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Cubanos residentes en Costa Rica apelan a embajadora de EEUU

San José, 13 oct (Prensa Latina) Cubanos residentes en Costa Rica apelaron hoy a los buenos oficios de la embajadora de Estados Unidos en este país, Cynthia Telles, para que su gobierno flexibilice las sanciones económicas contra Cuba.

La misiva de la Asociación Cultural de Cubanos Residentes en Costa Rica «Antonio Maceo» a Telles fue entregada por su presidente, Juan Mesa, en la embajada de Estados Unidos en esta capital.

Apunta que «apelamos a sus buenos oficios para expresarle al gobierno de los Estados Unidos, la necesidad de que, en estas complejas circunstancias, se flexibilicen las sanciones económicas que mantiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba».

Ante todo, expresamos nuestras más sentidas condolencias al pueblo norteamericano, por las pérdidas de vidas ocurridas durante el paso del huracán Ian por Florida y por otros estados de los Estados Unidos. Vaya aquí nuestra solidaridad con los miles de damnificados, indica la misiva.

Refiere que los suscriptores son cubanos residentes en Costa Rica y señala que Cuba, nuestro país de origen, también ha sufrido el efecto del meteoro y lamenta la pérdida de dos vidas humanas, y hay miles de damnificados.

Tras referir que mantienen una relación de respeto y solidaridad con nuestra gente en la isla y con nuestro país, cubanos residentes en Costa Rica sostienen que en Cuba residen la mayoría de sus familiares.

Detalla que la destrucción que ha provocado el huracán en la isla ha sido tan intensa como en Florida y añade que Cuba necesita recursos y financiamiento para una pronta recuperación.

«Hoy en día, el embargo imposibilita o limita la llegada de esos recursos», insisten los integrantes de la Asociación.

Asimismo, prosiguen, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, una decisión sin fundamento establecida en los últimos días de la administración del expresidente Donald Trump, afecta gravemente al pueblo cubano.

Afirman que sería un buen paso en la dirección correcta, que se sacara a Cuba de esa lista espuria, pues -aseveran- esa inclusión provoca afectos negativos para todas las personas que viven en la isla.

«Deseamos que de la estela de muerte y destrucción que provocó el huracán, se levanten olas de solidaridad entre los pueblos de los Estados Unidos y Cuba. Que este momento sea una oportunidad para traer la distensión de las relaciones entre los dos gobiernos y que se beneficien ambos pueblos», subrayan los integrantes de la Asociación.

La misiva concluye con «anhelamos que este sea un momento en que se sienten las bases para la normalización de la relación entre ambas naciones. La situación es crítica, es urgente actuar. Los pueblos de Cuba y Estados Unidos lo agradecerán».

 

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/2022/10/13/cubanos-residentes-en-costa-rica-apelan-a-embajadora-de-eeuu

El proyecto de “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” violenta la autonomía de las universidades públicas y la institucionalidad

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Se encuentra en la corriente legislativa el proyecto denominado ‘Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior’ (expediente N° 23.380), presentado por el Poder Ejecutivo. Dicho proyecto violenta de manera flagrante aspectos centrales de la autonomía universitaria y, de aprobarse, tendría serias consecuencias para la institucionalidad del país.

¿Qué es la autonomía universitaria?

Al calor de la discusión de este proyecto, conviene refrescar el concepto de autonomía universitaria. “La autonomía incluye la libertad académica o de cátedra, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios y para decidir sobre el uso de los recursos que les provee el estado. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión. En el caso de Costa Rica, la autonomía universitaria está claramente establecida en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política. El cumplimiento de la misión académica, cultural y social de las universidades públicas requiere del ejercicio de la plena autonomía, para que puedan ser un espacio de pensamiento y acción libres, no supeditados a los poderes fácticos, sino al servicio de toda la sociedad.” (Gutiérrez, 2021).

¿Por qué violenta este proyecto la autonomía universitaria?

El artículo 4 del proyecto propone la creación del Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que estaría constituido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y por cuatro ministros o ministras del gobierno.

El artículo 5 dice textualmente: “Corresponderá al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. Para estos efectos deberá elaborar un Plan de Desarrollo de la Educación Universitaria Estatal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, las perspectivas de desarrollo de la investigación y extensión universitaria al crecimiento económico, social y ambiental del país. Este plan deberá definir metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo.  Para lo cual se elaborará un plan quinquenal y se definirán informes a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio.”

