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Está pendiente el Funeral de Estado para el presidente Juan Rafael Mora Porras

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Esta Semana la Academia Morista Costarricense está realizando la Semana Morista, como todos los años, coincidiendo con el 30 de setiembre, que nos recuerda el asesinato de Estado perpetrado contra el Benemérito de la Patria, Juan Rafael Mora Porras, Presidente de la República, Gran Conductor Político y Estratega de la Guerra Nacional contra los filibusteros norteamericanos, que querían hacer de las Repúblicas centroamericanas Estados anexos y sometidos a los Estados sureños de los Estados Unidos, y convertir a nuestros pueblos en mano de obra esclava de los estados sureños esclavistas.

Esta Semana, las conferencias programadas, se realizan con colaboración de la Biblioteca Nacional, a las 4 p.m., actividades que se pueden seguir en el Facebook de la Biblioteca. El lunes pasado Susana Trejos Marín disertó sobre las “Ideas y valores del Padre de la Patria”, y ayer martes lo hizo Ana María Botey Sobrado sobre “La salud pública en la década de Mora. Desafíos y avances”. Hoy miércoles lo hará Álvaro Ramírez Bogantes sobre “La política fiscal del presidente Mora”, mañana jueves disertará Manuel Araya Incera sobre “La política exterior de Costa Rica en tiempos de Mora”. El día viernes 30, en Puntarenas, por la mañana se realizará una actividad oficial especial.

El 30 de setiembre, el día del asesinato del presidente Mora, nos llama a recordar que tenemos una deuda pendiente con él, con su Memoria, la realización oficial de un Funeral de Estado.

La sociedad costarricense, el mundo político nacional, tiene esa gran deuda histórica con el Benemérito de la Patria, con el Héroe y Libertador Nacional, con el gran conductor, gran estratega y táctico, de la Guerra Nacional contra los filibusteros norteamericanos, en 1856 -1857, el tres veces presidente de la República, el Capitán General Juan Rafael Mora Porras. Es hora de saldar esa deuda.

Su tercer período fue interrumpido por un Golpe de Estado, el 14 de agosto de 1859, en un acto traicionero que realizaron los militares, que también se habían distinguido en los combates de la Guerra Nacional, el coronel Lorenzo Salazar y el Mayor Máximo Blanco, que tenían a la sombra a José María Montealegre Fernández, conspirador e instigador del Golpe de Estado, quien había estado casado con una hermana de Juan Rafael Mora, a esa fecha ya fallecida.

Como premio del Golpe de Estado el presidente José María Montealegre Fernández, que sucedió a Juan Rafael Mora, ascendió al grado de Generales a los militares traidores, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar.

El Golpe de Estado obligó a que Juan Rafael Mora, su hermano José Joaquín, y su cuñado, José María Cañas, ambos Generales, y su sobrino Manuel Argüello Mora, tuvieran que marchar forzadamente, por extrañamiento, hacia El Salvador, la Patria del General José María Cañas Escamilla.

En las nuevas elecciones, en 1860 quedó electo José María Montealegre Fernández. El presidente Mora se aprestó y preparó para regresar a recuperar el Mandato Presidencial que le había sido arrebatado. Buscó el apoyo correspondiente.

El 17 de setiembre de 1860, de regreso en Puntarenas, quienes le apoyaban tomaron el Puerto de Puntarenas hasta el Río Barranca. Traicionado, nuevamente, por falsa información que había recibido, fue derrotado en la llamada Batalla de la Angostura, por fuerzas leales al gobierno de José María Montealegre Fernández. Terminó siendo capturado y sometido a un juicio militar sumario, condenándosele a la muerte. En la negociación de su fusilamiento se había eximido de igual desenlace al General José María Cañas.

Junto al presidente Mora fue fusilado el General Ignacio Arancibia, de origen chileno, distinguido militar que también había participado en la Guerra Nacional contra los filibusteros y acompañaba al presidente Mora.

El acto traidor e infame del fusilamiento se llevó a cabo el 30 de setiembre de 1860, a las 3 de la tarde, en el sitio conocido como Los Jobos, en Puntarenas. Quienes ordenaron su fusilamiento, su asesinato, lo hicieron a conciencia, sabiendo el crimen que realizaban, como un crimen de Estado, por ello es más importante rectificar su muerte con un Funeral de Estado.

Allí fueron asesinados Juan Rafael Mora Porras e Ignacio Arancibia, después de que se entregó bajo el compromiso, del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco María Iglesias Llorente, de respetarle la vida a quienes lo acompañaban. Su muerte, informó el ministro al presidente José María Montealegre, “fue con dignidad y valor”.

El Consejo Militar, que actuó como Consejo de Guerra, y Consejo de Asesinos uniformados, que lo fusilaron tres horas después de su entrega, estuvo integrado por el General Máximo Blanco, el General Florentino Alfaro, el coronel Pedro García, Francisco Montealegre Fernández, que era el Primer Designado a la Presidencia de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco María Iglesias.

La tradición cuenta que los soldados que participaron en el acto del fusilamiento lloraban con dolor al momento de recibir la orden de disparar.

Violando lo pactado, al General José María Cañas lo fusilaron dos días después, el 2 de octubre, en el mismo lugar, a las 9 de la mañana. La orden de fusilamiento del General José María Cañas había sido por el Consejo de Gobierno. La comunicación de este acuerdo la llevaron a Puntarenas los Capitanes Ramón Castro Araya y Pablo Quirós.

El trato que le dieron a los cuerpos fusilados del presidente y del General Arancibia fue de desprecio total. Los dejaron expuestos, a la intemperie, con el ánimo de que las aguas del estero se los llevaran, y los animales hicieran de las suyas.

Gracias a un grupo de entrañables amigos, y parientes, del presidente, entre ellos los Cónsules de Gran Bretaña y de Francia, los señores Richard Farrer y Jean Jacques Bonnefil, junto con los yernos de Bonnefil, Santiago Constantine y Julio Rosat, y el Capitán Francisco Roger, se impidió que los cuerpos acabaran en el estero.

Una vez que recuperaron los cuerpos procedieron a enterrarlos en el cementerio del estero, en una fosa cavada por ellos mismos, donde depositaron también el cuerpo de General José María Cañas, y resguardada por los siguientes seis años.

El 20 de mayo de 1866 el Cónsul francés Jean Jacques Bonnefil, con cuatro personas, marineros, Carlos Leonara, Enrique Ligoneff, Francisco Hervé y Guillermo Noubée, exhumaron los cadáveres, los recogieron y mantuvieron durante un breve período de tiempo en la residencia del Cónsul, en Puntarenas, de donde los trasladaron después a San José, a la residencia del Cónsul, que estaba frente al Hospital San Juan de Dios.

En su casa se guardaron los restos de los Héroes hasta que el 13 de mayo de 1885 fueron depositados en el Cementerio General de la ciudad de San José, sin que se hubiera hecho nunca, a partir de esta fecha, ningún ceremonial oficial de Entierro de Estado, de Funeral de Estado, al presidente de la República, Benemérito y Héroe de la Campaña Nacional de 1856 y 1857 contra la presencia filibustera en Costa Rica y en Centroamérica.

Sobran los méritos de sus administraciones de Gobierno, que dejaré para comentar en otro artículo.

