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En el pos triunfo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Carlos Meneses Reyes

A tres días del triunfo electoral de Gustavo Petro como presidente y Francia Marquez como vicepresidenta de Colombia para el periodo 2022 – 2026, en el país se respira un ambiente de distensión y de concordia luego de una campaña basada en el odio, el engaño y la sinrazón. El desconocido patán fue vencido por el favorito y reconocido, con calidad de estadista a nivel nacional e internacional.

Sin seguir un orden cronológico ni de importancia de temas, destaco el triunfo por primera vez en Colombia de una opción de Presidencia Alternativa con la coadyuvancia y el trabajo militante de la izquierda legal.

Colombia se inclinó, con histórica votación, por el cambio de Petro. El domingo 19 de junio, 22’658.694 colombianos, equivalentes al 58,09% de los posibles votantes, salieron a las urnas en los 32 departamentos. 39 millones de colombianos estaban a habilitados para votar.

Bajó la abstención en un 5%. Petro se alzó con la victoria en 16 regiones y en Bogotá, mientras que Hernández conquistó esa misma cantidad de departamentos y se quedó con la mayor votación de los colombianos en el exterior.

El candidato del Pacto Histórico y ahora presidente electo se impuso en regiones como la Costa Caribe, el Pacífico y buena parte de la Amazonía. (Hace 4 años Iván Duque se alzó con la victoria en el país, con un total de 10’373.080 votos, en tanto que Gustavo Petro aseguró su triunfo con el respaldo de 11’281.013 electores).

Por su parte, el ex alcalde de Bucaramanga obtuvo 10.580.412 votos, conquistando el oriente colombiano, parte de la región Andina y el Eje Cafetero. (Los votos de Federico Gutiérrez en la primera vuelta, vertieron en Rodolfo Hernández).

Significa lo anterior que se cumplió el cálculo de romper en un 5% la abstención en favor de Petro , pues esta pasó del 45% al 40 %.

El progresista Gustavo Petro llega al gobierno con apoyo de la izquierda legal así como de centristas, urbanistas, periféricos, moderados y socialdemócratas, con cerca de 11.3 millones de votantes. Lleva al poder al progresismo junto con la izquierda legal por primera vez en la historia del país.

Gustavo Petro obtiene el 50,4% de los votos frente a Rodolfo Hernández, que pierde con el 47,3%.

Este último, a su vez, pasó de 5’953.209 votos, que consiguió en la primera vuelta del pasado 29 de mayo, a 10’580.412 en la jornada de ayer, una cifra nada despreciable.

No obstante, de lo anterior no se puede concluir que el país colombiano este dividido en dos extremos opuestos. Estos resultados electorales tampoco dan base para determinarlo así. Sucede que hay 18 millones de colombianos que no votan. No son participativos y encuadran en el dicho: “¿para dónde va Vicente?, para donde va la gente”.

A los votantes que sufragaron por Gustavo Petro corresponde calificarlos de conscientes. La suma de votantes a favor del candidato perdedor obedece a una gama de votos cautivos sumados a votos comprados. En ese orden presentado no estamos en realidad ante un país dividido o polarizado. En gracia de discusión se podría considerar una variante de unos 5.250.000 que calificarían como ricos o acomodados de este país, que constituyen las fuerzas retardatarias, conservaduristas, opuestas a cualquier cambio. Por ello es dable concluir que el gobierno del presidente G. Petro y de la vicepresidenta Francia Marquez será un gobierno de y para las mayorías.

Ante el triunfo del Frente Amplio Popular y Democrático que expresa el Programa y Plataforma Política del Pacto Histórico (PH) corresponde reseñar las acciones inmediatas de actuación del nuevo gobierno una vez obtenido el triunfo, explicado en la variable del llamado a un Gran Acuerdo de Unidad y de Concordia Nacional,

LO DE IMPLEMENTACIÓN

Los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón se constituyen, en su implementación, como alcances por materializar en las conquistas del movimiento popular colombiano. La nueva presidencia alternativa asume ese derrotero. Llegó la hora de cumplimentar, facilitar y poner al orden del día el compromiso del Estado colombiano con las antiguas FARC-EP, sus desmovilizados y desarmados, sobre todo respecto de la aspiración inconclusa y la frustración histórica que ha significado para la nación colombiana volver trizas lo acordado y, paralelo a ello, la actitud frente a los compromisos asumidos como Estado, colocando al país de espaldas a la obligatoriedad de instrumentos internacionales plasmados en convenios. Todo por conductas dolosas del gobierno que concluye y que nos colocan en la picota al ensañarnos por los incumplimientos de los pacta sund servanda ante el escenario de la comunidad y el derecho internacional.

Se deleitaron, trayendo consigo el enfurecimiento y coraje de la opinión popular nacional, al causar el mayor daño posible a la justicia transicional como método civilizado aplicable a la solución de conflictos armados internos, como a la que se llegó con las insurgencias de las FARC-EP en Colombia.

Este triunfo electoral revindica el desagrado causado por la sensación de placer contra las aspiraciones populares causada por la secta de gobierno derrocada, que se había entronizado en el poder.

Rememoremos que en un tejido de telaraña jurídica el gobierno oligárquico del expresidente Santos acudió a un referéndum innecesario y que la incapacidad política del antiguo Secretariado de las FARC-EP admitió -jugando de tahúr el presidente- en la aplicación de la lógica “ni tanto que alumbre , ni tanto que queme al santo¨”. Santos ya había obtenido un premio Nobel y también complacía a sus amigos del Country Club.

Sometieron a referéndum la pregunta: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?». Pregunta que, como se sabe, fue respondida mayoritariamente con el NO y conllevó al desmonte de esenciales circunstancias y situaciones, así como a concesiones por la parte plenipotenciaria de la antigua insurgencia, lo cual concluyó en el Acuerdo del Teatro Colón. Se admite que lo único incólume de lo acordado en La Habana fue la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

LOS CINCO PUNTOS DE LOS ACUERDOS

Estos se materializarán en dirección del contenido del Estado colombiano, que desmontará todos los vestigios del poder narcoparamilitar, tan vilmente instalado. En resumen, con el triunfo del gobierno Alternativo se impone:

  1. La Reforma Rural Integral, falseada durante el transcurso mismo de las conversaciones por la Ley Zidres, como plan real, y que dejó en mera ilusión lo conversado y plasmado. Al orden del día está la reforma agraria democrática y radical.
  2. Reforma Política Electoral. Por plenas libertades de expresión, organización y movilización. Contra los votos a cambio de balas y de dinero, y por sepultar un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y de garantías de papel. La aplicación de un estatuto para la oposición, en el entendido de que hoy las fuerzas alternativas son gobierno.
  3. Terminación del conflicto armado interno con las Farc-ep, que consiste en el fin de los combates y acciones militares por parte de las Farc y los ataques y la persecución militar por parte del Gobierno a esta guerrilla. Es el llamado “Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo”. Fin que quedó trunco con la facción denominada “Nueva Marquetalia”, integrada por combatientes que firmaron los acuerdos y luego alegaron el incumplimiento estatal de los mismos y retomaron las armas. En forma alguna implican ¨disidencias” y en la actualidad se encuentran cobijadas bajo el presupuesto normativo en calidad de rebeldes según el derecho internacional.
  4. Solución del problema de las drogas ilícitas. Es decir, sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo ha sido el de menos implementación y va ligado al acuerdo primero sobre reforma rural integral.
  5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Vale decir, aplicación de la justicia transicional en desarrollo de los principios de autonomía e independencia. Esta ha sido la garantía de no impunidad. Extendidas estas normas de justicia transicional a todos: ex guerrilleros, militares, miembros de las Fuerzas Armadas en todas las ramas y composición de agentes estatales participantes y/o financiadores del paramilitarismo. El acuerdo sobre víctimas impedirá la impunidad para los paramilitares, los empresarios que los financiaron y los agentes estatales que los promovieron. Así, el acuerdo garantiza que no sea un pacto de impunidad. Este acuerdo contempla dos componentes: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Derechos Humanos. Jurisdicción Especial para la Paz en aplicación de un sistema integral y alterno que garantice el derecho a las víctimas y cumpla con la obligación estatal de justicia, buscando, mediante investigaciones penales especiales, la determinación de responsabilidades de sindicados de delitos de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado. La garantía de vigencia del contenido de derechos humanos asume lo relativo a la no repetición.

LO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Con el Nuevo Gobierno Alternativo llegó el momento histórico y político de asumir de fondo y lograr en definitiva el fin del conflicto armado interno colombiano. Para ello, el nuevo gobierno ha de llamar a conversaciones a todas las insurgencias: 1. Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). 2. Ejército Popular de Liberación (EPL). 3. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las diferentes facciones en que se transformaron, como ejército popular insurgente luego de los Acuerdos de la Habana y el Teatro Colón, resumidos en la “Segunda Marquetalia”, es decir, las facciones lideradas por Gentil Duarte y/o sus sucesores, y los frentes 10 y 28, con sus caracterizaciones particulares. En este item es primordial destacar que la contraparte estatal colombiana debe actuar de conformidad y en relación con un país con conflicto armado interno, bajo las distinciones y calificaciones del derecho internacional. Distinguiendo las características de mando unificado, presencia territorial y motivación antigubernamental asúi como de lucha armada contra el establecimiento estatal, en la configuración de una contraparte que tenga el carácter y reconocimiento de rebelde e insurgente.

La complejidad de la situación en el panorama del conflicto armado interno colombiano implica singularizar la continuación de las conversaciones existentes con el ELN. El trato especial a facciones de las FARC, que firmaron los acuerdos enunciados, incluyendo en ello a la Nueva Marquetalia. Dentro de este mismo trato especial ha de incluirse a los reductos del EPL que desde hace tres décadas continuaron la lucha armada pese a la des movilización de la mayoría de esa organización político-militar, con presencia actual en zonas como las del Catatumbo, la antigua provincia de Ocaña y el sur del Cesar. El llamado a conversaciones a actuales facciones de las FARC-EP que no aceptaron ni firmaron los acuerdos de La Habana: bloque identificado como el dirigido por Gentil Duarte. Incumbe además incluir la suerte en la definición de los citados frentes 28 y 10, acorde con las caracterizaciones del derecho internacional y en la definición definitiva, si califican o no como fuerzas rebeldes y/o insurgentes y/o perteneciente a fuerzas del crimen organizado multiforme. Los ingredientes del conflicto armado interno colombiano lo componen actores armados insurgentes o rebeldes y las fuerzas armadas estatales colombianas en todas sus expresiones. Por ello, al buscar el fin de ese conflicto, el armado, no ha de volverse a la imprecisión de “proceso de paz” ni continuar utilizando un lenguaje impropio de calificaciones y clasificaciones al colocar en un mismo recipiente a todos los actores armados que asolan la geografía nacional, comprendiendo que lo multiforme del crimen común organizado difiere de las causas, motivaciones, ejercicio y alcances de los rebeldes insurgentes.

En todo lo anterior está el meollo del asunto, es decir, en la distinción del diseño y aplicación de una política gubernamental nueva que logre la finalización del conflicto como solución política y no de calificativos y frases confusas.

Tan extenso tema, tangencialmente abordado, se resume en la continuación de las conversaciones rotas con el ELN, facilitando que sus plenipotenciarios en La Habana definan su equipo negociador de común acuerdo entre las partes. En un primer acto soberano del gobierno alternativo del presidente Gustavo Petro: retomar el carácter plenipotenciario de los líderes del ELN en La Habana y coordinar su regreso inmediato de conformidad con los convenios existentes desconocidos por el saliente gobierno narco paramilitar. Determinar si las conversaciones han de continuar en el exterior o, por el contrario, en el territorio nacional, constituyendo esta posibilidad la de mayor acogida.

Las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia (ELN) no serán difíciles en cuanto al reconocimiento de beligerantes como parte plenipotenciaria frente a la contraparte estatal. Se regirán por el alcance de profundas reformas económicas, políticas y sociales con participación de la sociedad civil, conforme al planteamiento de Programa Máximo y Mínimo de satisfacción con el movimiento popular. Existe un acumulado de experiencias con el proceso de fin del conflicto armado con las antiguas FARC-EP. Desde ya, es necesario que la dictadura mediática no se apropie de la estulticia de un “proceso de paz”. Hoy se trata de un proceso de conquistas sociales y populares. Por eso, es conveniente que se desarrollen en territorio colombiano.

LO DEL CONFLICTO SOCIAL

No es fácil describirlo o explicarlo. Lo conforman múltiples factores y se dice que en toda sociedad existirá el conflicto social. Es por ello que al asumir una solución del conflicto social colombiano corresponde identificar una caracterización en el llamado conflicto multicrimen. El tema y su solución ha de abordarse desde lo sociológico y político, sin que se resuma en que se trata de un problema político y sociológico por sí mismo.

Los múltiples conflictos colombianos (armado, político, económico, social, ecológico) están relacionados. De manera que corresponde asumir el tema, en particular, en lo atinente con la seguridad ciudadana.

No es motivo del presente artículo la motivación profunda de contenido y conocimiento de este conflicto. Hay que partir de la base de que es uno de los problemas más difíciles que afectan la convivencia ciudadana, para poder abordar el tema de seguridad de los ciudadanos en la ciudad y en lo rural. Para ambos escenarios no se dan tratos diferenciales. Las estadísticas y volumen de incidencias del conflicto social abarcan los escenarios tanto urbanos como rurales.

El gobierno que termina aplicó una política hegemónica oligárquica y contrainsurgente para enfrentar el conflicto social y el conflicto armado. Los resultados han sido ciertamente calamitosos. Hoy corresponde dilucidar las llamadas lucha contra las drogas, contra la minería ilegal, contra la ganadería extensiva y su efecto depredador; contra las organizaciones multicrimen y sus agentes, incluidos los delincuentes de cuello blanco; contra los acaparadores de recursos básicos, especuladores y prestamistas, así como también contra los especímenes, en todos los matices, de la corrupción y los aliados del narco paramilitarismo.