En otras palabras, el proyecto propone crear un nuevo organismo, con la participación de cuatro ministros o ministras, el cual elaboraría un plan nacional de desarrollo universitario, definiría metas, indicadores y resultados esperados. Es decir, el accionar de las universidades públicas estaría supeditado a este órgano y, para efectos prácticos, pasaría a ser controlado en gran medida por las autoridades de los gobiernos de turno. Esto liquidaría, en la práctica, el ejercicio de la autonomía universitaria, con todas las implicaciones que esto tendría.

El texto del proyecto de ley refleja un desconocimiento enorme del concepto de la autonomía universitaria. Por ejemplo, se dice que “es evidente que la autonomía universitaria está circunscrita a la parte organizativa de las instituciones y a las facultades de autogobierno de las universidades públicas costarricenses”. La constitución política y diversas resoluciones de la Sala Constitucional muestran, por el contrario, que la autonomía va mucho más allá de la parte organizativa de estas instituciones, ya que incluye decisiones y ámbitos que involucran muchos otros aspectos de la vida institucional, como señala la definición al inicio de este ensayo.

Resulta paradójico que el texto del proyecto recurra a citas de la Sala Constitucional para apoyar la propuesta, tergiversando el espíritu de varias de ellas, e incluye una cita (Voto 1313-03) que más bien confirma que este proyecto contradice los pronunciamientos emitidos por dicha Sala. En dicho voto, con respecto a la autonomía, se indica que: “…significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas (se refiere a las universidades, aclaración nuestra) están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley arriba citados contradicen drásticamente este texto de la Sala Constitucional.

¿Por qué es esencial mantener la autonomía universitaria?

Las universidades públicas cumplen roles esenciales en la vida del país. Por un lado, generan amplios contingentes de profesionales de excelente calidad que nutren los espacios privado y público del país. Un reflejo de esto es la alta empleabilidad de las personas que se gradúan de dichas instituciones. Además, las universidades son el principal reservorio de ciencia y tecnología de Costa Rica. Son centros que tienen una enorme proyección a la sociedad a través de múltiples formas de extensión que llegan a amplios sectores de la población en todo el país. Esta multiplicidad de aportes ha sido posible gracias al ejercicio de la autonomía.

Tan importante como lo anterior es el hecho de que, gracias a su autonomía, las universidades públicas son centros permanentes de reflexión sobre la realidad nacional. Este ejercicio de análisis, ejercido de forma autónoma, es fundamental, pues genera insumos de pensamiento y conocimiento que iluminan amplios aspectos de la vida del país. El trabajo universitario no debe estar regido por decisiones que emanen de los poderes políticos, pues ello aniquilaría ese sentido de reflexión permanente para convertirse en simples ejecutoras de políticas emanadas de poderes fácticos. Ello no implica de ninguna manera que las universidades no tengan una coordinación activa y profunda con los planes nacionales de desarrollo y con las instituciones del estado. Esta relación existe y siempre ha existido. Pero debe darse en el marco de su autonomía.

Lejos de lo que algunos piensan, incluyendo sectores del actual gobierno, el país necesita, para garantizar un desarrollo próspero y con equidad, de la existencia de universidades autónomas, en las que se estudie la realidad nacional y se cultiven saberes diversos, en un permanente ejercicio de reflexión, investigación y formación. También necesita la forja de profesionales que no solo sean competentes técnicamente, sino que posean una visión amplia de la realidad y puedan ser personas creativas, innovadoras y solidarias. Y requiere instituciones de educación superior que no solo respondan a los intereses de sectores políticos y económicos específicos, sino que sirvan a toda la sociedad. Estas metas son posibles de alcanzar solamente en el contexto de instituciones verdaderamente autónomas.

Por este medio hago un llamado vehemente a las señoras diputadas, a los señores diputados, a los partidos políticos, a las comunidades universitarias y a la ciudadanía en general a rechazar de manera enfática el proyecto de la “Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior”. Nuestro país no merece semejante retroceso en su institucionalidad.

Referencia citada

Gutiérrez, J.M. (2021) Reflexiones desde la Academia. Universidad, Ciencia y Sociedad. Editorial Universidad de Costa Rica.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Pujazon, el inmigrante andaluz que ganó seis mundiales

Gabe Abrahams

Raphäel Pujazon (1918-2000) nació en El Campillo (Huelva) en el seno de una familia muy humilde. Su padre era minero en las grandes explotaciones de cobre de Río Tinto y falleció a temprana edad por culpa de las malas condiciones laborales.