Lo que está pendiente desde aquel Asesinato de Estado es un gran acto nacional, que debe realizarse con un Gran Funeral de Estado, donde se cumpla, con el reconocimiento oficial, a la figura del Presidente Juan Rafael Mora Porras, y que se realice con toda la pompa, ceremonia y desfile que merezca, y donde resultado de este Funeral de Estado, se celebren las Honras Fúnebres Oficiales, y se reivindique, de esa manera, su memoria depositándolo oficialmente en su sepultura, en el Cementerio General, o en el Mausoleo, que con ese motivo se podría erigir de manera distinguida en el mismo Cementerio.

En su memoria, en el Gobierno de Federico Tinoco Granados, el 8 de diciembre de 1918, en el período de la Dictadura, se erigió un Monumento, en el sitio del magnicidio, en la esquina sur oeste de la actual Plaza llamada Mora y Cañas, ubicada en el Barrio El Carmen, entre avenida 1 y calle 9 de la ciudad de Puntarenas. Allí están los bustos, desde 1960, de los Héroes Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas Escamilla, esculpidos por Juan Rafael Chacón.

El Funeral de Estado comprende un acto, en este caso, el acto de exhumación, de exequias o del cortejo fúnebre que debe realizarse acompañando los restos, los actos oficiales que se realicen en su Memoria en la Asamblea Legislativa, bajo capilla ardiente, u otros sitios que se dispongan a este efecto, incluyendo un acto ceremonial religioso, católico, que también se le podría tributar, por razones de su credo y de la tradición de mediados del siglo XIX, y el de nuevo depósito de sus restos en el Cementerio General.

La exhumación de los restos del presidente Juan Rafael Mora, a los efectos del Funeral de Estado, deben sacarse del Cementerio General en un acto absolutamente privado, y llevado al sitio donde se le rendirá el Funeral de Estado.

El Funeral de Estado es la ceremonia pública que en Honor de la figura política del presidente Juan Rafael Mora Porras debe realizarse.

Un Funeral de Estado no es un funeral religioso. Con el Funeral de Estado se decretan por lo menos tres días de Duelo Nacional, con el Pabellón Nacional y la Bandera Nacional a media asta, en todos los edificios e instituciones de la administración pública, de las Escuelas y Colegios, en que se exhiban banderas en el exterior. A esas banderas no se les deben poner crespones o lazos negros.

Cuando las banderas están en el interior lo que procede es enrollarlas en el mástil de manera que se evite cualquier ondeo, y en la base de estas banderas, se debe poner una corbata negra, un lazo negro con cabos largos.

Las fuerzas de escolta que acompañen el féretro deben ir a pie, no a caballo, de manera que nadie esté por encima del féretro.

En el Funeral de Estado que se organizare para el presidente Juan Rafael Mora Porras se puede contemplar la realización de una Vela Pública, de uno a tres días, con Guardia de Honor, de la Fuerza Pública y de civiles que quieran participar de ella, donde los costarricenses, escolares, estudiantes, ciudadanos, sean invitados, a acompañar los restos del Héroe, antes del ceremonial oficial y de su entierro definitivo, resultado de este Funeral de Estado.

La Guardia de Honor, debe estar en absoluto silencio, durante unos minutos alrededor del féretro. Su silencio es para manifestar el respeto y el afecto hacia la persona a la que se le está rindiendo el Homenaje. La Guardia de Honor se hace por turnos de varias personas, dos, cuatro o seis.

La Vela Pública es para que el Pueblo de manera directa pueda despedirse del presidente Juan Rafael Mora Porras, el presidente más amado, más querido, más admirado de la Historia Patria.

El Funeral de Estado, en todos los países, corresponde a un jefe de Estado, a un presidente, o a una figura de alta relevancia para el país, como último homenaje que se le tributa.

Un Funeral de Estado, para el Presidente Juan Rafael Mora Porras, servirá no solo para reivindicar el acto de su muerte, sino para fortalecer su Memoria, el culto y el respeto al Héroe, para fortalecer la identidad nacional en lo que el Presidente Mora evoca y significa, para enriquecer la conciencia histórica, pero sobre todo para hacer Justicia Histórica con el Héroe Nacional, que no tuvo su Funeral de Estado, su Funeral Oficial, con el que estamos en deuda nacional, quien le aseguró la Soberanía y la Independencia nacional al País, a la Patria, al Pueblo costarricense y centroamericano.

Este Funeral de Estado no será de despedida, es de bienvenida y de inserción oficial a la Memoria Histórica nacional.

Respecto al presidente Juan Rafael Mora no son suficientes los actos que se han hecho recordatorios de su insigne figura. Falta este acto, el del Funeral de Estado.

De no hacerse este Funeral de Estado pesará todavía en la Historia Nacional, y en la conciencia de los Gobernantes actuales, y de la clase política vigente, el bochorno, la mala conciencia o la conciencia cómplice con el asesinato y magnicidio, de no haber hecho este reconocimiento y homenaje, como ya se debió haber hecho.

En el Protocolo del acto funeral, y el desfile que se organizará para llevar sus restos de nuevo al Cementerio General, se tomarán en cuenta, para participar, a las Autoridades de Gobierno, en el cual el Presidente de la República encabeza la actividad, las autoridades de los Poderes Públicos, a los Representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica, a los descendientes del Presidente Juan Rafael Mora Porras, y a sus familias, a los miembros de las Juntas Directivas de las instituciones estatales, a representantes de los Gobiernos locales, a los miembros de las Academias de Historia y Geografía, de la Academia Morista Costarricense, de la Tertulia del 56, a los Consejos Universitarios de las Universidades públicas, representantes de los Partidos Políticos, a Representantes de las Iglesias oficiales reconocidas en Costa Rica, y de los movimientos sociales que deseen participar desfilando. El Funeral de Estado puede acompañarse, además, con desfile de escolares, estudiantes y representantes de la Fuerza Pública, simbolizando el Ejército Nacional que el presidente Mora dirigió.

El Protocolo de un Funeral de Estado es complejo por la organización que debe desarrollarse a su alrededor. El Funeral de Estado puede realizarse en día laborable o no laborable.

El féretro del presidente debe cubrirse con el Pabellón Nacional, para indicar en este caso, además, que el Estado se hace responsable de lo que ocasionó su muerte.

Flores, ramos y coronas se entienden como un símbolo de amor, de sensación de la vida, hacia el difunto, y de expresar dolor y condolencia.

El Funeral de Estado es el máximo respeto a su memoria, el que no se le tuvo en el acto vil de su fusilamiento.

El desfile del Funeral de Estado debe hacerse con el simbolismo de protegerlo, en su morada final, de cualquier agresión externa.

Si hoy no es una cuestión de Estado saber dónde estuvo enterrado y dónde está enterrado el presidente Juan Rafael Mora Porras, sí es una cuestión de realizar el Funeral de Estado que el Benemérito presidente se merece para la posteridad.

La deuda nacional es también con el hermano del presidente Juan Rafael Mora, con el General José Joaquín Mora Porras y también se tiene con el General José María Cañas Escamilla.

Que el acto que pueda organizarse de Funeral de Estado para el presidente Juan Rafael Mora Porras, sirva también para exaltar las figuras de los Generales José Joaquín Mora Porras y José María Cañas Escamilla, ambos Héroes de la Guerra de 1856, ambos también víctimas de ese Tribunal Asesino.

El Funeral de Estado como expresión, también, de tristeza ante la muerte del presidente Juan Rafael Mora Porras, es a la vez la oportunidad de brindar el respeto y cariño, en la magnitud de la ceremonia que pueda organizarse, y de agradecimiento a quienes defendieron leal y dignamente al país y a Centroamérica de la amenaza filibustera.

