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UN MOTIVO

Carlos Meneses Reyes. 30 de junio de 2022

Hoy cumple años mi hijo, ya médico y en especialización. Hace 28 años me encontraba en la vorágine de la persecución política por parte del DAS y el ejercito Made in Usa. Lo tomé en mis brazos, teniendo un mes de nacido, pero por el frío de la noche sabanera, no pude levantarlo, en medio de la noche, para ofrecérselo a la Pacha Mama, como lo hice con mis dos hijas, al vaivén de los vientos alisios que desde el Lago de Maracaibo bañan de frescura el valle cucuteño. Lo besé a un mes de nacido y partí al exilio. Ubicaba mi nacimiento, en mayo de 1948. En el efecto causado, cuando en el vientre materno, padecí la tragedia del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Mi hijo nació en correspondencia a otra generación, las cuales estimo renovadas cada 15 años, llevándome a redactar el Ensayo “Acerca de una Teoría de lo Generacional en Colombia”. En ella ubico a los nacidos en la década de 1.940, como a los de la generación de la violencia (La II guerra mundial, el asesinato de Gaitán, la respuesta armada a la violencia estatal). Pasé al exilio-digo yo- sin nostalgia; ¿pero que sería la imperturbable presencia del “olor a la guayaba”? Continué en México y sobre todo en Costa Rica, la función docente universitaria, moldeando abogados(as) honestos y responsables. Ya había pasado la etapa de la formación política en Grupos de Estudio y Trabajo Político, cuando en las escuelas sindicales y campesinas moldeaba los cuadros de luchadores y activistas del movimiento popular. La guerra popular en Colombia, revertió en muchos esos valores inculcados, pasándose a las filas del oficialismo conservadurista, reaccionario y lamentablemente corrupto. Años después lo asimilé como un aporte. Aunque no creció la mies regada, quedó la tierra abonada, en consideración a un país en el que, desde hace 70 años, están dadas las condiciones objetivas para los grandes cambios estructurales e institucionales de fondo, que la nación colombiana reclama.

Sonríe, sonríe la vida / resuena el aplauso acompasado / los pensamientos cual flores multiplican / los pétalos de logros y alcances abren / la dignidad y soberanía de los pueblos mantenida / a raya los perros de la guerra /no ronda el águila rapaz del imperio / que permanece sin la vista agudizada / Regresan a la Colombia profunda los votantes / aquí enseñorea el sentimiento y el paisaje / con fuerza y tenacidad organizada / mantendremos la esperanza alcanzada/.

Vladimir de la Cruz: «¿Será que el Presidente Chaves avanza hacia el autoritarismo?»

Por Vladimir de la Cruz, Historiador y politólogo

Dada la importancia y actualidad de las siguientes opiniones del historiador y analista Vladimir de la Cruz, SURCOS comparte la entrevista realizada por Eugenio Herrera del medio la revista.cr, la cual nos fue compartida por el académico entrevistado.

El Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles está haciendo la diferencia de manera acentuada con su antecesor, Carlos Alvarado Quesada. Ya en campaña política Rodrigo Chaves se mostró como un candidato que marcaba la diferencia con sus contrincantes, por su estilo personal, discurso y propuestas, es decir por el fondo y por la forma.

A escasos meses de gobernar, algunas de sus iniciativas y decisiones han resultado inesperadas para el público. Criticadas por algunos y alabadas por otros, el hecho que ha traído al debate importantes temas de índole constitucional, no vistos o no preocupantes en Administraciones anteriores, de la forma en que se da hoy.

¿Será que el Presidente Chaves se ha convertido con su actuar en un incomprendido político víctima de la crítica tradicional, que adversa cambios y decisiones con carácter?

En nuestro medio siempre habrá críticas por hacer o no hacer y quien sea el jerarca de turno las afrontará, y para entenderlo mejor, acudamos por un momento a Newton, que nos dice en la Ley Tercera que «con toda acción, hay una reacción igual y opuesta», ante lo cual la política no está eximida.

De tal forma, analizando la realidad conformada por escenarios actores y hechos, queremos dilucidar precisamente con uno de los analistas políticos de La Revista, el ¿qué está pasando? desde la propia perspectiva personal.

Para ello, nos reunimos con Vladimir de la Cruz, activo comentarista de temas de la actualidad como también, fuente del legado histórico que maneja desde su conocida profesión. Como de costumbre, nos recibió con su reconocida hospitalidad, voz ronca y de vez en cuando con alguna anécdota jocosa, para bajar a la realidad cotidiana.

Dicho esto, agradecemos a Vladimir de la Cruz su valiosa colaboración de cara a quienes nos leen día a día, buscando entender de una mejor forma los fenómenos sociopolíticos y económicos de nuestro país.

  • ¿Don Vladimir, ve algún asomo de tránsito hacia un régimen o un gobierno autoritario con el Presidente Rodrigo Chaves?

No tenemos en Costa Rica un régimen autocrático que resulte de una dirección política del Estado, del Poder Ejecutivo, particularmente, que surja de una fuerza militar, habida cuenta que no tenemos Ejército, pero tampoco policial.

  • ¿Usted vería en el estilo de gobernar del nuevo Presidente una tendencia autocrática, no acostumbrada en el país?

Sí. Se está produciendo una tendencia autocrática que emana del propio Jerarca del Gobierno, del Presidente de la República, por su forma de actuar, y de quienes le acompañan en su Consejo de Gobierno, un grupo escogido por sus condiciones y méritos de formación tecnocráticas, incluso fuera de militancia partidaria, conociéndose entre ellos en el momento mismo de su designación como ministros, y sin práctica política partidaria y gubernativa.

De esta forma el Presidente está haciendo valer sus decisiones, aun cuando chocan con estructuras de origen legal, como son el Consejo Superior de Educación o la Comisión Nacional de Vacunación y de Epidemias, o cuando directamente interviene intimidatoriamente en el Ministerio Pública, la Contraloría General de la República y en la propia Corte Suprema de Justicia, y desde allí, indirectamente, en el mismo Tribunal Supremo de Elecciones.

  • ¿Con su experiencia como analista político, usted a qué atribuiría esa forma de actuar del Presidente?

Esta forma de actuar obedece fundamentalmente a que carece de una mayoría parlamentaria, que le permitiera imponer legislativamente su voluntad, y que carece, hasta ahora, de capacidad de construir consensos de forma amplia y realmente participativa.

De esta manera el Presidente hace sentir la figura institucional de la Presidencia de la República, hace sentir el temor reverencial que esa figura puede ejercer y tiene, en la práctica, un peligroso comportamiento de tráfico de influencias, haciendo válida la figura dominante, opresiva, poderosa que muchos costarricenses desean, como lo han expresado en encuestas, en el pasado reciente, incluso antes de las elecciones. No casualmente él manifestó su discurso de “gobernar por decreto”, que es la forma “a la fuerza” como está imponiendo o tratando de imponer sus decisiones o lo que se le ocurre ejecutar. Bien ha dicho el Presidente que el país no vivía una “ingobernabilidad”, que lo que ha vivido en estos últimos años “es la falta de un gobernante”, de “alguien que gobierne”, que tome decisiones y ejecute.

  • ¿Para usted está bien o mal la forma cómo el Presidente está dando sus primeros pasos en el ejercicio del poder político?

Esta forma que está dando en sus primeros pasos de gobierno es lo que permite concluir que avanzamos peligrosamente hacia formas autoritarias de gobierno y de gobernar. Finamente, por ahora, el Presidente está dando los pasos de un Bukele a la tica, a la costarricense. Un Bukele que carece de la fuerza legislativa para imponer, desde allí, desde la Asamblea Legislativa, las estructuras y los personajes, que le harían coro de gobierno, cambiándolos, o sometiéndolos a juicios políticos públicos, a los que le interese remover, para un supuesto mejor ejercicio de Gobierno.

  • ¿Tomando en cuenta el escenario político actual, cree usted que el Presidente Chaves tiene fuerza política para actuar así?

El Presidente está presentándose como esa autoridad “pater familia”, paternalista, de identidad constante con todo el pueblo costarricense, como el gran protector, aduciendo cada vez que puede, sentimientos religiosos, de identificación popular. Está haciendo alarde de sus posiciones conservadoras, que no resultan necesariamente de pactos con los partidos religiosos conservadores del país, pero de esa forma se proyecta sobre sus bases de seguidores.

El Presidente carece de una fuerza política organizada, su propio partido político con el que ganó la Presidencia, que le permita movilizar gente en su favor, frente a los actos que realiza, pero no le impide, en cualquier momento, convocar ciudadanos en ese sentido, cuando considere que deba hacerlo. Esto siempre es un riesgo político, porque tensaría la situación política del país, y el mismo Presidente enseñaría, por la convocatoria ciudadana, a la movilización y la organización social, que bien se puede hacer a su favor, pero también en su contra.

  • ¿Los Presidentes de la República en Costa Rica qué tipo de limitaciones institucionales tienen en su actuación política?

En Costa Rica, a diferencia de los países latinoamericanos y europeos, o los mismos Estados Unidos, el Presidente está inhibido, por prohibición constitucional, de beligerancia política. El Presidente prácticamente no puede participar de discusiones públicas, ni siquiera para defender sus propios Proyectos de Ley o sus iniciativas políticas, como fue el caso del Presidente Oscar Arias cuando por iniciativa de él se hizo el Referéndum del TLC con Estados Unidos, y el Tribunal Supremo de Elecciones le prohibió participar en esa discusión o en su defensa, por lo que tuvo que inventar un Comité a favor del Tratado, a vez que se hizo otro en contra, que se reconocieron por el SI o el NO al Tratado.

  • ¡En su opinión en la época actual debe tener beligerancia política el Presidente?

Estoy de acuerdo en que el Presidente tenga beligerancia política, y pueda participar de toda la discusión política, partidaria y legislativa nacional. Esto es parte de una madurez democrática. Esto enriquecería más la democracia política nacional, y haría que la gente tome mayor interés por los temas nacionales y por la misma participación ciudadana y política electoral. Si esto no se decide por un gran acuerdo político nacional a la vuelta de pocos años se va a decidir en las calles o como resultado de un proceso electoral donde se vire radicalmente en el péndulo electoral costarricense, si no se hace también por una Asamblea Constituyente, que es urgente convocar.

