Este 31 de marzo del año se realizó la rendición de cuentas ante los gobiernos y líderes locales por parte de la vicepresidenta de la República y coordinadora política de la zona Norte, Epsy Campbell, del programa de desarrollo de la zona Huetar Norte, denominado Pacto de Desarrollo de la Zona Norte iniciado el 30 de marzo del 2019.
En dicha rendición de cuentas se mencionaron logros en infraestructura social, de salud y educativa y se precisaron acciones para la atención de necesidades de agua de los habitantes de esa zona mediante 35 proyectos que beneficiaron a 237.000 personas, con una inversión de poco más de ₡34.000 millones.
También se indicaron acciones en infraestructura en salud, en donde se destaca el nuevo Servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos, los EBAIS de Cedral (San Carlos), Katira (Guatuso), Cuajiniquil y el hospital móvil en Los Chiles. Con el nuevo mamógrafo del Hospital de San Carlos las habitantes de la Zona Norte ya no deben trasladarse a San José para realizarse ese examen.
En lo que respecta a infraestructura educativa, se señaló la construcción de 19 nuevos centros educativos completos, gracias a una inversión de ₡20 000 millones, que benefician a casi nueve mil estudiantes. En el apartado de infraestructura social, una inversión de ₡8 000 millones permitió que 13 proyectos de vivienda cubrieran a 428 familias. También, se otorgó el bono comunal en la comunidad de Disneylandia (en Pital de San Carlos), que benefició a 1764 personas.
En el informe también se revelan los avances en conectividad; se resalta la construcción de centros de acopio; se subraya la modernización de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas (Los Chiles) y se destaca que el programa ‘Huella del Futuro’ ya sembró 300.000 árboles para reverdecer la Zona Norte, cifra que sobrepasó la meta inicial de 200.000 especies para setiembre de 2021. (ElPais.cr,5-4-2022)
Las actividades de rendición de cuentas en las regiones Chorotega, Huetar Caribe y ahora en la Huetar Norte, son el resultado de la labor de la Administración Alvarado que al inicio de su gestión, había impulsado procesos de apoyo al desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central, coordinados por los Ministros de Economía y de la Presidencia respectivamente.
En todos ellos se realizaron procesos de diálogo que permitieron identificar los problemas regionales, y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción.
La Administración del presidente Carlos Alvarado se había propuesto impulsar una estrategia de desarrollo en varias regiones del país. Según el Presidente “esta estrategia interterritorial (…) potenciará el desarrollo económico y social, generará un aumento de la productividad e impactará positivamente la calidad de vida de más de 300.000 personas”. (LN.com,30-3-2019)
Esta Administración definió como sus prioridades de intervención en el desarrollo regional: las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, por lo que el presidente Alvarado y la vicepresidenta Campbell, procedieron a presentar el 29 de marzo de 2019 en la zona norte, el programa Franja de Desarrollo que incluía una lista de 79 proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos.
La propuesta se centraba en la atención de 8 cantones: La Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto, Sarapiquí, Pococí y Peñas Blancas de San Ramón. Entre las iniciativas estaba la construcción de un centro de valor agregado, que sería un espacio para que los productores ofrezcan sus mercancías, se incluía la construcción de la sede de la Universidad Técnica en San Carlos y unos 23 proyectos de agua potable, además de la realización de estudios de factibilidad para el aeropuerto de Altamira de San Carlos y la conclusión de estudios del tren de carga Pacífico-Norcaribe.
Otro proyecto mencionado era la inauguración del Parque Solar Cooperativo de Coopelesca, ubicado en Pocosol, lo que lo convertiría en el parque de generación de energía solar fotovoltaica más grande de Costa Rica, asimismo, se efectuó el lanzamiento del Plan Nacional de Cacao 2018-2028, con el cual se pretendía en un plazo de 10 años elevar la plantación de cacao y en el proceso, paliar la pobreza en las zonas donde más se siembra la fruta. La propuesta era una hoja de ruta para el apoyo institucional en 5 eslabones de la cadena productiva: insumos y servicios, producción, transformación y consumo.
No obstante, desde la presentación del programa regional, existían algunas dudas si éste no era más que un conjunto de proyectos específicos e iniciativas puntuales, con poca conexión entre ellas y gestionados fundamentalmente por la acción institucional, sin un enfoque articulador de desarrollo territorial endógeno.
Se indicaba que las iniciativas se encontraban dispersas en los cantones involucrados y tienen diferente origen y escala, como el centro comunal de desarrollo empresarial de Pocosol, el parque de energía solar de Coopelesca en Santa Rosa, la infraestructura para el turismo rural del grupo Maleku de Guatuso y la sede de la UTN en San Carlos.
Igualmente llamaba la atención que, en los proyectos de infraestructura, se priorizaba en la construcción del tren de carga y el aeropuerto de San Carlos y no se consideró la reconstrucción al menos parcial de la trocha fronteriza y la conclusión de la carretera a San Carlos, obras demandadas por la población (ElPais.cr,4-4-2019).
Luego de transcurridos 3 años, en el informe de rendición de cuentas es posible establecer la ausencia de la varios de los proyectos que se mencionaron al inicio, ya que probablemente se quedaron en la fase de formulación, que su implementación no tuvo viabilidad o un avance importante, a excepción del Centro de valor agregado, para el que se definió el lugar en Santa Clara de San Carlos, las especificaciones de la infraestructura y la forma de financiamiento.
De esa forma, es posible constatar que las expectativas generadas por la lista de proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos, en energías alternativas, agua potable, emprendimientos verdes, turismo en comunidades indígenas y agroindustrialización, del programa Franja de Desarrollo (LN 30-3-2019), en gran medida no se cumplieron.
Entre las razones para que las iniciativas y proyectos no se cumplieran, se encuentran aspectos ligados al enfoque y la estrategia de ejecución de los programas de desarrollo regional utilizado por la Administración Alvarado, los cuales podrían explicar las debilidades y limitaciones de estos programas para contribuir a un desarrollo regional sostenible y a reducir las desigualdades existentes.
El primer elemento se refiere a la dependencia de la conducción y liderazgo de los programas de desarrollo territorial en algunos jerarcas del Gobierno Central, con poco conocimiento de los territorios y con poca o ninguna experiencia en gestión del desarrollo regional, extrañándose en esta labor la participación del Ministerio de Planificación.
El segundo elemento, está vinculado a que el impulso de los proyectos identificados está supeditado a la coordinación y articulación de las instituciones estatales y a la implementación conjunta con los Gobiernos locales, lo que en muchos casos condiciona su ejecución a la disponibilidad de recursos y a la capacidad de ejecución de estos entes.
En la ejecución de los proyectos anunciados estaban involucradas una buena cantidad de instituciones de diferentes áreas como el MOPT, MEP, INA, ICE, IMAS, MAG, INDER y MINAE, que debido a su funcionamiento y toma de decisiones centralizada no siempre pueden comprometer los recursos humanos y financieros necesarios para los proyectos regionales Se reconoce al respecto la intervención especial del INDER en la ejecución de obras de infraestructura rural, así como el IMAS en la transferencia de recursos para el combate a la pobreza.
El tercer elemento, tiene que ver con la existencia o no de una política de descentralización institucional, que, aunque implícita en el discurso oficial, se desconoce su vigencia y adopción por parte de las instituciones y gobiernos locales en las regiones.
Un cuarto elemento está relacionado a que, pese a que se realiza un proceso de diálogo de actores institucionales y sociales, éste no sustituye la necesidad de un diagnóstico amplio e integral sobre las condiciones sociodemográficas, económico-productivas, ambientales, culturales e institucionales de cada región.
Este aspecto a su vez, está vinculado a un problema central de los programas regionales, cual es la ausencia de un verdadero proceso de planificación del desarrollo regional, en el que a partir de las orientaciones del diagnóstico, se definan objetivos estratégicos, metas e indicadores de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados e impacten en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y activos en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(alterdescr, setiembre 2020)
El quinto aspecto y esencial, es la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo estas dinámicas deben estar en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).
No es posible obviar que el desarrollo de la región Huetar Norte, presenta una dinámica económico-productiva que expresa territorialmente la implementación de un modelo productivo y comercial centrado en monocultivos, como la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala, junto a la producción ganadera extensiva y de granos, que se ha venido gestando desde los años noventa, la que requiere ser modernizada y diversificada con la introducción de actividades de alto valor e innovación, de uso intensivo de nuevas tecnologías, importantes flujos de inversión público y privada y de incorporación incluyente de todos los sectores y actores del desarrollo en las subregiones y comunidades.
Frente a esa dinámica económica, social y ambiental de la región se plantean grandes desafíos al desarrollo regional, ya que la dinámica productiva en especial agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona, está generando mayor pobreza y una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales. (Cudeca,2011).
Previamente un estudio de SEPSA-PROCOMER(2008), había concluido que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano (Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País); existe una concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en los principales cantones y se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región, situación que se mantiene y es imposible desconocer y es imperativo revertir.
En definitiva, no es posible impulsar el desarrollo regional con fuertes elementos estructurales y con serios rezagos en desarrollo socioeconómico y desarrollo humano, mediante un programa gubernamental de intervención y coordinación interinstitucional, alejado de los procesos de planificación regional, sin verdaderos ejes de desarrollo y con la ausencia de la dirección del Ministerio de Planificación Nacional.
Un programa de esa naturaleza, con una sumatoria de actividades algunas de ellas inviables, que tiene una ejecución parcial y que no introduce grandes transformaciones en la región, es como diría el científico social Heinz Sonntag (2013), un programa compensatorio para los excluidos del desarrollo, pero que genera descontento y frustración en la población que luego tiene manifestaciones de rechazo e indiferencia política como fue posible comprobarlo con la escasa participación de esos territorios en las recientes elecciones.
Dr. Luis Paulino Vargas Solís Economista, CICDE-UNED
¿Es este un “impuesto al carbono”? ¿Quizá un “impuesto verde”? Es decir, ¿es un impuesto cuyo objetivo es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover el cambio hacia formas de energía limpia? ¿Es entonces un impuesto animado por el objetivo de combatir los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global?
Remotamente podría tener ese aspecto. Pero hay al menos dos graves problemas que lo lastran significativamente: su mal diseño y su desconexión respecto de cualquier estrategia de políticas, más o menos integral y coherente.