Qué mejor momento el Funeral de Estado para que de fondo estén los Himnos, compuestos por Manuel María Gutiérrez Flores, jefe de Bandas militares y combatiente de la Campaña Nacional, el Himno Nacional y la Marcha patriótica alusiva a la Batalla de Santa Rosa, del 20 de marzo de 1856, surgida y escrita al calor de la Batalla, himnos con los que regresaron triunfantes las tropas.

De igual modo, para esta ocasión del Funeral de Estado, debe tenerse presente la obra musical el “Duelo de la Patria”, un Himno que evoca la tristeza, la pena y el dolor nacional, de todo el pueblo, del Maestro Rafael Chávez Torres, discípulo de Manuel María Gutiérrez, y sucesor de él en la Dirección de Bandas Militares, Himno que por primera vez se entonó en el Funeral del Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, quien también se había distinguido en la Campaña Nacional, bajo las órdenes del General José María Cañas Escamilla.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Independencia y encuentro de culturas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Filidencio Cubillo Morales, Indígena Bribri, Talamanca.

El mes de septiembre, el mes de la patria. Ya que se escucha el estruendo de los tambores.

Para las poblaciones originarias del país, ¿qué independencia se conmemora? Nuestra autonomía, libre determinación, gobernanza, están determinadas por los entes del Estado. Los productos agrícolas están sujetos a precios que determina el intermediario, precios ridículos. No existen políticas del gobierno central para promover la producción orgánica, establecer mercados estables, seguros y precios justos. Nuestras expresiones y manifestaciones culturales y espirituales son satanizadas por grupos radicales. Los recursos naturales del subsuelo y suelo de los territorios indígenas siguen siendo minas de intereses extractivistas, de un sinnúmero de “políticas de asimilación forzada”.

¿Dónde está el patriotismo que recibe cientos de ilustres ciudadanos?, ¿esos son los que se recetan pensiones de lujo?, ¿serán los que viven a costillas del pueblo? Robando y “orondos”. Entonemos el himno con hidalguía, pero asimilemos su letra, démosle sentido. Seamos patriotas, no simples patrióticos.

Decoran sus carros, casas, con símbolos, pero sus corazones están lejos de la patria, ¿no serán siervos menguados…?

El 12 de octubre, Encuentro de Culturas, nos imponen festejar, conmemorar un encuentro de culturas, pero lo histórico refleja una dolorosa, cruel pasión de los pueblos originarios, la extinción de culturas enteras, violación a nuestras abuelas, madres y saqueo de las riquezas. En la actualidad siguen violando, denigrando la dignidad de nuestras hermanas, hijas y sigue el saqueo de las riquezas naturales, nos obligan a conmemorar estos actos propios de Satanás. Actos que son “proyectos de muerte”.

Acto abominable, del maligno danzar, sentir euforia por la historia macabra, festejar la memoria siniestra de nuestros antepasados ¿Cómo se les ocurre?

Por qué no hacer actos para concientizar sobre la conservación, protección y defensa de la tierra. La Madre Tierra. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de los territorios indígenas. Declarar día de la Madre Tierra.

Nos resta unir nuestras voces al Papa Francisco:

 “Por los traumas de violencia sufrida por nuestros hermanos y hermanas indígenas”

 “En este lugar bendito, en donde reina la armonía y la paz, te presentamos las desarmonías de nuestra historia, los efectos terribles de la colonización, el dolor inextinguible de tantas familias, de abuelos y de niños. Ayúdanos a sanar nuestras heridas”. (Papa Francisco, Canadá, julio de 2022).

Costa Rica y pueblos indígenas: informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 28 de septiembre del 2022, se dio a conocer el informe realizado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita  in situ en Costa Rica a finales del año 2021. 

El informe está desde ya disponible en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas en este enlace. El delegado oficial de Costa Rica indicó en su intervención (véase comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas del 28 de septiembre del 2022) que:

» Costa Rica reaffirmed its unwavering commitment to the protection of all under its jurisdiction, and their exercise of their human rights, without discrimination. Costa Rica worked to eliminate discrimination, and had accepted and analysed international recommendations, strengthening mechanisms for dialogue and interaction with indigenous peoples, leading to a better understanding of the impediments to their socio-economic development and exercise of their rights.  Their land rights should be respected, as one of the main causes of violence was the lack of certainty in the property system«.

Sobre algunas recomendaciones hechas a Costa Rica

Más allá de las cosas que se oyen a veces por parte de un delegado costarricense en Ginebra, se sugiere la lectura integral y detallada del informe como tal, el cual contiene una gran cantidad de datos recopilados durante su visita por este experto de Naciones Unidas. Las conclusiones ubicadas en la parte final revisten gran interés para sectores sociales y deberían de poder propiciar una reflexión en el seno de algunas entidades estatales. 

En la parte conclusiva, se lee por parte del Relator Especial que:

«91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».

Entre las numerosas recomendaciones hechas al Estado costarricense, y que interesan a una multitud de entidades estatales, se lee, en el párrafo 98, que el Relator recomienda a Costa Rica:

«f) Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los ataques, incluidas las amenazas contra los líderes indígenas; 

g) Garantizar la investigación administrativa y judicial, el juzgamiento y la sanción de los responsables del supuesto abuso de la fuerza por parte de la policía en marzo de 2020 contra las personas indígenas recuperadoras de tierra en China Kichá; 

h) Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a: 

    i) Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes;

     ii) Medidas de satisfacción como la disculpa pública; 

i) Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

El instrumento internacional al que refiere el Relator en este punto i) es más conocido como Acuerdo de Escazú, el cual fue suscrito en Costa Rica en marzo del 2018. Este tratado fue recientemente objeto de una nueva ratificación en este 2022 (Chile), luego de Argentina y México (que lo ratificaron en el 2021). Tuvimos la oportunidad de analizar la cada vez mas incómoda situación que le significa a Costa Rica cada nueva adhesión a este acuerdo regional de vanguardia, adoptado en suelo costarricense: véase nuestra breve nota al respecto titulada «Acuerdo de Escazú:  Chile oficialmente es Estado Parte número 13.  Algunas reflexiones desde Costa Rica«. Se trata de una nueva excitativa hecha a Costa Rica, de muchas ya realizadas desde el ámbito internacional, y que de ser seguida, le permitiría a Costa Rica ser más consistente y coherente con la imagen internacional que proyecta al mundo en materia de derechos humanos.

Sobre la disculpa oficial recomendada en su informe por el Relator Especial

Cabe recordar que las acciones violentas que sufren los líderes indígenas en Costa Rica, y el hecho que dos de ellos perdieran la vida en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019 y Jerhy Rivera, febrero del 2020) sin que a la fecha las autoridades de justicia hayan sancionado a los responsables de estos dos graves hechos, colocan a Costa Rica en una situación bastante insólita, en particular desde una perspectiva internacional de derechos humanos (Nota 1).  

Al tiempo que persiste un indignante clima de impunidad que tiene un efecto intimidador para muchas comunidades indígenas costarricenses: desde esta perspectiva, la «disculpa pública» recomendada  en el punto h) ii) del precitado párrafo 98 por el Relator de Naciones Unidas al Estado costarricense cobra mucha mayor relevancia. 

