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De las políticas y regla fiscal

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Ureña Cascante

Resulta que a cada rato nos enteramos que nuestra luminaria de Ministro de Hacienda nos sorprende con varias solicitudes en Comisión de Hacendarios para aprobar prestamos con entidades foráneas.

Asumimos, que nuestros directores de Deuda Pública emitan una recomendación técnica, es lo menos que deberían solicitar los diputados para aprobar estos empréstitos, pero bien; asumamos que eso está superado, entonces, es lógico como buen jugador de ajedrez anticipar los movimientos de la contraparte, no hablemos de adversario, porque se pueden herir susceptibilidades.

La contraparte, con la 9635; imponen la regla fiscal, la que hoy día muchos han señalado les pone demasiada restricción, hasta los municipios pegaron el grito, se sacan unos, otros que aún están, siguen sin comprender que el nivel de deuda es el parámetro para aplicar el estrés de la regla a las entidades sujetas. Hacia ese nivel nos llevan.

Bien hecho entonces por la contraparte llevar a ese nivel de endeudamiento para poner, soga o freno al “desenfreno”. Y desde una silla inquisidora, decir donde si o donde no reparto el dinero.

Veamos la consecuencia, quizás una visión de corto plazo , en razón de un tiempo o magistratura dirá, además en tiempo de pandemia, necesitamos paliar la pandemia, cochinilla, los huecos o yerros de la administración de salud, los cientos de fallecidos por no tener capacidad demostrada en tiempos de pandemia, y los grandes negocios de las mascarillas y otros debilitamientos a la Seguridad Social, cuando se pretendía hasta FANAL regalar o vender el INS, es decir, siempre ante un préstamo debe dotarse de un balance general de la situación de la empresa a endeudarse, Costa Rica, con los sectores sociales, ha demostrado que tenemos una seguridad social inquebrantable, los lideres de los trabajadores, y trabajadores mismos, han demostrado que están con la camiseta puesta con la Selección de Costa rica, y esos jugadores somos todos los ticos. Ahora para darle palo a los trabajadores, se les van contra derechos declarados por un tribunal en el laudo arbitral, para que desvíen la atención y seguir la fiesta en el OLYMPO.

La estrategia de un Gobierno, de tener liquidez a partir de préstamos reducirá en mucho hoy, hoy, si hoy la presión para paliar la mala administración, la mala planificación o capacidad de estrategia política de largo plazo, no les interesa que otro encuentre quebrado el Estado.

La salud impera, y un Estado Muerto no contribuye, igual las empresas o declarantes (recuérdese que declarante es antónimo de contribuyente) Declarar es una cosa, contribuir otra, no es lo mismo declarar lo que retengo al cliente, que sacar de mi bolsillo y pagar como sucede con el impuesto al Salario.

Los préstamos, hoy reducen presión financiera, pero hay que pagarlos, y ver como se pagan, con aumento de impuestos, encareciendo el tipo de cambio, o aumento de combustible, encareciendo el canal de distribución de los insumos útiles y necesarios para los habitantes.

De esa manera sin necesidad de un impuesto, vengo y aumento el litro de combustible, lo que, por su inelasticidad en la demanda, el consumo se mantiene y a cualquier precio seguiremos dependiendo del combustible fósil, petrolero; para movilizar la flotilla de una empresa o bien para la moto del mensajero, esas aristas deben tenerse presente, lo que disminuimos hoy en presión, nos afectará a mediano o corto plazo.

Vendemos las joyas de la abuela, en ocasiones podríamos ir por la estrategia de vender activos, pero también mediante la deuda, puedo poner en garantía esos activos, así podríamos tener una venta técnica y a muy bajo precio, situación por la que debemos estar con el alfil listo, o el peón o bien hasta la reina alerta, para que no nos metan un gol, como pasó con el partido de la Sele, es decir, todos como Keylor, bien pellizcados. EL GOL ENTRÓ, PERO LUEGO RETOMAMOS CONTROL

Lenguaje coloquial, para ilustrar el tiquicia léxico, que llama la atención de todos, usted y yo, deberemos pagar lo que talvez, pudo usted negociar a más largo plazo y con menos interés, pero los que están al mando tienen la investidura, aunque no estén capacitados, tienen la investidura para poder hasta pasearse en Costa Rica, y el Ministerio Publico no enjuiciarlos, el Código Penal es débil en materia de los Gobernantes y Funcionarios Públicos de alto nivel (Directivos de la CCSS invierten 13 mil millones del IVM con alto riesgo, o perdida de 183 mil millones por inversiones en IVM) , así por ejemplo la Contraloría, hace esa diferencia, palabras más o menos de la hija de Amelia Rueda, en el Área de Fiscalización, dicho una tarde , hace mucho tiempo, a mi persona y otros compañeros del SITRAHSAN.

Debemos en consecuencia, parar las antenitas, y como en el FARO encender la luz, para que no violenten la intimidad por la parte más inocente de la casa, “los niños no mienten” y eso lo utilizan de mampara para solapada UPAD en el últimos 3/3 del resto de su gobierno, saber cómo es su cuarto o alcoba o poder deducir , si tiene amante o es tranquil@.

Entonces concluimos:

  • Lo que se pide prestado, debemos pagarlo,
  • Lo que se pide prestado, hay que garantizarlo,
  • Lo que pedimos prestado, lo pagamos con ley impositiva o garrotazo,
  • El Estado como tablero de ajedrez, puede mover sus piezas, y eso el pueblo lo sabe, el pueblo educado, pero todo tiene un límite,
  • El conocimiento generalizado por medio de los sociólogos vaticina que rumbo o efecto final será consecuencia de toda la estrategia política de nuestros gobernantes,
  • Somos un pueblo humilde, educado y antiguerra, porque por menos han quemado furgones en LIMÓN

Así las cosas, ya conocemos la estrategia de los juegos del hambre o el juego del calamar, para que estén avispados los políticos de turno y los que vienen a ofrecer bienestar cuando lo que están pensando es seguir sangrando y comprometiendo el futuro del trabajador o de sus hijos, por generaciones, con proyectos como Empleo Público, o las antes vedas fiscales, sinónimo de amnistías tributarias, en fin; borrón y cuenta nueva, escuchado estribillo de ministros o algunos diputados.

Mientras los yates hacen cola en las marinas de Tamarindo o parajes turísticos de los acaudalados millonarios , los aviones o vagonetas circulen por territorio nacional sin pagar marchamo o un canon adecuado por ese tránsito, nos siguen bailando, casos como los de un Doctor Especialista acumula millones por la alta demanda en BIOMBOS y no declara Renta, pero tiene su avionetita, en un hangar, cerca de San José, cerca de unos JET casi únicos, propiedad de una gente que vende tubo plástico, o bien de aquel que un día fue trabajador de la CNE oh aquella compañía que los conserve con matrícula extranjera pero se sabe son propiedad de ticos, en fin mientras bailen el sistema y no controlemos como debe ser, y nos impidan contar con los instrumentos legales, para tener ese fuero legal que ocupamos como fiscalizadores de la Hacienda Pública, seguirán endeudando al país, mientras los que deben pagar impuesto, lo evaden porque tenemos leyes muy débiles.

HIPÉRBOLES: CUANDO LA SOSPECHA ES CONSTRUIDA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Esparcidos en su caminar por territorio mexicano como consecuencia del fracaso del modelo económico, la inhabilitación del sistema de protección institucional a todo nivel, el agresivo resplandor del extractivismo y las violencias in extremis en sus países de origen, cientos de miles de migrantes de varios países pero en particular provenientes del norte, y ahora del sur de Centroamérica, continúan su paso incesante y su lucha por el reconocimiento de su condición ante un estado que ha ejecutado al pie de la letra las indicaciones de la administración Biden-Harris en materia de administración migratoria.

Desde setiembre del año en curso, como si fueran piezas de un juego de lego desarmado y vuelto a armar, cientos de agrupaciones de migrantes han sido desbaratadas a su paso por territorio mexicano.

