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El mundo se cae a pedazos, pero la OTAN decide doblar la apuesta

Gilberto Lopes

San José, 6 julio 2022

La historia se repite, recuerda Ravi Agrawal, editor jefe de la publicación norteamericana Foreign Policy: la guerra entre Estados está de regreso, el mundo vuelve la mirada a las armas nucleares, la pandemia mata a millones de personas e interrumpe las cadenas de comercio habituales; la inflación alcanza niveles no vistos desde 1970, gran parte del mundo empieza a quedarse sin comida; hay una crisis energética. Como en la Guerra Fría, Estados Unidos alinea sus socios contra Rusia, en un conflicto que tuvo dos grandes momentos. El primero fue impedir la terminación y funcionamiento del Nord Stream 2, un gaseoducto que uniría Rusia con Alemania y Europa Central. Un “proyecto geopolítico con el que Rusia pretendía dividir Europa”, en opinión del secretario de Estado Antony Blinken, pero que, para la excanciller alemana, Angela Merkel, debía ser visto como un proyecto económico, más que político.

Y el segundo fue el golpe del 2004 en Ucrania, que la transformó luego en pieza clave en la confrontación con Rusia.

Se impuso así una política de aislar a Rusia, dividiendo a Europa, que enfrenta hoy las graves consecuencias de su decisión. El 5 de julio, el euro se cotizaba a su menor valor en 20 años y crecían las perspectivas de una recesión económica.

La lista de Agrawal puede no ser exhaustiva, pero es, sin duda, de una dimensión extraordinaria. En opinión del Papa Francisco, de esa crisis “no se sale solo. Se sale arriesgando y tomando al otro de la mano».

Del 26 al 28 de junio las economías más desarrolladas, agrupadas en el G-7, se reunieron en el castillo de Elmau, en Baviera. A los siete se sumaron, Senegal, Argentina, Indonesia, India y África del Sur, invitados por el canciller alemán, Olaf Scholz.

Patrick Wintour, enviado del Guardian británico a Elmau, resumió la agenda destacando la fijación de un precio tope para el petróleo ruso (en un intento por limitar los ingresos rusos, pero también por reducir la presión inflacionaria), la posposición de las medidas para hacer frente al cambio climático, la potencial hambruna en África y el incremento del suministro de armas a Ucrania.

Un nuevo concepto estratégico

En otras circunstancias, lo decidido en la reunión del G-7 tendría particular relevancia para enfrentar las crisis. No ocurrió así. El encuentro de Elmau fue solo el aperitivo para otro que –ese sí– vendría a ocupar el escenario en el que Occidente definiría sus prioridades: la cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid el 29 y 30 de junio, con la participación de jefes de Estado y de gobierno de los 30 países miembros, más “invitados clave” de Europa y Asia. Por la primera vez –destacó un comunicado de la Casa Blanca– la cita incluirá aliados de Asia-Pacífico, representados al más alto nivel.

Se trataba de aprobar el “Nuevo Concepto Estratégico” que orientará las políticas de la OTAN en la próxima década. Un documento relativamente breve, sencillo, con pocas ideas. Lo suficiente para entusiasmar a su secretario general, el exprimer ministro laborista noruego, Jens Stoltenberg, encargado de resumir para la prensa, al final, lo acordado.

En apretadas diez páginas, la OTAN redefine sus enemigos. Califica a la Federación Rusa como “la amenaza más significante y directa a la seguridad de nuestros aliados”. Y apunta a China, “cuyas ambiciones y políticas coercitivas desafían nuestros intereses, seguridad y valores”.

La profunda alianza estratégica entre ambos y sus intentos por socavar el “orden internacional basado en reglas atentan contra nuestros valores e intereses”, afirman.

Reglas que –como lo señalan Ivo H. Daalder, exembajador ante la OTAN entre 2009 y 2013 y presidente del Chicago Council on Global Affairs, y James Linsay, vicepresidente del Council on Foreign Relations en artículo en la edición de julio/agosto de Foreign Affairs– “Washington normalmente desconoce, cuando no son de su agrado”. Citan las guerras de Kosovo, de Irak y la tortura aplicada a enemigos capturados. “Los Estados Unidos se negaron a negociar nuevos acuerdos sobre pruebas nucleares, control de armas, enjuiciamiento de criminales de guerra y la regularización del comercio en Asia-Pacífico”, agregan.

Pero la reivindicación de un “orden internacional basado en reglas” se repite en el documento de la OTAN.

Entre esas reglas (nunca bien definidas) se señala la “libertad de navegación”, en una referencia apenas velada a la tensa situación en el mar del Sur de China.

El documento de la OTAN asegura que “la seguridad marítima es clave para nuestra paz y prosperidad”, y se compromete a fortalecer su posición regional para “defender contra toda amenaza en el dominio marítimo, garantizar la libertad de navegación, la seguridad de las rutas comerciales marítimas y proteger nuestras principales líneas de comunicación”.

La región Indo-Pacífico

Lo que está en juego en la región Indo-Pacífico es la cuestión central del mar del Sur de China; la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) tiene 168 países miembros, pero los Estados Unidos se arroga el derecho de interpretarla unilateralmente, afirma la Dra. Anuradha Chenoy, exdecana de la Escuela de Estudios Internacional de la Jawaharlal Nehru University, en Nueva Delhi, y directora del Centro de Estudios para Rusia y Asia Central. Chenoy señala también que las negociaciones entre los países de la ASEAN y China sobre un código de conducta en la región tampoco han progresado.

En un artículo sobre la renovada mirada de la OTAN hacia la región Indo-Pacifico, Chenoy nos recuerda que los gastos de defensa de los Estados Unidos triplican los de China. Combinados con los de la OTAN, se multiplican y la creciente militarización de la región hace que todos los presupuestos militares aumenten.

Los pasos dados en la región Indo-Pacífico por los Estados Unidos incluyen la creación del Diálogo Cuadrilateral de Seguridad (QUAD) –con Singapur, Japón e India– y una alianza informal –pero de carácter abiertamente militar–, con Australia y Reino Unido (AUUKUS), señaló.

A la mayor parte de los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), hoy integrada por diez países, les preocupa la estrategia de la OTAN y las presiones norteamericanas. “La hiperactividad de la OTAN en la región, la política contención a China y la expansión de las alianzas estratégicas y militares aumentarán las tensiones y no beneficiarán a nadie”, asegura Chinoy.

El gran paraguas de la OTAN

La OTAN es hoy el paraguas bajo el cual Washington cobija más cómodamente a los países europeos. En otros escenarios, como los económicos, energéticos o ambientales, ese paraguas, mucho más pequeño, no alcanza para acomodar a todos. Invertir en la OTAN –dice el documento aprobado en Madrid– “es la mejor manera de garantizar lazos duraderos entre aliados europeos y norteamericanos”.

Es evidente que la invasión rusa de Ucrania facilitó que todos los aliados europeos se acomodaran bajo el paraguas grande de la OTAN, cuya estrategia es ahora la mejor expresión de la política internacional de un Occidente que se dice dispuesto a defender a sus mil millones de habitantes (menos de 15% de la población mundial), su territorio y, sobre todo, su visión del mundo: su libertad y su democracia. La principal expresión de esa política es ahora la militar.

Para sus miembros la ampliación de la OTAN “es una historia de éxitos”, que ha contribuido a consolidar la paz en la zona euro-atlántica, que aspira a extender por el resto del mundo.

La solicitud de incorporación a la alianza de Suecia y Finlandia entusiasmaron a los países miembros. Su secretario general, el patético Stoltemberg, transformado en principal vocero de la política de Occidente, no podía ocultar su euforia. Dos países vecinos que –como recuerda Günter Grass en su “Tambor de Hojalata”– “nunca se han querido mucho”. La escena es a la salida de una iglesia, en la Navidad del año 30. “De pronto –dice Grass– se arma: los cuchillos son largos y la noche breve”.

Una OTAN debilitada

Sobre la incorporación de Finlandia habló Heikki Talvitie, embajador de su país en Moscú entre 1988 y 1992, los años finales de la Unión Soviética, en entrevista publicada por el periódico La Vanguardia, de Barcelona.

¿Cree que la decisión de Finlandia de ingresar en la OTAN se ha tomado con buen criterio?, le preguntó el periodista Andy Robinson.

“El informe de 50 páginas, que se redactó antes de la votación de los diputados, carece de toda perspectiva histórica. Parte de la idea de que la historia del mundo empezó el pasado 24 de febrero. Lo increíble es que, en Finlandia, a lo largo de los últimos 70 u 80 años, hemos dedicado enormes esfuerzos a la elaboración de nuestra política de seguridad. Pero el informe solo cubre el período desde febrero del 2022”, contestó Talvitie.

¿Cree que la OTAN aumentará la seguridad de Finlandia?

– No. No hay amenaza rusa. No hay tropas en la frontera. Es un error, un disparate, comparar la situación geopolítica en Ucrania con la finlandesa. No tienen nada que ver. Rusia considera que la OTAN es una amenaza. Entonces, Rusia ya es una amenaza para nosotros. Antes no era. Ahora sí.

– Lo más importante para el Gobierno ha sido su reelección. Y la opinión pública ha sido arrastrada por los medios y las redes sociales. Este gobierno entiende muy poco de Rusia, agregó Talvitie.

La OTAN de la Guerra Fría era la OTAN del anticomunismo. La OTAN de ahora es la OTAN que divide Europa, que la coloca contra Rusia, un país europeo sin cuya integración la región difícilmente podrá consolidar su independencia en el escenario internacional. La necesidad de materias primas, incluyendo gas y petróleo, cuyo proveedor natural es Rusia, muestra bien la debilidad de una Europa que la define, sin embargo, como su enemigo principal. Eso solo es posible cobijándose bajo el paraguas norteamericano, bajo el cual, en su momento, ni Angela Merkel, ni Emmanuel Macron, quisieron cobijarse. Al contrario, a la mayor parte de los países de Europa del este, principalmente Polonia, y los países bálticos, les entusiasmaba la idea.

Esa OTAN no podrá contribuir a la paz, ni a la consolidación de

Europa en el mundo. Sometida a los intereses norteamericanos, organizada en torno a una opción militar, el destino de esa OTAN es un callejón sin salida. Militarizada la política internacional, nunca fue más inútil para enfrentar los problemas del mundo.

