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Comprender el concepto de corrupción – ¿Qué es Corrupción?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. Fuente : https://www.significados.com/corrupcion/

Resulta que, en muchos   ámbitos de la   vida misma, diversidad de actores señalan el término “corrupción” y   dirigen su dedo índice señalando personas grupos

Aclarado esto,   el  flagelo o  cáncer de  la  corrupción  misma,  no  conoce  estrato social, clase o  género,  todo  está  en la  perspectiva  subjetiva  misma del  calificativo de  quizás  lo  bueno  o lo  malo y  de  ahí  la  justificación de  que  un  acto  corruptible,  quizás  para  alguien  es   calificado de  mayor  o  menor  grado y  en  ese  dimensionamiento  podamos  aplicar  el  reproche  social , como un  simple refrán lo  indicó  “ladrón que  roba  a ladrón , tiene   cien años  de  perdón”

La   bendita pública, como llamaban nuestros padres a la   Fiscalía o al Ministerio Público, fue en su momento demasiado intensa, quién se enfrentaba a la Bendita Pública, sabía que, era cosa seria, y aunque no se diera sentencia, debía purgar una condena social.

El robarse una gallina al vecino, podía provocar una contienda tal; que hasta se mataban los actores, el delincuente y la víctima.

Pues; resulta  que  la  “corrupción”   año  a año  fue  evolucionando,   desde   un  simple fruto en  una  finca,  hasta  llegar   hoy  día  a  los  miles de  millones,  que  un  fraude  financiero puede  provocar, señalamos   un  posible  caso,  denominado ALDESA,  de  ahí  se  observaría  la  penalidad del acto corruptible  y  fraude  financiero quizás  en  contra de  gente  humilde y  de   buena fe; pero  que  al  final sin  los  controles  adecuados, permitió que  un  grupo de  “gurús” ejecutivos o financieros,  dispusieran de  un  dineral   de  gran cuantía.

Sucede  que  el  ROP  es  un dinero que  podría  tentar a  muchos  a  realizar  actos  reprochables  y  corruptos,  desde  influenciar  con  los  amiguitos  y  crear  normas y  directrices   que  permiten por  ejemplo la  inversión de esos  fondos  en el  exterior,  digo   que  el ejercicio de  la presión en  favor de  una  política, que  no está   enmarcada en el  principio de legalidad, ingrese  para  que   se  permita  realizar  el acto, pero  con un  presunto dolo eventual,  ya se  sabe  o  se  presume  por  parte del “corrupto” hacia  que  va  dirigida esa  política, podría  ser; hasta  desaparecer los  dineros en el  exterior,  se  señala  presuntamente, porque los  hechos  podrían evidenciarlo, pero  también debe  comprobarse.

Entonces,  ese  dinero que  es  un poquito de plata, (ROP) se  va  al  exterior, y  eso  ya  es    normado, la  pregunta  aquí;  es quién o quiénes se  favorecen con recursos  frescos  y  baratos, y obtienen jugosas  ganancias, y  nosotros  los  trabajadores, no  podemos  ni  ir  a  Paso  Canoas a  compra  algo;  y mucho  menos   es de esperar  que  sin la  norma  jurídica que  nos  dé la  investidura de fiscalizador, podamos  realizar  aunque  tengamos  conocimiento técnico, un viaje al exterior para  la   auditoria  forense o  preliminar que  evidencia una  mala  inversión y  con ese  estudio ; generar  una  actuación en el  Ministerio Público, para  que se  inicie la  persecución  penal, contra los  que  conforman la junta  administradora de  ese  fondo de  pensiones.

Reitero la interrogante, no observó individuo del  sector  laboral, que  teniendo conocimientos  técnicos, conforme o integre  las distintas juntas  administrativas de  fondos  de  pensión y  que  posibilite en representación de  los  trabajadores, generar  esa  alerta  judicial y  llevar  a la  cárcel a  presuntos  malos administradores o  fraudulentos  actos  en   la  administración de  esos  fondos, que  puedan evidenciar,  dolo eventual, favorecimiento real, incumplimiento de  deberes, en  fin  actos  reprochables y calificados  en  muchos  de  “corruptos”

Si usted debe hacer, y deja de hacer, no está ayudando más que en tolerar muchos actos corruptibles.

Mucho se sabe, en la historia nacional del calificativo de corrupción, pero, no inserto quizás al  actuar personal o individual, y de ahí el  interés del suscrito en llamar la atención al  concepto mismo, concluyendo en la frase que evoca mi mente y la misma reza:

Un dilema trivial;

¿Es corrupto una persona?

Pues antes reflexionemos del

Deber de Hacer

Y

Dejar de Hacer

¿Responde acaso esto a esa pregunta?

Cuando un médico no pone el medicamento adecuado a su paciente; 

Cuando un profesional no defiende adecuadamente el presupuesto de su   gestión, 

Cuando un policía se hace de la vista gorda ante la presencia de un sospechoso delincuente

Cuando un profesor puede otorgar notas a cambio de favores

Cuando un legislador, no legisla como corresponde y se abriga en grupos élites para su beneficio particular

Cuando un productor vende producto de mala calidad al Estado, como si fuera de primera calidad

Cuando le doy un clip a una autorización que no corresponde, en el ejercicio del poder que se ostenta, etc.

Entonces, calificar un acto realizado por el individuo mismo de corrupto y que ese calificativo le preceda su nombre de pila, aunque la “bendita pública” lo libere, es delicadísimo; ya que como me resulta la idea, el que debe hacer y deje de hacer, a mi criterio es CORRUPTO

Una reflexión para un país libre de corrupción en gran cantidad de escenarios.

 

Compartido con SURCOS por SITRAHSAN.

Panamá: un pueblo en lucha

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Autor: Efren Virreal Cedeño, miembro del Movimiento Humanista

Desde los años ochenta, específicamente en 1987 en las manifestaciones contra Manuel Noriega, no se veía esta reacción de la población panameña. Un pueblo unido en su diversidad: los educadores, estudiantes, profesionales de la salud, sindicatos, nuestros hermanos originarios y el pueblo en general. Nosotros los panameños somos pacíficos y quizás demasiado tolerantes al abuso, pero esta reacción indica el nivel de agotamiento, de hastío y diremos en el sentimiento, el engaño, la burla, las mentiras, la injusticia y el abuso constante de más de 30 años de los burócratas, políticos y la mafia especulativa de la clase dominante; 115 familias dueñas del 80 % de la riqueza.

