actitud ha contribuido a una atmósfera de polarización y debilitamiento del diálogo institucional”, agregó Carranza.
La violencia estructural no solo se alimenta con el discurso confrontativo de parte del Gobierno hacia otras entidades. Se ha convertido en un hecho social recurrente que tiene otras manifestaciones, como sucede los femicidios, que alcanzan la cifra de 17 casos en lo que va del 2025.
El informe destaca que la actual Administración no ha logrado revertir “esta tendencia preocupante” de la violencia estructural y que, más bien, ha dado un giro en su política hacia un enfoque neoconservador en temas de derechos humanos, protección de minorías y atención de la población migrante.
El informe recoge varios elementos al respecto: la aceptación por parte de Costa Rica de personas migrantes expulsadas de Estados Unidos, la posición ambigua que el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, mantuvo en una presentación ante el plenario de la Asamblea Legislativa y la emisión de un decreto que restringe el financiamiento y el apoyo político a la Agenda 2030 relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Estas decisiones debilitan la posición de Costa Rica en el contexto global”, indicó Carlos Carranza.
Rezago en sectores
Como en cascada, la incertidumbre generada por la falta de cohesión política afecta a otros sectores. En el plano social, el informe recoge que, si bien se registra una leve reducción en los índices de pobreza, ésta se ve acompañada de un aumento en la desigualdad, producto de la reducción de financiamiento en programas sociales y de una atención insuficiente a instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El rezago en la infraestructura hospitalaria, que se evidencia en mayor medida con la construcción del nuevo hospital en Cartago, la falta de solución a las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y citas, la fuga y renuncia de médicos especialistas y el conflicto generado con la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), por parte de cooperativas, son el reflejo de la decadencia en la sistema de seguridad social.
En materia ambiental, el programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense cuestiona con inquietud si existe una política clara en este ámbito. Más bien, apunta a las dudas y críticas generadas entre el interés público y el privado, en casos como la tala de árboles en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. “Por ello, cuestionamos la existencia de una estrategia coherente y señalamos la pérdida de rumbo en programas tradicionalmente emblemáticos”, agrega el informe.
En el área de la infraestructura, el análisis matiza entre avances y limitaciones. El académico de la UNA indicó que existe un esfuerzo continuo por mejorar la condición de algunas vías, pero en el proceso ocurren tropiezos, como el caso de la construcción de la carretera a Limón y los problemas suscitados por las rotondas que sustituyeron los pasos a desnivel que originalmente se plantearon en el proyecto.
Lo mismo ocurre con la apertura, este año, del paso elevado en La Lima, de Cartago, que no ha estado exenta de críticas, mientras que la propuesta de un tren eléctrico, la planificación vial y la falta de atención de riesgos en carreteras y puentes que representan un riesgo real para los usuarios, según alertó el Lanamme de la UCR, están entre las tareas que registran un avance muy lento.
El panorama vuelve a tornarse crítico en materia de educación. Ante la falta de una ruta, denuncia el informe, se suma una reducción inédita en la inversión educativa, un modelo organizativo a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) discordante con las demandas actuales y la necesidad de mejorar los planes de enseñanza, para fortalecer la competitividad y el talento humano que promuevan la movilidad social.
“Luego de tres años sin tener una ruta clara, el sistema educativo se muestra estacando, con una inversión menguante y una organización desfasada, lo que compromete el futuro ciudadano”, describió Carranza.
Finalmente, el informe denota un escenario de conflictividad en el ámbito del comercio exterior tras la imposición de aranceles a las exportaciones costarricenses por parte del gobierno de Estados Unidos y la necesidad de establecer una estrategia a largo plazo.
El análisis concluye con una expectativa poco halagüeña de cara al segundo semestre del año: “A menos que se realicen esfuerzos deliberados por cambiar el rumbo, todo indica que esta será la tónica que prevalecerá durante el resto del año, especialmente si el presidente continúa reforzando este clima mediante un lenguaje simbólico cargado de tensión”.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
SURCOS comparte la presentación utilizada en la exposición del análisis: descargar aquí.