Hay voces sensatas en Europa. Abundan, aunque ahora están ahogadas por las bravuconadas de la OTAN, que no oculta su aspiración de extenderse por el mundo. Trabajaremos con nuestros socios para enfrentar los desafíos en regiones estratégicas para el interés de la alianza: Bosnia y Herzegovina, Georgia y Ucrania, los Balcanes y el mar Negro, el Oriente Medio y el norte de África, el Sahel y la región Indo-Pacífico. Según el documento, todo afecta ahora la seguridad Euro-Atlántica.

¿Guerra nuclear?

Solo América Latina no es mencionada en el documento, lo que plantea un explícito desafío para definir nosotros mismos nuestro lugar en ese mundo y proponer iniciativas para lograrlo, a lo que nos referiremos más adelante. Uno de esos papeles –y no el menos importante– es buscar las voces sensatas de Europa y conformar con ellas una alianza novedosa y potente, capaz de hacerse oir en el mundo. Porque una guerra entre la OTAN y Rusia, o China, no es un problema solo euro-atlántico.

El documento de la OTAN está lleno de promesas. El objetivo de la militarización de la política mundial –nos aseguran– es “preservar la paz”. La herramienta última para ese logro es la capacidad nuclear de la OTAN, que recae –como lo recuerda el texto– particularmente en la de Estados Unidos.

El frecuente encontrar hoy voces de todo tipo especulando sobre la posibilidad de una guerra nuclear. Entre los muchos artículos sobre el tema nos sirve de buen ejemplo el de Mark Cancian, un coronel de los marines, hoy retirado, asesor del Programa de Seguridad Internacional del Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Cancian especula en su artículo –titulado “How to Break Russia’s Black Sea Blockade”, publicado en Foreign Affairs el pasado 1 de julio–, sobre las opciones diplomáticas y militares para romper ese bloqueo, como convoyes de la OTAN para proteger barcos salidos de puertos ucranianos en el Mar Negro, o la protección aérea con aviones de la OTAN, desplegados en bases de Rumania y Bulgaria.

La retirada de las fuerzas rusas de Snake Island, cerca del delta del Danubio, en el mar Negro, que habían ocupado al inicio de la guerra, es señalada como un hito esperanzador en esa estrategia militar. Ubicada a 35 km de la costa ucraniana, con solo 0,205 km2, no es posible mantener una fuerza permanente en la isla, bombardeada desde la costa, y los rusos terminaron por retirarse. Pero la isla tampoco ha vuelto a ser ocupada por fuerzas ucranianas, que no podrían defenderla.

Como Putin ha advertido reiteradamente a la OTAN de que no intervenga en este conflicto, dice Cancian, “es poco probable que permita que un convoy de la OTAN rompa el bloqueo sin que responda de alguna manera”. Una opción “menos confrontativa”, en su opinión, sería integrar una escolta con barcos de países no pertenecientes a la OTAN. ¿Cuáles? Difícil imaginar.

Cancian sugiere también que Estados Unidos registre bajo su bandera los barcos mercantes a cargo de esa operación, obligando a Rusia a atacar barcos estadounidenses si quisiera evitar la ruptura del bloqueo. ¿Adónde nos conduciría una opción así? Es fácil imaginar.

Por ahora, afirma, hay suficiente suministro de alimentos en el mundo. Pero si la guerra se prolonga, el hambre puede golpear a todos, provocando disturbios que pongan en peligro la estabilidad social. Según Cancian, “es responsabilidad de la OTAN y de Occidente tener un plan listo antes de que la falta de alimentos haga crisis”.

Otros especulan con escenarios distintos. Esperan que, superado el invierno europeo, con su ejército mejor armado y entrenado, Ucrania pueda enfrentar con éxito una guerra prolongada. Algo de eso sugiere Jack Detsch en su artículo “West Worries About Fraying Consensus Over Ukraine”, publicado en Foreign Policy, donde es periodista encargado de la política exterior del Pentágono y de temas de seguridad nacional.

En la misma línea argumenta en Senador demócrata Chris Coons, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. “Putin is counting on us losing interest’ in Ukkraine war”, afirma, en entrevista concedida a la misma Foreign Policy.

El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, agradece nuestra ayuda, de unos seis mil millones de dólares en equipo militar y miles de millones de apoyo económico directo, dice Coons, preocupado con garantizar el suministro de productos agrícolas, granos de los cuales Ucrania es un uno de los principales productores mundiales. Para eso, los puertos del Mar Negro son esenciales, sobre todo ahora que se acerca la cosecha de otoño.

La opción de América Latina

No somos parte de la estrategia de la OTAN para la próxima década. Cobijados bajo el enorme paraguas norteamericano, bajo el que se acomodaron prácticamente todas las dictaduras que periódicamente organizaron y promovieron la región, en América Latina, en todo caso, nunca ha dejado de haber fuerzas políticas que tratan de hacer política fuera de ese paraguas. La respuesta, cuando se ha logrado avanzar por este camino, tiene su mejor (y más dramático ejemplo) en el golpe militar de 1973, contra el gobierno de Salvador Allende, en Chile.

Esa política no ha cesado, como ocurrió recientemente en Bolivia, y como ocurre con las sanciones impuestas a países como Cuba o Venezuela.

Difícil compatibilizar esa situación con el documento de la OTAN, que reivindica una “clara su visión” del orden mundial: “queremos vivir en un mundo donde la soberanía, la integridad territorial, los derechos humanos y la ley internacional sean respetadas y donde cada país pueda elegir su propio camino, libre de agresión, coerción o subversión”. Naturalmente, América Latina no está incluida en esas consideraciones.

Hay que exigir el fin de esas políticas aplicadas por Washington en América Latina, pero, sobre todo, organizarnos para participar en un escenario en el que la humanidad se juega su destino.

Las recientes palabras del Papa a la agencia argentina Telam sugieren algunas ideas. “En este momento hace falta valentía y creatividad. Sin esas dos cosas, no vamos a tener instituciones internacionales que puedan ayudarnos a superar estos conflictos tan graves, estas situaciones de muerte”, afirmó.

– Esto de Ucrania lo vivimos de cerca y por eso nos alarmamos, pero pensemos en Ruanda hace 25 años, Siria desde hace diez; Líbano, con sus luchas internas; o Myanmar, hoy mismo. Esto que vemos está sucediendo desde hace tiempo. Llama la atención la cuidadosa omisión de Irak de que lista.

Francisco recordó recientes declaraciones suyas a una revista jesuita, que provocaron revuelo, cuando dijo que «aquí no hay buenos ni malos». “Se tomó esa frase sola y dijeron: –¡El Papa no condena a Putin! La realidad es que el estado de guerra es algo mucho más universal, más serio, y aquí no hay buenos ni malos. Todos estamos involucrados”, afirmó Francisco.

“Latinoamérica todavía está en ese camino lento, de lucha, del sueño de San Martín y Bolívar por la unidad de la región. Siempre fue víctima, y será víctima hasta que no se termine de liberar, de imperialismos explotadores”, agregó el Papa.

El escenario político de la región, con los cambios de gobierno en México, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y probablemente en Brasil, en las elecciones de octubre, al que se suman organizaciones políticas de diversos países que no están en el gobierno, son una base poderosa para buscar –con la valentía y creatividad que pide el Papa–, alternativas para encarar la guerra y la crisis mundial.

Parece indispensable construir puentes entre América Latina y políticos europeos contrarios al desarrollo de alternativas militares para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para amarrar las manos a la OTAN. Para explorar la creación un gran movimiento internacional orientado en esa dirección, con políticos europeos de la talla de Merkel, Gerard Schröder, Mélenchon, de políticos portugueses, ingleses, finlandeses (como el exdiplomático Talvitie) y seguramente de muchos de los países de Europa del este, en desacuerdo con la militarización de la política europea. Una de cuyas expresiones más dramáticas de esa militarización es la decisión alemana de revertir las principales orientaciones de su política exterior, evitando el rearme y la participación en conflicto militares en otros países. No deja de asombrar la corta mirada de una Europa que olvida como 1933 se transformó en 1939.

América Latina tiene mucho que decir ante el mediocre escenario euro-atlántico. Vale la pena intentarlo.

FIN.

 

Fuente de imagen: https://wsimag.com/

ARTE PARA REPARARNOS EL CORAZON

Por Memo Acuña ( sociólogo y escritor costarricense)

Escuchar durante ya casi 100 jueves ininterrumpidos, las historias de quienes hicieron hacen del arte una trinchera, solo me confirma que a la verdad estética que recrea se le debe sumar su capacidad y potencia reparadora, sanadora dirían algunos. No es solo el mundo de las significancias, de la plasticidad en los colores, es para mi gusto una acción política y performativa por que vuelve vital cualquier sonido, superficie, textura, es decir, transforma.

He oído de bibliotecas mágicas, libros olvidados en un rincón de la casa, zapatillas de ballet que vinieron en un regalo, un violín rasgado, una libreta con sus páginas en blanco. Por allí, por un agujero del tiempo y del espacio, se cuela la posibilidad de que un niño, una niña, pueda expresarse a través del sonido, el color y las formas.

He sido privilegiado conociendo esos momentos primeros, ese «big bang» como les digo a mis entrevistadas y entrevistados cada vez que les invito a recrear el motivo por el que ahora son poetas, músicos, pintores, bailarines, fotógrafos.

Siempre hay un momento de luz, eso sí. Cada conversación que sostengo, recuerdo mi primer acercamiento con el arte. Leí «20 mil leguas de viaje submarino» cuando estaba en mis primeros años de escuela. Un libro maravilloso que mis padres pusieron en mis manos. Julio Verne me parecía entonces un señor mayor, con la magia de escribir cosas portentosas.

Allí empezó todo para mí en el mundo de la literatura. Hasta el día de hoy, que leo (releo, para ser franco) un texto de crónicas sobre la migración de niños y niñas centroamericanas hacia Estados Unidos, llamado irónicamente » Yo tuve un sueño» y cuyo autor, Juan Pablo Villalobos, explora en diez piezas los distintos momentos del proceso de movilidad vistos desde el prisma infantil.

La ironía, dicho sea de paso, estriba en hacer coincidir la frase de Martin Luther King pronunciada en su famoso e histórico discurso en 1963 en Washington, con la promesa de un sueño americano que cada vez se cumple menos para la población migrante centroamericana.