  • ¿Hasta dónde se puede concluir que un Presidente está concentrando el Poder en el Estado?

Si se trata de ver el “autoritarismo” del Presidente por la “concentración de Poder”, hay que partir de que así lo tiene en el Poder Ejecutivo. Por la Constitución Política solo él, en nombre del partido que ganó las elecciones, lo integra. Y, la forma de integración que hizo, de escogencia de sus Ministros, por un organismo técnico, de escogencia de perfiles profesionales y tecnocráticos, evidenció su forma autoritaria y “despótica” de gobernar el Consejo de Gobierno cuando declaró que sus Ministros harían únicamente lo que él dijera, quebrando, y limitando, en mucho, el quehacer de los Ministros y sus Ministerios, que tenían bastante autonomía pública de ejercicio de sus funciones y de atención de la población.

En este sentido una de sus medidas importantes y urgentes que tomó fue la concentración de la información ministerial desde la Información Oficial que se canaliza desde la Casa Presidencial, y la limitación que ha impuesto a los medios de prensa y sus periodistas sobre el acceso a la información y a las preguntas que se le pueden hacer al mismo Presidente y a sus Ministros.

Hasta ahora el Presidente es el que prioriza la imagen pública de su Gabinete, con una ligera presencia, inevitable, por los temas que se han tocado de orden público, de los ministros de Salud, Educación, Obras Públicas y Relaciones Exteriores. Los otros, por ahora, están prácticamente en el subterráneo de la realidad política nacional.

  • Se ha dicho en repetidas Administraciones que los mandos medios en la Administración Pública concentran poder y que afectan las decisiones del Presidente y sus Ministros así como en las Instituciones Autónomas. ¿Hasta dónde esto es cierto y qué impacto tiene en las directrices gubernamentales?

En los Ministerios se está atacando a los mandos medios, que estructuralmente han funcionado desde hace muchos años, que algunos, realmente, pueden ser un obstáculo para la buena gobernabilidad, eficacia y eficiencia de la Administración Pública, con el propósito de eliminarlos si se puede administrativamente, de someterlos a la dirección ministerial y ejecutiva nacional, y de publicitarlos como los diablos de la mala administración, con posibilidad de ligarlos a fuertes actos de corrupción por el atraso de sus gestiones, como ha insinuado la jefa parlamentaria del Partido de Gobierno, respecto a un grupo de funcionarios de una institución del Estado.  Una característica del autoritarismo es quitar o debilitar la autonomía de los mandos medios y ejercer más monopólicamente el poder.

El Poder Ejecutivo está efectivamente concentrado en el Presidente de la República, en todos sus Ministerios y por las acciones que impulsa quiere ejercer un control jerárquico institucional en todas la estructuras, Consejos, por ejemplo, que existen dentro de los ministerios, sin que sus jerarcas tienen importante influencia, aspecto que yo estoy de acuerdo que hay que corregir, pero la forma cómo lo está haciendo es autoritaria o arbitraria.

  • ¿De dónde se originan las atribuciones del Poder Ejecutivo centralizadas en el Presidente y proclives a la concentración del poder político?

El Poder concentrado del Poder Ejecutivo es originario de la misma Constitución Política y del resultado electoral, que no impone, como en la Asamblea Legislativa, una integración proporcional de conformidad a los partidos que participaron y a sus votos, que les da para elegir diputados a varios partidos. En el caso del Poder Ejecutivo el partido que gana las elecciones gana toda la integración.

Tampoco el actual Poder Ejecutivo es el resultado de una Coalición Política electoral que hubiera establecido una distribución de Ministerios. Ni tampoco resulta de un pacto político de fuerzas electorales de la segunda ronda donde se hubiera pactado esa distribución de ministerios.

El caso del Partido Acción Ciudadana en el 2018 del Gobierno de Unidad Nacional no respondía a un pacto político de la primera ronda electoral, y lo que surgió de la segunda, fue un acuerdo de participación, sin apoyo de partidos políticos, de figuras notables y destacadas de algunos partidos políticos, en lo que se presentó como un Gobierno de Unidad Nacional, que no tuvo ninguna repercusión importante de tipo social, político o legislativo.

Las importantes reformas legislativas que se impulsaron en el 2018 y 2019 especialmente, fueron resultado de pactos parlamentarios, donde los partidos políticos en eso representados, asumieron su responsabilidad política, pero no fueron resultado de pactos nacionales de los partidos ni fueron tampoco resultado de ese Gobierno llamado de Unidad Nacional.

En cierta manera lo pactado legislativamente por Liberación Nacional lo afectó para su triunfo en la segunda vuelta electoral, donde el escenario pintado era, por parte del actual Presidente, barrer el pasado, limpiar la mesa nacional de todas las impurezas que se le achacaban a Liberación Nacional y a su candidato, y la primera vuelta le había también permitido barrer a los otros partidos que habían gobernado el país, la Unidad Social Cristiana y a Acción Ciudadana.

Si Liberación Nacional ganó la primera vuelta fue porque, en el inmediato electoral de esa etapa, era la fuerza capaz, que se veía, de retornar a una “gobernabilidad” que se le reclamaba al Partido Acción Ciudadana y, de los candidatos existentes, Figueres se veía como el que tenía la mayor experiencia en ese sentido. Pero, sorpresivamente la salida victoriosa al segundo lugar de Rodrigo Chaves, en esa primera vuelta, hizo voltear los ojos contra lo tradicional, lo viejo y la corrupción pública que se achacaba a todos los que anteriormente habían gobernado, que representaba Figueres frente a Rodrigo Chaves con su discurso político anti partidos gobernantes. Figueres no pudo presentarse como una nueva alternativa y representando el futuro. Lo anclaron sus asesores políticos y de imagen en el pasado.

  • Durante el proceso electoral al candidato Rodrigo Chaves lo pintaron como un candidato anti sistema, como alguien disruptivo. ¿Usted ve las actuaciones del Rodrigo Chaves ahora Presidente de esa forma?

Chaves no fue a mi manera de ver un candidato anti sistema. Es pro sistema político nacional, democrático, económicamente de desarrollo capitalista, incrustado en el escenario de las relaciones internacionales capitalistas, fortaleciendo relaciones regionales de conformidad a esta visión política.

Aquí no importan, en el nuevo Gobierno, los Derechos Humanos, ni los gobiernos considerados no democráticos aunque hayan surgido de elecciones populares.

Interesan las relaciones políticas y económicas y estructuradas dentro de un conjunto de valoraciones geopolíticas de tipo capitalista, y de las grandes potencias capitalistas con las que nos relacionamos más, que el Presidente comparte.

El Presidente, además, es el que define la política exterior del país, de acuerdo a la Constitución Política.

  • ¿Y la separación de Poderes Públicos?

La separación de poderes públicos el Presidente todavía no la asimila, pero la tiene que respetar, aunque está poniéndola a prueba. Por eso ha actuado intimidatoriamente con la Corte, con el Ministerio Público, con la Contraloría General de la República. Está tanteando la situación nacional y se está echando un pulso público.

  • ¿Está doblegando el Poder Público de la Prensa y la libertad de expresión?

La prensa “canalla” como la llama el Presidente es el otro foco de su actuar autoritario. Quiere de cualquier manera que la prensa se le someta, que informe solo lo que le interesa al Poder Ejecutivo, y que la prensa deje de hacer su propio análisis, su propia investigación de los asuntos públicos, asuntos que el mismo Presidente señala como sin importancia, secundarios, solo por presentar escándalos y casos ante los Tribunales de Justicia, aun cuando dos expedientes de trámite, en el Ministerio Público, fueron promovidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

  • ¿Tiene el Presidente Poder suficiente para sus actos?

De los Poderes Públicos el más importante por sus efectos diarios, cotidianos, sobre todas las personas, por medio de todos sus ministerios y sus instituciones, es el Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa lo que hace son leyes, y durante seis meses al año, trabaja exclusivamente para el Poder Ejecutivo.

El Presidente Chaves tendrá que lidiar por lo menos durante su primer año de gobierno con su forma de actuar, como la ha venido haciendo, y tratándose de ganar la opinión pública en ese sentido, porque el próximo año hay elecciones municipales, y el Partido Progreso Social Democrático, que es el que gobierna, no tiene una sola alcaldía en sus manos ni un solo miembro de ningún Consejo Distrital o Municipal electo, y deben participar en esas elecciones, que también miden, en cierta forma la popularidad y aceptación del gobierno, pero miden también la capacidad organizativa política del Partido gobernante, como de todos los partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana, en sus dos gobiernos no pasó de una docena de alcaldías en sus manos lo que evidenciaba una mala organización partidaria y un inexistente vínculo de Partido y Gobierno.

La Presidenta del Partido del actual Gobierno es Diputada y tiene una enorme responsabilidad con el partido político que ella fundó, organizó y lo hizo partido gobernante en pocos meses de existencia.

De esa existencia y presencia pública va a depender la posibilidad de participar en las próximas elecciones nacionales del 2026. Pienso que harán lo posible para repetir gobierno, como lo hizo el PAC en el 2018, cuando volvió a ganar elecciones, y convertirse en una organización política permanente que juega en primera fila para ejercer gobierno.

De hecho, con el actual partido gobernante solo cuatro partidos han ejercido la Presidencia de la República desde 1982 hasta hoy, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana y el actual Progreso Social Democrático.

Rodrigo Chaves, si no se convierte en un dictador a la fuerza violentando toda la institucionalidad, estará de acuerdo en fortalecer a su partido para que participe en las elecciones municipales, en todo el país, son 84 cantones, y en las próximas nacionales, del 2026, porque le da opción de volver a la Presidencia, una vez más por lo menos, mientras no se establezca una reforma constitucional que permita la reelección sucesiva, y que él mismo la promueva desde ahora, con la posibilidad de que esta reforma actúe de inmediato, donde él pueda volver a jugar consecutiva e inmediatamente. Esta sería su mayor actuación autoritaria jugando legislativamente.

  • ¿Está usted de acuerdo con la reelección sucesiva del Presidente de la República?

Yo he sido partidario de le elección consecutiva y de gobiernos de más largo plazo, de 5 o 6 años, con una sola posibilidad de reelección y con Referéndum revocatorio a mitad del mandato presidencial. Así me he pronunciado en distintos momentos.