Aquí –en Panamá–, Ernesto Pérez Balladares (PRD) privatizó las empresas de energía y de cable, telefonía y celulares, y Martín Torrijos (PRD) concesionó nuestros ríos para hidroeléctricas. En Panamá, hoy tenemos la electricidad más cara del mundo y las empresas de cables, celulares e internet nos estafan vendiendo un servicio que no brindan, En cuanto al combustible, también es un oligopolio manejado por los mismos que son dueños de bancos, aseguradoras, puertos, hidroeléctricas, empresas de gas licuado, hospitales, televisoras y líneas aéreas.

Las distribuidoras de medicamentos, después de la Ley de Libre Oferta y Demanda del 2001, acapararon todo el mercado, convirtiéndolo en un oligopolio. Hoy nos venden medicinas a precios hasta cuatro veces más que en otros países vecinos.

Hay hastío, hay cansancio, hay agotamiento. Este es un país con riqueza e ingreso per cápita suficiente, pero la peor distribución de los recursos en América Latina. Aquí hay dos países, uno que vive en el primer mundo: los privilegiados, y el pueblo cada vez más pobre, que vivimos en el tercer mundo.

Tenemos que construir una democracia real, participativa, un sistema de bienestar donde haya acceso a salud y educación de calidad para toda la población, y oportunidades de empleo para todos; para ello, necesitamos construir una verdadera mesa de diálogo y un verdadero proceso constituyente que termine con los oligopolios y burócratas corruptos, y que de él surja una nueva constitución, para construir una nueva República democrática, próspera, justa, incluyente y humanista.

 

Compartido con SURCOS por Ítalo Fera Fallas.

La democracia no tiene la culpa

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Las condiciones económicas que le daban estabilidad a la democracia liberal en épocas pasadas ya no existen. Por el contrario, vivimos en los tiempos accidentales y de descenso de la modernidad, los problemas estructurales relacionados a la mala distribución de la tierra, su deterioro sistémico y el aumento de las desigualdades de todo tipo, son el reflejo más contundente de esa realidad. No es de extrañarse entonces, los amplios grados de polarización política existente en el mundo actual, especialmente en América Latina y el Caribe, así como todo el sur global.

La democracia iliberal o democracia sin derechos como llaman muchos, y el liberalismo no democrático (derechos sin democracia), se ha empezado a convertir en el fenómeno por antonomasia en respuesta a esa falta de resonancia de la política con la ciudadanía. Por su parte, los defensores de la democracia liberal, tal cual la conocemos hoy, ya sean de izquierda o derecha, parecen gozar de poca credibilidad, en particular si esas voces pertenecen a partidos políticos tradicionales o asociados de alguna manera a aquellas prácticas políticas hacia las cuales las personas manifiestan fuerte rechazo. 

Sin dejar el tema de la exclusión-polarización económica de lado, parte del problema es que occidente ha convertido la democracia de corte liberal en ideología y propaganda, con rasgos totalitarios que ataca todo lo diferente a ella, sin tomar en cuenta la verdadera pluralidad que caracteriza al mundo. Por el contrario, trata de comprimirlo, para que entre en un molde preconcebido al cual todos deberían adecuarse. Lo preocupante de esto es que al convertirse en una forma de religión política laica, se vuelve un instrumento manipulable a muchos intereses adversos al bienestar común, desnaturalizando así su razón de ser, contrario a todo lo que en realidad debería ser una democracia robusta y pluralista en el siglo XXI.

Esta reflexión crítica no significa estar en contra de la democracia, es una forma de evidenciar o advertir sobre los riesgos de esta forma particular de la misma, para comprender los fenómenos políticos y buscar así formas alternativas para mejorarla y hacerla volver a su centro esencial. La creciente concentración de riqueza en nuestras sociedades dentro de los sistemas democráticos liberales defendidos a capa espada por el establishment, provoca el rechazo ciudadano, y al igual a lo sucedido con la izquierda o la derecha clásicas, este pierde la fe y su compromiso con ella. A primera vista y sin profundizar mucho en el análisis, constatan que no ha dado respuesta a sus necesidades más elementales, y paradójicamente, las perpetua. Ante los ojos de grandes sectores excluidos, sus condiciones de vida se han deteriorado en democracia.

Ahí reside uno de los mayores peligros reales para la democracia en nuestros días. El disgusto popular hacia ella es como si se estuviese rechazando una ideología por sus contradicciones y falta de resultados concretos, así las figuras que surgen como anti sistema, no llevan como prioridad una transformación ideológica del país en derecha o izquierda necesariamente, sino más bien, se dirigen directo a la institucionalidad democrática y sus principales pilares, para cambiar las reglas del juego, con sobradas razones, llegando a contar con el apoyo de amplios sectores, en especial aquellos menos beneficiados por el desarrollo.

No en vano existen muchos autores contemporáneos escribiendo sobre la relación existente entre el auge del populismo y la creciente fragmentación social. Estos académicos plantean que el creciente apoyo a partidos de corte extremista está asociado a sentimientos de marginación y desintegración social. La pérdida de sentido de pertenencia a la comunidad no solo genera marginación y problemas de violencia e integración, sino que promueve el auge de partidos populistas. Las personas tienden a sentirse socialmente marginadas en las sociedades del descenso, el consumo y la inmediatez actuales; el miedo a no ascender socialmente, no obtener un mejor salario o empleo, perder el estilo de vida adoptado o el temor de no poder llegar a fin de mes, provoca un descontento tal que es natural la búsqueda política de responsables ante dichas situaciones. Cada vez hay que correr más no para estar mejor, sino para no descender.

Esos sentimientos de marginación social pueden tener múltiples raíces, entre ellas el alto costo de la vida, la pérdida de una posición social y económica valorada, el crecimiento de las brechas digitales, culturales, educativas o laborales. En otras palabras, entre mayor sea la exclusión del modelo económico imperante en nuestras democracias liberales, mayor será la desafección hacia esta y más fuerte será la polarización social, así como las manifestaciones de carácter populista que se den en cada país afectado por esta realidad. El populismo no es una causa, sino un efecto, por esa razón, su combate más bien lo fortalece, el frío no está en las cobijas.