Debido a la prematura muerte del padre, la familia Pujazon tuvo que emigrar en busca de un futuro mejor a Alès, una población del sur de Francia.

El joven Raphäel Pujazon, que se había llamado Rafael hasta su llegada a Francia como inmigrante, destacó rápidamente en las carreras de ruta y de campo a través del sur del país, alcanzando la internacionalidad en 1939. Pero la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la ocupación nazi del territorio francés, detuvieron su progresión.

Finalizado el conflicto bélico, Raphäel Pujazon retomó sus entrenamientos, recuperó su progresión y, superando todo tipo de penurias y adversidades, consiguió dominar con gran autoridad la especialidad atlética del campo a través, tanto en Francia como a nivel internacional.

Pujazon fue Campeón de Francia de campo a través ininterrumpidamente entre 1944 y 1949 y alcanzó la gloria deportiva cuando, luciendo la camiseta francesa, se impuso en el Cross de las Naciones (denominación que recibía por aquel entonces el Campeonato del Mundo de campo a través) en las ediciones de 1946 y 1947.

A esos dos títulos de Campeón del Mundo de campo a través individual que causaron gran admiración a nivel internacional, añadió Pujazon otros cuatro títulos de Campeón del Mundo por equipos con Francia (1946, 1947, 1949 y 1950) y uno de Subcampeón del Mundo individual en 1949.

Jamás un corredor francés había conseguido hasta esa fecha tantos títulos mundiales de campo a través, contando los individuales y los de equipos. Tampoco lo ha conseguido a día de hoy ningún corredor nacido en España.

Aún tuvo tiempo y fuerzas el esforzado Raphäel Pujazon para alcanzar también la gloria deportiva en otra especialidad atlética, la pista. En el Campeonato de Europa de Oslo de 1946, celebrado el mismo año en el que consiguió su primer título mundial de campo a través, Pujazon ganó la medalla de oro en el mítico Bislett Stadium al imponerse con autoridad en la final de los 3.000 metros obstáculos.

Habituado al campo a través de aquellos años con numerosos y aparatosos obstáculos, Pujazon impuso un ritmo en la carrera que no pudieron mantener sus rivales y venció con un registro de 9:01.4. proclamándose Campeón de Europa y consiguiendo el récord de la prueba en el campeonato.

Raphäel Pujazon fue el primer atleta francés y el primer atleta nacido en España en lograr ese título. Y también fue el primer atleta nacido en España en lograr un título europeo. En el Campeonato de Europa de Praga 1978, treinta y dos años después del oro europeo de Pujazon, el marchador catalán Jordi Llopart consiguió el primer título europeo para España al vencer en la prueba de los 50 km marcha.

Las gestas internacionales de Pujazon son impresionantes: seis títulos mundiales de campo a través (1946-1950), una plata individual en la misma especialidad en 1949, un título europeo en pista (3.000 metros obstáculos) en 1946.

Raphäel Pujazon, en medio de esos éxitos, siempre recordó su origen humilde, la condición de minero de su padre y su condición de inmigrante andaluz. Nunca olvidó de dónde venía a pesar de haber llegado muy lejos como atleta.

En sus años de gloria, se desplazó a Barcelona para correr la prueba Jean Bouin en varias ocasiones, prueba que ganó en 1946 y 1949. Y, en una de ellas, ante la prensa, explicó: “Mis orígenes son muy humildes. Mi padre murió en condiciones atroces y tuve una infancia miserable; gracias al pedestrismo logré salir de la pobreza. Dominé primero en Provenza y, tras instalarme en París, seguí consiguiendo éxitos”.

Tras su retirada de la competición, Raphaël Pujazon fue monitor deportivo en la villa de Alès, población en la que el Estadio de atletismo lleva su nombre. En el año 2000, Pujazon falleció en esa misma población, rodeado de discípulos y de aficionados entregados a sus gestas.

Francia lloró su pérdida. Lloró al joven inmigrante andaluz y destacadísimo atleta que, en los duros años de la postguerra mundial, superando todo tipo de adversidades y enfundado en la camiseta de la selección francesa, logró las más grandes victorias a las que un corredor puede aspirar. En España, la tierra que le vio nacer, su figura ha pasado desapercibida.