Esto puede ser posible si se envía ahora la reforma constitucional, porque se lleva dos años su trámite.

En todo el continente americano y en Europa funciona la reelección consecutiva, y algunos países, por su sistema parlamentario, prácticamente de manera indefinida si así lo quieren los electores.

  • ¿Avanza el Presidente Chaves hacia un totalitarismo en lugar de un autoritarismo?

Esto no es totalitarismo. Este concepto se acuñó especialmente para calificar a los regímenes fascistas y nazistas. Más tarde se extendió para calificar al gobierno soviético, especialmente bajo el período estalinista. Sin embargo, durante la guerra mundial contra Hitler y el nazifascimo a la URSS se le consideró dentro de las potencias y países democráticos que luchaban contra el totalitarismo y la antidemocracia nazifascista.

El totalitarismo no es un problema de ideología política, es de la práctica política.

Las llamadas teorías políticas liberales, conservadoras, socialistas, comunistas, socialdemócratas o socialcristianas, como ideologías no son totalitarias.

Son totalitarios quienes en nombre de esas ideologías ejercen el poder o el gobierno de forma autoritaria, despótica, tiránica, por la forma de ejercer los actos de gobierno, o por la forma conservadora como imponen sus criterios frente al ejercicio de libertades, derechos y derechos humanos, y frente a las limitaciones que quieran imponer al régimen político de la democracia liberal y republicana, de allí las tendencias conservadoras, tradicionales o moderadas que tratan de imponer desde la acción pública.

  • ¿Se podrían ver amenazadas las libertades y derechos con un Presidente autoritario?

El ejercicio de libertades es un buen instrumento contra la corrupción, son una palanca de freno de la corrupción. Este ejercicio de libertades hace que la democracia funcione mejor.

Cuando el Presidente se enfrenta a los medios de comunicación, y a la prensa por él llamada “canalla” está limando esas posibilidades de control y de freno de la corrupción institucional, y facilitando más el ejercicio de un gobierno autoritario. El ataque constante a la prensa es una amenaza constante al libre ejercicio del periodismo.

  • ¿El caudillismo latinoamericano ha conocido líderes al estilo del Presidente Chaves?

Yo no veo al Presidente Chaves como un caudillo al estilo latinoamericano, ni siquiera lo veo al estilo de los caudillos costarricenses que llegaron hasta el siglo XX. Tampoco lo veo como un líder nacionalista, ni siquiera tampoco, al menos todavía, como un líder populista de este siglo. Por ahora un simple oportunista asaltador del Poder.

En Costa Rica desde el punto de vista nacionalista no ha habido gobiernos que impulsen esta forma caudillezca de ejercicio gubernativo, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, aunque predominaran grandes figuras políticas.

El nacionalismo ha tenido expresión en Costa Rica especialmente en el ámbito de la cultura como un rescate de lo nacional costarricense, como un símbolo de identidad nacional, y a principios del siglo XX particularmente cuando había una presencia norteamericana invasiva en la vida nacional contra la cual se desarrollaron tendencias nacionalistas y antiimperialistas desde la acción popular, y desde algunos sectores capitalistas, y no de gobiernos, como sucedió en otros países latinoamericanos.

La tendencia autoritarista del Presidente no ha planteado la idea de un Hombre nuevo costarricense, pero ha señalado la de una nueva Costa Rica, sin definirla plenamente.

El autoritarismo en sí mismo no impone una dictadura. El autoritarismo político actual permite la existencia de otras fuerzas políticas, se da con un pluralismo político que puede ser mediatizado, que no provoca movilizaciones sociales o políticas, movilizaciones que son tan solo una expresión de una realidad existente.

  • ¿Qué elementos necesita un Presidente de la República para convertirse en autoritario?

Cualquier Presidente puede volverse autoritario. Los líderes autoritarios son carismáticos. El Presidente Chaves está en ese proceso de formación carismática, por la forma de actuar, de dirigirse a la opinión pública y de enfrentar los poderes reales, fácticos, e institucionales que puede considerar estorbos para su quehacer institucional o político.

Al Presidente le hace falta un partido político bien organizado y de masas, que puedan movilizarse en su favor de vez en cuando, o cuando lo requiera, y que él mismo se convierta en su líder real de esos seguidores partidarios. Este liderazgo no se está dando en el país. Estamos desde hace tiempo con liderazgos electorales ad hoc, de ocasión. Los liderazgos políticos nacionales han desaparecido y algunos están engavetados.

Al Presidente no se le conoce una ideología socialdemócrata. Me parece que no la tiene por ningún lado. Que pertenezca a un partido que así se llama no quiere decir tampoco que ese partido la tenga, al menos no la tiene públicamente ni la ha publicado.

El que su partido se llame socialdemócrata al que cuestiona es, principalmente, a Liberación Nacional que históricamente se levantó como un partido socialdemócrata, doctrina o teoría política a la que, en la práctica, ha renunciado, lo que permite que el partido del Presidente, y otros partidos, que participaron en las elecciones, se autodenominaran social demócratas.

  • ¿Acaso a la izquierda y otros, no le ha pasado este mismo fenómeno de identidad ideológica?

Sucede igual con la izquierda donde hay una variedad de izquierdas, y ya no hay una fuerza, o partido político, por pequeño que sea, que se autodenomine comunista, o represente las ideas comunistas, y así participe en elecciones.

La variedad de izquierdas hace que ni siquiera se presente un modelo alternativo de desarrollo dentro de la sociedad democrática costarricense. La izquierda no está bien definida política ni electoralmente. Es casi tan solo una posibilidad de tener una voz distinta en la Asamblea Legislativa, pero no hay una propuesta de toma del Gobierno por las elecciones, que no es lo mismo que tomar el Poder. Esto ha contribuido a la dispersión, al abstencionismo y al desánimo electoral.

Dentro del período de la guerra fría, hasta 1990, al menos la gente se movilizaba en oportunidad de una nueva sociedad, un nuevo modelo político y una nueva visión del desarrollo económico diferente al capitalista.

Hoy esto no está planteado claramente, y dentro de esas izquierdas hay mucho sectarismo y exclusivismo de otras izquierdas.

La lucha de clases del siglo XIX y la del siglo XX hoy no tiene esa expresión política. La clase obrera no es la misma. La clase trabajadora en muy diversa. Los sectores de clases son muy amplios y diversos.

La sociedad costarricense ha logrado mucho bienestar social, que ahora está amenazado, en peligro y debilitado, pero esos sectores sociales beneficiados no se están movilizando, como en otros países, al menos para mantener esos beneficios. Y algunas luchas como la de la jornada 4-3 ni siquiera están movilizando trabajadores del sector privado que va a ser el afectado. El sector público ya el gobierno lo excluyó de la reforma 4-3 y de hecho lo desmovilizó en esa lucha, o redujo la misma solo al cantar de los sindicatos y de unas pocas personas, como yo, que públicamente nos hemos pronunciado en contra, señalando sus impactos negativos para los trabajadores, para las mujeres, para las familias, los niños y los adultos mayores.

La desmovilización social puede ser inducida desde arriba y desde abajo, desde el gobierno y desde las bases sindicales cuando la movilización no produce resultados positivos.

La desmovilización no expresa una renuncia a la disconformidad social, ni a la lucha social, tan solo la posterga en posibilidades de que sea explosiva en sus características, como se produjo en las protestas del 2019.

Los sectores dominantes pareciera que esto es lo que están buscando. Si eso sucede puede ser como apretar un jabón, nadie sabe para donde sale o salta.

La oposición al gobierno y lo que significa se hace también emocionalmente, con el desgaste de apoyo y la mala imagen que se produce de su ejercicio.

La peor desmovilización que puede producirse es la que resulta de un conformismo pasivo de la población o de los trabajadores.

  • Recientemente se ha estado tachando al Presidente Chaves como autoritario.  ¿Tienen fundamento esas acusaciones o se trata de un estilo personal?  ¿Qué opina usted acerca de esto?

El autoritarismo del Presidente Chaves no se expresa en corporativismo político gubernamental, donde el Presidente, o desde el Poder Ejecutivo, especialmente, se oriente a una organización de trabajadores en su favor, con posibilidad de movilización, como se hizo en la Italia de Mussolini.

El control policiaco y la represión política y policial sí la va a ejercer el gobierno. Ningún gobierno anterior ha renunciado a esto, si tiene que hacerlo. En el caso actual me parece que hay una derechización de los mandos policiales, y una tendencia a una militarización de los mismos. Tampoco los gobiernos anteriores renunciaron a esa militarización en la formación de las principales autoridades al frente de la Fuerza Pública. El propio Ministerio de Seguridad ha reducido la información que tradicionalmente hacía a periodistas y medios de comunicación. Actualmente ha reducido a un escaso anuncio diario de actividades o de información que consideran publicar. Antes eran arriba de cinco comunicados diarios. Esta concentración y reducción informativa puede ser peligrosa.

El asunto de las desapariciones o hundimientos de lanchas o embarcaciones de la Guardia costera, es muy sospechoso. ¿Pudieron dárselas al narco movimiento marítimo que les toca controlar y combatir? ¿Cómo se pueden perder así no más y reducir este asunto a la posibilidad económica de su resarcimiento?

  • ¿La pobreza y otras problemáticas socioeconómicas hasta dónde favorecen las tendencias autoritarias?

La situación de pobreza del país y de los trabajadores, la caída en pobreza de amplios sectores de la clase media pueden facilitar las tendencias autoritarias del Presidente Chaves.

Hay sectores amplios de la clase media poderosos, con importante poder adquisitivo y de fuerte disfrute social, que siguen siendo un colchón de amortiguamiento de los conflictos sociales amplios antigubernativos. Sectores de la clase media todavía hacen esfuerzos por conservar su condición, pero con grandes sacrificios y endeudamientos…pero eso se acabará.

Por ahora el autoritarismo del Presidente es predecible, sin ideología ni mentalidad autoritaria, tan solo con sus actos y exclamaciones justificándolos. No necesitando un partido político, un partido único, al estilo de regímenes autoritarios, le es mejor gobernar autoritariamente sin partido oficial, y sin resistencia de calle de otros partidos, ni resistencia moral de instituciones como la Iglesia Católica.

  • ¿La Asamblea Legislativa puede jugar como un freno o un contrapeso político en el mantenimiento de la división de Poderes del Estado?