Vivimos tiempos complejos, donde la violencia se ha instalado sin medida en sociedades como la nuestra. Por ello sigo pensando en el arte como un vehículo poderoso para contrarrestar el impacto que la violencia produce. Lo hizo Medellín hace ya casi tres décadas, al apostar por la poesía como vehículo de transformación y mediación de la realidad vivida y experimentada.

Costa Rica atravesó hace pocos días dos circunstancias en las que personas jóvenes perdieron la vida a manos de otras personas jóvenes. El vínculo entonces es directo: a la ausencia de espacios y de posibilidades, se le disputa con estrategias para reivindicar al sujeto y darle su lugar en la sociedad. Y esto puede ser posible si transversalizamos en lo cotidiano el arte, todas sus posibilidades y le brindamos a esa persona joven el espacio para expresarse, no desde la carencia, sino desde la plenitud a la que tiene derecho.

Es momento de repararnos el corazón.

Dolientes de ocasión en el templo neoliberal

Marcos Chinchilla Montes

No siempre una persona asesinada en las calles josefinas recibe tanta atención mediática como la que viene recibiendo Marco Calzada; incluso la Conferencia Episcopal y hasta algunas personas diputadas se dieron en el pecho ante tan ingrata muerte.

Quisiera recordarle a esos medios y a otros tantos dolientes de ocasión, que dos menores de edad que yo conocía fueron vilmente asesinados en similares términos en los barrios del sur: a Graciela con doce años, una bala le cegó la vida; y a David con casi 15 años de edad, lo mataron a tiros. Recientemente murió Kendra a sus 21 años, consumidora de drogas desde los 13 años, madre adolescente, ignorada por el sistema.

No vi a los medios, a la Conferencia Episcopal y a los diputados indignados por esas muertes; claro, todo apunta a que hay muertos que valen más que otros. Los miserables son solo una estadística policial; desechables desde siempre y hasta la muerte; personas a las que se les negó un proyecto de vida, aunque también tienen familia y amistades a quienes les duele su partida. Incluso por varios años queda hasta un grafitti en alguna pared del barrio.

Pero vale recordarle a esos dolientes de ocasión, que en muchos casos ellos fueron y son cómplices del asesinato de Marco, de Graciela, de David, de Kendra y de cientos de personas que mueren a manos de la delincuencia y el crimen organizado. Durante más de 40 años impulsaron políticas económicas que tejieron una sociedad de exclusión y pobreza, una sociedad en la cual el ser humano no se constituye por lo que es, sino por lo que tiene, y la seguridad material -negada para millones de personas por el modelo económico neoliberal-, se debe conseguir a toda costa, aunque sea por medio de la violencia y la muerte, por el robo de un celular que finalmente termina en las manos de un taxista igualmente cómplice.

La Costa Rica que se distinguía por sus altos niveles de justicia y seguridad social, quedó enterrada por la voracidad neoliberal que sigue siendo la máxima.

Se equivocan esos dolientes de ocasión si piensan que con oraciones, cierre de bares, nuevas leyes, más policías o hasta cámaras con reconocimiento facial, la ola delictiva va a desaparecer o reducirse; la misma es estructural, y para superarla se requieren medidas estructurales orientadas a distribuir la riqueza, fortalecer la seguridad social y crear oportunidades de desarrollo humano realmente incluyentes. Pero eso es mucho pedirle a la clase política, al empresariado o a un Nogui Acosta que está más interesado en cobrarle nuevos impuestos a la clase trabajadora. Recuérdese este gobierno le da aumentos de salarios del 98% a sus ministros, mientras que a la población trabajadora le receta un exiguo 1.24% de aumento, valor no solo incapaz de compensar la inflación, sino que también a la postre aumentará la exclusión social, inexorable caldo de cultivo de la violencia que vive el país.

Décadas atrás entrevisté en Ciudad Juárez a un menor de edad que era parte de un cartel de droga; su autopercepción sobre su futuro era muy reducido: tenis, armas, mujeres, una camioneta, dinero para su madre. Todo se tenía que tener y disfrutar ya: mañana posiblemente estaría muerto. Justo así, piensa una parte de nuestra niñez y adolescencia; la cárcel no le asusta, la muerte no es con ellos, el futuro no existe. Nuestros dolientes de ocasión tienen perdida su batalla moralizadora desde su misma concepción.

PD. Y que dicha no fue una mujer a la que asesinaron en el barrio chino, lo más selecto del conservadurismo machista costarricense habría terminado de rematarla con frases como “que hacía una mujer sola a las 12 de la noche en San José”, “o se lo merecía por aventada”.

Detener el deterioro social

Óscar Madrigal

En 1982 el país, bajo el gobierno de Luis Alberto Monge, inició la era del neoliberalismo con un vasto programa de exoneraciones fiscales y subvenciones a los empresarios nacionales. Para ese efecto se promulgó una ley cuyo fin era promover la diversificación de exportaciones mediante las ayudas o beneficios fiscales, crediticios y monetarios que todos los costarricenses dieron al empresariado nacional y extranjero. 
 
Esa ley, según palabras de uno de los más conspicuo representante del neoliberalismo nacional, Roberto Artavia, “ tuvo un costo GIGANTESCO para el país”. (Delfino. 14-09-2020).
 
Los éxitos, según los defensores de ese cambio estructural, fueron muy positivos ya que hoy se exportan 4.000 artículos a 150 países. Eso es aceptable. 
 
Sin embargo, se debe entender que ese éxito se debe a un esfuerzo que hizo todo el país, en especial los trabajadores o asalariados en beneficio de un sector empresarial muy reducido. En otras palabras, los asalariados mediante el esfuerzo en el pago de impuestos o altas tasas de interés en los créditos, financiaron a las empresas. En otras palabras, la acumulación originaria de capital de esas empresas que hoy exportan o aún gozan de exoneraciones fiscales y de otro tipo, se produjo por el esfuerzo y el trabajo de  todos los costarricenses, especialmente los pobres y asalariados que son los que pagan más caro el esfuerzo nacional. 
 
Efectivamente los empresarios tuvieron éxito y amasaron gigantescas ganancias y enormes patrimonios individuales. De esa época surgen los poderosos banqueros (Liberman, Baruch, Loeb), los bananeros ( Álvarez), los arroceros (González), los piñeros, los comerciantes (Constela, Uribe), el turismo (Garnier), las farmacéuticas (Uribe), los constructores (Chacón, Solís, Cerdas) y muchos otros que exhiben actualmente su lujosa vida. 
 
El GIGANTESCO esfuerzo nacional creó también otra Costa Rica, de menos éxito: entre las más desiguales del mundo, con desempleo estructural permanente, una pobreza que no cede, inseguridad creciente, etc., por lo que ese costo nacional  se fue solo para un lado de la sociedad. 
Decimos lo anterior para afirmar que esta nueva época debe ser de subsidios, ayudas y exoneraciones pero para los sectores que no tuvieron éxito desde el 82, para los “perdedores” que llaman algunos economistas. 
 
El mundo está viviendo una guerra que aunque localizada, sus efectos se trasladan a nivel global. El aumento de los precios (de la inflación), la carestía de productos y las tendencias militaristas de una nueva guerra fría, crean el riesgo de un aumento de la pobreza, el desempleo e incluso del hambre. 
 
Entonces, es el momento de controlar los precios, subsidiándolos, especialmente los de efecto en los trabajadores, aumento verdadero de salarios que compense el alto costo de la vida. En fin, se trata de que ahora los que antes se beneficiaron con los subsidios, ayuden y subvencionen a los que mayoritariamente hicieron el esfuerzo por ellos en el pasado. Deberían retribuir algo. Sin embargo, es casi imposible dado el carácter estructural de nuestra sociedad. 
 
Por ello no basta la razón, hay que crear la fuerza, la fuerza de la razón.

Ser gobierno para ser poder

La Memoria Histórica del M19, el presente y el futuro.

Carta a los sobrevivientes del M19 

Por Jorge Senior, miembro de Dirección Nacional a partir de la IX Conferencia

El legado emborronado

Más de tres décadas después de la desmovilización del M19 hay dos hechos políticos electorales contundentes en el balance: la victoria de la lista a la Asamblea Nacional Constituyente en 1990 y la victoria de la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia de la República. La primera victoria fue histórica y dejó su impronta en la Constitución Nacional, pero no tuvo sostenibilidad o continuidad: la Alianza Democrática M19 pronto desapareció.

En el lapso de 32 años desde entonces, hubo otras victorias electorales en procesos que atravesaron diversas denominaciones y confluencias, logrando triunfos en alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas, cámara y senado, dentro de las cuales se destaca la Bogotá Humana como el hito más importante. Sin embargo, no hubo un partido político fuerte y estable que recogiera el legado del M19, el cual pervivió en individualidades como Antonio Navarro Wolff, Gustavo Petro, Jorge Iván Ospina, entre otros. Hubo también ejercicios de ONGs, pero sin alcanzar el impacto de una Corporación Arcoiris, por ejemplo. No hubo centros de pensamiento y muy poca producción bibliográfica (dentro de la cual cabe destacar la obra de Darío Villamizar). El M19 y su memoria se fueron difuminando. 

A pesar de la apertura democrática que significó la nueva Constitución, el devenir subsiguiente del país estuvo fuertemente determinado por las FARC, el paramilitarismo y el uribismo. El neoliberalismo se impuso en Colombia, como sucedió a nivel global. La propia Constitución sufrió más de 30 contrarreformas, aunque muchos de sus logros permanecen: Corte Constitucional, tutela, independencia del Banco de la República. Reconozcamos que el Estado Social de Derecho no es una realidad.

El caso de Gustavo Petro es excepcional, pues en estas tres décadas se convirtió en el único puntal del legado M19 que logró un crecimiento imparable en medio de un contexto negativo. Petro creció como opositor dialéctico del uribismo, pero tuvo la audacia de pasar al terreno constructivo y ejecutivo con “el segundo cargo del país”, la alcaldía de la capital. Y lo hizo con un proyecto revolucionario de ciudad, no como alcalde anodino. Mantuvo el ideal antioligárquico y popular del proyecto político del M19 y lo enriqueció con nuevos elementos como el cambio climático y la transición energética. Finalmente tuvo arrestos para lanzarse al asalto de la presidencia. Los demás, los que no traicionamos el proyecto, fuimos acompañantes junto a las nuevas generaciones y los sectores de convergencia democrática.