Hay quienes echan la culpa a los migrantes ilegales, a los sectores económicamente más acomodados de la sociedad junto con la evasión fiscal, y otros a la corrupción o al gobierno de turno. El objetivo es buscar un culpable para cobrarle la factura en las próximas elecciones, el problema es que no se busca tocar el modelo económico generador del problema de fondo. Es aquí donde los candidatos outsiders asoman la cabeza, con un discurso incendiario contra las élites, los partidos políticos, las minorías u otras estructuras de intermediación sociales clásicas, según sea su inclinación particular.

Así todo se empieza a volver más complejo y el (des)orden en su totalidad se torna en riesgo latente para todos por igual. No se sabe lo que pueda surgir de esas crisis, para muchos es lo correcto, para otros puede representar el fin del estado de derecho o la puesta en riesgo de grandes inversiones económicas. El punto acá es que el actual estado de las cosas no es viable para ningún actor social y económico de la sociedad.

Volver a la democracia real y su defensa pasa necesariamente por la construcción de un proyecto nación integrador, respetuoso de la pluralidad pero buscando superar la fragmentación económica y social. Pasa por replantear los mecanismos de distribución de oportunidades en todos los sectores para que el fruto de la productividad sea reflejado en el bienestar de todas personas, es volver a crear una voluntad social colectiva, cuyo sujeto histórico sea la comunidad en su amplitud de expresiones, visiones y demandas, donde el sentimiento de pertenencia sea otra vez parte del orgullo y no de la indiferencia.

En contraste con la globalización clásica donde los conceptos de nación o frontera fueron menospreciados, ahora deben ser retomados como garantes de la verdadera pluralidad, de respeto a la diferencia y la autonomía de cada pueblo que habita el planeta. Esto no significa cerrarse al mundo, ni mucho menos caer en nacionalismos destructivos de periodos superados, pero sí entender y respetar la forma de organización política de cada país (demos-kratos), respetar esas visiones, y en el marco de la diferencia buscar construir de forma colectiva un andamiaje sólido para fortalecer la paz y permitir que cada pueblo pueda volver a tomar en sus manos realmente el rumbo de sus destinos. Construir un nuevo pacto de la sociedad de acuerdo a las realidades de la época.

La democracia en su centro esencial, donde todas las personas se sientan parte de ella y no fuera, donde existan mínimos que garanticen una vida digna de no descenso, con instituciones eficientes que responden a las demandas ciudadanas y le acompañan en la realización de los proyectos de vida de cada quien. Es tener de nuevo la libertad de elegir el estilo de vida que se desea en una sociedad con reglas pero también derechos para todos, sin discriminación alguna y sobretodo, con mayor justicia social, digital y ambiental. Mientras no podamos resolver los problemas estructurales que nos han traído hasta este punto, y que no son culpa de la democracia como tal, ésta seguirá pagando los platos rotos y estando en cuidados intensivos por tiempo indefinido.

La sin razón de quienes objetan el Acuerdo de Escazú

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

La Importancia del acuerdo.

El acuerdo de Escazú se firmó por parte de Costa Rica el 26 de setiembre del 2018, tras un evento regional de los países latinoamericanos, relacionado con acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia para toda la ciudadanía en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Se conoce con el nombre de “acuerdo de Escazú”, por haberse celebrado la primera reunión en este cantón costarricense en el año 2018.

Es un acuerdo internacional de los países de la región, que pretende asegurar la protección del medio ambiente y los derechos humanos de las personas. Su importancia radica en que los acuerdos que se tomen vinculados a esta temática deben estar sustentados en la participación inclusiva para todas las personas. Lo anterior está encadenado a la búsqueda de una mayor igualdad real, para propiciar un crecimiento económico sólido y un desarrollo sustentable para la totalidad del conglomerado ciudadano de los países. En tercer lugar, será menester una certera divulgación de la información ambiental y que la participación sea copiosa y naturalmente pública.

Uno de los objetivos cardinales del tratado se encamina a brindar protección eficaz y efectiva a todas las personas que con grandes sacrificios y convicción dedican su vida a la lucha por la obtención de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De modo que, el acuerdo en su esencia se basa en el principio “pro-persona”. En suma, se trata de alcanzar por fin un “Acuerdo” general asentado en principios entre las naciones Latinoamericanas y del Caribe cuyo fin es el de: “Igualdad y no discriminación, no regresión ambiental y progresividad, [que sea] preventivo y precautorio (en materia ambiental y de defensa), [que brinde] máxima publicidad, equidad intergeneracional, soberanía sobre los recursos naturales, igualdad soberana sobre los Estados y el principio pro-persona.” (Cfr. “Campaña Escazú Ahora, Costa Rica.” Toolkit Campaña #Escazú. Consúltese además en: https://www.cepal.org/es/acuerdoescazú).

Antecedentes del acuerdo.

Es importante constatar que, ya en la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 50 se estipula la garantía que proporciona el país al derecho de todos sus habitantes a un “Ambiente sano” y “Debidamente equilibrado”. Ello implica que, aunque la Constitución consagra ese indiscutible derecho, en la vida real no ha sido posible garantizarlo.

Nuestro ambiente dista todavía mucho de ser sano y equilibrado. Afirmo tajantemente que hay responsabilidad dolosa del Estado en varios sentidos y de algunos sectores de la sociedad civil; como cuando se permite seguir importando autos que queman hidrocarburos, como gasolina y diesel, sin poner plazos fatales para culminar con ello. Lo mismo cuando se sigue importando fertilizantes sumamente contaminantes. Y también tienen responsabilidad las empresas que mercantilizan esos productos. El Estado no está pues “garantizando” lo expresado en el artículo 50 de la Constitución. Está de por medio la vida de seres humanos, plantas y animales. Mientras no se establezcan esos plazos con todo rigor frente a los productos que se sabe científicamente que afectan el ambiente; se obvia así el principio constitucional.