Hay que desenmascarar toda una cultura de alienación que funciona con la premisa de convivir con el crimen. Llamar a los delincuentes y los delitos por su nombre. Destaco aquí el efecto subliminal de “borrrar” el delito de robo y designar a todo como meros hurtos, tal como hacen la mediática y los responsables policiales. En un hurto no opera el factor violencia; en el robo sí y esa simple circunstancia ha hecho carrera para mitigar el agobio que produce la inseguridad que padece la sociedad colombiana.

Voto público en la elección de las magistraturas y otros altos cargos – Mitos y realidades

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Foro de Justicia1
Firma responsable: Rosaura Chinchilla Calderón
forodejustiacr@gmail.com

A junio de 2022, hay tres nombramientos de magistraturas pendientes en el Plenario Legislativo, para las vacantes en la Sala Constitucional, la Sala Tercera y la Sala Primera. Las ternas para hacer la selección están a cargo de la Comisión Especial Permanente de Nombramientos (CPEN), y la selección final recae en el Plenario. Ambas votaciones se realizan de forma secreta, generalmente sin fundamentación alguna y luego de un proceso de selección con un fuerte componente de discrecionalidad. Así, la ciudadanía se ve impedida de conocer los fundamentos de las decisiones de sus representantes, de pedirles cuentas y responsabilizarles por su decisión.

Esta práctica contradice los principios constitucionales de transparencia, publicidad, idoneidad, rendición de cuentas y razonabilidad; y además, perjudica no solo las imágenes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, sino también las de las personas que se eligen y las de aquellas que sometieron sus nombres al proceso.

Diversos esfuerzos desde la ciudadanía y entes especializados demandan que se haga público y fundamentado el voto para nombrar altos cargos públicos. véase, por ejemplo, el pronunciamiento del Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, la campaña de redes sociales #VotoPúblicoYA del colectivo Foro de Justicia, el compromiso firmado por el actual Presidente de la República con la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), y el compromiso de varios de las actuales diputaciones con el medio Delfino.cr, entre otros.

Para oponerse a esta amplia demanda ciudadana de transparencia suelen esgrimirse algunos argumentos que, como se demostrará, son excusas y mitos.

Mito 1. La publicidad está contra la ley y la normativa vigente. Realidad: Eliminar la votación secreta en la CPEN solo requiere de la voluntad de las diputaciones que integran dicha comisión, pues la metodología de trabajo la aprueban ellos mismos para cada proceso. Por su parte, en el Plenario legislativo el mecanismo se puede modificar a través de una reforma puntual al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Y aún sin dicha reforma, las diputaciones que así lo deseen pueden publicitar su voto, en virtud de los principios constitucionales, de más alto rango que el citado reglamento, de publicidad, representatividad, transparencia y rendición de cuentas que los obliga y en ejercicio de su libertad de expresión. En este sentido, por ejemplo, se encuentra el antecedente de la propia Corte Suprema de Justicia cuando decidió votar de manera pública durante el proceso de selección de fiscalía general en 2018.

Mito 2. El voto secreto es una garantía para quien vota. Realidad: Esto es así para el ciudadano o la ciudadana frente a los eventuales abusos del poder, pero no aplica para quienes representan a otras personas o quienes desempeñan la función pública, quienes, por mandato constitucional, deben rendir cuentas de lo que hacen ante sus electores; y si persisten en recurrir al secretismo y la opacidad es para ocultar intereses contrapuestos, negocios, corrupción, etc. que carcomen la democracia y la institucionalidad (quien actúa por principios no tiene nada que ocultar).

Mito 3. La publicidad expone a diputados y diputadas a riesgos en su seguridad personal o integridad física. Realidad: Aceptar este argumento significa dar por hecho que la institucionalidad está cooptada por grupos criminales que serían capaz de recurrir a ese nivel de violencia, cosa que no ha pasado nunca, ni de ello hay evidencia alguna en el país a la fecha, pero que sí podría irse generando de fomentar la opacidad en el ejercicio del poder. Además, en caso de haber amenazas en este sentido, la visibilización y combate de las causas serían el curso de acción adecuado y no la limitación de un derecho de la ciudadanía de conocer cómo votan sus representantes. En todo caso, los amenazadores tendrían hoy en día muchas formas de saber cómo vota cada diputado (fotos por ejemplo desde el celular), aún cuando este voto sea secreto.

Mito 4. La publicidad abre el portillo para la presión de grupos poderosos. Realidad: Al contrario, el secretismo es el caldo de cultivo de las componendas entre corruptores y corruptos. En cambio, la publicidad transparenta los eventuales intereses en juego y facilita su control cívico. Aceptar aquel argumento implicaría que también las leyes deberían seguir ese mecanismo, lo que es absurdo y antidemocrático. En todo caso, quien legisla debe entrenarse y prepararse para enfrentar estas presiones que tendrán en prácticamente todas las decisiones que tomen.

Ciertamente, el voto público no resuelve los problemas y debilidades que tiene el proceso de nombramiento de los altos cargos y, en particular, de las magistraturas, pero sí se trata de un pequeño pero importante paso para promover una justicia independiente e imparcial que salvaguarde los derechos de toda la población, sin discriminación alguna.

Instamos al Parlamento (pero también a la Corte Suprema de Justicia en las designaciones a su cargo) a usar y fomentar este mecanismo en los asuntos de su competencia.

1 Foro de Justicia es una organización que busca el fortalecimiento de la justicia independiente y democrática y está integrada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la Asociación Americana de Juristas, rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica Íntegra, la Facultad de derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), por el Programa Estado de la Nación y por personas expertas independientes.

Es necesario resolver las causas del endeudamiento y el despilfarro que beneficia a unos pocos y genera desigualdad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Cada discurso, cada manifestación y cada comunicación que realiza el presidente de la República, es motivo de grandes titulares en alguna sección de la prensa y además, de discursos efusivos por parte de algunos legisladores en la Asamblea Legislativa. En ambos casos, como decimos en esta tierra bendita, “buscándole el pelo en la sopa”, por ningún lado destacando algo positivo, por el contrario, tratando de debilitar cualquier acción y de mal interpretar cualquier término que les permita atacar eso que se pretende hacer.

Además, no se le da el mismo espacio ni se le presta la misma atención a aquellas acciones que, por lo menos para algunos, son acciones importantes, por ejemplo, el inicio del proceso para bajar el precio del arroz o de las medicinas, lo que sin duda beneficiará a miles de personas. Tampoco se hace referencia a las acciones de sus ministros sobre cuestiones importantes.