La imagen del guerrillero

El triunfo en 1990 mostró que el M19 se desmovilizó con una gran popularidad que se tradujo en el impacto inicial ya mencionado, pero el auge posterior de la guerra degradada minó por completo el aura del guerrillero como figura heróica y atractiva. Después del Caguán la opinión pública aprendió a odiar a las Farc, generó el fenómeno político Uribe y a los ojos de la mayoría de los colombianos la imagen de la guerrilla se volvió más negativa que nunca, arrastrando en esa vorágine de odios, miedos y rabias la propia memoria del M19 como una guerrilla chévere, popular, atrayente, audaz, imaginativa, con ideales, que generaba muchas simpatías. 

Basta contrastar los resultados electorales del M19 en 1990 con los de las Farc tras su desmovilización y se puede apreciar el abismo entre las dos guerrillas y su imagen. Lo malo es que la imagen negativa de las Farc terminó borrando en gran parte la imagen positiva del M19, hasta el punto de revivir el lenguaje ochentero de “grupo terrorista”, “narcoguerrilla” para aplicárselo al pasado guerrillero de Gustavo Petro. 

La carátula de Semana planteando las dos opciones de segunda vuelta en junio de 2022 como una escogencia entre un exguerrillero y un ingeniero tenía veneno, por supuesto, pero esa toxicidad tenía como prerrequisito el desprestigio y el repudio del concepto de “guerrillero”. Incluso dentro de sectores simpatizantes de Gustavo Petro se asumió su defensa en términos cristianos como “pecador arrepentido”, como si se tratase de un personaje de mala vida que renace al convertirse.

Pero esa defensa es equivocada. La autobiografía de Gustavo Petro y su discurso son claros: no hay un arrepentimiento o una negación del pasado, aunque desde luego pueda haber críticas y autocríticas como es apenas natural.  El punto es que la victoria de Petro a pesar de su estigmatización como exguerrillero significa una reivindicación de la memoria histórica del M19 que debemos repotenciar. Significa que el carácter de guerrilla de la gesta del M19 no implicó la degradación y tiene un alto valor ético que anticipa desarrollos posteriores del Derecho Internacional Humanitario. Los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica bajo la dirección de Gonzalo Sánchez y de la Comisión de la verdad que surge del acuerdo Estado – Farc, evidencia en cifras la superioridad ética del M19, un argumento que he desarrollado en otro escrito y no voy a desplegar aquí.

Los viejos militantes ante el presente y el futuro del Ser Gobierno 

Durante los próximos 4 años un exguerrillero del M19 es el Presidente de la República. Nada menos. Más aún, ese “detalle” del pasado es lo que más resalta ante los ojos del mundo. Y lo más importante: su proyecto político mantiene el ideario del M19, remozado con nuevos énfasis acorde a los tiempos. Vida, paz y democracia. Paz, justicia social y justicia ambiental. En ese trípode, lo ambiental es el componente más renovador, aunque no estaba ausente en los años 80  (Por ejemplo, logramos evitar la construcción de una ciudadela industrial en el parque Isla de Salamanca en 1980) . Esto es lo que suelo llamar una política antropocénica, es decir, en sintonía con los desafíos que enfrenta la humanidad en el Antropoceno. 

Hay también nuevas ciudadanías y elementos identitarios, representados por ejemplo en Francia Márquez, que enriquecen el programa de gobierno en ejes étnicos, de género, de libertades individuales. Se configura así una corriente de pensamiento, plural por sus matices, pero vertebrada por el progresismo humanista.

Tenemos entonces un proyecto insurgente que transmutado en movimiento legal y tras un duro y complicado trasegar, con un desarrollo no lineal, logra la victoria electoral al cabo de tres décadas. La consigna tantas veces repetida: “Comandante Pablo, cumpliremos!”, se hace por fin realidad, aunque es sólo el final de una etapa de lucha y el inicio de otra fase de carácter constructivo y reformador. No dudo que la nueva etapa que se inicia será aún más difícil y necesita, por tanto, el concurso de todos nuestros esfuerzos, de toda nuestra experiencia y conocimiento.

Si bien el Frente Amplio y el propio Pacto Histórico, como convergencias democráticas abarcan más que la izquierda, el hecho es que se trata de la primera victoria popular y alternativa de la historia de Colombia o por lo menos desde que se instauró el Orden Conservador en 1886.

Ante semejante triunfo histórico, ¿cuál es el papel de los viejos militantes del M19 en aquella gesta clandestina de 1974 a 1989? ¿Cuál es el significado de esta victoria para nosotros, como seres humanos combatientes que ya entramos o estamos entrando en la última etapa de nuestras vidas?

En primer lugar, creo que la hazaña del momento amerita una fiesta de la victoria, un reencuentro festivo de los sobrevivientes del Eme, ya sea en Bogotá o en Cali. Un evento de alegría compartida que revitalice la cadena de afectos, pero también un espacio de análisis sobre lo que se viene y nuestro papel protagónico.

Ser gobierno implica en primer lugar la posibilidad de trabajar de verdad y en serio la memoria histórica del período 1970 – 1990. La portada del pasquín fue derrotada, ser exguerrillero del M es un orgullo y un honor, y el voto mayoritario de los colombianos lo ratificó. Ese es uno de los significados del triunfo del exguerrillero sobre el ingeniero. Esto podría hacerse con el Centro Nacional de Memoria Histórica y también con proyectos trabajados desde la academia o las ONGs. Pero además, sería ideal una asociación de los sobrevivientes, de los viejos militantes mecas, una Sociedad por la Memoria Histórica del M19.

Ser gobierno implica también participar en el ejercicio del poder ejecutivo, no en el plan clientelista y burocrático de la tradición politiquera, sino en la actitud y el compromiso de impulsar las transformaciones estructurales en los niveles económico, social, político, militar y cultural. La gobernabilidad en el Legislativo es relativamente fácil. El verdadero reto es enfrentar a los poderes fácticos: las élites económicas (la oligarquía, los gremios, los cacaos, el capital extranjero) y la doctrina militar de las FFAA. No olvidemos que una cosa es tener el gobierno y otra tener el poder. Ser gobierno es un medio y una etapa para ser poder. Seremos poder cuando la cultura democrática sea el nuevo sentido común de la sociedad colombiana. 

El Frente Amplio que logró la mayoría y el Acuerdo Nacional que busca negociar un nuevo contrato social marcan la estrategia general. Pero se necesita urgentemente el fortalecimiento y la consolidación de una férrea organización política, un movimiento que no se quede en lo electoral, que no gire alrededor de los individuos elegidos a una curul o cargo (y menos aún de influencers), que piense y trabaje colectivamente el proceso transformador dentro y fuera del gobierno, desde arriba y desde abajo, que tenga presencia en las comunidades y organizaciones sociales, y que más allá de Colombia haga parte de alianzas y corrientes internacionales en función de una política mundial progresista y humanista frente a los desafíos del Antropoceno. 

Esa organización política podría ser Colombia Humana, con personería e identidad propia, distinguible con respecto a las alianzas y coaliciones del tipo Pacto Histórico o Frente Amplio. Dentro de esa organización política, el núcleo meca, con los cercanos y afines de todas las edades, pero sobre todo de las nuevas generaciones, podríamos conducir a Colombia Humana a ser un agente político efectivo, con estructuras fuertes, democráticas y dinámicas, con infraestructura, logística, finanzas, con cuadros profesionalizados, con capacidad de movilización y acción, con visión estratégica de poder. 

Compañeros, no repitamos la historia de los años 90 cuando la Alianza Democrática M19 subió como palma y bajó como coco, como predijo el astuto Alfonso López Michelsen. No repitamos la historia de la Bogotá Humana, que una vez terminó el período de Petro, se perdió la continuidad y permitió el retorno de un Peñalosa. Que el período 2022-2026 no sea un pequeño oasis o, peor aún, un espejismo. Ya no tenemos tiempo para esperar otra oportunidad. O fue ahora o no lo será nunca para nuestra generación.

Resumen de propuestas

  • Fiesta de la victoria  
  • Sociedad de la memoria histórica del M19  
  • Ser gobierno: participar en el poder ejecutivo para ejecutar transformaciones estructurales con la visión del proyecto político  
  • Asumir la conducción de Colombia Humana como el más poderoso vector de cambio 

Correo: seniorjorge@gmail.com

Compartido con SURCOS por Vladimir de la Cruz.

 

Fuente de imagen: www.telesurtv.net Momento en el cual el M19 depone las armas luego de la desmovilización.

Chile oficialmente Estado Parte número 13 al Acuerdo de Escazú: algunas reflexiones

Foto: El nuevo Presidente de Chile Gabriel Boric y Constance Nalegach, ex negociadora del Acuerdo de Escazú durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).

Nicolas Boeglin (*)

En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú: desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por Chile.

Las mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú merecen mención: el 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, al tiempo que el 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. A su vez, estas cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado), que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial) y que en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).

A partir del 13 de junio del 2022, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13. La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado plantea ahora algunas interrogantes en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe.

Una anhelada rectificación por parte de Chile

La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en Naciones Unidas de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte.

Escazú: un instrumento de vanguardia

Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1). Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus.

Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa. Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.

En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas así como público en general interesado.

En estos primero días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.

Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas

Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción (véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas. El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia).

No cabe duda que, Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 que tuvimos la oportunidad de analizar, la segunda se realizará… también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.

En América Latina se considera que a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.

Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú: un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:

«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.

Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.

Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda

No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Costa Rica en… ¿semejante lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.

En el caso de Costa Rica, el magnífico ejemplo de la adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022. Iniciativas legislativas recientes altamente preocupantes que limitarían sustancialmente las normas vigentes en Costa Rica sobre participación ciudadana en materia ambiental han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica); al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses evidencia la total impericia de las actuales autoridades a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio), y confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar un participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra gran pesada deuda que arrastran desde muchos años las autoridades de Costa Rica (véase muy completo reportaje del 2019, cuya lectura se recomienda).

Como lo recordábamos durante la última semana de junio en un foro internacional celebrado en San José sobre Derechos Humanos (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos y video – intervención nuestra a partir de 1:59:00), el eje de la participación ciudadana en materia ambiental constituye uno de los pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus (1998).