A nivel legislativo el pluralismo político es simbólico. De hecho 5 de los 6 partidos allí representados están alineados con el Gobierno, con el Presidente Chaves y con sus principales acciones políticas. Algunos diputados tienes disconformidades y oposiciones más de forma que de fondo con los temas centrales del Gobierno en la acción legislativa.

Frente al gobierno el que ha salvado la cara del Poder Legislativo en cierta forma, con la elegancia que le es propia, ha sido el mismo Presidente Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez.

  • ¿Necesita el Presidente Chaves del Referéndum para poder gobernar?

Las consultas populares que el Presidente Chaves ofreció ya se dio cuenta que no las puede hacer, constitucional y legalmente, como él quería. Las está imponiendo en la forma de actuar. Toma una decisión, la impone, “se compra la bronca”, pone a quien haya que poner a que ejecuten lo que él dijo y de hecho se hace.

En este sentido recuerda constantemente que él gobierna para todos y no para grupos, es su sentido paternalista de auto presentarse, en bien del pueblo, impulsando acciones o combatiendo “males” o problemas sociales reconocibles, como los que llegó a restregar en la cara de los magistrados, del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, o restregaba en los debates presidenciales a los otros candidatos.

Dentro de este esquema el Presidente apela, cada vez que puede, a la situación internacional, Ucrania, rusos en Nicaragua, crisis internacional del petróleo y precios que repercuten en Costa Rica, triunfo electoral de “izquierdas” como la de Colombia, que dichosamente él evitó en Costa Rica…

  • ¿Cree usted que en algún momento determinado el Presidente Chaves podría a llegar a violentar el sistema democrático costarricense, en aras de sus objetivos políticos económicos?

 No sabemos cuanto puede llegar a sacrificar el Presidente la democracia nacional si le interesa salvar el mercado, o la economía mercado, o la libertad de mercado. Por ahora la libertad de mercado con las últimas medidas relacionadas con medicamentos y granos ha hecho funcionar esta libertad de mercado en abierta contradicción con la economía monopólica de los mercados. ¿Le durará esta política?

  • ¿Se puede calificar de burócrata o tecnócrata al Presidente Chaves por su experiencia profesional y laboral y esto es positivo o negativo?

La burocracia es el poder de las oficinas, es cuando los cuadros o mandos medios de las oficinas tienen poder de decisión. Esos son los burócratas típicos y los de la definición. Equivocadamente se llama burócratas a todos los funcionarios públicos. Eso es incorrecto, son trabajadores públicos o del Estado, pero no son burócratas. Los típicos burócratas son los que, repito, tienen capacidad de tomar decisiones dentro de la administración.

A principios de la década de 1970 Rodolfo Cerdas y José Luis Vega Carballo, en sus estudios e investigaciones calificaron muy correctamente a los grupos gobernantes como “burguesía tecno burocrática”, dándole justamente ese papel. A estos cuadros medios es a los que el Presidente Chaves se está enfrentando, para eliminarlos sí, pero para él asumir el papel principal de máxima autoridad burocrática del Estado, de ser el único en la toma de decisiones que deben aplicarse verticalmente.

  • ¿Teniendo como antecedentes varios gobiernos de nuestra región, hasta dónde considera usted que el autoritarismo ha favorecido la corrupción?

El autoritarismo sin libertades o disminuidas, sin libertad de prensa, no solo favorece la corrupción sino que estimula también la cleptocracia…

Los escándalos de corrupción asociados a Obras Públicas, nacionales y municipales, que se abrieron ante la opinión pública en el gobierno pasado, se pueden multiplicar y mantener sin mandos medios favoreciéndose. Ese es un riesgo. En esos escándalos no aparecieron mezclados altas autoridades del Poder Ejecutivo involucradas, como sucede en otros países.

  • ¿Hipotéticamente, si Fabricio Alvarado hubiera triunfado, se hubiera impuesto un autoritarismo político religioso?

Eso no sucedió. No se puede especular qué hubiera sucedido. Pero puedo hacer una reflexión. No se hubiera impuesto una Teocracia, porque Fabricio no es un Pastor líder religioso que en su condición hubiera gobernado. Tampoco su religión es mayoritaria nacionalmente, ni está en capacidad, aunque hubiera ganado de imponerla como religión única, obligada y con ciertas restricciones para las otras prácticas religiosas incluida la católica. La Constitución Política en cierta forma impone que no podría gobernar como autoridad máxima civil y también religiosa. Si así fuera estaríamos ante una situación que la historia ya conoce como cesaropapismo.

  • ¿Puede mencionar algunos casos que le parezcan de autoritarismo que ha hecho el Presidente Chaves?

Brevemente se pueden mencionar los siguientes:

  1. Cuando se opuso a usar las mascarillas para evitar el contagio aéreo del COVID. Sencillamente declaró que no era obligatorio.
  2. Cuando señaló también que la vacunación ya no era obligatoria. Con estas manifestaciones impuso el no uso de la mascarilla y la no vacunación, violentando las decisiones médico científicas de la Comisión Nacional de Vacunación y de Epidemias, que es el órgano que estableció esas medidas.
  3. Cuando dijo que las pruebas FARO ya no se iban a aplicar, obligó al Consejo Superior de Educación a tomar esa decisión, metiéndose allí e imponiendo su criterio. No evalúo si las pruebas Faro eran buenas o malas.
  4. Cuando impuso el 100% de aumento de salarios a sus Ministros y Viceministros violentó la Regla Fiscal, en beneficio de ellos. Personalmente creo que los salarios de los altos funcionarios del Estado, y de los Poderes de la República, deben ser decorosos, dignos y correspondientes al alto cargo de sus funciones.
  5. Cuando visita el Ministerio Público, no solo en su condición personal sino como Presidente, para hablar con el Fiscal interino sobre sus casos, y decirle que no son importantes, y que no son procedentes de investigación, cuando dos de esos procesos los envió a su investigación el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, descalificando a quienes interpusieron la investigación en su contra. Esta visita fue intimidatoria contra el Fiscal, contra la Institución del Ministerio Público y fue abusiva de la figura de Tráfico de Influencias, porque en cierta manera eso fue lo que fue a hacer, a presionar por su investidura ante los casos que allí se llevan donde él está involucrado, y a presionar personalmente al Fiscal interino del Ministerio Público.
  6. La actitud del Presidente en la visita de Cortesía institucional que le hizo a la Corte Suprema de Justicia, por invitación de la Corte, donde de igual manera llegó intimidante a señalar problemas de la Corte y a enfrentar a los Magistrados, y el de los Jueces de la República, con su trabajo, y en cierta manera a amenazar a los magistrados en su investidura. También fue en cierta manera tráfico de influencias, que de manera pública se expresó, por el carácter de la sesiones de la Corte Plena, de llegar a manifestar lo que en su criterio la Corte y los Magistrados deben hacer. Más recientemente la pareja presidencial de Rodrigo Chaves, hoy Jefa parlamentaria de su Partido, ha hecho  en la Asamblea Legislativa una radiografía de la Corte Suprema de Justicia, de los últimos 20 años, no solo para defender al Presidente de lo que dijo en su visita, sino para advertir y a amenazar a los Magistrados de que velará para no sean reelectos,  debilitando además la imagen de la Corte Suprema de Justicia, más allá de si sus datos eran reales o no. Obviamente El Presidente como la diputada Cisneros dejaron de lado la separación de los Poderes, para meterse en uno de ellos a decir cómo deben ejercer sus magistraturas. Desde su intervención en la Corte Plena indirectamente se le tiró encima al Tribunal Supremo Electoral, que lo tiene investigado en dos casos, porque es la Corte Plena la que elige a los magistrados electorales. De esa manera también le mandó un mensaje intimidante. Por dicha el Presidente Chaves no tiene la mayoría parlamentaria, al estilo Bukele, Ortega o Maduro, que con esas mayorías pueden hacer lo que quieran y pueden remover y nombrar las autoridades que quieran.
  7. También trató de intimidar a la Contralora General de la República tratando de ponerla de asesora directa del Poder Ejecutivo, cuando la Contraloría como institución es un órgano constitucionalmente establecido como Asesor de la Asamblea Legislativa. Pifia y media tuvo en este sentido el Presidente. La Contralora General de la República y los Magistrados son de nombramiento del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. Se le olvidó o ignoró intencionalmente al Presidente quien los nombra. Pero su diputada estrella estará afilando el machete cuando se produzcan esos nombramientos.
  8. El decreto de liberalización de medicinas, de registro de medicinas, lo enfrenta a los Consejos Técnicos existentes que definen estos asuntos.
  9. El decreto de liberalización de granos, elimina  en cierta forma los monopolios.
  10. La prórroga del Contrato de concesión del puerto de Caldera, con las implicaciones a favor de personas allegadas a su gobierno.
  11. La forma que hizo de los nombramientos de Comisionados LGTBI, de los afrodescendientes, de los indígenas, de las personas discapacitadas y el llamado “de integración social”.
  12. Estar llamando a la prensa “canalla”, de estar azuzando contra la prensa, los medios de comunicación y los periodistas, reduciendo los niveles informativos de los ministerios, limitando la investigación periodística, limitando la participación de los periodistas en la ruedas de prensa oficiales, presionando sobre medios de comunicación y periodistas.

Esta campaña que tiene el Presidente es de las más peligrosas para el funcionamiento democrático de nuestra sociedad, nuestra vida política y ciudadana, porque tiende a evitar el control político sobre los gobernantes de las instituciones del Estado y del Gobierno.

Desearía, y quizá eso es lo que quiere, que la prensa, los medios electrónicos y los periodistas exalten o enaltezcan constantemente su figura, su persona, sin crítica alguna, y al estilo nazi tratar de vincular por medio de la prensa su autoridad con la voluntad popular.

Es una tendencia a imponer su autoridad sin consenso político, con limitación de libertades y derechos, imponiendo sus particulares intereses, aunque lo haga a nombre del pueblo costarricense.

Una propuesta inofensiva

Óscar Madrigal

El sector patronal propuso un aumento de salarios del 1%.  Es ridículo e insensible dicen algunos dirigentes sindicales.

La patronal propone ese monto porque los sindicatos propusieron un 2,48%.