Ayer, escuchamos sobre el inventario parcial que ha hecho el gobierno sobre los alquileres que se pagan por parte del Estado a particulares, creando una comisión para que se dé un informe, en una semana, sobre los detalles de esos alquileres. Desde luego que eso debe tener a muchos preocupados, quizá muchos con ligámenes políticos o de relación con ese sector de la prensa o con algunos diputados o diputadas.

Es necesario preguntarse ¿por qué han pasado tantos gobiernos y no se han preocupado por esos temas que hoy salen a la luz pública?

Es evidente que el gasto público se ha multiplicado en demasía y que ha obligado a obtener empréstitos para hacerle frente a ese gasto, sin que los gobiernos anteriores hicieran algo para hacer lo que ahora se pretende hacer y así mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Precisamente por eso es qué desde hace años venimos aplicando la brecha social con enormes diferencias.

Dios quiera que se puedan resolver muchas cosas más de las que requerimos para evitar tanto endeudamiento y tanto despilfarro de dinero que solo ha beneficiado a unos pocos y de ahí la desigualdad que hoy vivimos.

Especialistas en opinología

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza Soto.

Mainier Barboza Soto
Movimiento Patriótico por Costa Rica…M.P.P.C.
24/06/2022

Para algunos intelectuales y dirigencias populares…
El lema de acción puede ser:
Proteste,
Opine Y
Proponga y Forme…
Sea parte de la Solución…

Este amanecer me sorprende en nuestra bella Santa Eulalia de Atenas, con suave llovizna; esperaba el soplo de los vientos que rompen la monotonía de los amaneceres nublados y anuncian la entrada del denominado » veranillo de San Juan», hoy que el santoral católico nos celebra y recuerda al precursor de Jesús, auténtico profeta del anuncio de El Mesías del cambio protestó, denunció y propuso y lo asesinaron. No se enfrentaba a poca cosa, era el poder teocrático tradicional y al imperio más poderoso del mundo antiguo.

Bueno esto solo es una ojeada a la historia del siglo Primero, y el parangón con lo que representa el ‘ veranillo», un cambio, que es lo que motiva este comentario.

En el año 2014, parecía abrirse una ventana diferente, por donde ingresaría una nueva luz de esperanza para el pueblo de Costa Rica. El gobierno de don Luis Guillermo Solís Rivera suponía un viraje en la política costarricense y una ruptura del bipartidismo, (cuestión que requiere de un profundo análisis y una relectura).

Sin entrar en detalles, el gobierno del PAC, acelera el proceso del desmantelamiento del Estado, mediante la puesta en escena del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, (pasa en el gobierno Alvarado Quesada) que está acorde con el «decálogo de Washington», mal llamado Consenso (Williamson.1989);- así: cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago, golpe a Japdeva, creación de APM Terminals-(solo de paso, se está investigando dicha empresa por la descarada penetración del narcotráfico, ya se cuentan por toneladas, las que se han reportado en las exportaciones. De Japdeva no conozco ningún caso…).

El 2018 se complementa con un «gobierno de unidad Nacional» que en realidad confirma la unidad sí, pero de un bloque que consolida su poder hegemónico uniendo la oligarquía agroindustrial con la oligarquía Financiera y Transnacional; los pocos empresarios nacionalistas con sangre patriota están relegados.

Mientras esto ocurre, el movimiento popular sigue disperso, aunque aplaudimos los esfuerzos por la unidad de las fuerzas populares, las organizaciones sociales, de la sociedad civil, partidos progresistas fuerzas políticas emergentes, otras más; el horizonte político inmediato nos señala que debemos unirnos en un bloque unido con una misma VOZ, ( en los medios de comunicación de masas, en las redes sociales, una CONSIGNA UNITARIA, una PROTESTA sólida, unitaria, (en la calle, por barrios, comunidades, regiones, nacional).

¿Qué falta?

Lo que se apunta de inicio:  -El auténtico liderazgo del movimiento Social, Popular, Patriótico, Nacionalista, se demuestra cuando a la opinión, la protesta, agregas la SOLUCIÓN, que para el caso de Costa Rica pasa por la PROPUESTA, vía PROYECTOS DE LEY Y APLICACIÓN DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…

Veamos:

En nuestra Constitución Política tenemos varios artículos para desarrollar una acción política unitaria democrática y de justa distribución de la riqueza;

Art. 9. nos allana el camino para la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

El Art. 50 llama al Estado a procurar una DISTRIBUCIÓN JUSTA DE LA RIQUEZA.

Desde estos artículos proponer los proyectos de ley necesarios, permite a las fuerzas Sociales unidas, tener una voz proponente, planteamientos alternativos a las de los grupos que controlan el poder, visualizar comparativamente cuál o cuáles proyectos generan mayores beneficios para el país y para la mayoría de la ciudadanía. También logra el movimiento popular empoderamientos, que permita al pueblo saber que las organizaciones sociales también hay liderazgos que pueden gobernar y dirigir este país, ya sea en las Municipalidades, Poder Legislativo, Poder Judicial; Poder Ejecutivo…

El Movimiento Patriótico ha preparado un número importante de Proyectos de Ley que harán eco en favor del pueblo, están a la disposición…

OPINE, PROTESTE PROPONGA, salgamos del estado de confort, los que crean que lo están…

Un Fiscal General para Costa Rica. Hallazgos del Panel Independiente de Personas Expertas para el fortalecimiento del proceso de selección – Conversatorio

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Este viernes 24 de junio a las 10:00 am, el Foro de Justicia Costa Rica llevará a cabo el conversatorio: Fiscal General para Costa Rica. Hallazgos del Panel Independiente de Personas Expertas para el fortalecimiento del proceso de selección.

Se contará con la participación de Manuel Antonio Solís, investigador quien ha trabajado a profundidad el tema del Poder Judicial en Costa Rica.

Puede seguir la transmisión mediante el Facebook del Foro de Justicia. Este es el enlace: https://bit.ly/3ycwnD1

Sobre las movilizaciones sociales en Ecuador

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fuente: Rebelion.org

Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:

1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social: 

En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio. 

En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia. 

El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional. 

En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.

2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.

3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.

4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.

Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.

Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.

6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.

7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.

Los firmantes: 

Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política 

Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política

Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política

Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política

Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo

Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política

Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política

Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política

Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política

Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos

Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Para no serruchar a un Roble: para Don Fernando Cruz Castro

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jiddu Rojas Jiménez

Para no serruchar a un Roble: Para Don Fernando Cruz Castro, jurista y maestro.

  1. Una anécdota jurásica personal:

Quisiera comenzar con un inolvidable testimonio propio, de mis andanzas atolondradas de estudiante universitario, entre Derecho (carrera con cupo) y Filosofía en la UCR.

Venía la tormentosa matrícula universitaria, y a mí me tocaba en Derecho, una pesadilla a medio camino entre ‘Matilde’ y las nuevas hojas a rellenar a lápiz para ser leídas por la nueva Oficina de Informática del Registro. Un caos.