Otra disculpa, por la denominada «arrastrada» vivida en el edificio de la Asamblea Legislativa en el 2010 por integrantes de varias comunidades indígenas costarricenses, podría también facilitar el proceso de diálogo (véase nuestra breve nota publicada al conmemorarse 10  años de este triste episodio que marcó y sigue marcando profundamente a las comunidades indígenas costarricenses). 

Finalmente, en el 2020, al analizar el trámite dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una petición de indígenas térrabas con relación al proyecto hidroeléctrico El Diquis, habíamos escrito en una breve nota (véase enlace) que:

«Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que «cierra» el PHDiquis (véase la nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho de que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura y al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, lo cual puede ahora entrar a ser valorado por la CIDH«.

A ese respecto, un informe anterior del 2011 elaborado por otro experto de Naciones Unidas titulado «La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica» (véase enlace) puso de manifiesto las carencias del Estado costarricense a la hora, esta vez, de llevar a cabo un megaproyecto que impacte negativamente a poblaciones indígenas costarricenses.

A modo conclusivo

Este nuevo informe de Naciones Unidas viene a detallar de manera muy completa la situación de total vulnerabilidad e indefensión de muchas comunidades indígenas en Costa Rica. Se da a conocer después de que, en el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptara una histórica sentencia contra Argentina (véase sentencia del caso Lahka Honhat): la cual viene a completar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969  y expandir los alcances de la jurisprudencia en la materia de forma notable (Nota 2). El ex Presidente de esta jurisdicción regional no dudó en escribir en su voto razonado que se trata de un verdadero «hito»:

«El caso Lhaka Honhat representa un hito en la jurisprudencia interamericana fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, constituye la primera ocasión en que el Tribunal Interamericano se pronuncia de manera autónoma sobre DESCA que atañen a pueblos y comunidades indígenas. En segundo término, a diferencia de los precedentes que había tenido la oportunidad de conocer, la Sentencia declara la vulneración de cuatro DESCA que pueden ser derivados y protegidos por el artículo 26 del Pacto de San José —derecho a la identidad cultural, en lo atinente a participar en la vida cultural, derecho al medio ambiente sano, derecho a la alimentación, y derecho al agua—7 . En tercer lugar, las reparaciones ordenadas están centradas de manera diferenciada, tratando de restituir la violación de cada uno de los derechos sociales, culturales y ambientales declarados violados en la Sentencia»  (véase párrafo 4 de su voto, disponible después del texto de la sentencia, pagina 2)

Como bien se sabe, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se limita al Estado incriminado en un caso concreto, sino que interpela a los otros Estados del hemisferio americano y los invita a paliar las insuficiencias y las lagunas en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales: no paliarlas constituye una invitación velada al litigio internacional ante los órganos del sistema interamericano.

Haciendo a un lado el sistema interamericano de derechos humanos, es de esperar que estas nuevas recomendaciones proviniendo de Naciones Unidas sean ampliamente difundidas y conocidas por muy diversos sectores en Costa Rica. 

Y que, en algún momento, logren inspirar a decisores políticos sobre la urgente necesidad de ir paulatinamente remediando la grave situación que sufren las comunidades indígenas costarricenses. La profunda desconfianza con las que muchas de ellas viven a diario constituye un obstáculo que debe superarse poco a poco: en ese sentido, este informe de Naciones Unidas ofrece valiosas  pautas y herramientas al Estado costarricense.

Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil y el movimiento social en favor de los derechos de estas comunidades pueden activar los diversos mecanismos internacionales en aras de forzar al Estado costarricense a cumplir con las diversas obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido, sin extender su beneficio a las comunidades indígenas, tal y como lo detalla de manera contundente este informe.

–Notas–

Nota 1: Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (que fueron solicitados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran nunca más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera.

Nota 2: La paciencia y la perseverancia de las comunidades afectadas son dignas de resaltar en el presente caso: esta sentencia culmina un reclamo de 36 años impulsado por varias comunidades indígenas de la provincia de Salta en Argentina, cuyo objetivo era obtener el título de su propiedad territorial. Las comunidades indígenas en 1992 conformaron la “Asociación Lhaka Honhat” e iniciaron su reclamo por los territorios ancestrales en 1984. Posteriormente, en el 1998, denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH dictaminó su informe sobre el fondo en el año 2012, emitiendo una serie de recomendaciones a Argentina. Frente al incumplimiento de sus recomendaciones, la CIDH sometió el caso a la Corte IDH en febrero de 2018, la cual dio a conocer su sentencia en el 2020.

 

Imagen ilustrativa. Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.

Sobre la llamada “Agricultura 4.0”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Rivas Monge
Mojojoy Agri-Cultura Orgánica

Fuera del contexto político-histórico el nombre “Agricultura 4.0” resulta llamativo. De hecho, gobiernos y grandes sectores del poder han llamado al momento histórico actual como “la cuarta revolución industrial”, lo cual se traduce en un nuevo “salto productivo” que dé con la apertura de otros mercados para ampliar y abarcar aún más la reproducción de la ganancia. Sin embargo, ya desde el propio movimiento económico objetivo, esto es imposible en un mundo que mueve sus engranajes en la acumulación de la ganancia en pocas manos, y que estructural e históricamente conlleva a la pauperización de los medios de vida y a la poca capacidad de consumo de la población.

Ahora bien, los límites ecológicos son también un impedimento para los fines del capital y organismos financieros internacionales, entes gubernamentales, no gubernamentales, así como a grandes empresas tales como Microsoft, que ha planteado volver la mirada hacia la agricultura, pero no cualquier agricultura: la “Agricultura 4.0” que convenientemente para sus fines ha utilizado el discurso de la “economía verde” con la justificación de insertar la tecnología en el proceso productivo agrícola. La inserción de tecnología (tal como la conoce el discurso dominante) no viene sola, sino también ideológicamente bajo el supuesto de que esta podría ayudar en los procesos de una agricultura más “sostenible” (que ha sido insertado por el BM y la FAO) sin olvidar que este concepto viene aparejado de los fines desarrollistas de los grandes capitales.

Si bien, la tecnología per se no significa algo perjudicial, esta inserción se da bajo los parámetros de mayor productividad y no una mejor producción -cosas diametralmente distintas- y que esconden, dentro de la propia palabra “tecnología”, el socavamiento o cuando menos el desplazamiento e institucionalidad del conocimiento campesino con la “Revolución Verde” y que con esto también se ha despojado de herramientas al sujeto histórico agrícola. Lo anterior siempre con la idea de que la tecnología implica la necesidad de más máquinas, automatización de procesos y hacer cada día más prescindible al ser humano de la producción.

Quienes participamos de los procesos agrícolas o al menos los que creemos rescatar todos los procesos de lucha por la agricultura orgánica en América Latina nos situamos y posicionamos en la reproducción de los procesos campesinos y su ¿propia? tecnología, que distan de ser máquinas y más lejos aún –como posicionamiento político y de su compromiso con la conservación del suelo y el ecosistema- de la industrialización. La recuperación de las herramientas elementales no menos complejas del campesinado es la única forma de generar independencia y autonomía. La “Agricultura 4.0”, por el contrario, introduce y genera dependencia al mercado y en vez de mediar para que el campesinado recupere su conocimiento expropiado, es una ventana de negocio para lo que el discurso, la gran agroindustria y todo aquellos que plantean la agricultura orgánica como negocio trafican como “algo verde”, pero que no es más que la estrategia de “parchear” la actividad de la maquinaria económica general que tiene inmersa a la humanidad en la peor crisis ecológica de su historia.