En primer lugar, para darle viabilidad política y legitimidad social, un impuesto de esta naturaleza debía cumplir con al menos dos condiciones:
Debieron contemplarse mecanismos que redujesen su efecto sobre los grupos de ingresos medios y bajos, de modo que su incidencia se hiciera sentir principalmente en los de más altos ingresos. No es un problema fácil de resolver, pero podría intentarse por medio, por ejemplo, de algún tipo de subsidio, y mediante créditos fiscales a favor de micros y pequeñas empresas.
Los recursos provenientes de un impuesto con estas características, deberían destinarse principal -si no exclusivamente- a satisfacer objetivos ambientales. Claramente no es el caso, puesto que solo una fracción muy pequeña (3,6%) de la recaudación del impuesto, se destina a objetivos propiamente ambientales.
En segundo lugar, y si los objetivos fuesen realmente de combate al cambio climático, el impuesto no debería quedar como una medida aislada, sino como una pieza dentro de un engranaje mucho más amplio. Junto al impuesto, y mucho más allá de éste, se requieren al menos dos grandes políticas, ambas de amplia envergadura.
Primero, un programa de inversión a gran escala, que mejore radicalmente la calidad y eficiencia del servicio de transporte público. Se hace necesario todo un cambio cultural, que despoje al auto personal del aura de prestigio que recubre, y que lo convierte en una ambicionada meta dentro de los patrones de consumo de amplios sectores de la población. Pero es innegable que ello no se logrará si persisten las graves y evidentes deficiencias del transporte público, las cuales proporcionan un poderoso estímulo a favor del uso de ese tipo de vehículo.
Segundo, un programa de inversión, igualmente ambicioso, que promueva la migración hacia energías limpias en el transporte y en otras actividades en las que los combustibles fósiles siguen desempeñando un importante papel. O sea, más allá del limitado estímulo que el precio pueda proporcionar, es necesario que existan las condiciones efectivas para que otras fuentes de energía, realmente limpias, estén disponibles a costos razonables.
Nada de eso es posible, sin un vigoroso liderazgo estatal. Y la verdad es que el viraje ideológico que se hizo dominante desde hace más de 35 años, ha despojado al Estado costarricense de ese liderazgo. En el proceso ha proliferado un picadillo institucional, con organizaciones inconexas y sumamente débiles. En ello ha incidido una ideología que combina el antiestatismo con la idea de que la institucionalidad pública, tan solo debe cumplir un rol como facilitadora de la inversión privada en obra pública, lo que implica la privatización de facto de esa infraestructura pública. Esto ha dado lugar a un coctel tóxico: una institucionalidad débil y troceada, incoherente y muy vulnerable a la corrupción.
En el caso del transporte público ello es clarísimo, lo que ha facilitado que algunos cuantos consorcios privados impongan sus intereses a capricho, mientras las inversiones necesarias se posponen de forma indefinida, y los servicios resultan cada vez más defectuosos.
En lo que a las nuevas energías se refiere, el prejuicio ideológico impide impulsar las reestructuraciones y reorientaciones necesarias, y bloquea los necesarios mecanismos de coordinación. El ICE y RECOPE son, naturalmente, las instituciones públicas que deberían asumir ese liderazgo, en colaboración con las universidades públicas y algunas otras entidades. Un detalle curioso es que el famoso astronauta Franklin Chang tiene esto muy claro, pero, en cambio, estas ideas, absolutamente elementales, no logran taladrar la coraza ideológica que anestesia la inteligencia de las élites políticas y empresariales de Costa Rica. Debe quedar claro que esto no lo puede resolver el libre mercado. Si el Estado no asume un rol de liderazgo, el mercado a lo sumo aportará soluciones inconexas y muy parciales. Lo que, a fin de cuentas, significa no resolver nada.
Pero hay todavía un detalle adicional que no podemos omitir: el diseño actual del impuesto a los combustibles tiende a ser injusto y regresivo. Su incidencia sobre las tarifas del transporte público implica trasladarlo al bolsillo de los hogares y personas pobres. Pero tratándose del transporte privado, su peso relativo es mayor conforme más bajo el ingreso de la persona u hogar. Para micros y pequeñas empresas que requieren del uso de un vehículo, resulta una carga onerosa.
Digámoslo claro: este impuesto existe para satisfacer objetivos recaudatorios, o sea, para llevarle dinero al Ministerio de Hacienda y reducir un poco el déficit fiscal. Sus objetivos son fiscalistas y nada más. Hasta 2019, antes del impacto de la pandemia que, en 2020, e incluso en 2021, redujo la circulación de vehículos, este impuesto aportaba arriba del 11% de todos los ingresos tributarios (más de ₡ 600 mil millones en 2019). Claramente no hay detrás de este tributo ni objetivos ambientales, ni mucho menos objetivos de promoción de la equidad social.
Pero, en realidad, la existencia de este impuesto, tan mal diseñado y, en muchos sentidos, tan dañino, se explica porque no existen los impuestos que SI deberían existir, aquellos que gravan los rentas y ganancias de capital más elevadas, los grandes patrimonios privados y las grandes herencias. La cuestión es que la ideología de moda ordena que a los muy ricos de Costa Rica no se les deben cobrar impuestos, como asimismo prescribe que las corporaciones transnacionales, que tan jugosas ganancias obtienen en Costa Rica, tampoco tienen obligación alguna con nuestro país, no obstante, las beneficiosas condiciones que les ofrecemos. Pero, además, recordemos que en los últimos años se ha afirmado la tendencia que convierte las zonas francas en paraísos fiscales insertos en el propio territorio nacional, un refugio legalizado para la evitación de impuestos, en favor de un número creciente de grandes empresas costarricenses.
Es por eso, a fin de cuentas, que existe el impuesto a los combustibles: para intentar llenar una parte del hueco que abren esos manirrotos privilegios tributarios a favor de los grupos más ricos y poderosos.
El pasado 7 de abril del 2022, la Asamblea General de Naciones adoptó una resolución mediante la cual se suspende la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Su párrafo dispositivo primero establece que la Asamblea General:
«1. Decide suspender los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos ../ .. 1. Decides to suspend the rights of membership in the Human Rights Council of the Russian Federation»
Remitimos sobre esta votación a esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas (así como su versión en francés), y se reproduce el texto de la resolución adoptada al final de esta misma nota en español, en inglés así como en ruso.
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del actual organigrama de Naciones Unidas, compuesto por Estados electos por la misma Asamblea General de Naciones Unidas. Tuvimos la oportunidad de analizar la elección reciente de Argentina, Honduras y Paraguay por parte de América Latina y el Caribe, acaecida en el mes de octubre del 2021 (véase breve nota nuestra al respecto); la de Bolivia, Cuba y México en el 2020 (véase nota); así como la de Brasil y Venezuela en el 2019 (véase nota). Los 8 precitados Estados constituyen los actuales representantes de América Latina en este órgano intergubernamental que se compone de 47 Estados Miembros. Cabe recordar que el actual Consejo de Derechos Humanos sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos, la cual funcionó hasta el mes de marzo del 2006, compuesta por 53 Estados.
En el mes de marzo del 2011, Libia fue objeto de una resolución suspendiendo su membresía del Consejo de Derechos Humanos muy similar (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas); en junio del 2018, Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos de manera voluntaria, en señal de solidaridad con su incondicional aliado israelí (véase breve nota nuestra al respecto titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«).
El voto registrado este 7 de abril en breve
La resolución A/RES/ES-11/3 votada este 7 de abril contó con 93 votos a favor, 24 en contra, 58 abstenciones y 18 Estados cuyos delegados optaron por el siempre peculiar «No Show» (véase detalle del voto en este enlace de Naciones Unidas).
Entre los que votaron en contra, aparecen en el hemisferio americano Bolivia, Cuba y Nicaragua. Al tiempo que, entre las 58 abstenciones, aparecen Brasil, El Salvador, Guyana, México, San Cristóbal y Nevis, así como San Vicente y las Granadinas.
Cabe indicar que por tercera vez consecutiva desde que se adoptan resoluciones sobre la agresión de Rusia a Ucrania (véase nuestra breve nota sobre la resolución adoptada el 2 de marzo y nuestra nota sobre la resolución adoptada el 24 de marzo), el delegado de Venezuela optó por la particular opción del «No Show» (ausencia de su delegado a la hora de registrarse la votación).
Con relación a algunos Estados que resultan de la desaparición de la URSS en 1991 y que aún mantienen una relación privilegiada con Rusia, es de notar que Armenia, Arzeibaidján, y Turkmenistán optaron por el «No Show«, al tiempo que los demás acuerparon a Rusia votando en contra de la resolución (Bielorusia, Kazakhstán, Kyrgyzstán, Tajikistán, Uzbekistán).
Algunos detalles de interés sobre la estrategia diplomática de Rusia
Ante una nueva probable victoria diplomática de Ucrania contribuyendo a aislar aún más a Rusia ante los ojos de la comunidad internacional, eran de esperar inéditas gestiones, y ello al más alto nivel por parte de Rusia para frenarla días antes del 7 de abril.
Como parte de su estrategia diplomática, Rusia envió durante los días previos a la votación cartas oficiales a una gran cantidad de Estados advirtiendo que serían considerados como «Estados hostiles» a Rusia en el caso de votar a favor pero también en caso de abstenerse o bien de no participar al voto como tal («No Show«): una presión a la que sí sucumbieron varios Estados en particular en Asia Central (véase nota de prensa proviniendo de esta región del mundo).
El contenido de estas cartas plantea algunas interrogantes con relación a la abstención registrada de India y el «No Show» de Venezuela, entre otros. La precitada carta enviada por Rusia, según varios medios de prensa (véase por ejemplo esta nota publicada en India) que la citan, expresamente indicaba los términos de la advertencia hecha por Rusia:
«It is worth mentioning that not only support for such an initiative but also an equidistant position in the vote (abstention or non-participation) will be considered as an unfriendly gesture«.