La acción desmedida de las autoridades mexicanas ha contribuido con este escenario, que ha contado también con el concurso de otras instituciones. Pese a ello, los grupos se han reconformado y resistido para seguir su curso. Todavía lo hacen.

En medio de tales dinámicas de represión, violencia y resistencia, las dicursividades acusatorias, intimidantes, excluyentes han estado a la orden del día. A inicios del mes de noviembre una supuesta condición de dengue en miembros de los grupos de personas migrantes que transitan por las carreteras mexicanas fue anunciada por las autoridades y reproducida en el acto por varios medios de comunicación comerciales.

Esta situación fue desmentida por organizaciones defensoras de derechos humanos alegando xenofobia institucional orientada a desacreditar el paso de los grupos de personas migrantes por territorio mexicano.

Tales acusaciones son producto de un registro que históricamente ha asociado migración con enfermedad o riesgo. Es una suerte de hipérbole en la construcción de sentido de los discursos antiinmigrantes que se ha posicionado fuertemente en los últimos años a nivel global. Como señala Moraña en un reciente trabajo publicado en España:

“Desde la perspectiva foucultiana que enfatiza la importancia de la articulación entre cuerpo y poder y la relación individuo-estado, las estrategias actuales de control invasivo del sujeto individual o colectivo considerado objeto de sospecha y amenaza pública, no pueden parecer del todo sorprendentes, aunque signifiquen una intensificación hiperbólica de procesos anteriores. La visión organicista, por la cual la sociedad es vista como un organismo vivo, autoriza la idea de que es necesario defenderse de elementos foráneos que vienen a atacar la integridad del cuerpo social, a infectarlo, debilitarlo y vencer sus defensas inmunológicas” (Moraña, 2021, 398-399).

No quisiera cerrar esta observación participante sin plantear una preocupación acerca de la forma como la sociedad repele lo que considera riesgoso.

Ocurre en un escenario como el costarricense en el que la existencia de grupos contrarios a la vacunación para abordar la COVID-19 ha producido el aumento de discursos inmunitarios y de higiene social que de alguna manera dividen a las personas.

Me tocó leer un comentario en Twitter sobre la presencia de estos grupos en espacios públicos y la relación que se hacía con una serie de enfermedades a las que supuestamente se había expuesto la persona que originó la opinión al cruzarse con ello.

Debemos prepararnos y estar atentos a identificar estos planteamientos higienistas y excluyentes. Tengan o no tengan razón en sus argumentos, no es con odio y exclusión como se gestiona desde el punto de vista social una crisis civilizatoria como la que estamos experimentado. Tener conciencia del otro es asumirlo en su diferencia, sus creencias y sus prácticas. Tenemos pendiente esa tarea. Todos.

 

Imagen: https://www.lachispa.mx

Urrú

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes. 

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense. 

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

La memoria del presidente Salvador Allende y la elección de este domingo 21 en Chile

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Freddy Pacheco León

LA MEMORIA DEL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE parece estar jugando en la elección presidencial de este domingo 21 de noviembre en CHILE.

En 1970 la derecha ultra conservadora con su candidato Jorge Alessandri, del Partido Nacional, se enfrentó a la coalición de izquierda Unidad Popular (socialistas, comunistas, socialdemócratas, radicales…) reunida alrededor de Allende. La Democracia Cristiana se presentó con Radomiro Tomic. Todos sabemos que triunfó Allende y los dolorosos sucesos que siguieron a su elección.

HOY la situación es tal que las muy contradictorias encuestas, en medio de un 50% de votantes indecisos (de entre 15 millones de electores) enfrentan a José Antonio KAST, abanderado de la derecha pura, neofascista, y a Gabriel BORIC, izquierdista, apoyado por el Frente Amplio, comunistas y grupos sociales actores de las protestas de hace dos años que han desembocado en una Asamblea Constituyente que sustituiría la de Pinochet. Y, nunca se sabe, también entra en juego la profesora Yasna PROVOSTE de la Democracia Cristiana. O sea, más o menos, pero como una nueva versión de una película con nuevos actores, nos atrevemos a vaticinar que estos tres serán los más votados en la elección de este domingo en Chile, pero que ninguno alcanzará el 50% necesario para «cantar victoria», por lo que será necesaria una segunda vuelta entre los dos primeros. Posiblemente entre el izquierdista BORIC y el derechista KAST, reflejo de un Chile caracterizado por una inmensa brecha social… como la que se vivía en 1970 cuando se eligió a Allende.

Habrá pues que esperar a ver cómo se desarrollará la campaña en los días previos al balotaje para quizá poder vislumbrar quién sería en definitiva electo como Presidente de Chile. Y con la esperanza de que, si fuere BORIC, los generales, ese lastre que por dicha no existe en Costa Rica, no se vayan a «inquietar» como sucediera hace medio siglo al mando del asesino vitalicio.

Observación y acompañamiento electoral en Venezuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.
18-noviembre-2021

Desde el año 1998 en Venezuela, con el triunfo del comandante Hugo Chávez, se vienen realizando observaciones y acompañamientos electorales en los distintos procesos electorales en Venezuela; ha sido una práctica de la Revolución Bolivariana, hacerse de este mecanismo de observación y acompañamiento.

¿Pero Cuál es la Diferencia entre Observación Nacional y Acompañamiento electoral Internacional?

La distinción entre las dos figuras se encuentra establecido en el artículo 471 del Reglamento General de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales LOPRE, al indicar que la observación electoral pasó a ser un derecho reservado únicamente a los venezolanos y organizaciones nacionales de observación electoral, legalmente constituidas, y que soliciten presenciar un evento electoral.

Mientras que acompañamiento electoral internacional electoral se define en su artículo 481 como “aquella instituciones o autoridades electorales de otros Estados, organizaciones u organismos internacionales, así como las instituciones y ciudadanos en general, debidamente acreditados con tal carácter por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sea por invitación del propio órgano o por solicitud realizada ante el órgano comicial, en los lapsos y condiciones correspondiente”.

¿Cuál es la Tarea Ideal de los Observadores y Acompañantes en Venezuela?

Velar porque se cumplan todos los requisitos y garantías de limpieza y transparencia exigibles para unos comicios, a saber:

*Libertad de campaña y propaganda de los partidos y candidatos (incluidos los de la oposición); derecho de voto universal, libre, secreto y directo; control de todas esas garantías mediante auditorías de todas las fases del proceso y escrutinio (avaladas por los representantes, testigos e interventores de la oposición, que deben suscribir las actas), y plenas facilidades a los electores para ejercer el voto, incluida la asistencia a los votantes que lo requiriesen.

*Constatar que la oposición cuente con medios y libertad, más que suficientes para desarrollar su campaña, incluyendo el control de grandes medios de comunicación en prensa y televisión.

Cada uno de los colegios electorales debe estar vigilado por un interventor de los partidos opositores.

*Cuidar que los partidos opositores cuenten con testigos (interventores) en todas las mesas electorales y puedan verificar paso a paso la limpieza de cada una de las fases del voto, en un sistema con cinco etapas de ejecución que hacen prácticamente imposible su manipulación:

Control de la identidad comprobada biométricamente mediante verificación informática del documento y de la huella dactilar; Selección electrónica del elegido en una pantalla táctil con la imagen de cada candidato y partido; Impresión del justificante del candidato elegido e inserción de ese voto en urna cerrada y opaca; Segunda verificación del votante mediante firma e impresión de la huella dactilar en el listado del censo; y Auditoría ciudadana final efectuada en la misma noche electoral en el 54% o en el 100% de las mesas, verificando la coincidencia de todos esos controles.

*Vigilar que, en el examen aleatorio de unas 120 mesas electorales, repartidas en diferentes zonas del país, estos observadores deben ser testigos de la plena libertad de los votantes, sin presiones ni proselitismo previo a la hora de votar, así como de la eficaz asistencia prestada por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que comprendan plenamente el funcionamiento de las máquinas empleadas y de las distintas fases del voto.