Desde el sentido y el posicionamiento ético-político sabemos que plantear la “tecnologización” de la agricultura alejará aún más al campesinado de esta. Lo vulnera y lo vuelve un sujeto inútil y dependiente, cuando lo urgente es regresar y fortalecer a la agricultura familiar-comunal donde la conservación, el manejo de recursos a baja escala y el eje colectivo-comunitario, son esenciales para dar con una actividad productiva armoniosa con la naturaleza.

La “Agricultura 4.0” genera más analfabetismo en cuanto a la propia actividad campesina, aún más si consideramos que ya les expropiaron el conocimiento productivo. Si a esto se suma la imposición del manejo tecnológico como discursivamente inicia la imposición de estos nuevos modelos, estos no les serán familiares. No se puede olvidar que sin un campesinado consciente es imposible un cambio real en el sector agrícola, por más esfuerzos que hagan otros sectores de la población. Vale recalcar que más del 50% de la alimentación mundial cae sobre la espalda de la pequeña producción agrícola.

Desde lo personal me ubico por una agricultura orgánica situada en el reconocimiento y rescate de las tecnologías campesinas negadas por los discursos de quienes poseen y quieren sacar ganancia imponiendo la gran maquinaria. Me posiciono por el desarrollo agrícola desde lo local y con insumos locales más accesibles desde lo económico y que generan menos contaminación, en contra de la idea productivista que solo piensa vorazmente en la ganancia y que hoy ha llevado a lo ya expuesto. Me posiciono a favor de una agricultura que reivindica al ser humano y que, por lo tanto, ayuda a subsanar el gran desempleo en el país y en el mundo.

El fetiche construido por el modelo económico actual de que lo tecnológico (grandes maquinarias-digitalización) se auto-posiciona como algo “verde” esconde tras la llamada “era digital” otra de las formas en que el extractivismo y desarrollismo se expresa e impone, más contaminante y en términos humanos que se sostiene de la sobreexplotación de niños y niñas en Asia y África, así como de la destrucción de ecosistemas enteros para la obtención de los materiales necesarios para crear computadoras, drones, etc. Generando todo lo contrario a lo que dicen promover y llevando al máximo la lógica de destrucción de la naturaleza y el ser humano.

Les invito a la reflexión.

“El capital es trabajo muerto que, al modo de los vampiros, vive solamente chupando trabajo vivo, y vive más cuanto más trabajo chupa”. – Marx

El apagón de la educación pública: El recorte permanente de recursos presupuestarios

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Hernández Venegas

¿Sabía usted -mi estimado y estimada lectora- que…?:

1.- ¿Qué desde 2007, existe una tendencia decreciente, de acuerdo con la variación interanual, de los recursos que se destinan a la educación pública costarricense, incluyendo la educación universitaria?

2.- ¿Sabía que solo para este ejercicio económico (2022) se hurtaron más de 600.000 millones de colones a la educación pública, a contrapelo del artículo 78 de la que en vida fue la Constitución Política de 1949 (qdep)?

3.- Tal vez lo sabe, pero si no, le recuerdo que, en este ejercicio económico, los recursos para la construcción, mejora y equipamiento educativo se disminuyeron en un 63.3%, que significan más de 14.000 millones de colones menos que en el año 2021.

4.- ¿Sabía, no lo dudo, pero por aquello de cualquier cosa, que se redujeron desproporcionadamente los recursos destinados a comedores escolares, transporte estudiantil, becas y otros, profundizándose cada vez más la desigualdad social y un modelo educativo excluyente?

5.- Sabía, mucho menos lo dudo, ¿Qué la educación es un Derecho Fundamental reconocido y tutelado en cualquier cantidad de Declaraciones y Pactos Internacionales de Derechos Humanos (DH)?

6.- ¿Sabía que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (1789) estableció que el olvido, la ignorancia y el menosprecio de los DH son la causa de las calamidades públicas y la corrupción de los Gobiernos?

7.- No lo dudo, usted y yo sabíamos lo que todos sabemos, mi estimado lector.

Pero la cuestión es: ¿Qué vamos a hacer para impedir que le pongan candados a las escuelas, los colegios y las universidades públicas?

 

Publicado en LA VOZ SINDICAL – SINDEU, compartido con SURCOS por el autor.

“A la Historia… ¡Por Media Calle!” – Fechas, eventos y héroes de la Patria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El programa “A la Historia… ¡Por Media Calle!”, es presentado por Vladimir de la Cruz todos los martes a las 5:00 p.m.

El programa de esta semana se enfocó en algunas fechas y eventos patrios y en la forma en que estos se deberían celebrar para rendir honor a nuestros héroes de la patria y acontecimientos que nos brindaron la libertad que gozamos hoy en día. El programa nos habla sobre que deberíamos estar orgullosos de nuestra historia y de las grandes figuras provenientes de nuestro país y su aporte en la historia de todo Centroamérica.

Este programa se transmitió este pasado martes vía Facebook en el siguiente enlace: https://fb.watch/fPqyz6mv8w/

Poder Judicial: ¿Cambiar de página?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex Magistrado Corte Suprema de Justicia
Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica

         Con la sensación personal de que se ha evitado caer en un abismo, la Corte Suprema, por segunda vez en los últimos años, logra escoger para presidirla a un Juez respetable, de mucha experiencia y credibilidad, que merece ser elevado a esa posición y que, aunque no esté de moda, sabe Derecho y conoce como el que más al Poder Judicial, sus fortalezas y debilidades. Ojalá el ilustre escogido logre cultivar el valor, la determinación y el aguante que los tiempos demandan.

         Una vez designado el Magistrado Aguirre Gómez, después de un inusualmente largo y penoso proceso, muchas voces, desde distintos lugares, han señalado que ha llegado la hora de pasar la página. Hago votos para que esto signifique, entre otras cosas de importancia, deponer las peleas intestinas, apoyar la gestión de la nueva administración, y que algunos y algunas no le hagan la vida imposible a don Orlando, tal y como se la hicieron a doña Zarela Villanueva y a don Fernando Cruz, bajo la consigna nada edificante de: “quítate tú pa´ponerme yo”. Para ponernos en sintonía con el clima, ya esta lastimada democracia padece los efectos de un huracán imprevisible, irresponsable y potencialmente devastador desde el Poder Ejecutivo, como para que el Judicial entre en la misma dinámica.

         Hago votos también para que una mayoría sensata de la Corte reconozca que esa nueva página, significa emprender de una vez por todas dos tareas impostergables: (1) la reforma integral y a fondo de la organización y funcionamiento del Poder Judicial, en coordinación, claro está, con la Asamblea Legislativa; y (2) como consecuencia de esa transformación, el aseguramiento de mecanismos de selección y promoción de los jueces, de todo nivel, que fortalezcan la independencia del Poder Judicial como institución y de la judicatura como elemento fundamental de control en un estado de derecho.

         La última fase de la crisis de la Justicia en Costa Rica tuvo su momento álgido en el 2017. Sus consecuencias siguen marcando el momento histórico que todavía vivimos. El origen del mal está en una designación de la cúpula judicial por parte del Legislativo, una instancia naturalmente politizada y partidarizada, que cada vez más antepone la escogencia de “amigos confiables” antes que “profesionales probos e independientes”. No podemos olvidar que en aquél año, el archivo acelerado y sin fundamento de un expediente contra prominentes políticos, terminó con la salida de tres magistrados de la Sala Tercera y del Fiscal General de entones. Estaremos condenados a que hechos similares se repitan si no realizamos los cambios urgentes y necesarios.