Los costarricenses ya han podido por sí solos observar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrirle a la economía costarricense si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con su adhesión al Acuerdo de Escazú le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.

Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales en el medio digital costarricense de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.

Ya nuestro colega Mario Peña ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales y por una magistrada de la Sala Constitucional para oponerse al Acuerdo de Escazú (Nota 3). Con relación a otros supuestos «argumentos“ contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy…) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú«.

El mismo jurista Mario Peña había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase por ejemplo carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente: véanse por ejemplo en Perú este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros y este otro documento suscrito por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana, o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo).

Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de Eco Turismo y Turismo Sostenible (CANAECO) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la CANATUR (véase comunicado): la cámara nacional de la industria turística costarricense, que se basa en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¿adversando el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente? Vaya consternación para muchos.

Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento» único de su Poder Judicial. En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad. En realidad, este «descubrimiento» no debe verse como algo fortuito, sino que se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva de la Sala Constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental pocamente divulgada y cuestionada (Nota 4).

Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.

A modo de conclusión

Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya las siguientes interrogantes: ¿estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar? Habiendo Chile y Costa Rica co-liderado el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica? ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras, Perú o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione? Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica, y que ofrece a todo Estado que lo aprueba el Acuerdo de Escazú?

No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.

– -Notas- –

Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se confirma aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).

Nota 2: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Nota 3: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú (véase texto completo). Es de notar que en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.

Nota 4: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano: ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

“Puentes de Amor”, dentro de la cueva del lobo

Lic. José A. Amesty R. 

04 julio, 2022

La organización-movimiento “Puentes de Amor”, desde hace años, se ha dedicado desde EEUU a defender el acercamiento entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, y el fin del cerco económico contra la isla, frente a las campañas para frenar sus iniciativas. 

Así lo ha ratificado el activista y líder del proyecto humanista Carlos Lazo, quien además han promovido caravanas y donaciones de alimentos, medicinas e insumos para aliviar el impacto de las políticas hostiles de la administración de EEUU hacia Cuba. 

Otro proyecto relevante de Puentes de Amor, ha sido el llamado la “Fábrica de Sueños”, proponiendo el intercambio entre estudiantes de Cuba y EEUU. En estos días, “Puentes de Amor”, ha llevado a cabo una actividad en Cuba, con estudiantes y profesores. 

Otra campaña importante de la organización es, la solicitud que han hecho a la administración Biden, “queremos que se reabra la embajada en La Habana, queremos que se restaure el Programa de Reunificación Familiar, queremos mandarles remesas a nuestros familiares, queremos que se restauren los vuelos a provincias de Cuba, queremos que se construyan Puentes de Amor y lazos de cooperación científicos y económicos entre nuestros pueblos”. 

Han entregado a Biden, al menos 27 mil firmas solicitando, que se construyan “Puentes de Amor” entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. A su vez, también demandaron eliminar las 243 medidas impuestas por la administración de Donald Trump (2017-2021) para recrudecer el bloqueo.

Además, según Carlos Lazo, «estamos tratando de educar a las comunidades acerca de las sanciones a Cuba, pero al mismo tiempo terminamos educándonos nosotros mismos acerca de que el bloqueo no es solamente el bloqueo contra Cuba. También aquí en los Estados Unidos hay bloqueo contra las minorías, con la falta de oportunidades, con la discriminación. 

Conocí a un campesino afroamericano, y ellos no pueden acceder a los préstamos para campesinos, y él también me habló de los problemas que tienen los afroamericanos. 

También conocí a otro afroamericano que me dijo “Lazo, Cuba salvó a mi hijo” y yo le pregunté “¿cómo Cuba salvó a tu hijo?”. Me dijo “mi hijo nació en una comunidad de personas que pueden ser matados por la policía, pueden terminar en la cárcel, pero gracias a que mi hijo fue a Cuba y estudió medicina, hoy es un médico que ayuda a las comunidades”. 

Finalmente, Carlos Lazo enfatiza “Lo que el Proyecto “Puentes de Amor” está haciendo, “demuestra que la mayoría de los norteamericanos y la mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos, no están por el bloqueo ni están contra Cuba; al contrario, la mayoría quiere una relación normal entre pueblos, una relación normal entre países”. 

De igual modo, indica Lazo “No se trata de política, se trata de humanidad. El bloqueo es inmoral. El sentido elemental de decencia afirma que es hora de que cese el bloqueo. La familia es sagrada. Es hora de derribar muros y construir “Puentes de Amor”.

Obvio que todas estas iniciativas son apoyadas y agradecidas por las autoridades de Cuba, incluido su presidente, Miguel Díaz-Canel, quien ha enfatizado que, “los puentes de amor son indestructibles, llegan a nuestra isla venciendo cualquier obstáculo. La solidaridad no se puede bloquear”. 

Un ejemplo de lo mucho que han hecho, recordó Díaz-Canel, fue la donación para el programa de trasplantes hepáticos pediátricos, “que fue algo que llegó aquí al corazón de todos”. “Nuestro pueblo, se ha acostumbrado a buscar todas las semanas noticias sobre Puentes de Amor, sobre las caravanas contra el bloqueo, sobre lo que pasa en las ciudades de Estados Unidos con relación a Cuba”. 

Por supuesto, este trabajo humanista de “Puentes de Amor”, está siendo atacado por cubanos en Miami. El grupo opositor eufórico, grita consignas como “Patria y Vida”, cantan el Himno Nacional cubano, y acusan a sus contrarios de favorecer el enriquecimiento de las arcas del régimen de la isla. También solicitan la restitución de la Ley y Orden para el pueblo de Cuba, bajo la que consideran su verdadera Carta Magna, la Constitución de 1940. 

En este sentido, “Puentes de Amor” está siendo valiente al no apoyar el embargo-bloqueo contra Cuba, estando en las mismas fauces del lobo asesino, no obstante, Adelante…

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen tomada: www.prensa-latina.cu

Ken Matthews: el Campeón Olímpico que triunfó sobre el clasismo

Gabe Abrahams

Kenneth Joseph Matthews, conocido como Ken Matthews (1934-2019), fue un atleta británico que consiguió ser Campeón de Europa (1962), Campeón del Mundo (1961 y 1963) y Campeón Olímpico (1964) en la prueba de 20 km de marcha atlética. A pesar de ser uno de los más grandes marchadores atléticos de la historia, su condición de obrero le hizo padecer el clasismo de las élites británicas.

Nacido y criado en Birmingham, Inglaterra, Ken Matthews trabajó desde 1957 como electricista en una planta de energía local en Hams Hall, cerca de Sutton Coldfield, situado en el distrito de Birmingham.

Birmingham fue la locomotora de la Revolución Industrial en Gran Bretaña. La ciudad fue conocida como “el taller del mundo” o “la ciudad de los mil oficios”.

Gracias a su trabajo de electricista en la empresa de Hams Hall, Ken Matthews pudo tener una licencia para las competiciones y un lugar idóneo para sus entrenamientos de marcha atlética que le condujeron a la gloria deportiva.

Tras la jornada laboral, Matthews realizaba cada día sus entrenamientos en los circuitos de la zona de su empresa, los cuales eran perfectos para un entrenamiento específico de marcha atlética. En esos circuitos, Matthews poco a poco empezó a dar señales de que algo grande le estaba esperando. Su ritmo de marcha era cada vez más demoledor. Notaba aquello que es la señal de que un marchador o un corredor van por el buen camino. «Es difícil de explicar a la gente: tienes el ritmo en tu mente. Sabes si vas bien o no vas bien», comentaba a sus cercanos.

El talento, la tenacidad y el entrenamiento diario finalmente dieron sus frutos.

En 1959, 1961, 1963 y 1964, Ken Matthews ganó varios títulos británicos de marcha atlética. La lista de récords que logró en esos años también fue larga.

En 1961, Matthews consiguió su primer gran éxito internacional al vencer en la prueba de los 20 km de marcha atlética del Campeonato del Mundo por equipos de la especialidad, proclamándose Campeón del Mundo con Gran Bretaña.

En 1962, Ken Matthews consiguió su segundo gran éxito internacional al ganar la prueba de los 20 km de marcha atlética del Campeonato de Europa, proclamándose en esta ocasión Campeón de Europa de la distancia. Detrás suyo, llegaron a la meta dos grandes campeones: Hans-Georg Reimann (RDA) y Volodimir Golubnichi (URSS). Este último logró la victoria en los 20 km de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y México 1968.

En 1963, Ken Matthews repitió su éxito de 1961 en la prueba de los 20 km de marcha atlética del Campeonato del Mundo por equipos de la especialidad, cruzando la meta delante de su compatriota Paul Nihill y consiguiendo un nuevo título mundial para Gran Bretaña.

En 1964, Matthews coronó su carrera deportiva al proclamarse Campeón Olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Tras su abandonó en la prueba de 20 km de los Juegos de Roma 1960, Matthews se prometió a si mismo que entrenaría para vengar aquella derrota. Se entrenó tenazmente en la zona de su empresa y logró alcanzar su sueño.

El electricista, el obrero de Birmingham, se impuso en la prueba de los 20 km de marcha atlética de los Juegos Olímpicos de Tokyo 1964, llegando a la meta por delante de Dieter Lindner (RDA) y Volodimir Golubnichi (URSS).

La imagen de Ken Matthews marchando dentro del Estadio Olímpico camino de la meta con gran autoridad y en medio de un público entregado ha quedado para los anales de la historia del olimpismo.

También el abrazo emocionado que se dio con su mujer, Sheila, tras concluir la prueba. Sheila pudo estar a su lado en ese momento tan especial, gracias a los trabajadores de la empresa de Matthews, los cuales realizaron una colecta y pagaron su viaje.

La victoria olímpica le supuso a Ken Matthews conseguir el oro olímpico y un nuevo Récord Olímpico de los 20 km (1:29:34).

Tras regresar a Birmingham, la principal celebración de su título olímpico que realizó Ken Matthews fue con sus compañeros de la empresa de Hams Hall, quienes le tributaron un gran recibimiento.

Por su condición de electricista y obrero, después de su victoria olímpica, Matthews también padeció el clasismo de las élites británicas. Fue el único de los cuatro medallistas de oro de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Tokyo que no recibió la condecoración MBE (Most Excellent Order of the British Empire), ligada a la realeza británica.