Otro tanto ocurre cuando empresas responsables de fomentar el resquebrajamiento de la Constitución, como ocurre con las piñeras, por ejemplo; pues no sufren siquiera el más mínimo castigo por el daño causado al ambiente. Cada vez hay más opciones de carácter orgánico para enfrentar las plagas, por lo que la elaboración de una agenda realista que le ponga freno paulatinamente al envenenamiento de nuestro ambiente, del ser humano, de la tierra, plantas y animales, es algo perfectamente factible.

Los seres humanos que se juegan la vida defendiéndonos a todos del calentamiento global derivado de la contaminación del ambiente, no son objeto de protección ante el matonismo y la persecución que sufren de parte de muchas empresas contaminantes. Esta es una transgresión flagrante del principio constitucional en su artículo 50, tanto como de los derechos humanos que se consignan en la Constitución, así como en tratados y acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica. No nos referimos a vaguedades, hará unos 8 ó 9 años se asesinó al líder ambientalista y comunal Jairo Mora por su acción patriótica en favor de la lucha por el resguardo de la vida; no es el único caso en nuestro país y, los países de América Latina, unos más otros menos, están plagados de delitos que han quedado impunes, cometidos por algunas empresas contra la integridad de luchadores sociales por el medio ambiente.

Aparte de la Constitución Política, en el artículo ya citado “Campaña Escazú Ahora”, se mencionan como antecedentes directos del “Acuerdo de Escazú”: la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Tierra de 1982, relacionada con la Conservación de la Naturaleza, la Declaración de Río del año 1992, específicamente en su principio 4, el principio 10, que de nuevo retoma el acceso a la información, la participación y la justicia, las ODS16 que dieron lugar a los derechos sobre procedimientos ambientales, la declaración de Río de Janeiro en el 2012, conocida como “Río+20”, en donde se fomentó un mecanismo regional. El ulterior antecedente que se menciona es el de la CEPAL, adscrita a la ONU, responsable de asesorar a los países de la región en asuntos atinentes al desarrollo económico y social. La CEPAL se constituye en una secretaría técnica para la consolidación del mecanismo regional para efectos de impulsar los “Acuerdos de Escazú”.

Por último, el 4 de marzo del 2018, se adopta el acuerdo regional sobre “el Acceso a la Información, la participación pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales o “Acuerdo de Escazú”.

Hay que agregar que las negociaciones contaron con una presidencia compartida por Chile y Costa Rica.

“El Corazón tiene razones que la razón no entiende”. Blaise Pascal

Tenemos mil razones de la razón para clamar al mundo por una nueva forma de vivir sin degradar el medio ambiente de la manera como lo hemos venido haciendo. Pero, ahora poseemos razones del corazón, cuando vemos rebalsados los cauces de los ríos de plásticos, cuya degradación tarda entre 100 y 1.000 años, o sea es lenta y a largo plazo. Tenemos razones del corazón, cuando observamos como todos estos materiales que desechamos con desenfado por doquier, una gran parte de las veces terminan en los océanos como basura contaminante que afecta los ecosistemas marinos y por lo tanto la vida de cientos de miles de especies, algunas de las cuales han desaparecido sin remedio y no las volveremos a ver más. Las razones del corazón brotan cuando presenciamos como si se tratara de una película ficción, arder miles de hectáreas por todo el orbe a causa del sobrecalentamiento del planeta, el único que tenemos. Hoy arde la tierra sin discriminación entre países pobres y ricos, Europa arde en llamas igual que el África, Los Estados Unidos como países del Asia.

Mientras tanto, muchos levantamos la voz de la razón y del corazón. Como puede verse, la importancia que revisten “los Acuerdos de Escazú” para toda la región es innegable. Sin embargo, en una buena parte de los países de la región se alzaron voces, para torpedear el acuerdo con argumentos falaces, como ha hecho la UCCAEP en Costa Rica. Pasamos a glosarlos basados en un documento estupendamente elaborado por dos intelectuales de alto nivel y especializados en medio ambiente, como son los doctores Patricia Madrigal Cordero y Rafael González Ballar. Un trabajo conjunto donde caen desmitificadas las falacias:

1-Los intelectuales Madrigal y Ballar señalan primero que UCCAEP acopia argumentos falaces hijos de generalizaciones infundadas por exageradas y por tanto con pruebas insuficientes que (con intención o sin ella, agrego), inducen a error. En cambio, afirman: “Queremos construir una historia diferente, proponiendo una interpretación que se base en las aspiraciones como sociedad y que permita fortalecer nuestra democracia, siguiendo la senda del desarrollo sostenible.” (Cfr.AcuerdodeEscazú-FES.pdf). Asimismo, dejan constancia que, el hemisferio americano fue la primera región del mundo en reconocer el derecho humano a un medio ambiente sano, de manera expresa y vinculante. (Ibid.) Para los autores, los “Acuerdos de Escazú” definen que se debe garantizar “los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia ambiental”. Y puntualmente afirman que, estos derechos son el corazón de la democracia ambiental, necesaria para garantizar los derechos humanos en asuntos ambientales.

Por lo consiguiente es insubstancial que la UCCAEP señale como un error que los “Acuerdos de Escazú” vinculen temas ambientales con los de derechos humanos, para objetar que las personas que defienden derechos humanos puedan incidir en asuntos ambientales. Obviamente, para que los derechos humanos puedan florecer, requieren de un medio ambiente sano. Se trata de un círculo virtuoso, nunca vicioso.

2-La UCCAEP desliza la especie de que “cualquier persona puede bloquear el uso de nuevas tecnologías, así como de obras de infraestructura, etc”. Esta es una falsedad que no se sostiene, ya que, como puntualizan los autores el derecho administrativo costarricense no permite una discrecionalidad absoluta en esta materia, ella está limitada por el ordenamiento jurídico que no admite abusos ni arbitrariedades contrarios a la técnica o a principios de justicia, lógica y conveniencia. De modo que, el principio precautorio al que tanto teme la UCCAEP, no puede usarse para bloquear el desarrollo del país. En cambio, argumentan los autores, el Derecho Internacional Ambiental establece cuando cabe invocar el principio precautorio, y es taxativamente cuando hay peligro de daño grave o irreversible contra el medio ambiente. Establece que es en esos casos específicamente, cuando no es dable apelar a “falta de información o de certeza científica” para postergar la adopción de “medidas eficaces”, para impedir la degradación medioambiental. Ni siquiera en función de los costos. No media ningún abuso en ello. Se tutela el ambiente en el que vivimos todos. Por otro lado, no es cualquier persona, o de cualquier país quien invoca el principio precautorio, puesto que en el artículo 2d del “Acuerdo de Escazú”, se delimita el derecho a “personas físicas o jurídicas nacionales o que están sujetas a la jurisdicción nacional del “Estado parte.” No hay trampa ni engaño alguno frente a los engañosos argumentos de UCCAEP.

