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SERRAT ES SERRAT

Escrito en . Publicado en Análisis, Cultura.

Adriano Corrales Arias*

Nuestra generación recibió, casi como leche materna, la benevolente influencia del cantautor catalán no solo como poeta y músico, pero, sobre todo, por su insobornable actitud ética y política como artista que dialoga con su tiempo sin concesiones y sin perder su calidad metafórica y sensible.

Recuerdo la primera vez que lo escuché en la radio allá por el año 72 del siglo pasado en Villa Quesada (¿Radio Cima, “El club de la juventud”?). Era su clásico “Cantares”, donde homenajeaba y conmemoraba la muerte de Antonio Machado. Una crítica indirecta al franquismo. Y recuerdo que, en mi clase de español (¿73?) cuando vimos a Machado, le dije a la profesora que ese poema lo cantaba Serrat. La profe no lo conocía, entonces me invitó a hablar sobre él. Para la siguiente clase conseguimos el disco y un tocadiscos y me explayé subrayando su lado político en contra de la dictadura fascista. (¿De dónde sacaba esas conclusiones? Aún lo ignoro). Ese año fue su célebre concierto en el Centro de Recreación de la Universidad de Costa Rica.

Lo cierto es que Serrat nos ayudó a ingresar a la poesía con sus musicalizaciones. Me invitó a leer a fondo además de a los dos Machado, a Miguel Hernández, García Lorca, León Felipe, Rafael Alberti y, por extensión, a las dos generaciones españolas: la del 98 y la del 27. Pero, además, nos alimentó la rebeldía que sobrevolaba en la época con la resaca hippie, nos hizo comprender el amor en su forma más poética y liberada: todos queríamos una novia que no necesitara bañarse en agua bendita y cuyo nombre nos supiera a hierba, con una señora madre que se asomara al espejo y diese vuelta para comprender a ese “soñador de pelo largo”, “casi un beso del infierno, pero un beso al fin”. Así, nos señaló variados caminos, entre la guitarra y la patria (“una es fuerte y fiel, la otra un papel”), todos comprometidos. Sin proponérselo de seguro, también fue una suerte de inducción hacia nuestra militancia en la izquierda revolucionaria.

Serrat nos conversó sobre lo que sentíamos y pensábamos cuando éramos “jóvenes e indocumentados”, nos invitó a vagabundear, pero con un sentido más que lúdico, existencial y rebelde, es decir, el vagabundeo como una crítica al sistema en tanto se podía “raidear” y acampar, por el país y más allá, sin harina en los bolsillos, atenidos al autostop y a la gran solidaridad humana(“No me siento extranjero en ningún lugar / Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar”). Había que marcharse al mar, buscar nuestro propio Mediterráneo con las y los compas apropiados, los más mundanos. Por eso reaccionábamos de una al “Qué va a ser de ti” una vez perdida la inocencia y ya idos de casa (“Se le borraron las pecas / Y su mundo de muñecas / Pasó… pasó veloz y ligera / Como una primavera en flor”). Pero, igual, nos advertía sobre el final del raid: “Pueblo blanco”, uno de los mejores poemas de la poesía castellana del siglo XX, se inspira en Mojácar, un pueblo de Almería en el que no hay esperanza ni oportunidades, porque más que la prosperidad, lo único que aguarda es la muerte. El narrador solo puede soñar con huir a un lugar mejor (“si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas / y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí / pero los muertos están en cautiverio / Y no nos dejan salir del cementerio”). Un canto a los migrantes que, con el tiempo y con esos versos que aluden a los muertos, al polvo, la piedra y a la guerra en ese “Pueblo blanco”, adquieren un significado especial para las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, incluida la de Franco en una España aún medieval.

Su mejor disco, qué duda cabe, es “Mediterráneo”; en todo caso, es el que nos puso a vibrar y ahora, cargados de cabanga, nos saca más que lágrimas. Al parecer, la muerte de familiares rondaba a Serrat cuando escribió la canción “Mediterráneo” en su exilio mexicano; recorría algunos lugares donde ideó el disco una vez que regresó de México: escenarios de Calella de Palafrugell (Girona), también habla de Cala d’Or en Mallorca como lugar referencial en el desarrollo de una obra que nos pertenece a todos. Lo escucho y lo escucho y me queda claro que estamos ante un disco que sigue vivo. “Mediterráneo” es, además, ecologismo y feminismo; hay cierta sensualidad en algunos de sus versos: “eres como una mujer perfumadita de brea” y en “La mujer que yo quiero”, porque “la mujer que yo quiero es fruta jugosa / Prendida en mi alma como si cualquier cosa”. Al margen del erotismo en esas figuras, la segunda canción aboga por la independencia femenina, igual que en “Qué va a ser de ti” no se juzga a la mujer que ha decidido dejar a sus padres atrás. La mujer que Serrat quiere no puede ser devota (“La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita”), aunque eso implique que sea tan libre que, finalmente, le haga sentir como un esclavo (el cantautor se refiere a sí mismo con lo de “pobre Juanito”). De hecho, el amor es secundario para ella: “la mujer que yo quiero no necesita / deshojar cada noche una margarita”. La pieza incluye la defensa de una de las críticas misóginas habituales en la época: dicen que la mujer que quiere “tiene muchos defectos y demasiados huesos”, pero a él no le importa.

“Mediterráneo” se defendió como el primer disco de estudio en castellano de Serrat, pese a ser el octavo en total – algunos de sus lanzamientos se consideran recopilaciones de singles –, se completa con canciones tan significativas como “Tío Alberto”, un aristócrata y mecenas barcelonés al parecer (Alberto Puig Palau), “Barquito de papel” (“sin nombre, sin patrón y sin bandera”), “Vencidos”, basada en un poema de León Felipe sobre El Quijote, pero que, obviamente, está hablando de la Guerra Civil y del exilio, y, claro está, la delicatessen “Aquellas pequeñas cosas”, una pieza menor a dos minutos de guitarra y cuerdas, con las que el autor quería “reflejar la ternura de lo cotidiano”. El poema “Las moscas” de Machado fue su inspiración última, es histórica su interpretación sin camiseta en la película “Mi profesora particular”.

Y después está “Lucía”, junto a “Mediterráneo” el gran clásico del disco (últimamente el público prefiere la versión acústica de Silvio Rodríguez), “la más bella historia de amor que tuve y tendré”. Mucho se ha escrito sobre su verdadera destinataria, quién sabe si una azafata de Iberia, quién sabe si una mujer cuya boda trató de impedir Serrat a la desesperada; lo que trasciende, sin embargo, no es la anécdota, sino su facilidad para atravesar el tiempo: el sentimiento hacia la mujer, cuya intimidad nunca se ha vulnerado, permanece cual recuerdo intenso, calando hasta los huesos: “tu sombra aún se acuesta en mi cama / con la oscuridad, entre mi almohada y mi soledad”. Resuena aún: “no hay nada más bello que lo que nunca he tenido”; todo un epígrafe para un poemario o novela; o tremendo epitafio.

Ni la censura de la época pudo contener el torrente del “Mediterráneo” serratiano. Fue un extraordinario éxito comercial, nombrado el disco más vendido de España en 1972 por el Promusicae de la época. Escaló al número 1 el 3 de enero de aquel año tras una edición subrepticia en 1971, y lo mantuvo durante veinte semanas permaneciendo en las listas absolutamente todo el año. A la censura franquista se le atragantó el artista, fue declarado persona non grata y no fue hasta 1976 que recibiría el indulto tras la muerte de Franco. Desde entonces Serrat jamás se cansaría de su hit. Agradecido por haber podido alcanzar semejante estado de gracia, indica que aún toca Mediterráneo “no solo por obligación sino por gusto”.