Era creo mi Tercer año en la UCR, empadronado en Derecho, y yo quería estudiar Filosofía. Realmente estaba decepcionado de la Facultad de Derecho, aunque llevaba algunos Cursos aún. (Pobrecito mi Tata todavía Profesor en la Facultad. Pero siempre tuve su apoyo). 

La matrícula por entonces, era un verdadero calvario burocrático para Profesores y Alumnos. Una tortura sádica y psicótica.

La malla curricular, hoy también, exigía lógicamente que para llevar un curso de Derecho, –como de casi todas las carreras–, había que cumplir con todos los requisitos, o sea con la aprobación de otros cursos previos. Recordemos que ni siquiera había Sala Cuarta, estaba por crearse en 1989. (Gracias don José Miguel Corrales).

Fui a Filosofía, –una especie de República independiente universitaria de entonces–, y me mandaron olímpicamente a Derecho, donde según ellos, por arte de magia, debían aprobarme los Cursos de Filosofía, sin ningún comprobante de parte de la Escuela de Filosofía. No conocían el ‘modus operandi’ de la Facultad. Iba directamente a una emboscada, a una telaraña gigante, o gran limbo burocrático… 

Me tocó entonces de Profesor Consejero en la Facultad de Derecho, a un más joven, Fernando Cruz, ya con fama de buen profesor de Derecho Penal, pero sobre todo de ser muy severo.

Don Fernando, era ya don Fernando.

 —»No me diga Doctor, eso no me agrega nada, dígame Profesor o sino dígame si puede, don Fernando.» 

 Así le contestó a la excesiva zalamería de un alumno, en frente de la clase. (Si luego, fui su alumno en Derecho Penal.).

El tema es que Don Fernando, quien no ne conocía obviamente, y seguramente observando mi previo y atribulado ir y venir de Derecho a Filosofía y viceversa, sólo me volvió a ver severamente, me llamó a cuentas, y me interrogó viéndome directamente a las pupilas de los ojos (un viejo truco de Fiscal):

—»¿Usted tiene los requisitos para matricular estos cursos de Filosofía?»

Y yo le respondí con toda sinceridad:

 — «Desde luego, el Currículum de Filosofía es abierto a diferencia del de Derecho.»

 — «Comprendo», dijo seco y sonrió mordaz. Y bajó su cabeza como sonriendo más.

Y firmó mecánicamente sin decir nada mi autorización, de la matricula de cursos de Filosofía en Derecho, y sin siquiera  levantar la cabeza.

Yo que soy yo, una vez con su firma en mi Hoja de Matrícula, y ya con 18 años y tres curtidos años de UCR, desafié la fila, me le acerqué, y lo abordé lateralmente, y le expeté con respeto, pero con cierto reclamo y calculando el riesgo:

 —»¿Y si tiene dudas, por qué sino entonces autorizó mi matrícula?»

Carajo. Paró sus labores administrativas. Estaba cansado, agobiado. Pero era fuerte y contundente en palabras y gestos.

 Me volvió a ver con cara de ogro. Y me dio una lección sin gritar:

 —Vea, ¿cuántos alumnos quieren estudiar Filosofía? Dígame francamente. No creo sinceramente, que un alumno que quiera estudiar Filosofía, mienta para llevar cursos de esa carrera. Lo felicito, es un héroe.

 Buenas tardes, con permiso, el siguiente…

 Hasta yo me reí, un razonamiento penal brillante e impoluto.

 —Gracias Don Fernando, le contesté. Y me fui desafiante para Filosofía con mis cursos aprobados en Derecho.

 Lección ética práctica aprendida.

Paso de la figura de carne y hueso, a otros menesteres menos agradables. Ni modo.

  1. Serruchando al Roble: Una Injusticia Moral y Política.

 Permitanme pasar de lo particular a lo general, de lo anecdótico y personal, a los temas actuales de interés público.

Hay ahora un sector de la ‘Gradería de Sol’ desatado, que en su ‘discurso de odio’ y en su reclamo irracional de ‘baño de sangre’ populista, –claro, frente a la crisis política y económica nacional e internacional, la Desigualdad Social creciente, y el exceso de corrupción–, que pide ahora, la cabeza de Don Fernando Cruz, Presidente de la Corte Suprema.

 Es como un ritual sacrificial para una mentalidad colectiva mágica y pre-moderna, manipulada por control remoto.

Lo culpan hasta de la imposibilidad de la Liga de ganarle a Saprissa; hasta de la subida del precio de la gasolina, y obviamente de la Invasión Rusa a Ucrania, y antes, de la Invasión de Ucrania al Donbass.

 De verdad, –y más allá del humor negro–, la Ignorancia con mayúscula es atrevida.

Don Fernando, nunca ha sido un «Yesman» de los Mandarines del poder económico y político. Y eso no se lo perdonan. 

 Pareciera ahora en cambio, hasta que Don Fernando inventó las demostradas ‘Pensiones de Lujo’. En fin, lamentable la campaña de difamación en contra de un Tayacán.

Por otra parte, la investigación penal en curso contra de Don Rodrigo Chaves, por el presunto financiamiento ilegal de su Campaña Electoral, no es un tema menor. Y no se debe reducirse a la descalificación soez, por parte del Ejecutivo.

Voy a explicarles algo a continuación, aunque francamente, hasta pereza me da. Seré breve y puntual porque urge educarnos.

III. Al grano y por la Defensa del Estado Social de Derecho. 

1) Hay una crisis de Legitimidad democrática y el Poder Judicial no es la excepción. Pero que no nos manipulen más…

  1.1. El Poder Judicial ha involucionado y ha perdido credibilidad, sin duda.

 1.2. Falta también, mucha más eficacia y mucha más eficiencia, en su labor pública. De acuerdo.

 No es mi intención hacer apología ciega del Poder Judicial, ni de ningún funcionario. 

 1.3. Repito no defenderé conscientemente jamás, ningún privilegio de ese Poder.

 El manejo judicial dudoso del caso ALDESA, me retumba en la consciencia. Y hay muchos más casos. Tampoco lo olvido. Jamás.

 1.4. Tampoco creo que pienso exactamente igual que Don Fernando, –ni puedo tener jamás su bagaje jurídico tan siquiera–, ni tampoco puedo dar una opinión calificada a la altura del Doctor Román Solís, o del Ex-Magistrado Arroyo, etc. No me atrevería ni mucho menos. Hablo en un registro cívico y de educación popular. Y por favor, hablo por mí nada más. 

 Hablo como un simple ciudadano costarricense de a pie.

 1.5. Pero recordemos también, que la dirección del Poder Judicial es muy compleja y tiene un mando colegiado, como en cualquier Estado Democrático moderno.

 La Corte es una compleja institución, llena de microespacios y micropoderes. 

Es la vieja sentencia sociológica de Max Weber: «A más democracia más burocracia (necesaria)». Es el precio de la Autonomía institucional. Así de simple y brutal, como Weber. 