Respetando al mismo tiempo el secreto absoluto de su elección, que es imposible de apreciar tras la pantalla/biombo instalada a tal efecto. Las personas (familiares o voluntarios) que asistan a ancianos o discapacitados sólo podían hacerlo para una sola persona.

Un proceso totalmente informatizado y contrastado por cuatro controles manuales y biométricos, además de una auditoría final con múltiples testigos.

*Custodiar que el proceso esté totalmente informatizado y la seguridad de las transmisiones encriptadas hacia la sede central del CNE, además de confirmar en todos los casos por la posterior verificación manual (ante testigos de todos los partidos y en un procedimiento presencial al que pueden asistir todos los votantes que lo deseen), de la coincidencia entre los datos aportados al sistema informático, los controles biométricos y las papeletas impresas depositadas en la urna.

*Prever que, por supuesto, se produzcan incidentes, como la apertura tardía de algunas mesas por el retraso en llegar de los integrantes, averías iniciales de algunas máquinas (y que los operadores deben resolver en plazos breves) y otros habituales en cualquier consulta electoral. En su conjunto no deben ser más importantes, que los que suelen ocurrir durante una jornada electoral en los países democráticos más avanzados del mundo y que no afecten de ninguna manera los resultados finales de las elecciones.

*Declarar finalmente, en lo posible, que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores (si no el mejor) del mundo, incomparablemente más seguro, e invulnerable a toda interferencia, que el que está en práctica actualmente en España y otros países europeos. Por tanto, no entendemos que las autoridades de los países de la UE, además de EEUU, asuman de antemano, sin pruebas ni verificación alguna, las acusaciones de fraude vertidas por la oposición venezolana.

En consecuencia, estos acompañantes del proceso electoral deben manifestar su total confianza en la validez de los resultados ofrecidos por el CNE. También expresar su preocupación ante la irresponsabilidad que supone desautorizarlos.

¿Cuáles han sido y deberían ser algunas organizaciones ideales que deberían llevar a cabo el trabajo de monitoreo electoral en las próximas elecciones?

La Misión de Observación Electoral UE

La misión está conformada por un equipo principal de 11 expertos electorales, con Isabel Santos, miembro del Parlamento Europeo, a la cabeza, y al menos 100 observadores que harán el monitoreo a nivel nacional antes y durante el día de la votación

El equipo central evalúa todos los aspectos y etapas del proceso electoral, incluidos los aspectos políticos, electorales, legales, y cuenta con el apoyo de expertos en logística y seguridad.

Específicamente, la misión observará el marco legal y su aplicación; el trabajo de la administración electoral; las actividades de campaña; el papel de las instituciones estatales y la sociedad civil; la cobertura de los medios de comunicación; la votación, el escrutinio y la divulgación de resultados; el entorno en el que se llevan a cabo las elecciones y el proceso de quejas y apelaciones.

Una vez tengan la documentación lista, la MOE-UE emitirá una declaración preliminar dos días después de la votación del 21 de noviembre. Luego, uno o dos meses después del proceso, emitirá un informe detallado con recomendaciones para futuros comicios.

Es la primera vez en 15 años que Venezuela tendrá una delegación de este tipo en unos comicios. La última vez que esto sucedió fue en 2006, durante las elecciones presidenciales en las que el fallecido presidente Hugo Chávez fue reelegido para un segundo periodo.

El Centro Carter

Entre 1998 y 2013, la organización, fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, ha participado como observador electoral en Venezuela. El pasado 10 de octubre, tres de sus miembros asistieron como invitados al simulacro electoral que convocó el CNE.

Para el 21 de noviembre, desplegará una misión técnica compuesta por cuatro expertos electorales y dos representantes del Centro Carter. Su llegada está prevista para los primeros días de noviembre.

Debido a su “tamaño y alcance limitado”, la misión “no podrá realizar una evaluación exhaustiva de los procesos de votación, escrutinio y tabulación”. En cambio, se centrará en aspectos clave. Por ejemplo, el marco legal electoral, la libertad de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales y la transparencia del CNE en relación al sistema electoral electrónico.

Los expertos también entrevistarán a los actores relevantes para el proceso electoral, incluidos los partidos políticos, el gobierno venezolano, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Su análisis se basará en las obligaciones y normas internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas.

Días después de la jornada electoral, el Centro Carter publicará un informe preliminar y, dos meses después, otro final “más detallado”, según anunció en un comunicado.

Un Panel de expertos de la ONU

La ONU tiene tres tipos de mecanismos para ayuda electoral: asistencia técnica, observación y organización y observación del proceso comicial. En el caso de Venezuela se trata de la última. Como el equipo solo contará con tres expertos, su labor será más limitada.

A partir de noviembre, el panel de la ONU seguirá el proceso electoral, enfocándose en lo cualitativo y no en lo cuantitativo, con especialistas en áreas como soporte, apoyo logístico, comunicación, análisis de campo, entre otros. Revisarán aspectos como el manejo de la campaña, utilización de recursos públicos y equilibrio en los medios de comunicación.

A diferencia de la MOE-EU, no ofrecerá declaraciones públicas, pues le proporcionará al secretario general, Antonio Guterrés, un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones.

El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela)

El organismo regional ha acompañado los procesos electorales venezolanos desde 2004, recibiendo críticas por, supuestamente, tener preferencias con el oficialismo.

En esta oportunidad, su misión estará integrada por especialistas electorales, entre los que se cuentan expresidentes, ex vicepresidentes y magistrados de organismos electorales.

El CEELA está autorizado para presenciar cada una de las etapas del proceso electoral. También puede participar en las auditorías practicadas a los distintos componentes del sistema automatizado de votación.

Asimismo, puede asistir a los centros de votación y presenciar el ejercicio del derecho al sufragio por la ciudadanía, con el fin de verificar la transparencia y confiabilidad de las elecciones.

Al final del proceso electoral, el CEELA entregará un informe a las autoridades del CNE con los detalles encontrados, las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

El Parlamento Europeo

La delegación parlamentaria también estará liderada por la diputada portuguesa Isabel Santos y contará con 12 integrantes políticos: tres populares, tres socialistas, dos liberales y un miembro de los verdes, la izquierda, los conservadores y la ultraderecha, respectivamente.

“No debe ser considerada dentro de la misma categoría que la MOE-UE, porque, en principio, son personas con afiliaciones políticas. No vienen a hacer un trabajo técnico, sino a ver un poco el ambiente electoral y, desde el punto de vista político, tener una visión de lo que ocurre en el país”, explicó Humberto Rojas, miembro de la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación.

*Y en el ámbito nacional, el CNE autorizó el pasado 7 de octubre a seis organizaciones nacionales para la observación electoral. Ellas son: Proyecto Social; Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE); Asociación Venezolana de Juristas; Observatorio Electoral Venezolano (OEV); Fundación por un Pueblo Digno; Centro Internacionales de Estudios Superiores.

Veamos un ejemplo reciente, las elecciones en la Republica de Nicaragua, y los Observadores:

¿Quiénes son los observadores y qué pueden hacer?

Dos Niveles de Observación

El primer nivel de observación es el de los observadores oficiales, que son la ONU y la OEA, organizaciones que tienen el respaldo y la autorización de los presidentes centroamericanos. Carácter oficial tiene también el Consejo de Jefes de Estado Libremente Elegidos, encabezado por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter. La ONU y la OEA firmaron un acuerdo con el gobierno de Nicaragua, comprometiéndose a enviar informes periódicos al CSE. Ambas misiones gozan de inmunidad diplomática y cuentan con un gran número de observadores y con una considerable infraestructura, lo que les permite realizar la observación electoral de manera adecuada.