Desde entonces hemos crecido con él, desde que nos visitara aquel lejano año del 73. Desde entonces cabalgamos al lado de su “amoroso batallar”. Más de cincuenta años de rumiarlo y seguirlo desde este lado del charco, siempre subiendo y bajando la cuesta “ con banderas verdes, rojas y amarillas”, “bajo un manto de guirnaldas”, porque “cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir”. Sí, “se despertó el bien y el mal”, pero su calle siempre se viste de fiesta.

¡Gracias Joan Manuel!

*Escritor

APALABRAR EL TIEMPO

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Comunidad.

Por Memo Acuña ( sociólogo y escritor costarricense)

Quizás por lo intenso del periodo contingente que nos ha tocado vivir, el tiempo ha sido un proceso tan relativo que nos ha hecho inscribir duraciones largas y cortas allí donde los hechos han sido iguales para todos.

Desde el punto de vista del trabajo con la memoria, los acontecimientos que marcan cambios o recuerdos colectivos de alguna manera complejos, son representados por fechas, o como bien dice la investigadora argentina especialista en estos temas, Elizabeth Jelin, fechas infelices.

Recordar por ejemplo, para el caso costarricense, la fecha del 6 de marzo de 2020, como el día que las autoridades nacionales anunciaron la aparición del primer caso positivo con COVID-19, una turista estadounidense llegada al país a inicios de mes y que fuera aislada junto con su pareja en un hotel de San José.

Ya pocos recordamos este evento, tal vez porque significa la apertura de un periodo de la historia global, pero también subjetiva, marcada por la incertidumbre, el riesgo y el miedo real a una amenaza a la vida misma.

Luego vinieron las formas de cuidado, la palabra protocolo que se hizo tan cotidiana (formas de toser, de estornudar, de saludarse). Más adelante las mascarillas y posteriormente las vacunas como remedio paliativo para detener los contagios.

Se hizo necesario cambiar los patrones de comportamiento individual, modificar los rituales de afecto e intercambio físico de las personas, aspectos que indudablemente quedarán para siempre transformados.

A todas luces se trata de un momento histórico que, como hemos dicho ya en varias reflexiones, ha producido tensiones a las subjetividades que han debido restituirse con nuevas herramientas. Esto no ha sido gratuito y le ha cobrado factura a su salud y su calidad de vida.

Una de las formas de reparación se encuentra justamente en reconocer los hitos que el tiempo ha marcado en este periodo. Se trata de apalabrar las fechas significativas para cada quién: las de las pérdidas, las de los anuncios de un resultado de prueba positivo, las de la conclusión de un periodo de cuarentena.

Todas estas fechas hacen parte de la memoria individual pero que luego construirá sin lugar a dudas la memoria colectiva formada de recuerdos sobre este tránsito complejo, indeterminado, todavía en transcurso.

Le invito a apalabrar su tiempo. El mío en esta coyuntura empezó el domingo 15 de marzo de 2020 al regreso de un viaje por Centroamérica vía terrestre. Ese día por la noche las fronteras regionales fueron clausuradas como medida para controlar la propagación del virus que ya a esas alturas era inevitable. Luego otras fechas con pérdidas familiares que hay que decir y nombrar para repararlas.

Yo estoy en la tarea. Inténtelo. Vale la pena.

Elecciones en Colombia: entre el caos y el “realismo mágico” (Escenarios electorales)

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Lic. José A. Amesty Rivera

27 mayo, 2022

El próximo domingo 29 de mayo de 2022, será la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, y en ella se escogerán al presidente y vicepresidente del país para el periodo 2022-2026.

Mucho se ha escrito al respecto y se ha abundado en torno a las elecciones y los antecedentes históricos que han traído a Colombia hasta este momento, que son, además, también abundantes, pero que se han movido y mueven en un caos político, social, económico, militar, entre otros.

No obstante, hacemos un resumen apretado del quehacer político-económico de los últimos años en Colombia:

-Desaceleración económica, encontrando su clímax a partir del 2020, con la llegada del Covid-19.

-La expresión militar, el conflicto social y armado, de más de cincuenta años.

-Los intentos de salidas pacíficas, como la del acuerdo de la Habana en 1917, y el de 2017, traicionados por las elites hegemónicas de Colombia.

-Ante estas traiciones, la reaparición de excombatientes insurgentes a retomar las armas.

-Los años de 2020, 2021, han sido de estallidos sociales en las calles de Colombia, muy fuertes que han sobrepasado la fuerza del Estado.

-A su vez, en este año 2022, se han incrementado las muertes de líderes y lideresas, firmantes de acuerdos de paz, y en el contexto de las elecciones.

Los estallidos, protestas y movilizaciones del pueblo, se han visto aplacadas y mermadas, por la aparición de una posible vía pacífica de escape, ante el horror y el caos, las elecciones venideras, el surgimiento del llamado Pacto Histórico y su candidato Gustavo Petro.

Habría que mencionar, que se añade a este contexto eleccionario, la presencia del Clan del Golfo, que son estructuras paramilitares herederas de las antiguas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se han mostrado, con secuelas de muertes y acciones armadas, a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Las encuestas de las elecciones, dan como amplio favorito a ganar las mismas, a Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, que adelantamos, independiente de su carácter “revolucionario” o reformista, representa una esperanza de transformación paulatina, para el pueblo colombiano y el visto caos de la Nación-Estado.

De igual modo, haciendo una revisión a las propuestas de cambio de Petro en su programa de gobierno, observamos que son moderadas, no comprometiendo los intereses del gran capital colombiano, no obstante, representan un pequeño paso y resultando atractivas, frente a la situación del caos colombiano.

Pero esta posibilidad histórica, a su vez, se debe enfrentar a una “tradición política mafiosa que ha mantenido la superioridad de las élites en las urnas, utilizando herramientas ilegales como el fraude electoral, la compra de votos, el clientelismo, la presión paramilitar y de bandas armadas mafiosas, entre otros métodos violentos. Esto es posible toda vez que la mafia tiene a sus representantes en partidos políticos y en las instituciones del Estado, o más bien, porque las mafias capturaron los partidos políticos y gran parte de la institucionalidad estatal”, según el escritor Enrique Acosta, en su artículo “Colombia: crisis socioeconómica y elecciones presidenciales”.

A su vez, señala Acosta, “otro elemento a tener en cuenta muy vinculado al narcotráfico y el paramilitarismo es la configuración de un orden mafioso en las ciudades, que mantiene el control social con base en la venta de la seguridad a cuestas del pago de extorsiones y del negocio del prestamista que da créditos generalmente al 20% diario y que cobra con el arma en el cinto, esto ha consolidado ejércitos urbanos descentralizados, pero con un alto poder de acción. A este panorama se suma el apoyo descarado de la administración de Iván Duque, que trasladará 6,5 billones de pesos, (1.600 millones de dólares) a contratistas electorales, más o menos unos 3.300 contratos suscritos, la mayoría en Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle y Amazonas (El Colombiano, 2022), además de la entrega de la supervisión del reconteo y de otros procesos electorales al FBI, que es como poner al ratón a cuidar el queso”.