Más allá de las gestiones diplomáticas de Rusia para frenar este tipo de iniciativas, será de gran interés observar si de ahora en adelante, los 58 Estados que se abstuvieron y los 18 que se ausentaron al momento de la votación serán incluidos en su totalidad en la lista de «Estados hostiles» a Rusia: si lo son algunos, pero no lo son todos, será de interés (aún mayor) conocer con exactitud los criterios usados por Rusia. Como se recordará, una primera versión de esta lista fue dada a conocer por las agencias de prensa rusas el 7 de marzo del 2022 (véase por ejemplo nota de la agencia TASS de noticias). Esta lista de Estados declarados oficialmente «hostiles» por Rusia coincide en parte – pero no en su totalidad – con la lista de Estados que solicitaron días antes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar una investigación (véase listado incluido en este comunicado de la CPI con fecha del 2/03/2022): dejamos a nuestros estimables lectores revisar cuáles Estados aparecen en ambas listas y cuáles no.
A modo de conclusión
Pese a la gestiones del aparato diplomático de Rusia, este voto viene nuevamente a aislar a Rusia ante la comunidad internacional.
Si Rusia es consecuente con la letra misma de la carta enviada por su aparato diplomático a un gran número de capitales en el mundo, su aislamiento recrudecerá con únicamente 23 Estados que votaron con ella en contra de esta resolución con los que debería mantener relaciones amicales o normales. Se trata de 23 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, lo cual acarrea una pregunta muy válida para los 170 restantes: ¿los demás Estados deben ahora ser colocados todos en la categoría de «Estados hostiles» a Rusia?
Es probable que, conforme nuevas exacciones cometidas en zonas controladas por Rusia salgan a la luz del día, y nuevos ataques en Ucrania causen más daños a la población civil, como el registrado en la estación de tren de Kramatorsk (véase nota de El Pais del 8/4/2022), se añadan otras resoluciones de este tipo y que se busque suspender a Rusia de otros recintos de Naciones Unidas. Estas resoluciones podrían adoptarse en las próximas semanas, en particular si se observa que Rusia no rectifica su actuar, iniciado el pasado 24 de febrero del 2022 con una masiva agresión militar en territorio ucraniano, que sigue denominándose oficialmente en Rusia (tanto a nivel oficial como en medios de prensa rusos) como una «operación militar especial«.
El pasado 16 de marzo, fue la máxima instancia jurisdiccional de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la que exigió, mediante una ordenanza, a Rusia el cese inmediato de su ofensiva militar en suelo ucraniano. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota que concluía indicando que:
«Se puede adelantar que esta providencia leída por la CIJ este 16 de marzo del 2022 constituye también un primer peldaño en una larga batalla judicial por venir, tendiente a obtener reparaciones e indemnizaciones de parte de Rusia por los graves daños ocasionados a Ucrania: fue la misma intención la que tuvo Nicaragua en 1984 ante la CIJ, ante la destrucción propiciada, financiada y orquestada por Estados Unidos en su territorio a través de la denominada «contra» nicaragüense«.
Texto de la resolución adoptada en español / inglés / ruso (véase texto en las diferentes versiones oficiales de Naciones Unidas)
«Suspensión de los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos
La Asamblea General,
Recordando su resolución 60/251, de 15 de marzo de 2006, en particular el párrafo 8, en que se establece que la Asamblea General podrá suspender los derechos a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de todo miembro del Consejo que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos,
Tomando nota de la resolución 49/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 4 de marzo de 2022, en particular de la grave preocupación del Consejo por los informes de abusos y violaciones graves y sistemáticos de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidos por la Federación de Rusia durante su agresión contra Ucrania,
Recordando sus resoluciones ES-11/1, de 2 de marzo de 2022, y ES-11/2, de 24 de marzo de 2022.
Expresando grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia, incluidas las violaciones y los abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos, reconociendo las firmes expresiones de preocupación contenidas en las declaraciones del Secretario General y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y observando la última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania realizada por la misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania, de 26 de marzo de 2022,
1. Decide suspender los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos;
2. Decide también volver a examinar la cuestión según proceda;
3. Decide además suspender temporalmente el undécimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General y autorizar al Presidente de la Asamblea General a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados Miembros».
«Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council
The General Assembly,
Recalling its resolution 60/251 of 15 March 2006, in particular paragraph 8, which states that the General Assembly may suspend the rights of membership in the Human Rights Council of a member of the Council that commits gross and systematic violations of human rights,
Taking note of Human Rights Council resolution 49/1 of 4 March 2022, in particular the grave concern of the Council regarding reports of gross and systematic violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law committed by the Russian Federation during its aggression against Ukraine,
Recalling its resolutions ES-11/1 of 2 March 2022 and ES-11/2 of 24 March 2022, Expressing grave concern at the ongoing human rights and humanitarian crisis in Ukraine, in particular at the reports of violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law by the Russian Federation, including gross and systematic violations and abuses of human rights, recognizing the strong expressions of concern in statements by the Secretary-General and by the United Nations High Commissioner for Human Rights, and noting the latest update on the human rights situation in Ukraine by the human rights monitoring mission in Ukraine, of 26 March 2022,
1. Decides to suspend the rights of membership in the Human Rights Council of the Russian Federation;
2. Also decides to review the matter, as appropriate;
3. Further decides to adjourn the eleventh emergency special session of the General Assembly temporarily and to authorize the President of the General Assembly to resume its meetings upon request from Member States».
«Приостановление прав членства Российской Федерации в Совете по правам человека
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 60/251 от 15 марта 2006 года, в частности на пункт 8 ее постановляющей части, в котором установлено, что Генеральная Ассамблея может приостановить членство в Совете по правам человека какоголибо члена Совета, который совершает грубые и систематические нарушения прав человека,
принимая к сведению резолюцию 49/1 Совета по правам человека от 4 марта 2022 года, в частности серьезную обеспокоенность Совета сообщениями о грубых и систематических нарушениях и ущемлениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Российской Федерацией в ходе ее агрессии против Украины,
ссылаясь на свои резолюции ES-11/1 от 2 марта 2022 года и ES-11/2 от 24 марта 2022 года,
выражая серьезную обеспокоенность продолжающимся правозащитным и гуманитарным кризисом на Украине, особенно в связи с сообщениями о нарушениях и ущемлениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права со стороны Российской Федерации, включая грубые и систематические нарушения и ущемления прав человека, учитывая решительные выражения обеспокоенности в заявлениях Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и отмечая последнюю обновленную информацию о ситуации с правами человека на Украине от 26 марта 2022 года, подготовленную миссией по наблюдению за правами человека на Украине,
1. постановляет приостановить права членства Российской Федерации в Совете по правам человека;
2. постановляет также вернуться к рассмотрению данного вопроса при наличии надлежащих условий;
3. постановляет далее временно прервать работу одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи и уполномочить Председателя Генеральной Ассамблеи возобновить ее заседания по требованию государств-членов».
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Enviado a SURCOS por el autor.
*Foto de portada: tropas de Ucrania intentando contrarrestar en posición el avance de Rusia en un puente en la misma capital de Kiev. Foto extraída de nota de prensa de The Guardian, edición del 25/02/2022
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
La noche del 7 de octubre de 2007, al conocerse los resultados del referéndum que decidiría la incorporación de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un grupo de personas asumió la tarima principal del movimiento del «No» y con consignas sobre no dejar morir los procesos sociales de participación y resistencia, sellaron hasta el día de hoy la respuesta desde abajo ante la agudeza y agresividad de la propuesta país desarrollada por los sectores más recalcitrantes del conservadurismo económico y social.
Esa noche sería premonitoria de una dinámica sin pausa, que ha sumido a los sectores sociales, a las poblaciones vulnerables particularmente en la más absoluta indefensión, por un lado, y por el otro, en la imposibilidad de volver a articular un proceso político organizado y robusto para hacer frente a los embates de la propuesta neoliberal en franco ascenso.
Apenas cuatro años antes de aquel evento, Costa Rica asistiría a la primera versión de una segunda ronda electoral en su vida política republicana, una de varias rupturas que su sistema político y democrático habría de experimentar durante los años venideros.
La alternabilidad en el juego electoral que mantuvo invariable los acuerdos de las cúpulas políticas costarricenses durante varias décadas, tuvo su límite al iniciar el presente siglo con la emergencia de nuevas propuestas o al menos de estructuras organizativas no pertenecientes en lo formal a esas cúpulas.
Luego vino el resto: la crisis de representación instalada en los últimos 25 años, la inercia y declive de los partidos políticos tradicionales y la irrupción de los partidos «franquicia» o «taxi» como propuestas orientadas única y exclusivamente a los procesos electorales, terminaron por revocar un modelo argumentado adentro y afuera como fortalecido, sólido y resistente a las fisuras.
Una de las señales inequívocas del tránsito hacia «nuevas normalidades» como es ya lugar común escuchar sobre la convivencia con los procesos sociosanitarios que llegaron para quedarse, ha sido sin lugar a dudas la persistencia del abstencionismo como la verdadera y genuina expresión política colectiva instalada en el país.
Durante años, esa cifra mostró niveles bajos que promediaban el 18%, porcentaje que presentó un salto significativo entre 1994 y 1998, cuando se instaló en un 30% para nunca más volver a bajar de esa cifra. Incluso, en las elecciones de primera ronda de febrero de 2022 se mostró el comportamiento más alto de la historia con un 40% de abstencionismo, cifra que aumentó incluso para la segunda ronda de abril, ubicándose entre los porcentajes mas bajos de participación de las cuatro segundas rondas desarrolladas en los últimos veinte años.
Hablar de causas de este fenómeno es llover sobre mojado. Ya el diagnóstico había sido elaborado años antes con el fenómeno del enojo como principal categoría. Lo que las contiendas electorales de 2018 y 2022 supusieron de novedoso, fue territorializar ese descontento en las costas y las comunidades periféricas, espacios de una geografía donde la desigualdad, la fragmentación y la exclusión han sido marcas registradas de ese modelo avasallador continuado en los últimos cuarenta años.
Con estos escenarios así dibujados, no es difícil imaginar la irrupción de un nuevo actor para quien los acuerdos de las élites políticas, las comodidades vallecentralinas y la apelación a un nosotros retórico y discursivo que no les alcanza, les resultan lejanos, equidistantes.
He insistido en que si hay algo que llegó para quedarse es justamente ese sujeto novedoso desde lo político y organizativo. Con tintes confesionales, ciertamente, desdeña la promesa de un sistema partidario obsoleto, vacío y cascarón y se enfrasca en la toma de decisiones desde sus territorialidades segregadas: en las provincias costeras el promedio de participación en la contienda electoral alcanzó apenas la mitad del electorado, dato que resulta consecuente con esas condiciones materiales y objetivas de existencia que ni el partido tradicional ni el progresista ha podido resolver.