La propuesta patronal la justifican en que la economía ha crecido débilmente y no homogéneamente.

Hace algunos días el Gobierno y las cámaras patronales proclamaron jubilosas que el crecimiento económico (del PIB) había sido del 7% e incluso podría llegar al 9%.

Hay crecimiento cuando se trata de justificar el endeudamiento, pero no hay cuando se trata de aumentar salarios.

CRHoy informaba el 20 de junio pasado que “En mayo pasado se cumplieron 17 meses seguidos de que los salarios reales caen en picada, con lo cual alcanza ya el nivel MÁS BAJO DESDE 1991 y el QUINTO MÁS BAJO DESDE 1984. Los datos provienen de forma oficial del Banco Central.”

Ese mismo medio informaba en octubre de 2021: “El ingreso actual de la gente no solo está 2,82% (por debajo) de lo que estaba en 2017, sino que también a eso hay que sumarle la pérdida de valor del poder adquisitivo.

Desde 2017 a la fecha la inflación acumulada ha sido del 8.48%. O sea, los costarricenses no solo somos un 2,82% más pobres que en 2017 por la caída real de los ingresos, sino que también un 8,48% adicional por el efecto inflacionarios”.

Esta información es del año 2021 y la inflación ha sido mayor este año.

Además de esta pérdida en la capacidad adquisitiva de los salarios, hay que agregar el efecto de la devaluación de la moneda que es cercana a un 9%, con lo cual estamos hablando de un empobrecimiento mayor de los sectores populares.

Algunas organizaciones quieren aparecer seguramente como muy técnicas pero lo único que hacen es meterse en la camisa de fuerza del sistema y jugar el juego que le marquen.

El peligro no es que nos convirtamos en irresponsables, es que nos convirtamos en inofensivos.

Crecen las esperanzas para la humanidad: en Viena 65 países dicen no a las armas atómicas en la declaración del TPNW

(Imagen de Mundo sin Guerras y sin Violencia)

 – Viena – 

En Viena un total de 65 países con numerosos otros como observadores y gran cantidad de organizaciones civiles, el jueves 24 de junio y durante tres días, se alinearon frente a la amenaza del uso de las armas atómicas y se comprometieron a trabajar por su eliminación lo antes posible.

Esa es la síntesis de la primera conferencia del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPNW), que, con el rechazo de la OTAN y las nueve potencias atómicas, ha terminado el jueves pasado en la capital austríaca.

Previo a la conferencia del TPNW se realizaron otras jornadas como la ICAN Nuclear Ban Forum – Vienna Hub, la Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares y la Aktionsbündnis Für Frieden Aktive Neutralität Und Gewaltfreiheit. Fue una semana de fiesta del desarme, de la colaboración y de buscar el entendimiento en vez de la confrontación.

En todos los casos, lo común era la condena de las amenazas nucleares, de la escalada de las tensiones bélicas y del aumento de las dinámicas de confrontación. La seguridad o es de todos y para todos o no funcionará si unos quieren imponer su visión a otros,

En clara referencia a la postura de Rusia por su invasión a Ucrania y a la de los EE. UU. que a través de la OTAN sigue tensando la cuerda en una dinámica por la que pretende seguir siendo el comandante en jefe mundial en un mundo que cambió. Ya hemos entrado en un mundo regionalizado donde nadie puede en solitario imponer su voluntad a los otros.

Respiramos un nuevo clima en las relaciones

Es muy destacable el clima, trato y consideración con el que se llevaron los debates, los intercambios y las tomas de decisiones en las jornadas del TPNW. Mucha consideración y mucho respeto por los puntos de vista de otros, aunque fueran contrarios a los propios, con paradas técnicas para buscar acuerdos y similares. En general el presidente de la conferencia, el austríaco Alexander Kmentt, hizo una buena función al navegar y resolver las no pocas diferencias y percepciones diversas, consiguiendo que finalmente, con mucho tacto, se llevaran a buen puerto. Fue un ejercicio de destreza en encontrar acuerdos y una postura común. Por parte de los países había firmeza y a la vez flexibilidad frente a situaciones que se necesitaba sortear.

Observadores

La presencia de observadores y de numerosas organizaciones de la sociedad civil daba otro clima a las reuniones y los debates.

Destacar la presencia de observadores de Alemania, Belgica, Noruega, Holanda, Australia, Finlandia, Suiza, Suecia o Sudáfrica, entre otros muchos, lo que indica la atención que este nuevo ámbito esta generando en el mundo, en estos momentos tan complicados donde la confrontación la tenemos servida cada día.

Hay que destacar también que la presencia de organizaciones sociales civiles generaba un ámbito de distensión, familiaridad y conexión donde lo institucional no estaba reñido con lo cotidiano y el sentido común. Esta podría ser una de las características de la cumbre de Viena, “la cumbre del sentido común”.

Tenemos un Plan de Acción

Una de las características de la declaración final es que se adoptaba junto a un Plan de Acción con un objetivo final: la eliminación total de todas las armas nucleares.

Mientras estas armas existan, dada la creciente inestabilidad, los conflictos «exacerban en gran medida los riesgos de que estas armas se utilicen, ya sea deliberadamente o por accidente o error de cálculo», se advierte en el texto de la resolución conjunta.

Prohibir por completo las armas nucleares

El presidente Kmentt, subrayó el objetivo de “conseguir llegar a prohibir por completo todo arsenal de destrucción masiva”, afirmando que “es la única manera de tener la seguridad de que nunca será usado”.

Para ello se han planificado ya dos relevos presidenciales de la conferencia del TPNW el primero lo realiza Mexico y el siguiente Kazajstán. La próxima reunión del TPNW será presidida por Mexico en la sede de Naciones Unidas a finales de noviembre de 2023.,

El TPNW es un paso más al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), al que están adheridos muchos países. Se necesitaba salir del bloqueo y la inoperancia del TNP después de décadas en las que no ha servido para la eliminación, sino para ampliar los países y desarrollar más la sofisticación de las armas nucleares. El mismo presidente Kmentt, por su parte, resaltó que el nuevo tratado, que entró en vigor recién hace un año y medio, es un «complemento del TNP», pues no ha sido concebido como una alternativa al mismo.

En la declaración final, los países del TPNW reconocen al TNP «como la piedra angular del régimen de desarme y no proliferación», al tiempo que «deploran» las amenazas o acciones que puedan socavarlo.

Mas de 2000 participantes

Los números de los impulsores y participantes en la conferencia TPNW son: 65 estados miembros, 28 estados observadores, 10 organizaciones internacionales de N.U, 2 de Programas internacionales y 83 organizaciones no gubernamentales. Un total de más de mil personas entre las cuales Mundo Sin Guerras y sin Violencia participó como miembro del ECOSOC con representaciones de Alemania, Italia, España y Chile.

En total entre todos los asistentes en esos 6 días se superaron las 2 mil personas en los 4 eventos que se celebraron.

Creemos que se ha dado un paso muy importante en la dirección de un nuevo mundo, que seguro tendrá otros matices y protagonistas. Creemos que estos acuerdos ayudaran notablemente a su avance y concreción.

Rafael de la Rubia

3ª Marcha Mundial y Mundo Sin Guerras y Sin Violencia

 

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2022/06/crecen-las-esperanzas-para-la-humanidad-en-viena-65-paises-dicen-no-a-las-armas-atomicas-en-la-declaracion-del-tpnw/

Ecuador. G. Lasso, sucesos de un gobierno anunciado

José A. Amesty Rivera

26 junio, 2022

Estamos presenciando cómo las autoridades ecuatorianas (policía, fuerzas armadas y gobierno) están en una violación flagrante de los Derechos Humanos, reprimiendo, a los indígenas del Ecuador, aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y a las que se han ido sumando otros sectores como estudiantes, maestros, transportistas, sindicatos, entre otros.

Las protestas (paro iniciado el 13 de junio pasado) de estos sectores, inicialmente tienen como asidero, el aumento acelerado de los productos de la canasta básica, el transporte y los productos para producir; no obstante, hay una lista larga que se manifiesta en reivindicaciones planteadas por la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos FEINE, entre otras, a saber:

  1. Congelación de los precios de los combustibles y dirigir subsidios para los sectores más vulnerables.
  2. La prórroga de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y el perdón para pequeños y medianos productores, los precios justos en los productos del campo, el impuesto agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio.
  3. Generación de empleo, regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicatos y organización de la clase trabajadora.
  4. La espera a la expansión de la frontera extractiva, petrolera y minera, y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales.
  5. El respeto a los derechos colectivos logrados, la prohibición de la privatización de sectores estratégicos.
  6. Las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad.
  7. La garantía del acceso a la educación superior, y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud.
  8. Afrontar la inseguridad, expresada en el aumento de la violencia, con altos índices de criminalidad, expresada en las ciudades y cárceles del país, especialmente a sectores indígenas.

Todas estas políticas erradas son impulsadas por el presidente Guillermo Lasso, quien gobierna a Ecuador acompañado de un cártel bancario. Según la profesora Adoración Guamán, “El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondo monetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el presidente se jacta de haber ampliado las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación, al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer”.

Así mismo, como señalamos en el artículo “Guillermo Lasso en Ecuador, deshonesto, sin límites” de nuestra autoría, se debe esperar la aplicación de la agenda neoliberal y su profundización más reaccionaria, es decir, unas políticas de ajuste antisocial, en su gestión de gobierno.

También enfatizamos que, Guillermo Lasso representa a los banqueros y empresarios de las cámaras de la producción ecuatorianas. Estos sectores, de los más atrasados en América Latina en cuanto a responsabilidades estatales y sociales, no comprenden el sentido del progreso económico con bienestar humano, lo confunden como simple éxito en los negocios privados, el mismo que suponen irradiará los beneficios colectivos, algo que históricamente nunca ha ocurrido en Ecuador, pues tal “modelo” solo ha ahondado las diferencias sociales, el dominio político de las élites y el abismo en el reparto de la riqueza.

En este marco de gestión fatídica por parte de Lasso, el escritor Dax Toscano Segovia señala, “Según un estudio publicado por Perfiles de Opinión, la aceptación de la gestión del presidente Lasso es de apenas del 16%”.