Habría que seguir añadiendo a esta trama política compleja, las negociaciones y quizás pactos-coaliciones del candidato Petro y su partido con, por ejemplo, “la izquierda representada en el Partido Comunista de Colombia (PCC) y el Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCML), pasando por lo que quedó del partido de las FARC actual Comunes, el Polo Democrático Alternativo y el Congreso de los Pueblos, liberales y verdes, entre otros, hasta personajes de liberalismo progresista como Armando Benedetti”. Acosta, “Colombia: crisis socioeconómica y elecciones presidenciales”. Así como con otros personajes, y sectores contrainsurgentes.

Finalmente, deseamos hacernos eco de los tres posibles escenarios de cara a las elecciones del próximo domingo 29, en su primera vuelta, planteados por Enrique Acosta.

Primer escenario, “cabe la posibilidad de que Colombia nos sorprenda positivamente y Petro logré un 51% de los votos que le garanticen un triunfo en primera vuelta, este escenario, que se ha convertido en una consigna para la campaña, lo consideramos como poco probable, ya que en las encuestas ningún candidato ha superado más del 40%. A su vez, el fraude electoral y el robo de las elecciones han marcado la historia política en Colombia y más que un escenario es una realidad con la que toca lidiar, ya el pasado 13 de marzo habían dejado de contar más de 1.5 millones de votos, las movidas del Estado en la registraduría, las contrataciones a dedo y el rol que cumplirá el FBI, parecen abonar el terreno para este escenario, donde el pueblo tendrá que defender su derecho acompañando el proceso hasta las últimas instancias ejerciendo la veeduría como testigos electorales, pero también con cualquier otra instancia de control y vigilancia popular”.

Segundo escenario: Ante una posible segunda vuelta, “a pocos días de las elecciones, otro escenario está ganando carrera y es que las apuestas del bloque hegemónico ya no estén por el candidato de la extrema derecha Federico Gutiérrez, y que los grupos de poder están cambiando su estrategia y redirigiendo su apoyo a Rodolfo Hernández. Los últimos datos dan cuenta de que la distancia entre Gutiérrez y Hernández cada vez es más corta, esto le permitiría mayor maniobrar a Hernández vendiéndose caro en una segunda vuelta, lo seguro es que los votos de Rodolfo Hernández irán contra Petro en la segunda vuelta, de no ser el mismo Hernández el que canalice los votos de la derecha en estos últimos días y pase a una segunda vuelta junto con Petro”.

Tercer escenario: “Quizá el más probable, por ahora, es que la segunda vuelta esté disputada por Petro y Gutiérrez, esto implica una segunda vuelta donde la derecha conservadora y mafiosa colombiana usará todas las herramientas de las que dispone para conservar el statu quo y no dejar que Petro gane la presidencia, los temores y denuncias fundadas de un posible atentado a Gustavo Petro o Francia Márquez no se han hecho esperar. En este orden de ideas, un magnicidio con el pueblo en resistencia en las calles es una salida radical de la extrema derecha, generaría un caos que le permitiría al gobierno de Duque decretar un estado de excepción que acabe con las pocas garantías constitucionales, en este posible escenario el rol de las Fuerzas Armadas es fundamental”.

En toda esta historia plagada de crímenes, guerras internas y un número de vericuetos de la política colombiana, y atendiendo al título de este breve artículo, al pueblo colombiano y su Nación, los asiste e impulsa una utopía por un verdadero cambio en la vida económica y social del país, donde los sueños y los artificios son posibles en la tierra del “realismo mágico”, y de las múltiples posibilidades, eso sí, el pueblo debe estar preparado para cualquier escenario.

La lucha de los pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

La colectividad ciudadana de un país no puede aspirar a un desarrollo sostenible y justo, ni puede por tanto vivir feliz, mientras esa nación no cuente con reglas claras de convivencia y, además, todas las personas desde su niñez temprana se eduquen en una cultura de respeto a las diversas minorías étnicas que perviven a lo largo de todo el territorio.

En Costa Rica lo primero, es decir las reglas claras con respecto a los derechos de las minorías, tras mucho trabajo, se han venido por fin estableciendo mediante leyes y decretos en diferentes gobiernos. Aunque todavía falta mucho. Hoy me propongo hacer un recuento, el cual no pretendo que sea exhaustivo, de algunas de estas conquistas consagradas en nuestra legislación relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, nadie puede pasar por alto que, aun cuando los derechos alcanzados son significativos e importantes, subsiste una resistencia a respetar y aceptar la legislación aprobada, por parte de personas no indígenas que, invaden recurrentemente sus propiedades, agreden y asesinan a los pobladores indígenas, atropellan sus derechos, ante la complaciente connivencia, en muchas ocasiones, de autoridades de policía, jueces y hasta el desdén de funcionarios públicos responsables de garantizar los derechos alcanzados por los pueblos indígenas.

Quiero decir con lo expresado que, desde mi óptica, la cultura de respeto y tolerancia carece de arraigo y por tanto de consistencia entre una gran parte de la ciudadanía costarricense. Si lo afirmado por mí es cierto, como con fundamento en hechos creo que lo es, advierto que ello vulnera como nada la solidez del nuestro sistema democrático. En efecto, desde el punto de vista politológico, no hay verdadera democracia sin una cultura de tolerancia hacia las etnias y poblaciones minoritarias que habitan el territorio, ya sea desde antes de la conquista española o más recientemente.

Hago un inventario pues de lo que tenemos en materia de leyes, convenios y decretos. Costa Rica tiene ya un amplio bagaje de leyes mediante las que se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas. El conocido periodista costarricense, Msc. Eduardo Ulibarri, en calidad de Embajador permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014), presentó un informe ante ese honorable “Foro”, en el cual destacó: “…además del Convenio 169 de la OIT, del que somos Estado Parte, [existe] el artículo 76 de la Constitución Política que establece la obligación del Estado de velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales y la Ley Indígena de 1977 y su Reglamento que ha procurado hacer efectivos esos derechos. También hemos apoyado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde su desarrollo y adopción.” Y continuó diciendo que: “Existe, además, una importante jurisprudencia en materia de derechos de los pueblos indígenas, especialmente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en temas tan diversos como el derecho a la tierra y la propiedad comunal, el acceso al agua potable y el derecho a la salud, por ejemplo. Igualmente, la Defensoría de los Habitantes, institución nacional de derechos humanos independiente, ha realizado un importante trabajo en la materia…” (Cfr. Ulibarri B, Eduardo. “Derechos de los Pueblos Indígenas.” Informe ante la Asamblea General de NNUU. 21 de octubre, 2013)

El propio Ulibarri afirma en este artículo que (parafraseo), el marco jurídico que establece derechos y la jurisprudencia que se haya dejado sentada por la Sala Constitucional, devienen insuficientes para proteger los derechos de las comunidades indígenas, mientras no existan políticas y acciones estatales que velen por su cumplimiento efectivo. (Ibid.) Por mi parte he expresado un criterio más exigente aún; puesto que, además de lo anterior, considero crucial que una sociedad avance en su nivel cultural inculcando, desde temprana edad, una formación civilista en la ciudadanía; lo que equivale al desarrollo en todas las personas de valores sólidos de tolerancia y respeto, así como una educación sustentada en el principio de igualdad entre todos los seres humanos, indistintamente de su nivel social, su etnia, sus creencias políticas, religiosas, su género o sus preferencias sexuales. Todos somos iguales en dignidad y poseemos el mismo derecho a tener oportunidades para una buena salud, una educación de primera calidad, obtener empleo y aspirar a un desarrollo con bienestar para toda la sociedad y para cada individuo; lo expresado, equivale al derecho a un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza y el medio ambiente, con justicia social, equidad y paz.