3-UCCAEP arremete también con otra argucia igualmente falaz: dicen que “el Acuerdo de Escazú” abre el acceso a la información sin restricciones, incluso para privados. El razonamiento jurídico de los doctores Madrigal y Ballar es contundente para desmentir este aserto. Debieron insistir y lo repito yo ahora, el “Acuerdo” es un “instrumento internacional” pero inscrito dentro del marco del ordenamiento nacional de cada país. Significa que está integrado por ejemplo con los tratados de Libre Comercio, donde se estipula tajantemente la protección a la propiedad intelectual. Por otra parte, el propio “Acuerdo de Escazú” contempla en su artículo 2, b el acceso a la información a las organizaciones privadas solo en el caso de que reciban fondos públicos, ya sea de forma directa o indirecta o que desempeñen funciones o servicios públicos. Además, los académicos añaden que se refieren exclusivamente a los fondos o beneficios públicos recibidos. Como se ve, ningún privado que no cumpla con esos requisitos podría solicitar información que fuera privada, aun cuando no estuviera protegida por las reglas de propiedad intelectual.

4-La organización empresarial asume que el “Acuerdo” violenta el principio de presunción de inocencia. Según su criterio ello ocurre por cuanto en el “Acuerdo de Escazú” se invierte la carga de la prueba en materia de ambiente a las empresas en lugar de recaer en los denunciantes. Madrigal y Ballar aclaran que la inversión de la carga de la prueba rige en el derecho ambiental, al revés de lo establecido en el derecho penal. En el Tratado se establecen además, las condiciones bajo las cuales rige la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental: a. Según el artículo 8.3, cada país deberá considerar sus propias circunstancias para aplicar la medida; b. se considerará daño ambiental sólo “cuando corresponda y sea aplicable”; c. La inversión de la carga de la prueba se establece “como ejemplo” de medidas que se pueden tomar en un Estado, sin que recurrir a ellas sea obligatorio. O sea, no son de aplicación automática ni obligatoria, sino que es una opción en un marco de posibilidades. En otras palabras, solo se aplicaría “cuando corresponda y sea aplicable”, por tanto, se deberá analizar cada caso y, siempre serán los órganos nacionales los que dictarán su aplicabilidad, de acuerdo con el marco jurídico nacional. Así, el principio “indubio pro-reo” se atiene estrictamente a las reglas procesales prescritas. Pero en el Derecho Ambiental, dicen los académicos, la Ley de Biodiversidad de 1998, artículo 109, estipula en forma expresa la inversión en la carga de la prueba. En el derecho costarricense existe copiosa jurisprudencia al respecto sobre la forma en que se aplica este principio del derecho ambiental.

5-La UCCAEP afirma, faltando a la verdad, que el sector privado no fue tomado en cuenta en la construcción del acuerdo. Ciertamente, en este caso no se utilizó el mecanismo empleado en otros Tratados Internacionales que se conoce como “grupos principales”; pero, se estableció un mecanismo público regional por parte de la CEPAL, que es quien ejerció desde el inicio la secretaría ejecutiva. En dicho mecanismo se inscribieron a todas las personas que deseaban recibir información del proceso. Además, las reuniones del Comité de Negociación se transmitieron en directo por “webstreaming”. Aparte se abrió una página web de acceso público contentiva de todas las leyes de incumbencia, jurisprudencia y doctrina de los derechos de acceso y sobre los defensores de los derechos humanos. La página es de acceso libre y gratuita.

En conclusión, el “Acuerdo” no admite reservas, no amerita la existencia de cláusulas interpretativas, porque el “Acuerdo” es consonante y armónico con el ordenamiento jurídico costarricense y desde luego, con la Constitución de la República.

Alberto Salom Echeverría.

albertolsalom@gmail.com

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Mantengamos la esperanza de lograr lo que esperábamos de este siglo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Se suponía que el siglo 21 sería un siglo que depararía un desarrollo social y económico como nunca antes se había tenido. Se suponía que todos los adelantos tecnológicos harían que nuestra vida fuera de una mayor calidad y que esos avances nos depararían condiciones para que no hubiera tantas enfermedades y que más bien ya se iban a controlar muchas más, por ejemplo, el cáncer. Se suponía que a estas alturas los hidrocarburos se utilizarían casi nada y que las fuentes renovables serían las que ocuparían el primer lugar.

Se suponía que la civilización avanzaría a pasos agigantados a una mayor y mejor organización sobre temas como la alimentación, el trabajo, la seguridad pública, las migraciones y en general un disfrute mayor de nuestra vida.

Ya estamos llegando casi al cuarto de este siglo 21 y las cosas no andan nada bien. En lo económico el tema inflacionario tiene al mundo de cabeza, las enfermedades han venido a afectarnos más que los últimos cien años, con una pandemia que no acaba el COVID-19 y otra en ciernes, la viruela del mono. La seguridad es cada vez más débil y son innumerables las acciones violentas que se suceden cada día. El petróleo sigue reinando y más bien se ha sentido en el mundo esa dependencia ante las decisiones que se han tomado por la situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Otra cosa que se suponía obtendríamos: jamás guerras.

Es definitivo, la humanidad no avanza por los caminos que habíamos imaginado. Los liderazgos, políticos y sociales, a nivel mundial, han sido débiles y poco preparados para enfrentar y desarrollar lo que el siglo 21 nos deparaba con sueños y esperanzas.