«Los observadores de la ONU y de la OEA han recibido un mandato del gobierno de Nicaragua para elaborar informes periódicos en los que evalúen el cumplimiento y el desarrollo del proceso electoral y formulen recomendaciones al gobierno -comenta Sofía Clark-. Los observadores sirven también de garantes para los contras que decidan repatriarse a Nicaragua y dan también garantías a los partidos de oposición de que su seguridad personal estará protegida y de que podrán ejercer sus derechos cívicos a plenitud».

El segundo nivel incluye a todos los otros grupos que han pedido o se les ha ofrecido una invitación para que participen como observadores. Según Sofía Clark, el gobierno de Nicaragua considera que la función primordial de esos grupos es obtener información de las misiones de la ONU y de la OEA para divulgarla en sus respectivas áreas de influencia. La capacidad real de estos grupos y su propia apreciación del papel que juegan en estas elecciones varía enormemente.

Tanto el presidente de Nicaragua como el CSE pueden invitar observadores. Los partidos políticos y otras organizaciones nicaragüenses pueden solicitar al CSE que invite a determinados observadores, pero en la práctica esto no ha sucedido. Aunque el gobierno esperaba que los partidos políticos, especialmente la UNO, invitaran a grupos de observadores de derecha, los partidos, en general, parecen haber aceptado como legítima la observación que garantizan las misiones de la ONU y de la OEA.

Derechos de los Observadores

El CSE es quien acredita a las dos categorías de observadores. Todos los observadores tienen estos derechos:

– Entrar a las juntas receptoras de votos y revisar los catálogos y registros electorales.

– Estar presentes en los centros de cómputos nacionales y Regionales.

– Recibir información del CSE y de los Consejos Electorales Regionales.

– Tener acceso a las juntas presentadas al CSE sobre los procedimientos electorales.

– Observar el ejercicio de los derechos políticos.

– Observar el trabajo de los fiscales electorales.

– Abrir oficinas para sus delegaciones.

Finalmente, veamos como actuaron los observadores en dos procesos electorales presidenciales en Venezuela:

Elecciones presidenciales 2006

Es importante destacar que durante los primeros años del gobierno bolivariano siempre estuvo presente la observación electoral internacional tanto en las elecciones del 1999, en el referendo revocatorio del 2004, en las elecciones parlamentarias del 2005 y finalmente en las elecciones presidenciales del 2006, encontrándose los observadores de la OEA con el llamado grupo de países amigos, el propio expresidente norteamericano Jimmy Carter y la directora ejecutiva de su fundación, misión de la UE y representantes de diferentes ONGs de alcance global, quienes se movilizaron por todo el territorio para monitorear la celebración de los comicios y la certificación que se cumplían las garantías mínimas para su celebración.

Dentro de la normativa electoral los observadores electorales internacionales contaban con el derecho a la libre circulación por el país sin necesidad de permiso o notificación previa, al libre acceso a la información y a todos los partidos políticos, posibles candidatos y funcionarios electorales, así como los representantes de la sociedad civil y sus electores. Además, establecía la existencia de una coordinación con el CNE de realizar entrevistas, reuniones o visitas a los funcionarios electorales, espacios u oficinas, así como las empresas privadas que tengan a su cargo la organización y supervisión de los procesos de votación, captación de huellas, auditorías, escrutinio, totalización y cómputo de resultados.

Aunando planteaba el acceso a las auditorías previas, la observación y ejecución de las operaciones electorales, al acceso de la información relativa al Registro Electoral, a las bases de datos en los servidores, a los códigos fuentes y a los sistemas operativos referentes al mismo, a la observación de la votación, captación de huellas, auditorías, escrutinio, procedimientos de recuento, agregación y tabulación, transmisión y de resultados, lo cual terminaba en un informe publico donde se generaba recomendaciones claras y operativas ven su búsqueda de incidir en los procesos, y por ende, profundizar la democracia a través del tiempo.

Elecciones presidenciales 2012

Si bien las elecciones del 7 de octubre de 2012, se caracterizaron por no contar con la observación internacional, producto a la reforma del reglamento electoral venezolano del 2010, donde la figura del observador internacional fue eliminada, en su lugar el CNE invita a “acompañantes internacionales”, los cuales no pueden emitir declaración alguna sobre las elecciones hasta que el ente electoral haya proclamado un ganador, cuyos hallazgos y sugerencias deben ser entregadas al CNE confidencialmente.

Estas modificaciones al reglamento electoral son limitaciones que contradicen y vulneran los requisitos para desplegar misiones de observación acordados en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones suscrita el año 2007 en las Naciones Unidas, el cual también establece el código de conducta de los observadores internacionales.[4]Por lo tanto, esta reforma implico el divorcio definitivo con los observadores internacionales de amplia trayectoria en las elecciones venezolanas como las comisiones la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter.

Dichas comisiones internacionales presentaron su rechazo y diferimiento al concepto que el CNE maneja entre acompañamiento y observación, así como la intención de conformar el envío de un pequeño grupo de expertos para participar en algunas de las auditorias pre-electorales y la observación de la votación el día de la elección. A ello el Centro Carter aclaró que “el propósito del acompañamiento es invitar a extranjeros a observar las actividades realizadas durante día de la votación, mediante una presencia política mayormente simbólica; mientras que el propósito de la observación es el de invitar a organizaciones internacionales a evaluar el proceso electoral en su conjunto de manera sistemática”.

Producto a este escenario en las elecciones se contaron con 240 acompañantes internacionales: 170 eran parlamentarios, delegados de organizaciones internacionales, representantes de organizaciones gremiales, periodistas y académicos, de los cuales probablemente muchos desconocían la ley electoral venezolana y conocían superficialmente los estándares electorales aceptados internacionalmente. Tres organizaciones internacionales enviaron misiones de acompañamiento internacional: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

En este último aspecto del acompañamiento internacional por parte de las mencionadas organizaciones internacionales, se hace mención de su papel en materia electoral: la Uniore conforma su primera comisión electoral dado a que no había tenido visibilidad en procesos anteriores, el Mercosur, que es una unión aduanera la cual no tiene atribuciones ni competencias electorales envió una misión casi simbólica. En cuanto a la recién creada Unasur, que probablemente sea la única organización internacional que reconoce el acompañamiento internacional, su experiencia en materia electoral era inexistente dado a que estas elecciones representaron su primera participación oficial como observadores.

Aunado a su falta de experiencia, hay un aspecto que coloca aún más en tela de juicio la neutralidad del accionar de estas organizaciones como acompañantes internacionales, como es el hecho que tanto las misiones de Unasur y Mercosur carece de las credenciales de independencia e imparcialidad. Por tanto, el papel desempeñado por este acompañamiento electoral no contó con un observador internacional capaz de denunciar las medidas ventajistas del gobierno de turno para evitar una contienda libre y justa.

Asimismo, el CNE al invitar a UNASUR a “acompañar” el proceso, el gobierno de Venezuela deja claro, una vez más, que no permitirá un monitoreo internacional independiente de las elecciones presidenciales venideras, tras la firma del «Acuerdo entre la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela sobre el acompañamiento internacional Electoral para la Elección presidencial.

Por lo tanto, si partimos de la premisa que la observación electoral ayuda a aumentar la calidad de las elecciones en el mediano plazo, en tanto permiten mejorar los procesos hacia la construcción de elecciones libres y justas, parece irónico que luego de las múltiples misiones de observación nacionales e internacionales que asistieron durante los primeros años del gobierno bolivariano, hayan transcurrido 11 procesos comiciales en los que el Consejo Nacional Electoral dejó de invitar a organismos internacionales como la OEA, la ONU y la UE.

Entendiendo que la observación electoral no es un proceso aislado ni una certificación de que el ganador es efectivamente quién el organismo electoral dice que es, sino un mecanismo para generar recomendaciones claras y operativas que logren incidir en los procesos, y, por ende, profundizar la democracia a través del tiempo.