Uno de los más importantes requisitos de esa cultura integral civilista, es el imperativo de que cualquier proceso de desarrollo que afecte de una u otra manera la integridad de los territorios de los pueblos indígenas, debe merecer obligatoriamente la consulta con las mismas comunidades indígenas que vayan a resultar afectadas. Algo tan básico, no es sino hasta el 2018 que se estableció por medio de la directriz gubernamental No. 017-MP-MJP, el imperativo de la consulta indígena previa para el sector público, con el fin de comenzar el “Proceso de construcción participativa e intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024” (Cfr, Presidencia de la República. “Pueblos Indígenas Participan Activamente en Construcción de su Política Pública.” 15 de octubre del 2021.)

Este mecanismo de validación adquirió plena actualidad, a raíz del Proyecto Hidroeléctrico de Diquís, el cual se desarrollaría en una parte importante del territorio indígena sin haber consultado a esos pobladores, cuyas vidas se han desarrollado ahí desde “siempre”. Fue a raíz del conflicto que se produjo con los pueblos originarios de aquel territorio que, se buscó establecer una fórmula para normar el derecho a la consulta previa. En aquel momento, no existía una reglamentación siquiera para encausar el diálogo social y la consulta previa. No es por mera casualidad que esta reglamentación no existía. Ha prevalecido en la cultura nacional un enorme menosprecio hacia la cultura de las poblaciones indígenas. Tan es así que varias de las 18 etnias que provienen de los pueblos originarios, están a punto de extinguirse: sus lenguas en algunos casos han desaparecido o están casi por desaparecer debido a que, principalmente, a los párvulos el sistema educativo nacional no les ha ofrecido la posibilidad de aprender su lengua vernácula. El Embajador Ulibarri reconoció que fue hasta julio del 2013, que el Ministerio de Educación aprobó una reforma mediante la que se reconoció como lenguas maternas de los pueblos indígenas de Costa Rica, la Cabécar, Bribri, Ngöbe, Buglé, MaleKu, Teribe y Boruca.

Sin embargo, las matanzas e invasiones a los territorios autónomos de los pueblos originarios han continuado por parte de los no indígenas. Todo ello sigue ocurriendo, no obstante que, el país cuenta con la Ley Indígena de 1977, así como con los demás decretos y directrices emitidas más recientemente por diferentes gobiernos para proteger los bienes de los pueblos originarios y sus propias vidas ¿Cuál es la razón que justifique semejante desaguisado? No encuentro otra causa o explicación que no sea la discriminación, el menosprecio, hijo de los prejuicios de la cultura dominante contra las diferentes culturas de pueblos indígenas, a las que sometieron salvajemente para extraerles sus riquezas y pertenencias; primero fueron los colonizadores españoles y posteriormente las diferentes élites políticas y económicas de criollos mestizos que, en lo medular han gobernado Costa Rica desde la Independencia hasta el presente.

También, los pueblos originarios, sus diferentes etnias han sufrido el despojo de sus tierras de forma ininterrumpida durante la colonia, y después durante todo el período de la Independencia hasta el presente. Muchos debieron refugiarse en las montañas de Talamanca, por ejemplo, para no ser objeto de la esclavitud, o ser reducidos a las “mitas” y “encomiendas”, o al “yanaconazgo.” “Mita” era el trabajo de los indios en las minas, la “encomienda” por su parte en la agricultura y ganadería, y el “yanaconazgo” era un sistema de reclusión forzada que se aplicaba a los indios rebeldes. Los habitantes originarios, que hacían gala en muchos casos de un respeto sagrado por la naturaleza y el medio ambiente, fueron obligados a renunciar a sus valores culturales, a su cosmovisión, a sus creencias religiosas, a su idiosincrasia. Como dijera el poeta Arturo Agüero Chaves en su celebre poema: “Nicoya”, muchos fueron muertos por no renegar [de sus dioses y creencias] en las aguas del bautismo del cristianismo.

Toda esta tradición centenaria de maltrato, asesinato y despojo de las tierras ha penetrado en la ideología de muchos blancos invasores, por lo que la lucha de los indígenas no se torna fácil. Todavía se sigue irrespetando la ley indígena No.6172 de 1977, la cual reconoce oficialmente la propiedad y tenencia de los territorios indígenas en el país, basada en los derechos ancestrales de estos pueblos. Estos territorios miden cerca de 350.000 hectáreas, lo que constituye más o menos el 7% del total, estimado en poco más de 5 millones doscientas diez mil hectáreas.

Debo insistir, no es sino hasta muy recientemente que, se empezó a amojonar, es decir, a poner límites en los territorios indígenas, para proteger a los pueblos originarios de las constantes invasiones de grupos no indígenas. Ello ha sido fruto en gran parte, de la misma lucha de los pueblos indígenas, apoyados por la intervención de organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, y por los relatores de las Naciones Unidas. Para lograrlo, el gobierno nacional, debió echar mano del INDER, de las mismas organizaciones indígenas, y en ocasiones del Ministerio de Seguridad Pública. En el 2012, se comenzó con el pueblo de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas. Posteriormente, en 2013, se tramitaron decretos encaminados a asegurar los límites del Territorio Indígena de Matambú, la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó y seguidamente el Territorio Indígena de Zapatón.

Por otra parte, en el reciente informe de la Administración Alvarado Quesada, el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, rindió cuentas de lo actuado en cuatro años (2018-2022) por esta administración con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Se produjo una alta inversión en conectividad en las distintas poblaciones, coordinando con instituciones como el ICE y FONATEL. También se trabajó en temas de vivienda específicamente para atender las necesidades de estos pueblos. Randall Otárola da cuenta de que se construyeron viviendas respetando la cultura y los derechos identitarios de los indígenas, o sea valorando las formas de convivencia de estas culturas ancestrales. Fue entonces que se emitió la directriz a la que se hizo alusión líneas arriba. Esta hace referencia al mecanismo general de consulta, se fortalece el Plan RTI para la devolución de las tierras que pertenecen a los pueblos originarios usurpadas por los blancos. Hubo apoyo además en la construcción de infraestructura en colegios, liceos y de manera importante en temas de salud. Todo lo cual representó una inversión de más de sesenta mil millones de colones durante los cuatro años. El viceministro insistió en que todos estos planes implicaron la incorporación de las dirigencias de las diferentes etnias indígenas en la elaboración del Plan de Desarrollo para los Pueblos Indígenas.

Para Randall Otárola, el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas constituyó una prioridad de la administración y considera que “…la consulta representó un hito en el cumplimiento de los derechos de estos pueblos.” (Cfr. Otárolla, Randall. “Informe de la Presidencia de la República.” 2021-2022. San José, Costa Rica.) La fase de consulta previa implicó un proceso participativo, libre e informado, para facilitar el diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Se visitaron 24 territorios para la construcción de Planes de Consulta, de acuerdo con el “Mecanismo General de Consulta Indígena”, aprobado en el 2018. Este proceso dio lugar a la elaboración del borrador y el documento final de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024. El trabajo para la elaboración del borrador de la Política Pública fue liderado por el mismo Randall Otárola en su calidad de viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, según Decreto No. 40.993; contó para cumplimentar la tarea con el apoyo del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), así como con representantes de Naciones Unidas. Todo el proceso se realizó en forma mancomunada con líderes de las poblaciones indígenas y tratando de garantizar los derechos de estas poblaciones, según convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica; de manera muy especial se ampararon en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (Cfr. presidencia.go.cr “En Kéköldi inicia Histórica Consulta de Política Pública para los Pueblos Indígenas.” 17 de setiembre 2021).