Y es definitivo que la decisión de la inmensa mayoría de sacar a Dios de nuestras vidas y actividades tiene mucho que ver con esta calamidad de desarrollo del siglo 21. Ese sacar a Dios para en su lugar promover abortos, eutanasias, educación de pésima calidad que desarrolla y genera pobreza, una riqueza para muy pocos y una pobreza para la gran mayoría, un mundo cada vez menos equitativo y en donde en muchísimos países la decisión de sus habitantes es abandonar su tierra para emigrar, sin saber ni su destino y sin tener planificado el futuro. Mejor sacar a DIOS para que no interfiera en los actos de corrupción que han generado como práctica común esos líderes y gobernantes que se dedicaron a servirse ellos en lugar de servir a los demás. A esos, Dios es una molestia y una traba para sus intereses.

Aún queda muchos años de este siglo 21, tan prometedor, pero tan poco real ante lo que esperábamos.

Precisamente Dios quiera que quienes nos gobiernan y nos gobernarán, cambien sus actitudes y cambien sus decisiones para que con la ayuda de Dios se humanicen más y se encaminen por ese rumbo que todos esperábamos tener. Sigo manteniendo la esperanza de que se podrá lograr.

Hechos por detrás del Parque y el conflicto vial en La Guácima de Alajuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos

Julio 27- 2022

La ciudadanía costarricense debe conocer que, atrás del Parque Viva no sólo está lo que fue el Autódromo la Guácima, sino también que, ambos proyectos tienen significativas diferencias; no obstante, desarrollados en la misma localidad de la Guácima de Alajuela. Una característica relevante a nivel temporal, es que, entre la apertura formal de uno y el otro, transcurrieron aproximadamente 41 años; tiempo suficiente como para que, quienes ahí visitamos alguna que otra vez en los años setenta y hemos vuelto recientemente antes del “cierre” gubernamental, sean abundantes las evidencias de tal diferenciación, tanto en el área de los proyectos, como en sus áreas de influencia directa e indirecta. Obviamente que, para determinar esas diferenciaciones, no es indispensable la observación directa, si tan sólo, establecemos como referencia, la evolución de acciones históricas en la zona durante los últimos 50 años, determinantes de cambios sociales, políticos y económicos, entre otros; y por ejemplo visibles en la infraestructura urbanística, vial y uso de suelo.

Vale tener presente que, durante el mismo tiempo transcurrido, la evolución a nivel de la normativa, es también trascendental, especialmente a partir de los años 1994 y 1995 con la reforma al Artículo 50 de nuestra Constitución Política y promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente respectivamente. Más luego a partir del 2004, también la reglamentación a dicha Ley, quedando con ello establecido que, todo proyecto, obra o actividad a desarrollar en el territorio nacional, previamente debe someterse a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la SETENA. Para ello se debe aplicar una categorización de los proyectos y determinar el instrumento necesario para cumplir cabalmente con esa evaluación, la cual, deberá ser concordante con su dimensión y posibles impactos ambientales en las áreas del proyecto. Elementos que, no preverlos con la anticipación que corresponde y las medidas apropiadas, es inducir a daños ambientales.

Ahora bien, resulta que, un determinado consultor ambiental en asuntos de la SETENA, mediante un escueto artículo publicado en la prensa digital el día 12 de julio 2022, ha pretendido informar acerca de que, el Autódromo La Guácima que luego cambio de nombre, no contó con las regulaciones ambientales actuales, porque todavía la legislación hoy vigente no existía. Obvio. Pero eso fue para tal proyecto, asunto y situación muy diferentes a las del Parque Viva, cuyas condiciones para cuando se diseñó (2013) sí le exigían cumplir el proceso de la EIA que hasta hoy rige. Y lo intentaron, según el expediente No. D1-10840-2013-SETENA más la Resolución de Viabilidad Ambiental No.3088-2013-SETENA. No obstante, existen evidencias de aparentes incumplimientos del administrado y la Administración. Observemos por ejemplo que, la denominación de “Mejoras al Autódromo la Guácima” según el título descrito en dichos documentos; ante las características de un proyecto que sólo en movimiento de tierras contempla 200.000 m3, es omisa y engañosa. Igualmente, la cantidad de decenas de miles de m2 en infraestructura nueva y obras en cauce (según la descripción que contempla el proyecto y otras fuentes), trascienden a la dimensión de un proyecto que debió ser categorizado de alto impacto ambiental; por lo tanto, le correspondía ser evaluado bajo un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo, y nunca una declaración jurada como la que presentaron y la Setena tramitó sin advertir esta omisión y sus consecuencias.

Algo más, se lee en la Resolución aquí citada que, la Setena resolvió este proceso sin ni siquiera llevar a cabo una inspección al sitio, es decir, hizo una simple y deficiente revisión a nivel de escritorio. Entiéndase así que, esta forma de proceder es una aberración de la Evaluación de Impacto Ambiental que correspondía.

Por lo tanto, de haberse cumplido con el EsIA, difícilmente hubieran quedado sin contemplar entre otros aspectos de máxima relevancia, las condiciones viales del entorno del proyecto y consecuentemente el estudio de impacto vial bajo las normas y aprobación del Órgano rector (MOPT) en dicha materia. Estudio indispensable para definir y diseñar las obras necesarias del proyecto en ese momento. Es decir, la aparente deficiencia en el trámite del permiso municipal de la construcción, el cual dio lugar al “cierre” o suspensión temporal de alguna actividad del mega proyecto Parque Viva, tiene origen en la institución que fue omisa en exigirlo, en tanto constituye un impacto ambiental significativo a prevenir durante el proceso de la viabilidad ambiental. Además, por estar determinado que esta Viabilidad es requisito para el permiso de construcción, todo pareciera que la municipalidad se confió, aunque obviamente dicha falencia no le resta la responsabilidad; especialmente por la afectación del proyecto a la red vial cantonal.

Pero también, es un hecho normado que, el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud, tiene como requisito previo la Viabilidad Ambiental; sin embargo, al no ser el mismo una competencia de dicho Ministerio, con la sola presentación, es de entender se asume que fue tramitada de buena fe. Sin embargo, hay que decirlo: ¿si tal requisito (la Viabilidad Ambiental) de los dos permisos tiene vicios de nulidad, en qué condición de validez quedan ambos? Es decir, existe algo más complejo para el proyecto del Parque Viva su construcción y funcionamiento parcialmente suspendido, pues al determinarse que la raíz del problema se originó en el trámite de su Viabilidad Ambiental, ésta licencia tiene vicios de nulidad y así se debería declarar si se desea actuar bajo los principios de legalidad. Y tengamos claro que, no es posible tramitar ahora una nueva Viabilidad Ambiental para el mismo proyecto; pues la EIA sólo aplica para proyectos nuevos. Así lo dicta la Ley y su Reglamento aquí citados.