2) Pero precisamente, es Don Fernando Cruz, un «error del sistema» (y eso es un piropo ético), el actual Presidente de la Corte Suprema, quien ha mantenido dos líneas claras de la Constitucionalidad:

 2.1. La lucha por la defensa del Estado Social de Derecho y su función reguladora frente a la Ofensiva Neoliberal.

 2.2. La lucha contra los privilegios y por la Ética en la función pública, incluidas las mejores prácticas, y la Autónomía, relativa a veces, del Poder Judicial de los grandes intereses económicos y políticos.

3) Sobre don Fernando y su probidad:

  3.1. Precisamente cuestionar gratuitamente a Don Fernando Cruz, es parte de la estrategia de la Contrarreforma Neoliberal y de su Campaña de Desinformación.

  3.2. Él, Don Fernando, –junto a dos, tres, cuatro o cinco, Magistrados más–, les estorba por su calidad de jurista y su alto nivel ético.

 Cómo nos recordó recientemente, la compañera y contertulia <a href=»/leda.zamora?refid=52&amp;__tn__=%2As-R»>Leda Zamora</a>, los Magistrados F. Cruz y G. Armijo, salvaron su voto frente a la Consulta de Constitucionalidad, del TLC impuesto con Estados Unidos. (La Patria les agradece.).

 3.3. Recordemos además, que don Fernando está posiblemente en franca minoría, frente a otros sectores de juristas, –todos y todas respetables Magistrados/as con grandes méritos técnicos y académicos–, pero con diferentes visiones del Estado de Derecho. La Corte es gigante y compleja.

 3.4. Recientemente han sugerido separar o desconcentrar más a la Fiscalía General, de la misma incluso.

 El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no es un Monarca Absoluto del Poder Judicial, ni debe serlo. 

 3.5. Atacar a don Fernando Cruz, de forma gratuita y repitiendo ‘slogans’ y consignas baratas Neocon y Populistas, es atacar a un aliado estratégico del Estado Social de Derecho.

4) Sobre el avance del Populismo de Derechas y el Autoritarismo del Ejecutivo:

 4.1. La estrategia del Populismo de Derechas, –para encubrir con distracciones, el avance de la estrategia Neoliberal de privatización y recorte de nuestras conquistas sociales–, es precisamente, canalizar el justo descontento popular contra los ‘molinos’ de la institucionalidad democrática. Lo advertimos hace rato. 

4.2. El resultado de lo anterior, y de la ira y justa frustración ciudadana acumuladas, sólo será el debilitamiento y el posible colapso de la institucionalidad democrática, para así allanar la ruta de Contrarreforma Neoliberal económica. Sumemos a este escenario, la crisis económica nacional y mundial. 

4.3. Parte de la operación mediática es confundir y fragmentar y sectarizar aún más a la Izquierda nacional, al Progresismo, y a los sectores populares organizados y movimientos sociales, para apoyar esta campaña contra la institucionalidad democrática nacional.

 ¿Van a crear a una nueva pseudo- «Izquierda canalla» que apoye el giro populista y autoritario del Ejecutivo?

No cuenten conmigo.

 Espero equivocarme, repito.

 5) Costa Rica y su Estado de Derecho están primero:

 Este reclamo político mío, va más allá de cualquier reclamo de Campaña Electoral o tema ideológico, y menos puede convertirse sólo, en un tema personal contra el Señor Presidente. El ‘juego democrático’ incluye el debate, la crítica frontal, el humor político punzante (por eso el meme de abajo), la denuncia ciudadana cabal y sin insultos, pero también la autocrítica.

Por eso no hay que temerle ni a los «Trolls» que insultan en redes, ni al Fanatismo político.

6) Esperamos muy pronto, el franco reencuentro institucional democrático, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La Patria y el Estado Social de Derecho están primero. 

 Incluso, los proyectos patrióticos y cívicos, que fortalezcan al Estado Social de Derecho y a nuestra Soberanía, por parte de algún Jerarca del Ejecutivo, deben ser apoyados sin ninguna mezquindad.

 Con la prudencia de no ser instrumentalizados, como ‘cortina de humo’ por la Contrarreforma Neoliberal en boga.

 7) Así sucedió por ejemplo, con el tema de RITEVE y de la Ruta 27, donde el nuevo MOPT tomó medidas correctas.

 Es claro también el sesgo de algunos medios adversos al Gobierno, y de la derecha más tradicional.

 No podemos obviar este sesgo mediático tampoco, así como tampoco jamás, coartar la libertad de expresión. 

Hago en consecuencia, públicos votos, para que esta pequeña y simbólica crisis institucional, no se convierta en una grieta mayor, contra la estabilidad de la República.

Hago finalmente, un llamado a un verdadero Diálogo patriótico, institucional, social, económico y político. Todavía hay tiempo y voluntad.

Gracias por leerme.

P.D. Debería estar hoy en la Asamblea Legislativa con mi amigo Dionisio Cabal Trejos en el Homenaje a su Padre, el Cantautor Dionisio Cabal Antillon.

Por razones personales de salud, no pude asistir, sirva este modesto artículo para homenajear su memoria, desde la trinchera de ideas en la lucha por la Patria, y por la defensa de nuestras conquistas sociales.

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Una reflexión en torno a la respuesta de Don Fernando Cruz

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jiddu Rojas Jiménez

El Maestro vs. «El Malacrianza»: Una reflexión en torno a la respuesta del Presidente de la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la República. 

Sabia respuesta del maestro y amigo, Magistrado Fernando Cruz Castro, al gesto autoritario del Señor Presidente de la República frente a la Corte Plena.

Una respuesta muy prudente, pero muy clara.

 Lo anterior, –aclaro–, sin ánimo de justificar jamás los serios errores internos del Poder Judicial. Ni de avalar ningún odioso privilegio.

 Pero a ver, que alguien le explique al Señor Presidente, que el investigar la formal denuncia contra el posible financiamiento ilegal de su Campaña Electoral, no es una «denuncia canalla».

 Al contrario, es de obligado acatamiento legal. Punto.

 Si le gusta bien y sino también.

El Presidente no está por encima del Imperio de la Ley. 

 ¿Se puede entender esto último tan básico del Estado de Derecho?

 También claro, esperamos que pronto sea nombrado el Fiscal General, y que el Poder Judicial colabore. 

 La cita básica de Montesquieu señalada por Don Fernando, en todo caso, fue para ilustrar al Presidente, y para recordarle la División de Poderes.

 La escena institucional vista en los medios, entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, fue realmente lamentable.

Eso no contribuye al diálogo ínter-institucional entre los Poderes de la Segunda República. Y afecta directamente la Legitimidad Democrática de Costa Rica. 

 Esperemos que el Presidente entienda, que esto no es la Colombia de Duque, el Brasil de Bolsonaro, o la vieja Honduras del Dictador JOH, o la Nicaragua de Daniel Ortega.

 La Democracia también es procedimental.

 Mientras toda América Latina avanza políticamente, hacia posiciones políticas Progresistas, y hacia la Soberanía Nacional, nuestro Ejecutivo se empeña en imponer, junto a la Oposición de Derechas, un modelo fallido y cipayo, de exclusión Neocon y Neoliberal. 