Escribo esta reflexión sobre una suerte de confinamiento de los procesos de representación y participación, al tiempo que se van dibujando los trazos de una nueva administración que se pasea en la incertidumbre por su novedad y desempeño durante la recién campaña política.
Lo primero que hay que decir en clave analítica es que nos encontramos ante la irrupción de figuras que traducen en lenguaje sencillo y correcto, el desdén por la política y hacen suyo el juego del enojo colectivo. Lo asumen para sí. Con tanta estrategia de comunicación política de detalle, gestos, tonos, colores, que a la gente se le terminó de olvidar el fugaz paso de Rodrigo Chaves, el presidente electo, por la actual administración.
Lo segundo a considerar es que por razones obvias y que marcan el camino de los acuerdos de las elites locales, los interlocutores válidos para cualquier persona que asuma desde el punto de vista formal la presidencia del país, seguirán siendo esos grupos de presión que un día si y otro también golpean mesas y hablan fuerte para imponer sus tesis y sus agendas.
Los sectores sociales, valga decirlo, permanecen confinados e invisibilizados y sin músculo para acudir al golpeteo. Por sus propias debilidades y porque la indignación y la rabia son quizá procesados como anomia social, como antisistema, como desestabilización. Y ante esto, una democracia centenaria como la costarricense debe cerrar filas, construyendo consensos y acuerdos de cúpulas en los que sus figuras aparezcan como provenientes de otras trincheras, los outsiders que así se denominan.
Finalmente, la tesis de la figura fuerte que venía apareciendo en varios estudios de opinión pudo haber cristalizado en estas elecciones. Está por verse si discurso y práctica son la misma cosa y si Chaves, el presidente electo, es capaz de mantener esa tesitura rígida, fuerte, dura contra el establishment del que él mismo forma parte. Porque estamos claros en una cosa: un funcionario proveniente de organismos financieros internacionales no puede jamás denominarse a sí mismo como un outsider: es una contradicción hasta histórica.
Costa Rica se enrumba hacia una nueva normalidad, no solo en materia sociosanitaria, sino en las reglas del juego democrático y en la construcción de consensos. Se esperan tiempos complicados pero hay que habilitar espacios para hablarnos. Salir del confinamiento político y procurar nuevas experiencias colectivas, incluso ejerciendo el derecho a la voz, al grito, como lo ha planteado Jonh Holloway (2002) en su trabajo sobre los procesos de transformación que nos toca acompañar. La refundación es urgente. Necesaria.
MBA Lic. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario, Escritor Sede Central UTN www.utn.ac.cr
“¿Plata o plomo?” esa era la frase más usada de Pablo Escobar “El narcotraficante más famoso”. Las “mafias” conforman una macro criminalidad del reciclaje de dinero que opera sin controles en todo el planeta y hace difícil la reconstrucción de los flujos financieros de dinero sucio.
La mafia es invisible, es asociación dirigida y explotada por personas autorizadas por edad, inteligencia, posición social, pruebas, expedientes judiciales, experiencia y pericia en el arte de delinquir impunemente. No existen estructuras organizacionales visibles… son sin rostro. ¿Quiénes conocen la Junta Directiva? ¡Nadie! Solo el “directorio” de los hombres de mayor confianza.
La mafia es “una asociación ilícita, auténtico sistema de poder criminal” que ubican a sus miembros al filo del Código Penal. Es complejidad organizativa y “mafia financiera”. Su estrategia es obtener el máximo prestigio y la máxima ganancia, el silencio y olvido, establecer relaciones e intereses con la política, obstaculizar las investigaciones, campañas de deslegitimación, de desprestigio, de agresiones contra fiscales y magistrados. La búsqueda de coberturas, asesinatos y masacres. El terror y miedo. Impedir el control de la legalidad de sus negocios. La impunidad, falsificación de datos, la santificación de imputados. Desgranar la justicia y la legalidad. Vínculos secretos. La oferta de drogas ilícitas y otras actividades conexas. Legitimación de capitales. Financiamiento del Terrorismo. Como bien expresa el Instituto Costarricense sobre Drogas: “El ánimo de lucro es lo que mueve a las organizaciones criminales a obtener ganancias a través de la comisión de delitos y utilizar mecanismos, como reclutamiento de personas, estructuras de sociedades, empresas y profesionales intermediarios para disfrazar sus ganancias ilegítimas con el fin de darles una apariencia de origen legal” Costa Rica, está en la ruta de la droga y zona regional de logística además es vulnerable y tiene escasos recursos.
Es una bodega y puente de las guerras de las drogas. Se movilizan anualmente 1.150 toneladas en ruta a México, Brasil, UE y EEUU –donde hay más de 30 millones de consumidores que gastan más de US$ 30.000 millones anuales de dólares para consumo de cocaína, heroína y marihuana proveniente de Irán y Afganistán, Myanmar, Laos, Tailandia, México, Perú, Bolivia y Colombia- mayor fabricante de cocaína en el mundo-.
¿Cómo combatir la mafia?
Primero, estrategia de seguridad nacional y regional. Estamos inmersos en un área geopolítica, geoeconómica y militar en donde la seguridad nacional tiene un gran peso y cuya agenda tiene temas prioritarios, p.ej. el terrorismo, los grupos armados, los paramilitares, el narcotráfico, el tráfico de personas, las posibilidades de migraciones masivas, el lavado de dinero, los secuestros, las bandas como Mara Salvatrucha, los Zetas y el Populismo Radical. Debemos establecer una política exterior activa en Centroamérica contra el narcotráfico en alianza con EEUU-México. Segundo, estrategia cantonal. Hay que nombrar 83 Comisionados Antidrogas. Tercero, estrategia de premios e incentivos. Requerimos una política seria de incentivo de los arrepentimientos y colaboración con la justicia por parte de quien, por haber sido mafioso, puede revelar desde adentro esos secretos de la organización absolutamente necesarios de conocer. Hay que promulgar una legislación de “premio e incentivo” equilibrada e inclusive de impunidad total (100%) para el colaborador (res) que nos lleven a los peces gordos. Esta estrategia supera “el rastreo de llamadas”, “la prisión preventiva”, “la plataforma de información policial”, el “Centro Judicial de Intervención Policial”, “El secreto bancario” e incluye el perdón por el Poder Ejecutivo para los que colaboren. Cuarto, estrategia de autonomía al Poder Judicial. Elección de magistrados por la Corte Suprema de Justicia. Quinto, estrategia de comunicación pública. Hay que revisar el Plan “LODI” (Logic Distribution), en donde la solución pasa por una forma de legalización que no ha de ser libre, precisamente, sino que viene supeditada a una “distribución organizada y controlada de la droga” que bien puede estar en manos de la CCSS-EBAIS, Ministerio de Salud Pública y Poder Judicial. ¿Cuál es la diferencia entre recetar médicamente un antidepresivo con los efectos secundarios que tiene a recetar de la misma forma un gramo de cocaína, para un adicto mientras gradualmente lo vamos sacando de su adicción?
En conclusión, somos una bodega de almacenaje de drogas al igual que los demás países centroamericanos, hay infiltración de carteles mexicanos y colombianos aliados con nacionales, que están pagando con drogas sintéticas y crack y no solo con dinero por ayudar en el transporte; tenemos un mercado de consumidores nacionales y espiral de violencia por drogas, sabemos que la droga se transporta por vía marítima (78%), aérea y terrestre (22%). Debemos actuar en cada distrito y cantón de lo contrario serán tomados por las mafias mexicanas, colombianas, los yakuza, los trías chinos, la cosa nostra o la rusa. Como bien lo expreso Bob Riley, Ex Gobernador del Estado de Alabama: Las drogas son las enemigas del futuro y de la esperanza, y cuando luchamos contra ellas luchamos por el futuro.
De pronto en estas elecciones, la ciudadanía se dio cuenta que la «prensa canalla» miente, o por lo menos, muchos descubrieron que los periódicos escritos, radiales y televisivos, manejan la verdad a su antojo, juegan con las medias verdades, manipulan la fe de la gente, especialmente la más humilde, favorecen a unos, generalmente poderosos y entierran a otros.
De pronto la ciudadanía descubrió que los periódicos no eran neutros. Que se puede tener durante 20 días una mentira en primera plana o por lo menos se puede mantener una verdad a medias, cuando esto así convenga a ciertos sectores de la sociedad.
Hemos tenido huelgas, hemos tenido presos, hemos tenido combos, hemos tenido Tratados de Libre Comercio mentirosos, hemos tenido sindicatos vilipendiados como un chuica por la prensa, políticos humillados por la prensa, partidos políticos ninguneados por la prensa, hemos tenido la democracias ensuciada por la prensa, el poder arrebatado al pueblo y tomado por la prensa en este país tantas veces… y los ciudadanos no se habían dado cuenta.
Es ahora que les tocaron a un candidato, que se dieron cuenta. De pronto a muchos se les cayó la venda de los ojos y descubrieron que el Rey va desnudo y que la prensa es canalla y responde al mejor postor. Pero… cuánto tiempo tardaremos en volver, como las ratas de Hamelin otra vez al redil de la prensa.
Otra vez al regazo de la prensa, otra vez contra los sindicatos, otra vez contra las comunidades organizadas, otra vez contra los que levantan la voz y señalan las injusticias, otra vez contra los diputados que se atrevan salirse del canasto, otra vez pau pau y manazo a la boca de los que pregonen la verdad y se opongan a la prensa y su verdad a medias. La prensa y sus entrevistas parcializadas, la prensa y sus editorialistas sarcásticos y burlones, la prensa micrófono para unos sí y para otros no. Esa prensa…
Por un minuto los ciudadanos se hartaron de la «prensa canalla» pero igual volverán como los marineros de Odiseo, atraídos por las Sirenas. No se dan cuenta que la prensa es un partido político que ya tomó posición y que nunca, nunca, nunca, estará del lado de las mayorías, sino que siempre está del lado de los «dueños de la prensa», que responden a intereses del más profundo y oscuro origen. Ese poder que nunca fue elegido democráticamente, pero que nos gobierna… mediante la prensa.