         Este problema era relativamente manejable en tiempos de estabilidad política bipartidaria, pero la atomización del poder, el fenómeno de la corrupción público-privada y la necesidad de controlar al Poder Judicial, han agravado los síntomas de una institucionalidad que ya no soporta los evidentes cuestionamientos y descréditos.

         Respecto de la reforma integral del Poder Judicial hay camino andado. La propuesta más a fondo y completa está en el Expediente Legislativo No. 20.980, desdichadamente archivado. Se trata de una reforma a todos los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Concebida la transformación sobre la base del modelo italiano de posguerra, probadamente independiente y despolitizado, en lo fundamental, crea un Consejo de la Judicatura para el gobierno y administración del Judicial; desaparece la Corte Suprema como tal, se organizan los tribunales supremos en todas las materias (para las competencias de casación); se asegura una carrera judicial con designaciones a cargo de ese Consejo conforme méritos, atestados y exámenes de ingreso y promoción; se democratiza la judicatura teniendo todos los jueces igual salario y diferenciándose sólo por sus competencias y especialidades; la Asamblea Legislativa deja de nombrar a los jueces del más alto rango y se logra así su despartidización. Aunque el Proyecto 20.980 establece un número de integrantes para este Consejo General de la Judicatura, de rango constitucional y órgano externo al mismo Poder Judicial, habrá que establecer esa cifra de integrantes con criterios técnicos y objetivos, pero en todo caso, debe dársele representación en su seno al menos a tres sectores: una mayoría compuesta por jueces y juezas escogidos en elecciones generales por los propios integrantes de la judicatura, con representación de distintos niveles y especialidades; y un número de concejales electos por la Asamblea Legislativa de entre juristas reconocidos, propuestos por la academia (Consejo Nacional de Rectores) y por el Colegio de Abogados (para la representación de litigantes). Este Consejo será presidido por el Presidente de la Corte Suprema, quien integra, por derecho propio, el órgano.

         Aunque no hay modelo perfecto, que exorcice la influencia política o partidaria por completo, se pueden lograr importantes avances y neutralizaciones. Quizá la mayor dificultad de esta propuesta será la ardua reforma constitucional y legal que implica y además, como siempre, el riesgo de que el nuevo Consejo pueda ser influenciado y controlado por los políticos mediante los concejales a designar por la Asamblea Legislativa, o bien por los propios jueces-consejales que se presten a juegos políticos indebidos.

         Desde lo interno del Poder Judicial también se han intentado propuestas. No puedo referirme a la última que se medio discutió porque, hasta el momento, ha sido abortada por falta de voluntad política de la misma Corte. Pero propuestas internas anteriores contienen transformaciones menos profundas que la descrita líneas atrás, pero que sin embargo, deberían tomarse en cuenta para un sano debate sobre el tema. Así, se ha propuesto que no se estaría eliminando la competencia de la Asamblea Legislativa para nombrar a los miembros de la cúpula judicial, pero sí se buscaría eliminar una serie de competencias que en la actualidad tiene Corte Plena. Se crea un Consejo de la Judicatura a lo interno del Poder Judicial que administre integralmente la carrera judicial; ni la Corte ni ningún otro órgano harían más nombramientos de jueces; se integraría este órgano con representación mayoritaria de jueces de distintas categorías y especialidades electos por el mismo colegio de la judicatura; la Corte tendría representación con un par de magistrados o magistradas por períodos cortos no reelegibles. Se prevé asimismo un Tribunal Disciplinario para la investigación y sanción de toda falta cometida por algún funcionario judicial; este tribunal especializado tendrá primera y segunda instancia; y también instruirá las denuncias contra miembros de la Corte Suprema, aunque la decisión última en estos casos corresponderá a la propia Corte. Se transforma el actual Consejo Superior en un Consejo de Administración para lo relativo al diseño y la ejecución presupuestaria, así como la administración del personal de apoyo de la institución. En resumen, la Corte no hará nombramientos (salvo los jerarcas del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, el Consejo de Administración y el Jefe de la Defensa Pública; también tendrá que hacerlo en el caso del Auditor General). La Corte tampoco disciplinaría a nadie, salvo en última instancia a sus propios integrantes. En materia de gobierno y administración, la Corte definirá prioridades anuales o quinquenales de proyectos estratégicos para la justicia; aprobará los presupuestos anuales y vigilará su correcta ejecución. Mantiene el juzgamiento a miembros de los supremos poderes, la representación oficial del Poder Judicial y las obligaciones constitucionales para relaciones con otros poderes de la República.

         Esta propuesta puede evitar el tránsito por una ardua reforma constitucional y legal, pero no resuelve el tema de la independencia necesaria en cuanto a los nombramientos de los integrantes de Corte Suprema, que los mantiene en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, creemos que puede contribuir a despejar la atrofiada agenda de Corte y democratizaría internamente la carrera judicial.

         Finalmente me refiero a lo que ha ido diciendo el Estado de la Nación por medio de sus informes periódicos sobre el “Estado de la Justicia”. Si bien estos importantes análisis señalan problemas estructurales de gobierno y administración, en días recientes sus principales responsables han hecho un listado de prioridades que pasan por recomendar cinco temas principales: (a) la necesidad de reformas y mejoras normativas –se entiende de leyes ordinarias- referidas al funcionamiento del Poder Judicial; (b) la necesidad de implementar una “justicia electrónica” y aprovechar “la ciencia de datos” para asegurar el acceso a la justicia, así como la eficiencia, la simplificación y celeridad de los procesos judiciales y administrativos; (c) el desarrollo de la información y monitoreo de datos pertinentes para la toma de decisiones; (d) el fomento de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, esto último mediante la retroalimentación con la ciudadanía usuaria, la implantación de votaciones públicas y la constancia en actas del trabajo de comisiones estratégicas: y (e) el aprovechamiento de los recursos humanos y su estrecha relación con la independencia de funcionarios y empleados. Según este último punto, habrá que actualizar los procesos de reclutamiento y elección, así como la evaluación de desempeño y la capacitación del personal.

         Si bien se trata de propuestas científicamente elaboradas y bien documentadas, además de ser recomendaciones totalmente válidas, el problema, según lo veo, es que la crisis de la justicia en Costa Rica es esencialmente política, no técnica. Sin una reforma estructural a fondo, no se le podrá dar solución a los graves síntomas que detecta El Estado de la Justicia. Sólo reparar en el hecho de que desde hace décadas ni la Corte Plena ni el Consejo Superior pueden realizar una efectiva vigilancia y control sobre la administración de justicia, nos lleva a la conclusión de que sin esas reformas estructurales, básicamente la separación de las tareas de gobierno de las tareas jurisdiccionales- no habrá cambios técnicos que valgan.

         En fin, creo que no hay que pasar de página; hay que cambiar de libro.

Brasil. Una nueva oportunidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty Rivera
Setiembre 2022

Las elecciones generales de Brasil, están previstas que se lleven a cabo el próximo domingo, 2 de octubre de 2022, donde 156 millones de electores brasileños tendrán la opción de elegir Presidente, Vicepresidente y al Congreso Nacional.

De acuerdo con la legislación actual brasileña, el candidato que alcance la mitad más uno, de los votos válidos saldrá vencedor. Si ningún candidato alcanza ese número de votos, habrá una segunda vuelta.