Si Chaves no puede garantizar la democracia, nos toca a la ciudadanía hacerlo

Marco “Kiko” Palma/Juan Carlos Cruz

A propósito de la “advertencia” del presidente Chaves en el sentido de que él no puede garantizar la vigencia de la democracia en el país en caso de que se acentúe la crisis nacional, nos toca a la ciudadanía garantizarla. No es de recibo que las adversidades socioeconómicas sirvan de cama de germinación para el autoritarismo, la intolerancia y las restricciones democráticas.

Si bien la institucionalidad y las garantías democráticas, son en muchos casos formales, su defensa abre la posibilidad de pasar a la ofensiva ciudadana para su vigencia plena y su profundización.

La defensa de la institucionalidad, los derechos y garantías democráticas, puede constituirse en un eje aglutinador para la reorganización de los sectores sociales que hoy se encuentran desmovilizados e indiferentes frente a las diversas amenazas que se ciernen, no solo sobre el país, sino sobre le región y el mundo en general.

Hay muchos antecedentes en la historia de las luchas sociales, de cómo las crisis de cualquier tipo, se convirtieron en oportunidades de organización social, comunitaria, gremial, cultural, socio-productiva, entre otras, para avanzar en conquistas sociales. Estamos ante el reto de convertir la advertencia presidencial en un movimiento ciudadano por las garantías democráticas. Es tiempo de actuar.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Las trampas de lo que llamamos “histórico”

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (33).
Tercera época.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

El uso frecuente, e incluso si se quiere abusivo, e inconsciente del término o expresión “histórico” para referirse a determinados eventos que ocurren incluso en la vida cotidiana, a los que se dota de una naturaleza extraordinaria al ser calificados de esa manera, a semejanza de lo que sucede con muchos otros vocablos, dándole la calidad de adjetivo y no la de sustantivo, tal y como piensa y percibe mucha gente, nos plantea una serie de interrogantes acerca de los alcances y múltiples consecuencias que tiene la reiteración de esta forma de expresión en nuestra lengua castellana, para no entrar en discusiones sobre otras lenguas contemporáneas como el inglés o el francés. Pareciera que cuando se hace se califica de “histórico” a determinado hecho o evento se está aludiendo a su singularidad, a su naturaleza singular y no a su historicidad, entendida en estricto sentido.

En el habla popular, e incluso en la de los presentadores deportivos radiofónicos o en la de los del mundo de la llamada farándula en la televisión, es donde esto se hace más evidente, cuando se califica de históricos a una serie de hechos que pertenecen al mundo del mero “entertainment”, y no al de los hechos sociales que por su significación para todo el conglomerado social marquen un parteaguas, o el inicio de un nuevo ciclo histórico visto en términos de lo que llamamos la larga duración histórica, aunque no resulten perceptibles en primera instancia.

El inicio de las llamadas políticas neoliberales, con sus programas de ajuste estructural, sus privatizaciones y reducción de los programas sociales, representaron la aplicación de los lineamientos del Consenso de Washington de 1990, el que eufemísticamente nunca fue ni representó ningún consenso en estricto sentido, sino que fue la imposición de ciertas políticas, por parte de los poderes imperiales de quienes, en ese momento representaron a los ganadores de la llamada “guerra fría” al colapsar la Unión Soviética, a partir de 1991 y quedar los EEUU como la única superpotencia planetaria, a la que sus portavoces y gobernantes declararon como la cabeza de un nuevo orden mundial que estaba dando inicio.

En fin, se trató de un hecho o de una serie de ellos que marcaron el fin de una era y el inicio de otra que, ahora en los primeros años de la tercera década del siglo XXI podría estar colapsando en medio del conflicto bélico, pero también económico y financiero representado por la llamada guerra de Ucrania, uno de cuyos resultados más visibles podría ser el fin de la unipolaridad a que dio lugar el final de la guerra fría, para dar lugar en medio de otro conflicto de múltiples alcances y no tan frío al fin de la hegemonía absoluta de la superpotencia estadounidense, por lo que deberán establecerse las reglas de juego propias de un mundo multipolar, con varios centros de poder hegemónico.

Volviendo al uso cotidiano de la expresión “histórico” o “histórica” para el caso, en tanto adjetivo que pasa de contrabando como sustantivo, con toda la inocencia de la mayoría de las gentes, notamos que ésta se refiere más bien a una serie de eventos que no son propios de lo que llamaríamos lo histórico, en el sentido de sus alcances universales para el conjunto de la especie humana y de la continuidad de nuestra existencia sobre el planeta.