Las colonias de obreros nacieron en el Reino Unido, país pionero en la industrialización, a mediados del siglo XVIII, a la sombra de una invención: el uso de la fuerza de la máquina de vapor. Las máquinas movidas por el vapor multiplicaban notablemente la producción y aumentaban los beneficios de los propietarios capitalistas, los cuales a raíz de esa situación beneficiosa creaban colonias de obreros con unos mínimos sociales para evitar las reclamaciones de los mismos.
Ese paternalismo social de los propietarios capitalistas con respecto a los obreros fue una especie de feudalismo social que tenía como principal objetivo parar sus justas reclamaciones. La mayoría de obreros apostaban por ser ellos los propietarios de los medios de producción para redistribuir los beneficios igualitariamente y alcanzar el socialismo.
Durante el siglo XIX, las colonias de obreros se extendieron desde Gran Bretaña al continente europeo y a Estados Unidos, como una especie de panacea social. La colonia de New Lanark (Escocia) se creó en 1786. En Italia, la famosa colonia de Crespi d’Adda data de 1878. En Estados Unidos, la colonia de la empresa Pullman de los suburbios de Chicago data de 1880, colonia de 12.000 obreros con viviendas, mercado, biblioteca, iglesia y espacios de ocio.
En España, las colonias de obreros aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX y se concentraron en Cataluña, junto a los ríos Ter y Llobregat. Algunas fábricas textiles, con sus respectivas colonias de obreros, se situaron junto a ríos para aprovechar la energía hidráulica como fuerza motriz de la maquinaria. La fuerza del agua que bajaba con enorme potencia desde el Pirineo resultaba una forma de abaratar costes respecto a otras fábricas textiles (conocidas como vapores).
Las colonias de obreros de las fábricas textiles situadas junto a los ríos Ter y Llobregat quedaron encuadradas dentro del paternalismo social de los propietarios capitalistas, tal como había ocurrido en otros países. Tenían viviendas, escuelas, tiendas, iglesia, espacios de ocio. Invariablemente, cada colonia del Ter o el Llobregat, además, disponía de una gran casa o torre del propietario de la fábrica, generalmente un edificio de bella arquitectura, repleto de comodidades, en contraposición a las viviendas más humildes de los obreros.
Siguiendo específicamente el curso del río Llobregat, todavía hoy se mantienen en pie numerosas fábricas textiles con colonias de obreros, también llamadas colonias textiles, a pesar de que se encuentran sin actividad industrial desde hace varias décadas.
En el Baix Berguedà, cuando el río Llobregat pasa por la Cataluña central, por ejemplo, hay una concentración de colonias de obreros única, extraordinaria. Quince colonias se encuentran en poco más de veinte kilómetros. Son las colonias de Cal Bassacs (1861), Cal Casas (1891), Cal Marçal (1886), Cal Metre (1860), Cal Pons (1865), Cal Rosal (1858), Cal Vidal (1896), El Guixaró (1885), La Plana (1884), L’Ametlla de Casserres (1858), L’Ametlla de Merola (1876), Viladomiu Nou y Vell (1868 y 1860), etc. No existe nada igual en Cataluña, tampoco en España. Me atrevería a afirmar que difícilmente se encuentra algo similar en Europa. En esos pocos kilómetros, las colonias se suceden ininterrumpidamente. Todavía están en pie y en buen estado la mayoría, algunas aún tienen vecinos y se pueden visitar.
Una visita a esas colonias de obreros del Llobregat, de ese otro tiempo, es recomendable, tanto a nivel histórico como artístico. Dentro del modelo colonial ya descrito (vivienda, escuela, tienda, iglesia, espacios de ocio…), se puede apreciar dónde y cómo vivían los trabajadores, lo que les rodeaba o con qué se entretenían en las escasas horas libres que tenían. También se puede descubrir la arquitectura imponente de grandes edificios. Grandes edificios que se mezclan con emblemáticas chimeneas y viviendas de obreros de ladrillos muy característicos.
La visita a las colonias del Llobregat supone, además, un pequeño homenaje a varias generaciones de obreros, originarios tanto de Cataluña como de diferentes puntos de España, que pasaron sus vidas en ellas, intentando superar las vicisitudes de su tiempo.
El movimiento obrero tomó forma en Cataluña en las décadas de 1830 y 1840. En esas décadas, se produjeron los primeros conflictos entre propietarios y obreros. En 1840, en Barcelona, se fundó el sindicato Asociación de Tejedores de Barcelona. En 1855, tuvo lugar una primera gran huelga general en Cataluña que reunió a más de 100.000 obreros de los principales centros industriales. Barcelona, Gràcia, Sant Andreu, Sants, Reus, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Mataró y los valles del Llobregat, del Anoia y del Ter se quedaron literalmente parados. Estos hechos históricos alarmaron a los propietarios capitalistas de Cataluña y provocaron la creación de colonias de obreros con unos mínimos sociales, tal y como ya estaba ocurriendo en otros países, para intentar evitar las reclamaciones obreras.
Las colonias de obreros creadas en la segunda mitad del siglo XIX en Cataluña, y más concretamente en el Llobregat, pervivieron en el tiempo y han llegado hasta nosotros. Después de dos siglos de su creación, permanecen en pie como testigos mudos de la historia, de la historia del movimiento obrero, con toda su carga arquitectónica y simbólica, con toda su carga histórica. Es recomendable tenerlas presentes. Vale la pena visitarlas.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Las posibilidades de establecer, con algún grado de certidumbre, los límites entre lo real y lo irreal se tornan cada día más difíciles en un medio social y político, como el prevaleciente en la Costa Rica del cambio de siglo y en los de la gran mayoría de los países de la región, donde la mentira patológica y la “posverdad” en su despliegue han sido “naturalizadas”: o dicho de otra manera, son asumidas y aceptadas como si fueran algo normal. ¿será por eso que en días pasados intentábamos reflexionar sobre lo que puede ser calificado como el despliegue de una escena surrealista? Esto ha llegado al punto en el que la mentira o la ficción terminan siendo asumidas como el sustituto de la realidad, o de al menos de un intento de acercarnos a ella, como una especie de nebulosa que no deja de plantearnos serios problemas cognitivos y nos hace dudar de nuestra propia cordura. ¿será cierto lo que estamos viendo y escuchando en los llamados medios de comunicación social? ¿ será acaso que todo lo que hemos venido percibiendo dentro de un período histórico reciente no pasa de ser una quimera? ¿Entonces será que los villanos de la película eran más bien los grandes benefactores del pueblo?
La sociopatía, intensa y manifiesta en algunos sectores y actores de vida social, política e incluso cultural se ha tornado en algo tan manifiesto y audaz, que ha terminado trastrocando no sólo el lenguaje sino el sentido que asumen los actos de quienes los protagonizan, tanto como para aquellos que los perciben, incluso con una lente distorsionada, pero sin saberlo.
La manipulación totalitaria mediática, como un asunto cotidiano, ha terminado por ser aceptada como la cosa más normal del mundo o, a lo sumo como una travesura incluso simpática de quienes la ejecutan, un día sí y otro no. La presencia de estos elementos en la reciente campaña electoral previa a las votaciones de la segunda vuelta o ballotage electoral, del pasado domingo 3 de abril, especialmente en el orden de lo mediático, se acepta por casi todos los actores del proceso como algo que no reviste ninguna gravedad. Creemos que se impone al menos aceptar en principio aquello del doble lenguaje orwelliano de la novela que nos sitúa en la ficción de un cierto universo totalitario, cuyo escenario sería o fue en términos ficticios el Londres de 1984, no por casualidad el de la perversa Margaret Thatcher, lo que implicaría el aceptar no sólo que “la mentira es la verdad”, “la ignorancia es la fuerza” y “la guerra es la paz” tan propias del texto de esa novela, sino también otros posibles enunciados como “el neoliberalismo es la socialdemocracia”, “la izquierda es la derecha”, “la destrucción sistemática es la defensa del estado social de derecho” y así sucesivamente. Los minutos del odio se concentraron en la satanización mediática del “acosador” Chaves como si los otros, adversarios e incluso cercanos a él, no nos hubieran acosado con sus mentiras y su demagogia descarada, durante semanas y meses, llevándonos de manera casi imperceptible hacia el punto más alto del delirio.
Fue así como, de repente, un día después de los comicios, resultó que los verdugos mediáticos del odiado y presunto acosador per se resultaron ser sus amigos o al menos interlocutores, al parecer como el fruto de un resultado electoral que no esperaban, su capacidad para el fingimiento nos dejó perplejos, teniendo en cuenta la manera y la intensidad con lo atacaron, sin dejarle ninguna posibilidad de defenderse al menos.
Lo más sorprendente, sin embargo, es que resultó que el estado social de derecho empezó a estar amenazado por el presidente electo, y no por los progres que gobernaron en coalición durante ocho años (PUSC PAC PLN y pseudocristianos) con una agenda light en el plano de la vida cotidiana y de los derechos de algunas minorías, pero con un garrote en la mano para limitar los derechos económicos, sociales y políticos de la gran mayoría de la población, con la aprobación de una reforma tributaria regresiva, una legislación especial destinada a criminalizar la protesta social y una Ley de Empleo Público que rompe el tan cacareado orden legal y constitucional de la república, además de su complicidad manifiesta con los grandes evasores y especuladores con los intereses de los títulos de la deuda interna.
Dado lo anterior, es que nos encontramos con las manipulaciones cotidianas de la asquerosa e impúdica prensa oligárquica, esa que nos impone por quién debemos votar para que sus sórdidos intereses no salgan afectados, tendiéndonos un cerco totalitario de la peor especie.
Durante las últimas semanas, Figuerillos fue el candidato de La Nación, Teletica, Repretel, Radio Monumental, Radio Columbia y toda la prensa basura, quien si acaso fue mencionado en esos medios, de manera positiva o complaciente, mientras tanto sus editores le tendieron un cerco a su adversario en una asombrosa coincidencia con alguna gente progre, o de la llamada izquierda corronga, con la omisa complicidad del Tribunal Supremo de Elecciones. De momento, podemos decir que la exhibición circense ha terminado.