Recordemos los hechos de 2016, cuando luego de un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, Presidenta en ese momento y que interrumpió su mandato, completándose con aquel montaje llamado operación Lava Jato (este involucro a Lula da Silva en supuestos actos de corrupción).

Aquel montaje fue llevado a cabo por el poder judicial y policial brasileño, deteniendo y condenando a Lula da Silva sin pruebas, lo que impidió que este último, participara en las elecciones del 2018, significando el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y llegara a la presidencia de Brasil. Este ardid salió como lo habían planeado las elites brasileñas y EEUU.

Más adelante, el 9 de noviembre del 2019, luego de 580 días de detención, la Corte Suprema de Brasil, reconoció la parcialidad del juez del caso en ese tiempo, y autorizó la salida de Lula da Silva.

Durante la gestión de gobierno de Bolsonaro, los adjetivos para significar y definir su régimen son los de, medieval, reaccionario, genocida, anticivilizacional, fascista, extremista, entre otros. A su vez, las mayores preocupaciones de los brasileños/as, de cara a las próximas elecciones, son: el tema económico, el desempleo y la inflación, así como el tema de la salud, según diversos sondeos.

Por ejemplo, según el periodista de la BBC News Mundo, Gerardo Lissardy, «La economía brasileña entró en recesión en 2021 y, la tasa de desempleo cayó a 9,1% en julio, la mejora está lejos de ser percibida por la población en general. El 15% de brasileños (unos 33 millones de personas) pasa hambre y otra cantidad similar sufre de inseguridad alimentaria moderada, de acuerdo con un estudio divulgado el miércoles por la red Penssan. Si a ellos se suma el 28% de la población considerado con inseguridad alimentaria leve, más de la mitad de los brasileños padece o se inquieta en alguna medida por el problema: 125 millones de personas«.

El autor Zainer Pimentel enfatiza, «el actual presidente, Jair Bolsonaro, es tan solo el corolario de un terrible proceso de destrucción del país a todos los niveles: político, institucional, económico y social. Es el fruto de la estrategia política del odio, aplicada por los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, y patrocinada por importantes empresarios del país (con el apoyo abierto de la patronal de la industria FIESP) y con la conveniencia, de todos los poderes de la República«.

Igualmente, según el filósofo Marcos Nobre, «uno de los motivos por el que podría estar fallando la remontada de Bolsonaro es la poca incidencia que tuvo entre los más pobres el Auxilio Brasil, subsidio masivo de 600 reales que comenzó a pagar en agosto con un claro fin proselitista. Los derechistas tienen, sin embargo, algunas armas que pueden influir en el resultado final, como la bajada de línea evangélica«.

Aunque, el escritor Emir Sader, señala: «Lula aún no ganó, pero Bolsonaro ya perdió«. ¿Cuál es la estrategia de Bolsonaro de cara a las elecciones del próximo domingo?

Bolsonaro, provocando a la democracia brasileña, avanza en su escalada militarista y señala que «las fuerzas armadas pueden normalizar a Brasil y que el ministro de Defensa es el más importante de los 23 integrantes de su gabinete, porque tiene la tropa en sus manos«.

Recordemos que Bolsonaro, despidió a nueve de sus 23 ministros, para qué aspirarán a cargos electivos, y comenzó a perfilar su fórmula militar, junto al saliente ministro de Defensa, general Walter Souza Braga Netto, a la vez que reiteró sus críticas a la Justicia electoral y a la Corte Suprema y asoció a la izquierda a la corrupción desenfrenada que hubo en Brasil, en abierta alusión a Lula da Silva, según la autora Juraima Almeida.

Según Gerardo Lissardy, «en los actos de Bolsonaro es común ver carteles pidiendo «intervención militar» y el mes pasado agosto 2022) la policía registró las casas de empresarios simpatizantes del presidente por discutir en WhatsApp sobre la posibilidad de un golpe de Estado, aunque ellos niegan haber cometido delito alguno. Las Fuerzas Armadas ganaron protagonismo en el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha expresado nostalgia por el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y ha elogiado a uno de los torturadores de ese régimen. Para estas elecciones, los militares plantearon cuestionamientos a la justicia electoral sobre las urnas electrónicas y prevén hacer un seguimiento propio del escrutinio, algo también novedoso en el país«.

Ahora, ¿cuál es la estrategia de Lula da Silva, para enfrentar este aspecto militarista de Bolsonaro?

Para alejar a los militares del gobierno, Lula ha montado una coalición de partidos que van desde la izquierda hasta el centro, aunque se reconoce que muchos estén en contraposición al PT, pero, Lula es consciente que no solo basta con ganar, sino que necesita estabilidad política, le interesa que todos estén unidos en defensa de la democracia y el respeto a las reglas del juego constitucional, sin duda, no es tarea fácil.

Según, Zainer Pimentel, para parar a Bolsonaro, «la estrategia es movilización popular en defensa de la democracia y justicia social, cosa que solo Lula da Silva es capaz de crear entre los sectores que le apoyan«.

¿Cuál es la situación electoral ahora?

Muchos ciudadanos/as brasileños recuerdan y añoran los años de 2003 a 2010, cuando Lula gobernó en medio de unas excelentes condiciones económicas (altos precios de las materias primas), donde millones de personas subieron a la escala de clase media, por medio de programas sociales del gobierno, quizás es por esto que recientemente Lula ha tenido un repunte en la aceptación electoral.

Según los diarios Folha de San Pablo y el grupo Globo de Brasil, según las últimas encuestas, «el cambio favorece a Lula, que asciende por primera vez desde hace varios meses, pasando de 45% a 47%, mientras Bolsonaro se estanca en 33%. Y lo más importante: al contabilizar el voto válido, es decir, excluyendo los nulos y blancos, la cosecha del candidato del PT asciende al 50% lo cual le permitiría ganar la presidencia en primera vuelta. Prácticamente, los mismos números brindó otra encuestadora que publicó su estudio el lunes, el IPEC (Inteligencia en Pesquisa y Consultoría Estratégica)«.

No obstante, aunque las últimas encuestas le dan una ventaja de varios puntos porcentuales sobre Bolsonaro, Lula da Silva sabe de lo determinante que son las fake news en internet, producidas desde el despacho controlado por Carlos Bolsonaro (hijo del presidente). De hecho, la avalancha de noticias falsas en las redes sociales, fueron en 2018, las grandes responsables por la victoria Jair Bolsonaro sobre el candidato del PT, Fernando Haddad.

Finalmente, llegamos a dos conclusiones: la primera es que, para Lula da Silva, «derrotar a Bolsonaro en las elecciones también debe significar la derrota política de los militares, comprometidos con la candidatura de Bolsonaro, con un militar retirado. Ese es el desafío que enfrentará la generación actual de brasileños, de la mano del dos veces presidente Lula da Silva. La democratización en Brasil también debería significar la derrota política de los militares y la desmilitarización del Estado brasileño«, según la investigadora Juraima Almeida.

Y segundo, según Vijay Prashad, historiador, periodista y editor indio, en conversaciones con Dilma Rousseff y Fernando Haddad indica: «las condiciones internacionales para una tercera presidencia de Lula son providenciales, me dijo Rousseff. Un amplio abanico de gobiernos de centro-izquierda ha llegado al poder en América Latina (incluidos Chile y Colombia). Aunque no sean gobiernos socialistas, sí están comprometidos con la construcción de la soberanía de sus países y con la creación de una vida digna para sus ciudadanos.