Empero, sin menosprecio a estos esfuerzos recientes, el hostigamiento contra las poblaciones indígenas, sean estos bribris, cabécares, ngöbes o malekus no ha logrado controlarse, con lo que seguimos lamentando muertes y constantes violaciones a los derechos humanos. Este ha sido el caso de Jerhy Rivera, dirigente indígena térraba, quien fuera asesinado en el 2020 de cinco disparos contra su humanidad. En la misma región, el 18 de marzo del 2019, fue víctima de otro crimen el líder indígena Sergio Rojas. Ambos habían sido objeto de constantes amenazas de muerte.

La recientemente fundada Asociación para el desarrollo sostenible y sustentable Madre Tierra, ha incursionado en el territorio maleku de San Rafael de Guatuso, por iniciativa de la profesora Noemy Mejía (de extracción maleku), para unir los esfuerzos en el desarrollo de “ecocomunidades” con la población autóctona. La comunidad decidió iniciar los esfuerzos mediante la reforestación de la cuenca del río que la abastece de agua. En este caso también, invasores blancos invadieron partes del territorio maleku, provocando una gran deforestación arriba de la naciente con lo que acarrearon un grave daño desatando una considerable disminución del agua que consume la comunidad.

Este es el día a día de infortunio y desasosiego que padecen muchas comunidades indígenas en nuestro país. Aunque ha mejorado la actitud de algunas autoridades, la sociedad costarricense en su mayor parte permanece impasible ante las amenazas y delitos contra los derechos humanos y la propiedad de los primeros pobladores de estas tierras, cuyos ancestros estuvieron aquí mucho antes del descubrimiento, la conquista y colonización española.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

A propósito de la renuncia de un diplomático ruso en Ginebra

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin

En estos últimos días del mes de mayo del 2022, se difundió en algunos círculos diplomáticos y en algunos medios de prensa (véase por ejemplo nota de Le Point y nota de The Guardian) la carta de renuncia del diplomático ruso Boris Bondarev, quien fuera hasta el 23 de mayo consejero en la Misión Permanente de Rusia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. 

Es, al parecer, el primer integrante del aparato diplomático ruso en renunciar a sus funciones oficiales desde el inicio de la agresión militar de Rusia al territorio de Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero del 2022. Al menos, el primero en hacer pública su decisión, si es que se han dado otras bajas de este tipo sin trascender en la esfera pública. El 23 de marzo, la BBC informó de otra renuncia de un alto funcionario ruso, sin que se conozcan sus motivos para hacerlo (véase nota). En cambio, la carta de Boris Bondarev, extraída de la red social twitter, explicita sus motivaciones y se reproduce de manera integral a continuación (véase enlace):

«Renuncio, no renuncio, y si renuncio, ¿qué hago?»: apuntes en torno a un siempre delicado dilema interno

Una renuncia de esta índole que consiste en cesar de continuar defendiendo a un Estado por parte de un diplomático de carrera debe siempre entenderse como un acto que evidencia una profunda crisis en lo interno del aparato diplomático de dicho Estado.

El desacuerdo en seguir las instrucciones enviadas desde la capital puede ser la realidad de algunos diplomáticos cuando se trata de criterios políticos que consideran cuestionables y discutibles. No obstante, cuando conforme la reflexión se instala en la mente del diplomático, su debate interno puede llegar a levantar algunas interrogantes a un punto tal que la decisión que toma es la siguiente: ya no tiene mayor sentido continuar sosteniendo lo que considera … insostenible. Renunciar a toda una carrera profesional dentro del servicio exterior del Estado es siempre una decisión díficil de tomar. 

Existen algunos precedentes, y en cada uno de ellos se confirma esta lectura: recientemente por ejemplo, en América Latina, se informó de la decisión de quien fuera el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de renunciar a seguir representando los intereses de Nicaragua (véase nota de la BBC del 23 de marzo del 2022). En el 2004, fue el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas el que dimitió de sus funciones (véase al respecto esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas). 

Existen también casos, de una naturaleza muy distinta, en los que son declaraciones desafortunadas que llevan a solicitar la renuncia de un embajador, sin que a veces la renuncia se materialice (véase por ejemplo nota de la BBC del 2010 sobre extrañas declaraciones del Embajador de Chile en Buenos Aires). En el 2013, luego de declaraciones desacertadas de su máximo reprentante en Panamá, Costa Rica procedió a presentar oficialmente sus «disculpas» en una carta formal lamentando lo ocurrido: no hubo en este caso ninguna renuncia, sino un cese y traslado del interesado a otro destino, siempre con rango de embajador (Nota 1). 

En el caso más específico de los diplomáticos rusos en este mes de mayo del 2022, el continuar justificando y defendiendo los argumentos oficiales de Rusia en su accionar en contra de Ucrania tiende a volverse cada vez más apremiante, como lo intentaremos explicar en las líneas que siguen.

La agresión de Rusia a Ucrania: un cajellón sin salida desde la estricta perspectiva legal internacional

Desde el 16 de marzo del 2022, una decisión preliminar (denominada «providencia» u «ordenanza«) de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Rusia cesar de inmediato su oficialmente denominada «operación militar especial» en Ucrania. 

Se trata de una primera decisión favorable a Ucrania con relación a la demanda que interpuso  en La Haya pocos días después de iniciarse la agresión rusa a su territorio: véase al respecto para mayores detalles nuestra breve nota al respecto titulada «Ucrania / Rusia: las medidas provisionales ordenadas a Rusia por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) puestas en perspectiva«. 

Son en efecto varias las reglas que Rusia está violando abiertamente desde la madrugada del 24 de febrero del 2022, empezando por las primeras disposiciones de la misma Carta de Naciones Unidas  relativas al respeto a la integridad territorial de un Estado y a la prohibición del uso de la fuerza (Nota 2).

Esta primera ordenanza del juez internacional de La Haya en el caso que opone Ucrania a Rusia es claramente irrespetada, y coloca ahora a Rusia en una situación de abierto desafío a la autoridad de la justicia internacional: sin lugar a dudas, este desacato a esta decisión produce sus consecuencias desde el punto de vista jurídico.

En efecto, al cumplirse el pasado 24 de mayo tres  meses desde el inicio de las operaciones militares rusas en territorio ucraniano, que violentan las reglas más básicas del ordenamiento jurídico internacional, es probable que Ucrania refuerce su decidida estrategia legal con una acción ante la justicia internacional tendiente a obtener reparaciones por los graves daños causados por Rusia en su territorio: diversas entidades trabajan desde ya en Ucrania (y probablemente también fuera de ella), en aras de calcular y de cuantificar  – destrucción tras destrucción – los múltiples daños ocasionados por Rusia en Ucrania (véase enlace con cálculos y estimaciones al 27 de abril del 2022). Un evento internacional abierto al público reunirá expertos el 30 de mayo sobre este preciso tema (véase enlace oficial).

Cabe recordar que en otro caso conocido por la CIJ, en su demanda de 1984 contra Estados Unidos, Nicaragua presentó una memoria sobre compensación por daños que detallaba los diversos rubros de la destrucción causada por Estados Unidos en su territorio al entrenar, adiestrar y financiar a la denominada «contra» nicaragüense (véase documento, en particular pp. 266-349).  Un cambio de orientación político acaecido en 1990 tuvo como consecuencia el retiro formal de la demanda por compensación por la misma Nicaragua en 1991 (véase comunicado oficial de la CIJ de septiembre de1991 en francés y en inglés).