Finalmente, es oportuno preguntar si el gobierno y presidente actual, quien al menos por su verbo, parece dispuesto a “barrer” la corrupción y otras deficiencias enquistadas en la Administración Pública, como ya lo ha expresado, irá actuar así en la Setena con la eficiencia y eficacia que demanda esta situación; además, tomando en consideración que en dicha entidad éste no es un caso aislado, y para lo cual, no es necesario la aprobación de proyecto legislativo alguno. Tome en consideración el señor presidente y su equipo más cercano que, la EIA no es idealismo ambientalista y mucho menos un obstáculo absurdo al desarrollo; todo lo contrario, es la herramienta técnica y científica más apropiada y reconocida mundialmente para garantizar el desarrollo ambientalmente sostenible. Si la cumplimos a cabalidad, también previene conflictos aún entre los mismos intereses de clase.

No es casual que, la normativa e institucionalidad de Costa Rica alcanzada aproximadamente hasta el año 2013 en materia ambiental, tuviera un distinguido reconocimiento internacional por su liderazgo en el marco del SICA, la CCAD y la ONU; logros que sólo podrán continuar recibiéndose, si seguimos avanzado en la misma línea y no retrocediendo, como fue notable en la pasada administración y parece que en la presente la involución será mayor. El señor presidente, al respecto debería contar con la asesoría y acompañamiento de los más calificados profesionales en materia de Evaluación Ambiental y no de quienes se creen especialistas ambientales, siendo profesionales en los mismos campos que ya el presidente no necesita, dada su alta calificación probada mundialmente. Pues no sólo su política ambiental apunta en dirección equivocada, también su discurso al respecto es conceptualmente errático.

El problema de la SETENA para el país, no es su marco legal y función rectora; es el “feudo” en que la convirtieron los agentes del poder político de la mano con las cámaras empresariales, así como y con escasas excepciones, los ocupantes que ahí mantienen sirviendo a sus intereses y muy poco o casi nada a la Nación. Como Órgano técnico y de máxima desconcentración (principal fortaleza), al menos por primera vez en su corta existencia, hace falta limpiarlo y aportarle todos los recursos que requiere para que cumpla a cabalidad la función que le designó el marco de legalidad todavía existente. Si para bien del país, esto quisiera el gobierno, también podrá hacerlo progresar a un Órgano Autónomo; jamás someterlo directamente a la decisión política del ministro de turno, pues esto será su muerte ya anunciada. No podrá desconocer también el gobierno que, tal fortaleza sumó para que Costa Rica fuera finalmente aceptada en la OCDE, organización multinacional que a la vez aboga por el Acuerdo de Escazú.

 

Imagen ilustrativa.

AGUA PARA GUANACASTE (ante dudas incomprensibles)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

El proyecto Agua para Guanacaste es una necesidad para la pampa y para Costa Rica entera.

Además del atractivo turístico que tendrá el lago artificial que se haría en la cuenca del río Piedras, no se puede jamás desdeñar las 16.000 hectáreas que se regarían para favorecer la producción agropecuaria en más de 400 fincas, el abastecimiento de agua potable para al menos 60 asadas de la bajura y el agua que urgentemente necesita el sector turismo para seguirse desarrollando.

Es cierto que Otto Guevara y la Fecon se opusieron y presentaron acciones de inconstitucionalidad que les fueron rechazadas, pero solo esperamos que el libertario NO le esté hablando al oído al presidente Chaves, en contra de hacer realidad este sueño guanacasteco.

Esa agua, por millones de metros cúbicos, se está botando al mar; se trata de acabar con ese desperdicio y aprovecharla racionalmente.

Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El 27 de julio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población acerca del diagnóstico oportuno y tratamiento precoz de esta patología, así como las acciones preventivas pertinentes.

La creación de esta efeméride ha sido por iniciativa de International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS).

El Cáncer de Cabeza y Cuello consiste en un grupo de tumores malignos que se localizan en los senos paranasales, faringe, laringe, cavidad oral, lengua y glándulas salivales.

Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, ocupando el sexto tipo de cáncer más común a nivel mundial. Anualmente se diagnostican unos 10.000 casos, siendo considerado un tipo de tumor infrecuente.

Se manifiesta mediante la aparición de nódulos que se forman en las superficies húmedas del cuerpo: boca, garganta y nariz, dificultando el normal funcionamiento del organismo. Estas lesiones afectan el habla, la deglución y la voz de las personas que lo padecen.

Amigos y familiares han padecido este tipo de Cáncer y alguna de sus variantes y he visto el proceso de curación y sanación, lo que nos da muchísima alegría en el sentido de qué si es posible vencer este tipo de Cáncer. Ahora, con más equipos y nuevas prácticas los pacientes se ven beneficiados con los tratamientos que, aunque cansados y molestos, tienen la virtud de sanar y eso es lo importante.

Dios quiera que muchas personas puedan sanarse de esa enfermedad y continúen con una vida normal y productiva y la disfruten plenamente.

Un abrazo y el deseo de lo mejor para quienes padecen esta enfermedad.

El viaje más importante

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Por lo general deseamos viajar. Conocer lo que hemos escuchado sobre otros países y sobre lugares preciosos. Muchos han tenido la oportunidad de dedicar tiempo para ir de aquí para allá, dentro o fuera del país.

Conocer es una actividad en cuanto a tiempo y a lugares interminable. No acabamos de conocer lo desconocido y no tenemos el tiempo necesario para conocer todo lo que deseamos.

Sin embargo, pese a todos los deseos y pese a todos los viajes que podamos hacer o incluso que hayamos hecho, hay un viaje que es, además de urgente, esencial hacerlo y que quizá no hayamos hecho.

Es el viaje que debe tener prioridad. Es el viaje que todos y cada uno debemos de preparar de tal manera que, al hacerlo, logremos, de alguna manera, satisfacer todas nuestras necesidades. Todas nuestras alegrías, todas nuestras esperanzas, y sanar todos nuestros dolores y nuestras heridas. Y especialmente, conocernos profundamente y saber quiénes somos y porque somos lo que somos.