«Los medallistas de oro siempre reciben un MBE cuando han ganado. Los otros tres (británicos) tuvieron la suya en un par de años y a mí me dejaron sin medalla durante 13 años. No me importó, porque yo ya tenía la medalla que realmente me importaba, la de Campeón Olímpico», declaró Ken Matthews en una entrevista a la BBC News en 2004.

Después de varias protestas públicas, Matthews recibió la condecoración MBE en 1977. La injusticia duró más de una década. 

En 2011, Matthews también fue admitido en el England Athletics Hall of Fame.

Ocho años más tarde de ese último reconocimiento, exactamente el 2 de junio de 2019, el campeón europeo, mundial y olímpico Ken Matthews falleció en Wrexham (Gales) a la edad de 84 años, por culpa de una reacción alérgica. Gran Bretaña y el mundo del deporte lloraron su muerte, lloraron la pérdida de uno de los más grandes marchadores atléticos de todos los tiempos.

Ni fu ni fa: El SICA, tan cerca del poder y tan lejos de los pueblos

Abelardo Morales Gamboa

Que a Nicaragua le corresponda, por turno, nombrar al secretario general del SICA, Sistema de Integración Centroamericana, es algo que ni fu ni fa… El SICA es un ave que no levantó vuelo. Sus alas fueron cortadas por una narrativa vacía sobre la integración regional, por la burocratización de sus instituciones que pasaron a depender del apoyo financiero masivo de la Unión Europea hasta que este se acabó cuando los europeos dejaron de creer el cuento del ave fénix; también por la captura de espacios, puestos y cargos por algunos remanentes de las viejas oligarquías.

Los mecanismos de integración económica han sido funcionales a las élites mientras estos faciliten la subordinación de las economías regionales a los procesos de acumulación transnacional de capitales, ¡pero hasta allí! El CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, creó una nueva dinámica y, desde entonces, el mercado regional no ha promovido ni provocado ninguna otra forma de integración que no sea la de continuar por la senda de la subordinada integración periférica, característica desde tiempos coloniales.

Ese costoso aparataje no ha asumido ningún compromiso frente a los profundos abismos sociales que marcan la desigualdad y la exclusión en las sociedades centroamericanas, ni frente a la corrupción, el narcotráfico y la supeditación del ejercicio del poder a la violencia, al crimen organizado y la corrosión de las instituciones, principalmente de los aparatos de justicia.

El hambre y la desigualdad, pero también la violencia y la falta de Estado, expulsan diariamente desde los países del norte de la región, incluido Nicaragua, a miles de familias, lanzadas a uno de los corredores de la muerte más peligrosos del mundo; y los líderes políticos de esos países, tanto como los burócratas del SICA, silban como mirando hacia otro lado. Ni qué decir de la falta de voluntad estatal para concertar políticas y acordar mecanismos humanitarios en sistema de movilidad de personas, dejado a la mano de fuerzas, en muchos casos ilegítimas. Existe un mercado regional de mano de obra altamente lucrativo, quizás la única forma de integración realmente existente, pero al margen de la voluntad política de las élites económicas y políticas para incorporarlo a los procesos regionales.

La prometida integración de los pueblos quedó enterrada desde hace más de una década, cuando el llamado Consejo Consultivo se convirtió en un órgano meramente decorativo que, además de la debilidad de sus resoluciones sin contenido decisorio, no cumple ninguna función. Los pocos intentos orientados a la integración social de las primeras décadas, así como las iniciativas de integración de sectores sociales, se disecaron debido a la falta de impulso político y a la debilidad misma de las organizaciones civiles y sociales para construir una integración desde abajo.

La llegada de Daniel Ortega y de la nueva oligarquía sandinista al poder en Nicaragua no solo no cambió las cosas, sino que las agravó. El gobierno de Nicaragua abandonó muchos si no todos los espacios de participación de su país en el SICA y no desaprovechó oportunidad para torpedear algunos otros. Daniel Ortega dejó de participar en las cumbres presidenciales y en su lugar enviaba delegaciones de segundo nivel; además, dado su carácter autoritario y represivo, a partir de 2018, se convirtió en un obstáculo más de la moribunda dinámica regional. Algo diferente fue lo que intentó, sin mucho aire, el FMLN con su llegada al poder en El Salvador en 2009. Promesas, discursos y nada más.

El que ahora el gobierno de Nicaragua tenga la posibilidad de nombrar al secretario general del SICA y que eso en Costa Rica origine esotéricas controversias, me recuerda que la ausencia de una estrategia de política regional de Costa Rica hacia Centroamérica ha sido consustancial con esa caída al vacío de la integración regional. De allí que las reacciones tanto del lado del gobierno al que le importan más los negocios que los derechos humanos como de otros sectores, enredados en viejas telarañas ideológicas, sean apenas un poco más de la bulla que se produce en las discusiones inter-élites que no conducen a nada y que no están motivadas por ningún afán de compromiso con la restauración del proceso regional.

Entre tanto, Ortega y su camarilla intentarán sacar provecho de la figura de la Secretaría General del SICA hasta donde les alcance, para tratar lavarle la cara a su régimen autoritario, opresor y falto de legitimidad. Y pare de contar porque “solidaridad de los pueblos”, como alguien dijo, ¡nada que ver!

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen tomada de: www.integracion-lac.info

Los Presidentes y gobiernos de Costa Rica ante su política exterior y ante el Gobierno de Nicaragua y Cuba

Vladimir de la Cruz

La política exterior del Estado y de la República la decide el Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores. Esto está establecido en la Constitución y así se ha respetado siempre, aun cuando frente a decisiones de ese tipo hayan actuado los presidentes, en sus períodos gubernativos, y haya habido ciudadanos que no hubieran compartido sus decisiones.

La realidad política de los países vecinos, Panamá y Nicaragua, y la de los centroamericanos, del resto de Latinoamérica y del Caribe, y la del mundo, en general, es ajena a nosotros, y es resultado de sus propios pueblos tener los gobiernos que tienen, y las formas de gobierno que han establecido. En la vida política, como en la familiar, los vecinos y parientes no se escogen. Se escogen los amigos. Esto puede provocar acercamientos y alejamientos, encuentros y desencuentros, con vecinos, parientes y hasta con los amigos.

Costa Rica desde 1847 inició su proceso de reconocimiento diplomático de países, a la vez que se nos reconocía de la misma forma. Así hemos reconocido para efectos de relaciones diplomáticas, a muchos gobiernos de países, aun cuando no hayamos compartido sus formas internas de organización política y de gobernar. Así se han establecido las relaciones diplomáticas de Costa Rica, hoy con alrededor de 100 país y con alrededor de 50 Embajadas.

Puede no gustarnos el gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, pero es el gobierno de Nicaragua.

Puede no gustarnos la forma de ejercer ese gobierno, la forma en que se ha actuado contra sectores de la oposición política, de la represión directa que viene sufriendo el pueblo nicaragüense, la forma como se ha actuado ilegalizando partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs, limitando derechos y libertades ciudadanas, inhabilitando partidos políticos y a líderes opositores, destituyendo diputados y fracciones legislativas completas.

Puede no gustarnos la forma de Ortega y de Murillo de violentar el Estado de Derecho nicaragüense, pero eso lo hace en función de tener controlada la Asamblea Legislativa, por mayoría de diputados, electos en procesos electorales, como sucede con Bukele en El Salvador o con Maduro en Venezuela.

Puede no gustarnos la forma de manipulación y de hacer actuar a los Poderes Públicos, a la Corte de Justicia y al propio Tribunal Electoral de Nicaragua, por parte del Gobierno de Ortega y Murillo.

Puede no gustarnos la represión y acciones violentas contra el ejercicio libre del periodismo, de los periodistas y el cierre y obligada expatriación de ciudadanos nicaragüenses, periodistas y comunicadores sociales.

Puede no gustarnos la acción del Gobierno contra los disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que han encarcelado, que han hecho morir en prisión y que también los han obligado a marchar de su país porque no les garantizan la vida.

No nos gusta la represión contra intelectuales, escritores, como Sergio Ramírez a quien casi han desnacionalizado, a Ernesto Cardenal, a los hermanos Mejía Godoy, a Carlos y Luis Enrique, a Gioconda Belli, entre muchos.

Puede no gustarnos la existencia de presos políticos en Nicaragua. La forma de presos políticos puede ser variable. Aquí mismo en Costa Rica actuaciones policiales y judiciales contra dirigentes sociales han hecho que se califique algunas detenciones como de “presos políticos”, por parte de los afectados y sus organizaciones políticas o sociales.

El asesinato selectivo de dirigentes indígenas, en Costa Rica, es casi similar a la forma como actúan escuadrones de la muerte en Guatemala y en Colombia, con complicidad de autoridades policiales, que son de gobierno, y con empresarios y acaparadores de tierra locales, interesados en quitarles tierras a los indígenas nacionales.

Podemos igualar el gobierno de Ortega y Murillo a una Dictadura, una Tiranía, a una Satrapía y casi a una Dinastía. Usualmente se le iguala a una dictadura, con las formas de gobernar de los Somoza, que también realizaron elecciones cuando eran gobernantes.

Pueden darnos asco, producirnos repugnancia sus personas y sus figuras, pero son los que representan, a todos los efectos nacionales e internacionales, a las estructuras político institucionales y políticas, ante otros gobiernos con sus relaciones diplomáticas y en los Organismos Internacionales y Regionales con sus representantes. También representan, nos guste o no, a los ojos internacionales al pueblo nicaragüense. De la misma forma los representantes diplomáticos de Costa Rica representan al Presidente, al Gobierno y al pueblo costarricense, y estos pueden no gustar a nacionales, a opositores de los Gobiernos e incluso a sectores políticos, sociales y económicos de otros gobiernos.

En el conjunto de las relaciones históricas, vecinales, políticas y diplomáticas con Nicaragua, la historia no ha sido la mejor, aunque no hemos llegado a un enfrentamiento militar entre países. A tensiones militares sí, pero a conflictos armados no, al menos todavía. Tampoco veo en perspectiva un enfrentamiento militar con Nicaragua. Como ha dicho el Papa respecto a la OTAN y Rusia, los Estados Unidos ha puesto a ladrar a la OTAN en a frontera rusa. Así actúa el gobierno nicaragüense de vez en cuando. Ladra en nuestra frontera.