La obtención del campeonato de futbol de determinado equipo, con sus connotaciones sociales, políticas. geográficas o incluso religiosas, tanto como los los resultados de un concurso de belleza que le otorgan su minuto de fama a la mujer ganadora entran en la materialización de una singular y fugaz historicidad, no exenta sin embargo de conexiones con el universo de lo estrictamente histórico: la contienda entre las élites del poder, no importa si regionales o nacionales. Por lo demás, cuando vemos por ahí la foto de unos amigos, quienes la califican de histórica con una simpática ligereza, en realidad de lo que están hablando de la singularidad del hecho que representa esa imagen que nos dejan el lente y el obturador de una cámara, siempre en un ir y venir hacia la historia de los grandes acontecimientos o tendencias universales. Story or history? como dicen los anglosajones.

Mensaje al señor presidente

Edgar Chacón

Edgar Chacón
Octubre, 2022

Señor presidente por favor.

Señor presidente por favor que le quede claro: las personas que votaron por usted no le regalaron el país, en primer lugar, porque no pueden.

Usted es el mandatario y el mandatario está para cumplir el mandato que le fue encomendado, no para hacer a su antojo.

El mandato que le fue encomendado es que la población de este país esté bien, no echar a la basura lo que por años se ha construido en este país y le ha dado un bienestar relativo, estabilidad y tranquilidad.

Otra cosa: Tenga presente que a quien usted se debe es al pueblo de Costa Rica. Porque parece que es al Banco Mundial.

A quien usted debe servicio y obediencia es a las y los costarricenses. A nadie más.

Señor presidente, hay cosas en las que mejor no se ponga creativo, deje de inventar que va a vender el Banco de Costa Rica. ¿Su nombre no le dice nada? Es de Costa Rica, del país, no de unos cuantos tagarotes.

Ahora quiere privatizar el AyA y ¿Como vamos a hacer para tomar esta agua tan preciada, si sube de precio y baja de calidad? Usted sabe que cuando salgo del país, a América Central o a México, por ejemplo y sólo se puede tomar agua de botella, de mala calidad, lo primero que hago cuando estoy de vuelta, es abrir el tuvo del AyA, llenar un vaso o un jarro y disfrutar de calmar mi sed con esta agua preciosa y la disfruto y me alegro porque pasé varios días, fuera del país sin poder beber agua del tubo. Y cuando gente de esos países viene a la casa de uno y le pide un poco de agua, al ver que uno les sirve agua del tubo, le preguntan: “¿no tenés de botella?”, uno les responde: “tomala con confianza” y al poco rato están toma que toma agua del tubo, muy contentos.

Y cuando ando en alguna provincia, pregunto: el agua es del AyA y mis oídos se alegran con ese SÍ, y con confianza y tranquilidad bebo para refrescarme. 

¿No es que usted viene de un hogar humilde? ¿Que su papa fue chofer? ¿Entonces? ¿Por qué está gobernando para los ricos, o como dicen: para los pudientes y no para toda la población?

Señor presidente, está a tiempo y tiene en sus manos que el país siga siendo justo y equitativo.

Le recuerdo: El AyA, el ICE, la educación, La Caja, la banca estatal, entre otros, son tan importantes como no tener ejército.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

¿Aumento o un ajuste salarial? versus una amnistía tributaria: un ejercicio comparativo

Mainier Barboza Soto

Mainier Barboza Soto

El año 2019, es referente de lo que a continuación compararemos:

  1. Se aprueba el ajuste salarial, para los empleados de la CCSS, que, de forma particular, es eso, un ajuste, de ¢7.500 por mes, (hablar de aumento, es una forma mañosa de los grupos de poder y enemigos del sector Público y de la CCSS, en particular, de agredir al sector laboral).
  2. Al final del 2018, imponen una «Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», (o de los grupos económicos más poderosos, que postpandemia aumentaron su riqueza), esa ley trae un «regalo», para los grupos más ricos, que es la llamada «amnistía tributaria» (1 de cada 4 grandes empresas le declaraba CERO ganancias al Ministerio de Hacienda. (Mora, 2018).
  3. El caso es que la amnistía se da sobre cobranzas de Hacienda en juicio, que ya tenían que pagar, es decir, una condonación de una deuda, en «cobro judicial»; ¡que fácil, que descaro, con ley y todo!
  4. Con la pandemia el pago aprobado a los y las trabajadoras de la CAJA, (trabajando bajo una presión increíble, sacrificando tiempo, familia, arriesgando su vida,) y congelan el pago por esa pandemia.