 En todo caso, no sigamos tratando de polarizar más y gratuitamente, y de manipular y esconder con cortinas de humo «populistas», la imposición de la Contrarreforma Neoliberal.

En los temas en que el Poder Ejecutivo, actúe de forma correcta y para el beneficio del Estado Social de Derecho, de las clases populares, y de la Patria, –como en el caso del nuevo MOPT y el Contrato de RITEVE y la Ruta 27–, recibirá nuestro apoyo cívico.

Pero el Ejecutivo, deberá siempre actuar dentro de los límites del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho.

Advertidos y advertidas estábamos, de este posible rumbo del nuevo Gobierno, mezcla de Neoliberalismo y Autoritarismo populista…

Espero de corazón equivocarme, y que prive la paz social, y la lucha racional y democrática, contra la desigualdad social y la pobreza. 

  Nota: Y para los «Trolls» y Fanáticos de Rodrigo Chaves, pues recordarles que no les tenemos miedo.

  Muchas gracias, mi opinión respetuosa.

PD: Abajo una parte del discurso y de la excelente respuesta, del Magistrado Don Fernando Cruz Castro

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Un insumo sobre la educación y su crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jiddu Rojas Jiménez

Seamos honestos: Sobre nuestra educación y su crisis. 

¡Qué daño le ha hecho a nuestra Educación Pública (y Privada) la sutil infiltración Conservadora, el fanatismo religioso Fundamentalista e Integrista, y el bajo nivel educativo y científico entre las y los docentes! 

Confundir lo tecnocrático e instrumental con el espíritu científico y lo Racional Sustancial, es parte del problema

De qué sirve tener una nueva PC, si hay un techo con goteras que permite que la lluvia le caiga encima.

Pero lo peor es eso de confundir los «valores positivos» con la mera represión y la intolerancia, eso es letal.

Agrego: Eso de nunca estudiar con profundidad, o desconocer a Jean Piaget, a Lev Vigotsky, o de satanizar a Freud, o tan siquiera de no mencionar a Freire, mucho menos de leer a otros clásicos (pobre Italo Calvino), es parte estructural de un daño irreparable.

No se entienda esto jamás como un ataque a nuestros Educadores/as. Al contrario, soy al final del día un compañero docente más.

Pero, ¿quién educa a nuestros educadores?

¿Cómo país cuánto estamos leyendo y qué tipo de textos y literatura?

¿Qué roce cultural o sensibilidad artística tenemos?

¿Qué pasó con la maravillosa herencia docente de aquella histórica Escuela Normal?

¿Necesitamos todavía de la culpabilidad religiosa, para desarrollar nuestros valores solidarios? ¿Parodiando a Kant, sólo somos buenos por el temor infantil al Infierno?

 ¿Así de primitiva opera nuestra psique individual y colectiva? ¿A base sólo de temor y sobre-represión? 

Gran parte del problema de formación de los formadores, es la pésima preparación filosófica y epistemológica ,que padecen en universidades de garage. ¿Estarán tan lejos nuestras Universidades Públicas?

 Y por favor no me salgan con esa infinita ridiculez burocrática de la meros procesos de Acreditación de algunas Universidades privadas. (Podrían empezar por mejorar los salarios de hambre de los y las Docentes).

 Respecto a la preparación científica del docente, posiblemente no hay mucho que inventar. La construcción activa del conocimiento en el niño, es un proceso altamente estudiado en términos científicos desde hace décadas.

 No está escrito nada en piedra, y siguen y seguirán obviamente creciendo los aportes educativos, pero hay que estudiar y aplicar y adaptar creativamente. 

Si a eso agregamos la eterna confusión entre valores religiosos y valores éticos (ambos válidos en diferentes dimensiones), tenemos una peligrosa mezcla tóxica.

Enfrente del tradicional Conservadurismo, tenemos a la agresión mercantil de una cultura vulgar y narcisista sin límites racionales, éticos o morales, y sin responsabilidad social. Comenzando por los mismos Padres de familia. Obviamente, de ese egoísmo caníbal y serial, tampoco se puede construir nada saludable. 

Aclaro:

No desconozco ni me son ajenos, los temas de infraestructura en el MEP, la famosa Desconexión Digital, los atrasos salariales, los abusos, las «argollas» burocráticas, el acoso laboral, los abusos, las presiones, la fatiga laboral, la improvisación administrativa, y obviamente, la crisis económica general (agravada por la Pandemia) que afecta no sólo a los y las Docentes y personal administrativo, sino a los niños, niñas y adolescentes y sus familias y entornos.

La violencia de todo tipo, la deserción escolar, la improvisación, las justas huelgas mal conducidas hacia la eternidad, la cultura hegemónica y los anti-valores híper-mercantiles, todo contribuye a esta deshumanización y opacidad imperante.

Servido está el tema del «Apagón Educativo» y de la crisis permanente en nuestra Educación. Más allá del Gobierno de turno.

No digo que haya soluciones fáciles. Es un problema estructural muy complejo.

 Se dice incluso, que la planilla del MEP es la más grande de toda Centroamérica. Y eso es un orgullo nacional.

 Max Weber señaló sociológicamente, » que a más democracia más burocracia» (necesaria).

En fin, es parte de la complejidad de la Administración Pública y de un Estado Nacional carente de un gran proyecto nacional inclusivo.

 Sólo les recuerdo que la democracia y la defensa del Estado Social de Derecho necesitan de ciudadanos y ciudadanas ilustrados, libres, humanistas, y tolerantes.

Gracias, mi opinión.

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¿Qué está pasando en la democracia costarricense?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Foto: Gerardo Iglesias

El nuevo gobierno

Después de 200 años de independencia y más de setenta de vida democrática ininterrumpida, Costa Rica ofrecía un retrato de estabilidad política, instituciones públicas medianamente aceptables y logros en el plano de la salud, la educación y la protección medio ambiental. Ya no es el caso.

Gerardo Castillo

La línea ascendente alcanzó a llegar hasta los años 1980, cuando el desgaste del Estado benefactor y la introducción, por fuerza externa o sumisión, del ideario neoliberal puso de moda las políticas económicas que colocan al libre mercado y la iniciativa privada por encima del bienestar general.

Para ello, se orquestó toda una campaña mediática muy cargada contra los partidos políticos, tildándolos en forma general como corruptos, y se satanizó a los sindicatos y sus dirigentes.

El Estado fue vapuleado como ineficiente ante la sociedad civil, se criticaron los altos salarios, la abultada planilla y la duplicidad de instituciones y; por otro lado, se intensificaron los negocios entre el sector privado y el público.

La influencia del primero fue mayor y esto permeó más la corrupción, principalmente en mandos medios. Todo esto devino en una Costa Rica diferente.

La pandemia como espejo

El panorama estadístico actual refleja una situación preocupante; por un lado, la pandemia sacó a la superficie lo que venía mal y agudizó los problemas: la creciente pobreza, las altas tasas de desempleo (13,6 por ciento) y; por el otro, la concentración de riqueza en pequeñas élites de industriales y banqueros.