Rusia y la justicia internacional: el significado de su no comparecencia

Siempre con relación a la demanda interpuesta por Ucrania contra Rusia el 26 de febrero del 2022  ante el juez de La Haya (véase texto de la demanda y texto de la solicitud de medidas provisionales), cabe recordar que, al convocarse a audiencias públicas en La Haya realizadas el 7 de marzo para escuchar los alegatos de Ucrania y los contra alegatos de Rusia, Rusia optó por no comparecer ante los jueces de La Haya. ¿No comparecer ante el juez internacional desdeñando de esta manera una tribuna internacional como la barra de La Haya para justificar su accionar? ¿Acaso los argumentos de Rusia para justificar su agresión no cuentan con la sólidez suficiente como para someterlos a un debate contradictorio en La Haya? Es una de las tantas preguntas que entraña esta significativa ausencia: para mayores detalles (y algunas otras preguntas hechas que no ameritan ser nuevamente reproducidas), véase nuestra breve nota al respecto titulada «Ucrania / Rusia: la fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza.  A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la CIJ «. 

Esta actitud del aparato diplomático de Rusia evidenció ante todo (y en particular ante los jueces de la CIJ y el resto de la comunidad internacional) la situación poco sostenible, desde el punto de vista jurídico, en la que se ha colocado Rusia desde la madrugada del 24 de febrero del 2022.

Las acciones bélicas se han mantenido desde entonces entre las fuerzas militares de Rusia y de Ucrania, con avances y retrocesos de unos y de otros, pérdidas en vidas humanas cuantiosas tanto en las tropas de una como de otra. El saldo en muertes y heridos de gravedad en el seno de la población civil ucraniana aumenta día tras día, así como el flujo de refugiados y de desplazados internos y el número de tragedias de todo tipo en las que se ven inmersas familias ucranianas.  

A la fecha, no se vislumbra mayor esfuerzo o iniciativa para reiniciar canales de negociación en aras de que cesen las hostilidades, en particular desde que Ucrania vislumbra una victoria militar. Los hallazgos a inicios del mes de abril del 2022 de las exacciones cometidas por Rusia en la localidad de Bucha han modificado sustancialmente la posición inicial de Ucrania de sentarse a una mesa de negociación, y el firme respaldo de la comunidad internacional influye en esta postura. En esta nota de RFI se informa sobre la llamada a consulta del embajador de Rusia en París por las autoridades galas al negarse este diplomático a reconocer la responsabilidad de Rusia en los eventos de Bucha. 

Con relación a la responsabilidad penal individual de altos funcionarios de Rusia, tanto civiles como militares, en la instigación o la comisión de actos que califiquen como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, el conflicto en Ucrania  ha llevado a otra jurisdicción internacional situada en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), a multiplicar diversas investigaciones en su territorio (véase enlace oficial de la CPI al respecto).

En su misiva, el ahora ex diplomático ruso Boris Bondarev explica, sin contemplación para sus antiguas autoridades en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que:

«Today the Ministry of Foreign Affairs is not about diplomacy. It is all about warmongering, lies and hatred. It serves interests of few, the very few people thus contributing to further isolation and degradation of my country«.

A modo de conclusión

Es posible que esta primera renuncia hecha pública de un alto funcionario diplomático de Rusia sea seguida de otras, dado el aislamiento cada vez más pronunciado de Rusia en el seno de la comunidad internacional: esta última observa a uno de sus integrantes ignorar las bases fundacionales del mismo ordenamiento jurídico existente desde 1945. 

En la precitada nota de The Guardian el ahora ex funcionario ruso explica que su decisión estaba tomada desde el mismo 24 de febrero y que debió proceder a arreglos de diversa índole antes de hacerla efectiva. Resulta de interés señalar que, en su también carta de renuncia (con fecha del 23 de febrero del 2022), uno de los asesores legales de larga data de Rusia ante el juez internacional de La Haya, el jurista francés Alain Pellet, señaló en el último párrafo que:

«I have enjoyed working with you to defend the interests of your country, which I love dearly. I appreciated that while defending them together, we could exchange freely on the limits not to be crossed. I have seen the scruples of some of you and understood the unwavering commitment of others. But enough is enough. Yesterday I sent my letter of resignation to the competent authorities: lawyers can defend more or less questionable causes. But it has become impossible to represent in forums dedicated to the application of the law a country that so cynically despises it    

/   

J’ai aimé travailler avec vous pour la défense des intérêts de votre pays, que j’aime profondément. J’ai apprécié que tout en les défendant ensemble, nous puissions échanger librement sur les limites à ne pas franchir. J’ai constaté les scrupules de certains d’entre vous et compris l’engagement sans faille d’autres. Mais, trop c’est trop. J’ai adressé hier ma lettre de démission aux autorités compétentes : des avocats peuvent défendre des causes plus ou moins discutables ; il est impossible de représenter dans des enceintes vouées à l’application du droit un pays qui le méprise si cyniquement» (véase carta publicada en inglés en el sitio EJIL-Talk y en francés en su sitio personal).

  – – Notas – – 

Nota 1: El 7 de marzo del 2013, Costa Rica retiró a su embajador en Panamá (véase nota de prensa de La Nación) y envió una nota en la que presentó sus disculpas formales a las autoridades panameñas. Ello se debió a declaraciones dadas por el embajador Melvin Sáenz Biolley, el 6 de febrero anterior, primero en las afueras de un estadio, y luego en un medio radial panameño conducido por la periodista Bettina García Muller. Costa Rica notificó oficialmente a Panamá que: “El Gobierno de Costa Rica desea hacer llegar sus más sentidas disculpas por las expresiones emitidas por don Melvin y las molestias que estas causaron al ilustrado Gobierno de Panamá” (véase nota de prensa de La Nación). En julio del 2013, el señor Melvin Sáenz Biolley presentó oficialmente sus credenciales como embajador de Costa Rica en Perú (veáse nota de CRHoy). 

Nota 2: Se trata de un conjunto de reglas muy básicas que sostienen el edificio normativo internacional desde 1945 y que detalla una entidad como el International Law Institute (Institut de Droit International) en su declaración del 1ero de marzo del 2022 (véase texto en francés y en inglés). Estas mismas normas internacionales reaparecen en la demanda presentada por Ucrania contra Rusia el 26 de febrero del 2022 ante la CIJ: véase texto en francés y en inglés.

Esta nota fue escrita por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)Publicado por Curso de Derecho Internacional.

Texas y los crímenes racistas contra la niñez latinaTexas y los crímenes racistas contra la niñez latina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Jiddu Rojas Jiménez

Texas fue robado a México en la Guerra de 1836. Luego en diciembre de 1845, Estados Unidos la anexionó formalmente. Esto desencadena una nueva Guerra contra México entre 1846-1848, y EE UU, le roba todavía más territorio.

A saber, desde el actual Nuevo México y Arizona, hasta Utah, Colorado, Nevada, incluido hasta California y limitando con el actual Oregón; además, partes de los actuales Estados de Wyoming, Kansas y Oklahoma. 

El actual Gobernador de Texas (Republicano) Gregg Abbott, –quien hoy se lamenta en público la nueva masacre de niños y niñas latinos/as–, quería hasta hace un par de días, eliminar incluso el permiso mínimo y la licencia de portación de armas; para lo cual, recientemente, presentó exitosamente, un proyecto al Poder Legislativo del Estado de Texas.

De hecho, el Congreso del Estado (no Federal, sino Estadual), aprobó su proyecto. Y el Senado, Estadual, de Austin (Capital del Estado de Texas) también.