Aquí el primer comparativo:

Los Trabajadores (as) de la CAJA aceptan la congelación de ese ajuste. Y por otro lado, los grupos más ricos aplican la amnistía y dejan de pagar ¢194.000. mil millones, es un regalo de 5O, % de su deuda.

Otro comparativo:

El 23 de mayo 2019, el Frente Amplio, da a conocer: «El monto que no recibió Hacienda por amnistías tributarias equivale a casi 6 años de recaudación de IVA a la canasta básica» (Ducca, 2019). 

Los empleados de la CAJA siguieron siendo los héroes y heroínas, y unas pocas personas (25 empresas se beneficiaron en un 90% de los 194 mil millones).

Ahora comparativo en números a la vista:

Ajuste salarial a las trabajadoras (es) de la CAJA, (ajustamos el monto de ¢7500.00, a 14 pagos, es decir, aguinaldo y salario escolar por persona da ¢105 mil colones, anuales; esa suma por 3 años 1920-1921-1922, de enero a diciembre… total por persona ¢315 mil colones, no incluye los rebajos).

La suma anterior la multiplicamos por 64 mil empleados, nos daría un gran total de ¢20.160.000.000, unos $41.488 millones aprox.

Ahora: Amnistía:

Si aplicamos esa amnistía, primero a las 25 empresas citadas con un beneficio de 90%. Cada uno se «gano» porque dejó de pagar ¢6984.000.000.00, o si lo quiere ver de esta forma; solo 2,8 de esas empresas y/,o sus dueños, absorbe todo el pago que se ha calculado para 64 mil Trabajadores (as) de la CCSS. ¿Lo habrá visto algún diputado por ahí o don Rodrigo Chaves?

Un último dato comparativo:

Si esa amnistía se hubiese cobrado y se aplica para el pago de esos ¢,7500.00 colones a los 64 mil Trabajadores(as,) de la Caja, alcanza para pagarles aproximadamente 10 veces el ajuste mencionado.

Por último, si asumiéramos hipotéticamente, que los beneficiarios de la amnistía fueran 64 mil personas que evadieron, cada uno tendría ¢3.013.250 de regalía, pero como sabemos, solo se beneficiaron 25 grandes empresas.

Juzguen ustedes, quiénes provocan los déficits, el aumento de la deuda; porque esos ¢194 mil millones, ocasionaron un faltante, que se cubrió con deuda. ¿Tenemos muy malos políticos, muy malos economistas y muy malos cobradores? o, por el contrario, ¿tenemos una élite ambiciosa, abusadora de la democracia y de la economía, de la riqueza que debe ser distribuida?

Pensemos y actuemos bien.  

Como que don Pepe les incomoda…

Freddy Pacheco León

A los que les falta poco para borrar la ideología «figuerista» sustentada en la SOCIALDEMOCRACIA con que don Pepe y sus compañeros forjaron los cimientos de la Segunda República, la memoria de Figueres les hace bajar la vista. Se saben indignos de su legado y se sonrojan ante sus posiciones pseudoideológicas, pues saben que son vistos como traicioneros de las ideas fundamentales del caudillo.

Hace 71 años, un 12 de octubre, en el suelo fértil, cielo azul y el clima fresco de finca La Paz, en San Ramón, se sembró una semilla, la del Partido Liberación Nacional. En ese lugar, en ese día de 1951, se unieron las manos y voluntades de don Pepe, don Chico, don Daniel y don Luis Alberto, en su compromiso por propagar esa semilla que había nacido y nutrido en los años 40 y que eventualmente floreció con las ideas de la socialdemocracia, que inspiraron (junto al socialcristianismo del doctor, monseñor Sanabria y Manuel Mora) a una generación que aspiraba superarse.

«Es que eran otros tiempos con diferentes desafíos», dicen con desfachatez. «La socialdemocracia no se puede aplicar al mundo contemporáneo», agregan. «Las leyes del mercado nos hacen volver la mirada hacia Milton Friedman», y, agregamos, también hacia los gurúes economistas cada vez más alejados del pueblo. «Don Pepe nos habría impulsado a vender los bienes del Estado», dicen para justificarse. Y piensan así porque para ellos solo existe el camino trazado por políticos empresarios, que al lucrar con los bienes y servicios de todos los costarricenses, nos han conducido hacia la tambaleante e injusta situación que sufren cientos de miles de compatriotas.