Los impactos son visibles, principalmente a nivel interno. Las comunidades de las zonas fronterizas y los puertos concentran no solo situaciones de riesgo, sino que agregan un crecimiento de la delincuencia, el narcotráfico y una putrefacción que alcanza a los gobiernos locales.

Los dos años de pandemia fueron más que suficientes para constatar que la seguridad social resistió, que el personal de salud no es tan vago como la prensa pintaba y que la coexistencia entre grupos sociales (ricos, pobres, medios y excluidos) por más que la han ido diluyendo, sigue siendo una necesidad intrínseca del ser humano.

¿“Quo vadis” Costa Rica?

Las últimas elecciones no solo dejaron un presidente infrecuente sino una serie de enseñanzas para los estudiosos de las conductas políticas modernas.

El Partido Progreso Social Demócrata (PPSD) es una etiqueta como muchas otras que se presentaron en el mercado electoral. Un partido improvisado, sin ideología clara ni dirigentes conocidos.

Esta constatación no solo desenmascara la cultura política tica sino que estimula la revisión crítica de los partidos y políticos tradicionales y los no tradicionales (religiosos y personalizados), que han brillado por su indisciplina, volatilidad, irresponsabilidad, personalismo, incompetencia y oportunismo.

Los candidatos fueron muchos y en gran parte carentes de interés por mostrar una identidad partidaria.

Esto suscita desconfianza y en sus discursos resultaba todo un acertijo descifrar las corrientes ideológicas que pregonan. ¿Es una visión de derecha, de izquierda, socialdemócrata, social-cristiana o liberal?

En los comicios recientes quedó evidente el desprestigio que vive la política nacional.

Se alcanzó el más alto nivel de abstencionismo (40 por ciento) pero, aun así, el vencedor pudo con menos de un 30 por ciento convencer al electorado con promesas de un cambio, sin evidencias de cómo lograrlo, ni con qué equipo va a llevarlo a cabo.

El PPSD operó como una franquicia utilizada por un outsider de la política que regresó al país después de más de veinte años de ejercer como funcionario internacional en el Banco Mundial.

Fue nombrado ministro de Hacienda sin mayor investigación de su prontuario, duró corto tiempo, pero suficiente para ser encandilado por las cámaras.

Soberbia

En la realidad cotidiana no existía el PPSD, más allá del registro electoral. Fue encabezado por un desconocido sin experiencia política electoral que exhibió soberbia al diagnosticar los males del país (empleo, costo de vida, pensiones de lujo y corrupción) −que están sobrediagnosticados− y que prometió resolverlos en forma inmediata, frontal o por la vía que sea necesaria.

Males muy conocidos, propios de un país desigual, controlado por élites empresariales que, en alianza con la dirigencia de los partidos tradicionales y la prensa comercial, han venido concentrando y ensanchando la distancia entre la Costa Rica pobre y la Costa Rica de los ricos. ¿Y… la clase media?

El estado social de derecho ha sido debilitado y la clase media, cada vez más estrujada, entró a engrosar el grupo de los indignados y desclasados.

Resultó fácil al candidato del PPSD, supuestamente libre de pecado, adversar a otro candidato que cargaba con el desgaste de una anterior administración y estigmatizado, con razón o sin ella, como corrupto.

No de “los mismos”
La victoria fue clara y demostró, entre otras cosas, que fueron las provincias más pobres y de menor desarrollo (pobreza, desempleo, salubridad, escolaridad, inseguridad, etc.) las que inclinaron su voto a favor del debutante.

La inteligencia, las universidades, periodistas, escritores y grupos de mujeres de reconocida imagen internacional abogaron por el candidato conocido, pero no logró cambiar un pronóstico que ya había sido anunciado: la gente menos favorecida y resentida quería cambio y un presidente que no fuera de “los mismos”.

Lo sorprendente de lo acontecido no fue la lógica manifestación de los antisistema, sino más bien que la izquierda y los sindicatos no fueran quienes lideraran la inconformidad social.

Sí lo logró un candidato de derecha, cuyos discursos dejan muchas dudas respeto a la inclinación populista y al deterioro que pueda sufrir la institucionalidad democrática del país.

Como las lluvias de mayo

Y como elemento más perturbador se han ventilado serias dudas acerca del origen y transparencias de los fondos utilizados en el financiamiento de campaña del PPSD.

En definitiva, el mando político de CR a partir del 8 de mayo es un tiro al aire, tanto por la reducida representación del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa como porque llega un gobierno con gabinete de desconocidos, sin experiencia política, improvisados y con contradicciones que ya saltan a la opinión pública como las torrenciales lluvias en mayo.

Con más dudas que esperanzas

Una de las críticas ácidas en la campaña electoral fue que ni el partido ni el candidato contaban con un equipo profesional calificado, con experiencia en administración en el manejo del Estado.

A ello el candidato ganador respondía en los debates que los partidos que tenían los mejores equipos eran los mismos que presentaban como figuras a los responsables del descalabro.

Por eso, él asumiría el compromiso de llevar profesionales jóvenes y sin amiguismo de ningún tipo.

Los jerarcas serían escogidos por agencias especializadas en selección de personal, tal y como acostumbra hacerlo la empresa privada.

De nuevo el mensaje endulzó el ingenuo anhelo de cambio sin considerar que las ideas, igual que los propósitos, solo logran demostración en los hechos y que estos, para cumplirse, exigen competencia, capacidad y una mínima cohesión en principios y un modelo de país, condiciones básicas que no pueden inventarse de un día para otro.

La victoria no requirió presentar ningún equipo. Al formarse el gabinete afloraron las primeras contradicciones: “que el país está económicamente quebrado, dijo una diputada, y por otro desmintió el ministro aclarando que no…eso no puede afirmase de esa forma…”

Gerentes

Apenas se publicaron nombres de ministros aparecieron las observaciones: una ministra de Trabajo de conocida trayectoria antisindical, acompañada de un viejo funcionario de dudosa reputación; un ministro de Hacienda que en la administración pasada se descubrió que había incumplido al fisco; una ministra de Agricultura no solo atada a las cámaras empresariales sino enredada en casos de infracciones laborales.

El propio ministro del Medio Ambiente declaró que los grupos ambientalistas van contra la empresa privada y el presidente expresó no estar a favor del Acuerdo de Escazú.

¿Cuál va a ser la imagen de Costa Rica a partir de ahora en los foros internacionales que luchan por la defensa del planeta? Es predecible en un corto plazo que la incomunicación del “equipo” conduzca a rápidas deserciones y a una centralización presidencialista.

Hay indicios para pensar que, lejos de un presidente de la república, tendremos un gerente con un maletín de ocurrencias que presagia conflictos, no solo con los otros poderes sino desde diferentes frentes sociales.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/que-esta-pasando-en-la-democracia-costarricense/