Habrá nada más un curso en línea gratuito en Texas, para los portadores de armas, y las personas con antecedentes penales y de violencia doméstica no pueden portar armas. Esto último ante el crecimiento de los feminicidios, según Peter Ambers del Centro Giffords para el control de armas. (Esto según informa «El País» – Internacional).

Por si fuese poco, a nivel del Senado Federal, el Senador Republicano de extrema derecha por Texas, y ex- Nominado para la Candidatura a la Presidencia por el GOP (Republicanos), –Ted Cruz–, en sus primeras declaraciones públicas, rechazó que el control de armas reduzca la criminalidad, o prevenga este tipo de actos (BBC/CBS News). 

El Lobby Norteamericano de las Armas, parte minorista del gran Complejo Militar- Industrial, es muy poderoso a nivel Federal y de ciertos Estados más Conservadores. 

En todo caso, ayer 24 de mayo, en la pequeña ciudad fronteriza de Uvalde, en la «Robb Elementary School», en Texas, asesinaron a 19 niños y niñas de origen étnico latino (hijos y nietos de mexicanos fundamentalmente, o sea Chicanos), y a 2 maestras también latinas. Hay, además, 2 policías de fronteras heridos de gravedad.

Según la BBC, el 90 % de los niños y niñas son de origen latino (mexicano), y el 87% oficialmente de escasos recursos. De hecho, la placa de la Escuela dice, arriba «Welcome», y abajo, «Bienvenidos». 

El presunto asesino también abatido, y de apellidos latinos, tenía apenas 18 años. Éste aparentemente, compró los dos fusiles de asalto el mismo día de su cumpleaños («El País» – Internacional).

El día de la masacre, había discutido antes con su abuela, y también la mató de un disparo en la cabeza.

Esa es la trágica noticia. Pero, lo cierto es que desde 1970, han existido más de 100 tiroteos en centros educativos sólo en Texas, según la «Unión Nacional de Padres» (EE UU), informa la BBC.

Tiroteos y masacres son frecuentes cada mes en EE UU, todos los años. Pero recientemente, el 3 de agosto del 2019, hubo otro tiroteo contra civiles latinos en un Walmart de El Paso, Texas. Precisamente Walmart de EE UU, vende armas. Hubo 22 muertos y el asesino aparentemente declaró, que era una respuesta a la «invasión hispana de Texas» («Cronología de los tiroteos más graves de Estados Unidos», en Revista Forbes/México). 

No hablemos de la histórica brutalidad policial racista contra latinos, afrodescendientes, indígenas y asiáticos. Sin embargo, no podemos acostumbrarnos a esta barbarie. 

Es un dato certero, además, que desde Texas se exporta la gran mayoría de las armas de grueso calibre, que alimentan la violencia civil ligada a los carteles y al narcotráfico de México.

Hace poco en Buffalo, Estado de Nueva York, hubo otra masacre con justificaciones racistas, pero esta vez de afroamericanos y en un supermercado de su comunidad.

Este nuevo tiroteo en Texas, casi «rompe récord» respecto de las masacres en escuelas, y tiene el tenebroso segundo lugar. El primero, lo tiene la masacre de la Escuela de Primaria en Sandy Hook, en Connecticut, y donde murieron 20 niños y niñas y 6 adultos («El País» – Internacional).

También casi «rompe récord» esta nueva masacre en víctimas mortales a nivel educativo en general (no sólo primaria), pues incluso supera a la masacre en la Secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, con 17 muertos/as en el 2018 (según BBC). 

Parece que los tiroteos y masacres de civiles, son frecuentes todas las semanas en Estados Unidos. Muchos con consideraciones abiertamente racistas.

Mientras, el negocio de la producción de armas sigue prosperando, más aún con la Guerra en Ucrania y la exportación de las mismas.

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, –obviamente Republicano–, sugirió según la BBC, que la solución frente a estos tiroteos sería, armar a los maestros… Sin comentarios. 

En los próximos días, en Houston, Texas, se llevará a cabo, la reunión anual de la Conservadora, NRA (en Castellano, ANR, o sea, la «Asociación Nacional del Rifle» de EEUU), a la que se espera que asista, el ex – presidente Donald Trump.

Cabe mencionar, que con la administración Biden, la venta norteamericana de armas de grueso calibre y uso militar sofisticado, para alimentar al conflicto Ruso-Ucraniano, ha crecido exponencialmente también.

Puede leer la publicación original en https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4913265558782380&id=100002969526277&sfnsn=mo

 

El mapa histórico es de libre acceso y fue tomado de la publicación original.

29 de mayo: Día Nacional de la Persona con Discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Dr. Federico Montero Mejía

Cuando en los Estados Unidos, la ejemplar y larga lucha por los Derechos Civiles que implicó grandes sacrificios, persecución, mucho dolor y pérdida de vidas irreparables como la de Martin Luther King alcanzó sus objetivos inmediatos; otra importante minoría conformada por las personas con discapacidad seguía sometida a la misma discriminación y segregación, tanto en ese país como en el resto del mundo.

Las personas con discapacidad, inspiradas por el modelo y las estrategias de reivindicación utilizadas por la población negra, desarrollaron e implementaron con ejemplar fortaleza y compromiso su propio movimiento en contra de esa situación de menosprecio, que limitaba aún más sus posibilidades de integración y participación como seres humanos y ciudadanos con plenos derechos. También las luchas de las personas con discapacidad por liberarse de la segregación y la discriminación a las que estaban sometidas, exigió grandes sacrificios y esfuerzos. Pero entre muchas otras cosas, los éxitos alcanzados pusieron en evidencia que las limitaciones físicas o de cualquier otro origen y severidad, nunca representan una barrera para alcanzar reivindicaciones, sociales, políticas y económicas, y tampoco para el disfrute de los inherentes derechos, o para el desarrollo personal. Las barreras, de toda índole, las impone la sociedad y no la discapacidad (Modelo Social vs Modelo Médico).

El movimiento iniciado por las personas con discapacidad en los Estados Unidos culminó con el desarrollo de normas tangibles tales como Ley de los Americanos con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en 1992. La ADA “es una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación en contra de los individuos con discapacidad en todas las áreas de la vida abiertos al público en general, tanto en lugares privados como públicos”. Este movimiento y sus logros se convirtieron en un modelo que rápidamente fue replicado por las personas con discapacidad en otros países del mundo. Casi al mismo tiempo, y después del Decenio de las Personas con Discapacidad (NNUU-1983-1992), la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un documento conocido como las “Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” (NNUU. 1993-Resol. 37/53), que, a pesar de no ser vinculante para los Estados Miembros, fue un importantísimo incentivo que impulsó y estimuló aún más, el fortalecimiento de las luchas por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todo el mundo.

Señalo estos hechos, porque considero que resultan determinantes para entender, que los éxitos han sido el producto no de la buena voluntad o la comprensión de los políticos acerca de la realidad de esta población, sino del modelo recogido y aplicado por las organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo, que con sacrificios, pero efectivas acciones de incidencia política, obligaron a la población en general y a los responsables del diseño e implementación de política pública, a modificar actitudes y establecer normas de respeto a los derechos humanos. Más, o menos exitosos han sido los movimientos de personas con discapacidad en los diferentes países. La medida del éxito ha estado determinada en gran parte por las circunstancias vividas a lo largo de su historia por la gran mayoría las personas que conforman este sector, caracterizadas por la pobreza, la falta de acceso a la educación, al trabajo, al transporte, a la vivienda digna, etc., factores prevalentes y siempre palpables en nuestra tan desigual América Latina, que perpetúan y exacerban la condición de segregación y la estrecha relación: Pobreza = Discapacidad = Más pobreza. Más del 80% de las personas con discapacidad en el mundo, son pobres y viven en países de ingreso bajo y medio. Esta realidad ha determinado las dificultades que contribuyen a lentificar el desarrollo de un movimiento fuerte e influyente de organizaciones de personas con discapacidad, tales como los que sí han desarrollado las mujeres o los grupos LGBTI. Pero incluso estos dos sectores en mención, con frecuencia olvidan que también están compuestos por personas con discapacidad.