A su vez, la escritora Soledad Stoessel en su artículo “Fuera Lasso”, remarca, “El “fuera, Lasso, fuera” que ahora se escucha en parte (no todo) del campo popular organizado y movilizado contra el gobierno del banquero, es el corolario de dos situaciones: el hartazgo de una sociedad que desde hace cuatro años sufre las consecuencias de un proyecto comandado por un bloque de poder oligárquico, y el modo en que el gobierno de Lasso está interpretando y tramitando el conflicto”.

Enfatizando a su vez, “Como nunca en la historia del Ecuador, hoy la oligarquía tiene el poder instrumental y el poder estructural. Maneja los hilos de la economía al mismo tiempo que captura el Estado para sus propias arcas. Ya no fue necesario un intermediario, como lo fue Moreno. Ahora es la propia elite financiera, apoyada por las Fuerzas Militares (no olvidemos que en Ecuador han sido dirimentes en toda crisis política), los medios de comunicación privados y la Embajada la que controla los recursos públicos”.

En cuanto a la represión del gobierno de Lasso, al cierre de este artículo, la CONAIE informa que ha habido ya cinco muertes.

Finalmente, en esta hora cruel en Ecuador de muertos, represión, brutalidad, malas políticas públicas, entre otros, producto del gobierno pésimo anunciado de Guillermo Lasso, cuando accedió al poder, la columna diaria “Vida, amor de Paz” de Guatemala, indica que son los pueblos indígenas quienes salen a protestar, con alambres de púas, piedras, troncos que bloquean las rutas principales de Quito y otras ciudades de Ecuador, en contraste con las armas de guerra del gobierno.

También, “Es importante notar que, en la mayoría de países de América Latina, lo que mueve a los pueblos indígenas es el respeto a la madre naturaleza, el respeto a sus derechos ciudadanos, a su idiosincrasia y costumbres, y el respeto a sus territorios”.

En fin, “Los pueblos indígenas no deben ser tratados como ciudadanos de segunda clase, deben ser escuchados con respeto y si sus argumentos se apegan a la ley, deben ser atendidos”. Entiende esto Guillermo Lasso, si no serás destituido.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen ilustrativa.

¿Montesquieu en el olvido?

Freddy Pacheco León

HAY quienes no lo conocen o quizá, han olvidado las lecciones de educación cívica en secundaria, pero el Barón de Montesquieu (1689 – 1755) fue uno de los más importantes y reconocidos filósofos políticos de La Ilustración. Precursor de la antropología y la sociología, construyó un recuento naturalista de las diferentes FORMAS DE GOBIERNO y, más trascendental aún, de las causas de su evolución o limitado desarrollo.

Magistralmente explicó cómo los gobiernos podrían ser preservados de la corrupción y vio en el despotismo, principalmente, la forma en cómo podía surgir un peligro permanente para cualquier gobierno que no fuera despótico, ante lo cual argumentó que era mejor prevenirlo por medio de un sistema en el que diferentes cuerpos ejercen el PODER JUDICIAL, LEGISLATIVO Y EJECUTIVO y en el que ellos tres, estaban enlazados estrechamente por el estado de derecho. Teoría de la separación e independencia de poderes derivada por él a partir del conocimiento de la monarquía parlamentaria británica, que habría de tener eventualmente un enorme impacto en la teoría política liberal y en los forjadores de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787.

Para Montesquieu los poderes administrativos ejecutivo, legislativo y judicial, deben estar separados y depender unos de otros para que la influencia de cualquier poder no pueda exceder la de los otros dos, ya sea individualmente o en combinación. Fórmula que hoy podría parecer sencilla, pero que fuera cuidadosamente elaborada gracias al genial pensamiento de tan gran filósofo. Escribió: «Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura se combina la autoridad legislativa con la ejecutiva, no hay libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo senado haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Nuevamente, no hay libertad si la autoridad para juzgar no está separada de las autoridades legislativa y ejecutiva. Si se combinara con la autoridad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería ARBITRARIO, pues el juez sería el legislador. Si se combinara con el poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un OPRESOR. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principales, o de nobles, o del pueblo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar resoluciones públicas». (El Espíritu de la Ley, XI, 6. 1748).

Por nuestro lado, además de recogerse esas premisas en la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 11 es diáfano en señalar que «Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes».

Montesquieu reafirmó que la libertad era posible cuando los poderes del gobierno eran limitados y que la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, era la mejor forma de alcanzar la libertad y el bien común. «No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia», sentenció. Tiranías que con cierta abundancia han vivido y viven los pueblos latinoamericanos donde la sola mención del Barón de Montesquieu le produce escozor a los déspotas. Personajes que entre menos piensan más hablan, más engañan, más desprecian la institucionalidad, en su camino hacia el vasallaje de los habitantes que, ha sucedido, fueron cómplices de la construcción de ese cuartel de anchos y altos muros.

Por tanto, no puede, no debe, es insólito, es irrespetuoso, es inconstitucional, que el presidente de uno de los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, aprovechando una visita protocolaria a la sede del Poder Judicial, emitiera palabras que lo hicieron ver cual si fuere el presidente del Poder Judicial que le acogiera como visitante. Expresiones efectistas remanentes de una campaña electoral recién concluida, en que uno de los pilares fuere desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. Peligrosa acción que se hace todavía más peligrosa, cuando provoca expresiones de apoyo desde los sectores especialmente fanáticos a quienes el presidente Chaves dirige su mensaje, y que quizá lo retroalimentan para que siga adelante con esa especial “cruzada”.

¡Claro que hay aspectos del Poder Judicial que hay que corregir! Como los hay también en los otros dos poderes de la República, si aspiramos a tener una sociedad justa, sólida institucionalmente, libre de corrupción de cuello blanco y camisetas, solidaria primordialmente con los miserables en miseria extrema que podrían llenar holgadamente unas quince veces el Estadio Nacional. Ni pretendemos ni quisiéramos ocultar esa dolorosa realidad, reflejo de la creciente desigualdad que excluye cada día más a los habitantes del tugurio.

Pero, asimismo, es nuestro deber alertar acerca de lo que ha sucedido para que, ¡ojalá! no se repita ni una vez más. Existen los mecanismos institucionales para corregir lo que haya que corregir, y existen también, al interno de los tres poderes del Estado, los compatriotas dispuestos a esa tarea mayor, sin que se den interferencias indebidas. Cuando a fines de 1995 un ministro de Seguridad Pública llevó marchando hacia la sede del Poder Legislativo a motociclistas uniformados, caballistas de la policía montada y 207 policías armados con fusiles M1, para supuestamente solicitar la aprobación de unas reformas penales, 54 diputados de todas las fracciones de entonces solicitaron la destitución del responsable, pues fue evidente para ellos la injerencia inaceptable del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. El hecho no se volvió a repetir pues la respuesta enérgica de los legisladores fue clara y contundente. Ahora, quien llamó la atención al presidente del Ejecutivo, fue su igual, el presidente del Judicial, como era su deber, pues no se podía desdeñar lo sucedido. Y no fue por un asunto personal, como algunos han sugerido, ni se trató de que el Dr. Fernando Cruz “se rasgó sus vestiduras”, como dicen otros, aunque seguramente ha de haberle dolido lo que provocara el presidente Chaves.

“DESENREDAR” EL ODIO

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Bien se sabe que una bandera, un himno, son dispositivos que apelan a una identidad, una comunidad, un colectivo.

En el primer caso, es tan significativa la importancia que se le atribuye, que ha dado lugar a gestas simbólicas como el distintivo creado por el Comité Olímpico Internacional para abrigar las representaciones de personas refugiadas participantes en las dos ultimas ediciones de los Juegos Olímpicos.

Pero también la bandera como símbolo ha sido útil para mostrar amor y afecto aún contra aquello que ha hecho daño. Esto lo saben bien las personas centroamericanas en contextos de movilidad, que han partido en procesos colectivos en los últimos años y han caminado por carreteras y fronteras regionales tratando de llegar a destino final, particularmente Estados Unidos.

Las imágenes de personas caminantes enfundadas en la bandera de un país que un día ya nos les brindó protección, igualdad, seguridad, son quizá la mayor paradoja de los procesos identitarios modernos, pandémicos, distópicos que nos ha tocado vivir.

Sin embargo, cuando una insignia genera reacciones, la mayor de las veces negativas, quiere decir que su significado va más allá de la representación que se otorga.

Sucedió no más terminado el partido de la final de fútbol mayor en la categoría femenina costarricense. Las fotografías de algunas jugadoras del equipo campeón, Liga Deportiva Alajuelense, celebrando a más no poder y haciéndose acompañar de la bandera de la diversidad, generaron cientos de comentarios, muchos de ellos negativos y contrarios a la preferencia sexual de las jugadoras.

Son estos discursos los que requieren ser de alguna forma transformados para vivir en sociedades más justas e igualitarias. Recientemente fue presentado un estudio sobre contenidos de odio en redes sociales para el caso costarricense, en el que se informaba de forma preocupante como éstos han aumentado exponencialmente en el último año.

Realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro de Investigaciones en Comunicación (UCR) y la firma especializada en estudios sobre redes sociales COES, señala justamente que los tres principales temas objeto de discriminación en redes son la política, la orientación sexual y el género.

Este no es un tema menor en una sociedad cuya cohesión horizontal pareciera haberse agotado y en la que estaríamos próximos a presenciar no solamente hechos simbólicos sino también los relacionados con la violencia física.

Estamos a tiempo. Tal vez lo primero que nos toque hacer sea desenredar esa estructura de sentido que hace que un día sí y otro también insultemos al otro y la otra por su práctica política, su identidad o preferencia de vida.

Una bandera sigue siendo un dispositivo con el que muchos y muchas se acercan al amor y lo reivindican. Los que se van, las que se aman, quienes se anclan a una esperanza. Abracémonos en su significado, en lo que nos mueve como seres humanos. Que no sea el odio aquella práctica que nos gane la partida.

A la Historia… Por Media Calle: “¿Qué significa para el pueblo costarricense que Costa Rica ganara el repechaje y vaya al mundial?”

El programa Voces X Media Calle comparte un video nuevo en su serie “A la Historia!… Por Media Calle”, del pasado martes 14 de junio.

En este episodio, el historiador Vladimir de la Cruz reflexiona sobre el triunfo de las Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica, en el marco de la pregunta “¿Qué significa para el pueblo costarricense que Costa Rica ganara el repechaje y vaya al mundial?”.