Es hora de ir pensando, y procurar hacia el futuro la llegada de un día en que tengamos una prensa que al menos sea decente y pluralista de verdad, por desgracia la mayoría de la gente se acostumbró a vivir oliendo la mierda como algo normal y Costa Rica sigue teniendo la prensa más mala, mediocre y cínica del continente.
Durante casi un año, estos diarios, televisoras y emisoras de radio se dedicaron a satanizar en su primera página (o en un primerísimo plano) a un candidato presidencial que no fue de su agrado y nosotros permanecimos pasivos como si nada estuviera sucediendo, lo peor de todo es que todo eso se vende como la democracia ejemplar para el resto del continente.
Estamos prisioneros en el universo de la mentira, de lo ficticio de una institucionalidad y unas prácticas sociopolíticas que carecen de asidero en la realidad, es así como seguimos engañándonos a nosotros mismos, a la vez que pretendemos engañar a los demás. ¿Será posible que alguna vez la verdad nos haga libres y dejemos de vivir en esta escena surrealista tan peligrosa como estéril?
Foto de reunión entre mandatarios de Colombia y de Nicaragua a raíz del fallo de la CIJ de noviembre del 2012, celebrada en México, durante la toma de posesión del Presidente Peña Nieto en diciembre del 2012, extraída de esta nota de prensa de Infobae titulada «Ortega y Santos se reunieron por el fallo de la CIJ», edición del 1/12/2012.
Nicolas Boeglin (*)
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha anunciado que emitirá su fallo en uno de los dos casos que opone Nicaragua a Colombia el próximo 21 de abril (véase comunicado oficial en francés y en inglés).
Se trata de una primera sentencia, que deberá ser completada luego por otra, aún pendiente de resolución desde el 2013 en La Haya entre ambos Estados.
Una muy breve puesta en contexto
Como se recordará, una sentencia de noviembre del 2012 de la CIJ (véase sentencia completa del 19 de noviembre del 2012) sobre la delimitación marítima en el Mar Caribe opone a ambos Estados en cuanto a sus alcances, a su interpretación y a su implementación.
Esta sentencia responde a una demanda que fue interpuesta por Nicaragua contra Colombia el 5 de diciembre del 2001 ante la CIJ.
Cabe recalcar que esta demanda del 2001 encausó ante la justicia internacional de La Haya una situación incierta desde el punto de vista jurídico entre Nicaragua y Colombia, debido a la denuncia oficializada el 4 de febrero de 1980 del tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 por parte de Nicaragua, a la que Colombia respondió con un «Libro Blanco» en 1980 (véase texto completo) refutando en todos sus extremos las pretensiones de Nicaragua. Entre 1980 y el 2001, Nicaragua esperó (sin mayores éxitos) que Colombia aceptara sentarse a negociar los límites de ambos en el Mar Caribe y se inclinó, a finales del 2001, por solicitar al juez de La Haya zanjar definitivamente esta controversia.
Sobre lo acontecido durante las 24 horas previas a la fecha de presentación de la demanda de Nicaragua el 6 de diciembre del 2001, un dato de interés pocamente divulgado: el 5 de diciembre, Colombia optó sorpresivamente por retirar su declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CIJ hecha en… 1937. Años después, Colombia intentó (sin lograrlo) convencer a la CIJ que este retiro oficializado el 5 de diciembre del 2001 surtía efectos inmediatos (véase alegatos en francés y en inglés de Colombia pp.63-64 y pp.113-114 respectivamente): un interesante detalle poco conocido y que evidencia una maniobra extrañamente similar a la de Estados Unidos al conocerse de la inminencia de una demanda en su contra planteada por Nicaragua en 1984 en La Haya. Más allá de las similitudes que a veces plantean interrogantes muy válidas, resulta notable que los asesores legales de Colombia no se percataran de lo ocurrido con los argumentos de Estados Unidos en 1984 al declararse la CIJ competente y descartar un efecto inmediato para este tipo de retiros unilaterales (Nota 1).
Como es costumbre luego de leerse un fallo de la CIJ entre dos Estados (con la notoria excepción de Costa Rica y Nicaragua), los jefes de Estado de Colombia y de Nicaragua tuvieron la oportunidad de reunirse unas semanas después de leída la sentencia del 19 de noviembre del 2012, con ocasión de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Es el espacio político natural que deriva de la lectura de un fallo de la CIJ entre dos Estados, en aras de normalizar paulatinamente sus deterioradas relaciones después de varios años de alegatos legales en La Haya: como todo espacio político, está sujeto a los vaivenes de la vida política y a la capacidad de ambos contendores de aprovechar la ocasión que les brinda el juez internacional.
No obstante, conforme fue pasando el tiempo, el tono de voz en Colombia cambió. Cabe precisar que pese a externar su profundo malestar con lo oído en La Haya en el 2012, las máximas autoridades de Colombia nunca presentaron ningún recurso en revisión o en interpretación a la CIJ para que esta jurisdicción aclarase el alcance de su sentencia del 2012.
Finalmente, Nicaragua optó por interponer dos nuevas demandas contra Colombia: una primera el 13 de septiembre del 2013 (véase texto de la demanda) y una segunda en parte originada por declaraciones de las máximas autoridades colombianas, el 26 de noviembre del 2013 (véase texto).
La sentencia que se oirá el próximo 21 de abril del 2022 refiere a la segunda de estas dos demandas.
La demanda del 2013 Nicaragua
En su demanda inicial planteada el 26 de noviembre del 2013 (véase texto completo en francés y en inglés), Nicaragua solicitaba a la CIJ que indicara que Colombia violó varias obligaciones de la misma Carta de Naciones Unidas así como sus nuevos derechos soberanos en el Mar Caribe tal y comod derivan de la sentencia de la CIJ del 2012:
«22. On the basis of the foregoing statement of facts and law, Nicaragua, while reserving the right to supplement, amend or modify this Application, requests the Court to adjudge and declare that Colombia is in breach of:
— its obligation not to use or threaten to use force under Article 2 (4) of the UN Charter and international customary law;
— its obligation not to violate Nicaragua’s maritime zones as delimited in para‑ graph 251 of the ICJ Judgment of 19 November 2012 as well as Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in these zones;
— its obligation not to violate Nicaragua’s rights under customary international law as reflected in Parts V and VI of UNCLOS;
— and that, consequently, Colombia is bound to comply with the Judgment of 19 November 2012, wipe out the legal and material consequences of its interna‑ tionally wrongful acts, and make full reparation for the harm caused by those acts» (p. 24)
../..
«22. Au vu de l’exposé des éléments factuels et juridiques qui précède, le Nicaragua, tout en se réservant le droit de compléter ou de modifier la présente requête, prie la Cour de dire et juger que la Colombie :
— manque à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force ;
— manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les espaces maritimes du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du Nicaragua sur lesdits espaces;
— manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les droits du Nicaragua en vertu du droit international coutumier tel que reflété dans les parties V et VI de la CNUDM;
— est en conséquence tenue de se conformer à l’arrêt du 19 novembre 2012, d’effacer les conséquences juridiques et matérielles de ses actes internationalement illicites, et de réparer intégralement le préjudice causé par lesdits actes» (p. 25).
Tal y como se puede apreciar, Nicaragua considera que la actitud de Colombia contraviene a principios básicos establecidos dentro la Carta de Naciones Unidas y a lo dictaminado por el mismo juez internacional de La Haya desde el 2012 en lo atinente a las aguas pertenecientes a Nicaragua en el Mar Caribe. ¿Obligar a un Estado a respetar algo que fue ordenado por el juez internacional ante … el mismo juez internacional? Es la apuesta muy decidida hecha sin ninguna reserva por la diplomacia de Nicaragua, valiéndose para ello de varias declaraciones intempestivas y poco afortunadas hechas por algunas autoridades colombianas desde el 19 de noviembre del 2012.
El intento inicial (frustrado) de Colombia para evitar que la CIJ se pronuncie
Por su parte, Colombia presentó varias excepciones preliminares tendientes a declarar la CIJ incompetente.
Como ya viene siendo costumbre para los asesores legales internacionales contratados por Colombia frente a sus contendores contratados por Nicaragua, la CIJ las rechazó, y se declaró perfectamente competente en el mes de marzo del 2016 (véase texto de la sentencia sobre competencia de la CIJ). Un detalle muy poco divulgado en Colombia se ubica en la parte final dispositiva (párrafo 111) en la que se indica que la decisión se tomó por unanimidad o casi (catorce votos a uno): estas cifras evidencian dos cosas:
– o bien para Colombia una limitada capacidad de convencimiento entre los 15 juristas que integran a la CIJ, o bien;
– una notoria superioridad argumentativa de los asesores de Nicaragua.
Habíamos tenido la oportunidad de explicar el riesgo en el que usualmente incurre un Estado al presentar excepciones preliminares tendientes a evitar que la justicia internacional se pronuncie sobre el fondo:
«La presentación de excepciones preliminares busca no sólo evitar una decisión sobre el fondo por parte del juez, sino también que se debata el asunto como tal. Para algunos autores, este intento puede también denotar poca confianza del Estado en sus argumentos sobre el fondo: en una publicación especializada publicada en Francia se lee que: “Il n´est pas rare de remarquer que l´Etat qui présente ces exceptions a quelques doutes sur l´issue du procès, autrement dit, il préfère que l´affaire s´arrête plutôt que de risquer de tout perdre au fond» » (Nota 2).
En el 2017, en un gesto diplomático inusual en La Haya, Colombia tuvo la extraña iniciativa de no enviar a ninguno de sus representantes a una reunión del Presidente de la CIJ en La Haya con los delegados de Nicaragua para finiquitar detalles y el calendario sobre el procedimiento a seguir (Nota 3): siempre hemos indicado a nuestros estudiantes que la originalidad en derecho internacional público, no tiene límites.