Con ello el Gobierno Nacional al dificultar que los organismos de observación internacional asistan a los procesos electorales en el país como «acompañantes», hace imposible para las misiones dar declaraciones sobre el proceso y sellar a nivel gubernamental cualquier informe. Haciendo evidente la postura del Gobierno de separarse de su compromiso con la democracia y los derechos humanos, al no buscar garantizar el reconocimiento universal de la transparencia de los resultados, dejando a la sombra de las figuras de las irregularidades.

Luis Jiménez de Asúa: penalista y presidente de la Segunda República Española

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 1889-Buenos Aires, 1970) fue un destacado catedrático de Derecho Penal que ejerció de presidente de la Segunda República Española en el exilio.

Jiménez de Asúa nació en el seno de una familia humilde, en el número 84 de la madrileña calle de Hortaleza. Su padre, natural de Toledo, era procurador de los tribunales y gestor. Su madre era una vasca natural de Bilbao.

Tras cursar el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, Jiménez de Asúa alcanzó la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Gracias a una beca de estudios de la Junta de Ampliación de Estudios, viajó después por varios países de Europa como Suiza, Francia y Alemania, antes y durante la Primera Guerra Mundial.

En 1923, inició su estrecha relación con Iberoamérica. Viajó a Argentina y Uruguay para impartir conferencias y cursos.

Siendo ya profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, en 1926, Luis Jiménez de Asúa inició también su actividad política. Participó en la protesta contra las vejaciones sufridas por Miguel de Unamuno por parte de la dictadura de Primo de Rivera, lo que le costó ser suspendido de su cátedra y confinado en las islas Chafarinas. En julio de ese año, se opuso al nombramiento gubernativo de una nueva junta en el Ateneo madrileño, por lo cual padeció una breve estancia en prisión.

Un año después, Jiménez de Asúa negó a Alfonso XIII el doctorado honoris causa y fue separado de su cátedra. Al poco tiempo, renunció a seguir al frente de la misma.

En esos años de lucha, Jiménez de Asúa cultivó su pasión por Iberoamérica. Al viaje de 1923 que le condujo a Argentina y Uruguay, se añadieron otros a Perú, Chile, Brasil, Cuba…

Una vez proclamada la Segunda República Española en 1931, Luis Jiménez de Asúa ingresó en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tras un breve paso por la Alianza Republicana. Elegido diputado a las Cortes Constituyentes, presidió la comisión parlamentaria encargada de elaborar la Constitución de la Segunda República Española.

En 1932, como director del Instituto de Estudios Penales, participó en la redacción de un nuevo Código Penal, un código para un nuevo tiempo republicano y democrático en España.

Jiménez de Asúa repitió como diputado en las elecciones de 1933 y 1936. Tras las últimas, alcanzó el cargo de vicepresidente de las Cortes.

Unos meses antes del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 que condujo a la Guerra Civil Española (1936-1939), concretamente el 12 de marzo, sufrió un atentado por parte de falangistas. Su escolta falleció.

Durante la Guerra Civil, Luis Jiménez de Asúa ocupó cargos diplomáticos en Polonia y Checoslovaquia, además de representar a España ante la Sociedad de Naciones.

Al finalizar la guerra, la dictadura de Franco lo expulsó de su cátedra y en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas le expropió sus bienes. La dictadura franquista lo depuró como catedrático en febrero de 1939, con una Orden Ministerial que decía:

“… se separa definitivamente por ser pública y notoria la desafección de los catedráticos universitarios que se mencionarán al nuevo régimen implantado en España, no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido y en las que sufren la dominación marxista, sino también por su pertinaz política antinacionalista y antiespañola en los tiempos precedentes al Glorioso Movimiento Nacional. La evidencia de sus conductas perniciosas para el país hace totalmente inútiles las garantías procesales que, en otro caso constituyen la condición fundamental en todo enjuiciamiento, y por ello, este Ministerio ha resuelto separar definitivamente del servicio y dar de baja en sus respectivos escalafones a los señores: Luis Jiménez de Asúa, Fernando de los Ríos Urruti, Felipe Sánchez Román y José Castillejo Duarte, catedráticos de Derecho; José Giral Pereira, catedrático de Farmacia…”.

Aunque invitado por México, Luis Jiménez de Asúa se exilió en Argentina, donde continuó su labor en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional del Litoral. Fue director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata, hasta que, en 1946, renunció a su cargo en protesta contra el régimen peronista. Esa renuncia le permitió tener tiempo para la redacción del Tratado, su obra magna, de siete mil páginas de erudición científica y legislativa, editada entre 1950 y 1970.

Desde 1955, Jiménez de Asúa fue director del Instituto de Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Nacional del Litoral, entre otros cargos en diferentes universidades argentinas. Renunció a ellos otra vez en 1966 tras el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía.

Luis Jiménez de Asúa compaginó su actividad académica en el exilio con su actividad política. En 1945, presidió en México la última reunión de las Cortes de la Segunda República Española. Y, tras la muerte en París de Diego Martínez Barrio en 1962, se convirtió en presidente de la Segunda República en el exilio, acompañado por Claudio Sánchez-Albornoz en la presidencia del gobierno y por otros conocidos republicanos en los diferentes ministerios.

Luis Jiménez de Asúa ocupó la presidencia de la Segunda República hasta su fallecimiento, ocurrido en Buenos Aires el 16 de noviembre de 1970. Pasó sus últimos años envuelto en sus trabajos académicos y en su labor política, peleando en todo momento por el final de la dictadura de Franco y el restablecimiento de una república en España.

Al igual que el presidente Diego Martínez Barrio y tantos otros ilustres republicanos, Luis Jiménez de Asúa falleció lejos de España, en el doloroso exilio, sin ver cumplidas sus aspiraciones, aunque no desfalleciendo en ningún momento. Fue, en definitiva, otro hombre ilustre que murió lejos de su país, forzado por la dictadura de Franco.

Acabada la dictadura, en los años ochenta del pasado siglo, Jiménez de Asúa recibió diversos homenajes en España por parte de la Universidad Complutense, el ministro de Justicia socialista Enrique Múgica y el propio Estado, con la concesión de la Orden del Mérito Constitucional.

Reflexiones en torno a la corrupción que nos carcome

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Que la corrupción sea un fenómeno mundial, que se da en todos los continentes y países, con participación de grandes empresas y personajes, que se expresa en modelos políticos de distinto tipo como capitalistas, socialistas, republicanos, monárquicos, monárquico constitucionales, democráticos, tiránicos, despóticos, militaristas, autoritarios, de signos políticos liberales, socialdemócratas, socialcristianos, marxistas en cualquiera de sus variedades, de orientaciones religiosas islámicas, cristianas, católicas, budistas o las que sean, que se da en el seno de organizaciones políticas, económicas y sociales, particularmente, en partidos políticos, de todos las corrientes políticas o ideológicas, según se quieran ver, que se manifiesta especialmente en el ámbito de la administración pública, en todas sus instituciones y poderes públicos, y en el ejercicio de gobiernos nacionales, municipales o regionales, no significa que tenga que justificarse si se da en un país como Costa Rica.

Habrá quienes digan y sostengan que la corrupción es propia de esos sistemas y modelos de desarrollo económico, social y político, y consecuentemente con ello, en otros sistemas y modelos de desarrollo económico, social y político no existe, o al menos no debería existir.

Decir, como he oído decir recientemente, que es propio de la sociedad capitalista costarricense no es suficiente. Es obvio que esa es la sociedad que tenemos, pero no por ello podemos apartarnos de la lucha contra la corrupción en cualquier forma y en cualquier parte del mundo que haya que combatirla. Cuando se defienden gobiernos corruptos no costarricenses se mandan señales perversas de que, quienes así actúan, si gobernaran lo harían de la misma forma corrupta con que se defiende a esos gobiernos criticados.

La corrupción es un modo de vida y de comportamiento humano, que se da en todos los niveles de vida de cualquier sociedad, en todas las clases y estamentos sociales. Es una práctica social, que para algunas personas, los corruptos, puede ser hasta una costumbre. Pero, es un modo de vida de personas, no de las instituciones, sean gobiernos, poderes públicos, partidos políticos, iglesias, asociaciones, clubes.