Dadas las complejas situaciones socioeconómicas en que se encuentra el país, para el locutor, este gane representa un escape de la realidad, que le permitió a los y las costarricenses olvidar por unos momentos las crisis que están ocurriendo y aferrarse a estos instantes de celebración.

Habla además de cultura deportiva, ética en el deporte, “fair play” y las connotaciones psicológicas y hasta psiquiátricas que este deporte avoca en muchas personas.

Por algunos minutos, se refiere a las declaraciones del Presidente Chaves relacionadas con la autorización de llegada de militares rusos a Nicaragua, señaló las diferencias innegables entre el sistema democrático costarricense y la dictadura en Nicaragua. 

Aseguró que el mandatario Rodrigo Chaves “está hablando paja” y es ignorante del tema, ya que el evento no tiene ninguna implicación directa para Costa Rica y afirma que la llegada de tropas rusas, no representa peligro ni tensión para nuestro país.

En el pos triunfo

Por Carlos Meneses Reyes

A tres días del triunfo electoral de Gustavo Petro como presidente y Francia Marquez como vicepresidenta de Colombia para el periodo 2022 – 2026, en el país se respira un ambiente de distensión y de concordia luego de una campaña basada en el odio, el engaño y la sinrazón. El desconocido patán fue vencido por el favorito y reconocido, con calidad de estadista a nivel nacional e internacional.

Sin seguir un orden cronológico ni de importancia de temas, destaco el triunfo por primera vez en Colombia de una opción de Presidencia Alternativa con la coadyuvancia y el trabajo militante de la izquierda legal.

Colombia se inclinó, con histórica votación, por el cambio de Petro. El domingo 19 de junio, 22’658.694 colombianos, equivalentes al 58,09% de los posibles votantes, salieron a las urnas en los 32 departamentos. 39 millones de colombianos estaban a habilitados para votar.

Bajó la abstención en un 5%. Petro se alzó con la victoria en 16 regiones y en Bogotá, mientras que Hernández conquistó esa misma cantidad de departamentos y se quedó con la mayor votación de los colombianos en el exterior.

El candidato del Pacto Histórico y ahora presidente electo se impuso en regiones como la Costa Caribe, el Pacífico y buena parte de la Amazonía. (Hace 4 años Iván Duque se alzó con la victoria en el país, con un total de 10’373.080 votos, en tanto que Gustavo Petro aseguró su triunfo con el respaldo de 11’281.013 electores).

Por su parte, el ex alcalde de Bucaramanga obtuvo 10.580.412 votos, conquistando el oriente colombiano, parte de la región Andina y el Eje Cafetero. (Los votos de Federico Gutiérrez en la primera vuelta, vertieron en Rodolfo Hernández).

Significa lo anterior que se cumplió el cálculo de romper en un 5% la abstención en favor de Petro , pues esta pasó del 45% al 40 %.

El progresista Gustavo Petro llega al gobierno con apoyo de la izquierda legal así como de centristas, urbanistas, periféricos, moderados y socialdemócratas, con cerca de 11.3 millones de votantes. Lleva al poder al progresismo junto con la izquierda legal por primera vez en la historia del país.

Gustavo Petro obtiene el 50,4% de los votos frente a Rodolfo Hernández, que pierde con el 47,3%.

Este último, a su vez, pasó de 5’953.209 votos, que consiguió en la primera vuelta del pasado 29 de mayo, a 10’580.412 en la jornada de ayer, una cifra nada despreciable.

No obstante, de lo anterior no se puede concluir que el país colombiano este dividido en dos extremos opuestos. Estos resultados electorales tampoco dan base para determinarlo así. Sucede que hay 18 millones de colombianos que no votan. No son participativos y encuadran en el dicho: “¿para dónde va Vicente?, para donde va la gente”.

A los votantes que sufragaron por Gustavo Petro corresponde calificarlos de conscientes. La suma de votantes a favor del candidato perdedor obedece a una gama de votos cautivos sumados a votos comprados. En ese orden presentado no estamos en realidad ante un país dividido o polarizado. En gracia de discusión se podría considerar una variante de unos 5.250.000 que calificarían como ricos o acomodados de este país, que constituyen las fuerzas retardatarias, conservaduristas, opuestas a cualquier cambio. Por ello es dable concluir que el gobierno del presidente G. Petro y de la vicepresidenta Francia Marquez será un gobierno de y para las mayorías.

Ante el triunfo del Frente Amplio Popular y Democrático que expresa el Programa y Plataforma Política del Pacto Histórico (PH) corresponde reseñar las acciones inmediatas de actuación del nuevo gobierno una vez obtenido el triunfo, explicado en la variable del llamado a un Gran Acuerdo de Unidad y de Concordia Nacional,

LO DE IMPLEMENTACIÓN

Los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón se constituyen, en su implementación, como alcances por materializar en las conquistas del movimiento popular colombiano. La nueva presidencia alternativa asume ese derrotero. Llegó la hora de cumplimentar, facilitar y poner al orden del día el compromiso del Estado colombiano con las antiguas FARC-EP, sus desmovilizados y desarmados, sobre todo respecto de la aspiración inconclusa y la frustración histórica que ha significado para la nación colombiana volver trizas lo acordado y, paralelo a ello, la actitud frente a los compromisos asumidos como Estado, colocando al país de espaldas a la obligatoriedad de instrumentos internacionales plasmados en convenios. Todo por conductas dolosas del gobierno que concluye y que nos colocan en la picota al ensañarnos por los incumplimientos de los pacta sund servanda ante el escenario de la comunidad y el derecho internacional.

Se deleitaron, trayendo consigo el enfurecimiento y coraje de la opinión popular nacional, al causar el mayor daño posible a la justicia transicional como método civilizado aplicable a la solución de conflictos armados internos, como a la que se llegó con las insurgencias de las FARC-EP en Colombia.

Este triunfo electoral revindica el desagrado causado por la sensación de placer contra las aspiraciones populares causada por la secta de gobierno derrocada, que se había entronizado en el poder.

Rememoremos que en un tejido de telaraña jurídica el gobierno oligárquico del expresidente Santos acudió a un referéndum innecesario y que la incapacidad política del antiguo Secretariado de las FARC-EP admitió -jugando de tahúr el presidente- en la aplicación de la lógica “ni tanto que alumbre , ni tanto que queme al santo¨”. Santos ya había obtenido un premio Nobel y también complacía a sus amigos del Country Club.

Sometieron a referéndum la pregunta: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?». Pregunta que, como se sabe, fue respondida mayoritariamente con el NO y conllevó al desmonte de esenciales circunstancias y situaciones, así como a concesiones por la parte plenipotenciaria de la antigua insurgencia, lo cual concluyó en el Acuerdo del Teatro Colón. Se admite que lo único incólume de lo acordado en La Habana fue la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

LOS CINCO PUNTOS DE LOS ACUERDOS

Estos se materializarán en dirección del contenido del Estado colombiano, que desmontará todos los vestigios del poder narcoparamilitar, tan vilmente instalado. En resumen, con el triunfo del gobierno Alternativo se impone:

  1. La Reforma Rural Integral, falseada durante el transcurso mismo de las conversaciones por la Ley Zidres, como plan real, y que dejó en mera ilusión lo conversado y plasmado. Al orden del día está la reforma agraria democrática y radical.
  2. Reforma Política Electoral. Por plenas libertades de expresión, organización y movilización. Contra los votos a cambio de balas y de dinero, y por sepultar un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y de garantías de papel. La aplicación de un estatuto para la oposición, en el entendido de que hoy las fuerzas alternativas son gobierno.
  3. Terminación del conflicto armado interno con las Farc-ep, que consiste en el fin de los combates y acciones militares por parte de las Farc y los ataques y la persecución militar por parte del Gobierno a esta guerrilla. Es el llamado “Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo”. Fin que quedó trunco con la facción denominada “Nueva Marquetalia”, integrada por combatientes que firmaron los acuerdos y luego alegaron el incumplimiento estatal de los mismos y retomaron las armas. En forma alguna implican ¨disidencias” y en la actualidad se encuentran cobijadas bajo el presupuesto normativo en calidad de rebeldes según el derecho internacional.
  4. Solución del problema de las drogas ilícitas. Es decir, sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo ha sido el de menos implementación y va ligado al acuerdo primero sobre reforma rural integral.
  5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Vale decir, aplicación de la justicia transicional en desarrollo de los principios de autonomía e independencia. Esta ha sido la garantía de no impunidad. Extendidas estas normas de justicia transicional a todos: ex guerrilleros, militares, miembros de las Fuerzas Armadas en todas las ramas y composición de agentes estatales participantes y/o financiadores del paramilitarismo. El acuerdo sobre víctimas impedirá la impunidad para los paramilitares, los empresarios que los financiaron y los agentes estatales que los promovieron. Así, el acuerdo garantiza que no sea un pacto de impunidad. Este acuerdo contempla dos componentes: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Derechos Humanos. Jurisdicción Especial para la Paz en aplicación de un sistema integral y alterno que garantice el derecho a las víctimas y cumpla con la obligación estatal de justicia, buscando, mediante investigaciones penales especiales, la determinación de responsabilidades de sindicados de delitos de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado. La garantía de vigencia del contenido de derechos humanos asume lo relativo a la no repetición.

LO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Con el Nuevo Gobierno Alternativo llegó el momento histórico y político de asumir de fondo y lograr en definitiva el fin del conflicto armado interno colombiano. Para ello, el nuevo gobierno ha de llamar a conversaciones a todas las insurgencias: 1. Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). 2. Ejército Popular de Liberación (EPL). 3. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las diferentes facciones en que se transformaron, como ejército popular insurgente luego de los Acuerdos de la Habana y el Teatro Colón, resumidos en la “Segunda Marquetalia”, es decir, las facciones lideradas por Gentil Duarte y/o sus sucesores, y los frentes 10 y 28, con sus caracterizaciones particulares. En este item es primordial destacar que la contraparte estatal colombiana debe actuar de conformidad y en relación con un país con conflicto armado interno, bajo las distinciones y calificaciones del derecho internacional. Distinguiendo las características de mando unificado, presencia territorial y motivación antigubernamental asúi como de lucha armada contra el establecimiento estatal, en la configuración de una contraparte que tenga el carácter y reconocimiento de rebelde e insurgente.