Lo cierto es que de ese PLN originario quizá solo queda la nostálgica bandera que muchos dirigentes incluso se avergüenzan enarbolar. Son los que fácilmente la cambian esporádicamente por otra cualquiera, para que, luego de ser candidato presidencial, por ejemplo, fuere electo alcalde contra un candidato de «su PLN», arropado con la bandera de un grupo evangélico… aunque se dice socialdemócrata.

Así, la SOCIALDEMOCRACIA que nutriera el pensamiento de los grandes que, hombro con hombro, creyeron que los productos de las cosechas serían multiplicados y usados para amasar un futuro mejor, pasó a ser un producto de museo. Sin embargo, aunque no se puede predecir, pensamos que algunas semillas estarán por ahí esperando el momento propicio para brotar, cuando sin complejos, y con valiente disposición, aunque fuese en grupos políticos inéditos diferentes al PLN, las ideas socialdemócratas inspiren nuevamente a los costarricenses hoy hundidos en la desesperanza.

En defensa de la autonomía universitaria

Por Dra. Yamileth González García, Exrectora de la UCR

Hoy, como en pocos momentos de nuestra historia, frente a los adversos y amenazantes vendavales autoritarios que corren en el país, las y los universitarios nos enfrentamos, otra vez, al reto de defender la autonomía y el financiamiento de las universidades públicas; una defensa de principios esenciales para el quehacer de las instituciones de educación superior, ya que se trata de los fundamentos que posibilitan un accionar libre de estas instituciones en beneficio de la sociedad costarricense sobre principios que han estado por décadas consignados en la Constitución Política y que han sido reiterados por diversos fallos de la Sala Constitucional y que hoy, como otras veces, “algunos” pretenden ignorar.

Lo señaló con claridad el Voto 1313-93 de la Sala Constitucional: “(…) la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese su gran cometido». La universidad debe ser independiente, como lo subrayó el jurista Luis Baudrit Carrillo, 2011; tiene que estar libre de acciones que busquen debilitarla en el cumplimiento de su deber, o que pretendan quebrar su rol imprescindible en pro del bienestar nacional.

Y es que cuando los gobiernos autoritarios se sienten amenazados por el pensamiento crítico que se genera en las  universidades, lo primero que hacen es atacarlas, como parece que está sucediendo en este momento en el país. Todas y todos los universitarios y la comunidad nacional hemos visto la fuerte y orquestada agresión que han recibido las Universidades Públicas desde el momento mismo en que se intenta debilitarlas financieramente, con la reducción del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y con afirmaciones falaces que lo único que evidencian es un total desconocimiento del quehacer y el aporte que estas instituciones le dan al país.

Hoy, el Poder Ejecutivo presenta una propuesta que contraviene ese principio fundamental de la educación superior pública, atentando y desconociendo torpemente ese fundamento constitucional. Así, pretenden desconocer la esencia de esa noción, que como lo indica el  voto citado de la Sala Constitucional “(…) la autonomía consagrada a las universidades en el  artículo 84) constitucional, ha sido clasificada como especial, completa, y por ella distinta de los entes descentralizados de nuestro ordenamiento jurídico regulados por los artículos 188 y 190 de la Carta Política, lo que significa que las Universidades del Estado, aún cuando pertenecen a este, están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía y que cuentan con todas las facultades y poderes para llevar a cabo los fines constitucionalmente encomendados”. Además, como lo escribió Iván Salas, 2010, ex asesor de la rectoría y hoy Juez Contencioso Administrativo, la Asamblea Legislativa no puede legislar en relación con “(…) temas relacionados con la organización o auto estructuración universitaria, tales como sus propios planes, presupuestos, programas, estructura de su propio gobierno conforme a su normativa interna, sobre su potestad reglamentaria mediante la cual pueden repartir sus competencias dentro del ámbito interno y desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que presten y decidir libremente sobre su personal”.

Es importante aclarar que cuando hablamos de autonomía y de su importancia para el trabajo de las universidades públicas, no se trata solo de un valor para estas instituciones,  sino de lo que significa, particularmente, para la sociedad costarricense, contar con universidades que trabajen en forma independiente y sin presiones de ninguna naturaleza por el bienestar de la nación y su desarrollo integral. Un significado, el de autonomía, que como señala Axel Didriksson, 2006, está ligado “a la construcción de un mundo mejor, a la idea de un proyecto cultural nacional”.