Son las personas las corruptas, las sinvergüenzas, las que actúan delincuencialmente, individual o colectivamente. Son personas, para decirlo de esta manera, que se han echado a perder, que están en un estado de pudrición y de perversión permanente.

Corrupto es quien actúa con el propósito de sacar provecho en beneficio propio de manera indebida, ilegítima, alterando procedimientos, reglamentos, actos administrativos, haciendo que no se cumplan en su formalidad o provocando licitaciones y concesiones amañadas, amarradas, o hechas de tal manera que solo a una persona, o empresa de esa persona, o a dos empresas y dos grupos de personas o familias, se les beneficie, obligando a sacar de la competencia a otras empresas y personas, ofreciendo pagos a esas otras empresas para que no participen en licitaciones o concesiones, como se ha venido evidenciando en los escándalos de los casos que se están investigando.

El espejo del corrupto es el funcionario que aprovechando el poder, abusando del poder institucional, o del cargo que tiene, por la confianza pública que se le deposita, por las oportunidades de actuación, públicas y privadas, que puede ejecutar, lleva a cabo actos de los cuales, y por los cuales, se puede aprovechar quien procura un beneficio indebido o ilegítimo, aunque en la forma tenga el disfraz y el traje de legitimidad y de legalidad, de trámites de procedimientos y mecanismos aparentemente transparentes, aprovechando a la vez la debilidad de reglamentos, de marcos legales, de tipificación de figuras delictivas, de sanciones institucionales y legales en actos de corrupción, y que, hasta hoy, no hay en el país una buena Ley Anticorrupción.

Para que haya un funcionario corrupto se necesita un agente externo igualmente corrupto, el corruptor. Uno que ofrece la posibilidad del acto corrupto a realizarse, y el otro que acepta la realización de ese acto corrupto, por el que recibe a cambio un beneficio personal, dinero en efectivo, invitaciones y pagos de comidas en restaurantes, compra de comidas para la casa o el hogar, pagos de vacaciones en sitios caros, pago de hoteles de playa o viajes al exterior, pagos de cuentas, compra de casas o apartamentos, pago en servicios sexuales exclusivos, que implica una organización en este sentido que opera en la institucionalidad pública, por brindarles hombres o mujeres, según los gustos del agente corruptible, y satisfacción plena de las actitudes consumistas del agente corruptible, entre otros rubros que se cubren y se pagan de esa manera.

El agente corruptor parte de que todas las personas tienen un precio, y que tienen necesidades que satisfacer, y el corruptible tiene a la vez su propia dimensión de su propio valor, por el que cobra, y de las necesidades que debe satisfacer, propias y de familia, que queda involucrada en su actuación.

Otras formas de corrupción son las que legalmente se permiten de evasión y elusión de impuestos y cargas tributarias, de pagos obligados por ley, como los de la CCSS, que son las formas que han sido hechas, desde la Asamblea Legislativa, con apoyos de Poderes Ejecutivos, de acuerdo a las necesidades de ciertos grupos, y veces de ciertos personajes, de fuerte influencia política parlamentaria, cuando no de grupos de presión de esa naturaleza, que buscan beneficios y amparos de actuación indebida desde la legalidad misma. Los no cobros institucionales por esos motivos hacia ciertos personajes o empresas, el no envío de los inspectores institucionales, o de negociar la llegada de inspectores de trabajo, o de la CCSS, para la supervisión respectiva, generalmente acompañados de los Jefes de Personal, o de empleados de esas empresas, que cumplen esas funciones administrativas, para influir de esa manera en los informes respectivos, o de no tener el número necesarios de inspectores para todo el país es parte de esa corrupción pro beneficio de esos evasores o no cumplidores de las obligaciones legales.

Con la corrupción se depravan, se echan a perder, se dañan actos administrativos, procedimientos administrativos. Se echa a perder la imagen de las figuras públicas, depositarias muchas veces de la confianza y la voluntad popular, o que resultan electas por ella, se afecta la imagen pública de la Política, de la Administración Pública como conjunto, de los partidos políticos como instituciones de organización y de representación política, de las personas que se desempeñan como Políticos en general, de la democracia como sistema y organización de vida, orientando salidas hacia formas autoritarias de gobiernos pensando que ellas acaban con esos vicios de la corrupción.

La corrupción como se manifiesta, y en la forma escandalosa que se hace, también afecta la imagen democrática de la sociedad. No se valora, sin embargo, que democráticamente se actúa contra esta corrupción por los actos que realiza el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General, por la independencia institucional que tienen.

No hay una ética de la corrupción, que justifique el comportamiento humano del corrupto, salvo la propia autovaloración que de sí mismo tiene el corrupto, que ve, probablemente como moralmente válido lo que hace en su beneficio. El comportamiento moral del corrupto es su inmoralidad, es su actuación contra el comportamiento humano moralmente establecido y aceptado, al margen de los valores del bien, del deber, del bienestar común, de la feliz convivencia social, de actuar como se debe ante los deberes, los derechos y las obligaciones, y ante la justicia misma.

Los actos de corrupción que se investigan atentan contra la Justicia Social, contra la convivencia social de los costarricenses. ¿Acaso esto no es penable? Se pone en entredicho el sistema democrático y de seguridad jurídica de los costarricenses. La corrupción estimula la actuación del más fuerte, la ley de la selva en la sociedad económica e institucional, se actúa contra la convivencia pacífica y la seguridad jurídica, en cierta forma contra el mismo Estado de Derecho.

La educación en general, la educación ciudadana y la educación cívica se orientan a formar ciudadanos responsables con el Estado, con la Sociedad, con la Convivencia armónica, lo que queda en el suelo, y en el canasto de la basura, cuando se estimulan los actos y comportamientos corruptos, o se dejan sin castigar, sobre todo sin sancionar ejemplarmente, con la fuerza institucional y jurídica con que se puede hacer penar, pero también con la fuerza política para someter a los responsables y corresponsables de esas personas corruptas y sus corruptores.

En los casos que se vienen anunciando, e investigando, se han evidenciado personas, colectivos de personas, e instituciones, actuando criminalmente, vinculadas, organizadas, respondiendo a una planificación para la actuación y para sacar provecho de esas actuaciones inmorales e ilícitas, como se están comprobando en los expedientes judiciales, según se ha dicho. Son verdaderas cuadrillas criminales.

Si hablamos de ética pública esta recae en los funcionarios que se desempeñan en la función pública, desempeño que debería ser ejemplar y de profundo respeto por las normas de vida institucional y de la convivencia pública. Cuando se viola esta ética pública se trasluce que el actuar del funcionario no es el bien común, es su interés personal y personalísimo desde el puesto que tiene.

Los funcionarios públicos, y los corruptores que los han involucrado en esos actos, han afirmado a Maquiavelo, que parafraseado, recomendaba actuar de manera aparentemente moral a sabiendas que no lo eran, o solo de aparentar actuar moralmente.

Recuerdo a mi abuelita materna Ofelia, que pasaba diciéndonos, a sus nietos, “el que roba un cinco, roba pesos”, “el que roba poco, roba mucho”, machacando constantemente normas de conducta de honradez, honestidad, respeto, de actuación ante la vida, y de relaciones sociales.

Era una escuela formativa para formar valores de responsabilidad social y de rectitud moral, de actuación, que permitiera rechazar todo provecho o ventaja personal que se pudiera sacar del ejercicio del cargo o del puesto, de actuar con rectitud, honradez, honestidad, rechazando provechos que se puedan obtener de por sí, o por interpósita mano. Se inculcaba y enseñaba que el trabajo era el principal y más honesto modo de ganarse la vida, de ganar dinero.

Con una ética pública sólida se le enseña a la ciudadanía una ética social de comportamiento, donde todos realicemos el buen comportamiento, la buena conducta, ante el servicio público que tenemos y desempeñemos desde los distingos puestos de trabajo, que produzca la mayor confianza posible en el buen ejercicio del Gobierno y de la Administración Pública en general.