La complejidad de la situación en el panorama del conflicto armado interno colombiano implica singularizar la continuación de las conversaciones existentes con el ELN. El trato especial a facciones de las FARC, que firmaron los acuerdos enunciados, incluyendo en ello a la Nueva Marquetalia. Dentro de este mismo trato especial ha de incluirse a los reductos del EPL que desde hace tres décadas continuaron la lucha armada pese a la des movilización de la mayoría de esa organización político-militar, con presencia actual en zonas como las del Catatumbo, la antigua provincia de Ocaña y el sur del Cesar. El llamado a conversaciones a actuales facciones de las FARC-EP que no aceptaron ni firmaron los acuerdos de La Habana: bloque identificado como el dirigido por Gentil Duarte. Incumbe además incluir la suerte en la definición de los citados frentes 28 y 10, acorde con las caracterizaciones del derecho internacional y en la definición definitiva, si califican o no como fuerzas rebeldes y/o insurgentes y/o perteneciente a fuerzas del crimen organizado multiforme. Los ingredientes del conflicto armado interno colombiano lo componen actores armados insurgentes o rebeldes y las fuerzas armadas estatales colombianas en todas sus expresiones. Por ello, al buscar el fin de ese conflicto, el armado, no ha de volverse a la imprecisión de “proceso de paz” ni continuar utilizando un lenguaje impropio de calificaciones y clasificaciones al colocar en un mismo recipiente a todos los actores armados que asolan la geografía nacional, comprendiendo que lo multiforme del crimen común organizado difiere de las causas, motivaciones, ejercicio y alcances de los rebeldes insurgentes.

En todo lo anterior está el meollo del asunto, es decir, en la distinción del diseño y aplicación de una política gubernamental nueva que logre la finalización del conflicto como solución política y no de calificativos y frases confusas.

Tan extenso tema, tangencialmente abordado, se resume en la continuación de las conversaciones rotas con el ELN, facilitando que sus plenipotenciarios en La Habana definan su equipo negociador de común acuerdo entre las partes. En un primer acto soberano del gobierno alternativo del presidente Gustavo Petro: retomar el carácter plenipotenciario de los líderes del ELN en La Habana y coordinar su regreso inmediato de conformidad con los convenios existentes desconocidos por el saliente gobierno narco paramilitar. Determinar si las conversaciones han de continuar en el exterior o, por el contrario, en el territorio nacional, constituyendo esta posibilidad la de mayor acogida.

Las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia (ELN) no serán difíciles en cuanto al reconocimiento de beligerantes como parte plenipotenciaria frente a la contraparte estatal. Se regirán por el alcance de profundas reformas económicas, políticas y sociales con participación de la sociedad civil, conforme al planteamiento de Programa Máximo y Mínimo de satisfacción con el movimiento popular. Existe un acumulado de experiencias con el proceso de fin del conflicto armado con las antiguas FARC-EP. Desde ya, es necesario que la dictadura mediática no se apropie de la estulticia de un “proceso de paz”. Hoy se trata de un proceso de conquistas sociales y populares. Por eso, es conveniente que se desarrollen en territorio colombiano.

LO DEL CONFLICTO SOCIAL

No es fácil describirlo o explicarlo. Lo conforman múltiples factores y se dice que en toda sociedad existirá el conflicto social. Es por ello que al asumir una solución del conflicto social colombiano corresponde identificar una caracterización en el llamado conflicto multicrimen. El tema y su solución ha de abordarse desde lo sociológico y político, sin que se resuma en que se trata de un problema político y sociológico por sí mismo.

Los múltiples conflictos colombianos (armado, político, económico, social, ecológico) están relacionados. De manera que corresponde asumir el tema, en particular, en lo atinente con la seguridad ciudadana.

No es motivo del presente artículo la motivación profunda de contenido y conocimiento de este conflicto. Hay que partir de la base de que es uno de los problemas más difíciles que afectan la convivencia ciudadana, para poder abordar el tema de seguridad de los ciudadanos en la ciudad y en lo rural. Para ambos escenarios no se dan tratos diferenciales. Las estadísticas y volumen de incidencias del conflicto social abarcan los escenarios tanto urbanos como rurales.

El gobierno que termina aplicó una política hegemónica oligárquica y contrainsurgente para enfrentar el conflicto social y el conflicto armado. Los resultados han sido ciertamente calamitosos. Hoy corresponde dilucidar las llamadas lucha contra las drogas, contra la minería ilegal, contra la ganadería extensiva y su efecto depredador; contra las organizaciones multicrimen y sus agentes, incluidos los delincuentes de cuello blanco; contra los acaparadores de recursos básicos, especuladores y prestamistas, así como también contra los especímenes, en todos los matices, de la corrupción y los aliados del narco paramilitarismo.

Hay que desenmascarar toda una cultura de alienación que funciona con la premisa de convivir con el crimen. Llamar a los delincuentes y los delitos por su nombre. Destaco aquí el efecto subliminal de “borrrar” el delito de robo y designar a todo como meros hurtos, tal como hacen la mediática y los responsables policiales. En un hurto no opera el factor violencia; en el robo sí y esa simple circunstancia ha hecho carrera para mitigar el agobio que produce la inseguridad que padece la sociedad colombiana.

Voto público en la elección de las magistraturas y otros altos cargos – Mitos y realidades

Foro de Justicia1
Firma responsable: Rosaura Chinchilla Calderón
forodejustiacr@gmail.com

A junio de 2022, hay tres nombramientos de magistraturas pendientes en el Plenario Legislativo, para las vacantes en la Sala Constitucional, la Sala Tercera y la Sala Primera. Las ternas para hacer la selección están a cargo de la Comisión Especial Permanente de Nombramientos (CPEN), y la selección final recae en el Plenario. Ambas votaciones se realizan de forma secreta, generalmente sin fundamentación alguna y luego de un proceso de selección con un fuerte componente de discrecionalidad. Así, la ciudadanía se ve impedida de conocer los fundamentos de las decisiones de sus representantes, de pedirles cuentas y responsabilizarles por su decisión.

Esta práctica contradice los principios constitucionales de transparencia, publicidad, idoneidad, rendición de cuentas y razonabilidad; y además, perjudica no solo las imágenes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, sino también las de las personas que se eligen y las de aquellas que sometieron sus nombres al proceso.

Diversos esfuerzos desde la ciudadanía y entes especializados demandan que se haga público y fundamentado el voto para nombrar altos cargos públicos. véase, por ejemplo, el pronunciamiento del Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, la campaña de redes sociales #VotoPúblicoYA del colectivo Foro de Justicia, el compromiso firmado por el actual Presidente de la República con la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), y el compromiso de varios de las actuales diputaciones con el medio Delfino.cr, entre otros.

Para oponerse a esta amplia demanda ciudadana de transparencia suelen esgrimirse algunos argumentos que, como se demostrará, son excusas y mitos.

Mito 1. La publicidad está contra la ley y la normativa vigente. Realidad: Eliminar la votación secreta en la CPEN solo requiere de la voluntad de las diputaciones que integran dicha comisión, pues la metodología de trabajo la aprueban ellos mismos para cada proceso. Por su parte, en el Plenario legislativo el mecanismo se puede modificar a través de una reforma puntual al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Y aún sin dicha reforma, las diputaciones que así lo deseen pueden publicitar su voto, en virtud de los principios constitucionales, de más alto rango que el citado reglamento, de publicidad, representatividad, transparencia y rendición de cuentas que los obliga y en ejercicio de su libertad de expresión. En este sentido, por ejemplo, se encuentra el antecedente de la propia Corte Suprema de Justicia cuando decidió votar de manera pública durante el proceso de selección de fiscalía general en 2018.

Mito 2. El voto secreto es una garantía para quien vota. Realidad: Esto es así para el ciudadano o la ciudadana frente a los eventuales abusos del poder, pero no aplica para quienes representan a otras personas o quienes desempeñan la función pública, quienes, por mandato constitucional, deben rendir cuentas de lo que hacen ante sus electores; y si persisten en recurrir al secretismo y la opacidad es para ocultar intereses contrapuestos, negocios, corrupción, etc. que carcomen la democracia y la institucionalidad (quien actúa por principios no tiene nada que ocultar).

Mito 3. La publicidad expone a diputados y diputadas a riesgos en su seguridad personal o integridad física. Realidad: Aceptar este argumento significa dar por hecho que la institucionalidad está cooptada por grupos criminales que serían capaz de recurrir a ese nivel de violencia, cosa que no ha pasado nunca, ni de ello hay evidencia alguna en el país a la fecha, pero que sí podría irse generando de fomentar la opacidad en el ejercicio del poder. Además, en caso de haber amenazas en este sentido, la visibilización y combate de las causas serían el curso de acción adecuado y no la limitación de un derecho de la ciudadanía de conocer cómo votan sus representantes. En todo caso, los amenazadores tendrían hoy en día muchas formas de saber cómo vota cada diputado (fotos por ejemplo desde el celular), aún cuando este voto sea secreto.

Mito 4. La publicidad abre el portillo para la presión de grupos poderosos. Realidad: Al contrario, el secretismo es el caldo de cultivo de las componendas entre corruptores y corruptos. En cambio, la publicidad transparenta los eventuales intereses en juego y facilita su control cívico. Aceptar aquel argumento implicaría que también las leyes deberían seguir ese mecanismo, lo que es absurdo y antidemocrático. En todo caso, quien legisla debe entrenarse y prepararse para enfrentar estas presiones que tendrán en prácticamente todas las decisiones que tomen.

Ciertamente, el voto público no resuelve los problemas y debilidades que tiene el proceso de nombramiento de los altos cargos y, en particular, de las magistraturas, pero sí se trata de un pequeño pero importante paso para promover una justicia independiente e imparcial que salvaguarde los derechos de toda la población, sin discriminación alguna.

Instamos al Parlamento (pero también a la Corte Suprema de Justicia en las designaciones a su cargo) a usar y fomentar este mecanismo en los asuntos de su competencia.

1 Foro de Justicia es una organización que busca el fortalecimiento de la justicia independiente y democrática y está integrada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la Asociación Americana de Juristas, rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica Íntegra, la Facultad de derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), por el Programa Estado de la Nación y por personas expertas independientes.