No puede la universidad trabajar sin autonomía, para cumplir su misión de hacerlo desde la libertad de pensamiento y acción, con la injerencia política de los Gobiernos de turno, sin que eso no signifique una disminución de los beneficios que recibe la sociedad.

Por ello, las universidades públicas tienen que demandar, al Poder Ejecutivo y al Legislativo y, a todo aquel que, de modo directo o indirecto, pretenda interferir en sus funciones, en su gobierno, en su organización y en su patrimonio, respeto por su quehacer.

Las universidades tienen muy claro, contrario a lo que tergiversan algunos interesados, que la autonomía, no es un cheque en blanco; por el contrario, están sometidas a todos los controles, valga la redundancia, de la Contraloría General de la República, de los mismos organismos de control internos y de toda la legislación pertinente y desde luego al juicio de la sociedad a la que se debe.

Siempre las universidades han cumplido con la rendición de cuentas, pues, como se señaló desde la Asamblea Constituyente de 1949, la noción de autonomía universitaria implica “libertad pero con responsabilidad”, lo dijo Luis Dobles Segreda: “por autónoma que sea la Universidad, deberá decir, al igual que todas las instituciones del país, cuánto gasta y en qué lo gasta”.

No es este el problema en discusión, sino el del respeto que el Gobierno debe tener para con las instituciones de educación superior y para la Constitución Política misma. Por tanto, ante una violación de los principios constitucionales en un país de derecho, exigimos que se respeten la autonomía y la independencia universitarias.

 

Compartido con SURCOS por la autora.

Imagen, UCR.

Bahía Salinas, una bahía tico-nica desde 1858

Freddy Pacheco León

Desde que en representación de Costa Rica, el heroico general José María Cañas uniera su firma a la del señor Máximo Jerez, representante de los intereses nicaragüenses, en el tratado de límites de 1858 conocido por sus nombres, la bahía Salinas, bordeada por costas de ambos países, es una bahía donde la soberanía es compartida por ambos países. En sencillo, es una bahía tico-nica.

Así, es incorrecto decir que una u otra nación «tiene derechos de navegación” en sus aguas, pues con ello se podría interpretar incorrectamente, que uno de los dos Estados tiene más derechos soberanos que el otro, cuando no es así. Ahora bien, como el límite descrito en el Tratado Cañas-Jerez de 1858, termina en el centro de bahía Salinas, el árbitro general Alexander cumplió satisfactoriamente la tarea de ubicar el punto geográfico que marca ese punto central, tal y como quedara documentado en su Laudo N°5 y fuere consignado en los respectivos libros de actas. Como parte de esa trascendental tarea, el experto designado por el presidente Grover Cleveland, describió la línea recta que separa «la boca» de la bahía con el mar abierto del océano Pacífico fuera de la bahía. Línea recta a partir de la cual determinó, mediante un genial mecanismo, el centro de la misma.

Decisión técnica importante fue ubicar en sendos accidentes geográficos en ambos litorales, los puntos entre los que corre esa importante línea, desde PUNTA ARRANCA BARBA en Nicaragua, a «la parte más Occidental de la tierra inmediata a PUNTA ZACATE» en Costa Rica. Para los costarricenses, y muy especialmente para los vecinos y autoridades de la zona, es menester tener muy claro que desde punta Zacate hacia la izquierda, las aguas que bañan la costa son exclusivas del mar territorial costarricense, donde ejercemos plenos derechos de soberanía, pues, reiteramos, están fuera de la compartida bahía Salinas.

La imagen adjunta muestra la ubicación de punta Arranca Barba, en Nicaragua, y punta Zacate, en Costa Rica, según el Laudo N° 5 del Gral. E.P. Alexander (1900). Con ello, se marcó para la historia el límite de bahía Salinas, con respecto al mar abierto.

Como ello es conocido con ese nivel de detalle desde hace 122 años, fecha de publicación del laudo Alexander N°5, autoridades nicas y ticas no pueden alegar desconocimiento de algo tan fundamental. Situación similar se presenta a partir de la extremidad de punta Arranca Barba, desde donde se marca el extremo norte de las aguas comunes de bahía Salinas. Más allá del cual, las aguas son exclusivamente nicaragüenses.

Esperamos con esta breve nota prevenir cualquier acción indebida generada por la desinformación que inexplicablemente todavía exhiben, ciudadanos de ambos países vecinos, para que se reafirme el respeto tanto del Tratado Cañas Jerez, como del Laudo Cleveland y los laudos arbitrales del general Edward Porter Alexander.