Aquí funciona la probidad, la actuación con integridad, con rectitud, con honradez, con la imparcialidad en el proceder institucional, con la objetividad en el trato para darle a cada quien lo que corresponde en su derecho y en su razón, para producir una igualdad real de las personas en condiciones iguales, sin atender preferencias, privilegios, sin recibir premios o dádivas a cambio del trabajo prestado y rechazando la influencia indebida de quienes presionan por obtener ventajas.

En todos estos escándalos e investigaciones, que se están haciendo, lo que está al margen totalmente es la Procuraduría de la Ética Pública. Supuestamente existe, por su función legal, como la Oficina contra la corrupción en la función pública. Existe, además, para promover la ética en la gestión pública.

La Procuraduría de la Ética Pública debe realizar acciones, que no se sienten ni se ven, para prevenir, detectar y erradicar la corrupción, debe recibir y tramitar denuncias administrativas por actos de corrupción, de falta de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública y debe denunciar y acusar penalmente de los actos que conozca.

¿Dónde está la Procuraduría de la Ética Pública? ¿Existe? ¿Qué ha hecho en este sentido? Valdría la pena que en estas investigaciones que lleva a cabo el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General de la República le toque la puerta a su silencio cómplice, a su ceguera institucional y a su sordera pública, cuando en este país, Costa Rica, a gritos todo el mundo habla de corrupción. ¿Cobija la Procuraduría de la Ética estos actos a todas luces públicos? ¿O, cobija a los corruptores y corruptos públicos conocidos?

En el año 1996 la Licda. Marina Ramírez Altamirano, publicó con auspicio del AID y de la Asamblea Legislativa, el libro “Ética en la función pública. Una aproximación al tema”, que debería ser de estudio de los diputados, de los que van a llegar a integrar la próxima Asamblea Legislativa y de los funcionarios que ocuparán cargos en la Administración Pública.

Es un libro que a pesar de los años de su publicación sigue teniendo validez y vigencia, y que puede permitir su lectura una buena revisión y actualización, a la luz de todos los escándalos habidos en estos últimos 25 años, desde su publicación, porque la corrupción ha existido en estos años.

Ahora bien, en todo este escándalo, especialmente el de los alcaldes, la lucha la han enfocado contra la reelección de alcaldes. ¿Es eso correcto? Yo creo sinceramente que no es en la reelección de alcaldes ni de funcionarios públicos donde está el mal. La raíz está en la formación individual de esos funcionarios, en sus bases morales y éticas, en su educación familiar y social, en el entorno que les ha tocado vivir.

Los alcaldes no son maná del cielo. Son electos por los partidos políticos para ser presentados a los electores, quienes depositan su confianza electoral en ellos, garantizando de esa manera el acto supremo de la soberanía popular. Si los alcaldes resultan malos son malos los partidos que los han escogido, y son los partidos, con sus dirigentes, con sus asambleas partidarias, los responsables directos de sus nombramientos y de su elección popular. Son los partidos que se inhiben, o no pueden actuar, porque estatutariamente tienen los candados para expulsar a las personas involucradas en este tipo de actos, más aún cuando se desempeñan en cargos públicos de elección popular y forman parte, también, de los organismos políticos internos, de mayor jerarquía de esos partidos. Y los Comités de Ética de esos partidos son más Comités de Estética partidaria que de ética pública. Su quehacer se orienta a lavar la cara de los partidos más que a establecer sanciones ejemplares contra esos dirigentes políticos.

Se quiere prohibir la reelección de alcaldes como si allí descansara la fuente del mal de la corrupción. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se pueden elegir indefinidamente por períodos de ocho años, los de Tribunal Supremo de Elecciones por períodos de seis años, los miembros de ciertas Juntas Directivas, de distintos tipos de instituciones y sociedades del sector público y del privado se pueden elegir por varios períodos y por muchos años. Los alcaldes y miembros de los Consejos Municipales también se pueden elegir indefinidamente, hasta que los electores no voten por ellos ni por sus partidos políticos. Los partidos políticos se pueden elegir consecutivamente en las municipalidades, en la Asamblea Legislativa con sus diputados y en el Gobierno mientras los electores voten por ellos.

¿Qué diferencia hay en reelegir a un partido político en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa o en las Municipalidades, aun cuando cambia de candidatos, si es ese partido el responsable de nombrar honrados o sinvergüenzas ciudadanos?

Si se trata de prohibir la reelección de personas debería tratarse la posibilidad de no permitir la participación de partidos políticos que tienen historia de nombramientos de estos funcionarios corruptos. Si se trata de limpiar la cancha de candidatos, o de personas, hay que limpiar la cancha de equipos que podrían ser también la maquinaria institucionalizada de la corrupción y de ciertos corruptos que reptan en sus entrañas a veces de manera camaleónica.

Llevar el asunto a la no reelección de alcaldes, y a lo no reelección en general, o a facilitarla una sola vez, es distraer la atención de las fuentes de la corrupción. No hay que dejarse engañar con cantos de sirena.

Hay que atacar la corrupción con toda la fuerza institucional que se permita. Hay que castigar ejemplarmente a los corruptos y corruptores con el mayor peso posible que permita la legislación. Hay que mejorar la legislación, actualizarla a las nuevas modalidades de actos de corrupción.

Hay que fortalecer la educación pública, desde los primeros niveles, al menos, en los valores cívicos y ciudadanos, en valores morales sólidos, en el valor de la responsabilidad social, la honestidad, la honradez, y de la función del servicio público.

Una estructura criminal

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

De esta manera califica el Ministerio Público y el OIJ la forma de operar de la corrupción en las municipalidades intervenidas.

Desde hace mucho tiempo se ha dejado de considerar a la corrupción como el producto de una fruta podrida, del efecto de una persona que corrompe a las personas de su rededor. La corrupción, pública y privada, es una forma de crimen organizado, de la existencia de grupos debidamente estructurados para enriquecerse de manera ilegal.

La estructura criminal en esas municipalidades parte de un grupo privado, de un empresario, que teje junto con los alcaldes una organización para delinquir, para otorgar prebendas, privilegios y negocios ilegales a cambio de dádivas, coimas o favores; produce un enriquecimiento mutuo, de empresarios y altos jerarcas de instituciones. La estructura criminal o de crimen organizado es tanto externa, con el empresario, como interna con los subalternos del jerarca que realizan funciones para cuidar las espaldas al alcalde y favorecer sus corruptelas.

En el caso de la operación Diamante se ha puesto en evidencia la corrupción que gira alrededor de la concesión de obras viales, una parte de la obra pública. Pero si se escarbara un poco más también veríamos los grandes negociados en parquímetros, obras en parques públicos, desarrollo inmobiliario o patentes, para citar algunos.

La formación de estas estructuras criminales es favorecida por la reelección indefinida de los alcaldes, los cuales han tenido décadas para crear esa red de compromisos y favores. Tal vez el caso más emblemático sea el de San José, pero eso se repite en la mayoría de los gobiernos municipales.

La operación Diamante saca a la luz pública las relaciones amistosas de pagos de favores, de compromisos o amistades íntimas para influir en procesos judiciales, resoluciones de los más diversos órganos y hasta la elección de cargos importantes en instituciones y órganos del Estado, favores que luego tendrán que pagarse.

El Estado costarricense viene desde hace muchos años manejado por una red de intereses políticos y económicos que han corrompido a las instituciones: diputados eligen magistrados para luego cobrar esos favores, políticos de fuste ponen sus fichas en tribunales, instituciones públicas, de control, fiscalización o regulación, personas nombradas para ejecutar u omitir deberes. Es la corrupción que está carcomiendo nuestra democracia y que solo una sacudida o un cambio en grande podrá recuperar.