Brasil, el tercer país más grande de América (después de Canadá y Estados Unidos), puede desempeñar un papel de liderazgo en la orientación de esta nueva ola de gobiernos de izquierda en el hemisferio, dijo Rousseff. Haddad, por su parte, me dijo que Brasil debería liderar un nuevo proyecto regional, que incluirá la creación de una moneda regional (el sur) que no solo pueda utilizarse para el comercio transfronterizo, sino también para guardar reservas. Haddad es actualmente candidato a gobernador de São Paulo, cuya principal ciudad es la capital financiera del país. En opinión de Haddad, una moneda regional de este tipo solucionará los conflictos en el hemisferio y creará nuevos vínculos comerciales que no tengan que depender de las largas cadenas de suministro desestabilizadas por la pandemia. «Si Dios quiere, crearemos una moneda común en América Latina, porque no debemos depender del dólar», dijo Lula en mayo de 2022«.

Un comentario y pregunta del portal Página 12 es: «perdiendo en primera o segunda vuelta, Bolsonaro tendrá tres o dos meses en la presidencia. Y la gran pregunta es: ¿qué hará de aquí al primer día de 2023, cuando perderá el derecho de depositar el trasero en el sillón presidencial«?

Esperamos que las elecciones en Brasil, transcurran en un ambiente de paz, y la vez, Lula da Silva resulte ganador, por el bien del pueblo brasileño y latinoamericano.

 

Imagen tomada de http://www.nuevospapeles.com

La estafa de ALDESA y sus cómplices de La Nación y el gobierno anterior

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Desentrañar los mecanismos y triquiñuelas de una gigantesca e indisimulada estafa, ejecutada en años recientes por parte de los propietarios de la llamada Corporación ALDESA, para despojar a un importante grupo de esforzados profesionales de las más diversas ramas, a emprendedores tenaces e incluso a numerosos trabajadores, integrantes de al menos 300 asociaciones solidaristas, de sus legítimos recursos financieros invertidos en un puesto de bolsa de la susodicha corporación, los que habían sido obtenidos a través de una vida entera de esfuerzo, estudio y trabajo, quienes perdieron poco más de 12 millones de dólares, de esos alcances es la tarea que se propone Flora Fernández Amón, la que por cierto logra llevar a cabo a lo largo de las páginas de su libro EL DESTRUCTOR DE VIDAS Y SUEÑOS Progreso Editorial San José Costa Rica, abril de 2022, en un texto de casi 200 páginas que van desde un exquisito relato acerca de los orígenes familiares de la autora, a lo largo de más de un siglo, para dar inicio a la trama explicando la estafa de que fue objeto su propia madre, fallecida recientemente.

Entre los más afectados en este turbulento caso están los trabajadores solidaristas, que tuvieron pérdidas que no dejan de ser muy significativas para ellos. La autora del libro nos dice: “Alrededor de 30 asociaciones solidaristas perdieron US$ 10 millones invertidos por medio de Aldesa Valores Puesto de Bolsa SA, Estamos hablando de 27.550 trabajadores solidaristas, quienes perdieron US$450 de sus ahorros en la asociación”(op cit p,173), a lo que agrega una significativa reflexión: “ Resulta sumamente extraño que el Movimiento Solidarista y la dirigencia de las empresas afectadas haya guardado silencio y se limitaran a rebajar de los ahorros de los trabajadores la pérdida sufrida. Esto es tema para otro libro que ojalá alguien se atreviera a escribir.” (ibídem).

Lo increíble es cómo una estafa de semejantes proporciones haya pasado casi desapercibida para la gran mayoría de la población, algo que sin embargo no debería sorprendernos dado el comportamiento habitualmente manipulador de los grandes medios corporativos, entre ellos las televisoras más importantes y el infaltable diario La Nación. La trama, sin embargo, al ser desentrañada a lo largo de las páginas de este libro, termina por revelar la complicidad y la gran conexión entre los directivos de Aldesa y los de La Nación, los que en muchos casos resultan ser los mismos. (Fernández p. 72).

Siendo un caso particular, muy bien caracterizado a partir de sus singularidades intrínsecas, el tema de ALDESA en su despliegue, a medida que vino siendo develado, terminó por trascenderlas para asumir las proporciones de una de las más grandes estafas financieras de nuestra historia, pero también contribuyó a revelar la extensa gama de estafas ejecutadas por diversos actores o gestores que han venido actuando en beneficio del capital financiero, las que comprometen seriamente los diversos fondos de pensiones de los trabajadores costarricenses, en especial los del IVM y los del ROP, a través de una serie de inversiones del Banco Popular y de la Caja del Seguro Social (CCSS) en la Corporación ALDESA o en bonos del mismísimo diario La Nación, contado con la complicidad de altos funcionarios del gobierno anterior, que una parte esencial en la comisión de estos hechos.

En el libro de Flora Fernández Amón se dice lo siguiente: “Hay idiotas que dicen que es un pleito de ricos. No se han enterado de que Aldesa… también ayudó a que fondos del IVM… de la Caja… hayan sido prestados a La Nación…que como dice alguna gente, anda muy mal” “… cuando se queden sin pensiones, se darán cuenta de que por pendejos, los estafaron. Aquí todos están juntos y si saca la cuenta, lo de Aldesa son más de $220 millones y Monte del Barco $165 millones, es el despojo más grande en la historia del país. Ahhh, pero todos los poderes están unidos, y la prensa corrupta bien calladita” (Fernández op cit p,162).

Día Mundial contra la Rabia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Hoy es Día Mundial contra la Rabia, enfermedad que puede ser atacada y se puede prevenir.

Sin embargo, hay otra clase de rabia que por más que queramos no nos la podemos quitar de encima. Es una rabia que es provocada por acciones de otros y que las ejecutan a vista y paciencia de todos y que, aunque saben que esas acciones son indebidas las ejecutan sin rubor alguno.

Esa rabia, más que prevenirla va en aumento debido a que de igual manera van en aumento esa acciones dolosas y corruptas y que el sistema, igualmente doloso y corrupto, las permite sin problema alguno.

Estamos claros de la existencia del principio de inocencia, pero con ese tal principio, que ha sido utilizado y además ultrajado, cientos de delincuentes han sabido tener paciencia para que sus causas prescriban y la ley, la justicia verdadera no les alcance. Confiamos en que la justicia de Dios sabrá cumplirse plenamente.

Ahora ya no hay necesidad de casa por cárcel ni tobilleras, ya pueden andar como si nada porque hay dinero respondiendo, dinero que posiblemente haya sido obtenido mediante esas acciones en donde muchos se beneficiaron menos el pueblo costarricense. Eso da rabia y no tiene como prevenirla.

Pero más rabia da que aquellos que sabiéndose responsable de haber incumplido sus deberes y por ello haber dejado en la ruina a miles de costarricenses, ahora solventen la situación jurídica suya con el pago de miserables sumas en comparación con lo que permitieron que se robaran. Eso evidencia la corrupción del sistema para beneficiar a los corruptos y desgraciadamente tenemos representantes de la justicia que poco hacen por enorgullecernos y permiten que se pisotee una y otra vez. Eso si da rabia, pero además hace perder la fe y lo peor con esas actuaciones se roban nuestra esperanza.

Dios quiera que esto se acabe de una vez por todas y el sistema y la justicia lleguen a cumplir plenamente su rol y que la equidad y la justicia social brillen plenamente y en forma transparente para todos y acabemos con eso que es lo que nos da más rabia: la impunidad.