Siempre ha habido en Nicaragua gobernantes hostiles hacia nosotros, desde que el Partido de Nicoya decidió por su cuenta adherirse, incorporarse, anexarse a Costa Rica, hace ya prácticamente 200 años, en 1824. Celebraremos esa Anexión como lo hicimos con el Bicentenario de la Independencia, le duela o no al Gobierno Nicaragüense.

William Walker fue invitado por Nicaragüenses para que llegara a ese país, en circunstancias de un grave conflicto interno que tenían, y estando allí se impuso como líder militar y como gobernante, e impuso la esclavitud. Nos obligó a marchar sobre Nicaragua, por el peligro que él, Walker, significaba para Costa Rica, por las intenciones que manifestaron el Presidente Rivas y William Walker, a finales de 1855, publicando un mapa de Nicaragua que comprendía toda la Península de Nicoya y extendía su límite desde la desembocadura del Río Tempisque hasta la desembocadura del Río San Juan.

Entramos a Nicaragua pocos días después de haber derrotado a Walker, después de haber ingresado a Costa Rica, en su afán expansionista y conquistador, en la Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856. El 10 de abril le habíamos provocado en Sardinal otra derrota, y unas horas después en la ciudad de Rivas, donde ya estaba el Ejército libertador de Costa Rica, le infligimos la más grave derrota, que postergó su rendición al 1 de mayo de 1857, por la peste del cólera que nos hizo retroceder para luego regresar al terreno de los combates, con el apoyo de los ejércitos centroamericanos, en el segundo semestre de 1856, y que comandamos a partir de enero de 1857.

La liberación que hicimos de Nicaragua de William Walker, y de la esclavitud que les había impuesto, pareciera que en el ADN político de muchos nicaragüenses nos la siguen cobrando, que hubieran preferido haber sido colonia norteamericana bajo un régimen esclavista. El que tiene mentalidad de esclavo sigue siendo a todos lo efectos esclavo.

Luego, a pesar del Tratado Cañas Jerez, de 1858 hasta finales del siglo XIX Nicaragua siguió peleando, incluso en escenarios judiciales internacionales, contra nosotros su soberanía en el Río San Juan, pelea que la llevó hasta el gobierno de Laura Chinchilla, cuando se metió con tropas en una parte del territorio nacional, en el conflicto, más político diplomático que militar, llamado de Isla Calero, hasta que la Corte Internacional de Justicia nos dio la razón.

Presidentes nicaragüenses, del Siglo XX, que querían agrupar a los nicaragüenses alrededor suyo, de sus gobiernos y políticas, inventaban un conflicto con Costa Rica para, de esa manera, unir a sus ciudadanos alrededor de sus gobiernos.

En la lucha del General de Hombres Libres, Augusto César Sandino, colaboramos en la década de 1920 no solo solidariamente, contra la ocupación norteamericana de esos años. Igual lo hicimos en la década anterior, la de 1910, en la sublevación del Patriota Benjamín Zeledón contra la ocupación norteamericana de Nicaragua en esos años. Del General Jorge Volio, entre otros se distinguió en esa lucha y solidaridad.

De esta forma de hacer política Daniel Ortega no se ha quedado atrás. Cada vez que puede lo hace, a modo de distraer de los principales problemas de Nicaragua y de la reacción interna contra su gobierno.

La lucha contra los Somoza fue seguida de cerca por los costarricenses. No nos gustaba su ejercicio de Gobierno, pero los gobiernos de Costa Rica, desde 1934, cuando se instauró la dictadura y la dinastía de los Somoza en el Poder, han mantenido relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua. En algunas épocas muy amistosas.

Las relaciones comerciales en cierta forma condicionan las diplomáticas, porque grupos nacionales de empresarios realizan negocios y les va muy bien con ellos en Nicaragua. Basta ver los índices de exportación agrícola nacional a Nicaragua, y ver también el flujo comercial hacia Centroamérica, que se realiza pasando por el territorio Nicaragüense. También Costa Rica se ha beneficiado de inversionistas nicaragüenses, en distintas actividades, entre ellos inversiones de capital del clan familiar de los Ortega Murillo, capital que por invertido en Costa Rica genera socios, aliados e interesados con ese capital, algunos de ellos con ascenso a gobiernos.

Después del ajusticiamiento que se hizo de Anastasio Somoza García, en 1956, siguieron los otros Somoza, los Somoza Debayle, y sus títeres de gobierno. Con ellos se mantuvieron relaciones diplomáticas y comerciales.

El territorio nacional a partir de los años 60s. empezó a utilizarse por combatientes anti somocistas. Los gobiernos de Costa Rica, a veces los toleraban y muchas veces los reprimían y expulsaban del país. José Figueres Ferrer incluso llegó a expulsar a Nicaragua guerrilleros que fueron muertos en ese país. En su oportunidad la Corte Suprema de Justicia sancionó por ello a Figueres y le advirtió que eso no lo podía volver a hacer.

En la década del 60, por el impacto de la Guerra Fría y del triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos impulsó el Mercado Común Centroamericano, para asuntos regionales de comercio, el Consejo de Defensa Centroamericano, que unificó a los Ejército de Centroamérica e integró como observador a Costa Rica de ese bloque militar. El Embajador de Costa Rica, en Guatemala, representa al país ante el CONDECA, que tiene la sede allí.

También impulsaron la ROCAP para uniformar procesos educativos en toda Centroamérica, desnacionalizando y desnaturalizando en esos textos nuestra Historia, nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia.

Los gobiernos de Costa Rica en esa políticas marcharon juntos con la dictadura Somocista y con toda las dictaduras existentes en Centroamérica. El Gobierno de Abel Pacheco firmó el Acta de agresión militar de Estados Unidos contra Irak como socio y aliado militar en esa intervención norteamericana en Irak, para la que buscó gobernantes serviles que le acompañaran, para una justificación internacional de la agresión.

Aparte de la lucha de Carazo contra los Somoza, el Presidente Oscar Arias es el que ha mantenido más claramente su postura antimilitar y antidictatorial en Centroamérica. Fue quien acogió al Presidente Manuel Zelaya, en el golpe de Estado que le dieron en Honduras, en el 2009, y ha mantenido una pública lucha sostenida contra gobiernos de este tipo. La Presidenta Laura Chinchilla lo ha hecho particularmente con Daniel Ortega.

A finales de la década del 70 importante papel jugó el pueblo y la juventud costarricense en la lucha armada contra la dictadura, incluso participando con columnas militares que de modo importante se desempeñaron en esa caída.

Luego se contribuyó, de igual manera, con combatientes costarricenses, a enfrentar la lucha que contra el nuevo gobierno sandinista se impulsaba, desde Costa Rica, con colaboración del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Alvarez, y con financiamiento de la CIA, del Gobierno de los Estados Unidos, y con el negocio de la droga que se impuso para financiar a las bandas criminales anti sandinistas, que provoco el escándalo Irán-Contras.

La caída de Somoza estuvo presionada principalmente por la lucha de los Frentes guerrilleros, que internamente peleaban en Nicaragua, la oposición interna político, civil y religiosa, y por la presión internacional de bloques de países que en esos últimos años de la década del 70 se constituyeron y sumaron buscando una salida política más que militar.

Del lado costarricense, el Gobierno de Rodrigo Carazo, comparado con los anteriores, respecto a los Somoza, fue definitorio e invaluable en el apoyo a la lucha guerrillera final prestando el territorio fronterizo costarricense para ese propósito.

La década sandinista de gobierno, 1979-1990, no fue fácil. Le bloquearon, sabotearon e impusieron elecciones a Nicaragua, en 1985 y en 1990, como un modelo político a desarrollar, democrático electoral.

La elección de 1990 la perdió Daniel Ortega. Subió al Gobierno Violeta Chamorro, y desde allí hasta el 2006 alternaron en el gobierno nicaragüense otros partidos y políticos.

Durante esos años el Frente Sandinista se mantuvo en la lucha electoral, hasta que recuperó el Gobierno en el 2006.

Desde 1979 hasta hoy, con Nicaragua, todos los gobiernos de Costa Rica han tenido relaciones políticas, diplomáticas y comerciales. Con algunos más tensas que con otros, pero se han mantenido, gusten o no a los gobernantes costarricenses los personajes que gobiernan Nicaragua, entre ellos Daniel Ortega desde el 2006, actualmente con su esposa Rosario Murillo.

En Nicaragua no hay una oposición política unida frente al grupo gobernante de Daniel Ortega.

La oposición existente de manera legal es permitida y está dividida, manipulada y mediatizada por Ortega y por la Murillo.

La oposición disidente de ese control orteguista ha sido obligada al exilio, la repatriación forzada, a la cárcel y represión, a la disolución de sus organizaciones de resistencia.

No hay en Nicaragua, ni fuera de Nicaragua, en Costa Rica, Honduras o el Salvador, grupos de carácter guerrillero que quieran derrocar a Daniel Ortega. En el interior de Nicaragua tampoco hay resistencia militar.

No hay condiciones sociales y organizativas en posibilidad de desarrollar una lucha armada interna contra el gobierno de Ortega y Murillo. En este momento el pueblo nicaragüense no tiene ninguna opción de este tipo existente, ni en Nicaragua ni fuera de Nicaragua.

Tiene el pueblo nicaragüense que hacer esfuerzos heroicos para recuperar espacios políticos internos y de participación electoral, que son los que por ahora darían alguna esperanza en la posibilidad de cambiar el Gobierno. En ese sentido juegan las reglas de la democracia electoral controlada por los Ortega y sus institucionalidad mediatizada y controlada. Lo que se gana por elecciones se puede perder por elecciones. Pero hay que organizarse y unirse, las tareas principales, en esa dirección.

El Ejército de Nicaragua, es grande. No es el más grande de Centroamérica, que lo es en tamaño el de Guatemala siguiéndole Honduras, que son fuerzas militares más grandes que el de Nicaragua.

Las alianzas militares que tiene Nicaragua con Estados Unidos, con los ejército centroamericanos y de otros países, entre ellos Rusia, son propias de países que tiene ejércitos. Costa Rica tiene alianza militar con Estados Unidos, en su lucha contra las drogas y en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, desde 1948.