Las pretensiones finales de ambos Estados
En las audiencias orales realizadas a finales del mes septiembre e inicio del mes de octubre del 2021 (véase verbatim de la segunda ronda de alegatos orales), Nicaragua reiteró lo solicitado a la CIJ en el 2013, pero añadiendo nuevos puntos al exigir también al juez internacional de La Haya que establezca que:
«(a) By its conduct, the Republic of Colombia has breached its international obligation to respect Nicaragua’s maritime zones as delimited in paragraph 251 of the Court Judgment of 19 November 2012, as well as Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in these zones; and that, in consequence
(b) Colombia must immediately cease its internationally wrongful conduct in Nicaragua’s maritime zones, as delimited by the Court in its Judgment of 19 November 2012, including its violations of Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in those maritime zones and take all necessary measures effectively to respect Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction; these measures include but are not limited to revoking, by means of its choice:
(i) all laws and regulations, permits, licences, and other legal instruments which areincompatible with the Court’s Judgment of 19 November 2012, including those related to marine protected areas;
(ii) the provisions of Decrees 1946 of 9 September 2013 and 1119 of 17 June 2014 in so far as they relate to maritime areas which have been recognized as under the jurisdiction or sovereign rights of Nicaragua; and
(iii) permits granted to fishing vessels to operate in Nicaragua’s exclusive economic zone, as delimited in the Court’s Judgment of 19 November 2012;
(c) Colombia must ensure that the decision of the Constitutional Court of Colombia of 2 May 2014 or of any other National Authority will not bar compliance with the 19 November 2012 Judgment of the Court;
(d) Colombia must compensate Nicaragua for all damage caused by its violations of its international legal obligations, including but not limited to damages caused by the exploitation of the living resources of the Nicaraguan exclusive economic zone by fishing vessels unlawfully “authorized” by Colombia to operate in that zone, and the loss of revenue caused by Colombia’s refusal to allow, or by its deterrence of, fishing by Nicaraguan vessels or third State vessels authorized by Nicaragua and, generally, for the damages caused by its actions and declarations to the proper exploitation of the resources in Nicaragua’s exclusive economic zone, with the amount of the compensation to be determined in a subsequent phase of the case; and
e) Colombia must give appropriate guarantees of non-repetition of its internationally wrongful acts, including by formally acknowledging that the boundary as delimited by the Court in its Judgment of 19 November 2012 will be respected as the international maritime boundary between Colombia and Nicaragua.
(f) Nicaragua also requests that the Court adjudge and declare that it will remain seised of the case until Colombia recognizes and respects Nicaragua’s rights in the Caribbean Sea as attributed by the Judgment of the Court of 19 November 2012» (véase verbatim, pp. 50-51)
A su vez, en sus argumentos finales, Colombia solicitó a la CIJ durante estas mismas audiencias orales celebradas en La Haya, que:
«I. For the reasons stated in its written and oral pleadings, the Republic of Colombia respectfully requests the Court to reject each of the Submissions of the Republic of Nicaragua, and to adjudge and declare that
1. Colombia has not in any manner violated Nicaragua’s sovereign rights or maritime spaces in the Southwestern Caribbean Sea.
2. Colombia’s Decree No. 1946 of 9 September 2013 (as amended by Decree No. 1119 of 17 June 2014) has not given rise to any violation of Nicaragua’s sovereign rights or maritime spaces.
(a) There is nothing in international law that precludes the contiguous zone of one State from overlapping with the exclusive economic zone of another State;
(b) The geodetic lines established in the Decree connecting the outermost points of Colombia’s contiguous zones do not violate international law;
(c) The specific powers concerning the contiguous zone enumerated in the Decree do not violate international law;
(d) No Colombian action in the contiguous zone has given rise to any violation of Nicaragua’s sovereign rights or maritime spaces.
II. Further, the Republic of Colombia respectfully requests the Court to adjudge and declare that
3. The inhabitants of the San Andrés Archipelago, in particular the Raizales, enjoy artisanal fishing rights in the traditional fishing grounds located beyond the territorial sea of the islands of the San Andrés Archipelago.
4. Nicaragua has violated the traditional fishing rights of the inhabitants of the San Andrés Archipelago.
5. Nicaragua’s straight baselines established in Decree No. 33-2013 of 19 August 2013 are contrary to international law and violate Colombia’s rights and maritime spaces. III. The Court is further requested to order Nicaragua
6. With regard to submissions 3 and 4, to ensure that the inhabitants of the San Andrés Archipelago engaged in traditional fishing enjoy unfettered access to:
(a) Their traditional fishing banks located in the maritime areas beyond the territorial sea of the islands of San Andrés Archipelago; and,
(b) The banks located in Colombian maritime areas when access to them requires navigating outside the territorial sea of the islands of the San Andrés Archipelago.
7. To compensate Colombia for all damages caused, including loss of profits, resulting from Nicaragua’s violation of its international obligations.
8. To give Colombia appropriate guarantees of non-repetition» (véase verbatim, p. 75).
Tal y como se puede observar, se trata de una batería de petitorias de ambos Estados a la que la CIJ debe ahora responder afirmativamente o negativamente o bien parcialmente, o bien desestimar en el caso de algunas de estas petitorias.
Concluídas las audiencias orales en el mes de octubre del 2021 en La Haya, la CIJ entró a deliberar. En este caso, el «délibéré» de la CIJ se ubica en el plazo usual que la CIJ se otorga para discutir, afinar y elaborar finalmente el texto definitivo de su sentencia de seis meses (Nota 4): se trata de un período de tiempo que puede considerarse corto visto desde Lima o desde Santiago de Chile, al compararse con los 13 meses que debieron esperar Perú y Chile en el 2014 para conocer la decisión de la CIJ en materia de delimitación marítima (13 largos meses de espera que dieron lugar a lo que denominamos un «innecesario nerviosimo» – véase breve nota nuestra al respecto).
Breves anotaciones (sin osar ningún pronóstico)
Pronosticar el contenido de una sentencia de la CIJ siempre se considera muy aventurado, al tener el juez internacional que encontrar algún tipo de balance en su decisión. Se trata de un equilibrio muy sutil que imprime en cada una de sus sentencias, con una intención muy clara.
Bien lo saben Costa Rica y Nicaragua, Estados que, apenas leída una sentencia en La Haya, elaboran a través de sus aparatos diplomáticos comunicados de prensa en los que enfatizan los puntos a su favor encontrados en la sentencia (y omiten convenientemente todos los demás): esta dinámica entre Managua y San José se verificó en julio del 2009, en marzo del 2011, en diciembre del 2015 y en febrero del 2018.
Ahora bien, si se compara el equipo de asesores y de diplomáticos de Colombia y el equipo de asesores y de diplomáticos de Nicaragua en La Haya (véase verbatim, páginas 4-9), se contabilizan 33 personas en el equipo colombiano, y 10 personas en el equipo de Nicaragua. Esta aparente abundancia de recursos humanos de un lado – que incluye a la titular de la cartera ministerial a cargo del aparato diplomático – no se observó en el 2012 (Nota 5) y puede en realidad evidenciar otra realidad, menos perceptible para el observador poco familiarizado: el desbalance significativo a favor de Nicaragua, cuyos asesores internacionales concentran, en nuestra modesta opinión, más experiencia en el litigio internacional que sus homólogos contratados para defender a Colombia en La Haya.
El impresionante número de la delegación colombiana pareciera más responder a una operación de comunicación (Nota 6) que a integrantes cuyos aportes sean realmente significativos e imprescindibles para consolidar las pretensiones de Colombia en La Haya: es muy probable que, como parte de esta operación de comunicación, se incluya por parte de Colombia el uso (totalmente erróneo) de la palabra «contrademandas» que se debe sustituir por «demandas reconvencionales» tal como la versión española del Reglamento de la CIJ así lo indica (Nota 7). Sobre este punto preciso, reiteramos a nuestros estimables lectores que desde el 2012, Colombia no ha presentado ninguna demanda contra Nicaragua ante la justicia internacional, y que el uso del vocablo de «contrademanda» responde a motivos propios de la diplomacia colombiana (que pareciera hacer a un lado los términos de la versión oficial del Reglamento de la CIJ existente en castellano).
Con relación al desequilibrio en favor del equipo de Nicaragua en cuanto a una mayor experiencia en el litigio internacional se refiere, antes del fallo del 2012 de la CIJ se había tenido esta misma impresión: poca experiencia en el litigio de algunos de los integrantes internacionales del equipo colombiano comparada a la de sus pares contratados por Nicaragua. Este desbalance fue confirmado con la lectura del contenido de esta sentencia de la CIJ que Colombia, desde entonces, considera atentatoria a sus pretensiones en el Mar Caribe. En el 2013 sus máximas autoridades declararon esta sentencia «no aplicable» (Nota 8). Resulta oportuno traer a la memoira que, como parte de una inédita gestual que evidenció su profunda inconformidad con la sentencia de la CIJ, pocas semanas después de dictaminada en noviembre del 2012, Colombia optó por denunciar el Pacto de Bogotá adoptado en 1948 (veáse comunicado oficial): al hacerlo, se convirtió en el primer Estado en el mundo en denunciar un emblemático instrumento internacional que lleva el nombre de… su propia capital (Nota 9).
Recientemente, tuvimos la oportunidad de poner en contexto la carta de renuncia de Paul Reichler, asesor de Nicaragua en La Haya desde 1984 (véase nuestra breve nota al respecto titulada «Nicaragua: a propósito de la renuncia uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional«). Sin querer desmerecer en ningún momento a ninguno de los integrantes del actual equipo internacional de juristas contratados por Colombia, se debe precisar que esta experiencia de Paul Reichler no es aislada: es compartida por otros integrantes del equipo de Nicaragua.
En efecto, la observación del pequeño universo que gravita alrededor de la justicia internacional en La Haya pone de relieve la existencia de un reducido grupo de profesionales que concentra la defensa legal de los Estados ante la CIJ y la presentación oral de los argumentos de los Estados en francés y en inglés, y ello desde hace ya muchos años: véase la sección «Los Consejales de la Corona» en esta nota que publicamos en el 2015 en el sitio jurídico costarricense de DerechoalDia, con ocasión de las últimas audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua antes del fallo de diciembre del 2015. En la precitada nota, indicábamos que:
«Si bien el listado de cada uno de los equipos de los Estados que comparecen ante el juez de La Haya son heterogéneos (e incluyen, además de asesores internacionales, consejeros, diplomáticos, historiadores, archivistas, asistentes, cartógrafos, expertos), detrás de esta aparente abundancia de recursos, se esconde una realidad un tanto exigua: la existencia de un «invisible college of international lawyers» (Oscar Schachter) de unos 12 a 15 juristas que toman regularmente la palabra antes los jueces en La Haya y que, por su talento oratorio, sus competencias y su innegable experiencia se reparten la cartera de los litigios en la capital holandesa«.