En nuestro país, las acciones llevadas a cabo por las personas con discapacidad tuvieron un importante efecto, que condujo a la promulgación de lo que hoy es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley No. 7600). Pero esta Ley no llegó de la nada o por la buena voluntad o el compromiso incondicional e iniciativa de los legisladores que la aprobaron. Fue el resultado de muchas batallas que en nuestro país llevaron a cabo las organizaciones de personas con discapacidad existentes en aquellos años. Las diferentes acciones y manifestaciones públicas llevadas a cabo por esas organizaciones durante años previos, motivó al entonces Presidente electo a tomar la decisión de incluir en su equipo a un asesor en materia de discapacidad, quien impulsó y facilitó la conformación en el Congreso de la República, de una Comisión Especial Mixta que se avocó a la redacción de la Ley, la cual fue finalmente aprobada en el Congreso como Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (#7600), el 29 de mayo de 1996.

Como parte de los avances en materia de normativa legal, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en el año 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en nuestro país mediante la ley 8661, del 29 de setiembre del 2008.

Por iniciativa el entonces diputado Alberto Salom, y tomando en cuenta que ese mismo día del año 1996, se había aprobado la Ley 7600, la Asamblea Legislativa declaró el 29 de mayo como el Día Nacional de la Persona con Discapacidad (Ley N° 8671), vigente desde el 28 de enero del 2009.

Contamos por lo tanto en nuestro país con normativa sólida que permite promover y defender los derechos de las personas con discapacidad, y que sin duda ha facilitado cambios tangibles pero aun bastante limitados en cuanto a la verdadera inclusión social, la participación plena o al ejercicio de todos los derechos por parte de muchas personas con discapacidad. Hacen falta mayores esfuerzos para desarrollar estrategias que faciliten la consolidación de un movimiento de personas con discapacidad fuerte e influyente. Queda además mucho camino por recorrer para alcanzar una clara y sincera toma de conciencia por parte de quienes construyen política pública, para que se garantice el real cumplimiento de dicha Ley y se impidan acciones tan dañinas, como lo fue por ejemplo durante la pandemia, el cierre del Centro Nacional de Rehabilitación y de otros servicios de esta especialidad en muchos hospitales. Esta decisión ocasionó a la población con discapacidad de Costa Rica, un grave e irreparable daño aun no cuantificado.

El Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-Banco Mundial 2010), refleja que como lo mencionamos, aún existe una preocupante realidad, porque se continúa tolerando la discriminación, la segregación y la restricción al disfrute de los más elementales derechos humanos a este sector de la población: “En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transparente, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas” (Informe Mundial sobre Discapacidad -OMS-).

El Reporte Mundial sobre Productos de Asistencia (OMS-UNICEF. Mayo 2022) nos señala que “Mil millones de personas necesitan productos de asistencia hoy y más de 2 mil millones alrededor del mundo se espera que requieran al menos un producto de asistencia para el 2030. Mientras cualquiera necesite un producto de asistencia en algún momento de su vida, estos son más frecuentemente requeridos por niños y adultos con discapacidad, adultos mayores y personas con condiciones de salud crónicas tales como diabetes y demencia” … “Al día de hoy, solo una de cada 10 personas que requieren productos de asistencia, tienen acceso a los mismos”.

ENLACES:

«Petroleros» a escondidas…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Poco antes de felizmente desalojar el búnker legislativo donde tantas cosas nefastas se «cocinaron» en la legislatura anterior, los diputados anotados abajo, presentaron un proyecto de ley orientado a promover la explotación petrolera, escondido detrás de la mampara populista de bajar en un 50% el impuesto único de los combustibles, y el traslado de las funciones estratégicas en el campo de la energía que cumple Recope, hacia empresas privadas.             

Parte de ese «sancocho» dice: Artículo 3- Créase la Dirección General de Hidrocarburos, como el órgano técnico especializado del MINAE a cuyo cargo estarán los trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos que el Poder Ejecutivo suscribirá para la explotación y explotación de hidrocarburos así como tramitar y aprobar las concesiones para la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional».                                        

Firman (para la historia) los siguientes diputados: Carlos Luis Avendaño, Xiomara Rodríguez, Floria Segreda, María Inés Solís, Melvin Núñez, Mileidy Alvarado, Erick Rodríguez Steller, Walter Muñoz y Otto Roberto Vargas.

Surge la inquietud de que tal retrógrado proyecto de ley (desde el punto de vista estratégico, económico y ambiental) pudiere ser puesto a despacho por el Poder Ejecutivo o algún diputado…, por lo que llamamos a los ciudadanos responsables a estar atentos, pues las consecuencias negativas para Costa Rica son escandalosas. 

Nuestra principal fuente de divisas extranjeras y de empleo, el turismo, por ejemplo, no podría seguir prosperando en caso de que el país se expusiera a la actividad altamente contaminante de la extracción y transporte de petróleo, del que, de paso, no se tiene certeza de su existencia en cantidades comercializables, ni de sus características. ¡De verdad que es una «apuesta» que sólo pérdidas nos podría dejar.

«PETROLEROS» a escondidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Freddy Pacheco León

POCO antes de felizmente desalojar el búnker legislativo donde tantas cosas nefastas se «cocinaron» en la legislatura anterior, los diputados anotados abajo, presentaron un proyecto de ley orientado a promover la EXPLOTACIÓN PETROLERA, escondido detrás de la mampara populista de bajar en un 50% el impuesto único de los combustibles, y el traslado de las funciones estratégicas en el campo de la energía que cumple Recope, hacia empresas privadas. Parte de ese «sancocho» dice: 

Artículo 3- Créase la Dirección General de Hidrocarburos, como el órgano técnico especializado del Minae a cuyo cargo estarán los trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos que el Poder Ejecutivo suscribirá para la EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS, así como tramitar y aprobar las concesiones para la IMPORTACIÓN, REFINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional».                                             

 FIRMAN (para la historia) los siguientes diputados:                                                                            

  • Carlos Luis Avendaño, 
  • Xiomara Rodríguez,
  • Floria Segreda, 
  • María Inés Solís,
  • Melvin Núñez,
  • Mileidy Alvarado, 
  • Erick Rodríguez Steller,
  • Walter Muñoz y
  • Otto Roberto Vargas.                             

Surge la inquietud de que tal retrógrado proyecto de ley (desde el punto de vista estratégico, económico y ambiental) pudiere ser puesto a despacho por el Poder Ejecutivo o algún diputado… por lo que llamamos a los ciudadanos responsables a ESTAR ATENTOS, pues las consecuencias negativas para Costa Rica son escandalosas. Nuestra principal fuente de divisas extranjeras y de empleo, EL TURISMO, por ejemplo, NO podría seguir prosperando en caso de que el país se expusiera a la actividad altamente contaminante de la extracción y transporte de petróleo, del que, de paso, NO se tiene certeza de su existencia en cantidades comercializables, ni de sus características.

¡De verdad que es una «apuesta» que sólo pérdidas nos podrían dejar!