Ahora bien, esta estructura criminal solo ha sido posible construirse con la complicidad activa de los Partido Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana. No es casualidad que de los alcaldes detenidos 5 sean del PLN; y es así porque ese Partido ha prohijado y alcahueteado, ya sea por acción o por omisión, la construcción de esas organizaciones criminales.

En 2010 se tuvo la quijotada, Gloria Valerín y Xinia Escalante, de pelearle la alcandía a Johnny Araya. Fue una experiencia formidable, la lucha contra una maquinaria total, de escritores, desarrolladores inmobiliarios, los principales dueños de ventas de vehículos, los dueños de los canales de televisión, especialmente de Canal 7, los importadores, los comerciantes, funcionarios municipales, grupos comunales comprometidos con favores o sacos de cemento, en fin un enfrentamiento con una gigantesca estructura clientelar, de comunidad de intereses y de favores, frente a la cual era imposible disputar el cargo.

Solo la ambición y el sentido de impunidad que llegan a sentir personajes como estos alcaldes, es lo que los hace traspasar los límites más laxos impuestos por el sistema. Y en este momento caen.

Y cuando caigan, el sistema los abandonará para volver a recomponerse. Ese ha sido el círculo de la lucha contra la corrupción en Costa Rica hasta que no se produzca un auténtico y profundo cambio de valores y de actores.

LA IRA DE MAIGRET

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Bajo este título, el famoso escritor de novelas policíacas Georges Simenon, nos relata un interesante caso más de su saga, con la particular anécdota de que su personaje estrella, el inteligente y sagaz comisario Maigret, descubre que un exitoso abogado está exigiendo a sus clientes que deben pagar, además de sus honorarios, la supuesta mordida correspondiente al susodicho agente de policía. Con estas maniobras, el pillastre se asegura dos cosas: impresionar a sus clientes por el poder y las influencias que dice tener y, de paso, sacarles más dinero. La reacción del inocente Maigret, que se sabe íntegro y honrado, además de leal y sacrificado funcionario público, resulta en un enojo tan virulento como justificado, tanto, que termina dando título a la obra.

Literatura aparte, el tema es tan antiguo como la criminalidad misma. El mafioso sabe que una de las estrategias clave en su “trabajo”, es asegurarse de que la gente termine creyendo que todo y todos están tan podridos como él. Alardea de sus influencias, reales o imaginarias; procura infundir “respeto” –que más bien es miedo- dejándole claro a cualquiera que puede manipular los más grandes poderes y obtener –para bien o para mal- lo que se proponga. Es capaz de decir que es el amante de la jefa, que fue a la escuela con el jefe, que ya habló con el de más arriba, que ya compró a los que deciden, que el jerarca almorzó con él la semana pasada y que todo está arreglado… en fin, es capaz de desplegar la estrategia de la mentira y la difamación para conseguir sus viles objetivos.

He vivido en carne propia este tipo de experiencias. Hace ya muchos años, integrando el Tribunal Superior Penal de San José, nos notificaron desde la administración penitenciaria, que un preso aseguraba que pronto saldría en libertad porque ya su abogado había pagado a cada juez la suma de cincuenta mil colones. La indignación que este tipo de rumores provoca es inmensa, sobre todo en personas cuyo único capital ha sido el trabajo honrado. También me tocó ser testigo, a lo interno del mundillo judicial, de la auto-promoción de alguna o alguno que presumía de tener cercanía -a veces íntima- con algún importante jerarca. De nuevo se evidenciaba la manía de impresionar, causar temeroso respeto, procurar blindajes, más allá de la verdad o falsedad de aquellas afirmaciones.

Por eso, la mínima prudencia aconseja tener claro que no basta la palabra, el mero dicho del fanfarrón, del bombeta, o del mafioso, así se trate de afirmaciones capturadas en investigaciones policiales formales. Nada nos puede asegurar que, sabiendo que lo escuchan, el sujeto investigado despliegue sus tácticas difamatorias. Cualquiera de estas cuestiones tiene que estar apoyada, entonces, al menos por otros elementos de juicio que puedan respaldar, corroborar o remitir a fuentes alternas que den sustento a los dichos del interesado.

Particularmente importante es tener en cuenta todo esto en un clima de alarma o conmoción social por el destape de hechos delictivos graves. Vale tanto para el homicidio o la violación, como para la corrupción público/privada.

Es vital para la sanidad del orden democrático y de derecho que los medios de comunicación y las redes sociales conserven un mínimo de recato para no incendiar la pradera. No se vale aprovechar la indignación popular para cobrar facturas viejas o distintas. Desgraciadamente, la responsabilidad no parece estar guiando la conducta de quienes más prudencia debieran exhibir. No deja de llamar la atención que se filtren y trasciendan detalles secundarios de las investigaciones, que aluden a personas completamente ajenas, cuando las autoridades y el público deberían estar atentos a los hechos ilícitos centrales.

Antes de salir en turba, antorchas en mano, y encender las modernas hogueras, deberíamos respirar hondo, contar hasta diez y depositar en las instituciones la aclaración y definición de cualquier evento traumático.

Sin conocer no se debe hablar. ¡Hasta los asnos rebuznan con razón!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Manuel Sandoval

Alguien asoció en las redes las pruebas FARO con un convenio educativo con Cuba; una pose más de este gobierno por el prestigio internacional de Cuba en materia educativa, pero en realidad sin ninguna relevancia práctica.

Las pruebas FARO se inspiraron en las pruebas PISA de la OCDE, con una gran diferencia: las pruebas PISA no son de promoción, son un muestreo de diagnóstico que incluso no es anual. «Los factores asociados» vienen de aquí.

Al inicio de este gobierno, como Costa Riva iba a entrar a la OCDE, los tecnócratas de este organismo internacional recomendaron eliminar las pruebas de Bachillerato y 6° grado de primaria por considerar que pruebas estandarizadas de promoción son un anacronismo. La gente de Control y Gestión de la Calidad en el MEP propuso un híbrido: las pruebas FARO, con un porcentaje para la promoción del estudiante. 

Fueron concebidas como mecanismo de evaluación y represión del docente, que se anunció que iba a ser calificado con un puntaje asignado a los estudiantes a partir de estas pruebas, a lo que se sumaría una calificación de los padres de familia y del superior institucional (los directores), Esto habría el camino a la manipulación de los educandos y los padres de familia por parte de directores y supervisores con fines de persecución política. El sesgo policial de las pruebas arranca de aquí.

Por la imposición de las pruebas de idoneidad del docente y la ley de Empleo Público, que someten a mayor control político a los educadores, al final las pruebas FARO sólo quedaron como un mecanismo para culpabilizar al docente de la crisis del sistema educativo que los jerarcas del MEP han provocado, entre otras cosas con la aplicación de la enseñanza por competencias; UNA POLÍTICA DE LA OCDE que comenzó a implementarse con el ex ministro Garnier. 

Todo esto terminó con un abuso brutal contra las niñas y los niños porque las gentes que elaboraron las pruebas FARO (al igual que el nuevo ministro) son tecnócratas con poca o ninguna experiencia pedagógica. Pablo Mena y su grupo, al igual que la ex Ministra Giselle Cruz, se formaron en la Maestría de Evaluación Pedagógica de la UCR, con una obsesión econométrica (por las mediciones cuantitativas) muy propia de los enfoques neoliberales. Resolver los problemas pedagógicos lo reducen a recoger información que en su óptica es relevante. 

En realidad, si en Costa Rica se aprendiera de la experiencia pedagógica cubana sería una gran cosa. Uno de los colegios de la burguesía de más calidad académica, el de San Antonio de Belén, contrata profesores cubanos por la formación pedagógica que tienen.

EL PREJUICIO Y LA IGNORANCIA NO SON DE GENTE INTELIGENTE. El atropello pedagógico que se cometió se explica por la cuadratura mental neoliberal de sus gestores y el afán de culpar al docente por todos los yerros de los jerarcas del MEP.

 

Compartido con SURCOS por Isabel Ducca.