A modo de conclusión
Este 21 de abril, la CIJ emitirá su veredicto para esta demanda de Nicaragua contra Colombia planteada en el 2013 ante la justicia internacional.
Es muy probable que, conforme a su tradición, la CIJ busque la manera de dar a ambos Estados la posibilidad de declararse vencedor ante su respectiva opinión pública: es lo propio de un juez internacional como el de La Haya que debe también buscar, a través de una sentencia, que dos Estados puedan normalizar paulatinamente sus relaciones después de largos y costosos años de procedimientos en La Haya (Nota 10).
Este espacio de disensión – que habría que saber aprovechar por parte de ambos contrincantes en aras de encausar sus relaciones hacia aguas menos turbulentas – se dará por un corto espacio de tiempo, ya que otra demanda de Nicaragua contra Colombia, también en materia de delimitación marítima, también con relación al Mar Caribe, aún permanece pendiente de resolución (véase detalles en este enlace oficial de la CIJ).
– – Notas – –
Nota 1: En el párrafo 63 de su sentencia de 1984 (véase texto), la CIJ aclaró a Estados Unidos que:
«But the right of immediate termination of declarations with indefinite duration is far from established. It appears from the requirements of good faith that they should be treated, by analogy, according to the law of treaties, which requires a reasonable time for withdrawal from or termination of treaties that contain no provision regarding the duration of their validity. ../.. Or le droit de mettre fin immédiatement à des déclarations de durée indéfinie est loin d’être établi. L’exigence de bonne foi paraît imposer de leur appliquer par analogie le traitement prévu par le droit des traités, qui prescrit un délai raisonnable pour le retrait ou la dénonciation de traités ne renfermant aucune clause de durée«.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «Nicaragua y Colombia a audiencias ante la CIJ«, DIPúblico, edición del 6/10/2015, disponible aquí.
Nota 3: Véase la sección «Un interesante detalle poco divulgado» en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., «Nicaragua/Colombia: Colombia presenta contramemoria a la Corte Internacional de Justicia«, Ius360, edición del 16/10/2017, disponible aquí.
Nota 4: Por ejemplo, la regla de los seis meses para elaborar, discutir y acordar una versión definitiva del fallo se dio para el fallo del 19 de noviembre del 2012 entre Nicaragua y Colombia (último día de audiencias el 4 de mayo del 2012), el fallo del 20 de abril del 2010 entre Argentina y Uruguay (último día de audiencias el 1 de octubre del 2009), el fallo entre Nicaragua y Honduras del 8 de octubre del 2007 (último día de audiencias el 23 de marzo del 2007). En algunos casos, con un nivel de complejidad mucho mayor, este plazo se extendió como en el caso del fallo de la CIJ entre Honduras y El Salvador del 11 de septiembre de 1992 (últimas audiencias celebradas el 14 de junio de 1991) o el fallo del 27 de junio de 1986 entre Nicaragua y Estados Unidos (último día de audiencias celebrado el 20 de septiembre de 1985). Al contrario, y por razones poco claras, la Corte puede decidir adelantar abruptamente su decisión, como ocurrió en el caso del fallo del 13 de julio del 2009 entre Costa Rica y Nicaragua (audiencias últimas celebradas el 12 de marzo del 2009).
Nota 5: Si revisamos las audiencias públicas realizadas en mayo del 2012 entre ambos Estados en La Haya, no se evidenció un número tan elevado en la delegación de Colombia (véase verbatim del 4/05/2012, pp. 4-9). Al revisar el detalle de los asesores internacionales contratados por Colombia en el 2012, solo uno figura entre los que acudieron a las audiencias del 2021, mientras que Nicaragua para el 2021 ha mantenido en la presentación oral de sus argumentos a los principales integrantes de su equipo legal del 2012.
Nota 6: Tuvimos en el 2017 la oportunidad de referirnos a un insólito ejercicio por parte de Colombia, consistiendo en adelantar información antes del servicio de prensa de la CIJ y de manera errónea: véase BOEGLIN N., «Inusitado comunicado de Colombia sobre las demandas de Nicaragua ante la CIJ«, CiarGlobal, edición del 21/11/2017, disponible aquí.
Nota 7: En la precitada nota relativa al inusitado comunicado circulado por la diplomacia colombiana, se indicaba por parte nuestra que: «Lo que Colombia ha denominado “contra demanda” de manera un tanto antojadiza, es la posibilidad, como Estado demandado, de solicitar demandas reconvencionales, tal y como lo prevé el mismo Reglamento de la CIJ. Las demandas reconvencionales no pueden ser confundidas con ninguna otra figura: son parte de las distintas herramientas procesales que entran en la categoría de “incidentes procesales” (como por ejemplo las excepciones preliminares, la solicitud de intervención, de medidas provisionales, de unión o de acumulación de demandas entre otros). Las demandas reconvencionales están previstas en el Artículo 80 del Reglamento de la CIJ (Nota 1): se trata de una figura mediante la cual la parte demandada puede solicitar a la Corte, a la hora de presentar su contramemoria, ampliar a nuevos puntos el caso en estudio, siempre y cuando estos tengan algún grado de conexidad con el tema objeto de la demanda inicial. Si hay objeciones por parte del Estado demandante a este requerimiento de la parte demandada, la CIJ es la que decide, mediante la adopción de una providencia.
Si bien los idiomas oficiales de trabajo de los jueces de la CIJ son el francés y el inglés, su Estatuto y su Reglamento cuentan con una versión oficial en español, disponible en este enlace oficial de la CIJ: el término “demanda reconvencional” es el único usado por el Reglamento de la CIJ en su versión en español.«
Nota 8: Véase nuestra breve nota BOEGLIN N., «La décision de la Colombie de déclarer «non-applicable» l´arrêt de la CIJ: breves réflexions«, Université Laval (Canada), documento disponible aquí, así como en el sitio jurídico especializado en derecho internacional en Francia denominado Sentinelle (véase enlace).
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogotá par la Colombie«, Sciences-Po Paris /OPALC, texto disponible aqui, así como en el sitio digital Le Petit Juriste (véase enlace). Una versión bajo la forma de una artículo de opinión fue publicado en La Nación (Costa Rica) (véase enlace).
Nota 10: Por lo general, el costo exacto de una demanda en La Haya, sea para el Estado demandante, o el demandado, constituye una zona gris sobre las que los Estados mantienen cierta imprecisión. Una prensa más curiosa que la nicaragüense (o la costarricense, o la hondureña) como la colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia de 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En América Latina, algunos datos han circulado en medios de prensa de manera esporádica: no obstante, sorprende el hecho que ni medios de prensa, ni órganos encargados del erario público, ni analistas, ni partidos de oposición hayan externado curiosidad sobre este preciso tema. Es así como en Argentina se pudo tener acceso a la “tarifa horaria” de los asesores internacionales contratados para hacerle frente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa de 2010). En el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando la fuerte resistencia del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas. En el caso de Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositarle a Ecuador en el 2013 la coqueta suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). El monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$ para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 interpuesta por Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar que debería poderse afinar y completar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso que concluyó en el 2015, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com); o bien, algún otro informe oficial detallado que tengan en su poder relacionado a otro Estado que haya litigado en La Haya.
(*) Esta nota fue elaborada por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La sorpresa no es que Figueres haya perdido. Lo sorprendente es que no haya sido barrido electoralmente. Prácticamente en todas las elecciones de América Latina la corrupción ha sido el tema definitorio y Figueres reunía todos los componentes de la corrupción: había recibido comisiones de Alcatel y representaba al Partido, que casi por definición, es la corrupción personificada. Al final de la campaña logró aglutinar a algunos sectores políticos y sociales que vieron en Chaves un contrincante aún peor. Liberación Nacional perdió no solo por representar la corrupción sino porque durante los últimos años ha cogobernado con el PAC; de su cosecha fueron las leyes más negativas contra el movimiento social y avaló con entusiasmo la contrarreforma neoliberal. Así que pagó su apego a un neoliberalismo viejo y hasta superado. El futuro de este partido es un cambio no solo de líderes sino de mensaje o seguirá el camino del PUSC.
El otro gran perdedor de esta campaña electoral es la prensa. Trataron por todos los medios de impedir que Chaves ganara y fracasaron. La prensa escrita y televisiva -habrá que estudiarlo mejor- han perdido legitimidad y credulidad. El resultado puede indicar que ya el pueblo no les cree o no son ya los grandes determinantes de lo que llaman la “opinión pública”. Los directores de esos medios deberían presentar las renuncias irrevocables a sus puestos, tal y como ellos exigen de los políticos. Las redes sociales pasaron a jugar un papel más importante, aunque los mensajes fueron igual de manipulados y mentirosos.
Los movimientos sociales fueron presa de su falta de estructuración nacional y de unidad popular por lo que no lograron reaccionar a tiempo ante las propuestas regresivas de Chaves en el campo ambiental, de mujeres o social. La enseñanza podría ser la indispensable coordinación y unidad de ellas para ejercer una influencia importante en los asuntos de Estado.
Rodrigo Chaves venció siendo el abanderado de muy diversos sectores sociales, desde un sector importante de la burguesía, de las clases medias altas, pero lo que definió su triunfo fue el apoyo de los grupos sociales más pobres de las costas y la zona norte. En el centro del país prácticamente empató y definió con los grupos más empobrecidos, los olvidados de siempre. Chaves logró personificar el combate a la corrupción y las argollas políticas; ofreció eliminar las pensiones de lujo, eliminar monopolios como los del arroz y las medicinas, reducir la evasión fiscal y cambiar el acuerdo con el FMI. Ya veremos.
¿Y el Frente Amplio que es la izquierda de este país? Creo que se le abren grandes posibilidades de desarrollo y crecimiento con vistas a convertirse en una alternativa real de gobierno en las próximas elecciones. Su postura parlamentaria debe ser de oposición RADICAL, sin que eso signifique dejar de ser una fuerza propositiva, entendiendo por radical hacer propuestas que ataquen los problemas desde la raíz.
Se dice que nos espera la calle. Es posible. Pero ello será positivo si la calle se une con una propuesta, un programa alternativo que logre emocionar y motivar a los amplios sectores productivos y sociales del pais. De lo contrario seguiremos golpeando la cabeza contra una pared o dando vuelta en un mismo círculo.
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