Algunos de los que hoy critican al gobierno de Nicaragua le agregan sus críticas la presencia de unos militares de Rusia, que han llegado en estos día, sin criticar las otras alianzas, y la presencia de militares también de los Estados Unidos, tratando de pintar un peligro mayor de Nicaragua contra Costa Rica. Eso es un error a mi manera de ver. Cualquier país que tenga Ejercito es superior en ese campo a la Fuerza Pública costarricense, por el equipamiento, no tanto quizá por la formación de los mandos policiales nacionales que reciben un entrenamiento de formación militar, y así lo hacen si siguen enviando a policías, a centros de entrenamientos militares, de distintos ejércitos y países.

En la década del 50 operó la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, que estuvo presidida por el costarricense Marco Tulio Zeledón Cambronero, un anticomunista de marca. La ODECA evolucionó a la Secretaría de Integración Centroamericana, que hoy es el organismo político institucional más importante de la región junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

La participación de países en estos organismos es soberana. Está el que quiere estar y es aceptado para estar.

En la OEA estamos desde su fundación, junto con los países del continente, que desde 1948, se fue ampliando en miembros.

En la SICA como en la OEA, desde sus fundaciones, hemos compartido sillas con representantes de gobiernos dictatoriales, tiránicos, despóticos, genocidas, violadores de Derechos Humanos, surgidos de golpes de Estado, sin que nosotros avaláramos lo que esos gobiernos hacían y representaban, y pocas veces criticando sus actuaciones.

Con motivo de la Revolución Cubana, los gobiernos representados en la OEA, actuando como un organismo de colonias de los Estados Unidos, expulsaron a Cuba de esa organización, exceptuando al Gobierno de México que se opuso a esa expulsión y mantuvo las relaciones diplomáticas.

El Gobierno de Mario Echandi en 1958 rompió relaciones diplomáticas con Cuba, las que se mantuvieron rotas hasta el año 2008 que las restableció el Presidente Oscar Arias, quedando en ese momento solo tres países del continente que no las tenían, entre ellos Estados Unidos. Durante todos esos años los gobiernos de Costa Rica, que siguieron al de Echandi, no tuvieron relaciones con Cuba, mientras mantuvieron relaciones con las dictaduras de todo el continente, países que empezaron a salir de esas dictaduras a partir de 1990.

El Gobierno de Barak Obama estableció las relaciones con Cuba. Débilmente se mantuvieron con Trump y se mantienen con Biden. Hubiera sido muy vergonzoso para Costa Rica haberlas restablecido después de Estados Unidos, hubiéramos parecido como un perrito faldero de ese país.

Poco tiempo después la OEA reconsideró la situación de Cuba, le abrieron las puertas a su retorno, condicionándole su ingreso y soberanamente Cuba dijo que no le interesaba regresar a la OEA. La reunión de la Cumbre de América, recién celebrada en California, fue una derrota diplomática para los Estados Unidos, por el aislamiento que impuso de invitados a esa Cumbre que hizo desistir de asistir, con sus Presidentes y Jefes de Estado, a países latinoamericanos y algunos de ellos enviaron funcionarios de segundo orden diplomático.

En el recién pasado Gobierno de Carlos Alvarado se firmó con el Gobierno de Cuba una Carta de Intenciones en el campo educativo, que no ha tenido ninguna eficacia ni puesta en ejecución. No produjo ningún resultado práctico, efectivo ni para Cuba ni para nosotros. Era eso “intenciones”.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves en sus primeros actos como Presidente anuló, canceló, dejó sin efecto esa Carta de Intenciones. Para mí hizo mal y solo el ridículo de su acto, de colocarse innecesariamente en una pose, para la foto, de actuar “contra Cuba”, con un acto que no había tenido a ese momento ninguna trascendencia. Pudo haber dejado “congelada” esa Carta de Intenciones como estaba y nada hubiera pasado. Pero, hay en el Presidente Chaves un gusanillo que lo llama constantemente a mandar mensajes “anticomunistas”, dentro de esta nueva Guerra Fría que se está desarrollando, con muchas aristas, una de ellas alertando del “peligro comunista”, como también ha hecho referencias, en igual sentido anticomunista, post elecciones refiriéndose a la pasada campaña electoral, como si en esa campaña hubiera habido un real peligro comunista participando en elecciones.

LA SICA como organismo colectivo centroamericano acordó por los Presidentes de Centroamérica, mecanismos de dirección colectiva, desde hace muchos años, estableciendo una rotación de su principal Director o Secretario Ejecutivo. De esta manera se impuso la rotación por país, lo que inevitable, que en esta ocasión le corresponda a Nicaragua. Puede ser no deseable a los ojos costarricenses, o de algunos costarricenses, pero así es. Este año le corresponde a Nicaragua ejercer la Dirección de la SICA. En Costa Rica se ha desatado una reacción, principalmente por parte de los expresidentes de la República, presionando al actual Presidente Rodrigo Chaves Robles para que no apoye y rechace el candidato propuesto por Nicaragua. El candidato propuesto actuó beligerantemente en el conflicto de Isla Calero contra nosotros, y eso es lo que más se le cobra. Si a él lo ha propuesto el gobierno nicaragüense no lo podemos evitar. Es su derecho, que nos toca respetar. No se le puede pedir al Gobierno nicaragüense que proponga otra persona, como se hace cuando se nombran Embajadores, que los gobiernos, en esos casos, sí pueden objetar a los candidatos que se les proponen.

Con Nicaragua mantendremos diferentes núcleos de contradicciones. La SICA puede ser un escenario para llamar la atención sobre lo que al Gobierno de Costa Rica no le parezca de las actuaciones del gobierno nicaragüense.

El candidato puede no gustarnos. Podemos criticar de él posturas anti costarricenses que ha tenido defendiendo su país. Podemos criticar que el Gobierno de Nicaragua lo haya postulado, como decisión soberana que tiene de hacerlo.

La SICA hasta ahora ha actuado en Centroamérica, República Dominicana y Panamá bastante bien. No tiene por qué cambiar esas políticas por la presencia de un Nicaragüense, que no nos gusta, cuando allí hay representantes de otros siete países que toman decisiones colectivas, dentro de sus objetivos fundamentales de asegurar y fortalecer la Región con la Paz, la Libertad, la Democracia y el Desarrollo, todo dentro de su misión institucional de contribuir al proceso de integración económica.

La SICA como organización tiene países fundadores, los que siguieron adhiriéndose e integrándose, para un total de ocho. A ellos se suman once países Observadores Regionales, entre ellos Estados Unidos, y 21 países como Observadores Extrarregionales, entre ellos Rusia. Ese es un mundo amplio y ajeno…

La rotación de los Directores ha sido establecida y aceptada en su funcionamiento. Le corresponde a Nicaragua este período.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves ha decidido apoyar la candidatura ofrecida por el Gobierno de Nicaragua, como acto soberano nacional y como potestad constitucional que tiene. Con rechazar la candidatura del propuesto no se evita que lo sustituyan por otro, porque a Nicaragua le corresponde la Dirección en este momento. Todos los demás gobiernos aceptan el candidato propuesto. Con rechazarlo no se va a caer el Gobierno de Ortega y de la Murillo. Esta es la realidad política.

El Presidente Oscar Arias cuando estableció relaciones con la República Popular China tuvo una reacción muy fuerte interna de sectores empresariales, de empresarios en particular, de políticos que habían viajado a Taiwán invitados por el gobierno taiwanés y que tenían muchos compromisos con Taiwán, con artículos y anuncios pagados en contra de su decisión. Se impuso el Presidente como debía ser.

A la llegada de los representantes de la República Popular China se produjo una reacción al revés, en favor de esa nueva relación, especialmente de la comunidad china. Hoy se ve que fue un acierto esas relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China.

Cuando a finales de los 60s, en el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, y a principios del gobierno de José Figueres, en 1970-1971, ambos presidentes, representando grupos empresariales de la producción, y el comercio de café y luego de azúcar, le pidieron a Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, que actuara de Agente Comercial del Gobierno, para tratar de “vender”, “colocara” el café y el azúcar costarricense en los países socialistas, no se objetó por la necesidad económica de los productores y comercializadores que se vendiera café y azúcar a la URSS y a los países socialistas. Cuando como resultado de esas negociaciones se consideró por parte de José Figueres Ferrer, restablecer las relaciones diplomáticas que con la URSS había establecido Rafael Angel Calderón Guardia, que el suspendió durante la Juna de Gobierno, se desató en el país una campaña feroz contra un acto legítimo del Presidente Figueres. Una campaña por el NO para las relaciones diplomáticas, y otra por el SI para esas relaciones.

Por la representación de Nicaragua en la SICA nadie va a mover un dedo en el país probablemente. Pero, las valoraciones políticas de las relaciones que ha hecho el Presidente Chaves son válidas de su ejercicio de Gobierno. Ni la Asamblea Legislativa puede imponerle su voluntad. Pueden opinar los diputados, los ciudadanos, como lo hago yo, en favor o en contra de la decisión del Presidente Chaves, pero es su decisión legítima y constitucional, que él tiene de las relaciones internacionales del país.

El comercio con Nicaragua y con Centroamérica aprovechando el territorio de ese país es importante para el país y para el sector productivo y comercial de Costa Rica. Si mantenemos relaciones diplomáticas de bajo perfil con este nombramiento no se van a alterar. Si se llegara a establecer un Embajador en Nicaragua, gana también Costa Rica, si no rompemos las relaciones diplomáticas.

Apoyar el candidato de Nicaragua no le impide al Presidente Chaves criticar lo que le corresponda, y cuando él lo considere pertinente, de las políticas de gobierno, especialmente en el plano interno, respecto a libertades y derechos, represión y violación de Derechos Humanos.

He sido un crítico del Gobierno de Ortega y de la Murillo, en distintos medios, como lo he sido del Presidente Chaves, pero en este asunto le doy la razón al Presidente Rodrigo Chaves. El decide las relaciones internacionales de Costa Rica, nos guste o no cómo las maneje.

El mundo de hoy, el surgido y desarrollado después de la caída del mundo socialista, de superada la Guerra Fría del período 1945-1991, del surgimiento de nuevas relaciones internacionales, es muy complejo, es más que un nudo de contradicciones. Ahí estamos y tenemos que saber caminar, en mucho, con pragmatismo, oportunidad y sentido de la realidad, afirmando nuestra Soberanía y los ejes que han guiado la Política Exterior costarricense desde hace muchos años.