El viaje esencial y prioritario es el viaje que menos hemos querido hacer y es el viaje que nos da temor realizarlo porque podría ser lo que no esperábamos. Porque podría ser el viaje que nos incomode, que nos haga salir de la zona de confort y de esa actitud tan llena de indiferencia hacia las cosas que realmente importan, familia y amigos.

Debería de ser un viaje fascinante. Un viaje como ningún otro. Debería de ser el viaje soñado y que al fin y al cabo nos haga saber que es el viaje que efectivamente cambiará nuestra vida para bien.

Ese viaje es hacia el mejor de los destinos, hacia nuestro interior. Un viaje para conocernos nosotros mismos y saber por qué somos como somos. Por qué actuamos cómo actuamos. Un viaje hacia lo más profundo de nosotros. Especialmente para saber lo valiosos que somos y por ello amarnos profundamente.

Ese debe ser nuestro mejor viaje. No requiere de reserva, de tiquetes ni de asientos especiales. Requiere de una decisión personal para ir a lo más profundo de nosotros y saber el ¿por qué? Al hacerlo, posiblemente sanaremos muchísimo y seremos mejores personas y tendremos más deseos de amar y perdonar. Posiblemente veremos la vida de manera diferente, para bien y para ser felices.

Dios quiera que podamos hacer ese viaje y que al hacerlo logremos ser mejores a nuestro regreso. Buen viaje, que Dios te acompañe.

¿Debe celebrarse la Independencia el 15 de setiembre o el 29 de octubre?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(29 de octubre de 1821 fecha de la independencia de Costa Rica,

Ensayo de Miguel Rojas, BBB Producciones, San José, 2014)

Por Adriano Corrales Arias

hachaencendida@gmail.com

Con una prosa sencilla pero apasionada y contundente, el historiador y dramaturgo Miguel Rojas Jiménez, nos invita a participar en el debate de la historiografía nacional acerca de la génesis de nuestra independencia y su proceso histórico. Específicamente sobre la delimitación del día en que la naciente república costarricense se independizó de los dominios de España.

Por supuesto, el autor desde el principio nos deja ver muy clara su posición con un epígrafe tomado de la Comunicación del Congreso Provincial de Costa Rica que ratifica el 29 de octubre de 1821 como la fecha de Independencia de Costa Rica, firmado por José María Peralta, Diputado Presidente y Rafael Osejo Diputado Secretario, el 19 de marzo de ese año en Cartago (fuente: Archivo Nacional de Costa Rica).

El alegato de Rojas Jiménez es arduo y parte de una cronología de estudios y fuentes de información como referentes del 29 de octubre de 1821. Luego echa un vistazo a los antecedentes de la independencia y su complejo proceso de correos, cabildos y hechos militares, para comprender el año de 1821, pasando por el estado en que se encontraba la Provincia de Costa Rica (“tierras altas” y Partido de Nicoya). Luego pasa por los hechos políticos y militares que se suceden en Chiapas, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, básicamente.

Y al final remata con un apéndice, donde, punto por punto responde a sus detractores ante un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa para cambiar la fecha de la celebración de nuestra independencia. Así, en una exhaustiva y puntual réplica, señala los supuestos desaciertos del Ministerio de Educación, la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y el Archivo Nacional, según consulta de la Asamblea Legislativa.

El texto cuenta con un anexo importante que va desde cantos para celebrar la Independencia el 29 de octubre, pasando por el Plan de Iguala con la proclama de Iturbide, la Sala 29 de Octubre que existía en el antiguo edificio del Archivo Nacional y la celebración de esa fecha en el mismo archivo en 1979, hasta los datos de la Independencia de Comitán, Ciudad Real y Tuxtla el 3 y 5 de setiembre de 1821, el Acta de Independencia de la ciudad de Guatemala del 15 de setiembre de 1821 (léase bien “ciudad de Guatemala”, ni siquiera de la provincia/país de Guatemala e, incluso, con visos de nulidad dado que no estuvieron presentes todos los delegados), el bando de la Diputación de León del 11 de octubre de 1821, el Acta de Independencia de Costa Rica del 29 de octubre de 1821 y el Acta del pronunciamiento de independencia del Ayuntamiento del Partido de Nicoya el 26 de octubre de 1821.

Antes de ello hemos conocido el hecho importantísimo de la declaratoria del 29 de octubre “como fecha destinada a la conmemoración de la firma y jura de nuestra Independencia Patria”, por parte del gobierno de Daniel Oduber (1974-1978) y firmado por su Ministra de Cultura; Juventud y Deportes y encargada del Despacho de Educación Pública, la recordada escritora Carmen Naranjo Coto, el 3 de octubre de 1975. Aunque este decreto tiene dos pifias, según el autor (habla de la Capitanía General de Guatemala que de hecho y derecho ya no existía y de la Diputación Provincial de León en su comunicado de setiembre de 1821 que no resolvió nada para Costa Rica), es un antecedente fundamental para aspirar a que los costarricenses en un futuro próximo celebremos la independencia de España los días 29 de octubre.

Las conclusiones no dejan duda alguna. Cito: “Concluimos el estudio presente con la certeza de que el 29 de octubre de 1821 es la fecha histórica y jurídica de la Independencia de Costa Rica, así como que es la que señala la soberanía histórica del país, ratificada en el contexto de la época en nuestra primera constitución política, conocida como Pacto de Concordia, el 1º de diciembre de 1821”. Lo anterior, como ya se dijo, basado en un riguroso análisis de documentos de la época y estudios y conclusiones de diversos historiadores e investigadores.

Vale la pena leer este alegato en favor del cambio de celebración de nuestra independencia para que la polémica baje de la élite académica y política a la discusión ciudadana. Así, personas que no somos especialistas, podríamos aportar a la recuperación de lo que Miguel Rojas llama la “soberanía histórica”, pues, al parecer, hemos venido celebrando una independencia errónea, por tanto falsa y artificial, es decir, de antorchas, faroles y desfiles escolares impostados en nuestras más profundas identidades.

Adriano Corrales Arias
hachaencendida@gmail.com

[1] Escritor costarricense

 

Enviado a SURCOS por Adriano Corrales Arias.

Fuente original